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El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto de incentivo al retiro de los funcionarios de la salud centralizada o no municipal.
Aquí se plantean dos beneficios para retirarse: un tope de once meses y un bono adicional de 395 UF.
El debate y la disconformidad de los gremios están relacionados con tres temas:
Primero, se deja fuera del incentivo a quienes no se acogieron a leyes anteriores. El Gobierno, después del debate, se abrió a la posibilidad de incorporar doscientos cupos. No se asumen las razones por las cuales esas personas no se acogieron a retiro, es decir, porque tenían deudas y vivían distintas situaciones que no les hacía conveniente acogerse a retiro en esas oportunidades.
Por otro lado, aquí desaparece un incentivo especial para las mujeres, que existía en leyes anteriores. Se esperaba un beneficio de 13 meses, en vez de los que se otorgan para las mujeres.
En el caso de la bonificación adicional, a los profesionales y directivos se les disminuye de 527 UF a 395 UF.
En términos generales, quiero decir que llevamos años legislando sobre incentivos al retiro. Recuerdo, al menos, diez iniciativas en que hemos legislado sobre este tema.
Está claro que los funcionarios mayores no se van espontáneamente, porque con pensiones muy bajas no pueden vivir. La causa de todo esto está ligada al nivel de las remuneraciones y de las pensiones.
La respuesta a este problema no es consistente. En vez de pagar mejores sueldos a los que trabajan, se busca otorgar incentivos al momento de retirarse. Se trata de estimular el retiro y se aumentan los recursos inconsistentemente al salir y no durante todo el proceso de trabajo, que es lo que debería ocurrir.
No asumimos con seriedad que los sueldos y las jubilaciones deben cambiar. La tasa de reemplazo de las jubilaciones es muy baja. Todos sabemos que esto no está funcionando porque las tasas de reemplazo son muy bajas.
Para nosotros es muy incómodo que se produzca una división entre los gremios, porque en esto hay un interés común superior. Es necesario -insisto- asumir que el nivel de remuneraciones del sector público no es justo, toda vez que no guarda relación con el crecimiento económico del país. Un Estado moderno necesita funcionarios con otras remuneraciones, y también con otras exigencias y con otros deberes. Pero requerimos, de una vez por todas, otro nivel de remuneraciones. Países con menor crecimiento que el nuestro han duplicado o triplicado los sueldos del sector público, y también han duplicado o triplicado las exigencias y los sistemas de control. Esto no lo estamos planteando solo ahora: Se hizo ya a partir del ciclo de crecimiento que le tocó al gobierno del Presidente Frei Ruíz-Tagle , cuando Eduardo Aninat era ministro de Hacienda . En definitiva, debe existir relación entre el nivel de remuneraciones del sector público y el crecimiento del país.
Por otra parte, es necesario asumir que el sistema de capitalización individual no es bueno.
(Aplausos)
Es necesario mejorar las tasas de reemplazo de las pensiones. Todo indica que esto supone aporte patronal, de una vez por todas. Quizá se necesiten otras cosas, pero tiene que existir aporte patronal para mejorar el nivel de las jubilaciones.
Consultamos al Ejecutivo sobre el costo de elevar la bonificación adicional, de 395 UF a 527 UF. Nos señaló que existe un acuerdo con los gremios, y que cualquier aumento adicional respecto de lo acordado, cualquier incremento adicional, se aplicaba a todo. Además, nos entregó el informe financiero de lo que implicaría pasar de 395 UF a 527 UF. Las cifras son muy fuertes. Si esto se aplicara solo a los profesionales y directivos del sector Salud, alcanzaría 1,5 millones de dólares, es decir, 888 millones de pesos, monto perfectamente manejable si fuera solo para ese sector. Ahora, si se aplicara a todos los profesionales y directivos, incluyendo a los de la atención primaria, ANEF, Ajunji y Asemuch, representaría 6 millones de dólares anuales. Por último, si esto se aplicara a todos, incluyendo a las personas que no son profesionales y directivos, estaríamops hablando de entre 10 millones y 20 millones de dólares de incremento. Si comparamos estas cifras con otras muchas que existen en la economía, cuando solo en franquicias tributarias tenemos cerca de 18 mil millones de dólares, aquí hay algo que no está bien vinculado. Por eso, creemos que el Ejecutivo puede perfectamente hacer un esfuerzo y buscar una solución en relación con este bono adicional, y no dejarse llevar por ese intento de dividir a los gremios.
(Aplausos)
Tampoco es serio y fundado establecer apenas doscientos cupos para las personas que pudiendo haberse acogido a los beneficios de leyes anteriores no lo hicieron, en circunstancias de que la idea es incentivar que las personas de mayor edad se retiren. En el caso de la atención primaria, nos dijeron que solo 193 personas querían jubilar en virtud de estas normas. En el resto son muchas personas: se habla de 1.300, ó 1.310, según dicen acá.
La lógica dice que si queremos incentivar el retiro de personas mayores, es porque supuestamente eso servirá para mejorar el servicio, cosa que es discutible. No olvido el caso de la ex jefa de la Oficina de partes del Ministerio de Vivienda, que en ese entonces tenía 91 años de edad. Se hicieron grandes esfuerzos para que se fuera. Finalmente, con los incentivos al retiro, se fue; pero tuvieron que reemplazarla con tres funcionarios, porque ella la jugaba hasta de taquito cuando trabajaba.
(Aplausos)
Bueno, si de incentivo al retiro se trata, no hay razón para excluir a los que no se acogieron antes. Se argumenta que siempre están esperando que venga una ley mejor. Pero aun así, el objetivo principal -supuestamente- es que las personas mayores salgan del sistema. Por lo tanto, todos los que reúnan los requisitos deberían tener la posibilidad de acceder a los beneficios de la iniciativa en estudio.
(Aplausos)
En términos generales, nuestra propuesta es que, dada la lógica en que estamos, tiene que haber incentivo al retiro.
Proponemos votar en contra el artículo 3°, por su redacción extremista. Nos dicen que esta misma disposición l se contempla en leyes anteriores. Sí, venía en iniciativas de ley anteriores, pero era igual de extremista. Dicha norma establece que el personal que cumpliendo los requisitos que establece esa ley en tramitación no postule en los periodos indicados y, en consecuencia, no haga uso de los beneficios que se conceden, se entenderá que renuncia irrevocablemente a estos.
Por último, nos parece necesario reformular el artículo 5°, porque reduce la bonificación adicional para los profesionales respecto de la establecida en leyes anteriores de incentivo al retiro. Por eso, también proponemos votarlo en contra.
He dicho.
-Aplausos.
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