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El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado don Javier Macaya.
El señor MACAYA.- Señor Presidente , cuando me tocó asumir la presidencia de la Comisión de Salud por las circunstancias que todos conocemos -el fallecimiento de mi colega Juan Lobos -, éste fue uno de los primeros proyectos que me tocó abordar. Hoy, vemos con satisfacción que nos encontramos en su etapa final.
Todos los artículos fueron votados favorablemente por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, incluyendo el artículo 5° que, a mi juicio -quiero partir por esto-, es quizás el más importante. Se trata del artículo central, ya que dice relación con la emisión de licencias con evidente falta de fundamento médico, como expresa textualmente ese artículo.
Evidentemente, hay que tener en cuenta que cuando un profesional de la salud emite una licencia médica está gatillando un subsidio estatal. De acuerdo con las cifras que se nos entregó durante la tramitación de este proyecto, el fraude importa una merma al patrimonio fiscal de cerca de 250 millones de dólares anuales. Es una cifra muy importante y es la razón por la cual estamos legislando sobre esta materia.
Se ha considerado -y se consideró durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, quien fue la impulsora original de este proyecto- que existe una ausencia de normativa y de regulación en esta materia. Es la razón por la cual estamos legislando para avanzar en ello.
Estamos convencidos de que no es bueno que con este proyecto se inicie una cacería de brujas ni mucho menos una persecución contra los médicos, porque, de acuerdo con las cifras que fueron entregadas durante su tramitación, menos del 1 por ciento de los médicos emite sobre ciento sesenta mil licencias médicas anuales, lo que, en caso de que se trate de emisiones fraudulentas o con falta de fundamento médico, genera un perjuicio cercano a los 250 millones de dólares anuales.
Por eso, en el proyecto se establecen tres situaciones. Una -a mi juicio la más importante- busca dotar de mayor fiscalización al órgano competente en la entrega de licencias médicas, las Compin. También está la facultad que permite sancionar a los médicos que otorguen licencias sin fundamento médico y a los que, derechamente, falsifican este documento, que gatilla un subsidio estatal.
A mi juicio, 250 millones de dólares cada año son un buen fundamento para afirmar que es necesario regular esta materia. En la Comisión Mixta llegamos a un importante acuerdo sobre uno de los puntos más importantes para la Concertación en su momento: el período de carencia. Sin embargo, ningún gobierno de la Concertación fue capaz de abordarlo.
Hay un compromiso del Ministerio de Salud, asumido precisamente el día en que el proyecto fue votado en la Comisión Mixta, en el sentido de reducir el período de carencia de tres a dos días. Finalmente, se logró un acuerdo para avanzar en esta materia, y durante el primer semestre de este año el Ministerio de Salud debiera enviar un proyecto de ley destinado a regular y a disminuir, de tres a dos días, el período de carencia.
A mi juicio, discrepando de la opinión del colega que me antecedió en el uso de la palabra, considero que el artículo 5° es muy importante porque permitirá sancionar a un médico, ya sea con una medida cautelar, con una multa e, incluso, con la suspensión de su facultad de emitir licencias médicas. Esto porque, en el ejercicio de su profesión, los médicos están facultados para emitir licencias médicas, pero no es un elemento excluyente para que la sigan ejerciendo. Reitero, los 250 millones de dólares de gasto fiscal que genera la emisión fraudulenta de licencias médicas sin fundamento médico es un antecedente importante que nos lleva a pensar que es necesario regular esta materia. El artículo 5° es importante y necesario, porque, actualmente, no existe una norma penal ni procesal que permita sancionar la emisión de licencias médicas fraudulentas o sin fundamento médico.
Quiero destacar el trabajo realizado por la Comisión Mixta, que acogió todas las proposiciones de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, llamo a los diputados a aprobar la proposición de la Comisión Mixta, porque significa dar un paso más en la regulación de aspectos que pueden implicar potenciales fraudes cometidos en el ejercicio de la profesión médica. Repito, aquí no estamos haciendo una cacería de brujas respecto de una importante profesión del quehacer nacional, como es el ejercicio de la medicina; pero, es necesario sancionar a los malos profesionales que, fraudulentamente, sin fundamento médico, cada año, generan grandes pérdidas al patrimonio fiscal, que alcanzan a los 250 millones de dólares.
He dicho.
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