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- rdf:value = " El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , solicitamos una sesión especial sobre la reforma tributaria, porque pensamos que es un debate muy importante para el país, la política y la Cámara de Diputados.
De alguna manera discutir el sistema tributario es debatir sobre la sociedad, el rol del Estado y la forma como crece y se desarrolla el país.
Esperamos que en esta sesión se empiecen a explicitar posiciones, porque solo con un debate abierto y riguroso podrán establecerse bases de acuerdo de largo plazo, sin perjuicio de reconocer y aceptar las profundas diferencias.
Es muy difícil hablar de este tema, porque si solo me refiriera al suelo urbano, se me iría el poco tiempo de que dispongo. Por eso, solo voy a enunciar ciertas cosas.
Chile necesita una reforma tributaria significativa. Necesita más recursos públicos para asumir nuevos desafíos consistentes con un ingreso per cápita de 16 mil dólares.
Es necesario y posible elevar los recursos públicos entre 3 y 4 por ciento del PIB, alrededor de 7 millones a 10 mil millones de dólares anuales, lo que se suma a lo que genera crecimiento y a la mayor eficiencia. Esto, aplicado gradualmente de aquí al 2020. Esa es nuestra perspectiva.
Chile también necesita una estructura tributaria más justa, equitativa y eficiente. Proporcionalmente, hoy pagan más los asalariados y las capas medias que los ricos.
Nuestra estructura tributaria es regresiva. Hay que avanzar en justicia tributaria.
¿Por qué más recursos públicos? ¿Por qué más justicia tributaria? Chile ha crecido mucho, pero en forma muy concentrada y desigual. Existen fuertes brechas en inversión para el desarrollo social y productivo; brechas y desigualdad en educación -Educación 2020 hace una estimación en 6 mil millones de dólares-; brechas en salud, en discapacidad -los menores de 18 años no tienen pensión-; brechas en relación con los adultos mayores -la sociedad no se hace cargo de ellos-; brechas en modernidad del Estado, en las remuneraciones, en la fortaleza de los gobiernos regionales, en los municipios; brechas entre los que tienen techo y los que carecen de él. En Santiago vive 1 millón de personas, con una densidad de 400 habitantes por hectárea. Si no se adoptan medidas profundas, eso representará problemas muy serios a futuro. Asimismo, existe una brecha en impulso del desarrollo productivo. Se debe industrializar, modernizar las pymes y capacitar. En suma, es un conjunto de desafíos pendientes.
Tenemos discrepancias de fondo con la UDI. Queremos decirlo, porque esa es la forma que nos permite dialogar. Es cierto que en la Derecha existen sectores más republicanos que asumen el desafío de la sociedad y de la construcción social. Pensamos que con la UDI hay diferencias éticas, políticas y técnicas más profundas. Tenemos visiones distintas.
La Centroizquierda y la Izquierda piensan que vivimos en sociedad, y debemos asumir responsablemente la vida de todos, no de cada uno.
El Estado y el mercado tienen un papel específico y fundamental: crecer, crear empleos, acceder a más bienes, etcétera. Es muy importante. El mercado debe responder, pero no basta. Hay que asumir las brechas, las desigualdades y los desequilibrios. Se necesitan políticas e instituciones públicas para una mejor sociedad. El modo de razonar y los valores que nos mueven son distintos. Tenemos que expresarlo con mucha fuerza y claridad, y no caer en la trampa tecnocrática.
La Derecha piensa que los impuestos son una desgracia y que quienes luchen por disminuirlos o suprimirlos son héroes. Nosotros pensamos que hay necesidades de bienes públicos que requieren de políticas públicas y de recursos fiscales.
Como dijo el diputado Pablo Lorenzini, la visión de la reforma tributaria es, antes que todo, política, y se requieren fuertes fundamentos técnicos. Hay personas que eluden el debate político y técnico con frases, pero sin fundamentos ni evidencias. “Sobran los recursos”, dicen algunos. “Los tributos perjudican el crecimiento”, dicen otros. “El Estado es siempre deficiente y no es capaz de manejar los recursos”. En fin, existen frases que no nos impiden entrar al tema de fondo.
¿Cómo elevar la recaudación? ¿Cómo avanzar en justicia tributaria?
Ordenamos los temas en cuatro ejes, en torno de los cuales se deben articular las propuestas.
Primero, que los más ricos paguen más. En Chile, el 1 por ciento más rico se queda con el 30 por ciento del producto interno bruto. Son 171.000 personas, poco más de 50.000 familias. Las grandes fortunas: la de Luksic es una de las más grandes del mundo, ya que ocupa el lugar 27. Paulmann ocupa el lugar 75; Matte, el 77, y Piñera, el 488 -bajó algunos lugares porque se encuentra ocupado en otras cosas-. En Chile hay demanda por autos Porsche que valen 200.000 dólares. Crece la construcción de casas de miles de dólares, lo que se explica porque existe mucha desigualdad.
Por lo tanto, esperamos que los ricos paguen más. Asimismo, que los que explotan recursos naturales -cobre, pesca, bosques- aporten más al desarrollo. Pueden aportar más.
También creemos que es fundamental que se incorporen los impuestos verdes, como lo ha hecho la OCDE.
Finalmente, el cuarto eje se refiere a impulsar el crecimiento y la equidad, lo que da para muchas cosas.
¿Cuál es la batería de medidas que proponemos?
Para lograr el objetivo de mayor recaudación y justicia tributaria, a través de estos cuatro ejes, se necesita definir una batería de medidas concretas. La aplicación debe ser necesariamente gradual, con perspectivas de mediano y largo plazo. No tengo tiempo para explicar los detalles, pero puedo dejar en claro que estamos dispuestos a revisar y replantear todo, a recoger propuestas de otros, a mejorar la nuestra y a tener más información para pulirla.
Como dijo Barack Obama, el diablo está en los detalles. En verdad, sabemos que la aplicación práctica de todo esto es fundamental.
El primer eje, es decir, que los más ricos tienen que pagar más, es el planteamiento principal. Creemos que hay que equiparar el tratamiento de las rentas de capital con las rentas del trabajo, es decir, una base tributaria con criterio devengado. Con la aplicación de criterio devengado de manera universal, se extingue la figura del Fondo de Unidades Tributables (FUT), que es uno de los elementos más distorsionadores de la recaudación del sistema tributario a la renta. El 30 por ciento de las utilidades se retira, el 70 por ciento se reinvierte, y hemos llegado a un fondo de alrededor de 240 mil millones de dólares. Proponemos que esto se termine en la medida en que se incorpore a lo devengado.
Es fundamental revisar figuras de sociedad y homologar su tratamiento tributario. En relación con los fondos de inversión privados, no podemos hacernos los lesos. Las principales fortunas de este país tienen sus recursos en fondos de inversión privados. ¿Cuánto pagan en impuestos por ganancia de capital? Cero. Me refiero a las ganancias de capital en la compraventa de acciones con presencia bursátil, que está exenta. Proponemos tratar estos fondos como sociedades anónimas abiertas. ¡Transparencia! También proponemos reducir al mínimo o eliminar la figura de la renta presunta.
Como dijo el diputado Lorenzini, hay que hacer una gran operación contra la evasión y la elusión. Entre otras cosas, hay que terminar con la venta de empresas quebradas. Hasta hace poco había ventas de empresas afectadas por la crisis de 1980, que se imputan a las ganancias de las empresas.
En fin, es fundamental el fortalecimiento del servicio de Impuestos Internos y de Aduanas. Hay que revisar en profundidad las exenciones. Como dijo el Servicio de Impuestos Internos, las exenciones favorecen en el 70 por ciento a los sectores de más altos ingresos.
También es fundamental replantear el impuesto de timbres y estampillas a actos jurídicos. Hoy no grava la transacción crediticia; lo que grava es la legalización y la relación de acuerdo entre ambos.
También hay que definir, de una vez por todas, un sistema tributario para el suelo urbano y las parcelas de agrado. No puede seguir repitiéndose lo que ocurrió en Lo Barnechea, donde vendieron una parcela en 96 millones de dólares, y la familia Matte pagó cero peso en impuestos, por otras razones.
El segundo eje, dice relación con que aporten más al desarrollo del país quienes explotan los recursos naturales. Estos pertenecen a la sociedad chilena, y su utilización debe ser debidamente remunerada. Es lo que se llama royalty; pagar la renta económica, como dice Adam Smith.
Es indispensable el balance patrimonial y contar con cuentas nacionales patrimoniales. Balance entre lo que extraen y lo que aportan. Esto, tanto en la minería metálica como en la no metálica. Sabemos que las diez mayores empresas de cobre tienen una cláusula de invariabilidad, pero también sabemos que entre 2006 y 2007 se entregaron 4.610 concesiones y se entregaron 1 millón 119 mil hectáreas. Hay minerales no metálicos, como el yodo, el potasio y el litio, que no tienen royalty.
Proponemos aplicar un royalty cuya base sea de 10 por ciento de los precios promedio de largo plazo de veinte años; una tasa marginal de 50 por ciento, aplicable a la diferencia entre este precio promedio anual y de largo plazo y el precio efectivo anual -cuando exceda el 10 por ciento-, y que el royalty se deduzca de la base imponible para primera categoría y global complementario.
En definitiva, se trata de la distribución en partes iguales de las rentas extraordinarias. En la pesca, en los bosques y especialmente en el agua, también se necesita un reenfoque. La minería, por ejemplo, hace una fuerte presión sobre los recursos hídricos: 3,5 millones de metros cúbicos. El costo para Chile es de cuarenta metros cúbicos de agua por tonelada de cobre refinado. Esto no está bien tratado dentro de nuestras cuentas nacionales. Asimismo, Endesa concentra el 80 por ciento del total de derechos de agua. También existe una gran presión de la minería en materia de la energía. De los 12.700 megavatios que tenemos, 6.000 se van a la minería. Según las proyecciones, en el futuro serán 19.000.
El tercer eje consiste en incorporar impuestos verdes con criterios ambientales. Proponemos aplicar impuestos a las actividades económicas que tienen impacto en el medio ambiente y a las que producen cargas contaminantes -los tranques de relave es un tema que debemos tomar en serio; tienen que hacerse cargo de él quienes mucho ganan con esa actividad-, y disminuirlos a las sanas, por ejemplo, al uso de gasolina sin plomo.
En el caso de los combustibles, proponemos migrar del actual impuesto al transporte terrestre, hacia un modelo de impuestos verdes que grave el perjuicio asociado al uso de todos los combustibles fósiles. Creemos que esto sería más justo, ya que se aplicaría a todos y no solo al transporte terrestre actual.
El cuarto eje consiste en impulsar el crecimiento y la equidad. Es indispensable un sistema tributario que favorezca el procesamiento de los recursos naturales en que tenemos ventajas comparativas, la modernización de las pymes, la capacitación y la innovación.
Creemos que hay que revisar y replantear las franquicias y los subsidios que surgieron en otro contexto, para otras realidades y necesidades. El IVA a la construcción está totalmente superado en el actual contexto.
Junto con esto, estamos por ampliar el tramo exento anual que favorece a los sectores medios, de manera de pasar de 13,5 unidades tributarias anuales a 17,5 unidades tributarias anuales, es decir, de 6.400.000 pesos a 8.300.000 pesos. Esa es nuestra propuesta, porque creemos que aliviaría a los sectores medios.
Pero también pensamos en aliviar a los sectores de más bajos ingresos. Después de mucho pensar, hemos llegado a la conclusión de que hay que aplicar tasas diferenciadas del IVA, como lo hace la OCDE. El IVA a los alimentos debería bajar a 10 por ciento. A los seguros de vida se les debe aplicar un IVA de 19 por ciento y, por cierto, hay que terminar con el IVA a los libros.
Para terminar, deseo mencionar nuestra posición frente a la propuesta del Gobierno. Cualquiera que sea su proposición, plantearemos nuestra visión global y de largo plazo sobre el sistema tributario. En ese marco se deben evaluar las propuestas y las medidas concretas. Queremos que el país conozca y debata sobre los diferentes enfoques.
No conocemos la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera. Se ha dicho que se recaudarán 700 millones de dólares. ¡Nos parece muy poco! Hernán Larraín ha señalado que para educación se requieren, al menos, 3 mil millones de dólares.
Se ha dicho que el impuesto de primera categoría se establecerá en 20 por ciento, propuesta que esperábamos fuera planteada el año pasado.
Asimismo, se ha señalado que se bajarán los impuestos a la clase media y a las pymes. Veremos de qué manera se hace, porque sería regresivo si se llevara a cabo mediante la rebaja de los gastos en educación y en salud.
Además, es posible que se incorporen medidas, como el replanteamiento de algunas franquicias y la forma de evaluar los precios de transferencia de los exportadores. Esa propuesta nos parecería interesante, pero tendríamos que analizarla.
Nada hemos escuchado sobre elevar la carga a los más ricos, sobre más justicia tributaria, sobre mayor aporte de los que explotan los recursos naturales, sobre el establecimiento de impuestos verdes, sobre la relación entre crecimiento con equidad y sistema tributario.
Una reforma tributaria en serio, de verdad, supone un debate político público y propuestas técnicas muy fundadas; supone la búsqueda de acuerdos desde la diversidad, un diálogo real, no imposiciones.
Por último, quiero señalar que la Oposición y el Partido Socialista queremos acuerdos globales y de largo plazo, que aumente la recaudación en forma significativa y que haya más justicia tributaria. Los acuerdos se deben alcanzar a partir del reconocimiento de la diversidad que tenemos, de escuchar los distintos puntos de vista. A partir de eso se deben establecer las bases de largo plazo para el país.
He dicho.
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