AUMENTO DE SUBVENCIONES DEL ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Tercer trámite constitucional. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que aumenta las subvenciones del Estado a los establecimientos educacionales. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, boletín N° 8070-04, sesión 74ª, en 30 de agosto de 2012. Documentos de la Cuenta N° 4. El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión las modificaciones del Senado. Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente , las modificaciones introducidas al proyecto por el Senado no son muy importantes. Nadie podría objetar el aumento de las subvenciones, menos aun cuando se trata de entregar un mayor aporte a la subvención escolar preferencial (SEP). Por eso, en su momento, dijimos que el proyecto nos merecía solo una observación, que incidía en la evaluación de esta subvención, en el grado de eficiencia y eficacia con que se estaba usando la SEP. Digo esto, porque a un director le escuché decir que hay demasiado dinero en las escuelas, y que, muchas veces, no se sabe qué hacer con él. Sus señorías están en conocimiento de que no siempre las agencias de asistencia técnica educativa están al nivel que corresponde. Siempre pensamos que el Senado iba a aumentar la subvención regular de manera significativa; sin embargo, ello no fue así. Nuestro deseo descansaba en la meta que el propio Gobierno se impuso, esto es doblar dicha subvención en un período de ocho años. Estamos lejos de ello. Si juntamos los aportes provenientes de la Ley de Presupuestos y de este proyecto, el aumento de la subvención regular alcanza apenas a 5 por ciento. En consecuencia, seguimos en deuda en relación con esta materia. Una vez más, los establecimientos municipales tienen problemas de financiamiento. Dada la realidad específica y singular de estos, los costos de operación hacen que su situación sea aun más precaria. Para esos establecimientos, una inyección de recursos vía subvención regular es muy necesaria. Insisto: nuestro sistema escolar municipal está con problemas. Por eso, se debió haber hecho un esfuerzo adicional para entregar un apoyo mayor. En tal sentido, hubiera sido conveniente aplicar elementos de discriminación positiva para enfrentar de mejor manera las dificultades en este ámbito. Esto no se consiguió. El Senado suprimió el artículo 3°, que regulaba una materia que nos parece importante, cual es que los sostenedores de establecimientos particulares de enseñanza subvencionada por el Estado, conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y de los establecimientos de educación técnico profesional traspasados en administración de acuerdo al decreto ley N° 3.166, de 1980, debían informar al Ministerio de Educación, “antes del último día de febrero de cada año, la nómina y monto de los aguinaldos, bonos y reajustes de remuneraciones que reciban cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento.”. Por su parte, el Ministerio de Educación debía enviar esta información a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, antes del 31 de marzo de cada año. El espíritu del artículo era fiscalizar, tarea ineludible, facultad y atribución legal de la Cámara de Diputados. La disposición no buscaba otra cosa que garantizar que los recursos que se entregan a los establecimientos para un fin determinado, como bonos, aguinaldos y reajustes para los trabajadores, lleguen efectivamente a sus destinatarios. No entiendo por qué se suprimió ese artículo, ya que era una exigencia deseable desde todo punto de vista, pues favorece a los trabajadores. El artículo 4°, que también fue modificado y que ha pasado a ser 3°, se refiere a una cuestión que discutimos en la Comisión de Educación y que planteamos con el mayor respeto al señor ministro : me refiero al hecho de que el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, cada dos años, debe encargar a expertos independientes la realización de un estudio destinado a estimar el valor de una subvención escolar costo-efectiva para cada uno de los niveles y modalidades educativas de la educación regular. Dicho estudio podrá utilizar diversas modalidades de análisis empírico y, o prescriptivo a partir de tipologías de establecimientos educativos modelo. Esto va en la línea de un asunto que ya hemos señalado. En efecto, llegó el momento de plantear la idea de lo que nosotros denominamos “subvención diferenciada”, instrumento que debe establecer el valor efectivo resultante de educar a niños en realidades diversas. Vuelvo majaderamente a repetir que no es lo mismo, como quedó demostrado hace unos días, educar a un niño en Lonquimay, al interior de Pedregoso o en la escuelita de Callaqui, para citar un caso muy sensible y que fue tan comentado, que educar a un niño en una ciudad de gran concentración urbana. Repito, el artículo dispone realizar un estudio cada dos años para que, si es necesario, el Ejecutivo envíe los proyectos correspondientes para aumentar la subvención. También me llama la atención que se haya suprimido el inciso segundo del artículo 4°. Supongo que fue para evitar que el Consejo Nacional de Educación, después de la realización de ese estudio, emita un informe que contenga recomendaciones respecto de la pertinencia y oportunidad de posibles incrementos en el valor de las distintas subvenciones escolares de la educación regular. El inciso tercero, que ha pasado a ser segundo, agrega que los aumentos de subvención que proponga el Ejecutivo al Congreso Nacional deberán considerar, entre otros, los resultados de dicho estudio. En consecuencia, se podría haber hecho un mejor esfuerzo a favor de los establecimientos municipales y haber establecido una subvención diferenciada que dé cuenta real de lo que cuesta educar a un niño en condiciones diversas. Con todo, considero que las modificaciones del Senado son pertinentes, por lo que anuncio que las votaré favorablemente. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente , es fundamental que los establecimientos educacionales y los sostenedores cuenten con recursos financieros que les permitan ejecutar las modificaciones a su proyecto educativo y avanzar en la calidad de la educación que imparten. El proyecto de ley establece el aumento de la subvención escolar preferencial destinada al 40 por ciento de los alumnos más vulnerables del país -alrededor de 800.000 alumnos-, quienes estudian, principalmente, en colegios municipales. Además, dispone un aumento importante de la subvención, del orden de 50 por ciento, para los sextos y séptimos años de enseñanza básica, medida que nivela a esos grados educacionales con lo que perciben aquellos cursos que van entre primero y cuarto año de enseñanza básica. Además, establece una mejor distribución y asignación de recursos. Por otra parte, la iniciativa adelanta en un año la entrada en vigencia de la educación media al régimen SEP, permitiendo a los actuales alumnos de octavo básico contar con aportes en 2013. Asimismo, se contempla -es una señal muy potente para avanzar y mejorar la calidad de la educación- un aumento significativo de la subvención preescolar, de prekínder y kínder, del 18,5 por ciento, lo que ayudará a aumentar la cobertura, pero también a que los establecimientos educacionales, especialmente los que entregan educación preescolar, cuenten con los recursos necesarios para su correcto y buen funcionamiento, pues está demostrado que el mayor esfuerzo para entregar una educación de calidad tiene que comenzar a una edad temprana. Por lo tanto, el objetivo de aumentar la cobertura y mejorar la subvención va en la dirección correcta. También es una señal muy importante el aumento de 3,5 por ciento de la subvención regular o normal, lo que permite que todos los establecimientos educacionales cuenten con recursos adicionales. Los colegios municipales podrán destinar esos recursos adicionales a disminuir sus déficits; otros, los podrán invertir en mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, debemos valorar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en esta materia. Por otra parte, consideramos que las modificaciones del Senado al proyecto, como la supresión del artículo 3°, apuntan en una buena dirección. Debemos recordar que las Superintendencia de Educación, que pronto entrará en funcionamiento, es la encargada de fiscalizar y de velar por el correcto uso de los recursos y de atender los reclamos de la comunidad educativa, para lo cual cuenta con todas las atribuciones que le permiten acceder a la administración de los recursos financieros de los diversos sostenedores. El proyecto permite a la Superintendencia realizar su tarea y fortalecer la función de fiscalizar el sistema educacional chileno, para no sobrecargar a los establecimientos educacionales con la entrega permanente de información sobre áreas en las que deben tener mayor libertad de gestión. El artículo 4°, que de acuerdo a las enmiendas del Senado pasa a ser 3°, dispone que el Ministerio de Educación, en conjunto con el de Hacienda, encargará a expertos independientes un estudio para estimar el valor de una subvención escolar costo-efectiva. Es positivo que dicho estudio deba ser considerado por el Gobierno en sus propuestas de aumento de la subvención, pues una de las principales discusiones que se sostienen en forma permanente es cuál es la subvención que asegura la entrega de una educación de calidad. Hay varios antecedentes al respecto. Algunos señalan que es necesario duplicar la subvención normal y aumentar los recursos que se transfieren vía subvención escolar preferencial. Pero esta materia es muy dinámica; obedece a muchos factores que intervienen y afectan la entrega de una educación de calidad. Un estudio independiente, encargado por el Ministerio de Educación en conjunto con el de Hacienda, puede apoyar de mejor manera a la formulación de un aumento sostenido en la subvención. Aplaudo los aumentos de la subvención escolar preferencial y los anuncios del Gobierno de crear una subvención escolar preferencial para la clase media, y también comparto el planteamiento del diputado Venegas en el sentido de que debemos incrementar en forma significativa y sostenida la subvención regular, de manera que todos los establecimientos educacionales cuenten con los recursos necesarios que les permitan implementar modificaciones a su proyecto educativo y avanzar rápidamente en contar con un sistema educacional de calidad, que es lo que todos queremos. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la educación es prioridad de todos. Sin formar parte de la Comisión de Educación, quiero señalar que, una vez más, estoy plenamente de acuerdo con el diputado Venegas . Es un colega que siempre aporta a los proyectos relacionados con la educación. Debo manifestar que siempre he seguido sus intervenciones en esta materia, por lo que me basaré mucho en lo que ha sostenido para argumentar sobre la iniciativa. A veces, estas cosas no se dicen, pero cuando uno se nutre de la sabiduría de los colegas es una obligación darlo a conocer. Quiero hacer un alto. Espero que la Comisión de Régimen Interno, de una vez por todas, aborde la situación que estamos observando. No es posible que los diputados expongan a los ministros problemas de orden particular en tanto se desarrolla una sesión legislativa. Ellos pueden ser muy atendibles -nos alegramos de que los ministros presten la debida atención-, pero ello no corresponde. Cuando uno debate un proyecto lo hace con la intención de mejorarlo. Repito, no corresponde que el señor ministro se ocupe de situaciones que no son inherentes a la iniciativa legal en comento. Se lo digo con mucho respeto. Es fácil que el ministro le diga a los colegas que a veces van a saludarlo: “Perdone, señor diputado . En este momento se está legislando un proyecto y quien habla ha venido a defender la posición del Ejecutivo.”. Como legislador exijo que se respete el momento en que se debate un proyecto. Dicho lo anterior y aprovechando la presencia del ministro en esta Sala, quiero que me explique por qué se suprimió el artículo 3° del proyecto, que exigía a los sostenedores de establecimientos particulares de enseñanza subvencionada por el Estado, conforme al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, y de los establecimientos de educación técnico profesional traspasados en administración de acuerdo al decreto ley N° 3.166, de 1980, informar al Ministerio de Educación, antes del último día de febrero de cada año, la nómina y monto de los aguinaldos, bonos y reajuste de remuneraciones que reciben los trabajadores de los respectivos establecimientos educacionales. Solicito claridad del señor ministro respecto de este punto, pues aquí se nos están quitando atribuciones. El inciso tercero del artículo 3° señalaba que el Ministerio de Educación debía enviar esa información a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, antes del 31 de marzo de cada año. Como consecuencia de esta enmienda, se ajustó la numeración de los artículos subsiguientes del proyecto. Quizás la supresión del artículo antes mencionado obedece a que la obligación de información contenida en esa disposición implicaba duplicar el deber previsto en relación con la Superintendencia de Educación Escolar, órgano encargado de reunir todos esos antecedentes. Mantener ese artículo quizás suponía volver a involucrar al Ministerio de Educación en la tarea de recopilar información, en circunstancias de que, conforme a lo dispuesto por la ley N° 20.529, sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización, tal deber ya estaba radicado en otra institución. En cuanto a la supresión del inciso segundo del primitivo artículo 4°, relativo al deber del ministerio de someter a la consideración del Consejo Nacional de Educación el estudio destinado a estimar el valor de una subvención escolar costo-efectiva, es posible que el Senado haya ponderado el hecho de que dicho Consejo no cuenta con competencias para llevar a cabo una evaluación como la que se le estaba encargando. Por lo anteriormente expresado -no formo parte de la Comisión de Educación-, requiero una opinión un poco más fundamentada para votar positiva o negativamente las modificaciones del Senado. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor ministro. El señor BEYER ( ministro de Educación ).- Señor Presidente , a modo de aclaración, las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto apuntan básicamente a tres aspectos centrales. En primer lugar, se reconoce que la información se entrega directamente a la Superintendencia de Educación Escolar y que la fiscalización queda en sus manos. Ella tiene todas las facultades para estudiar las cuentas de los distintos establecimientos y hacer las averiguaciones que quiera. Además, el Ministerio de Educación ya reporta una ficha con información de la marcha de los establecimientos educacionales y cuenta con algunos indicadores financieros. El Senado estimó que se sobrecargaba en demasía a los establecimientos educacionales con una petición adicional de información, en circunstancias de que la fiscalización está en manos de la Superintendencia. Por eso, el Senado decidió suprimir el artículo 3°. En segundo lugar, el nuevo artículo 3° establecía -es el cambio central- que el estudio encargado por los Ministerios de Educación y de Hacienda fuera visado por el Consejo Nacional de Educación. Sin embargo -lo establece la propia Ley General de Educación-, dicho organismo no tiene competencia para fiscalizar. De hecho, a los miembros seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública y por el Senado no se les pidió competencia en esos aspectos. En tercer lugar, es importante dejar en claro que no se pretende reducir la subvención para necesidades educativas especiales. No obstante, surgió una duda respecto de que, en una interpretación posterior, podía suceder que esa subvención se redujera. Por ello, se introdujo un artículo que lo único que pretende es dejar en claro que no se va a reducir la subvención para necesidades educativas especiales. Básicamente, esos son los cambios. El resto del proyecto es el mismo que aprobó esta Sala por 95 votos a favor y 16 votos en contra. Muchas gracias. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla. El señor BOBADILLA.- Señor Presidente , tal como lo expresamos en su oportunidad en la Comisión y en la Sala, sin duda, este proyecto avanza en la dirección que todos queremos. La iniciativa destina mayores recursos a la educación de los niños más vulnerables de nuestro país e incrementa en forma significativa la subvención regular. Iniciativas como esta deberían tener respaldo unánime, aun cuando reconozco que no ha ocurrido así en el pasado. Sin embargo, a la luz de las intervenciones que he escuchado, es posible que el proyecto logre un respaldo mayoritario, pues los niños más vulnerables de nuestro país requieren con urgencia de más recursos para su educación. En esa línea, el Gobierno ha dado señales concretas de cumplir con aquello que se ha propuesto: lograr incrementar en el corto plazo, en un ciento por ciento, los niveles de subvención que existían hasta hace algún tiempo. A fin de ilustrar a quienes nos ven a través del canal de la Cámara de Diputados, quiero señalar que el aumento en la subvención parvularia de prekínder y kínder no es menor. En efecto, los recursos en ese sector se incrementan en alrededor de 19 por ciento, lo que significa que la subvención de 38.700 pesos sube a 45.000 pesos. Ello, sin duda, refrenda lo que siempre hemos manifestado, esto es que es necesario invertir en los niños que recién ingresan al sistema escolar regular. El incremento para los alumnos prioritarios tampoco es menor, ya que el aumento alcanza a un 50 por ciento aproximadamente. Ello responde a la necesidad de focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Quiero hacer referencia, brevemente, a los distintos incrementos establecidos en el proyecto. Para kínder y prekínder, la subvención regular alcanza a 45.000 pesos; la subvención especial preferencial, a 37.000 pesos, lo que da un total de 83.000 pesos por alumno. Lo propio ocurre de 1° a 6° básico: la subvención regular alcanza a 55.000 pesos; la subvención especial preferencial, a 37.000 pesos, lo que da un total de 92.000 pesos. Para 7° y 8° básico, la subvención regular alcanza a 55.000 pesos; la subvención especial preferencial, a 21.000 pesos, lo que da un total de 76.000 pesos. Por último, de 1° a 4° año de enseñanza media, la subvención regular alcanza a 65.000 pesos; la subvención especial preferencial, a 21.000 pesos, lo que da un total de 86.000 pesos. Estos números hablan por sí solos, en cuanto a que existe una decisión muy clara y definida de avanzar en la dirección de entregar mayores recursos, sobre todo, para los niños más vulnerables de nuestro país. Por lo anterior, hago un llamado a todos los colegas a votar favorablemente la iniciativa, pues contribuye a lo que todos esperamos: que nuestras escuelas y que los niños más vulnerables cuenten con más recursos, a fin de tener una educación de calidad para todos y cada uno de los estudiantes del país. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente , este proyecto contenía dos materias muy significativas. En primer lugar, obligaba a los sostenedores a informar al Ministerio de Educación sobre un conjunto de antecedentes relacionados con los pagos de aguinaldos, bonos y reajustes de remuneraciones. En el Senado -leí las actas-, el ministro sostuvo que esa información iba a ser captada por la Superintendencia de Educación. Quiero saber de qué manera la Superintendencia va a captar esa información. Es cierto que no es una tarea fácil, pero con los sistemas computacionales no debería ser imposible. Sin embargo, no vislumbro la manera en que procederá. Si el ministro -aquí presente- nos da garantías de que esa información será recogida por la Superintendencia y que ese proceso comenzará a regir a partir de la próxima temporada, la materia estaría resuelta; sin embargo, no existe ninguna certeza de que la información laboral va a quedar en manos de ese organismo. No obstante -repito-, si el ministro nos garantiza que la Superintendencia solicitará esa información a los sostenedores, el tema quedaría zanjado. Ahora bien, el estudio que hay que realizar sobre el costo efectivo de la educación y el hecho de que esto lo tenga que recibir el Consejo Nacional de Educación para emitir su opinión, solo tiene carácter referencial y no es vinculante. Además, responde a una vieja discusión. Aquí, todos los gobiernos tratan de evitar el compromiso de aumentar la subvención. Eso ha ocurrido desde que se estableció esta subvención. La única vez que se elaboró un modelo de cálculo de subvención fue cuando se creó. La idea de establecer esa norma era generar ciertas garantías. Si el Ejecutivo considera que esta materia lo compromete a contraer una obligación, porque va a haber instancias distintas que pueden elaborar modelos de cálculo, más allá de la ecuación macroeconómica, está bien, por- que es difícil revertir eso. Con todo, creo que hay un retroceso en ese punto. Quiero repetir un par de cosas que señalé con ocasión del primer debate sobre este proyecto. Cito textual: “El tema relacionado con la segregación y la acelerada crisis que está viviendo la educación pública administrada por los municipios no está presente en este proyecto, no está en sus conceptos y en su enfoque. Al parecer, no es una preocupación. Durante el debate presupuestario sostuvimos que esto era algo fundamental; no hubo acuerdo entre el Gobierno y la Oposición sobre el Presupuesto, precisamente debido al problema de la educación escolar. ¿Qué dijimos nosotros? Que estábamos frente a una crisis que se iba a profundizar; que se requería un plan de revitalización, que estimamos en 250 millones de dólares, considerando un conjunto de medidas. (…) Es decir, se requiere una estructura de aporte basal y no solo un sistema de subvenciones para que los colegios en los cuales la matrícula ha caído en forma muy fuerte no se transformen en colegios vacíos. Es responsabilidad pública, del Estado, del Congreso Nacional, del Gobierno, empezar un proceso de recuperación. Lo peor que podría ocurrirle a la actual generación es que se termine con la educación pública; sabemos lo que ello significa para una democracia. El proyecto no contribuye a solucionar este problema; está implícito el concepto de competencia entre colegios para captar alumnos. Un gran vacío es la falta de opciones consistentes relacionadas con la educación pública.”. Creo que en el proyecto que se aprobó ayer sobre ajuste tributario no hay nada que asegure que va a haber recursos en esa dirección específica, aun cuando reconozco que se pueden destinar a otras direcciones. Todos sabemos que el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Educacional Municipal (Fagem) tiene otro objetivo; no se usa para enfrentar los problemas medulares, sino que tiene más que ver con el financiamiento de las corporaciones y con algunos proyectos de modernización muy específicos. Me parece que este proyecto tiene el gran problema de que aumenta los recursos -que uno valora-, pero refuerza las tendencias concretas. ¿Qué significa elevar la subvención preferencial? En lo concreto, significa que tiende a reforzar el traslado de alumnos prioritarios a colegios particulares subvencionados, porque el sistema, tal como está diseñado, lo permite; es más rentable tenerlo o, si se prefiere, más financiable, pero el hecho de recibir subvención preferencial impide al sostenedor optar por el financiamiento compartido. Analistas de la Universidad de Chile señalan que este mecanismo es más estable que el financiamiento compartido, porque es un aporte que hace directamente el Estado. Otro aspecto del proyecto dice relación con el aumento de la subvención a prekínder y kínder, lo que me parece bien. El problema es que esto refuerza la tendencia a trasladar los alumnos que cursan la enseñanza preescolar al sistema particular subvencionado. Atendida nuestra realidad, preferiríamos que los proyectos del Ejecutivo -lo decía el diputado Mario Venegas - consideraran la necesidad de enfrentar los problemas de la educación pública. No nos veamos la suerte entre gitanos: a menos que estas medidas vayan acompañadas por acciones complementarias, se estará terminando en forma más acelerada con la educación pública. En otra época, cuando el ministro Beyer era académico, sostenía, por ejemplo, que era fundamental que la subvención tuviera un mejor diseño, que era necesario compatibilizar la subvención preferencial con el financiamiento compartido. Creo que es algo fundamental; incluso, me correspondió comentar su trabajo, y me parece que tiene fundamentos de sobra para darse cuenta de las distorsiones de distinta naturaleza que tiene el actual sistema, de las distorsiones que genera la subvención preferencial, como sistema de financiamiento, y, también, de los controles, de la forma de trabajar y de las diversas situaciones que existen en los municipios y que no están mejorando la calidad de la educación. Si a todo esto agregamos los componentes de huelga y las condiciones en que funcionan los colegios, queda claro por qué se está produciendo y se seguirá produciendo el traslado de alumnos, aparte de la pirámide demográfica. Expreso nuestra preocupación por este problema que, nuevamente, será el tema principal en el debate presupuestario, por lo que es fundamental que el Gobierno lo asuma en profundidad. El diálogo con la Oposición debe centrarse en esta materia; lamento que no haya sido considerado en el ajuste tributario. La subvención preferencial puede generar tremendas distorsiones en los sectores medios porque, por un lado, permitimos que se cobre financiamiento compartido hasta por 500 millones de dólares, a nivel nacional, y, por otro, decimos que un porcentaje de estos sectores no lo reciben. En realidad, es necesario rediseñar un sistema más global que permita financiar realmente los objetivos educacionales, porque esta distorsión es muy importante. Reitero, los analistas del Ciade, de la Universidad de Chile, me decían que lo que aprobamos en el proyecto de ajuste tributario equivalía a un financiamiento compartido 2.0, que generará un proceso de traslado y un conjunto de distorsiones adicionales. No lo tenía muy claro, pero, efectivamente, no existe un enfoque global sobre la forma de enfrentar el problema de la educación pública, puesto que la adopción de medidas aisladas puede seguir reforzando la tendencia a terminar con ella. Pero, este es un problema de cómo ver la democracia. Una república sin educación pública tiene un pilar muy débil. Entiendo que algunos no le den la importancia debido; pero, otros consideramos que es fundamental para tener una organización de la sociedad con otras características. Hay personas que aprueban el proyecto sobre ajuste tributario, pensando que tendrá consecuencias positivas para la educación pública. En esta misma Sala, podríamos tener un foro con el ministro de Educación y con distintos especialistas para determinar si esto es efectivo porque, a veces, se dicen cosas que no guardan relación con las consecuencias de las decisiones que se toman. En realidad, los dos cambios que contiene el proyecto no es lo principal. El problema radica, más bien, en el proyecto propiamente tal, en la medida en que está orientado en otra dirección y en que no toma en cuenta los efectos que tendrá sobre la realidad educacional. He logrado reunir información de la Región Metropolitana, relacionada con los colegios que se cerrarán a fin de año, después de las elecciones municipales. Pues bien, llegué a la conclusión de que serán 100, y es posible que me quede corto. Preguntando a los alcaldes y reuniendo información llegué a esa conclusión. Entonces, si el ministro y el Gobierno no se hacen cargo de ello; si los parlamentarios que ayer aprobaron el ajuste tributario no asumen esta posibilidad, estaremos ante un problema realmente serio para la educación pública. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente , estamos discutiendo un proyecto de extraordinaria importancia, porque aumenta sustancialmente la subvención para prekínder y kínder, la subvención preferencial por alumno y por concentración de alumnos prioritarios, y la subvención regular. El proyecto versa sobre estas materias, y en su primer trámite constitucional fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara, y también en su segundo trámite constitucional en el Senado. El Senado introdujo dos modificaciones relacionadas con estos temas que es conveniente aprobar, por cuanto permiten evitar la doble información. A la Superintendencia de Educación, que empezará a funcionar muy pronto, le corresponderá, precisamente, supervisar la forma en que se invertirán los recursos. Por lo tanto, considero que el Senado hizo un aporte relevante que tiene por objetivo evitar la doble información y la doble fiscalización. Por otro lado, es aceptable que haya eliminado la aprobación por el Consejo Nacional de Educación de los estudios independientes requeridos para determinar la subvención, toda vez que dicho Consejo no tiene la expertise necesaria para realizar tales estudios, porque su función apunta al aspecto curricular y a los estándares pedagógicos. Se ha dicho que este proyecto de ley generará un problema a la educación pública, lo que me parece muy extraño. Las personas comunes y corrientes que presencian este debate requieren una explicación mucho más clara al respecto. Me parece absolutamente equivocado afirmar que el otorgamiento de más recursos producirá un problema a la educación pública, al punto de que podría desaparecer. No es el aumento de los recursos lo que perjudicará a la educación pública, sino otros factores que conocemos perfectamente bien: las huelgas y las tomas que, muchas veces, se fomentan y se alientan sin que nadie se dé cuenta de ello. El problema de la educación pública no radica en el otorgamiento de mayor financiamiento, a través de los proyectos que estamos aprobando en el Congreso Nacional, sino, precisamente, en diversos motivos que nada tienen que ver con ellos. Por lo tanto, considero que es necesario aprobar las modificaciones del Senado, a fin de permitir que, lo antes posible, se alleguen más recursos a la educación, en particular, a la que reciben los alumnos prioritarios. Pero, siempre hay que esperar que estos recursos sean bien utilizados, para lo cual se requiere un apoyo mucho más fuerte que el que entrega la nueva institucionalidad que le estamos dando a la educación. Es necesario, a través de la Agencia de Calidad de la Educación y de la Superintendencia de Educación, apuntar hacia nuestro objetivo fundamental: mejorar la calidad de la educación. Respecto de los déficits que se generan, debido a la forma en que se determinan las subvenciones, ya lo he planteado en otras ocasiones. No es posible hablar de déficit generalizado porque cada comuna tiene su propia realidad y las causas son absolutamente distintas. En este caso, es necesario hacer un estudio para determinar, comuna por comuna, las causas de los déficits que las están afectando en forma muy seria. Es conveniente y necesario hacer dicho estudio, a fin de conocer la realidad y no lanzar acusaciones al voleo, en cuanto a que los problemas son generados por los proyectos que en este momento están en discusión. Muy por el contrario, los mayores recursos serán extraordinariamente importantes y útiles para romper y lograr el objetivo que se propuso el Gobierno del Presidente Piñera, en cuanto a duplicar la subvención en ocho años y cumplir con el compromiso de mejorar la calidad de la educación. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente , con ocasión del primer debate de este proyecto planteé los argumentos que inspiran a los radicales, sobre los cuales insistiré cada vez que pueda. Hace bastante tiempo que Chile espera una reforma educacional de verdad. Después de lo que votamos ayer en relación con la reforma tributaria para financiar la educación, perdí las esperanzas de que este Gobierno concrete alguna. No veo por dónde viene la mano. Entiendo que el Ejecutivo quiere mantener el statu quo de la educación. Desde 2006, los jóvenes nos dicen que quieren desmunicipalizar la educación, pues la municipalización atomizó el sistema educativo, creó 365 formas de educar, cada cual de acuerdo con sus propios recursos. Por cierto, en Vitacura se da una muy buena educación municipalizada debido a sus altos recursos, pero en Alto del Carmen o en las comunas más rurales o más pobres, la educación que se entrega es bastante distinta. Desde hace tiempo, en consonancia con las peticiones de los jóvenes, hemos venido expresando que es necesario desmunicipalizar, cambiar el actual sistema y avanzar en una reforma de verdad que devuelva al Estado la obligación de dar una educación de buena calidad y, además, que empareje la cancha en términos educacionales. No hay avances al respecto. Desde 2006, los proyectos sobre desmunicipalización que han llegado al Congreso Nacional duermen el sueño de los justos en la Comisión de Educación, Deportes y Recreación. Nunca han sido tratados. El Colegio de Profesores hizo una propuesta muy interesante: avanzar en servicios educacionales, desde el punto de vista del Estado, con autonomía, descentralizados, con territorio a cargo, que permita que el Estado entregue la educación y tenga la responsabilidad de educar. No se asigna ese cometido al alcalde de turno, quien piensa en la próxima reelección o en el corto plazo, sino a un servicio, desde el Estado, a fin de que proyecte en el largo plazo, con técnicos, con compromiso de la ciudadanía y de los municipios. ¿Qué ha pasado? Nada. Sin embargo, nos han enviado una iniciativa que busca mantener el statu quo y tranquilizar un poco a los señores alcaldes que necesitan recursos. Pero, ¿avanzamos en la reforma? Nada. Entonces, acá tenemos un informe con modificaciones del Senado que hace lo mismo: respalda una situación a todas luces inoperante en la atención parvularia y en la enseñanza básica y media. He dado cuenta de esto varias veces. Hoy, tenemos tres sistemas desde el Estado, con recursos públicos, para dar atención de educación prebásica: la Junta Nacional de Jardines Infantiles ( Junji ); Integra y los establecimientos de jardines infantiles asociados a los municipios, los que cada vez aparecen en mayor cantidad. La Junji toma una subvención y se la entrega al municipio con particularidades especiales, porque los funcionarios que trabajan en la atención parvularia en los municipios no tienen los mismos derechos que los de la Junji. Sus contratos de trabajo son distintos, con una mirada y derechos distintos a los de las trabajadoras de la Junji. Si son platas del Estado las que se entregan a la Junji, a Integra y a los municipios para la atención parvularia, ¿por qué no tenemos un solo sistema? ¿Por qué tenerle miedo al Estado en educación cuando la gran mayoría de los países europeos desarrollados tienen un Estado poderoso en materia de educación? El temor proviene del hecho de que el Estado propugna la igualdad que el privado no dará. Sabemos que el privado tiene un fin de lucro esencial, y es razonable que lo tenga en cualquier área, menos en educación. Por eso, nos parece que este proyecto no apunta a resolver el problema, sino a mantener el statu quo. El Gobierno no pretende otra cosa más que mantener el actual estado de cosas, el lucro y toda esa mirada dogmática con que maneja la educación. Al ver los resultados después de 30 años desde que se municipalizó de la enseñanza, desde que se abrió espacios al sector privado en este ámbito, uno se da cuenta de que Chile ha avanzado como país, pero en educación han sido 30 años perdidos. Durante los gobiernos radicales, el país avanzó rápidamente en educación. Don Pedro Aguirre Cerda creó una política educacional de Estado que llegó a todos lados. Hubo mayor calidad, cantidad y cobertura. Hubo mayor capacidad para que las familias avanzaran en términos sociales, porque los hijos de cualquier persona, desde el obrero al empresario, se educaban en el mismo colegio y solo sus capacidades les permitían lograr desarrollo. Voy a votar en contra de este proyecto, como lo hice la vez pasada, porque mantiene el statu quo y obliga a que Chile prosiga con la mirada de que la educación debe ser entregada por privados. La subvención está orientada a perpetuar la actual situación; el proyecto no se hace cargo de la gran reforma que piden los jóvenes, los profesores y la gran mayoría de las familias, sobre todo la de los sectores más vulnerables. No estoy en contra de que algunos establecimientos reciban subvenciones del Estado, como ocurría en el pasado. La participación de los colegios ligados a la Iglesia siempre fue muy importante en Chile; pero tenían una clara calidad y vocación pública. Por lo tanto, no lucraban con los recursos que les entregaba el Estado. Todavía quedan algunos. En ese sentido, participo de esa mirada. Sin embargo, el Estado debe tomar las decisiones, no los privados. Digo esto por una razón que no me canso de repetir: cada vez que uno revisa lo que pasa en los países desarrollados, incluso en los más neoliberales, como Taiwán y otros, se da cuenta de que la educación y la salud están en manos del Estado. En ellos, el Estado es garante de que toda la población reciba atención de calidad en educación y en salud. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente , hoy conocimos la noticia de que Chile cayó del lugar 22 al 33 en el ranking anual de competitividad elaborado por World Economic Forum, organismo con sede en Suiza. Me imagino que el ministro Beyer -por su intermedio, señor Presidente -, debido a su formación básica y a su trayectoria, siempre está muy atento al seguimiento de los resultados de la aplicación de este índice de competitividad, por lo que caer del puesto 22 al 33 no es poca cosa como para que converse con el diputado González y no ponga atención a lo que le explica un parlamentario que hace uso formal y reglamentario de la palabra. Probablemente, el ministro Beyer siguió con más atención y comprende mejor que todos nosotros los alcances de esta noticia aparecida recién hoy: Chile cayó -reitero- desde el lugar 22 al 33 en el índice de competitividad mundial. Sin duda, se trata de una noticia mala y preocupante. Entonces, el ministro Beyer nos podría explicar los dos factores por los cuales Chile fue arrastrado hasta el lugar 33: En primer lugar, porque tenemos una pésima evaluación en formación básica e investigación superior, es decir, en los dos extremos de la escala educativa. A pesar de todas estas evidencias, que vienen acompañadas por la persistente reclamación de la sociedad chilena durante el año pasado y este, en cuanto a la necesidad de cambiar la educación, de organizarla sobre la base de una nueva filosofía y una nueva lógica y, desde luego, con una nueva estructura, ¡no se oye, padre!, como tampoco se escuchó nada en la reforma tributaria o ajuste tributario que ayer despachó el Congreso Nacional. El proyecto en discusión insiste, majaderamente, en la misma lógica. Uno podría saludar el aumento de recursos, al contrario de lo que dice un profesor citado por el diputado Venegas , en el sentido de que habría demasiada plata en las escuelas; eso no es cierto. Los municipios siguen aportando de manera importante al sostenimiento de los establecimientos educacionales públicos; no es verdad que haya demasiada plata. Entonces, uno podría decir: “¡Ah, el proyecto es bueno, porque pone más plata!”. Pero, en verdad, no cambia la dirección de los acontecimientos que llevan a que Chile caiga del lugar 22 al lugar 33 en el índice de competitividad mundial. Se trata de un ranking adorado por los doctores en economía que hoy pueblan Chile, que parecen los nuevos teólogos de la sociedad chilena, quienes nos hablan de la nueva verdad revelada, medida siempre en rankings, índices, comparaciones estadísticas, etcétera. Señor Presidente , por su intermedio quiero decirle al ministro de Educación que si quiere cambiar la dirección de los acontecimientos, este proyecto debe establecer un aumento de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) de manera diferenciada, destinando más para el sector público, no más para el sector particular subvencionado. Este último recibe la subvención que administra el Estado, el fisco, a través del Ministerio de Educación, y, además, recibe el aporte de los padres. Pero, ¿cuál es el resultado en términos de calidad? En mediciones sobre rendimiento académico, la educación particular subvencionada está tan mal como la del sector público. Estos temas seguirán afectándonos y dando problemas al país mientras no se adopte una dirección diferente de la que hemos llevado por treinta años. La dictadura creó este sistema en 1980, cuando traspasó la educación pública a las municipalidades, con dos objetivos: Primero, dividir al movimiento estudiantil para que no tuviera una única autoridad a la cual dirigir sus demandas, y segundo, dividir al gremio de los profesores con el mismo propósito. Resultado: los estudiantes están unidos, también los profesores, y hoy, en la sociedad chilena, se discute sobre la calidad de la educación. Ahora bien, no solo hubo la mala noticia de la caída de Chile en el ranking de competitividad del lugar 22 al 33 -¡once puestos de un viaje, en el Gobierno que, por excelencia, dice que ha superado todos los índices anteriores!-; ayer también hubo una mala noticia para el Congreso Nacional proveniente del Tribunal Constitucional. Este año, aprobamos un proyecto de ley por el cual se daba un nuevo plazo a las sociedades educacionales sostenedoras de establecimientos particulares subvencionados para que adquirieran el carácter de sociedades con giro único dedicado a la educación. Ayer, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. Al respecto, quiero hacer algunas preguntas directas al ministro : ¿Todas estas instituciones están fuera de la ley? ¿Cómo ahora, sin la posibilidad de ejercer control y fiscalización sobre ellas, se les va a seguir traspasando la subvención? ¿Vamos a estar fuera de la ley, como lo está el ministro Allamand con su Estrategia Nacional de Seguridad Y Defensa? Lo señalo porque es un instrumento que solo puede ser construido después de que se apruebe la iniciativa de ley que faculte su creación, que no ha sido aprobada acá. Señor Presidente , su señoría sabe que en derecho público las autoridades solo pueden hacer lo que expresamente les autoriza la ley. ¿Vamos a terminar con un Gobierno completamente al margen de la ley? No creo que el ministro de Educación se pueda hacer cargo de la última pregunta, dirigida al señor Allamand , pero queremos saber cómo resolverá el otro problema. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente , después de escuchar a quienes me antecedieron en el uso de la palabra referirse a la catastrófica situación existente en materia educacional, -criterio que, en algo, podemos compartir-, es válido plantear al diputado Schilling , por su intermedio, señor Presidente , que los procesos en materia de educación no se concretan de la noche a la mañana. Hay que ser justos y reconocer que, transcurridos veinte años de un gobierno democrático, los resultados que hoy el diputado Schilling reclama son de ese proceso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar la responsabilidad que tiene él, que tengo yo y que tenemos todos en esto y ver qué hacemos de aquí en adelante para mejorar todo el sistema. Un joven que ingresa a la enseñanza media debe esperar cuatro años para ver sus resultados. Este Gobierno tiene recién dos años. Por lo tanto, lo que debemos preguntarnos es, qué hacer para avanzar en esta materia de manera transparente, sin estigmatizar la educación. Si hoy nos jactamos de que hay más de un millón de estudiantes en la educación superior es porque se han modificado todos los sistemas en materia educacional que se entregan a la comunidad. Quizá el problema no esté en la cobertura y tengamos dificultades en la calidad de la educación -ese es otro tema-; pero nadie puede negar que los sistemas que hoy imperan han permitido que muchos jóvenes estudien en la educación superior. ¿Qué hace este proyecto? Da un paso importante para solucionar el déficit de financiamiento de los establecimientos educacionales. Yo puedo compartir la opinión del diputado Schilling y de otros colegas que han señalado que el tema municipal es complejo, porque hoy, no todos los colegios municipalizados tienen las mismas ventajas, por ser dependientes de un sistema heterogéneo. No es lo mismo impartir clases en la pampa salitrera -lo digo con mucho orgullo, porque fui alcalde de una comuna ubicada en ella- que hacerlo en Las Condes, porque los recursos que entrega el municipio en uno u otro caso, en beneficio de la educación municipal son muy diferentes. Así, por ejemplo, las municipalidades grandes pueden aportar miles de millones de pesos a la educación; pero, lamentablemente, en muchos casos esa misma cantidad de recursos constituye el presupuesto total de comunas pequeñas, por lo cual no tienen la capacidad para solucionar problemas reales. El proyecto, que representa un paso importante, responde al compromiso contraído por el Presidente Piñera de aumentar la subvención para beneficiar en especial a los estudiantes de kínder y prekínder. Todos sabemos que el niño que se incorpora a la educación desde la etapa preescolar, obtiene mejores resultados en su vida. El proyecto va por esa senda. Hay que perfeccionar otros instrumentos, y estamos dispuestos a hacerlo. Es lo que estamos haciendo en la Comisión de Educación. El incremento de la subvención escolar preferencial apunta a favorecer a los alumnos que pertenecen al 40 por ciento más vulnerable de la población. Por otro lado, debemos ser justos y reconocer que existen situaciones complejas por el mal manejo que alcaldes -de todos los sectores políticos- han hecho de la subvención escolar preferencial. En la actualidad hay municipios con deudas de más de mil millones de pesos por mal uso de fondos que, se supone, se destinarían en favor de los niños más vulnerables, pero que han sido empleados para gastos en propaganda y en otras cosas que no corresponden. Por lo tanto, pedimos al Gobierno que exista mayor fiscalización y que se efectúe una evaluación de los programas públicos que desarrollamos. Al respecto, a la Cámara de Diputados le ha faltado evaluar lo que hacemos, para conocer si las iniciativas que despacha el Congreso Nacional se han convertido en buenas leyes, si dan resultado. No hemos sido capaces de hacer esa evaluación. Ayer y anteayer, en conversaciones comentaba -el tema fue planteado por el diputado señor Alberto Robles - sobre las diferencias existentes en la administración y ejecución de programas para prekínder, kínder y enseñanza básica. Cabe señalar que en esto participan diferentes instancias, como Integra, la Junji y el municipio. ¿Qué le hemos pedido al Ejecutivo ? Con el diputado David Sandoval , quien me acompaña, el lunes planteamos la necesidad de buscar mecanismos para uniformar. Existen problemas de gestión administrativa y también en el ámbito salarial. Así, por ejemplo, la situación de una parvularia de la Junji, no es igual a la de una de un jardín dependiente de un municipio. Muchas veces, los alcaldes argumentan que el Ministerio de Educación no les ha entregado los recursos, y se lavan las manos. En esta materia debe existir compromiso, que es lo que se está demostrando con el envío de este proyecto que incrementa las subvenciones del Estado a los establecimientos educacionales. Uno, como profesor, sabe que, a lo mejor, el monto que se entrega es poco. No tenemos un modelo que permita conocer cuánto cuesta educar a un niño; se dice que podría ser del orden de 70.000 pesos, al establecer la comparación con el costo de educar a un alumno de un colegio particular subvencionado. Entonces, lo menos que podemos hacer hoy es entregar señales positivas y aprobar este proyecto, que aumenta las subvenciones del Estado a establecimientos educacionales. Debemos avanzar en esa línea porque es lo correcto. Hoy necesitamos estos recursos y muchos más, para ayudar a la educación. Con la reforma que aprobamos ayer, en algo se avanzará. Esperamos que sea el camino adecuado, en el sentido de que se incorporarán más recursos, pero que, de la mano, existirá más calidad en la educación. Por lo tanto, anuncio que voy a contribuir con mi voto favorable a la aprobación del proyecto, y espero que mis colegas hagan lo mismo, por el bien de la educación. He dicho. -Aplausos. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , hace pocos días asistí a una importante jornada del Parlamento Latinoamericano, oportunidad en la cual, junto a un grupo de parlamentarios de varios países, sostuvimos una interesante discusión sobre la forma de abordar las políticas públicas desde el punto de vista parlamentario. En esa ocasión se barajaron tres conceptos, uno de los cuales tiene que ver con el pragmatismo y las ideologías, en el sentido de que los parlamentarios debemos abordar el quehacer legislativo y las votaciones en términos pragmáticos, no ideológicos. Me cuesta entender que en la política pueda existir solo pragmatismo y no ideología. Si esa tesis se impusiera, deberíamos actuar de manera pragmática al momento de votar, como lo plantearon muchos economistas que participaron en ese seminario. El segundo concepto es la eficiencia, criterio que compartí. En el uso de los recursos del Estado deberíamos ser más eficientes que los ejecutivos de las empresas privadas, porque son dineros de todos los chilenos, que se focalizan en las personas más humildes y que más los necesitan, a fin de apuntar hacia bien común. El tercer concepto tenía que ver con las políticas públicas y los programas que se votan en los congresos, principalmente en relación con su falta de evaluación. Sobre la base de lo expuesto, hice un análisis en relación con lo que vamos a votar hoy. Si alguien preguntara qué debemos hacer, tras un análisis superficial, la respuesta sería que hay que aprobar el proyecto. El diputado señor Rojas , a quien estimo mucho, dijo que, muchas veces, los alcaldes dan un uso que no corresponde a esos recursos y que, por lo tanto, no se sabe si las platas de la subvención escolar preferencial van a parar a una o a otra parte. En efecto, algunos alcaldes utilizan bien los recursos, y otros, mal. En este último caso, la plata se enreda por ahí y no llega a sus verdaderos destinatarios, los alumnos más vulnerables, que son las personas que más nos interesan. En las tribunas nos visitan chiquillos de Vitacura, comuna en la cual los recursos llegan a sus estudiantes y es posible que las cosas se hagan de mejor forma que en otras. Además, cuenta con muchos más recursos si se la compara con un pueblo del norte o con una comuna de mi distrito, como Pichidegua o San Fernando. Entonces, no puede ser -aquí volvemos a lo pragmático- que la forma de enfrentar el tema educacional dependa de la voluntad del alcalde de turno. El destino de los recursos de la subvención escolar preferencial a los establecimientos educacionales no puede depender de la voluntad de cuatro o cinco sujetos. El diputado Mario Venegas dijo que van a un determinado centro educacional. Pero, señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro de Educación que en San Fernando eso no ocurre; tampoco en Peumo. Hay 300 millones o 400 millones de pesos que están “volando”, que no se sabe a dónde van a parar. Entonces, me piden que vote a favor para echarle agua a un vaso roto; me piden que incorpore más recursos de todos los chilenos a esto; me piden que, pragmáticamente -voy a usar el pragmatismo, aunque no me gusta mucho, porque prefiero la ideología-, vote que sí, porque son más recursos y, desde el punto de vista superficial, es mejor. El análisis superficial y la lógica me indican que es mejor inyectar recursos a la subvención escolar general y a la SEP. Sin embargo, si apunto a la eficiencia en el uso de los recursos y a ver cómo les llegan a los alumnos y cómo se puede hacer el cambio en relación con la calidad de lo que están recibiendo, entonces termino con el pragmatismo -o sigo siendo más pragmática- y digo “no”, porque los recursos no les están llegando. Otro punto importante es la evaluación, y así lo manifesté hace algunos días al ministro de Hacienda , a quien le dije: “¿Usted quiere recaudar fondos? Perfecto, aquí está su bolsa con dinero. Pero si esos recursos serán destinados a la educación, primero es necesario estudiar la eficiencia con que se están usando”. Si me pidieran que aprobara recursos para otro ministerio, lo haría inmediatamente. Pero, ¡ojo!, en educación no somos eficientes y no tenemos una evaluación realmente objetiva de lo que está pasando con esos recursos. Nunca he podido entregar mi voto de manera superficial cuando se trata de estas cosas. Cuando me toca presionar el respectivo botón para votar, me cuesta ser superficial. Tenemos una gravísima complicación en la educación prebásica. Por eso, invito al ministro de Educación a que vea en terreno lo que ocurre en invierno -en verano es más fácil-, cuando los niños más pequeños, de tres o cuatro años, deben taparse con frazadas para calentarse, porque ni siquiera cuentan con una infraestructura básica. En los establecimientos de la Junji y de la Fundación Integra existe material didáctico. ¡Para qué hablar de lo que ocurre en los establecimientos traspasados! Me preocupa su realidad en materia de infraestructura, que no puedan utilizar los recursos de la SEP y que no tengan los mismos derechos. Se trata de un sector que necesita ampliar su matrícula. A lo mejor, como ellos son los más estatales dentro de la educación, sería interesante revisar sus resultados. Si analizáramos esto sin ningún tipo de complejo ni ideología, creo que deberíamos ponernos de acuerdo. Considerando los antecedentes de que se dispone hoy, no es posible que sigamos cometiendo el error de perseverar en la educación municipalizada. Los municipios no están hechos para eso ni tienen vocación educacional. Los alcaldes son políticos, no tienen nada que ver con la educación, que para ellos es un área absolutamente marginal y significa un costo y una complicación. Lo dijeron hace muchos años, cuando protestaron para liberarse de esa responsabilidad. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay mayor irresponsabilidad y pecado que el de quien sabe que las cosas se están haciendo mal y no hace absolutamente nada por enmendar rumbo. Por último, concuerdo con lo manifestado por los diputados Alberto Robles y Manuel Rojas , y espero que en la Cámara de Diputados hagamos una urgente evaluación de esos programas. Los organismos internacionales nos dicen que, a todas luces, esto no funciona. Entonces, parece que somos los únicos que no queremos tomar el toro por las astas y modificar lo que todo el mundo, a nivel nacional e internacional, nos dice que debemos cambiar. He dicho. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González. El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , en primer lugar, mi saludo a los integrantes de la delegación de iglesias evangélicas que nos acompañan en las tribunas. Conozco la profunda inquietud de los pastores respecto de la necesidad de llevar a cabo un cambio de fondo en la educación chilena. Por eso, me alegro de que compartan con nosotros este importante debate. Tal como hemos dicho en reiteradas ocasiones al ministro en la Comisión, en este momento hay un verdadero diálogo de sordos en materia de educación. Cada vez se han ido bloqueando más las opiniones y las posiciones, y cada vez hay más silencio del Ejecutivo en relación con las demandas que surgen de la Comisión y de los movimientos sociales. No ha habido ninguna respuesta a la gran propuesta de cinco puntos que realizaran la Confech y el movimiento estudiantil; tampoco a las propuestas de los profesores. Asimismo, ha habido poco eco a las demandas sobre un nuevo trato, hechas por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas -entidad que agrupa a las casas de estudios superiores más importantes- y, en general, cada vez existe más rigidez para discutir sobre los proyectos educacionales. Cabe reiterar que en la Comisión de Educación, diputados de todas las bancadas adoptamos el acuerdo unánime de invitar al Gobierno a formar una mesa de trabajo en la cual estén presentes los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, los miembros de las comisiones de Educación de ambas ramas del Poder Legislativo , los principales actores sociales y del movimiento estudiantil, representantes de los profesores y de las universidades, de manera de crear un espacio donde se pueda reconstituir el diálogo sobre educación y realizar un debate que amplíe el horizonte y permita hacer cambios de mayor envergadura en el sistema educacional. Desgraciadamente, no hemos tenido eco ni respuesta al respecto. Por lo tanto, señor Presidente , por intermedio de su señoría aprovecho esta oportunidad para plantear nuevamente ese desafío al ministro de Educación , presente en la Sala. En este proyecto se reitera la misma situación que hemos visto en otras discusiones. Sin duda, incorpora más recursos, por cuanto aumenta la subvención escolar preferencial a los quintos y sextos años de educación general básica, y prácticamente duplica la subvención entre séptimo año de educación general básica y cuarto año de educación media. Junto con ello, hay un aumento muy menor de la subvención general, de 3,5 por ciento. Si bien no corresponde al compromiso asumido por el Gobierno en términos de duplicar dicha subvención en un plazo de cinco o seis años, es un aumento. En proyectos como este, en los cuales aparentemente se aportan más recursos para mejorar la educación, dicho incremento no apunta en la dirección esencial, cual es mejorar el aspecto fundamental que hoy está fallando en nuestro sistema educacional: la calidad de la educación pública. Tampoco apunta a que el uso de los recursos públicos que se entregan a la educación particular subvencionada sea debidamente fiscalizado, de modo que se utilicen en el sentido que corresponde: sin fines de lucro y en beneficio de los alumnos. Como muy bien señaló la diputada señora Alejandra Sepúlveda , el destino de los recursos de la subvención escolar preferencial no es debidamente fiscalizado por el Ministerio de Educación. Tampoco se ha efectuado una evaluación de los resultados de la Jornada Escolar Completa (JEC) o del aporte que ha significado la SEP. Creo que esa subvención, una de las más importantes en materia de redistribución y aporte de recursos para los sectores más vulnerables en el ámbito educacional, se ha ido distorsionando cada vez más, y los municipios la están utilizando principalmente en gastos corrientes, en otros gastos educacionales o, incluso, en materias que no tienen nada que ver con educación. Por eso, se han abierto procesos en los cuales se ha hecho parte el Consejo de Defensa del Estado, puesto que el aporte de esos recursos no está cumpliendo con el objetivo fundamental que contempla la Ley de Subvención Escolar Preferencial, cual es que los colegios o los establecimientos educacionales que reciben dicha subvención, cuenten con proyectos de mejoramiento educativo elaborados por las respectivas comunidades escolares, los que deberían estar orientados, en forma directa, hacia lo que ellas consideran como sus principales necesidades, y deberían ser aprobados e implementados por las respectivas escuelas. Además, hay una serie de intermediaciones de empresas y de Asistencias Técnicas Educativas (ATE), que perciben esos dineros que deberían llegar directamente a los jóvenes. Sin embargo, lo más preocupante es que los DAEM y las corporaciones municipales han ido acaparando cada vez más esos recursos y los están gastando de manera centralizada, debido a lo cual no llegan a los establecimientos educacionales, como lo he podido constatar en diversos lugares, especialmente en las comunas que integran el distrito que represento. Creo que es gravísimo que se proponga el aumento de esos recursos -los que, sin duda, son necesarios-, sin que exista un sistema de evaluación de la subvención escolar preferencial y sin que el Ministerio de Educación cuente con un papel rector y con facultades de fiscalización que permitan determinar que los recursos se están utilizando en los objetivos definidos. La Contraloría General de la República ha llevado a cabo numerosas fiscalizaciones y ha iniciado procesos relacionados con esa situación, pero estos han avanzado con gran lentitud, no han sido suficientemente asertivos y no se han adoptado las medidas que se requieren. Por lo tanto, no se ha avanzado en materia de dotar de mayor eficacia el uso de los gigantescos recursos públicos que se han otorgado para mejorar la calidad de la educación en los lugares en que más se requiere, es decir, donde están los niños con mayores necesidades. Reitero que, el incremento de 3,5 por ciento que se propone para la subvención general es absolutamente mísero en relación con las necesidades que existen. Para contar con recursos suficientes para la educación de un niño, por lo menos debe contarse con un porcentaje que aproximadamente duplique el contemplado en tal subvención. Sin embargo, sobre todo se requiere la modificación del concepto de subvención educacional. Considerar ese instrumento como respuesta a las demandas educacionales es un concepto equivocado, puesto que no satisface las necesidades reales y no posibilita que el Estado tenga, como función fundamental, la protección del derecho a la educación gratuita y de calidad que debe proporcionar a todos los chilenos. Al final, la subvención se ha transformado, en especial en el caso de los colegios particulares subvencionados, en un instrumento para una gran acumulación de riqueza a través del lucro, lo que es absolutamente injustificado por tratarse de recursos públicos. Con eso no se satisfacen los requerimientos de los colegios públicos. En efecto, en la medida en que la subvención es por matrícula y por asistencia, se hace absolutamente incierto el financiamiento de ese tipo de establecimientos, situación que ha redundado, en el creciente desfinanciamiento de la educación pública. Las medidas que se proponen no van acompañadas de un concepto más sistémico de las transformaciones que requiere ese tipo de educación, ni están asociadas a un esfuerzo y a una voluntad clara por desmunicipalizar la educación. La iniciativa no plantea una solución a ese problema. No obstante que el proyecto propone un aumento de recursos, los diputados de la Oposición lo votamos en contra en la Comisión, porque, a nuestro juicio, de esa manera no se está ayudando a mejorar en aspectos como calidad, equidad y justicia, ni a lograr una menor segregación del sistema educacional chileno. He dicho. El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , a veces los discursos respecto de materias tan relevantes como la que estamos discutiendo, tienen más efecto para la galería que para el debate interno, en circunstancias de que un aspecto tan importante como la educación es lo que debería imperar. Estamos enfrentados -lo hemos conversado con los diputados señores Felipe Ward , Romilio Gutiérrez y otros parlamentarios- a la urgente necesidad -como lo estamos haciendo ahora- de instalar un diálogo distinto en materia de educación, pero también en materia de institucionalidad y de muchos programas que hoy se desarrollan en el país. Hemos dado un salto importante en materia de crecimiento, lo cual, sin duda, nos impone nuevos desafíos, de manera de estar a la altura de lo que se requiere para enfrentarlos. En ese sentido, el Congreso Nacional tiene que seguir la línea en materia de eficiencia, a fin de que los avances del desarrollo lleguen a todos los rincones de nuestra sociedad. No estamos ante un Gobierno que esté en silencio frente a ese desafío, como aquí se ha señalado. Para comprobarlo basta analizar la diversidad de proyectos de ley que han sido ingresados para su tramitación en el Congreso Nacional y la cantidad de leyes que han sido promulgadas. Ayer, por ejemplo, se aprobaron las proposiciones de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado en relación con el proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional, cuerpo legal que permitirá inyectar una importante cantidad de recursos para atender temas estructurales que dicen relación con el sistema educacional. También se deben considerar otras iniciativas que actualmente se encuentran en tramitación legislativa, como las relacionadas con la formación profesional docente, con la creación de la Superintendencia de Educación Superior -la cual será implementada a nivel nacional- y la que plantea el establecimiento de nuevos modelos de gestión educativa. Tampoco se deben olvidar otros proyectos, como el que crea las agencias públicas de educación local, que apunta a la desmunicipalización de la educación. Fui alcalde de tres comunas de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo -durante muchos años desempeñé esa labor- de manera que conozco el drama que representa para los municipios la gestión que deben llevar a cabo para la mantención de establecimientos educacionales que atienden a la población más vulnerable, con el objeto de que puedan brindar educación de calidad. En la actualidad, esa discusión está instalada en forma transversal. Sin embargo, hoy estamos enfrentados a una materia específica: a la necesidad de mejorar los mecanismos de subvención. Por mucho o poco que sea el incremento, sin duda el proyecto de ley avanza en la dirección correcta. Hoy, la discusión es más amplia, por ejemplo, respecto de qué queremos en materia de educación parvularia, como muy bien se señaló hace algún rato, situación que hemos planteado al ministro de Educación . Tenemos, por ejemplo, los famosos jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF) de la Junji. Al respecto, cabe señalar que se producen absurdas disparidades en materia de gestión; muchas veces no se logra entender el problema. Esa situación no es de ahora, puesto que hace varios años fui uno de los primeros que inició la implementación de la modalidad de los programas VTF a nivel nacional, junto a alcaldes de otros cuatro municipios. Obviamente, en la actualidad hay aspectos que debemos corregir. En ese sentido, los municipios son aliados fundamentales del Ministerio de Educación y de la Junji para lograr las metas en cobertura de educación parvularia. Así lo están haciendo, pero hay que nivelar la cancha. Me alegro de que muchas instancias hayan entendido que hay que enfrentar las odiosas diferencias que a veces se producen en materia de financiamiento. Al respecto, por ejemplo, se presentó una iniciativa, que la Cámara trató recientemente, que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el artículo 23 del decret ley N° 3.551, de 1980. Otro aspecto importante dice relación con qué tipo de educación básica queremos. Hay que recordar que se nos viene por delante un cambio: la rebaja de ocho a seis años de la educación básica. Por lo tanto es necesario evaluar el impacto que esa medida tendrá a lo largo del territorio, en especial en comunidades rurales. ¿Qué pasará con la educación media y los desafíos que tenemos con la educación técnico-profesional? ¡Para que hablar del gran desafío que representa el mejoramiento de la escolaridad de la población adulta! Esta iniciativa va en la dirección correcta. Por eso destaco el trabajo y el aporte del Ministerio de Educación en este sentido, y espero que ningún parlamentario se reste a un desafío tan importante. Lo demás quedará para la discusión profunda en las instancias en que debemos actuar. En la actualidad, hay un escenario instalado en nuestra sociedad. Debemos enfrentar este cambio, la urgente necesidad de mejorar la institucionalidad en el ámbito de la educación y, obviamente, los desafíos que nos impone el país en una amplia gama de otros sectores. Por último anuncio mi respaldo al proyecto, porque inyecta recursos indispensables para mejorar el financiamiento del sistema de educación pública. He dicho. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las enmiendas del Senado en los siguientes términos: El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Corresponde votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de “suma”, que aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales, con excepción de las referidas al artículo 3° y al inciso segundo del artículo 4°, respecto de las cuales se ha pedido votación separada. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 9 abstenciones. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner^Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Ma-tías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Monsalve Benavides Manuel; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra. -Se abstuvieron los diputados señores: Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ceroni Fuentes Guillermo; Lemus Aracena Luis; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende Denise; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge. El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- En votación la enmienda del Senado que suprime el artículo 3° del proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 33 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena. -Se abstuvieron los diputados señores: Araya Guerrero Pedro; Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende Denise. El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- En votación la enmienda del Senado que suprime el inciso segundo del artículo 4° del proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 5 abstenciones. El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra. -Se abstuvieron los diputados señores: Araya Guerrero Pedro; Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Muñoz D’Albora Adriana; Pascal Allende Denise. El señor RECONDO (Vicepresidente).- Despachado el proyecto. -Aplausos.
AUMENTO DE SUBVENCIONES DEL ESTADO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Tercer trámite constitucional.