REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 360ªSesión 18ª, en miércoles 18 de abril de 2012(Ordinaria, de 10.40 a 14.08 horas) Presidencia de los señores Monckeberg Díaz, don Nicolás, y Marinovic Solo de Zaldívar, don Miodrag. Presidencia accidental de los señores Burgos Varela, don Jorge, y Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 10 II. Apertura de la sesión 13 III. Actas 13 IV. Cuenta 13 - Envío de proyecto a Comisión de Obras Públicas 13 - Acuerdos de los Comités 13 V. Orden del Día. - Indulto conmutativo general. Proposición de la Comisión Mixta 14 - Modificación del régimen de libertad condicional y establecimiento de pena alternativa de trabajos comunitarios. Proposición de la Comisión Mixta. (Preferencia) 26 - Autorización a Banco Central para suscribir aumento de cuota correspondiente a Chile en Fondo Monetario Internacional (FMI). Primer trámite constitucional 36 VI. Proyectos de acuerdo. - Declaración de feriado escolar para la semana comprendida entre el 17 y el 21 de septiembre del 2012. (Preferencia) 48 - Exigencia de respeto a derechos humanos en Cuba y condena por muerte en prisión de opositor Wilmar Villar Mendoza. (Votación) 50 - Creación de mesa de diálogo con víctimas del terremoto de 27 de febrero de 2010 51 - Respaldo a petitorio de ciudadanos de Aysén 53 VII. Incidentes. - Información relacionada con el acoso laboral. Oficios 54 - Información sobre construcción de diversas obras policiales, culturales y ciudadanas en Región de Los Ríos. Oficios 56 - Posibilidad de repostulación a subsidios habitacionales de vecinos de comuna de Las Cabras. Oficio 56 - Información sobre autorizaciones y utilización de vehículos escáner de rayos X asignados a plan frontera norte. Oficios 57 - Responsabilidad de altos mandos de Fuerzas Armadas y de Carabineros por errores institucionales con consecuencias fatales. Oficio 58 - Reiteración de oficios para renovar ambulancias en comuna de Codegua. Oficio 59Pág. - Creación de una agencia espacial y desarrollo de política espacial nacional. Oficios 59 - Determinación de legalidad y justificación de la circular N° 9, del 31 de enero de este año, del Servicio de Impuestos Internos. Oficios 62 - Declaratoria de monumento histórico a Puente Ñipas. Estudio de construcción de nuevo puente. Oficios 63 - Provisión de maquinaria a municipios afectados por sequía para construcción de pozos profundos. Oficios 63 VIII. Anexo de sesión. Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 65 - Información relacionada con escasez hídrica en sector de Tilama, comuna de Los Vilos. Oficios 65 - Antecedentes sobre políticas para preservación de zona patrimonial “Sitio de Quereo”. Oficios 65 - Revisión y mantención de grifos de sector Los Llanos, Región de Coquimbo. Oficio 65 - Información sobre gastos del Gobierno a causa de distancia geográfica entre poderes ejecutivo y legislativo. Oficio 66 - Fiscalización de contratos y de situación laboral en empresa Soser SA., de La Serena 66 - Denuncias por maltrato a funcionarios de hospital de Copiapó. Oficios 67 - Preocupación por actitud de Director del Trabajo de Región de Atacama. Oficios 68 - Información sobre deficiencias en recuperación de recursos por licencias médicas y en sistema de gestión de camas de servicios de salud. Oficios 68 - Antecedentes de gestiones para construcción de Centro de Salud en sector Barrios Bajos de Valdivia. Oficios 70 - Normalización de hospital base de Valdivia. Oficios 70 - Mantención de programa de atención médica en sectores aislados de comuna de Lago Ranco. Oficios 71 - Instalación de señalética que indique ubicación de comunidad mapuche Pelón Mapu. Oficios 72 - Incorporación de escuelas de localidades aisladas de Vilcún a programa de conexión a Internet. Oficios 72 - Factibilidad de incorporación en Hospital de Curacautín de programa de rehabilitación basada en aguas termales. Oficios 72 - Prohibición a técnicos paramédicos de entregar medicamentos en postas rurales de comuna de Cañete. Oficios 73 - Estado de avance de proyecto de ampliación de sistema de agua potable rural de localidad de Ponotro, comuna de Cañete. Oficios 74 - Información sobre compra de tierras en provincia de Arauco a través del fondo de tierras y aguas de la Conadi de Región del Biobío. Oficio 74Pág. - Antecedentes de autorización sanitaria a planta de tratamiento de aguas servidas de sector Pehuén, comuna de Lebu. Oficio 74 - Aumento de dietas y atribuciones a concejales. Oficio 75 - Rechazo a establecimiento de listas cerradas de candidatos a consejeros regionales. Oficio 75 - Apoyo a transparencia de legislación sobre financiamiento de campañas políticas. Oficio 76 - Intervención del Consejo de Defensa del Estado en acción judicial del Colegio de Profesores en contra de Corporación Municipal de Punta Arenas. Oficio 77 - Fiscalización de condiciones laborales de proyecto carbonífero de Empresa Minera Isla Riesco. Oficios 77 - Información sobre especialidades médicas en hospitales de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Evaluación de funcionamiento de unidades oncológica y de radiología de hospital Lautaro Navarro Avaria. Oficios 78 - Información sobre costos para el estado de senadores y diputados. Oficio 78 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual retira la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.”. (boletín N° 7886-03). (66-360) 79 2. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Autoriza al Banco Central suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario Internacional (FMI).”. (boletín N° 8217-05). (69-360) 79 3. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el que hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos: b) sobre “Composición nutricional de los alimentos y su publicidad.”. (boletín N° 4921-11) (S). (71-360). c) que “Modifica Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para fortalecer la protección de principios activos de medicamentos”. (boletín N° 8183-03). (71-360). d) que “Fortalece el resguardo del orden público.”. (boletín N° 7975-25). (71-360). e) que “Establece elección directa de los Consejeros Regionales.”. (boletín N° 7923-06). (71-360). f) que “Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.”. (boletín N° 7550-06). (71-360). g) sobre “Plebiscito y consultas de carácter comunal.”. (boletín N° 7308-06) (S). (71-360). h) que “Introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.”. (boletín N° 8149-09). (71-360). i) que “Aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales.”. (boletín N° 8070-04). (71-360). Pág. j) que “Modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal.”. (boletín N° 7567-07). (71-360). k) sobre “Fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca.”. (boletín N° 7947-03) (S). (71-360) 80 4. Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho del proyecto que “Crea el Ministerio del Deporte”. (boletín N° 8085-29). (72-360) 80 5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Modifica ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo.”. (boletín N° 7449-11). (405/SEC/12) 81 6. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre “Derecho a defensa de los imputados.”. (boletín N° 7854-07) (S). (406/SEC/12) 81 7. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que “Modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios.”. (boletín N° 7534-07) (S). (407/SEC/12) 92 8. Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre “Indulto general”, con urgencia de “discusión inmediata”. (boletín N° 7533-07) (S). (408/SEC/12) 102 9. Moción de los diputados señores Rincón, Araya, Cardemil, Ceroni, Chahín, Cornejo, Eluchans, Harboe, Latorre, y Monckeberg, don Cristián, que “Modifica el Código Civil para crear el estado civil de soltero y su medio de prueba”. (boletín N° 8239-07) 111 10. Moción de los diputados señores Vallespín, Ceroni, Cornejo, Latorre, Monckeberg, don Cristián; Rincón, Schilling, Silber, y Walker, que “Modifica el Código Orgánico de Tribunales y Establece nueva causal de implicancia”. (boletín N° 8240-07) 114 11. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de inciso primero del artículo 25 del Código del Trabajo. Rol 2199-12-INA. (7280) 115 X. Otros documentos de la Cuenta. - Diputado Chahín, Solicita disponer el inicio de una investigación, remitiendo oportunamente sus conclusiones a esta Cámara, respecto de una eventual infracción a la probidad administrativa en el concurso para la administración de casas de acogida para la mujer en situación de riesgo a causa de la violencia intrafamiliar, convocado por el Servicio Nacional de la Mujer en la Región de La Araucanía. (19625 al 5193). - Diputado Espinoza don Fidel, Legalidad de los procedimientos utilizados en la suspensión en el cargo del Director de Obras de la Municipalidad de Puerto Varas; en la autorización para la construcción de un centro comercial por parte del “Grupo Pasmart” en dicha ciudad; y, en la emisión de permisos de edificación de hoteles, en (20885 al 735). Ministerio de Relaciones Exteriores: - Proyecto de Acuerdo 562, “Solicitar a S.E. el Presidente de la República la adhesión a la Declaración de Guatemala, consistente en declarar la última semana de abril como “Semana de la Seguridad Social”.” (4417). Ministerio de Justicia: - Diputado Ojeda, Factibilidad de presentar una iniciativa que otorgue un nuevo plazo a los empleados del Poder Judicial para optar a la bonificación de retiro establecida por el artículo 2° transitorio de la ley N° 20.286 (2511 al 5994). - Diputado Sandoval, Solicita remitir información relacionada con el eventual incentivo al retiro para los empleados del Poder Judicial de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (2515 al 5576). - Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar sobre factibilidad de extender beneficio de bono de retiro a más funcionarios del Poder Judicial (2517 al 5711). Ministerio de Agricultura: - Diputado Vargas, Se sirva informar a esta Cámara sobre el criterio de selección de los postulantes que presenten proyectos agrícolas para desarrollar en el sector de Pampa Concordia. (307 al 5757). Ministerio de Bienes Nacionales: - Diputado Vargas, Se sirva remitir a esta Cámara un informe sobre la licitación de terrenos en el sector conocido como Pampa Concordia, indicando el valor por hectárea, el criterio de las asignaciones, el plazo de usufructo y las formas de pago de los adjudicatarios. (288 al 5759). - Diputado Espinosa don Marcos, Solicita informar acerca de la situación actual de los terrenos de propiedad fiscal en la Región de Antofagasta; específicamente, en las provincias de El Loa y de Tocopilla. (289 al 5505). - Diputado Chahín, Solicita remitir copia del decreto del año 1965, que desafectó terrenos en el Parque Nacional Los Paraguas, posibilitando su entrega en propiedad, a título gratuito, a cinco familias; asimismo, copia del expediente que permita conocer las razones de hecho y de derecho que impidieron al señor Pedro Pérez Tapia, acceder al beneficio antes señalado; y, por último, considerar la posibilidad de dictar un nuevo decreto que transfiera el dominio de tierras en el señalado parque a la familia del aludido, que se encuentran, aparentemente, ya desafectadas. (291 al 5146). Ministerio de Trabajo y Previsión Social: - Diputado Chahín, Solicita remitir la información estadística, desglosada por regiones, y en el caso de la Región de La Araucanía desglosada por comunas, sobre el número de personas que, durante los años 2010 y 2011, han dejado de percibir pensiones otorgadas por el Estado, -básicas solidarias, de invalidez o vejez-, a consecuencias de haber realizado al menos una cotización en una Administradora de Fondos Pensiones; y, además, informe acerca de los criterios tenidos en cuenta por el ministerio a su cargo para adoptar la política recién descripta. (107 al 5561). - Proyecto de Acuerdo 480, “Solicita al Presidente de la República el ingreso a tramitación legislativa de iniciativas de ley tendientes a modificar la ley 20.255 en materia de pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia, y bono por hijo nacido vivo.” (110). Ministerio de Cultura y de las Artes: - Proyecto de Acuerdo 521, “Solicitar al Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes declare la fiesta de Santa Rosa de Pelequén “Patrimonio Intangible” de esta comuna.” (355). - Proyecto de Acuerdo 522, “Solicitar al Consejo Nacional de la cultura y las Artes declare el Chamanto Chileno patrimonio intangible de Doñihue.” (356). Intendencias: - Diputado Monsalve, Solicita otorgar urgencia al proyecto del Programa para el Mejoramiento de Barrios para los pobladores de la Villa Los Pinos, en el sector de Antiquina, en la comuna de Cañete; y, además, informar a esta Corporación sobre las medidas adoptadas para la pronta ejecución del mencionado proyecto. (671 al 5546). - Diputado García don René Manuel, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida al reglamento o instrucción que rige para los Comités de Pavimentos Participativos durante el período de vigencia de la ley de catástrofes que exime del ahorro inicial, como asimismo, indique quién realizó la selección de las comunas beneficiadas por esa normativa. (412 al 6007). Servicios: - Diputado Silber, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre la implementación de las tecnologías destinadas a evitar la utilización de aparatos de telefonía celular al interior de los recintos penitenciarios por los internos. (943 al 5960). Varios: - Diputado De Urresti, Solicita informar acerca del contingente de Carabineros desplazado durante los meses de febrero y marzo del año en curso a la Región de Aysén; las unidades a que pertenecen y el propósito de su destinación; asimismo, sobre las zonas desde que han sido movilizados; y, finalmente respecto del período por el que permanecerán en la mencionada región. (49 al 5978). - Diputado Pérez don José, Remitir copia de la resolución de baja de la institución de Carabineros de Chile de don Walter Eugenio Díaz Araya. (527 al 5790). I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (116)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aguiló Melo, Sergio IND VII 37Alinco Bustos René IND XI 59Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29Araya Guerrero, Pedro PRI II 4Arenas Hödar,  Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Auth Stewart, Pepe PPD RM 20Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1Barros Montero, Ramón UDI VI 35Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Browne Urrejola, Pedro RN RM 28Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6Campos Jara, Cristián PPD VIII 43Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Carmona Soto, Lautaro PC III 5Castro González, Juan Luis PS VI 32Cerda García, Eduardo PDC V 10Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Cornejo González, Aldo PDC V 13Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49De Urresti  Longton, Alfonso PS XIV 53Delmastro Naso, Roberto IND XIV 53Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Edwards Silva, José Manuel RN IX 51Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30García García, René Manuel RN IX 52Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60González Torres, Rodrigo PPD V 14Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39Hales Dib, Patricio PPD RM 19Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26Hernández Hernández, Javier UDI X 55Hoffmann Opazo, María José UDI V 15Isasi Barbieri, Marta IND I 2Jaramillo  Becker, Enrique PPD XIV 54Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32Lemus Aracena, Luis PS IV 9León Ramírez, Roberto PDC VII 36Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Macaya Danús, Javier UDI VI 34Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Molina Oliva, Andrea UDI V 10Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Montes Cisternas, Carlos PS RM 26Morales Muñoz Celso UDI VII 36Moreira Barros, Iván UDI RM 27Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45Pascal Allende, Denise PS RM 31Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Sabat Fernández, Marcela RN RM 21Saffirio Espinoza, René PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sandoval Plaza, David UDI XI 59Santana Tirachini, Alejandro RN X 58Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23Squella Ovalle, Arturo UDI V 12Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28Torres Jeldes, Víctor PDC V 15Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Vallespín López, Patricio PDC X 57Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54Walker Prieto, Matías PDC IV 8Ward Edwards, Felipe UDI II 3Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20 -Asistieron, además, los ministros de Justicia, don Teodoro Ribera, y de Hacienda (S), don Julio Dittborn. -Concurrieron, también, los senadores señora Ximena Rincón y señor Mariano Ruiz-Esquide. -Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Carlos Abel Jarpa Wevar y Juan Carlos Latorre Carmona. - II. APERTURA DE LA SESIÓN-Se abrió la sesión a las 10.40 horas.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTASEl señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El acta de la sesión 12ª se declara aprobada.El acta de la sesión 13ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTAEl señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero consultar a qué Comisión se remitió el proyecto boletín N° 8233-12, que modifica el Código de Aguas, en lo relativo a derechos de aprovechamiento de aguas a comunidades campesinas para sistemas de agua potable rural.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Señor diputado, el proyecto fue enviado a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, soy coautora del proyecto con el diputado Sabag. Muchas modificaciones introducidas al Código de Aguas se relacionan con los sistemas de agua potable rural. Por ello, creemos que la iniciativa debe ser tramitada en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Además, en este momento estamos tratando un proyecto que tiene que ver con la misma problemática.En tal virtud, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para remitirlo a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para actuar en tal sentido?Acordado.ACUERDOS DE LOS COMITÉS.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.El señor ÁLVAREZ (Secretario).- Reunidos los Jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Nicolás Monckeberg, adoptaron los siguientes acuerdos:1. Acoger la petición del diputado señor Marcelo Díaz para rendir homenaje a la Sociedad de Artesanos de La Serena, con ocasión de su 150° aniversario, el miércoles 9 de mayo, al término del Orden del Día, con la intervención de dos señores diputados, por un tiempo de hasta cinco minutos.2. Tratar, con preferencia, el proyecto de acuerdo N° 596, que solicita declarar la semana del 17 al 22 de septiembre como feriado escolar. V. ORDEN DEL DÍAINDULTO CONMUTATIVO GENERAL. Proposición de la Comisión Mixta.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde pronunciarse sobre la proposición de la Comisión Mixta para resolver las discrepancias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece indulto conmutativo general.Antecedentes:-Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 7533-07. Documentos de la Cuenta N° 8, de este Boletín de Sesiones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Hago presente a la Sala que el proyecto fue despachado ayer por la Comisión Mixta.En discusión la proposición.Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera.El señor RIBERA (ministro de Justicia).- Señor Presidente, honorable Cámara, quiero agradecer la disposición de esta Corporación para darle pronta tramitación a este proyecto, que viene con informe de la Comisión Mixta y que ayer fue votado favorablemente por el Senado.Como se sabe, su objeto es conmutar las penas y está orientado a buscar diversos efectos, como superar la crisis carcelaria y racionalizar el uso de las cárceles en beneficio de quienes se encuentran privados de libertad por razones de seguridad pública, sin perder de vista la posibilidad de reinserción.Sin embargo, al revisar la situación carcelaria actual, se pudo establecer que existe una cantidad importante de personas privadas de libertad, pero que quizás ese hecho no obedece a un criterio de racionalidad pleno, toda vez que la rehabilitación no es posible en el futuro, ya sea porque se trata de extranjeros ilegales o personas que están cumpliendo una condena privativa de libertad por el no pago de multas.Durante el segundo trámite constitucional, la Cámara introdujo al proyecto un indulto para condenados extranjeros, consistente en la conmutación de su pena privativa de libertad y multas por la pena de extrañamiento especial en su país de origen. Esto es solo para los extranjeros ilegales condenados en Chile. Destaco esto porque los extranjeros legales siguen la norma general que se aplica en Chile.Según el texto aprobado por la Cámara de Diputados, el indulto general conmutativo procede respecto de los extranjeros ilegales que hayan cumplido un tercio de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad no superior a cinco años; la mitad de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a cinco años e igual o inferior a diez años, y tres cuartas partes de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a diez años. La idea era encontrar equivalencias al mal causado. Además, en la propuesta original que tuvo a la vista esta honorable Corporación, se establecía que los extranjeros ilegales debían suscribir un compromiso de no volver a ingresar al país durante los siguientes diez años, pues, de lo contrario, deberían cumplir, de manera efectiva, el saldo de la pena conmutada. En este punto, relacionado con el artículo 5º de la iniciativa, se originaron diferencias entre la Cámara de Diputados y el Senado. En el tercer trámite constitucional se cuestionó el sentido y los efectos de la suscripción de tal compromiso, en tanto esta medida solo procedería si el condenado declarara su voluntad en torno a no regresar al país, estimándose que se requería una regulación que explicitara que la concesión de dicho indulto implicaba una prohibición de regreso a nuestro país por un período de diez años en forma clara e indubitada.A fin de complementar esa norma, se incorporó un plazo para que los condenados extranjeros que hayan ingresado ilegalmente al país solicitaran indulto conmutativo. Con esto se pretende facilitar a Gendarmería la determinación exacta de las personas beneficiadas. De lo contrario, esa institución iba a tener problemas para implementar la norma.Adicionalmente, se clarifica que la conmutación de pena procederá, también, cuando el sujeto haya sido condenado a varias penas sucesivas, siempre que la suma de ellas cumpla con los requisitos de los respectivos tiempos mínimos para su concesión. ¿Qué significa esto? Que si una persona fue condenada a cumplir dos penas sucesivas de cinco años y ha cumplido un tercio o el ciento por ciento de la primera, no podrá acceder a la conmutación de la pena por cuanto ese tiempo no es suficiente para aplicar el precepto en lo que respecta a la segunda pena. En el fondo, cuando concurran dos penas sucesivas, se sumarán los años de ambas y sobre el total se verificará el cumplimiento del tercio, de la mitad o de las tres cuartas partes de la pena a fin de aplicar el indulto general conmutativo. Sobre la extensión del indulto a los extranjeros, la Comisión Mixta repuso, en el artículo 6º, la norma que permite, como única excepción, la concesión del indulto a los extranjeros cuando hayan sido condenados por la ley de drogas. Fue un tema planteado con fuerza por los diputados y senadores de la zona norte. El senador señor Jaime Orpis ha sido muy riguroso al respecto. Quiero agregar que esa norma contó con amplísima mayoría en la Cámara de Diputados. No obstante tratarse de una norma de quórum especial y de no haber habido una gran discusión al respecto, faltaron solamente dos votos para aprobarla.Para finalizar, y con el objeto de materializar el indulto a extranjeros, la Comisión Mixta estimó que se requiere de un tiempo prudente que permita coordinar todas las acciones necesarias para su ejecución. Para ello, el Ejecutivo introdujo un artículo 8º, nuevo, que señala que la expulsión de los extranjeros respecto de quienes se verifique la procedencia del indulto se llevará a cabo dentro de un plazo de ciento cincuenta días contados desde la entrada en vigencia de la ley. En consideración a estas normas, se podría extrañar a sus respectivos países de origen a alrededor de 1.066 personas, de las cuales 988 provienen de países limítrofes, la mayor parte nacionales bolivianos, los que suman 587 personas.Quiero terminar precisando que esta norma fue convenida con la Cancillería de Chile. Dado que estas personas recobrarán su libertad cuando lleguen a sus respectivos países, hemos tomado contacto con autoridades extranjeras, entre ellas la ministra de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. El plazo fijado nos va a permitir traspasar a los países implicados mayores antecedentes para que estén informados respecto de las personas que serán extrañadas, así como coordinar las acciones con la Policía de Investigaciones de Chile. Si las personas a quienes se les aplique el indulto general son trasladadas en aviones, deberán, necesariamente, ir resguardadas por policías, de acuerdo con los protocolos internacionales.La proposición fue aprobada por unanimidad en la Comisión Mixta y de igual manera ayer en el Senado. Se trata de una iniciativa que racionaliza el uso de la cárcel y permite mejorar los estándares internos.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para formular una consulta, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero consultar al ministro de Justicia si la mayoría de la gente hacinada en cárceles se encuentra en la zona norte.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera.El señor RIBERA (ministro de Justicia).- Señor Presidente, en efecto, una parte muy considerable de las personas privadas de libertad y que podrían retornar a sus países se encuentran en la zona norte. Se trata de condenados que han participado como “burreros”.Quiero señalar que recibí una carta firmada por alrededor de 300 internos de la cárcel de Acha, quienes apoyan la iniciativa y solicitan que la agilicemos. Se trata de una situación extraña, porque no es habitual que uno reciba una misiva firmada por tantos presos.La privación de libertad no solo se encuentra relacionada con el castigo, sino que, principalmente, con la seguridad pública y la reinserción. En este caso, por tratarse de personas que han ingresado en forma ilegal al país, una vez cumplida la condena, de todos modos deben ser expulsadas. La norma en debate acelera y anticipa la expulsión, medida que conlleva gasto público, pero también representa un ahorro considerable de recursos y el mejoramiento de las condiciones de dignidad de los presos que se encuentran en las cárceles de Chile.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, junto con agradecer la entrega de antecedentes dados a conocer por el ministro de Justicia, quiero señalar algo que conversé con el jefe de mi bancada, en el sentido de que cerca de 25 diputados -más o menos un cuarto de los diputados que integran la Cámara- no estamos representados en las comisiones mixtas. En consecuencia, no contamos con los antecedentes de los debates que se producen en dicha instancia. Espero que esa situación se pueda resolver a la brevedad, porque constituye una anomalía que dice relación con el funcionamiento de la Cámara de Diputados, en particular en lo referido al principio de representación proporcional que rige respecto de la presencia de los distintos Comités Parlamentarios. Desde que se instaló este período legislativo, el Comité del Partido Socialista, así como el Comité Mixto, Partido Radical Socialdemócrata e Independientes se encuentran excluidos de participar en las comisiones mixtas.Lo hago presente porque hoy deberemos pronunciarnos sobre si respaldamos o no el informe de la Comisión Mixta que se somete a nuestra consideración. Al respecto, como veo escaños vacíos en el sector donde toman asiento los diputados que apoyan al Gobierno, concederemos al Presidente de la Corporación la posibilidad de que se hagan sonar los timbres, con el objeto de que se los convoque para que nos acompañen en la discusión de la proposición de la Comisión Mixta sobre este importante proyecto impulsado por el Ejecutivo.Respecto de la materia de fondo, quiero señalar que desde un comienzo respaldamos la iniciativa que propone una importante reforma carcelaria, y lo hicimos tanto desde el punto de vista político como con nuestros votos, tanto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como en la Sala.El proyecto sometido a la consideración de la Comisión Mixta propone modificacio-nes legales para establecer medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para lo cual plantea un conjunto de elementos que apuntan a disminuir el uso intensivo de la cárcel. A nuestro juicio, ha quedado demostrado -creo que sobre eso hay acuerdo transversal- que esa medida no ha servido para resolver los problemas de seguridad ciudadana. Por el contrario, tiene a las cárceles chilenas convertidas en lugares con alto nivel de hacinamiento y de vulneración permanente de los derechos humanos. No porque una persona haya sido condenada por un delito ha dejado de ser titular de derechos fundamentales.Los diputados de la Concertación planteamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que el conjunto de esos beneficios se hiciera extensivo a todos aquellos que hubiesen sido condenados como consecuencia de algunas de las infracciones contempladas en la ley N° 20.000, que sanciona el microtráfico. Si bien la idea no fue acogida, quiero valorar y destacar el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta al respecto, sobre la base de lo que, en forma rápida, he podido leer en su informe, así como de lo que se ha desprendido de lo señalado por el ministro. Creo que sin las modificaciones aprobadas por la Comisión Mixta, parte importante del proyecto carece de sentido.No obstante, al parecer hay un problema de discriminación que no fue considerado como tal en esa Comisión. Al respecto, entiendo que lo que ella resolvió fue que el beneficio de conmutación por la pena de extrañamiento solo regirá respecto de los extranjeros condenados por los delitos contemplados en la ley N° 20.000, no de los chilenos. No tengo claro si eso queda a buen resguardo desde el punto de vista de la no discriminación y de la igualdad ante la ley. Según lo que señaló el Ejecutivo, al parecer ese aspecto estaría resuelto. Lo planteo porque respecto de esa materia se puede generar alguna dificultad.En consecuencia, junto con anunciar mi voto favorable a la proposición de la Comisión Mixta, saludamos que respecto de una modificación tan importante como la reforma carcelaria que se propone hayamos podido alcanzar un acuerdo, pues, a mi juicio, eso es trascendente para el futuro del país.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, solo deseo hacer referencia a cuál fue mi posición cuando se debatió en la Sala el proyecto que fue sometido a consideración de la Comisión Mixta.No comparto la naturaleza ni la filosofía de la iniciativa, sobre todo porque a partir de las modificaciones que propone se pretende otorgar beneficios a delincuentes comunes que inciden o han incidido, de modo importante, en las condiciones en que se encuentra nuestra seguridad pública o ciudadana.El argumento principal que se plantea como objetivo del proyecto tiene que ver con la superación de las condiciones de hacinamiento que se vive en las cárceles. Sin embargo, el indulto general nunca ha sido concebido como un mecanismo para resolver problemas carcelarios. Esa facultad es propia del Jefe del Estado. Pero en un Estado moderno -como lo señalé durante el debate- no se justifica, porque las personas que hoy son encausadas por los tribunales de justicia gozan de todas las posibilidades de defensa y cuentan con un debido proceso, de manera que no es razonable la injerencia del Ejecutivo y del Legislativo en materias resueltas por otro Poder del Estado, en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada.En consecuencia, además de reiterar los conceptos vertidos durante el debate del proyecto, anuncio mi voto en contra de la proposición de la Comisión Mixta.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.El señor VARGAS.- Señor Presidente, en la discusión que se llevó a cabo en la Sala sobre la iniciativa me vi interpretado con las modificaciones que se proponen, porque a través de ellas se dará solución al problema de hacinamiento carcelario que existe en la Región de Tarapacá, en especial en la cárcel de Acha, recinto penitenciario que tiene hacinados a la mayor cantidad de extranjeros que han sido condenados en el país. ¿Por qué señalo que ellos se encuentran en situación de hacinamiento? Se trata de un recinto que se construyó para 1.100 condenados, pero hoy alberga a más de 2.360 presos. Por lo tanto, las medidas que se proponen ayudarán a descongestionar esa cárcel, puesto que posibilita la expulsión de los más de 1.300 extranjeros que se encuentran en ella por el delito de tráfico de drogas. Se produce mucho contrabando entre las fronteras peruana y boliviana, de modo que -reitero- lo que se propone permitirá ayudar a descongestionar ese recinto carcelario, al que, incluso, están siendo enviados condenados del sur.Necesitamos una ley que permita frenar los problemas que están afectando a la Región de Tarapacá. Por ello, votaré a favor de la proposición de la Comisión Mixta. Pido a la Sala que haga lo mismo.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, entiendo que el ministro de Justicia contestará la consulta que formuló mi colega y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -al igual que el diputado que habla-, señor Marcelo Díaz.Luego de leer rápidamente el informe de la Comisión Mixta -solicito al ministro que, por favor, me corrija si me equivoco en lo que voy a señalar- tengo la impresión de que en ella se habría redactado de manera distinta la letra c) del artículo 5°, disposición que se relaciona con el compromiso que debe suscribir el extranjero que ha sido condenado para no volver al país en el plazo que allí se establece. Esa respuesta es vital para mi intervención. Hasta donde entiendo -reitero- esa letra se habría redactado en forma totalmente distinta, debido a lo cual quedaría absolutamente prohibido el ingreso al país de los extranjeros que cumplen las condiciones señaladas en el artículo 5°. Si se recogió la prohibición señalada, entonces, el texto que se aprobó es distinto del original.Por lo tanto, solicito que el ministro aclare esa duda antes de que intervenga.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera.El señor RIBERA (ministro de Justicia).- Señor Presidente, se buscó redactar de manera distinta el inciso al cual se refiere el diputado señor Rincón, para establecer, en forma más clara, que el indulto conllevaba, necesariamente, la prohibición, por ley, del retorno al país de esos extranjeros durante diez años. La finalidad es que ello no quedara condicionado a si la persona firmaba o no el compromiso de no retorno. En definitiva, se quiso establecer que el compromiso de no retorno era un elemento absoluto y esencial del otorgamiento del indulto que se propone, no una dispensa o una autoobligación que asumía la persona que recibía el beneficio. Se trata de una finura jurídica, la que, en definitiva, se acordó de esa manera. Se quiso explicitar que había una idea indisoluble entre la concesión de esta gracia por ley y la prohibición de retorno. Con ello se desvaloriza, de cierta manera, la declaración de no retornar al país que debe hacer la persona beneficiada. Se trató de reforzar la idea de que la prohibición de retorno más bien obedece a una imposición legal que a una autoobligación del extranjero indultado. Este ministro consideró que tal redacción daba más fuerza a la disposición, la hacía más clara y en nada modificaba la esencia de lo aprobado por la honorable Cámara de Diputados.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ceroni.El señor CERONI.- Señor Presidente, el proyecto de ley persigue terminar con el hacinamiento en las cárceles y permitir una efectiva reinserción de los condenados, lo que se logra con la descongestión de ellas.El artículo 1° del proyecto señala que se concederá un indulto general, consistente en la conmutación del saldo de las penas privativas de libertad que les resta por cumplir, y, en su caso, de la multa, por la sujeción a la vigilancia de la autoridad, a las mujeres que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privadas de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que hayan cumplido dos tercios de la pena. En el caso de mujeres con hijos cuya edad no supere los dos años, se entenderá cumplido este requisito si les faltaren hasta seis meses para enterar los dos tercios de la pena. Si la condenada hubiere obtenido, con anterioridad a la vigencia de la ley reducción en su condena por indulto particular u otra causa, el cómputo de los plazos previstos se efectuará respecto de la pena ya reducida. Los demás condenados sujetos de indulto están sometidos a exigencias similares.Por otra parte, la Comisión Mixta resolvió que podrán ser favorecidos con el indulto general conmutativo los extranjeros que hubieren sido condenados por tráfico ilícito de estupefacientes, no así los connacionales. Recordemos que la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, intercaló en el artículo 7°, que pasó a ser 6°, un inciso segundo, por el cual estipulaba que no proce-dían los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Sin embargo, la Comisión Mixta llegó a la convicción de que si no se eximía a los extranjeros de tal prohibición, muchos no se beneficiarían del indulto.Por último, es bueno insistir en que el indulto no es aplicable, bajo ningún punto de vista, a quienes hayan cometido delitos graves, como violación, homicidio calificado, parricidio, robo con violencia, intimidación a personas, robo con fuerza, o los delitos contenidos en la ley N° 19.913, de carácter financiero. Ello da tranquilidad a la población, por cuanto la aplicación del indulto no va a poner en peligro la seguridad de la sociedad. He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, solo para dar nuestro respaldo a este proyecto que, sin duda, contiene una inspiración que compartimos. Hay un problema claro de hacinamiento en nuestras cárceles y este es un remedio. Puede que no sea el óptimo, pero sí va a permitir normalizarlas, al menos, como indicaba bien el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, para resolver problemas delicados, sobre todo en el norte. Esto va a ser un aporte. Solo quiero hacer dos observaciones que me preocupan. Espero que a la hora de aplicar esta legislación, nuestra judicatura tenga una solución distinta.El proyecto señala que en caso de que el condenado regresare al país dentro del plazo de diez años, deberá cumplir el saldo de la pena privativa de libertad que se le hubiese conmutado. Si no me equivoco, el indulto extingue la responsabilidad penal; si ello es así, mal podríamos exigir al indultado que cumpla el saldo de la pena.Este tema ya estaba solucionado en nuestro ordenamiento jurídico a través del levantamiento de condena. Es importante, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, dejar claro que todo indulto es causal de extinción de responsabilidad penal. Se trata de una norma general, más allá del carácter del indulto o de que se aplique a través de la iniciativa en debate.También me preocupa el hecho de que la expulsión de los extranjeros respecto de quienes se verifique la procedencia del indulto deba llevarse a cabo dentro de un plazo de 150 días contados desde la entrada en vigencia de la ley. En este caso, nuevamente, el indulto opera como una causal de extinción de la responsabilidad penal desde el momento en que se reúnen los requisitos necesarios para acceder a él. En consecuencia, 150 días de espera, aunque sea por razones de seguridad policial, podrían, eventualmente, significar prisión arbitraria. Se trata de un tema que hay que considerar para los efectos de actuar con celeridad y no esperar, necesariamente, que se cumplan los 150 días que estipula el proyecto. Reitero, una vez que el proyecto de ley se convierta en ley de la República, cualquier interno que reúna los requisitos tendrá derecho al indulto y, en consecuencia, no tiene por qué esperar en la cárcel 150 días para que, por razones de seguridad policial, sea conducido a la frontera del país al que será deportado.Aquí hay que tomar medidas, porque -reitero-, eventualmente, podría constituirse una situación de prisión ilegal. La Constitución Política está por sobre cualquier cuerpo legal, lo que debe tomarse en consideración para actuar con la máxima celeridad a fin de conmutar la pena.Por último, señalo que comparto el criterio del ministro de Justicia y el espíritu del proyecto.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Ribera.El señor RIBERA (ministro de Justicia).- Señor Presidente, primero, quiero agradecer al honorable diputado Hugo Gutiérrez sus dudas jurídicas, que compartimos, dado que se nos plantearon a nosotros. El proyecto fue mutando durante su desarrollo. No se trata de un indulto extintivo, sino que conmutativo. En otras palabras, estamos conmutando la privación de libertad en Chile por la de extrañamiento especial. Si se infringe el extrañamiento y el beneficiado regresa al país, este deberá cumplir el saldo de la pena. Revisamos la Constitución, analizamos situaciones anteriores y ésa fue la fórmula que se acogió para resguardar de mejor forma los bienes jurídicos que nos interesaba cautelar. En lo que respecta al plazo de 150 días establecido en el artículo 8° del proyecto de ley, debo señalar al diputado Gutiérrez que nos asaltó la misma duda que él plantea. Si el proyecto señalara la obligación de dejar en libertad en forma inmediata a quienes cumplan los requisitos señalados en la iniciativa, probablemente nos llenaríamos de recursos de amparo. Por otra parte, resulta imposible implementar la ley y concretar los indultos de golpe, dado el número de personas que podrán ser extrañadas. Si bien Gendarmería de Chile ya ha trabajado en la detección de las personas que serán agrupadas en determinados recintos carcelarios para ser enviadas al extranjero, tal tarea requiere necesariamente de la coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile y con el Ministerio del Interior. Gendarmería de Chile acompañará a los individuos privados de libertad hasta la frontera o al aeropuerto Arturo Merino Benítez, pues el resguardo de los imputados y condenados es una función que, por ley, le corresponde; sin embargo, apenas lleguen al aeropuerto internacional o a la frontera, desde donde serán despachados, deben ser entregados a la Policía de Investigaciones.Todos estos trámites técnicos y la determinación clara de las personas beneficiadas, es lo que nos movió a fijar un plazo de 150 días para expulsar a los extranjeros que cumplan con los requisitos para acceder a la pena conmutativa. Se trata de un plazo prudencial; no obstante, nuestro interés es implementar las medidas a la brevedad.He dichoEl señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito a las delegaciones presentes en las tribunas, especialmente a la de San Vicente de Tagua-Tagua, invitada por mi colega y compañera de distrito, señora Alejandra Sepúlveda.En segundo lugar, deseo señalar que las propuestas de solución emanadas de la Comisión Mixta y aclaradas por el ministro potencian el proyecto. Comprometerse a no volver al país no es lo mismo que prohibir el ingreso de una persona. Si se establece una sanción, esta no puede recaer en la vulneración de un compromiso, sino en la vulneración de una prohibición establecida por texto expreso legal. En tal sentido, la propuesta de la Comisión Mixta es asertiva, clara y categórica. De lo anterior debe entenderse que la norma rige para los extranjeros que tienen prohibición de ingreso y que hayan entrado al país en forma ilegal. En definitiva, la norma no rige para cualquier extranjero, sino para aquellos condenados por los delitos contemplados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y que hayan ingresado -repito- en forma ilegal a Chile.Este indulto es, al menos, para la doctrina jurídica, una mezcla bastante especial, porque es sustitutivo. No extingue la responsabilidad penal, puesto que reemplaza la pena por la de extrañamiento al país de origen. En consecuencia, tiene que ir aparejada con una prohibición, cuya vulneración implicará cumplir el saldo de la pena o de las penas por las que el condenado hubiere sido condenado.Resuelto este punto, es bueno señalar que lo establecido en el artículo 5° abre la posibilidad de que los extranjeros beneficiados aumenten a 800 o 900, lo que permitirá una real descongestión de las cárceles. Con todo, se trata de paliativos. Queda pendiente la reforma carcelaria de fondo, producto de un acuerdo transversal, que dé cuenta de una mirada de Estado y de futuro para cincuenta o cien años.Sé que el ministro está consciente de esto, y quiero decirlo públicamente. Sé que ha dedicado tiempo precioso para compenetrarse del sistema modelo, de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas; de alternativas poco conocidas, que han resultado exitosas en otros lugares no tan lejanos del país. A veces, tendemos a mirar más allá del Atlántico, pero en nuestro propio continente, con menos recursos, con bastantes limitaciones, hay ejemplos de envergadura que han dado buenos resultados.El propio ministro ha hecho hincapié -lo felicito por eso- en la tremenda diferencia en costo que existe entre los penales concesionados y los tradicionales. Se trata del doble del valor. Entonces, cualquier Parlamento tiene el justo derecho a preguntar por qué se gasta tanta plata -hablo de más de 500 mil pesos por preso- en cárceles concesionadas. ¡Eso es mucha plata! Sin embargo, nos complicamos absolutamente cuando discutimos aumentar la subvención escolar. En todo caso, el sistema modelo da cuenta, además, de bajar extraordinariamente la reincidencia. El ministro tiene los antecedentes. En el sistema modelo la reincidencia es de aproximadamente 3 por ciento; por su parte, el último estudio de Paz Ciudadana señala que en Chile la reincidencia alcanza a 51 por ciento. Ello da clara cuenta de un aporte real en materia de rehabilitación conductual en el sistema modelo de cárcel.Pero también hay una cuestión de costos: en el sistema modelo estos son mucho más bajos. Desde un punto de vista económico, ello le conviene al Estado. Sin embargo, en la medida en que no hagamos una reforma penitenciaria verdadera, profunda, seria, de largo plazo, con altura de miras, con visión de Estado, no para un mes o algunos años, sino que para cincuenta o más años, no vamos a solucionar integralmente el problema. Se trata de una reforma tan profunda que ningún país puede abordarla en menos de 15 o 20 años. No es como concesionar carreteras y ver cómo cada año se construyen vías en nuevos esquemas, con mayor seguridad y mayor posibilidad de desplazamiento de camiones y buses. ¡No es así! No es como hacer infraestructura educacional y cada año ver, luego de aprobar el presupuesto, cómo se levantan más escuelas, más modernas, con más tecnología que permita una mejor aula para nuestros estudiantes. Un proceso de reforma penitenciaria real y profundo puede demorar 15 o 20 años. Por eso, es importante alcanzar un acuerdo y un consenso que de verdad permita aquello. El problema también es de seguridad. Una tasa de 51 por ciento de reincidencia significa que la mitad de las personas que están en las cárceles, cuando salgan, volverá a delinquir. Por lo tanto, la potencial inseguridad, el potencial aumento de delincuencia y el potencial aumento de tasas de victimización son un problema latente, real y concreto, porque, insisto, la mitad de las personas que están en las cárceles va a delinquir. No estoy hablando de amotinamiento, incendios, revueltas y delitos que se cometen al interior de los penales, sino del potencial impacto en la seguridad de calles y ciudades de nuestro país.En algún momento, la Cámara debería realizar una sesión especial, con la presencia del ministro, que se la está jugando por generar los consensos en el Gobierno para esto, con el fin de conocer el sistema modelo de cárceles. Si Chile -y también Latinoamérica- no es capaz de reformar su sistema carcelario en forma profunda, seria y de largo plazo, con visión de Estado, deberá enfrentarse permanentemente, año tras año, al síndrome de la inseguridad, del aumento en la tasa delictiva y a problemas originados en la población penal. Por eso, no puedo sino manifestar mi voto favorable a este proyecto. Hago un llamado para acelerar la reforma en materia carcelaria, que ha sido permanentemente postergada.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans.El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, no obstante haber participado activamente en el debate de este proyecto en la Comisión de Constitución y, posteriormente, en la Comisión Mixta, no había solicitado hacer uso de la palabra, porque soy de aquellos que cree que uno debe intervenir cuando tiene un aporte que hacer. La explicación del ministro ha sido suficientemente clara.Pero, lo que motivó mi solicitud de hacer uso de la palabra fue la intervención del diputado Gutiérrez. Es importante precisar que no estamos ante un indulto puro y simple, sino que se trata de un indulto conmutativo. En consecuencia, se justifica plenamente que si el extranjero retorna al país, se le obligue a cumplir el saldo de la pena, porque el indulto conmutativo significa que se le libera del cumplimiento de la pena a cambio de otra, cual es el extrañamiento, o sea, la expulsión a su país de origen.Por la misma razón, también se justifica, y lo explicó recién el ministro, que la expulsión deba llevarse a cabo dentro de un plazo de 150 días contados desde la entrada en vigencia de la ley. Me parece que el diputado Gutiérrez tenía un error de entendimiento acerca del alcance del proyecto. A mi juicio, todo lo demás está claro.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, apoyo el proyecto, porque creo que su inspiración original era precisamente ir al fondo de lo que significa el indulto, que es lo que pidió la Iglesia Católica con ocasión de la celebración del bicentenario de nuestra nación.El indulto es el perdón total o parcial de una pena o conmutación de la misma. Es decir, aquí hay una persona que cometió un delito y se le perdonó el saldo de su pena. El proyecto establece una graduación que quiero señalar. Para acceder al indulto, las personas deben tener cumplida un tercio de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad no superior a cinco años; la mitad de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a cinco años e igual o inferior a diez años, y tres cuartas partes de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a diez años.Lo que quiero decir es que, por esta vía -hay que decirlo-, se va indultar a personas que han cometido delitos como homicidio y violación. El diputado Ceroni pidió que esta ley no diera pie a eso, pero lo dará, porque la ley no distingue.En relación con la inspiración del proyecto, el Gobierno no acogió la solicitud de la Iglesia Católica para el bicentenario; tuvo que ocurrir el incendio de la cárcel de San Miguel para acelerar el proyecto que hoy vamos a votar. Más vale tarde que nunca, la inspiración es noble y, a mi juicio, está bien resuelta la problemática que plantea el indulto.También quiero señalar que los altos índices de personas privadas de libertad que tiene nuestro país, uno de los más altos de Latinoamérica, nos deben llevar, como señaló el diputado Rincón, a repensar nuestra política carcelaria. Efectivamente, en nuestras cárceles hay mucho espíritu emprendedor, mucho talento que hoy, lamentablemente, se está desaprovechando o perdiendo. Sé que el ministro tiene un ambicioso plan para cambiar esa situación.Señor Presidente, por su intermedio, quiero pedirle al ministro de Justicia que aceleremos esta nueva política carcelaria para transformar las cárceles en verdaderos centros de educación y trabajo. Insisto, en las cárceles hay mucho espíritu emprendedor, mucho talento que debe ser aprovechado, para el progreso de nuestro país y no para la delincuencia. Creo que el ministro podría -no sé si hoy o en otra ocasión- ilustrarnos sobre la nueva política que pretende impulsar. Todos, en forma transversal, debemos apoyarla, porque va a mejorar la situación carcelaria en nuestro país.Por último, vamos a apoyar este proyecto, porque significa que, en su mayoría, las mujeres van a obtener la libertad. Mujer es sinónimo de familia.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.El señor SCHILLING.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta y, eventualmente, una moción.Estamos discutiendo el informe de Comisión Mixta sobre indulto, y todo indica que se va a aprobar. Si mal no recuerdo, en la Tabla de mañana figura el proyecto que permite la conmutación de penas. Ambos tienen la misma filosofía, el mismo espíritu, la misma dirección.El proyecto que permite la conmutación de penas, que busca convertir las multas en un castigo de trabajo o servicio a la comunidad, es de artículo único. Por lo tanto, solicito que recabe la unanimidad de la Sala para despachar ambos proyectos hoy, con el fin de contribuir al prestigio del trabajo de la honorable Cámara.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Señor diputado, comparto su petición.Dado que el proyecto viene de Comisión Mixta y ha sido calificado con suma urgencia, no habría inconveniente en tratarlo enseguida.¿Habría acuerdo para ello?Acordado.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg.El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, solo quiero señalar, para que quede establecido en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que este indulto no es un perdonazo. Efectivamente, aquí hay una conmutación de la pena. Uno de los temas que se discutió -se presentaron indicaciones- fue cambiar el término “indulto” por “conmutación”. No se trata de que personas condenadas salgan libres de la noche a la mañana. Por lo tanto, el proyecto puede generar conmoción en la ciudadanía si no se explica de buena forma. Se trata de la conmutación del saldo de la o las penas privativas de libertad que restan por cumplir, pero solamente respecto de ciertas personas en situaciones de excepción. Esto va muy de la mano con los llamados que han hecho la Iglesia Católica y las iglesias cristianas, amén de lo que señaló el diputado Sabag, de ser una suerte de manifestación de solidaridad con personas que, en situaciones extremas, no lo están pasando bien.La propuesta de la Comisión Mixta va en la línea correcta, sobre todo en materia de extranjeros. Es una buena señal darle facilidades a gendarmería para que determine qué personas deberían acogerse al indulto. También es positivo que quede absolutamente prohibido a las personas que hubiesen sido beneficiadas el ingreso al país -era una de las dudas que habían surgido en la Comisión de Constitución de la Cámara- por un período de diez años, contado desde su salida del territorio nacional.Por último, se estableció que las personas que tienen dos o más condenas podrán acceder al indulto, siempre y cuando la suma total de esas condenas cumpla con los respectivos tiempos mínimos.El acuerdo a que llegó la Comisión Mixta es relevante. Se trata de un buen proyecto, que va en la línea correcta. No busca un perdonazo, pero sí ser solidarios con un grupo de personas que está cumpliendo condena en situaciones extremas y que bajo determinadas circunstancias, sean chilenos o extranjeros, podrán acogerse a ciertos beneficios. La medida no tendrá “chipe libre”, porque las personas estarán sujetas a medidas de control. No nos olvidemos que este proyecto va de la mano con otro que aprobamos hace poco y que está a punto de ser ley de la República: me refiero al proyecto que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. En la actualidad, personas que cumplen penas en libertad no tienen ningún control. Estamos hablando de la mitad de los condenados, esto alrededor de 50 mil personas. Por lo tanto, se requiere, para que cumplan la pena en libertad, fiscalizar el proceder de los beneficiados con el indulto. Recordemos la alta reincidencia de estas personas.Por lo tanto, este indulto, acompañado de la ley N° 18.216, que fue modificada, remozada, mejorada por el Gobierno y por este Congreso, va en la línea correcta. Al principio hubo dudas, dudas que se despejaron en el debate legislativo y con las indicaciones y observaciones formuladas en la Comisión Mixta.Por último, anuncio que la bancada de Renovación Nacional apoyará de manera entusiasta el proyecto.He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Mixta que recae en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre indulto general.De acuerdo con la Constitución Política, la aprobación de este proyecto requiere 61 votos favorables.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 4 abstenciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Ma-tías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Cornejo González Aldo; Goic Boroevic Carolina; León Ramírez Roberto; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Norambuena Farías Iván; Saffirio Espinoza René; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique .-Se abstuvieron los diputados señores:Castro González Juan Luis; Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Lorenzini Basso Pablo.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Despachado el proyecto.MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LIBERTAD CONDICIONAL Y ESTABLECIMIENTO DE PENA ALTERNATIVA DE TRABAJOS COMUNITARIOS. Proposición de la Comisión Mixta. (Preferencia).El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Por acuerdo de la Sala, corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios. Antecedentes:-Informe de la Comisión Mixta, boletín 7534-07. Documentos de la Cuenta N° 7, de este Boletín de Sesiones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En discusión la proposición. Tiene la palabra el ministro de Justicia.El señor RIBERA (ministro de Justicia).- Señor Presidente, agradezco a la honorable Cámara de Diputados su disposición para tratar este proyecto en forma extraordinaria; en especial, al diputado señor Schilling la propuesta que formulara, toda vez que este y el primero que figura en tabla tienen finalidades concurrentes.El proyecto responde a la convicción de que la respuesta del Estado ante la comisión de ilícitos, en particular, cuando son de menor gravedad, no puede ser solo la cárcel, la que debería estar reservada para los crímenes más reprobables. A su vez, el proyecto se hace cargo de las condenas a penas de multa, por cuanto su severidad tiene estrecha relación con los recursos pecuniarios del condenado, resultando, en parte de los casos, sustitutiva por la pena de reclusión. Con ese propósito, el proyecto suprime, en primer lugar, la intervención del secretario regional ministerial de Justicia, los seremis de Justicia, en el procedimiento de concesión del beneficio de libertad condicional, estableciendo que sea la propia Comisión de Libertad Condicional la que la otorgue o la deniegue.Esta Comisión, al estar integrada por jueces, con competencia en lo criminal, y un ministro de corte de apelaciones, garantiza un procedimiento administrativo imparcial y llevado a cabo por personas con amplios conocimientos prácticos y teóricos del fenómeno penal y carcelario. Con todo, existe participación de los seremis en la otorgación de la libertad condicional, toda vez que pueden revisar los pronunciamientos favorables de la Comisión de Libertad Condicional. Queremos que las comisiones sean de carácter más técnico y que resuelvan al respecto. Es indudable que esto conllevará que las comisiones realicen un trabajo más afinado, porque en ellas descansarán el otorgamiento o la denegación de la libertad condicional. En segundo lugar, con el objeto de evitar los efectos injustos de la aplicación de multas a personas de escasos recursos, se introdujo la pena alternativa de trabajos comunitarios, que sustituye la multa en los casos en que el penado opte por ella. No nos parece justo que quienes carecen de recursos tengan que ser privados de libertad, mientras que los que pueden pagar la multa se eximan, invocando su mayor capacidad financiera. La idea es nivelar la cancha y entregar mayor igualdad para que quienes carecen de recursos puedan cumplir la pena alternativa de trabajos comunitarios.En este punto surgieron divergencias entre ambas Cámaras, en particular en cuanto a la situación de los condenados por infracción a la ley de drogas, quienes, de no pagar la multa o no acceder a prestaciones de servicios a la comunidad, se verían obligados a cumplir la pena impuesta con reclusión. La Comisión Mixta consideró, a nuestro juicio, apropiadamente, la legítima preocupación por los consumidores de drogas. Preciso que estamos hablando de consumidores de drogas que presentan una condición médica de adicción.En tal virtud, distinguió, en términos explícitos, la existencia de dos medidas alternativas para sustituir la pena de multa. La primera consiste en la asistencia obligatoria a programas de prevención o a tratamientos de rehabilitación, según el caso, de acuerdo con el artículo 50 de la ley N° 20.000. La segunda implica la prestación de servicios comunitarios cuando, a juicio del tribunal, el sujeto esté descartado de la posibilidad de someterse a un tratamiento médico. Cualquiera sea el caso, la aplicación de estas medidas sustitutivas de la pena de multa debe ser aceptada por el condenado. En caso contrario, deben aplicarse las penas de reclusión. Lo mismo acontecerá si el condenado no cumple con la obligación de someterse al tratamiento médico que el tribunal dispuso y la medida aludida es revocada. En cambio, si el condenado incumple la pena sustitutiva de realizar trabajos comunitarios, la revocación se regirá por los artículos 49 a 49 sexies del Código de Penal, que el mismo proyecto integra.En breves y simples palabras, lo que propone la Comisión Mixta es que si una persona no cumple la pena que se le ha impuesto, el juez, antes de privarlo de libertad, puede darle la posibilidad de optar entre someterse al tratamiento o hacer trabajos comunitarios y, como última alternativa, privarlo de libertad. Es decir, estamos ampliando las opciones judiciales, en consideración a las particularidades de las personas de que hablamos.La modificación propuesta por la Comisión Mixta fue aprobada por unanimidad. Incluso, el senador señor Espina, que la votó en contra en la Comisión Mixta, en la Sala del Senado cambió de opinión y la consideró adecuada.Muchas gracias.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, voy a reiterar -lo haré cada vez que una Comisión Mixta emita un informe- lo que señalé en relación con el proyecto que figura en el primer lugar de la Tabla: se excluyó a un cuarto de los integrantes de la Cámara de participar en esa Comisión. En consecuencia, esta es la primera vez que tomamos conocimiento de las modificaciones introducidas al proyecto. Espero que esto sea corregido a la brevedad, porque lesiona los derechos de un cuarto de los parlamentarios de la Corporación.No obstante eso, vamos a respaldar el proyecto, porque nos parece correcto resolver una situación de extrema politización, en el sentido negativo, que se produce respecto del otorgamiento de la libertad condicional. Considero que el Ejecutivo acierta cuando propone al Congreso eliminar las facultades de los seremis de Justicia respecto de la aprobación de la libertad condicional. Es sabido, y así va a seguir siendo, que cuando se producen delitos de connotación pública, la presión ciudadana casi siempre se orienta hacia la cárcel como la sanción preferida por antonomasia por los ciudadanos, aunque se sabe, particularmente por quienes conocemos el sistema, que ése no es precisamente un camino que conduce necesariamente a la solución del problema. En consecuencia, la presión política sobre un funcionario de confianza exclusiva del Presidente de la República a fin de denegar la libertad condicional de un condenado parece ser la regla general, por lo que la institución de la libertad condicional pierde sentido al no ser analizada en función del mérito de cada caso.Al eliminar la facultad de los seremis relacionada con la libertad condicional y trasladarla a un órgano colectivo, se pone el acento en que la decisión sobre la libertad condicional debe basarse en los antecedentes del caso, particularmente en la situación del condenado que está solicitando la medida.Por lo tanto, nos parece que habrá un uso racional, correcto y adecuado del beneficio. Nos parece positivo que se haya alcanzado un acuerdo en la Comisión Mixta para mantener esta modificación al régimen de libertad condicional.Respecto del caso de las multas, lo aprobado es de sentido común. Se han presentado varios proyectos, incluso, uno patrocinado por quien habla y otros diputados, para avanzar en la dirección de un uso racional de la cárcel, lo que parece fundamental y esencial. Como hemos dicho, este conjunto de reformas se genera en el marco de la catástrofe que concluyó con el fallecimiento de 81 internos en la cárcel de San Miguel. A partir de ahí se generó una cierta conciencia que nos llevó a hacer pública una realidad que todos conocíamos, cual es el sobrepoblamiento de las cárceles y la tendencia casi instintiva de proponer cárcel para todo como fórmula para apaciguar el malestar ciudadano respecto de la delincuencia, lo que no solamente no está dando resultados, sino que generaba espacios para hechos tan terribles como los acaecidos en ese penal.Si no recuerdo mal -en caso contrario, alguien me puede corregir-, entiendo que estamos hablando de la conmutación de las penas de multas como penas accesorias. En consecuencia, lo que se quiere es que quien ha cumplido la pena principal no permanezca en la cárcel porque no cuenta con dinero para pagar una pena accesoria a la principal. Lo razonable es que el Estado ponga condiciones a quien cumple la condena principal, que satisfagan el interés social. Me parece completamente acertado poner término a este círculo vicioso, que mantiene a gente en la cárcel por deudas económicas derivadas de penas accesorias a la pena principal, por la vía de remplazarlas por una pena alternativa, en este caso, por trabajos comunitarios.Además, si uno mira esto a la luz del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas alternativas o restrictivas de libertad, que, entiendo, pronto será despachado, verá que en nuestro sistema penal tenemos una arquitectura de penas mucho más racional que la existente hasta antes de lo acaecido en la cárcel de San Miguel.Me parece importante destacar que esta es una contribución transversal, gracias a una construcción de acuerdos que hemos logrado entre el Gobierno y el Poder Legislativo.Es muy fácil que, ante un hecho que genera alta conmoción, se presenten cinco, diez o quince proyectos para aumentar las penas y, así, que exista más cárcel para todos. Pareciera ser que eso respondiera más instintivamente al anhelo mediático y a la demanda ciudadana. Sin embargo, si realmente queremos tener un sistema penal que ayude a castigar a quienes cometen delitos, pero también a reinsertar socialmente a los condenados, particularmente a los sancionados con penas privativas de libertad, a mi juicio este conjunto de reformas -la que acabamos de discutir, esta, algunas que fueron despachadas y otras que están en vías de despacharse- será una importante contribución que haremos, de común acuerdo, el Ejecutivo y el Parlamento en este período legislativo.Por lo anterior, brindaremos nuestro apoyo a la proposición de la Comisión Mixta.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.El señor BURGOS.- Señor Presidente, voté a favor casi todas las normas en la Comisión Mixta. En consecuencia, respaldaré la proposición de dicha comisión, y pido a los colegas, por intermedio del señor Presidente, que también las apoyen.Una de las razones fundamentales, que no estaba en la discusión de la Comisión Mixta -a la cual se refirió el diputado Marcelo Díaz-, es el cambio orgánico respecto de a quién se solicita la libertad condicional. Creemos que la iniciativa en estudio es un avance real, ya que saca la libertad condicional de la decisión política y la convierte en jurisdiccional. Considero que es un buen aporte haber incluido esa materia en el proyecto que está a punto de convertirse en ley.Me voy a referir exclusivamente a la única cuestión que fue debatida en la Comisión Mixta. En efecto, la discusión fundamental estuvo centrada en el artículo 3°, que sustituye al artículo 52 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.Se puso en discusión la proposición de la Cámara de Diputados para resolver la situación de la persona que se encuentra condenada por una falta a dicha ley. Se debatió la forma en que operan las sustituciones, es decir, someterse voluntariamente a un programa de rehabilitación de los que oferta el Estado o la alternativa de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Pero, ¿y qué sucede cuando la persona no quiere someterse a ninguna de las dos posibilidades? Obviamente, el legislador no puede decirle que queda en la impunidad si no quiere someterse a rehabilitación ni tampoco desea realizar trabajo comunitario, En ese caso, tendrá que cumplir la pena privativa de libertad, porque se le entregaron todas las oportunidades para evitarla.A mi juicio, eso quedaba mejor redactado en la propuesta de la Cámara que en la del Senado. La propuesta alternativa del Ejecutivo es una cosa intermedia, que voté en contra.Sin embargo, como las proposiciones de la Comisión Mixta se deben votar como un todo, pues no se puede dividir la votación, a pesar de mi posición negativa respecto de la forma en que quedó redactada esa norma -reitero que, a mi juicio, la redacción de la Cámara de Diputados era mejor-, me permito solicitar, por intermedio del señor Presidente, el respaldo de los colegas a la proposición de la Comisión Mixta.Estamos frente a un proyecto muy importante e interesante, que, como dijo quien me antecedió en el uso de la palabra, termina con la regla general de que las personas que no pueden pagar una multa, deben sustituir esa pena con su internación en cárceles. Ellas son para otro tipo de delincuentes, y, además, gran parte de los recintos penitenciarios no ofrecen garantías de rehabilitación y en su interior se producen situaciones gravísimas, como aquellas de las que hemos tenido conocimiento no hace mucho.Considero que con el proyecto en discusión, más el anterior y el que prontamente debería volver a conocer la Sala, relativo a la modificación de la ley N° 18.216, estamos dando pasos concretos e importantes, aunque no los únicos que debemos dar, para hacernos cargo de un antiguo problema que existe en nuestra sociedad, cual es que seamos capaces de penalizar al que comete un delito, pero, también, de otorgarle posibilidades de rehabilitación y de resocialización, porque, más que una gracia, es un deber del Estado.Por esas razones, me permito modestamente recomendar la aprobación de la proposición de la Comisión Mixta.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, tal como expresó el diputado Cristián Monckeberg en relación con el proyecto anterior, en nombre de la bancada de Renovación Nacional anuncio nuestro decidido apoyo a este importante proyecto de ley, que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios. Como se ha dicho, el proyecto en discusión tiene estrecha relación y hace juego con el proyecto de ley que discutimos en el primer lugar de la Tabla, sobre indulto general. Se trata de dos importantes iniciativas de nuestro Gobierno, específicamente, del Ministerio de Justicia, que han sido llevadas adelante por el ex ministro Bulnes y el actual ministro Ribera, las cuales han concitado un importante apoyo parlamentario en la Cámara de Diputados y en el Senado.Nada más que dos palabras respecto de la proposición de la Comisión Mixta. En primer lugar, deseo destacar el gran paso adelante que significa tecnificar el sistema de otorgamiento de la libertad condicional. Al respecto el nuevo inciso primero del artículo 5° del decreto ley N° 321, establece en palabras muy sencillas, muy significativas y de mucha trascendencia, que “La libertad condicional se concederá por resolución de la Comisión de Libertad Condicional indicada en el artículo anterior, previos los trámites correspondientes, y se revocará del mismo modo”. De esa forma, la decisión política sale del sistema. En la actual norma, una comisión de libertad condicional, luego de analizar los antecedentes del postulante y de valorar la conveniencia o no de otorgar la libertad condicional, propone al respectivo secretario regional ministerial de Justicia, que conceda o deniegue este beneficio. Por lo tanto, este funcionario político es quien resuelve.A mi juicio, habla bien del Gobierno el hecho de que lleve a cabo una reforma que significará, en este caso, pérdida de poder del Ejecutivo, que lo entregará a un organismo técnico y profesionalizado. En ese sentido, se avanza en lo que algunos planteaban como el objetivo de establecer jueces de penas.En suma, la jurisdicción resolverá sobre el derecho a la libertad condicional. Por ello, reitero, es una buena reforma.Asimismo, el establecimiento de trabajos como pena alternativa, también es una buena noticia. En virtud de esta reforma, este concepto adquiere contorno. Es muy importante lo que aquí se resuelve.Como expresó el diputado señor Burgos, la Comisión Mixta se abocó a resolver la discrepancia suscitada en relación con el artículo 3° del proyecto, que sustituye al artículo 52 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito estupefacientes y sustancias sicotrópicas. En mi opinión, en dicha instancia se llegó a un buen texto. Es adecuada la creación de esta pena en los términos establecidos en la proposición de la Comisión Mixta. Por esa razón, vamos a votar a favor dicha norma.No tengo para qué abundar en comentarios sobre los términos en que quedó redactado el nuevo artículo 52 de la ley N° 20.000. De la simple lectura de sus cinco incisos, se advierte el adecuado concepto de la nueva pena consistente en trabajos comunitarios.Finalmente, reitero que muy contentos y con mucha satisfacción, vamos a apoyar la proposición de la Comisión Mixta.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, siento que debí formular una consulta en alguna de las anteriores etapas de la tramitación legislativa de este proyecto de ley. Considero que todos deberíamos estar interesados en un proyecto de tal trascendencia para la juventud y para la sociedad en que vivimos, en relación con la cual advertimos falta de control, de herramientas para su control. Se trata de un aspecto que hoy se escapa de nuestro quehacer legislativo y, por qué no decirlo, del control de la sociedad. Mi planteamiento no pone en duda el apoyo que, indudablemente, vamos a entregar al informe de la Comisión Mixta. Se trata de lo siguiente: deseo que algún colega jurista -por ejemplo, podría ser el diputado Edmundo Eluchans, quien conoce muy bien estas materias- me aclare qué pasa cuando se trata de asistencia obligatoria a programas de prevención o tratamiento de rehabilitación, pero no como una forma de sustitución de pena, sino por iniciativa de la familia o de alguien ligado al adicto o consumidor de droga.A lo mejor, lo que estoy planteando no tiene nada que ver con este proyecto de ley, pero sí es tremendamente importante tener en cuenta lo que significa para esta gente el abandono de su tratamiento y de la asistencia que se le entrega. Si un adicto, por la vía de la sustitución, debe cumplir con la pena de asistencia obligatoria a programas de prevención, y no lo hace, deberá volver a la cárcel. Pero, volviendo a mi inquietud, en el caso de los que no van a la cárcel, según antecedentes que tengo del Ministerio de Salud ni siquiera el 50 por ciento termina su tratamiento. Entonces, de nuevo las cárceles se llenarán de adictos.Al respecto, cabe preguntar ¿qué otra fórmula podría explorarse para que estos adictos cumplan? Si menos del 50 por ciento de la gente no penada que se somete a programas de esta naturaleza, sigue adelante después de la tercera o cuarta sesión de rehabilitación, entonces debemos concluir que en el caso de quienes, por la vía de la sustitución, deban cumplir con penas de asistencia a dichos programas, no concluirán su tratamiento y después seguramente volverán a la cárcel.Deseo saber si en el sistema judicial existirá dedicación exclusiva para atender a quienes han cometido delitos de esa naturaleza.Pido que alguno de los colegas que integraron la Comisión Mixta dé a conocer si existió discusión al respecto. Finalmente, reitero que no está en duda mi apoyo a la proposición de la Comisión Mixta.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, quiero consultar al ministro sobre los trabajos comunitarios. El inciso primero del artículo 49 bis que se agrega al Código Penal establece que “La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de ésta o en beneficio de personas en situación de precariedad,”.Por su parte, su inciso segundo dispone que “El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por Gendarmería,”. Aparte de esa especificación, no existe mayor detalle de los trabajos comunitarios. Lo pregunto porque, de conformidad con lo establecido en tratados internacionales, está claro que a una persona no se la puede condenar a la cárcel por deudas.A mi juicio, lo relativo a los trabajos comunitarios debería especificarse aún más, puesto que sería una excelente posibilidad para descongestionar las cárceles. Por último, solo a modo de ejemplo, pienso en lo que sucede con el no pago de las pensiones de alimentos. Miles de chilenos deben cumplir reclusión nocturna por dicha causal.Por tanto, en este caso, los trabajos comunitarios también podrían ser una gran alternativa, y el ministro debería profundizar en ella.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera.El señor RIBERA (ministro de Justicia).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer que tantos diputados hayan hecho uso de la palabra para aportar ideas y formular preguntas muy profundas, que demuestran su preocupación respecto de este tema.El diputado señor Ricardo Rincón preguntó, en términos generales, qué pasará con nuestra política penitenciaria y con Gendarmería de Chile. De paso, aprovecho la ocasión para agradecer al señor diputado, porque fue una de las primeras personas que se me acercó cuando asumí este ministerio. En esa oportunidad, me planteó que, en esta materia, no me limitara únicamente a ir a otros continentes, sino también que mirara interesantes experiencias de nuestra propia realidad. Me refiero principalmente a la experiencia de República Dominicana, donde, con pocos fondos, se ha procurado impulsar cambios importantes en la gestión penitenciaria mediante la realización de una mejor segmentación y clasificación de la población penal, y la introducción de criterios de mayor dignidad en los establecimientos penales. Todo ello, por cierto, orientado a una futura orientación. Yo visité esa realidad, y, sin lugar a dudas, algunas de las cosas que estamos haciendo hoy obedecen a lo que vimos en terreno.Viajé a California, ciudad que tiene un sistema con otra orientación, y, como señalé, conocí la realidad dominicana, que es muy interesante. Señor Presidente, por su intermedio le puedo responder al diputado señor Rincón y al resto de los parlamentarios aquí presentes, que lo que nos ilustra es lo que voy a señalar a continuación: Primer gran principio: Racionalización del uso de la privación de libertad. Queremos que la gente que se encuentre privada de libertad lo esté porque es necesario para las investigaciones, para la seguridad de la sociedad o porque efectivamente el cumplimiento de la condena es indispensable para que adquiera nuevas destrezas para reinsertarse socialmente. Esas son algunas finalidades que debemos tener presentes.La privación de la libertad por la privación de la libertad es una mala inversión social: es cara y, en definitiva, probablemente la gente sale peor de lo que ingresó. Por tanto, tenemos que hacer que la cárcel deje de ser la escuela del delito y que se transforme en la escuela para la reinserción social.Hoy, mis honorables ex colegas han conocido dos de los tres proyectos vinculados con la materia: el relativo a la conmutación de penas y el de la libertad condicional. Luego vendrá el proyecto de ley que modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Eso se relaciona con el concepto de racionalización del uso de la cárcel, para que quienes vayan a la cárcel sean los que efectivamente necesitan estar en ella, por las razones antes señaladas.El segundo elemento vinculado con la nueva política penitenciaria es el mejoramiento de las condiciones de dignidad y de trabajo al interior de los penales. Se han implementado 11 medidas en tal sentido, que consideran, entre otras, aumentar las raciones alimenticias, invertir en seguridad, preocuparse de colchones, literas y frazadas, aumentar las horas de desencierro y contar con mejores recursos en tal sentido. Porque una cosa es privar a las personas de su libertad, y otra distinta privarlas de su dignidad. Un asunto que será de creciente preocupación de los organismos internacionales de derechos humanos es la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Eso viene. Hace poco estuve en Ginebra. Por eso puedo asegurar que la muerte de 81 personas privadas de libertad en Chile, de 361 en Honduras y de más de 45 en México, será un foco de preocupación de los organismos internacionales vinculados con dicha materia. Por consiguiente, es fundamental mejorar las condiciones de dignidad.Otro elemento por considerar en la materia dice relación con una nueva política penitenciaria que cambie el perfil de Gendarmería de Chile. Gendarmería es una institución muy valiosa. Sin embargo, tal como históricamente no nos preocupamos de las cárceles, tampoco lo hicimos respecto de ella. Durante el Gobierno pasado se tramitó, y en el actual se aprobó e implementó, una nueva Ley de Gendarmería. Hemos apurado la incorporación de gendarmes: recientemente se incorporaron 1.081, y en los próximos años debemos llegar a 4 mil gendarmes más para que la planta de Gendarmería llegue a 16 mil. Pero quiero ser muy franco: aquí no se trata solo de un asunto de incorporación de más funcionarios a la institución; es creer en Gendarmería de Chile, identificar claramente cuál es su misión. Gendarmería de Chile no es una fuerza militar; Gendarmería de Chile no es una fuerza policial; Gendarmería de Chile no tiene que mirar como patrón de referencia ni a Carabineros ni a Investigaciones. Los funcionarios de Gendarmería de Chile son agentes penitenciarios, y la misión que este ministro le ha asignado a esa institución es la de ser la mejor agencia penitenciaria de Iberoamérica. Por tanto, sus referentes tienen que ser sus pares iberoamericanos, para ser los mejores dentro de ese grupo. El país necesita que Gendarmería de Chile haga una mejor contribución a la seguridad pública, y la institución tiene las capacidades para hacerlo. Tenemos que confiar en ellos e impulsarlos en ese sentido.Una parte de lo que estamos haciendo hoy es modificar la Escuela de Gendarmería de Chile para que su misión, visión y propósito estén más claramente definidos, y para que sus planes de estudio comprendan mayores labores en materia de gestión penitenciaria, administración y derechos humanos. Estos planes de estudio ya se encuentran modificados y se están implementando ahora. Estoy absolutamente confiado en que Gendarmería de Chile jugará un rol muy relevante en materia de seguridad pública; pero lo tiene que hacer no solo impidiendo la fuga de los imputados y condenados, sino también contribuyendo principalmente en su reinserción social.Otro elemento, para dar cuenta de la petición formulada por el diputado señor Ricardo Rincón, es la construcción de nuevos penales. Se trata de una materia compleja. Todo el mundo quiere nuevos penales, pero los quiere lo más distantes posible. La gente dice: “Quiero que los construyan en el desierto”, “quiero que los construyan en una isla”. Son situaciones difíciles. Sobre el particular, deseo expresar que ya contamos con un terreno de 90 hectáreas, ubicado entre la ciudad de Copiapó y el aeropuerto. Se trata de una zona que no representa dificultades de contagio del entorno. Es un terreno fiscal, plano. Ahí construiremos un nuevo centro modelo de educación y trabajo.El segundo terreno también se compró. Durante el gobierno pasado se adquirieron 34 hectáreas cerca de Talca, y lo ampliamos en 40 hectáreas más, que estamos comprando. Ahí se edificará el segundo centro modelo de educación y trabajo. Estamos viendo dónde se construirá el tercer centro, que deberá ubicarse entre Chillán y Los Ángeles. He sido objeto de múltiples consultas de los parlamentarios y las autoridades locales sobre el particular, pero estamos dejando que Gendarmería de Chile nos diga cuál es la mejor opción técnica para esa obra, para luego ver también cuál es la mejor opción técnica y que produzca el menor daño y la menor preocupación en la comunidad del entorno.Finalmente, debemos construir un nuevo centro de recepción y clasificación en Santiago. Al respecto, recientemente recibí la visita del diputado señor Harboe, quien me planteó sus inquietudes en relación con su posible ubicación. En Santiago existen problemas desde el punto de vista del plan regulador. En efecto, diversas municipalidades han modificado su plan regulador a fin de tratar de impedir o limitar la construcción de penales en su territorio. Entonces, enfrentamos un problema real: dónde colocamos a esa gente. En ese sentido, seamos francos: Santiago, dada su población, aporta la mayor cantidad de internos al sistema.Finalmente, tenemos que reorientar a Gendarmería de Chile, de manera que su función no se limite solamente a seguridad de imputados y condenados, sino también a educación y trabajo. Cuando hablo de seguridad de los imputados y condenados no me estoy refiriendo a la seguridad perimetral, con la que hoy contamos, sino a que al interior de los penales, imputados y condenados gocen también de seguridad individual y que no prime la ley del más fuerte. Eso implica cambios de algunas conductas que hoy existen en Gendarmería de Chile, y también en los imputados y condenados y sus familias. El Estado de Chile entrega la alimentación a los imputados y condenados. En consecuencia, no puede ser que siga existiendo la tradición de ingresar semanalmente bolsas de alimentación a los penales, lo que dificulta el control, la seguridad y, en definitiva, la gestión. El manejo de mayor alimentación al interior de los penales también genera estructuras de poder en quien maneja esa alimentación, para brindar o no beneficios a terceros.Entonces, tenemos que transitar hacia un sistema en el cual no exista ingreso de elementos externos a los penales. No es posible que sea necesario destinar gendarmes a una función que se debería controlar mediante la modificación de normas.En lo que respecta a otros planteamientos -como los formulados hace un rato por los diputados Enrique Jaramillo y Jorge Sabag-, la modificación de la ley N° 18.216, que pronto volverá a la Cámara de Diputados, establece una ampliación en la planta civil de Gendarmería en alrededor de quinientos cargos, para ejercer un mayor control y acompañamiento de las personas que cumplen penas sustitutivas a las privativas de libertad, lo que nos brindará un mayor acompañamiento…Un señor DIPUTADO.- Eso es muy poco.El señor RIBERA (ministro de Justicia).- Siempre es poco, señor diputado. Se puede sostener que todos los recursos son pocos, pero es un avance compartido. Este proyecto fue objeto de innumerables modificaciones, gracias a los aportes que formularon diputados y senadores. Es un proyecto que tiene una gran base de sustentación. Por ello, quiero hacer un reconocimiento al aporte que han hecho ambas cámaras. En ellas se generó un alto nivel de consenso, porque estamos ante un problema histórico del cual nos estamos haciendo cargo. En consecuencia, estamos hablando de un mejoramiento tanto en lo que respecta al acompañamiento y supervisión de las personas que cumplirán penas sustitutivas a las privativas de libertad como también en lo relativo a los trabajos comunitarios. No queremos que los trabajos comunitarios sean algo análogo a los trabajos de verano, en los cuales no hay elementos de comprobación, de seguimiento y de medición. Queremos que quien tenga que realizar trabajos comunitarios gratuitos esté sometido a estándares reales de control y de productividad, y, si no los cumple, tendrá que cumplir penas privativas de libertad. Si creamos trabajos comunitarios u otros distintos que signifiquen cumplir penas sustitutivas a las de privación de libertad, pero esto cae en el descrédito, en definitiva habremos cerrado una puerta significativa en relación con la reinserción social.Durante su tramitación legislativa, este proyecto sufrió innumerables transformaciones que lo enriquecieron. Por tanto, quiero agradecer a los honorables diputados y, en forma especial, a los diputados y senadores de las respectivas comisiones técnicas. He dicho.El señor BURGOS (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión Mixta en los siguientes términos:El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En votación el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 8 abstenciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.-Votó por la negativa el diputado señor Marinovic Solo de Zaldívar Miodrag.-Se abstuvieron los diputados señores:Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Norambuena Farías Iván; Rojas Molina Manuel; Sandoval Plaza David; Squella Ovalle Arturo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Despachado el proyecto.AUTORIZACIÓN A BANCO CENTRAL PARA SUSCRIBIR AUMENTO DE CUOTA CORRESPONDIENTE A CHILE EN FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI). Primer trámite constitucional.El señor BURGOS (Presidente accidental).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que autoriza al Banco Central a suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario Internacional (FMI).Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Alejandro Santana.Antecedentes:-Mensaje, boletín N° 8217-05, sesión 7ª, en 22 de marzo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 1.-Primer informe de la Comisión de Hacienda, sesión 16ª, en 17 de abril de 2012. Documentos de la Cuenta N° 5.El señor BURGOS (Presidente accidental).- Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.El señor ANDRADE.- Señor Presidente, en el segundo lugar de la Tabla figura el proyecto de ley que regula la representación judicial de las organizaciones sindicales respecto de sus afiliados.El señor BURGOS (Presidente accidental).- Señor diputado, tiene toda la razón. Lo que ocurre es que se alteró el orden de la Tabla porque el Ejecutivo calificó de suma la urgencia del proyecto que aparece en el tercer lugar.El señor ANDRADE.- ¿Ese cambio se hizo ahora, señor Presidente?El señor BURGOS (Presidente accidental).- Así es, señor diputado. En la Cuenta de hoy se informó al respecto.Tiene la palabra el diputado informante.El señor SANTANA (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que autoriza al Banco Central para suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario Internacional (FMI).Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, y el presidente del Banco Central, señor Rodrigo Vergara.En el mensaje se hace presente que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, mediante Resolución N° 66-2, adoptada a partir del 15 de noviembre de 2010, resolvió duplicar el total de cuotas del Fondo de 238,4 mil millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) a 476,8 mil millones de DEG.En el caso de Chile, esto implica aumentar su cuota de 856,1 millones de DEG a 1.744.3 millones de DEG, aumentando la participación relativa del país en el Fondo Monetario Internacional de 0,359 por ciento a 0,366 por ciento. Lo anterior implica incrementar el poder de voto de Chile, que suma los denominados votos básicos de cada miembro a su participación en el capital, de 0,369 por ciento a 0,375 por ciento.Con fecha 30 de noviembre de 2010, el presidente del Banco Central de Chile, en su calidad de gobernador propietario ante el FMI, votó favorablemente el aumento antes señalado. No obstante, de acuerdo con la Resolución N° 66-2, la cuota de un país miembro solo se entiende efectivamente aumentada cuando el país respectivo ha consentido en el aumento y ha pagado la correspondiente suscripción. El pago del aumento de la cuota deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que el gobernador por Chile notifique su consentimiento o en que sea declarada la efectividad del aumento, cualquiera que sea la última fecha.Para dar cumplimiento a la citada Resolución N° 66-2 de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, el presente proyecto de ley propone facultar al Banco Central de Chile para emplear su disponibilidad de reservas con el fin de aumentar de 856,1 millones de DEG a 1.744,3 millones de DEG la cuota que corresponde a Chile en el referido organismo internacional.El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 20 de septiembre de 2011, señala que dado que el aporte que se solicita autorizar para completar dicha cantidad proviene de las reservas del Banco Central, el proyecto de ley no tiene impacto sobre el presupuesto fiscal.En la discusión general y particular, don Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central de Chile, afirmó que nuestro país, en el marco de una política de Estado, ha enterado regularmente las cuotas en el FMI, como una clara muestra de compromiso que tiene con el cumplimiento de sus obligaciones como miembro del sistema monetario internacional.Agregó que la 14ª Revisión General de Cuotas, aprobada por los gobernadores del FMI en 2010, se da en un contexto en que la economía global ha experimentado cambios importantes que han implicado un significativo aumento del peso relativo de los países emergentes, con la correspondiente disminución de las economías industrializadas. Al concluir, el presidente del Banco Central reiteró la disposición de este y de su consejo, si el proyecto es aprobado por el Congreso Nacional, a enterar el aumento de cuota en el FMI, como una clara muestra del compromiso que tiene Chile -en el marco de la política de Estado seguida desde que se constituyó el FMI- con el cumplimiento de sus obligaciones como miembro del sistema monetario internacional.El ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín, recordó que la crisis financiera de 2008 generó necesidades de financiamiento para el FMI, las que se cubrieron, en primer lugar, a través de créditos bilaterales superiores a los 200 mil millones de dólares y, luego, mediante acuerdos para la obtención de préstamos, por un total de 590 mil millones de dólares. Posteriormente, en diciembre de 2010, el directorio ejecutivo del Fondo aprobó un programa que concluyó con el mayor aumento de cuotas de su historia, al duplicar las existentes hasta entonces, pasando de 371 mil millones de dólares a 742 mil millones de dólares. Esto significa para Chile más que duplicar su cuota, porque, dentro del aumento de capital del Fondo, nuestro país incrementa también su participación relativa, de 0,359 a 0,366 por ciento -lo mismo que la Silla del Cono Sur, que integran, además, Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay, que pasa de 20,4 a 24,4 por ciento de participación-, aumentando también el peso relativo de Chile en el FMI.El proyecto fue tratado y acordado en sesión de fecha 11 de abril de 2012, con la asistencia de los diputados señores Silva (Presidente), Auth, Godoy, Jaramillo, Lorenzini, Macaya, Marinovic, Montes, Ortiz, Recondo, Robles, Santana y Von Mühlenbrock, según consta en el acta respectiva.Es todo cuanto puedo informar.He dicho.El señor BURGOS (Presidente accidental).- En discusión el proyecto.Tiene la palabra al diputado señor Carlos Montes.El señor MONTES.- Señor Presidente, ante todo, quiero informar que en la votación efectuada en la Comisión me abstuve.Voy a tratar de explicar lo que ocurre. Mediante este proyecto estamos planteando un incremento del aporte de capital por 1.382 millones de dólares; teníamos 1.330 millones y subimos a 2.712 millones de dólares. La unidad que se usa es el DEG, es decir, derechos especiales de giro.De este aporte, 342 millones son en dólares, y el 75 por ciento restante, en pesos chilenos, lo que tiene la ventaja de convertir al peso en parte de nuestra reserva internacional.Lo que planteé en la Comisión -se lo consulté al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central- es que, si el Congreso Nacional tiene que tomar una decisión de esta naturaleza, debe tener más antecedentes relacionados con lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional frente a la crisis actual y a las anteriores. ¿Por qué llegó tarde y por qué, inicialmente, enfocó de manera errática la crisis asiática, cuestión que el propio ministro de Hacienda reconoció? ¿Cómo ha enfrentado la actual crisis, que es expresión de la crisis de Estados Unidos de América, que, a su vez, es distinta de la europea? Además, hay que conocer los debates de los organismos del Fondo Monetario Internacional, porque, si bien es cierto que solo tenemos un pedacito de la Silla del Cono Sur, participamos en los debates. En particular, hay que saber cuál ha sido la posición de Chile, que tuvo un vicepresidente, y entiendo que ahora tiene un jefe en un área muy importante. Como digo, hay que saber qué posición ha tenido nuestro país en dicho organismo.He tenido oportunidad de leer a Stiglitz y a otros autores que, en general, son muy críticos del diagnóstico y de las propuestas del Fondo Monetario Internacional, tanto respecto de la crisis europea como de su expresión norteamericana. Su crítica es que el FMI tiende a contener, a comprimir, a disminuir el gasto, con lo cual, en lugar de contribuir a que las economías se reactiven, provoca el efecto contrario. Es un asunto más complejo que esto, pero en esa dirección apuntan las críticas; es decir, que tenemos un FMI muy conservador desde el punto de vista de la forma en que se debe enfrentar una crisis, en particular en el caso de España y de otros países.No pretendo opinar sobre los diagnósticos y la propuesta, sino solo conocer qué rol ha jugado el FMI frente a esta crisis y a otras ocurridas en el pasado.En la Comisión, el ministro de Hacienda nos dijo que él había discrepado absolutamente del Fondo Monetario Internacional, en relación con su diagnóstico y con su propuesta frente a la crisis asiática; que dicho Fondo se había equivocado mucho. Por lo demás, es lo que se dijo en la literatura y en todos lados.Se plantea incrementar el aporte de nuestro país al FMI en una suma muy significativa, porque 1.382 millones de dólares son más que los 700 millones de dólares que se pretende recaudar mediante una reforma tributaria, aunque, por cierto, en varios años; son muchos recursos. El presidente del Banco Central nos dijo que hoy tenían 40 mil millones de dólares de reserva y que, por lo tanto, no era tan significativo aportar dicha suma. El punto es que a uno le surgen dudas sobre la materia, por lo que sería conveniente tener un debate más amplio -normalmente, lo hace el Senado- sobre lo que está ocurriendo con esa reserva. Cuando en 1999 el Congreso Nacional aprobó destinar menos recursos que estos, se cuestionó la forma en que el Banco Central estaba tratando el tema de la reserva. Es cierto que requiere estabilidad; pero, ¿qué está haciendo con ella y cómo está aportando al país? Sé que esta discusión no es solo con el Ministerio de Hacienda, sino también con el Banco Central, relacionada con la forma en que estamos tratando esta materia. No sé si la rentabilidad de la reserva es óptima, no sé si es similar a la del Fondo de Estabilización Económica y Social; no lo sé. Son cuestiones que consultamos, pero como no escuché ninguna respuesta satisfactoria ni tuve suficientes elementos para convencerme de que era una buena decisión, me abstuve, pese a entender y saber que, actualmente, parece que no existe otro lugar en el mundo donde se puedan juntar todos los sectores. Es cierto; el Fondo Monetario Internacional -en forma secundaria, también el Banco Mundial- es el lugar en el cual se juntan todos los actores a discutir sobre la crisis financiera. Esto lleva a decir que, al no haber alternativas, está este aporte -es lo que hay, como dicen los jóvenes-; sin embargo, por lo menos en conciencia, antes de aprobar este aporte hay que saber cómo lo ha hecho, cómo se ha jugado Chile en el FMI y qué margen de acción tiene nuestro país para asegurar que este Fondo contribuya con diversas respuestas a solucionar la crisis y a tener un diagnóstico más comprensivo, no un enfoque que, al parecer, tiende a ser bastante sesgado y con una sola visión.Por eso, nuevamente no voy a votar a favor este proyecto, hasta que no exista mayor claridad.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, el Banco Central de Chile solicita a la Cámara de Diputados que apruebe el proyecto de ley para suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario Internacional, por una suma de 1.382 millones de dólares, con la cual se llegará a un total de 2.712 millones de dólares. El Banco Central es un organismo autónomo del Estado, cuyo objetivo es velar por una inflación sana para la economía, fijada en un porcentaje de 3 por ciento anual. Se presume que este aumento no tendrá efectos en el presupuesto de este año, aprobado en 2011. Así lo demuestra el informe financiero que se conoció durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Nótese que la forma de financiamiento será, en el 25 por ciento, con cargo a las actuales reservas del Banco Central en moneda extranjera, que han generado pérdidas en las inversiones del Banco Central. En efecto, en su estado financiero, a marzo de 2012, el Banco Central dio a conocer pérdidas en cambios (netas), cercanas a los 2 mil millones de dólares.El aumento de la cuota hará más eficiente las inversiones del Banco Central, primero, por transformar monedas extranjeras -dólares o euros- en derechos especiales de giro -moneda ficticia que se crea a partir de una canasta de monedas representativa de la economía más estable y el peso relativo de ella en la economía mundial-, logrando con ello que el valor sea menos volátil que las actuales inversiones en dólares y euros.Conjuntamente, los préstamos que realiza el Fondo Monetario Internacional aseguran una tasa de interés o rentabilidad que, si bien es pequeña, otorga un mayor retorno en las actuales inversiones. El 25 por ciento que Chile debe enterar en moneda extranjera asciende a la cantidad de 342 millones de dólares, que corresponden al 0,8 por ciento de los activos de las reservas del Banco Central, a marzo del 2012.Un aumento de las reservas del Banco Central es lo mismo que sacar dinero de la economía. Por lo tanto, si hay menos dinero en la economía, hay menos consumo, con lo cual los precios tienden a bajar, contrarrestando la inflación local.Dado que el 25 por ciento del monto antes referido involucra un cambio de la estructura de la reserva, se puede decir que esto no tendrá efecto en la economía, pero aumentará el pasivo en 3,2 por ciento, para incrementar los activos o reservas internacionales. Habrá efectos de corto plazo en la economía, como el citado, más una apreciación del peso chileno o disminución del valor del dólar.En conclusión, un aumento de la participación de Chile en el Fondo Monetario Internacional nos beneficiará en la eficiencia y rentabilidad de las reservas actuales del Banco Central.Además, aumentará nuestra presencia internacional en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, posicionando al país y su estabilidad macroeconómica, lo que repercutirá en el fomento de la inversión internacional de Chile, que en la actualidad compite con países como Colombia y Brasil, que están en la lista de los que aumentaron o aumentarán su participación en el Fondo Monetario Internacional.Según el estado financiero a marzo de 2012, existirá un incremento de los pasivos de 3,2 por ciento, para traspasarlo como reserva.No se expresa en qué forma o qué instrumentos utilizará el Banco Central en dicha emisión, lo cual determinará la magnitud de los efectos y el tiempo que afectará el precio del dólar.Por cierto, el Banco Central es un organismo autónomo y técnico, en virtud de lo cual se asume que las propuestas que entrega van en la dirección de su respaldo constitucional.En suma, los montos no son gravitantes para la gestión del Banco Central y no se pone en riesgo la economía interna. Por el contrario, se observan más beneficios que costos, a pesar de que no queda expresado ni se deja en claro, reitero, que la nueva participación será financiada en 75 por ciento por medio de emisión de deuda.Por lo tanto, al igual como lo decidió la Comisión de Hacienda, vamos a votar favorablemente para que así el Banco Central suscriba este aumento de cuota.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, está claro que el proyecto que autoriza al Banco Central para suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario Internacional (FMI), es un tema diverso, de aporte, de capacidad en lo económico. En suma, estamos hablando de cifras. Si seguimos mirando cifras, nos daremos cuenta de lo bien que estamos.Nuestro país aportará un aumento de cuota. El problema es que no conocemos -ni podemos opinar- hacia dónde va o qué institución manejará esos recursos. Me refiero a la institución que reciba el depósito del Banco Central de Chile. Eso concierne a lo que decida su Consejo.Muchas veces, nosotros, los fiscalizadores de la república, realizamos la consulta respectiva al Banco Central, pero esta queda sin respuesta. La respuesta se desvía, por decir lo menos. Por lo tanto, no hay mucho que hacer hasta que no tengamos otra legislación respecto de esta entidad.Este aumento de cuotas del Fondo que enteran los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, se expresa mediante una moneda especial denominada derechos especiales de giro (DEG).Hay detalles que siempre provocan inte-rrogantes. Queremos participar y demostrar. Este mayor aporte nos hace sentir bien. Sin embargo, algunos deseamos ir un poquito más allá y saber cómo se están manejando esos 40 mil millones de dólares. El mundo fiscalizador, del cual formamos parte los parlamentarios, requiere un poco más de conocimiento, naturalmente con la debida discreción que debe tratarse el tema.La Comisión de Hacienda prestó su apoyo a este mayor aporte, que se enterará con fondos de la reserva del Banco Central, en el entendido de que no afectará al presupuesto fiscal.Un aspecto que nos deja tranquilos es que los aportes pasan a ser reservas del Banco Central.Seguiremos siendo críticos de la forma en que el Fondo Monetario Internacional aplica sus planes de estabilización a países que se encuentran en problemas. Quienes nos interesamos en entender la materia económica, advertimos que cuando el Fondo Monetario Internacional interviene, al parecer le interesa mantener a ese nuevo cliente en la situación de crisis económica que vive.Eso no se expresa en la reglamentación pertinente. Sin embargo, los economistas internacionales llegan a la conclusión de que al FMI le interesa mantener en situación de crisis al cliente que tuvo la mala suerte en provocar problemas a causa de su manejo económico interno.En cuanto al proyecto, al parecer es importante pertenecer a ese organismo internacional tan necesario. Con su mayor aporte, nuestro país demuestra por qué está bien considerado. Esperamos que con ello, ante una eventual crisis -como la que vivimos en la década del 80, o una más pequeña que tuvo lugar entre los años 2007 y 2008-, no seamos sometidos a la intervención de tantos organismos internacionales. En suma, la iniciativa habla bien de Chile y, en consecuencia, no nos podemos restar. Sin embargo, insisto, esto nos debe-ría hacer reflexionar sobre la necesidad de modificar la legislación, a fin de que el instituto emisor se vea obligado a responder las preguntas que formulan los legisladores, como ocurrió con ocasión de una conversación que se sostuvo con autoridades del Banco Central, oportunidad en la cual se solicitó el apoyo a este nuevo aporte de Chile al FMI.Finalmente, pese a que subsisten algunas dudas, anuncio mi voto favorable al proyecto. He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, no soy experto en la materia, pero tiendo a coincidir con lo planteado por el diputado Carlos Montes.Cuesta entender la razón por la cual Chile deba suscribir un aporte de capital de esta envergadura con el Fondo Monetario Internacional.Leí una noticia que dice que el FMI proyecta un posible colapso por el plan de saneamiento de la banca, y una disminución del crecimiento a consecuencia del plan europeo de rescate de esos mercados.El mundo lleva largo tiempo discutiendo sobre la reforma a las instituciones de Bretton Woods. Chile ha sido uno de los países que, en forma permanente, ha planteado la necesidad de construir una nueva arquitectura financiera internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial expresan más bien los inte-reses de las potencias centrales, no los de los países en desarrollo. En consecuencia, los intereses de Chile claramente no están recogidos ahí. Todos sabemos que, por ejemplo, a propósito de la salida de Dominique Strauss-Kahn del FMI, varios países -entre ellos, algunos muy importantes de nuestra región-, estimaron que se abría la posibilidad de acabar con este acuerdo tácito entre Estados Unidos de América y la Unión Europea respecto de la titularidad de la propiedad del cargo de director gerente del FMI y de presidente del Banco Mundial. En efecto, hoy el FMI está en manos de los franceses -su directora gerente es la ex ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde-, y el Banco Mundial es administrado por los norteamericanos. Leí noticias en el sentido de que varios países están haciendo lo mismo que hará Chile. Me gustaría saber por qué. ¿Hay alguna coincidencia? ¿Obedece a alguna reunión o acuerdo del FMI en el que Chile participó? Me gustaría que el ministro de Hacienda subrogante nos respondiera; porque me parece curioso que tres o cuatro países estén suscribiendo nuevos aportes al FMI en momentos en que se encuentra en pleno desarrollo la crisis europea.Si vamos a autorizar ese aporte con recursos chilenos -insignificantes si se los compara con los que está consiguiendo el FMI gracias a este nuevo aporte de países, pero que para nosotros, como dijo el diputado Carlos Montes, representa varias veces la potencial recaudación prevista como consecuencia de una reforma tributaria-, me gustaría saber qué gana Chile. En mi opinión, no tenemos problemas de acceso a financiamiento por la vía del endeudamiento externo. Sin embargo, existe la idea de que Chile no se puede endeudar. Así, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda siempre ha dicho a propósito de un proyecto muy importante para mi región, como es la construcción del túnel de Agua Negra, que si hay algo que a Chile no le conviene es endeudarse, porque tiene posibilidades de recurrir a otras formas de financiamiento. Entonces, reitero que me gustaría comprender la verdadera razón de este aporte y qué ganará Chile; de qué estamos hablando, dada la información que figura en la prensa económica internacional respecto del anuncio del FMI sobre la disminución del crecimiento económico global. Finalmente, me gustaría saber por qué estamos hablando de un monto de esta naturaleza. Deseo hacer un recuerdo. Durante el gobierno del Presidente Lagos e, incluso, en el de la Presidenta Bachelet, hubo un intenso debate sobre la posibilidad de que Chile suscribiera un aporte de 50 millones de dólares -ahora estamos hablando de más de mil millones de dólares- a la Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que nos permitiría obtener derechos que no tenemos. Al respecto, entiendo que se sigue planteando que si Chile hiciera un aporte mayor, podría conseguir un asiento en el directorio de la CAF. Pues bien, uno de los ministerios que se opuso en forma radical fue el de Hacienda, porque entendió que Chile no tenía intereses estratégicos en ese tipo de instituciones, y que, en consecuencia, no se justificaba un aporte de esa naturaleza. Como dice un aforismo jurídico, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición. Esto no me cuadra ni me parece coherente. Por lo tanto, de no mediar una muy buena respuesta del ministro de Hacienda subrogante, voy a votar en contra el proyecto de ley.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.El señor SILVA.- Señor Presidente, sin perjuicio de lo que pueda decir el ministro de Hacienda subrogante, voy a tratar de responder algunas inquietudes que planteó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.Quiero referirme a aspectos de forma, y luego, al fondo del proyecto.En lo que tiene que ver con la forma, este proyecto tuvo una buena tramitación. Fuimos recibidos por el Consejo del Banco Central en sus dependencias para tratar no solo la materia en estudio, sino también la relación de la Cámara de Diputados con el Banco Central, que aparece algo débil. Por los motivos que se han planteado en la Sala, es necesario fortalecer un mayor conocimiento, por ejemplo, del trabajo en materia de reservas internacionales y de lo que tiene que ver con política monetaria. Existe un vínculo muy fuerte del instituto emisor con el Senado, pero no con la Cámara, que es algo que se podría desarrollar. La reunión se llevó a cabo de muy buena manera, y fuimos recibidos por el presidente y dos consejeros. El proyecto fue tratado en una sesión de la Comisión, oportunidad en la cual se contó con la presencia del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central, quien vino a hacer sus planteamientos. En la Comisión, el proyecto fue aprobado por nueve votos a favor y una abstención, del diputado señor Carlos Montes, como expresó el diputado informante, señor Alejandro Santana.También quiero referirme a una de las inquietudes del diputado Marcelo Díaz, respecto de por qué se presenta un proyecto de ley en relación con esta materia. La respuesta es porque hay una modificación de un tratado multilateral. Por lo tanto, al ser Chile parte de un tratado como el suscrito con el Fondo Monetario Internacional y cambiar la forma en que participa, se requiere una disposición legal para que esto tenga efecto en el país. Ésa es la razón de la norma. Al respecto, debemos recordar que en varias oportunidades se han introducido modificaciones de similar naturaleza, las cuales han sido tratadas por el Congreso Nacional. Así, por ejemplo, en 1959 tenemos la ley Nº 13.305; en 1960, la ley Nº 14.171; en 1968, la ley Nº 16.735. Posteriormente, en los años 90, la ley Nº 19.103, de 1991, y la ley Nº 19.603, de 1999. Durante la tramitación de todos los respectivos proyectos de ley, siempre hubo un amplio acuerdo en el Congreso Nacional para autorizar al Banco Central a suscribir acuerdos.Segundo tema asociado a la forma: ¿Quién es el encargado de tomar compromisos en el nombre de Chile, para, después, ser ratificados o no por el Congreso Nacional? En el caso de este acuerdo referido al Fondo Monetario Internacional, la atribución se delega en el Presidente del Banco Central, quien ejerce el rol de gobernador ante el Fondo. Por lo tanto, los acuerdos que él suscriba generan un compromiso, y el Congreso Nacional debe pronunciarse positiva o negativamente sobre eso. En consecuencia, acá, en el Congreso Nacional, es donde se toma finalmente la decisión. En este caso -para responder una inquietud planteada en la Sala-, en noviembre de 2010 el Fondo Monetario Internacional tomó un acuerdo en el sentido de que, dada la necesidad de generar más préstamos para apoyar a países en materia de superación de la pobreza, y considerando la crisis financiera internacional y la necesidad de disponer de más recursos para mantener la solvencia monetaria, que es su rol, se hacía necesario duplicar las cuotas, de manera de tener más capacidad para ayudar. El acuerdo de noviembre de 2010 fue suscrito por el Estado chileno, representado por su gobernador ante esta instancia, es decir, el presidente del Banco Central. Ahora, el Congreso Nacional le corresponde pronunciarse al respecto.Quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, el Banco Central no tiene iniciativa de ley, y, por lo tanto, no puede presentar un proyecto de ley. En consecuencia, se requiere de una instancia Ejecutiva que lo patrocine, en este caso, el Ministerio de Hacienda, que lo presentó. En segundo término, señor Presidente, por su intermedio deseo hacer una observación al señor ministro. Creo que debería existir un plazo razonable entre el momento en que el Estado de Chile adopta un compromiso internacional, como la suscripción de un acuerdo de este tipo, y el momento en que el respectivo proyecto de ley ingresa a tramitación al Congreso Nacional. Lo digo porque a veces un proyecto se tiene que discutir en forma muy rápida, en circunstancias de que existe un acuerdo tomado hace bastante tiempo. Creo que eso es algo que podríamos revisar.Comparto que el Congreso Nacional -quizá, las Comisiones de Hacienda y de Relaciones Exteriores pueden ser las instancias- tiene que discutir más y conocer más sobre el rol que Chile está teniendo en los organismos internacionales. Eso no se aborda en un proyecto de ley tan puntual y específico como este, pero es un debate del cual no hay que sustraerse. Si se mira lo que ha sucedido en relación con este acuerdo, se advierte que, a la fecha, más del 70 por ciento de los compromisos sobre aumento de fondos ya se han suscrito. Eso es muy importante, porque significa que Chile no está yendo a la deriva; no se trata de un aporte comprometido por varios, pero no ejecutado por ninguno, por cuanto, reitero, ha sido ampliamente suscrito y ejecutado por gran parte de los países que participaron en ese acuerdo.Otro punto al que quiero referirme -lo señaló el diputado Enrique Jaramillo- es que esta autorización al Banco Central produce dos efectos: uno, que hay que hacer un aumento o aporte en moneda dura, cercano a 340 millones de dólares; pero el resto, en la práctica, corresponde a un aumento de las reservas. Aquí hay un ejercicio de tipo contable en las reservas internacionales del Banco Central, como se explica en el informe de la Comisión de Hacienda, donde dice que “del aumento total de cuotas, al Banco Central de Chile le corresponderá enterar aproximadamente 222 millones de DEG (342 millones de dólares) como proporción en moneda extranjera, lo cual involucra un cambio en la composición de sus reservas internacionales.”. Y agrega: El resto de la cuota se constituye en moneda local, a través de una cuenta contable en los activos y una cuenta equivalente en los pasivos del Banco. Por lo tanto, de aprobarse el proyecto de ley en discusión, una vez enterado este aumento de cuota, el nivel de reservas internacionales se incrementará en alrededor de 666 millones de DEG (1.024 millones de dólares). Quiero terminar mi intervención haciéndome cargo de la inquietud que planteó el diputado señor Marcelo Díaz, en cuanto a qué ganamos como país al suscribir el aumento de la cuota del FMI. Diría que ganamos en tres aspectos. En primer lugar, honrar los compromisos que nuestro Estado adquiere por su participación en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ha intentado aportar seriedad en el tiempo, independientemente de que ahora podamos debatir el rol que está cumpliendo.La segunda ganancia es la posibilidad de acceder a financiamiento en caso de requerirlo. Ojalá que eso no suceda -no ha ocurrido en mucho tiempo-, pero, en caso de ser así, podremos acceder a montos mayores que los que tenemos hasta hoy. Por lo tanto, si aumentamos nuestra cuota, contaremos con mayor respaldo ante el caso de presentarse algún problema.En tercer lugar, Chile, al elevar sus derechos entre los países que integran la denominada Silla del Cono Sur, mejorará su poder político en el Fondo Monetario Internacional. Por último, si se observa el mapa sinóptico de la 14° revisión de cuotas, que se incluye en el informe de la Comisión de Hacienda -lamentablemente, no se alcanza a apreciar bien, porque no aparece en colores-, se podrá notar el significativo aumento del peso relativo de los países emergentes, entre los que Chile adquirirá mayor influencia.Espero haber aclarado algunas dudas. Por las razones señaladas, creemos que la iniciativa en discusión -tal como ocurrió con los proyectos de ley sobre la materia sometidos a la consideración del Congreso Nacional en 1991 y 1999, los que fueron aprobados por amplia mayoría-, deberá ser votada favorablemente por la Sala, tal como sucedió en la Comisión de Hacienda.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.El señor VENEGAS.- Señor Presidente, voy a abordar el proyecto desde la perspectiva de una persona que no es especialista en la materia -como un diputado que no es miembro de la Comisión de Hacienda-, es decir, desde el punto de vista del ciudadano común, como es la mayoría de las personas que representamos.Cuando vi en Tabla la iniciativa, me llamó la atención, pues con todas las necesidades que Chile tiene en distintos ámbitos, me pregunté cómo se podía explicar que nuestro Gobierno, a través del Banco Central -entidad que es autónoma-, propusiera al Congreso Nacional la aprobación de un proyecto que plantea la inversión de una cantidad significativa de recursos -del orden de 1.400 millones de dólares- para duplicar su cuota en el Fondo Monetario Internacional. Parece un contrasentido, incluso como una cuestión de carácter técnico, ya que hasta las unidades de medida son distintas, porque para el incremento que se plantea se considera un aporte en moneda dura, el cual, como explicó el diputado Silva, es del orden de 340 millones de dólares, más otra reserva en moneda nacional, que equivale a una cantidad levemente superior a mil millones de dólares.Me pregunto cómo se puede explicar y hacer entender al chileno común que eso es bueno para el país, porque cuando uno tiene dinero disponible, lo normal es que lo use para satisfacer sus necesidades, y en Chile hay muchas.Entonces, como no soy experto en la materia, al estudiar el proyecto, consideré que había que preguntarse cuál sería el beneficio para el país. En ese sentido, hay una demanda para el ministro de Hacienda subrogante, en términos de que explique a la ciudadanía, de manera sencilla, cuáles serán esos beneficios. Pero para ello no debe utilizar conceptos técnicos alambicados, que la mayoría no va a entender, sino términos sencillos.Luego de revisar el proyecto -me ayudó mucho la intervención del diputado Silva-, puedo señalar los siguientes beneficios que la iniciativa tendrá para el país.Primero, el aumento de la participación de Chile y de su peso específico en el Fondo Monetario Internacional, en particular en este sector del mundo.Segundo, dar continuidad a la política de Estado que Chile ha seguido en materia de participación en el Fondo Monetario Internacional. En efecto, ya se accedió a solicitudes similares de aumento de su participación en ese organismo en 1991 y 1999.En tercer lugar, se menciona como un aspecto positivo el aumento de las reservas internacionales que el país hará, las que ascienden a prácticamente mil millones de dólares.Finalmente, en la eventualidad de que tengamos problemas de balanza de pago, como ocurre en otros países -ojalá no ocurra, aunque nadie está libre en el futuro-, Chile podrá aumentar su capacidad de endeudamiento hasta seis veces el valor de la participación que tiene en el FMI.Entonces, sin ser un experto en el tema, encuentro que hay razones interesantes que hacen entendible el proyecto de ley. No obstante, insisto en que a la inmensa mayoría le resulta difícil comprender que estemos disponiendo recursos, a través del Banco Central, para los fines señalados.En consecuencia, el ministro tiene la importante responsabilidad de hacer más claros, evidentes y explícitos los beneficios que representará para el país una iniciativa como la que estamos discutiendo.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda subrogante, señor Julio Dittborn.El señor DITTBORN (ministro de Hacienda subrogante).- Señor Presidente, quiero contestar en forma muy simple al diputado señor Venegas, quien habló desde la perspectiva de los ciudadanos, en virtud de la representación que de ellos tiene en la Sala.En primer lugar, cabe aclarar que la decisión de aumentar la participación de Chile en el Fondo Monetario Internacional no tendrá ningún impacto sobre el presupuesto fiscal; cero impacto. De manera que todos los chilenos pueden estar tranquilos en cuanto a que no significará disminución del gasto en educación, en salud, en obras públicas, en ningún ministerio, puesto que no se tocará el presupuesto público. En ese sentido, no habrá un esfuerzo fiscal que signifique dejar de hacer algunas obras para cumplir con el aumento de capital que se propone.Asimismo, quiero señalar al diputado Venegas, así como al resto de la Sala, que para cumplir con lo que se propone se debe efectuar un cambio en la composición de las reservas del Banco Central. El instituto emisor tiene alrededor de 40 mil millones de dólares en reservas internacionales, las que están invertidas en distintas monedas y activos a lo largo del mundo. Al respecto, creo que sería bueno acoger la sugerencia del diputado Montes, en el sentido de que la Sala celebre una sesión especial con la participación del presidente del Banco Central, para que explique en qué se han invertido esas reservas, cuál es su rentabilidad para el país y cómo se compara esa rentabilidad con otros fondos que el Estado tiene invertidos en el exterior. Creo que sería un tema interesante.Tal como lo señalé, la composición de esas reservas cambiará. De ellas se dedicarán 350 millones de dólares -de los 40 mil millones que tiene Chile como reservas- para comprar los derechos especiales de giro, que son una especie de moneda, con la que se expresan los activos del Fondo Monetario Internacional. Entre paréntesis, los derechos especiales de giro también generan un interés, que es comparable al que generan los depósitos en distintas monedas. Por lo tanto, el monto que se utilizará para ese fin es bastante menor.El resto de la inversión se hará en pesos chilenos, la que se efectuará para comprar derechos especiales de giro, que también se invertirán en el exterior.De manera que lo que propone el proyecto no sacrifica, de ninguna forma, los presupuestos del Estado en ningún ministerio. Básicamente, lo que se hace es cambiar la composición de las reservas internacionales del Banco Central, pero sin perjudicar la rentabilidad que el Banco Central está obteniendo de esas reservas.Dicho eso, creo que es importante honrar, mediante la aprobación de este proyecto, los compromisos internacionales que Chile tiene y que en esta materia se iniciaron en 1944, cuando fue creado el sistema multilateral de financiamiento.Quiero expresar que nuestro país ha concurrido, en forma sistemática, a ocho aumentos de capital del Fondo Monetario Internacional: en los años 1959, 1960, 1968, 1971, 1977, 1979, 1991 y 1999. En las dos últimas ocasiones, en 1991 y 1999, la aprobación parlamentaria se materializó por la unanimidad de los señores diputados. Esto refleja un apoyo transversal y sistemático de nuestro Congreso Nacional hacia los compromisos internacionales del Estado de Chile.Muchas gracias.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que autoriza al Banco Central de Chile para suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario Internacional (FMI).Todas las normas de este proyecto son propias de ley simple o común.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 4 abstenciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco Antonio; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo.-Se abstuvieron los diputados señores:Farías Ponce Ramón; Jiménez Fuentes Tucapel; Montes Cisternas Carlos; Pascal Allende Denise.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDODECLARACIÓN DE FERIADO ESCOLAR PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 17 Y EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. (Preferencia).El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- De conformidad con lo resuelto por los Comités, corresponde tratar con preferencia el proyecto de acuerdo N° 596, a cuya parte dispositiva va a dar lectura el señor Prosecretario.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 596, de los diputados González, Araya, Silber, Accorsi, Aguiló, Rojas, Verdugo, Monsalve, Espinosa, don Marcos, y Teillier, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el Presidente de la República instruir al ministro de Educación a fin de que se declare feriado escolar entre los días 17 y 21 de septiembre del 2012, estableciendo, de considerarlo necesario, las condiciones de recuperación o compensación de las jornadas escolares correspondientes.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado Rodrigo González.El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, este proyecto es muy importante para todos los establecimientos educacionales del país y por eso ha sido suscrito por diputados de todas las bancadas de la Cámara. La idea es declarar feriado escolar la semana entre el 17 y 22 de septiembre. Ello permitiría que se recuperara la tradición en Chile de que exista una semana escolar de Fiestas Patrias y, sobre todo, que los establecimientos educacionales aprovechen mejor el tiempo, puesto que, al haber en esa semana tres días feriados -lunes, martes y miércoles- debido a la celebración de Fiestas Patrias, el jueves y viernes serán poco utilizados en actividades escolares. En cambio, si esos dos días son aprovechados para realizar actividades recreacionales, para la planificación de los profesores o para el descanso de la comunidad escolar, podrá terminarse de mejor manera el año escolar. Por lo demás, esos dos días podrán ser recuperados posteriormente durante el período de fin de año.Este proyecto de acuerdo, además, permitirá que en las zonas turísticas se utilice de mejor manera una semana completa para el impulso de actividades que pueden generar mayores ingresos.Por lo expuesto, y en atención a que todas las bancadas han suscrito este proyecto de acuerdo, solicito a mis colegas que lo aprueben, a fin de pedir al Presidente de la República que instruya al ministro de Educación que declare feriado escolar entre los días 17 y 21 de septiembre.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.El señor VENEGAS.- Señor Presidente, luego de revisar el calendario, me parece que lo que se solicita en el proyecto de acuerdo tiene un sentido práctico muy concreto y razonable. Si todos esos días no se declaran feriados, esa semana quedará cortada. Además, para quienes venimos de la vieja escuela en educación, las vacaciones de Fiestas Patrias eran una tradición en el país. En ese sentido, tiene razón el diputado González, quien, además, es autor del proyecto.Por ello, anuncio que votaré a favor el proyecto de acuerdo e invito a la Sala a que proceda de la misma forma.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado el proyecto de acuerdo. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Arenas Hödar Gonzalo; Sauerbaum Muñoz Frank.-Se abstuvieron los diputados señores:Kort Garriga Issa; Squella Ovalle Arturo.EXIGENCIA DE RESPETO A DERECHOS HUMANOS EN CUBA Y CONDENA POR MUERTE EN PRISIÓN DE OPOSITOR WILMAR VILLAR MENDOZA. (Votación)El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo N° 544. El señor Prosecretario va a dar lectura a su parte dispositiva.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 544, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:Condenar la muerte en prisión del opositor Wilmar Villar Mendoza, así como exigir al gobierno cubano el respeto a la vida, la integridad física y los derechos humanos, en general, de los opositores.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.-Se abstuvo la diputada señora Girardi Lavín Cristina.CREACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO CON VÍCTIMAS DE LA CATÁSTROFE DEL 27 DE FEBRERO DE 2010.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 546.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 546, de los diputados señores Álvarez-Salamanca, Ulloa, Campos, Norambuena, Verdugo, Gutiérrez, don Romilio; Pérez, Sauerbaum, Hasbún y Ward, que en su parte dispositiva señala:La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que instruya al Consejo de Defensa del Estado para que este organismo, en atención a sus facultades negociadoras, forme una mesa de diálogo en que se analice y estudie, en conjunto con los intervinientes directos, las futuras indemnizaciones en favor de los familiares de las víctimas fallecidas y desaparecidas por la catástrofe del 27 de febrero.Lo anterior permitirá al Estado de Chile otorgar una solución justa para estos familiares, que por siempre llevaran el dolor de haber perdido a sus seres queridos, pero mediante el acuerdo que resulte de la creación de esta mesa, podrán cerrar este amargo ciclo.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca.El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.- Señor Presidente, como es de conocimiento público, el pasado maremoto del 27 de febrero de 2010 dejó consecuencias emocionales y patrimoniales importantes en el país, provocó la muerte de 156 compatriotas y la desaparición de otros 25.Es así que en la actualidad existe un juicio penal pendiente en contra de autoridades de la época, además de algunas acciones civiles presentadas por las víctimas.En atención a este escenario, nos sentimos en el deber de instar al Consejo de Defensa del Estado para que, en virtud de sus facultades y competencias, conforme una mesa negociadora que analice y estudie, en conjunto con las víctimas, sus representantes y otras autoridades, las futuras indemnizaciones en favor de los afectados. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 7° de la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, que faculta a este organismo para negociar y lograr acuerdos en esta materia.Por eso, es necesario que todos los actores, sean de orden político o administrativo, unan esfuerzos para la creación de dicha mesa, la cual tendrá por objeto que las familias no pasen por el largo peregrinar judicial, que podría durar más de ocho años.Además del objetivo señalado, y según la historia del Consejo, este tipo de mesas de diálogo han sido fructíferas y han logrado acuerdos e indemnizaciones justas para las víctimas. Este es el principal propósito.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.El señor MONTES.- Señor Presidente, la situación de muchas familias afectadas por el terremoto, sobre todo de los sectores medios, que habitaban en departamentos de valores intermedios, es bastante grave. En muchos casos la responsabilidad de que esos departamentos no hayan respondido al sismo del 27 de febrero se relaciona con la constructora, con la inmobiliaria y también con las direcciones de obras, que no exigieron los requisitos y las condiciones propias de esos proyectos inmobiliarios.Creo que es fundamental hacerse cargo de este problema, y me parece un buen camino el que se está planteando, en el entendido de que no será suficiente. Pero es un problema que hay que asumir, y no dejarlo en manos de los propios sectores afectados. El Estado debe asumir responsabilidades. Por eso, apoyo la propuesta.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Aguiló Melo Sergio; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.RESPALDO A PETITORIO DE CIUDADANOS DE AYSÉN.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 547.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 547, de los diputados señores Accorsi, Andrade, Teillier, Schilling, Mesa, Ortiz, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda y de los diputados señores Marinovic, Vilches y García, que en su parte dispositiva señala:La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar al Presidente de la República que respalde el petitorio de los ciudadanos de Aysén, representados en la siguiente minuta que ha sido pública:-Reducir el alto costo de los combustibles.-Invertir y gestionar para que la Undécima Región tenga salud de calidad.-Buscar equidad laboral.-Generar un procedimiento vinculante, para que sea la región la que decida sobre dos temas esenciales: la construcción de represas y el respaldo a Aysén como reserva de vida.-Crear una universidad pública regional de alta calidad y formación académica, nacida de los intereses y necesidades de los ayseninos.-Regionalizar los recursos naturales.-Tomar medidas urgentes para no permitir que siga sucumbiendo la pesca artesanal, producto de políticas públicas vigentes y en trámite, que benefician esencialmente a los grandes industriales y exterminan los recursos hidrobiológicos, además de entregar derechos de pesca en propiedad y recursos botánicos para los 3 mil pescadores de la Región de Aysén.-Rebaja sustantiva en el costo de la canasta básica.-Pensión regionalizada para los adultos mayores y personas con capacidades diferentes.-Rutas de acceso para el pequeño y mediano campesino.-Mejorar sustantivamente la calidad y los recursos para la educación pública en la Undécima Región de Aysén.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de ley, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.El señor ACCORSI.- Señor Presidente, si bien ya ha habido varias negociaciones sobre el problema y se han abierto las mesas de diálogo, todavía quedan cuestiones no resueltas. Sería bueno que la Cámara se pronunciara sobre las políticas para Aysén. Este proyecto de acuerdo constituye un respaldo y un incentivo al Gobierno para que termine las negociaciones, sobre todo en el área de la pesca, que está pendiente.Aun cuando no hubo acuerdo para tratar este proyecto con preferencia, el problema de Aysén sigue latente. Por eso, sería bueno que la Cámara de Diputados se pronuncie al respecto.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en la sesión especial se aprobaron sendos acuerdos en la misma dirección que plantea el proyecto de acuerdo.El Ejecutivo conformó mesas de trabajo con el movimiento en la Región de Aysén, mediante las cuales se ha avanzado en varias materias que apuntan a las solicitudes del proyecto de acuerdo. Incluso, el viernes pasado, varios parlamentarios estuvimos reunidos con los dirigentes sociales y con la comunidad, para comprometer nuestro respaldo en los proyectos que requieran tramitación legislativa.Por lo tanto, junto con agradecer la preocupación de los parlamentarios que suscribieron el proyecto y como lo que abunda no daña, tal como dijo el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, hago un llamado a aprobarlo. No obstante, cabe aclarar que se ha avanzado de manera importante en la solución de los conflictos de la región.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Jaramillo Becker Enrique; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. VII. INCIDENTES.INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ACOSO LABORAL. Oficios.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, desde hace nueve años está en tramitación una moción que tipifica y sanciona el acoso laboral en Chile. Primero, la aprobamos aquí en la Cámara y ahora se encuentra en el Senado, en su segundo trámite constitucional, desde hace cuatro años. Espero que se agilice su tramitación.Todo este tiempo ha sido un período de seguimiento y esfuerzo por dar a conocer una realidad cada vez más presente en Chile: el maltrato psicológico que se realiza a través de malas prácticas en el trabajo, el famoso mobbing o acoso laboral, con consecuencias muy graves para las víctimas.Hemos conocido cientos de casos desde que presentamos el proyecto sobre acoso laboral. Hemos estado en contacto con todos los estratos sociales en el ámbito público. Pero también hemos sabido de casos de acoso de trabajadores en el sector privado: jefes sobre sus subordinados o trabajadores de igual jerarquía que acosan laboralmente a otro. En fin, hemos recorrido el país, preocupados por este tema.Hemos escuchado hablar sobre las más variadas formas de este fenómeno, que hoy es una negativa realidad transversal, en la que se mezcla el dolor en dos facetas muy distinguibles. Por un lado, el dolor de las víctimas de ser maltratadas e ignoradas, no solo por el o los acosadores, sino por la sociedad, y, por otro, el dolor por la pérdida y el olvido de las funciones que desempeñaba el trabajador o trabajadora, las cuales se eliminan y se convierten en algo que lesiona la dignidad más íntima de cada persona. Son prácticas que transforman el ambiente laboral en un escenario humillante, agravioso e indigno. El acoso laboral es una de las formas más perniciosas y dañinas de maltrato, porque se esconde bajo una pirámide de agresiones psicológicas reiteradas y sistemáticas, en complicidad con otros.La red de apoyo a las personas que han sufrido acoso laboral, agrupación que a lo largo de los años ha estado en contacto con nosotros, nos ha acompañado en esta lucha de manera permanente y nos ha proporcionado noticias sobre los casos de acoso laboral, pretende poner el tema sobre el tapete nuevamente. En la reunión que sostuvimos con ellos, nos contaron sobre algunos incumplimientos que hoy se están produciendo en el Gobierno y en el sector privado, por lo que reclaman la intervención pública de manera urgente.El Código de Buenas Prácticas Laborales, que impulsó la Presidenta Bachelet, no se estaría cumpliendo. Hacemos un llamado de atención sobre este punto.Otro aspecto que nos preocupa es el número de apelaciones por licencias rechazadas en los casos de no atención de las mutuales de seguridad. Como representante, especialmente preocupada por el proyecto de acoso laboral y por la mala práctica en que se incurre, necesito conocer los datos desagregados de los casos cuya causa se encuentre originada en una patología derivada del acoso laboral. Es necesario saber sobre las apelaciones que se han hecho al respecto y sobre el número de rechazos de dichas apelaciones. Asimismo, es importante conocer los casos de otras omisiones y falta de información de que adolece el sector público respecto de las víctimas. Sin datos y sin contenidos no tendremos cómo enfrentar ni menos cómo vencer el problema.Por todo lo anterior, con el propósito de que se informe a la Cámara de Diputados y a mí en particular, pido que se oficie a las siguientes autoridades:A la ministra del Trabajo y Previsión Social y al subsecretario de Previsión Social, a fin de que nos informen respecto de todas las denuncias, datos y porcentajes de investigaciones sumarias derivadas de casos de acoso laboral que se hayan llevado a cabo.A la superintendenta de Pensiones, para que informe respecto de las denuncias de acoso laboral de que tenga conocimiento a la fecha y las acciones que en tal caso se hayan tomado.A la superintendenta de Seguridad Social, a fin de que informe respecto de los procesos sumariales que se han instruido desde el año 2007, dos de los cuales están sobreseídos, y otro con una medida disciplinaria solo de censura para el funcionario que incurrió en la falta.Al director del Instituto de Previsión Social, para que informe respecto de los seis sumarios administrativos por conductas de acoso laboral que se han realizado a la fecha en dicha institución.Al director del Instituto de Seguridad Laboral, para que informe respecto de las denuncias, porcentajes e investigaciones que se tengan acerca de casos de acoso laboral, o situaciones que se han generado a partir de un caso de hostigamiento laboral.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE DIVERSAS OBRAS POLICIALES, CULTURALES Y CIUDADANAS EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficios.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie al ministro del Interior y Seguridad Pública, a fin de que nos informe cuándo comenzará la construcción de las 3a y 4a comisarías en la Región de Los Ríos, habida consideración de que estaban planificadas para 2012, pero aún no hay registro del llamado a licitación. También quiero consultar respecto de la construcción del cuartel de la subprefectura de la PDI en la capital de la provincia del Ranco.En segundo lugar, al intendente de la Región de Los Ríos, para que nos informe sobre la construcción de la Escuela de Cultura y Difusión Artística de la capital de la provincia del Ranco.En tercer lugar, al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, para solicitarle el financiamiento del estudio de construcción del centro cívico de la capital de la provincia del Ranco, situación que correspondía gestionar a la intendencia. Como no se ha hecho hasta la fecha, hago la solicitud directamente a la Subdere.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Marta Isasi, Cristina Girardi y Alejandra Sepúlveda, de los diputados señores Ortiz, Walker, Araya, Rincón, Velásquez, Silber, Auth, Campos y Sabag, y de todos quienes así lo manifiestan a la Mesa.POSIBILIDAD DE REPOSTULACIÓN A SUBSIDIOS HABITACIONALES DE VECINOS DE COMUNA DE LAS CABRAS. Oficio.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Regionalista, tiene la palabra, por dos minutos y medio, la diputada señora Alejandra Sepúlveda.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los dirigentes vecinales de la localidad de Quilicura, que es tan importante en nuestra comuna de Las Cabras.En segundo lugar, pido que se oficie al ministro de Vivienda en relación con lo siguiente.En la comuna de Las Cabras alrededor de 28 vecinos quedaron sin postular al subsidio habitacional con el certificado de inhabitabilidad. Se estaban preparando las carpetas con la documentación requerida para optar al subsidio, sin embargo, finalmente, una de las EGIS que estaba autorizada por el Serviu, no las presentó.Por eso, a través de la honorable Cámara, pido que a esos vecinos se les dé la posibilidad de repostular al subsidio, en las mismas condiciones establecidas en el Programa Especial de Reconstrucción para los damnificados del terremoto, es decir, sin ahorro y por una vía rápida. En definitiva, pido que se les permita postular fuera de tiempo a esos subsidios.Tengo en mi poder el listado de las familias que no tuvieron la posibilidad de presentar la documentación para postular al subsidio habitacional. Esperamos que la Cartera que dirige el ministerio Pérez Mackenna permita que esas personas que sufrieron hace dos años las consecuencias del terremoto puedan acceder a los subsidios correspondientes. De lo contrario, pasarán un nuevo invierno sin tener su casa propia.He dicho. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Pedro Araya, Jorge Sabag y Gabriel Silber y de quienes así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE AUTORIZACIONES Y UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS ESCÁNER DE RAYOS X ASIGNADOS A PLAN FRONTERA NORTE. Oficios.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya. El señor ARAYA.- Señor Presidente, el año pasado, el ministro del Interior anunció con bombos y platillos el denominado Plan Frontera Norte, una nueva estrategia en el combate a la delincuencia y el control del narcotráfico. El plan contemplaba la compra, entre otros bienes, de tres camiones escáner de Rayos X. Para este efecto, la licitación 623-29-LP11 le fue adjudicada a Patroll International S.A. El lunes en la página web del Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper), aparece un reportaje de prensa, publicado por TVN red Antofagasta, en el que se informa que el camión escáner que fue asignado a Antofagasta no está operativo, dado que no cuenta con la autorización sanitaria respectiva. El reportaje de Ciper Chile ahonda en el tema y señala que los camiones escáner tienen prohibición de monitorear vehículos con pasajeros en su interior. El reportaje denuncia que Carabineros y la Policía de Investigaciones habrían utilizado esos camiones para escanear vehículos, sin importar si circulaban con personas en su interior. Por ello, pido que se oficie al general director de Carabineros y al director general de Investigaciones para que informen sobre el uso que se ha dado a los camiones escáner de Rayos X asignados al Plan Frontera Norte; que señalen dónde han sido utilizados y que precisen si la información que aparece en Ciper Chile es efectiva.Asimismo, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que nos informe qué ocurre con el camión escáner asignado a Antofagasta, dado que la autoridad sanitaria de la Región de Antofagasta habría manifestado que no tendría autorización sanitaria para operar. Queremos saber si esto es efectivo. También pido que nos informe si los otros camiones escáner que se compraron tendrán autorización para operar dentro del país. Es necesario determinar si los camiones se compraron conforme a las normas chilenas en esta materia. Por último, quiero saber si el Ministerio del Interior habría incurrido en un error al adjudicar la licitación a la empresa Patroll.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. RESPONSABILIDAD DE ALTOS MANDOS DE FUERZAS ARMADAS Y DE CARABINEROS POR ERRORES INSTITUCIONALES CON CONSECUENCIAS FATALES. Oficio.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente, hace algunos días conocimos nuevos antecedentes sobre la tragedia aérea ocurrida en la Isla Juan Fernández, que le costó la vida a 21 chilenos excepcionales, entre los que destacan un equipo de TVN, encabezado por el querido Felipe Camiroaga; el empresario y cuñado del ministro de Defensa, Felipe Cubillos, miembros de una organización solidaria, funcionarios de Gobierno y de la FACH.Esos nuevos antecedentes, desconocidos para la opinión pública, pero no para la FACH, son de la mayor gravedad. Hemos sabido que se trata de responsabilidades de la Fuerza Aérea: el avión era inapropiado para la misión, dada su limitada autonomía de vuelo; asimismo, voló sin el mantenimiento adecuado; según peritajes, los pernos del comando estaban gastados y requerían ser cambiados; el aparato habría volado con un ala trizada y a una altura no autorizada en el plan de vuelo; tampoco estaba capacitado para amarizar en casos de emergencia, y despegó con un sobrepeso de 165 kilos.Pese a todos esos nuevos antecedentes y a los que ya conocíamos, el ministro de Defensa señaló, a través de los medios de comunicación: “El general Rojas lo ha hecho bien y cuenta con la confianza del Gobierno.”. Yo le digo al ministro que el sentir de la ciudadanía y, en especial, de las familias de las víctimas, es que el general Rojas lo ha hecho pésimo, que ha puesto en riesgo el prestigio de la Fuerza Aérea de Chile, que es la institución responsable de la muerte de 21 compatriotas.Quiero ser claro. Este no es el primer episodio bochornoso, por decirlo de algún modo, que viven nuestras Fuerzas Armadas y que ha costado la vida de compatriotas, sin que los encargados del mando y las autoridades políticas asuman sus responsabilidades. Siempre han sido subalternos los que responden o han tenido que responder por los errores cometidos por las instituciones castrenses.¡Cómo no recordar la tragedia de Antuco, donde 45 jóvenes encontraron la muerte por las decisiones absurdas y sin fundamento humano que tomaron el mayor Patricio Cereceda y el comandante Luis Pineda, quienes durante una ventisca cordillerana, ordenaron marchar a conscriptos! Sin embargo, el comandante en jefe del Ejército de la época, Juan Emilio Cheyre, quien fue duramente criticado a nivel nacional, nunca mostró intención alguna de asumir su responsabilidad, como hubiera correspondido, y de pedir su pase a retiro. Por el contrario, se limitó a llorar unas lágrimas de cocodrilo ante la televisión; pero de asumir responsabilidad, nada. Los dos oficiales mencionados fueron declarados culpables, principalmente Cereceda, quien pasó varios años en la cárcel. Todo esto ocurrió a sabiendas de que las líneas generales de ejercicios y maniobras militares emanan generalmente de la Comandancia en Jefe o, al menos, son de pleno conocimiento de ella. Una indemnización en dinero no devuelve la vida a esos jóvenes.Mientras Chile estaba en el suelo por el terremoto del 27 de febrero de 2010, el comandante en jefe de la Armada, almirante Edmundo González, se quedó en la comodidad de su hogar. Nunca renunció o mostró intentos de hacerlo tras su responsabilidad en los errores cometidos por la Armada, en el SHOA, entidad encargada de transmitir la información sobre un posible registro de tsunami después del terremoto, que no solo fue equivocada, sino que también confusa. Recordemos que tras su devastadora ocurrencia, el tsunami dejó 124 muertos y 56 desaparecidos, según el informe oficial.En cuanto a Carabineros, ni el general Gordon ni sus antecesores asumieron responsabilidad alguna por la matanza de comuneros mapuches. Su sucesor, el general González Jure, tampoco lo ha hecho por las violaciones a los derechos humanos cometidas en mi tierra, Aysén, luego de las manifestaciones en demanda de mejoras sociales.Como puede ver, señor Presidente, las Fuerzas Armadas han instalado la política de cortar el hilo por lo más delgado: siempre un subalterno asume la responsabilidad y los comandantes en jefe simplemente se lavan las manos. Esto es como en la política, donde los responsables siempre son los jefes de gabinete.Por ello, mantengo lo dicho: la Fuerza Aérea, al mando del general Rojas, ha ido implementando la doctrina de la impunidad de los altos mandos, conducta que es avalada por el ministro Allamand. Esta práctica debe terminar.Por lo expuesto, desde esta tribuna llamo al Presidente Piñera a que, por el bien de la Fuerza Aérea y de Chile, escuche a los ciudadanos, ponga fin a la doctrina de la impunidad, llame a retiro al general Rojas y solicite la renuncia del ministro de Defensa. Solo de esa forma se restablecerá la credibilidad en la Fuerza Aérea y se irá recobrando la confianza en tan gloriosa institución.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Gabriel Silber, Ricardo Rincón, René Saffirio, Fidel Espinoza y de quien habla.REITERACIÓN DE OFICIOS PARA RENOVAR AMBULANCIAS EN COMUNA DE CODEGUA. Oficio.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, reitero el envío de un oficio al ministro de Salud, a fin de que disponga que la comuna de Codegua cuente con nuevas ambulancias, dada la dramática situación que en ella se vive.Conversé con la alcaldesa de la comuna, señora Ana María Silva, quien me requirió una solución urgente -por ello reitero el mencionado oficio-, puesto que las ambulancias de Codegua tienen más de 400 mil kilómetros recorridos. Resulta de fácil comprensión que vehículos con ese kilometraje pasan más en el taller que en la calle, lo que significa que no tenemos ambulancias en Codegua para trasladar a los enfermos a los hospitales de Graneros o de Rancagua, que son los más cercanos.Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención al subsecretario de Redes Asistenciales, al intendente de la Sexta Región y al director regional de Salud.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.CREACIÓN DE UNA AGENCIA ESPACIAL Y DESARROLLO DE POLÍTICA ESPACIAL NACIONAL. Oficios.El señor RINCÓN.- En segundo lugar, quiero intervenir respecto de lo que califico con mucha preocupación como subdesarrollo espacial de Chile.Si bien el lanzamiento exitoso del tercer satélite chileno el 16 de diciembre pasado y el término también exitoso de la fase de comisionamiento o calibración en órbita del bautizado SSOT o Fasat Charlie, han provocado algún suspiro de alivio y un legítimo sentimiento de orgullo en nuestro país, es lamentable tener que transparentar las peligrosas falencias que este éxito pone al descubierto respecto de la seriedad con que Chile ha abordado el tema espacial en este último tiempo.No tiene ninguna lógica ni buenas explicaciones saber que un satélite puesto en órbita en diciembre de 2011 y calibrado en órbita con excelentes resultados en febrero de 2012 aún no puede poner a disposición de Chile y del mundo entero las imágenes que ya deben estar en archivos y las que técnicamente puede tomar ante los requerimientos públicos y privados, seguramente porque no existen políticas nacionales respecto del acceso a esas imágenes ni sobre una decisión política de estado respecto de los precios a cobrar a nivel nacional e internacional por dichas imágenes y fotografías.En más de treinta años de funcionamiento de comisiones asesoras presidenciales dedicadas al espacio ultraterrestre en Chile, no hemos sido capaces de cumplir los mandatos encargados.Efectivamente, el 17 de julio de 2001, se creó la última comisión asesora presidencial, denominada Agencia Chilena del Espacio, con la principal misión de proponer una política espacial nacional y elaborar y sugerir una institucionalidad para una efectiva agencia espacial nacional, con patrimonio y personalidad jurídica propios, a través de un adecuado y consensuado proyecto de ley.Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet se dio el gran y esperado paso para autorizar la compra del satélite chileno a través de una licitación pública internacional, adjudicada en julio de 2008 y financiada con fondos de La ley Reservada del Cobre, con la condición de que fuera un proyecto dual, nacional, es decir, para satisfacer los requerimientos de todos los sectores civiles y militares del país. Sin embargo, hoy, al parecer, la Fuerza Aérea de Chile ha debido absorber no solo la carga de operar el satélite desde una base aérea, sino que además da la impresión de que se le estaría entregando la responsabilidad de hacerse cargo de las políticas nacionales de uso del recurso satelital, de su difusión a nivel estudiantil y de hacer de contraparte nacional ante las autoridades espaciales de otros países, como ocurrió lamentablemente durante el desarrollo del ciclo de conferencias espaciales en la reciente Fidae 2012, donde no estuvo presente ninguna autoridad civil que pudiera hacer de contraparte legal y técnica ante la comunidad espacial internacional.Entendemos que lo anterior no está en el deseo ni en el espíritu de la FACH ni de ninguna rama de las Fuerzas Armadas, y que ha debido tomar algunas iniciativas ante la ausencia de un organismo civil con responsabilidades encargadas por el Gobierno de Chile. De hecho, es sabido en la comunidad espacial nacional que la misma FACH y toda la Comisión Asesora Presidencial, integrada por 14 miembros, ya recomendaba el año 2006 el traslado de la presidencia de la comisión, radicada hasta 2008 en la Subsecretaría de Aviación, del Ministerio de Defensa, a otro ministerio del ámbito civil, lo que efectivamente se llevó a cabo a comienzos de 2009, mediante el decreto supremo N° 0144, de 29 de diciembre de 2008, que modificó el decreto supremo N° 0338, de 17 de julio de 2001, asentando la nueva presidencia de la Comisión Asesora en la Subsecretaría de Economía, con presupuestos asignados para su funcionamiento hasta el año 2011.Después de funcionar esa comisión más de dos años, entre 2009 y 2011, se tomó conocimiento de que el decreto supremo N° 0144 nunca fue publicado en el Diario Oficial, lo que significa que ni siquiera tenemos una comisión asesora de nivel presidencial. Además, ello deja al descubierto que hubo una asignación presupuestaria irregular por parte de la Dirección de Presupuestos, lo que nos obliga a volver, como diría un abogado, a fojas cero, es decir, a una comisión que funciona en el Ministerio de Defensa y de la cual aún no se conoce ninguna reactivación.Estimamos que ya es tiempo de tomar en serio la importancia del uso de la tecnología espacial con fines pacíficos y hacer bien las cosas. Ya no es imperioso probar que la tecnología satelital es necesaria y eficiente en las telecomunicaciones, en la meteorología, en la navegación, en el posicionamiento global, en la astronomía y en tantos campos de la ciencia y de la tecnología. Es cosa de enterarse cómo los países desarrollados y en desarrollo luchan por tener un cupo en este conocimiento e, incluso, en el área de la exploración espacial. Ya no solo nuestros vecinos Brasil y Argentina nos han dejado atrás en materias espaciales; también Venezuela y Bolivia han tomado decisiones importantes no solo al adquirir satélites de telecomunicaciones y de observación de la tierra, sino que, además al crear sus agencias espaciales. También han seguido estos ejemplos Colombia y Perú, aunque este último la ha radicado en el área de la defensa.Es cierto que nuestro nuevo satélite exhibe una característica que nos llena de orgullo y expectativas, ya que posee la más alta resolución espacial en el continente sudamericano.Pero ya tenemos un problema de política espacial de Estado: este satélite, como es normal en su tipo, fue diseñado y construido para un período de vida útil máxima de cinco años, pero el ingenio de remplazo aún no se encarga. En consecuencia, ya estamos atrasados si queremos tener un satélite de remplazo antes de que el SSOT termine o se degrade en su funcionamiento. Ya cabe la pregunta obvia, ¿a quién le encargamos todos los estudios preliminares de factibilidad, de definición de la misión, el llamado a propuesta, construcción, lanzamiento, seguros y todo lo que significa el ingenio de remplazo?No hay política pública que determine la utilización de la órbita geoestacionaria que tenemos reservada y la posibilidad de tener un satélite de comunicaciones, que es fundamental.Por lo expuesto, pido que se oficie al Presidente de la República, con el objeto de que imparta las instrucciones adecuadas en orden a que, en muy corto plazo, ojalá durante 2012, de manera transparente, con participación de todos los expertos espaciales y satelitales de que dispone Chile, contemos con una buena propuesta de desarrollo espacial para nuestro país. Asimismo, que considere un proyecto de ley para crear una agencia espacial y la respectiva política espacial nacional, así como una definición de presupuesto de corto y mediano plazo.Para este efecto, se ponen a disposición del Gobierno todos los estudios y recursos humanos especializados con que contamos, con el compromiso de utilizar todos los recursos ya disponibles en nuestras Fuerzas Armadas, en especial de la Fuerza Aérea, de las universidades y del sector público y privado. Además, se deberá disponer el funcionamiento urgente de la Comisión Asesora Presidencial, denominada Agencia Chilena del Espacio, disponible en el Ministerio de Defensa, como una medida provisoria de corto plazo, mientras se activa otra solución de consenso.Sabemos que el Presidente Piñera está interesado en este tema, lo que lo motivó a disponer del tiempo necesario en su agenda para estar presente en el lanzamiento de nuestro satélite y a dar algunas instrucciones para considerar la creación de una agencia en el sector de Telecomunicaciones, que estimamos debe ser evaluada y transparentada.Por eso, solicito que incluya el tema del desarrollo espacial en Chile dentro de su próximo mensaje del 21 de Mayo.Pido que se adjunte copia de mi intervención al oficio que se enviará al Presidente de la República, al ministro de Defensa y a los organismos relacionados con la materia expuesta.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.DETERMINACIÓN DE LEGALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA CIRCULAR N° 9, DEL 31 DE ENERO DE ESTE AÑO, DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. Oficios.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.El señor SILBER.- Señor Presidente, los chilenos nos hemos enterado de un tema que, a nuestro juicio, es preocupante, respecto del cual, como bancada de la Democracia Cristiana, queremos pasar a la ofensiva.Con mucho orgullo despachamos la ley N° 19.638, cuerpo jurídico que le otorgó igualdad y la condición de persona jurídica de derecho público a todas las instituciones religiosas de nuestro país, cosa que, de alguna manera, ennoblece el rol del Congreso Nacional en la defensa de nuestras comunidades, porque entendemos que las distintas iglesias y credos cumplen un rol importante en nuestro país.Desde esa perspectiva, consideramos que la libertad de culto era una gran reivindicación y una gran conquista que logramos sacar adelante como país.Sin embargo, muchos nos hemos enterado con sorpresa de la existencia de la circular N° 9, del 31 de enero de 2012, del Servicio de Impuestos Internos, que regula la tributación de las iglesias y entidades religiosas con personalidad jurídica, y de las asociaciones, corporaciones, fundaciones y otros organismos creados al amparo de la citada ley.Esa circular establece una serie de restricciones e imposiciones tributarias solo a las entidades religiosas o iglesias que se creen al amparo de esta legislación, lo que genera, a nuestro juicio, una asimetría desde el punto de vista legislativo y de la carga tributaria, que no se condice con la situación del resto de las iglesias de nuestro país. Por ejemplo, la Iglesia Católica no se rige por este cuerpo legal; en consecuencia, no le toca un ápice de lo establecido en él. Por ello, discutimos la legalidad de esa circular, pues genera ciertas condiciones de discriminación.Entendemos la importancia de nuestras iglesias, cualquiera sea la fe o el credo que profesen a lo largo de nuestro país, pues se trata de un bien público que efectivamente debemos cautelar porque es bueno para nuestras comunidades.Por lo expuesto, pido que se oficie al contralor general de la República, a fin de que dé cuenta de la legalidad de este acto administrativo llevado a cabo por el Servicio de Impuestos Internos, que solamente toca a una parte de las iglesias existentes en el país. En nuestra opinión, viola la Constitución, las leyes existentes en este sentido y el propio espíritu de la ley N° 19.638, que en su artículo 17 dispone expresamente: “Las personas jurídicas de entidades regidas por esta ley tendrán los mismos derechos, exenciones y beneficios tributarios que la Constitución Política de la República, las leyes y reglamentos vigentes otorgan y reconozcan a otras iglesias, confesiones e instituciones religiosas existentes en el país.”.Creemos que la Contraloría debe hacer fe respecto de la ilegalidad de esta circular.Asimismo, pido oficiar al director del Servicio de Impuestos Internos, don Julio Pereira, a fin de solicitarle que me explique las condiciones, motivos y la justificación para aplicar un circular que, más que beneficiar o incentivar el culto en nuestro país, lo persigue, lo que, a mi juicio, no es el rol para el que fue diseñado el Servicio de Impuestos Internos.Igualmente, anuncio que junto a otros parlamentarios, como los diputados Sabag y Ortiz, queremos convocar al director del Servicio de Impuestos Internos a la Comisión de Hacienda de la Cámara, a objeto de que dé públicas explicaciones de esta medida, que consideramos ilegal y arbitraria.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, con la adhesión del diputado Jorge Sabag y de quien habla.DECLARATORIA DE MONUMENTO HISTÓRICO A PUENTE ÑIPAS. ESTUDIO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE. Oficios.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, el puente Ñipas, de la comuna de Ránquil, provincia de Ñuble, Región del Biobío, es el más legendario y extenso de esta región y tiene el gran mérito de haber resistido tres terremotos: el de 1939, el de 1960 y el de 2010. Esa construcción, que data de 1923 y que respondía a una necesidad económica de la zona, se ubica en el límite de Ránquil y Portezuelo, comunas eminentemente viñateras, y permite el paso de cientos de vehículos diariamente. Tiene una extensión de 800 metros y cuenta con una sola vía, pero con dos descansos intermedios que permiten ceder el paso cuando más de un auto ingresa al puente en sentido contrario.Ese puente, que sigue prestando servicios, debería ser declarado monumento histórico. Por lo anterior, pido oficiar al Consejo de Monumentos Nacionales, a fin de solicitarle que estudie la factibilidad de declarar a este puente como monumento histórico.Además, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, a objeto de solicitarle que informe a la Cámara acerca de los proyectos de ingeniería y diseño para reponer esa obra. Me interesa saber, primero, si existen esos estudios y, de ser así, cuál ha sido la evaluación del costo de la construcción de un puente nuevo, que consideramos necesario para el desarrollo económico y turístico de las comunas del valle del Itata, especialmente de Ránquil y de Portezuelo.Los vecinos señalan que habría sido mejor que el puente se hubiera caído con el terremoto, porque así tendríamos el estudio de ingeniería de uno nuevo y, a lo mejor, ya estaría en proceso de reconstrucción. Esa obra ha sido tan noble que ha resistido tres terremotos, pero ha llegado la hora de que el Ministerio de Obras Públicas diseñe un estudio de ingeniería, para posteriormente solicitar los recursos para su construcción.Igualmente, pido que se envíe copia de mi intervención a los alcaldes de las comunas de Portezuelo y de Ránquil. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de quien habla.PROVISIÓN DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS AFECTADOS POR SEQUÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS. Oficios.El señor SABAG.- Señor Presidente, en segundo lugar, pido oficiar al ministro de Obras Públicas, al director de Obras Hi-dráulicas y al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, a fin de solicitarles que estudien la posibilidad de facilitar máquinas a los municipios que sufren la dura realidad de la sequía, para excavar pozos profundos y extraer agua para el consumo humano, para bebida y usos domésticos. Los municipios deben llevar agua potable en camiones aljibe a los sectores más alejados y también a algunos dentro del radio urbano. Por eso, es importante que estos municipios cuenten con máquinas para construir pozos profundos y así solucionar el problema que sufren los vecinos ante la escasez de agua.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de quien preside accidentalmente.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 14.08 horas.PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,Jefa de la Redacción de Sesiones subrogante. VIII. ANEXO DE SESIÓNCOMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.-Se abrió la sesión a las 13.31 horas.El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESCASEZ HÍDRICA EN SECTOR DE TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS. Oficios.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en primer lugar, haré presente un asunto que me fuera planteado junto al diputado Alfonso de Urresti en la reunión de constitución de la Mesa de Desarrollo Rural de la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo, en particular en lo relativo a la escasez de agua que está afectando a la localidad de Tilama.Al respecto, quiero que el Ejecutivo, a través de los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura, nos envíe un informe completo sobre el problema que afecta al sector de Tilama en cuanto al acceso al agua, esto es, derechos de aprovechamiento de aguas, programas de APR, etcétera.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carmona, Chahín, Monsalve y de quien habla. ANTECEDENTES SOBRE POLÍTICAS PARA PRESERVACIÓN DE ZONA PATRIMONIAL “SITIO DE QUEREO”. Oficios.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en segundo término, pido oficiar al ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a objeto de que nos informe sobre las políticas previstas para la preservación de la zona patrimonial denominada Sitio de Quereo, también en la comuna de Los Vilos.Entiendo que esta situación ya la está analizando la Comisión de Cultura y de las Artes de esta Corporación, la que incluso invitará a integrantes de la Mesa de Desarrollo Rural de Los Vilos y a habitantes de la comuna, para trabajar particularmente sobre la protección de nuestro patrimonio arqueológico de Sitio de Quereo.Además, pido que se envíe copia de mi intervención a don Manuel Marcarián, coordinador de la Mesa de Desarrollo Rural de la comuna de Los Vilos, y al Presidente de la Comisión de Cultura y de las Artes de la Cámara de Diputados, en este último caso para que ojalá podamos poner en tabla, cuanto antes, la visita de los representantes de dicha instancia, para debatir lo relativo al Sitio de Quereo, sin perjuicio de que, según tengo entendido, ha habido contacto entre el Presidente de la Comisión y la referida Mesa. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carmona, Chahín, Monsalve y de quien preside. REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE GRIFOS DE SECTOR LOS LLANOS, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficio.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en tercer lugar, solicito enviar un oficio al intendente de la Región de Coquimbo para que le pida a la empresa Aguas del Valle una revisión de los grifos del sector Los Llanos.El viernes pasado me reuní con vecinos de dicho sector, quienes me comentaron que allí había varios grifos abiertos de manera permanente. Los habitantes entienden que ese no es un asunto de responsabilidad directa de la empresa. No obstante ello, si bien los vecinos pueden colaborar, la mantención y el cuidado de los grifos le corresponden a dicha empresa. Asimismo, me interesa saber en qué estado se encuentran los mencionados grifos.Con motivo de un incendio provocado en la comuna de Vicuña, pedí oficiar a la empresa Aguas del Valle, la cual realizó un importante trabajo de revisión de todos los grifos de esa comuna. Ahora pido, por intermedio del señor intendente, que se haga lo mismo respecto de Los Llanos, para tranquilidad de los vecinos del sector. Estoy seguro de que vamos a contar con la colaboración de la empresa, porque se trata de una empresa concesionada, es decir, que sigue siendo estatal.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carmona, Chahín, Monsalve y de quien preside. INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DEL GOBIERNO A CAUSA DE DISTANCIA GEOGRÁFICA ENTRE PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO. Oficio.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en cuarto lugar, solicito oficiar al ministro de Hacienda, para pedirle que informe a esta Corporación sobre los gastos en que incurre el Gobierno como consecuencia de la distancia geográfica entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Básicamente, me refiero a los viáticos de ministros, asesores de planta, a contrata o a honorarios; alojamiento, traslado y combustible y amortización de vehículos, si es necesario. Es decir, quiero que se realice una apreciación del gasto en que incurre el Gobierno como consecuencia del cumplimiento de la función colegisladora del Poder Ejecutivo y de su concurrencia por razones legislativas, de fiscalización u otras actividades que se desarrollan en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carmona, Chahín, Monsalve y de quien preside. FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS Y DE SITUACIÓN LABORAL EN EMPRESA SOSER S.A., DE LA SERENA.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, la semana pasada me reuní con algunas manipuladoras de alimentos de una nueva empresa, Soser S.A., que se adjudicó la licitación del servicio de alimentación de la Junaeb de la Región de Coquimbo. Las trabajadoras de Soser se encuentran sin contrato de trabajo. No obstante ello -vi las liquidaciones-, igualmente se les están aplicando descuentos por conceptos de AFP, isapre y seguro de cesantía. La empresa les señaló a sus empleadas que los contratos estaban listos y que solo faltaba que ellas los firmaran; mientras tanto, les está pagando conforme a lo que la empresa dispuso en un contrato, cuestión que las trabajadoras -en su inmensa mayoría son mujeres- simplemente desconocen. Las trabajadoras de Soser laboran desde las 08.00 hasta las 18.45 horas, jornada que es excesiva. Incluso, ahora les pagan menos que antes, porque recibían 1.300 pesos por hora extraordinaria, pero hoy les pagan solo 1.000 pesos. Además, no cuentan con implementos de seguridad, como zapatos de seguridad y solo tienen un uniforme; por lo tanto, no tienen ropa de recambio. Como se trata de manipuladoras de alimentos, esas trabajadoras están permanentemente expuestas a las manchas, por lo que deberían tener uniformes de recambio. Asimismo, algunas manipuladoras han denunciado falta de consideración respecto de la forma en que deben cumplir con su trabajo.Por lo expuesto, solicito enviar un oficio a la ministra del Trabajo y Previsión Social y al director regional del Trabajo, para pedirles que se realicen las fiscalizaciones que correspondan, pero, sobre todo, para que me informen sobre la situación descrita.Igualmente, pido oficiar al director regional de la Junaeb, porque existía un acuerdo en el sentido de que ese servicio tenía que ser licitado y que los contratos debían ser de enero a diciembre -es decir, sin solución de continuidad-, pero, sin embargo, aquello no ha ocurrido.He dicho.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Carmona, Chahín, Monsalve y de quien preside. DENUNCIAS POR MALTRATO A FUNCIONARIOS DE HOSPITAL DE COPIAPÓ. Oficios.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Lautaro Carmona.El señor CARMONA.- Señor Presidente, hace unos días, recibí una carta de la Asociación de Funcionarios de la Salud del Hospital de Copiapó, la Fenats base, que me reiteró sus denuncias públicas por el maltrato laboral de que han sido víctimas los funcionarios, como humillación, abuso de poder y discriminación, de parte del jefe del servicio de Urgencia, doctor Gilberto Amudio, quien ostenta otro mandato por un período de cinco años. La primera denuncia se registró el 2000; en el 2009, también fue acusado por discriminación por edad, ya que exigía el recambio de funcionarios mayores de 50 años. Ha generado gran preocupación en los trabajadores el respaldo que este médico tiene de los directivos de la salud, por encima de las normas que los regulan, a juicio de los trabajadores.El 28 de julio de 2009, el personal del Servicio de Urgencia se dirigió a la Dirección del hospital para denunciar por maltrato laboral a una persona que, casualmente, está a cargo de la capacitación y de las buenas prácticas laborales, el señor Roberto Osorio. A ello se sumaron 14 denuncias por maltrato y acoso laboral, a raíz de lo cual se instruyó un sumario y se nombró como fiscal al señor Víctor Daviú, quien finalmente lo sobreseyó. Actualmente, este mismo señor está a cargo de un sumario que ordenó realizar la Contraloría, ya que, a raíz de una visita en terreno, el contralor subrogante ha exigido una investigación sobre su conducta.En su carta, los dirigentes se han referido, con preocupación creciente y fundada, al ambiente hostil que está afectando a todos los estamentos de la salud. Además, está latente la renuncia de médicos cirujanos, quienes, a pesar de su gran vocación de servicio, no encuentran solución a esa mala relación laboral que allí existe. No es posible seguir haciendo oídos sordos ante tales denuncias.Por lo anterior, pido que se envíe un oficio a la intendenta de la Región de Atacama, al seremi de Salud y a la directora provincial de Salud de Copiapó, a objeto de solicitarles que nos entreguen las explicaciones acerca de esa situación e investigación.Asimismo, pido que se envíe copia del oficio a los presidentes de la ANEF Regional y de la CUT provincial; a las directivas de la Fenats regional y, particularmente, de la Fenats base del Hospital de Copiapó.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Robles, De Urresti y Chahín.PREOCUPACIÓN POR ACTITUD DE DIRECTOR DEL TRABAJO DE REGIÓN DE ATACAMA. Oficios.El señor CARMONA.- Señor Presidente, a juicio de los trabajadores, en la Dirección del Trabajo existe cierta inobservancia de las autoridades de dicho servicio en perjuicio de ellos.En la ciudad de Copiapó, impactaron las denuncias realizadas por Luis Corrotea, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Carola, Saver y Coemin, por la inobservancia y complacencia que promueve el director regional del Trabajo, señor Darío Silva Marchant, quien de manera sistemática no cumple con lo que la ley exige respecto de las actuaciones que debe realizar el servicio que dirige cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores.Un ejemplo de ello es la complicidad mostrada ante la promoción de la abogada Pamela Orellana, quien fue nombrada, el lunes 16 del mes en curso, como la nueva coordinadora jurídica de la Dirección del Trabajo de la Región de Atacama, quien, supuestamente, tendrá que coordinar la defensa de los derechos de los trabajadores de la región. Los trabajadores guardan mucha reserva ante esa nominación, ya que su nombramiento fue realizado en desmedro del abogado Miguel Acuña, quien hasta ese día ocupaba el cargo de coordinador jurídico de la Dirección del Trabajo, el cual había dado claras demostraciones de que estaba al lado de los trabajadores y había avanzado en litigios, con fallos favorables en su beneficio. Ahora, los trabajadores sienten que la defensa de sus derechos y de sus intereses no tendrán continuidad.Hay otros antecedentes sobre la abogada recientemente nombrada que obstaculizan el buen desarrollo de una causa radicada en tribunales. Solicitó la suspensión de la audiencia que se había acordado con los asesores del holding de empresas del señor Jonás Gómez Gallo, vinculadas a esos sindicatos, en una causa de la cual no era parte, lo que puso en peligro la ejecución del juicio.Por lo anterior, pido que se envíe un oficio a los seremis del Trabajo y de Justicia de la Región de Atacama, para denunciar esa situación.Asimismo, pido que se envíe copia a la Central Unitaria de Trabajadores provincial Copiapó, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Carola, Saver y Coemin, y a los consejeros regionales.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Robles, De Urresti y Chahín.INFORMACIÓN SOBRE DEFICIENCIAS EN RECUPERACIÓN DE RECURSOS POR LICENCIAS MÉDICAS Y EN SISTEMA DE GESTIÓN DE CAMAS DE SERVICIOS DE SALUD. Oficios.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.El señor ROBLES.- Señor Presidente, una de las necesidades de los hospitales públicos en Chile es que exista el financiamiento necesario para desarrollar sus actividades, como es la compra de medicamentos y el pago de las distintas acciones de salud que reciben sus beneficiarios. Por lo tanto, se requiere una gestión óptima de los servicios de salud. Sin embargo, en la Región de Atacama y, según la información de que dispongo, también en el resto del país, los servicios de salud no están siendo prolijos en la recuperación de los recursos que gastan en sueldos de los funcionarios que están con licencia médica, sobre todo cuando están afiliados a las isapres. En todo caso, algo similar ocurre con quienes están afiliados al Fonasa.Cuando se enferma un funcionario de un hospital, el servicio de salud correspondiente le paga la remuneración, independientemente de los días que falte; después, ese servicio tiene que recuperar los recursos pertinentes de las isapres o del Fonasa. Pues bien, bajo la actual dirección del Servicio de Salud de Atacama, eso se está haciendo en forma inadecuada y, según la información que he recibido, alrededor de 3 mil millones de pesos no han sido recuperados por dicho servicio, lo que afecta a los hospitales de la región, ya que no pueden entregar un buen servicio.Por otro lado, la nueva forma de gestión de camas de los hospitales públicos para pacientes críticos no opera en forma eficiente, sobre todo en Santiago. Cuando una persona padece una enfermedad grave, tiene que ser trasladada a una cama de especialidad, crítica, en Santiago. La Unidad Gestora de Camas revisa si hay camas en los hospitales públicos y, cuando no las encuentra, manda al enfermo a una clínica privada. Hasta ahí todo está bien. Pero, ¿qué ocurre después? El hospital se desentiende del enfermo y le deja la responsabilidad a la clínica privada, y todos sabemos que la demanda en salud la determinan los médicos. Entonces, si en una clínica privada está hospitalizado un enfermo, que está pagando diariamente, al médico del establecimiento no le preocupa mayormente si ese paciente se demora más o menos en mejorar o en realizarse los exámenes porque, al final, paga Moya, esto es, los hospitales públicos, en este caso los de la Región de Atacama. Por ejemplo, pacientes del Hospital de Vallenar han estado semanas en una clínica privada sin que el personal de la Unidad Gestora de Camas haga nada por resolver la situación. Lo obvio sería que se preocupara de ese paciente y, apenas se desocupe una cama en un hospital público, lo traslade allí, o audite permanentemente que no se mantenga a un paciente en una clínica privada por más tiempo que el que se requiere, porque, al final, el que paga la cuenta a la clínica privada es el hospital público, en este caso, de la región que represento, con el consiguiente costo que eso significa: millones de pesos que se le entregan al sector privado desde el sector público, a través de este trasvasije de recursos, lo que implica que el hospital público disponga de menos recursos para desarrollar su gestión. Por otra parte, el Fonasa tampoco le devuelve los recursos. Para que ello ocurra, habría que hacer una modificación presupuestaria, la cual no se hace mes a mes, sino que, normalmente, se realiza a fines de año, cuando lo solicita el director del servicio. Si este no lo pide, no se hace. ¿Y quién pierde?: El hospital público de la región, el pueblo de Chile, la gente de menos recursos. A fin de cuentas, ese hospital pagó muchos millones a una clínica privada, recursos que pudo haber gastado en medicamentos o en atender a la gente. Es decir, ganan las isapres y los ricos. Por lo anteriormente expuesto, pido que se oficie al ministro de Salud a objeto de que me informe cuántos recursos están empozados en el Servicio de Salud de Atacama, por no cobro de licencias médicas; cuánto han gastado los hospitales de Copiapó, Huasco, Chañaral y Vallenar por la derivación de pacientes a clínicas privadas en el presente año y durante 2011, y cuánto han gastado por este concepto los servicios de salud de todo el país.Me parece que esto es extraordinariamente grave. Es necesario cuidar los recursos públicos, que deben destinarse a atender a la gente de menos ingresos. En tal sentido, considero que los directores de los servicios de salud del actual Gobierno no están cumpliendo una buena labor. He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán lo oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados De Urresti, Chahín, Monsalve y de quien preside. ANTECEDENTES DE GESTIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SECTOR BARRIOS BAJOS DE VALDIVIA. Oficios.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, los vecinos del sector de Barrios Bajos, de Valdivia, han pedido la construcción de un centro de salud en ese importante punto de la ciudad. El 9 de septiembre de 2009, se realizó una consulta vecinal destinada a determinar si los pobladores optaban por la construcción de un centro de salud o de una cancha deportiva en un terreno que existe en el sector. Debido a la importancia que reviste la atención de salud, ganó la primera opción, es decir, la construcción de un centro de salud. Fue así como los dirigentes, agrupados en el Consejo Coordinador y de Progreso Social de Barrios Bajos, sostuvieron reuniones con autoridades de diversas instancias; sin embargo, hasta la fecha no han tenido una respuesta concreta que les permita resolver su problema. Ya cuentan con el terreno que necesitan y con el compromiso de financiamiento del gobierno de la Región de Los Ríos; pero sigue pendiente lo principal: la decisión de la autoridad respectiva de construir ese nuevo centro de salud. Actualmente, en la sede social de la Junta de Vecinos José Miguel Carrera existe un Cecof, un Centro Comunitario de Salud Familiar, que no reúne las condiciones para atender la alta demanda de la comunidad. Por este motivo, es urgente realizar un trabajo coordinado para sacar adelante esa obra tan necesaria. El Cecof depende del Servicio de Salud de Valdivia, y es necesario que esa instancia se coordine con la Municipalidad de Valdivia, a fin de determinar su futura dependencia administrativa.Por todo lo anterior, pido que se oficie al ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, a fin de que me informe sobre las acciones que se han desarrollado para que el sector Barrios Bajos de Valdivia pueda contar con un moderno centro de salud.El año pasado, en entrevista con la directora del Servicio de Salud de Valdivia, doctora Marianela Caro, le di a conocer esta necesidad y le manifesté que se estaba esperando el resultado del estudio de la red asistencial. Al respecto, quiero conocer el diagnóstico de la situación de Barrios Bajos y que se efectúe la coordinación correspondiente con la municipalidad, a fin de satisfacer esta justa demanda de los vecinos.Finalmente, pido que se envíe copia de mi intervención a la presidenta del Consejo, señora Gladys Jaramillo; a la señora Teresa Airioli, presidenta de la Junta de Vecinos de Barrios Bajos; a la señora María Flores, presidenta de la Junta de Vecinos Miraflores, y a don Luis Sáez, presidente de la Junta de Vecinos Barrio Centro.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Chahín, Fidel Espinoza, Monsalve y de quien habla.NORMALIZACIÓN DE HOSPITAL BASE DE VALDIVIA. Oficios.El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en otro orden de cosas, pido que se oficie al ministro de Salud, con el objeto de que me informe sobre la factibilidad de efectuar la normalización del Hospital Base de Valdivia, porque ese establecimiento no está atendiendo en forma adecuada la gran demanda de la población, particularmente respecto de patologías complejas que, debido a las mayores expectativas de vida de la población, se presentan con mayor frecuencia. Por ejemplo, todos los pacientes con enfermedades cardiológicas deben ser derivados al Hospital de Temuco. Al respecto, solicito que me informe sobre el número de cardiólogos que atienden en el Hospital Base de Valdivia, los pacientes afectados por patologías cardiovasculares que son derivados a Temuco y la proyección que existe para satisfacer la demanda futura en esa área.Asimismo, pido que me indique, de acuerdo con estudios técnicos, qué áreas tendrán mayor demanda y si el actual recinto asistencial de Valdivia tiene capacidad para responder satisfactoriamente a los futuros desafíos.Los profesionales universitarios que trabajan en el sector salud, agrupados en la Fenpruss, han manifestado su preocupación por esta situación y destacan que es necesario llevar a cabo, en forma urgente, la normalización del principal centro asistencial de la Región de Los Ríos. Igualmente, pido que el ministro me informe si es posible iniciar con prontitud los estudios relacionados con la normalización del centro asistencial mencionado.Además, pido que se envíe copia de mi intervención al director del Hospital Base de Valdivia y a la señora Aurora Delgado, presidenta de la Fenpruss provincial.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Chahín, Fidel Espinoza, Monsalve y de quien habla.MANTENCIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA EN SECTORES AISLADOS DE COMUNA DE LAGO RANCO. Oficios.El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, tras la emergencia originada por la erupción del Cordón Caulle, se destinaron recursos para atenciones médicas en las zonas aledañas. El programa de intervención, coordinado con la Intendencia, el Servicio de Salud y la Municipalidad de Lago Ranco, ha concluido, lo que ha provocado gran inquietud en la comunidad. Esos sectores están muy apartados y las familias que viven allí son muy vulnerables. Recién en diciembre, a seis meses de ocurrida la emergencia, se aceptó la petición de la gente en cuanto a mantener un médico en ese sector, medida que se concretó en enero del año siguiente. Ahora, terminada la intervención, los habitantes de sectores como Carrán Chico desean que se continúe con el programa, en especial porque ha contribuido a atender a los habitantes de los sectores rurales, lo que les ha permitido acceder a una oportuna atención de salud por especialistas.Por lo tanto, pido que se oficie al intendente de la Región de Los Ríos, don Juan Andrés Varas, y a la doctora Marianela Caro, directora del Servicio de Salud de Valdivia, a objeto de solicitarles que evalúen la posibilidad de mantener allí un médico y de celebrar un convenio con la Municipalidad de Lago Ranco, porque la emergencia causada por las cenizas del volcán Caulle no ha terminado. Se trata de familias que viven en sectores aislados y es necesario ayudarlas. Además, por su situación económica, la municipalidad tampoco puede solventar los gastos, a pesar de que me consta la gran labor realizada por el alcalde de dicha comuna, don Santiago Rosas. Por lo tanto, es fundamental que se pueda continuar con ese servicio, que ha sido muy bien acogido por la comunidad.Para terminar, pido que se envíe copia de mi intervención al alcalde de Lago Ranco, don Santiago Rosas, y al concejo de esa comuna. He dicho. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Chahín, Fidel Espinoza, Monsalve y de quien preside.INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA QUE INDIQUE UBICACIÓN DE COMUNIDAD MAPUCHE PELÓN MAPU. Oficios.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en primer lugar, pido oficiar al director general de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de que considere una solicitud, reiterada en distintas oportunidades, de la comunidad mapuche Pelón Mapu, ubicada a un costado de la Ruta 5 Sur, específicamente, en el kilómetro 618.4, que desde hace mucho tiempo está interesada en que la empresa concesionaria de la carretera entre Collipulli y Panguipulli instale una señalética que indique “Paradero El Descanso-Comunidad Indígena Pelón Mapu”. Para la comunidad sería muy importante, porque no existe señalética alguna y, por lo tanto, es muy difícil acceder a ella y generar mayor vinculación con las personas que visitan el sector. Además, permitiría desarrollar proyectos de etnoturismo. Los integrantes de la comunidad construyeron una ruca al lado de la carretera, pero, como no está señalizado, nadie sabe que allí existe una comunidad indígena. Sería una forma de indicar la existencia de la comunidad, de la ruca y de los servicios de etnoturismo que prestan. Por eso, es muy necesario que la concesionaria acceda a esta solicitud.También pido que se envíe copia del oficio al presidente de la comunidad, don Dagoberto Calliñir, y al seremi de Obras Públicas de la Región de La Araucanía.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Fidel Espinoza, Monsalve y de quien habla.INCORPORACIÓN DE ESCUELAS DE LOCALIDADES AISLADAS DE VILCÚN A PROGRAMA DE CONEXIÓN A INTERNET. Oficios.El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, en segundo término, pido que se oficie al subsecretario de Telecomunicaciones, a fin de solicitarle que evalúe la posibilidad de incorporar en algún programa de conectividad a Internet para sectores aislados que tenga esa Subsecretaría a algunas escuelas de la comuna de Vilcún, cuyos directores me han manifestado su deseo de acceder a ese servicio.Actualmente, muchas escuelas tienen computadores, pero no cuentan con servicio de internet. Además, en los casos que corresponda, podría ser utilizado por las postas aledañas a las escuelas y por la comunidad, mediante la instalación de antenas que permitan la conexión en forma inalámbrica. En particular, pido que se considere la inclusión de los sectores de Cantino, Collín, Vega Redonda, Malla, Cruz del Sur y Quintrilpe de la comuna de Vilcún. En caso de ser factible, me interesa que el subsecretario me informe sobre los plazos requeridos para incorporar en el programa a los sectores que he señalado. Pido que se envíe copia del oficio al alcalde de la comuna de Vilcún, don Patricio Villanueva, y al Consejo de la Sociedad Civil de dicha comuna. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Fidel Espinoza, Monsalve y de quien habla.FACTIBILIDAD DE INCORPORACIÓN EN HOSPITAL DE CURACAUTÍN DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN BASADA EN AGUAS TERMALES. Oficios.El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, finalmente, pido que se oficie al ministro de Salud, con copia al subsecretario de Redes Asistenciales, al intendente de la Región de La Araucanía, al alcalde y al concejo de Curacautín, al director y al consejo directivo del Hospital de Curacautín, para solicitarle que nos informe respecto de la factibilidad de incorporar, como parte del proyecto de normalización del Hospital de Curacautín, o como un proyecto anexo al mismo, un modelo o programa de rehabilitación en base a aguas termales, con toda la infraestructura, equipamiento y dotación necesarios.Este proyecto, que ha sido liderado por el alcalde de la comuna, que parece muy pertinente y se generaría en asociación con los tres centros termales de la zona. Es una forma novedosa de entregar tratamientos de salud.Por lo tanto, sería muy relevante que fuera considerado dentro de la normalización que se está llevando a cabo en ese hospital, ya sea como parte de tal proceso o como un proyecto anexo, pero estrechamente vinculado a la inversión proyectada para el Hospital de Curacautín.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Fidel Espinoza, Monsalve y de quien habla.PROHIBICIÓN A TÉCNICOS PARAMÉDICOS DE ENTREGAR MEDICAMENTOS EN POSTAS RURALES DE COMUNA DE CAÑETE. Oficios.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve.El señor MONSALVE.- Señor Presidente, hace una semana, visité el sector rural de Ponotro, comuna de Cañete, provincia de Arauco y participé en una reunión en la que estuvo presente el presidente de la junta de vecinos, quien, además, es presidente del Consejo Comunal de Salud Rural, quien me informó sobre una situación de extraordinaria preocupación. Se ha tomado la decisión, cuyos fundamentos no conocemos, de que los técnicos paramédicos de las postas de salud rural de Cañete no entreguen ningún tipo de medicamento. El hecho es de extrema gravedad, ya que afecta a una población de más de 10.500 personas que viven en esos sectores rurales y que se atienden en postas rurales. La medida afectaría a quienes utilizan los servicios de las postas de Llenquehue, Pangueco, Lloncao, Huentelolén, Pocuno, Cayucupil y Antiquina.Esta es la primera vez que escucho que se interprete en forma tan rigurosa el Código Sanitario. Efectivamente, dicho cuerpo normativo establece que los únicos habilitados para extender recetas médicas son los médicos, odontólogos y matronas. Pero, históricamente en Chile, en la Atención Primaria de Salud, frente a las consultas, los técnicos paramédicos de las postas han entregado algunos medicamentos, que son justamente los que se prescriben sin receta médica. Me refiero, por ejemplo, al paracetamol o ibuprofeno.La prohibición rige para las seis postas de la comuna de Cañete, lo que me parece muy inquietante.Por eso, pido oficiar al ministro de Salud para solicitarle que nos informe quién tomó esa decisión, en qué se fundamenta y que nos acompañe un informe jurídico del Ministerio de Salud en que se explique si ello es procedente o no.Además, pido enviar copia del oficio al presidente y a la secretaria de la Junta de Vecinos de Ponotro, señor Pedro Mora y señora Elvira Morales, respectivamente, y a la Oficina de Organizaciones Sociales de la Municipalidad de Cañete.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Fidel Espinoza y de quien habla.ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LOCALIDAD DE PONOTRO, COMUNA DE CAÑETE. Oficios.El señor MONSALVE.- Señor Presidente, en segundo término, pido oficiar al ministro de Obras Públicas y al intendente de la Región del Biobío, a fin de solicitarles que me informen acerca del estado en que se encuentra el proyecto de ampliación del sistema de agua potable rural de la localidad de Ponotro, comuna de Cañete.Actualmente, existe un sistema de agua potable rural que abastece a 30 familias; sin embargo, 46 familias carecen del vital elemento y requieren de la ampliación de ese sistema, para lo cual se está desarrollando un proyecto, del que quiero conocer su estado de avance. Además, es muy importante que, a través del señor intendente, se garanticen los recursos para llevar adelante dicho proyecto de ampliación.Asimismo, pido enviar copia de este oficio a don Pedro Mora y a la señora Elvira Morales, presidente y secretaria, respectivamente, de la Junta de Vecinos de Ponotro.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Fidel Espinoza y de quien preside.INFORMACIÓN SOBRE COMPRA DE TIERRAS EN PROVINCIA DE ARAUCO A TRAVÉS DEL FONDO DE TIERRAS Y AGUAS DE LA CONADI DE REGIÓN DEL BIOBÍO. Oficio.El señor MONSALVE.- En tercer lugar, pido enviar un oficio al ministro de Desarrollo Social, con el objeto de que me informe respecto de la cantidad de recursos del Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi de la Región del Biobío que fueron destinados a la compra de tierras en cada una de las comunas de la provincia de Arauco durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y de los que están previstos para 2012. De ese monto, ¿cuántos predios y hectáreas fueron comprados en cada una de las comunas y a quiénes?Asimismo, me interesa conocer la lista de priorización de predios a comprar en cada una de las comunas de la provincia de Arauco para el año 2012.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Fidel Espinoza y Marinovic.ANTECEDENTES DE AUTORIZACIÓN SANITARIA A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE SECTOR PEHUÉN, COMUNA DE LEBU. Oficio.El señor MONSALVE.- Finalmente, pido el envío de un oficio al intendente de la Región del Biobío, para solicitarle que me informe respecto de las autorizaciones que tendría la planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en el sector de Pehuén, comuna de Lebu.Deseo saber si cuenta con las autorizaciones sanitarias y con los estudios de impacto ambiental correspondientes.Finalmente, pido enviar copia de este oficio al dirigente vecinal de ese sector señor Robin Yaupi.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados Fidel Espinoza y Marinovic.AUMENTO DE DIETAS Y ATRIBUCIONES A CONCEJALES. Oficio.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en los últimos días, he tenido algunas reuniones, tanto con las asociaciones de concejales del país y de mi región como también con las organizaciones de consejeros regionales, que me han motivado a intervenir.En primer lugar, pido enviar un oficio al Presidente de la República para expresarle que, si queremos que se apliquen mejores políticas en las distintas comunas, vinculadas a las ciudadanía y a las necesidades de la gente, así como al trabajo bien desarrollado en terreno, es fundamental que se entreguen mayores atribuciones a los concejales, dentro del marco de la nueva ley que comenzará a discutirse en las próximas semanas, atribuciones de las cuales hoy carecen.Un concejal no puede cumplir bien su labor debido, fundamentalmente, a que los alcaldes son amos y señores de sus comunas. Por ejemplo, si un concejal necesita ir a terreno, no puede ocupar un vehículo municipal, aunque también fue elegido por el pueblo. Se lo impide el hecho de no ser funcionario público.Es necesario que, en el marco de la nueva ley, venga incluido ese tema en la discusión, para que la ciudadanía pueda determinar bien cuando un concejal no cumple con su trabajo, aunque tenga las atribuciones para hacerlo, lo que daría luces sobre qué tipo de concejal es. Actualmente, con los 400 mil pesos que ganan lo concejales, simplemente no pueden cumplir bien sus funciones. Tampoco tienen previsión, otro asunto importante que debería ser incorporado en la iniciativa.En consecuencia, debe introducirse una mejora mucho más sustantiva que la que propondrá el Ejecutivo en el proyecto que presentará. Hay que considerar montos realmente dignos y necesarios para el buen desempeño de la función de concejal.No digo que se deban duplicar los ingresos que reciben actualmente, sino asignarles uno que les permita desarrollar bien su tarea. Todos sabemos que con 400 mil pesos es muy difícil desarrollar una buena función, especialmente cuando muchos concejales reintegran gran parte de esos ingresos a las organizaciones que apoyan, porque estas regularmente les solicitan cooperación.Por lo tanto, pido el envío de un oficio al Presidente de la República, con copia de mi intervención, para solicitarle una revisión más profunda del tema, lo que permitiría mejorar el trabajo en las comunas y también la democracia.Si tenemos concejales con más atribuciones -esto no pasa solo por un tema de recursos-, tendremos mejores comunas, mejor democracia y mejor desarrollo de su trabajo local.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con mi adhesión.RECHAZO A ESTABLECIMIENTO DE LISTAS CERRADAS DE CANDIDATOS A CONSEJEROS REGIONALES. Oficio.El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en cuanto a la reforma constitucional para la elección directa de los consejeros regionales, quiero manifestar que valoro y rescato la importancia de los cores para el país. Pero, a mi juicio, ese proyecto de reforma viene con una distorsión tremenda a la democracia misma y a la forma de elegir a nuestras autoridades.El hecho de que algunos partidos estén promocionando que existan listas cerradas de candidatos a consejeros regionales significa dejarles todas las atribuciones a los partidos políticos para que solo ellos definan cómo y a quiénes se elige, lo que constituye un atentado a la misma democracia que buscamos potenciar.No estoy de acuerdo con esa propuesta y jamás votaré a favor de un proyecto de ley que vaya en esa línea y que no se permita el voto por personas, como en cualquier otra elección, para que cada ciudadano sepa por quién votará y cuántos votos sacó ese candidato. Lo contrario es distorsionar la democracia, y cualquier elemento que la distorsione, le hace mal al país. Por eso, la ciudadanía repudia el proceder de la clase política.En tal sentido, pido oficiar al ministro secretario general de la Presidencia, para solicitarle que tome en consideración estos argumentos.Asimismo, sería muy importante mejorar las atribuciones y mecanismos de rendición de gastos de los consejeros regionales, que actualmente son poco transparentes.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado que preside.APOYO A TRANSPARENCIA DE LEGISLACIÓN SOBRE FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS POLÍTICAS. Oficio.El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, finalmente, pido que se oficie al ministro Secretario General de la Presidencia a fin de solicitarle que proponga un proyecto de ley -creo que es el momento oportuno para hacerlo, por todo lo ocurrido en las últimas semanas y por las múltiples críticas al sistema político- que transparente el financiamiento de las campañas políticas. Actualmente, como dijo Juan José Soto, gerente de la fundación Ciudadano Inteligente, en Chile existe un manto oscuro sobre el financiamiento de las campañas electorales, apreciación con la que coincido plenamente. No sabemos hasta qué punto hay participación interesada en el financiamiento de la política de ciertos particulares, a fin de lograr mayor injerencia en leyes o políticas determinadas, en desmedro del bien general. Creo que lo dicho por el señor Soto grafica la importancia del tema. En democracias más consolidadas, al menos, se tiene acceso a los nombres de empresas o personas que realizan donaciones y a quiénes. Esto permite que cualquier ciudadano apriete una tecla de un computador y sepa quién le donó a tal o cual candidato y cuánto, para después pedir la inhabilidad de esas autoridades en la votación de proyectos que afecten los intereses de la ciudadanía. Hoy no existe ese resguardo en Chile. Obviamente, se infiere que tal situación da ventajas comparativas a los partidos políticos y a las personas más cercanas a los grupos económicos, en desmedro de quienes no tienen conexiones o vínculos con tales grupos económicos, lo que también daña la democracia. Además, solicito al ministro que contemple lo que he planteado. Si queremos avanzar en democracia, primero debemos elaborar leyes que regulen el financiamiento de las campañas políticas. Hoy, por ejemplo, de acuerdo con la normativa vigente, cualquier persona puede mantener en reserva, en el más completo anonimato, que realizó donaciones a una campaña política determinada. Esa práctica no parece transparente y, por lo tanto, debemos corregirla.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con mi adhesión.INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO EN ACCIÓN JUDICIAL DEL COLEGIO DE PROFESORES EN CONTRA DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. Oficio.El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic.El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, en primer lugar, pido oficiar al Consejo de Defensa del Estado a objeto de solicitarle que se haga parte en la acción deducida por el Colegio de Profesores en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas por el mal uso de fondos de la Subvención Escolar Preferencial, pese a que los directores de colegios realizan un trabajo permanente y despliegan un esfuerzo directo, con gran sacrificio personal, por los alumnos más vulnerables. Por lo tanto, es fundamental la transparencia en la utilización de esos recursos.Además, pido que a ese oficio se adjunte copia del que envié el 7 de marzo del año en curso al ministro de Educación y al seremi de Educación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en que solicito que dicho ministerio investigue e intervenga la Corporación Municipal de Punta Arenas. Es fundamental que el Consejo de Defensa del Estado, representante de todos los chilenos, resguarde los intereses de la ciudadanía.El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.FISCALIZACIÓN DE CONDICIONES LABORALES DE PROYECTO CARBONÍFERO DE EMPRESA MINERA ISLA RIESCO. Oficios.El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, en segundo término, pido que se oficie a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei, y se remitan copias al seremi del Trabajo, a la CUT de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y a los sindicatos involucrados -entregaré la lista de ellos oportunamente-, a fin de solicitarle que recabe de la empresa Minera Isla Riesco, que ejecuta el proyecto de extracción de carbón en Isla Riesco, toda la información respecto de cuántos trabajadores cumplen funciones en el proyecto, ya sea en forma directa o a través de contratistas o de empresas relacionadas.Además, me interesa que se me informe cuántos trabajadores están radicados permanentemente en la región y cuántos están residiendo en forma temporal a propósito de las faenas de construcción del proyecto y posterior etapa de producción.Es muy importante que la ministra del Trabajo y Previsión Social instruya a los organismos correspondientes, de manera muy enérgica, a fin de que se fiscalicen las condiciones laborales en que se desempeñan los trabajadores. En días pasados, sostuve conversaciones con dirigentes laborales del proyecto carbonífero, quienes me formularon algunas denuncias respecto de la habitabilidad de los campamentos, los residuos, el agua potable y varios otros temas. Por lo tanto, espero que me informen debidamente al respecto y se fiscalice con la mayor rigurosidad posible.Lo anterior lo solicito no por un afán de persecución ni de ocasionar problemas, sino porque la empresa suscribió un compromiso con la comunidad magallánica, en el sentido de que se iban a generar muchos empleos y que, además, el 80 por ciento de los trabajadores estarían radicados en nuestra región.El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN HOSPITALES DE PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PORVENIR. EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES ONCOLÓGICA Y DE RADIOLOGÍA DE HOSPITAL LAUTARO NAVARRO AVARIA. Oficios.El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, en tercer lugar, pido oficiar a la secretaria regional ministerial de Salud de Magallanes, doctora María Isabel Iduya, con copia al director del Servicio de Salud, doctor Jorge Flies; a los directores de los hospitales de Punta Arenas Dr. Lautaro Navarro Avaria, de Puerto Natales y de Porvenir, y a las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de las ciudades mencionadas, a fin de que me informen sobre la lista de médicos, fundamentalmente de los especialistas, que laboran en esos tres establecimientos de salud pública. Además, quiero que me señalen con claridad la especialidad de cada uno de ellos.Segundo, pido que me informen sobre las solicitudes formuladas por cada uno de los directores de esos hospitales respecto de las especialidades que les faltan en sus respectivos establecimientos, para atender debidamente a la comunidad, y en qué etapa de tramitación se encuentran en el Ministerio de Salud. Tercero, me interesa que me expliquen cuál ha sido el resultado de la operación de la nueva Unidad Oncológica del Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria, cómo está funcionando la radioterapia y la quimioterapia y cuál es la ronda de turnos del especialista de rayos. Dado que ha pasado más de un año desde que entró en funcionamiento esa unidad, es fundamental que se entregue una evaluación por parte del Servicio de Salud.Asimismo, pido que me informen respecto de la operación de la Unidad de Radiolo-gía y de cómo ha estado operando hasta el momento.El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copias a las autoridades mencionadas. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS PARA EL ESTADO DE SENADORES Y DIPUTADOS. Oficio.El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, para concluir, pido que se oficie al ministro de Hacienda, con el objeto de solicitarle que me informe cuál es el costo para el Estado, evaluado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, de cada diputado y de cada senador. Pido especificación de todos los ítems: costos de biblioteca, de operación, de mantenimiento, etcétera, es decir, todos los gastos que implica para el país un diputado y un senador, en forma unitaria. Pido esa información por una razón muy simple. Algunos partidos políticos y también varios colegas han planteado la idea de subir la cantidad de senadores de 38 a 50, y de diputados de 120 a 150, propuesta a la que me opongo.Requiero dicha información para que el país tenga claridad respecto de tales costos y sepa cuánto le significa cada parlamentario al Estado y, por lo tanto, a todos los chilenos.He dicho.El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 14.19 horas.PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,Jefa de la Redacción de Sesiones subrogante. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:7886-03Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio. Dios guarde a V.E., (Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:8217-05Autoriza al Banco Central suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:7947-03Sobre fomento de la pesca artesanal, Comisión Nacional de Acuicultura y Consejos Zonales de Pesca.7567-07Modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal8070-04Aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales.8149-09Introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.7308-06Sobre plebiscito y consultas de carácter comunal.7550-06Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.7923-06Establece elección directa de los Consejeros Regionales.7975-25Fortalece el resguardo del orden público.8183-03Modifica Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para fortalecer la protección de principios activos de medicamentos.4921-11Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”4. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:8085-29Crea el Ministerio del Deporte Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”5. Oficio del H. Senado. “Valparaíso, 17 de abril de 2012. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las presentaciones de música en vivo, correspondiente al Boletín N° 7.449-11, con las siguientes enmiendas:Artículo único.-Número 1) Ha eliminado, en la oración final que agrega al párrafo primero de la letra C) del artículo 3º, la expresión “, sin amplificación”.-o- Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.648, de 11 de agosto de 2011. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a Vuestra Excelencia.(Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”6. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley relativo al Derecho a Defensa de los Imputados. (boletín N° 7.854-07).“Honorable Senado,Honorable Cámara de Diputados: La Comisión Mixta, constituida en conformidad al inciso segundo del artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto ley señalado en el epígrafe. El origen de esta Comisión Mixta se encuentra en el rechazo del Senado, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2011, en el tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas que en su oportunidad había acordado la Cámara de Diputados. A raíz de lo anterior, se nombró como representantes ante la referida instancia a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La Cámara de Diputados, por su parte, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2011, designó como integrantes de la misma a los Honorables Diputados señora Marisol Turres Figueroa y a los señores Jorge Burgos Varela, Giovanni Calderón Bassi, Alberto Cardemil Herrera y Felipe Harboe Bascuñán. Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 2 de abril de 2012, eligió como Presidente al Honorable Senador señor Hernán Larraín Fernández e inició el análisis de las divergencias surgidas entre ambas Corporaciones. A las sesiones en que se consideró este proyecto asistieron los abogados y profesores de Derecho señores Juan Domingo Acosta y Raúl Tavolari; el señor Daniel Dodds, abogado asesor del Ministerio de Justicia; el señor Javier Acuña, abogado asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y los asesores del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, señor Fernando Dazarola, y de la Honorable Senadora señora Soledad Alvear Valenzuela, señor Jorge Cash.-o-Discrepancias sometidas a la consideración de la comisión mixta Las divergencias suscitadas entre ambas Corporaciones derivan, como se ha explicado, del rechazo por parte del Senado, en tercer trámite constitucional, de la totalidad de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional. A continuación, se consignan las disposiciones que originaron las mencionadas divergencias, se deja constancia, en síntesis, del debate que se produjo en la Comisión Mixta y se informa de los acuerdos adoptados en cada caso. Se presentan, finalmente, la proposición mediante la cual esta Comisión Mixta estima que puede solucionarse las diferencias en estudio.-o-Artículo únicoNúmero 1) del Senado y de la Cámara de Diputados En el primer trámite constitucional, el Senado aprobó un número 1) que incorpora, en el inciso primero del artículo 8° del Código Procesal Penal, - disposición que garantiza el derecho de los imputados a ser defendidos por un abogado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra- una oración que complementa el mencionado derecho. En ella se dispone lo siguiente: “De conformidad al párrafo cuarto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el imputado que no nombrare un defensor tiene el derecho irrenunciable a ser asistido por uno proporcionado por el Estado a más tardar desde la primera audiencia judicial a la que comparezca.”. En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados reemplazó esta disposición por otra que agrega -al mencionado inciso del artículo 8º- una oración que dispone que: “Todo imputado que carezca de abogado, tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La designación del abogado la efectuará el juez antes de celebrar la primera actuación del procedimiento que requiera de la presencia de dicho imputado.”. En el tercer trámite constitucional el Senado rechazó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Al iniciarse el debate de estas discrepancias, los abogados señores Juan Domingo Acosta y Raúl Tavolari propusieron a la Comisión Mixta, como forma y modo de resolver la discrepancia surgida, la siguiente nueva redacción para este número: 1) Agrégase, en el inciso primero del artículo 8º, a continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), las siguientes oraciones: “Todo imputado que carezca de abogado, tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La designación del abogado la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado.”. Al iniciarse la consideración de esta propuesta, el Honorable Diputado señor Burgos recordó que el texto aprobado por la Cámara de Diputados fue fruto de un debate en el que se contó, entre otras personas, con la asesoría del profesor señor Raúl Tavolari y del Defensor Penal Público. Precisó que cuando se consideró el texto aprobado por el Senado se tuvo a la vista las inquietudes y temores que llevaron a legislar sobre esta materia. Puntualizó que si bien ellas no fueron comprobadas empíricamente, si parecieron atendibles desde un punto de vista teórico, en la medida que alguien podría plantear la nulidad de una actuación procesal realizada sin la presencia del abogado defensor del imputado. La Honorable Diputada señora Turres recordó que entre los diversos antecedentes que se tuvieron a la vista, se encontraba un documento elaborado por la Defensoría Penal Pública en que se postulaba la posibilidad de solicitar judicialmente la nulidad de todos procedimientos efectuados con antelación a una audiencia judicial y que no contaron con la asistencia al imputado de un abogado defensor. Sostuvo que la aceptación de esta interpretación acerca del alcance de la reforma constitucional que garantiza el derecho a defensa de los imputados implicaría un riesgo cierto de paralización de muchas investigaciones criminales en curso. Señaló que la proposición presentada por los profesores Acosta y Tavolari da una solución a las dudas que se plantearon, ya que establece un momento preciso en que todos los imputados, que carecen de un abogado defensor, pueden exigir al Estado que les proporcione uno. El profesor señor Juan Domingo Acosta agradeció la invitación cursada, y manifestó que la proposición en análisis pretende superar las diferencias surgidas entre ambas Cámaras. Recordó que está fuera de toda duda que cualquier persona siempre tiene derecho a nombrar libremente un abogado de su confianza desde la primera actuación del procedimiento en su contra. Explicó que el problema que plantea la reforma constitucional aprobada por la ley Nº 20.516 es determinar, con toda precisión, el momento a partir del cual se torna irrenunciable el derecho a contar con un abogado defensor proporcionado por el Estado. Puntualizó que dado que la reforma constitucional señala que todo imputado que carece de abogado tiene el derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado, se ha alegado, en algunos casos que a él le ha tocado conocer, la nulidad de todos los procedimientos en que el imputado no contó con la presencia de un abogado defensor. Agregó que la redacción aprobada por la Cámara de Diputados -que propone que el derecho irrenunciable a contar con un abogado proporcionado por el Estado existe desde la primera actuación en el procedimiento- complica la resolución de este asunto ya que reforzaría el argumento de que dicho derecho se podría exigir desde la primera actuación del procedimiento, lo que abriría la puerta a la posibilidad de alegar la nulidad de todas las investigaciones prejudiciales realizadas sin la presencia de un letrado. Hizo presente que si se acepta este último predicamento se podría alegar la nulidad de la declaración voluntaria de un imputado prestada en su propio favor frente a la policía o a un fiscal ya que no se contó con la presencia de un abogado defensor, aunque el imputado haya manifestado expresamente que renunciaba a dicha prerrogativa. Indicó que, en cambio, la nueva redacción precisa este asunto al indicar que tal derecho se torna irrenunciable antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado. Con ello, explicó, queda claro que hay una diferencia entre el derecho a tener un abogado y el deber del Estado a proporcionar un abogado al imputado que carece de defensa jurídica. El profesor señor Raúl Tavolari agradeció la invitación cursada e inició su intervención señalando que la consagración de este derecho estuvo asociado al reconocimiento constitucional del derecho de las víctimas a contar con asesoría y defensa jurídica. Recordó que cuando se discutió y aprobó la Reforma Procesal Penal se garantizaron una serie de derechos a los imputados pero no se atendieron suficientemente los de las víctimas de delitos. Puntualizó que esta situación ha cambiado en los últimos años debido a que la opinión pública tiene una mayor preocupación en esta materia. Hizo presente que cuando se discutieron las normas que regulan el procedimiento procesal penal había una concepción distinta del rol que le debía caber a la víctima en los juicios criminales, ya que se consideraba que sus derechos quedaban suficientemente protegidos por la actuación de los fiscales del Ministerio Público. Indicó que la ley N° 20.516, de Reforma Constitucional discurre sobre otros supuestos, lo que genera un pequeño desequilibrio entre las posiciones de los distintos actores en el proceso penal, lo que se puede contrarrestar con algunas modificaciones al estatuto del imputado, que ya cuenta con una amplia protección en el Código Procesal Penal. Señaló que un antecedente de hecho que tiene gran relevancia en el estudio de este asunto, se refiere a la opinión de los Defensores Penales Públicos quienes han afirmado, en diversas instancias legislativas, que el Estado de Chile no puede actualmente otorgar defensa legal gratuita a todos los imputados en todas las etapas del procedimiento penal. En vista de lo anterior, manifestó que una solución posible es mantener incólume el derecho de todo imputado a nombrar un abogado desde el principio del procedimiento, y acotar que el derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado defensor proporcionado por el Estado se hará exigible antes que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia del imputado. Manifestó que sería muy deseable que en el futuro esta garantía se ampliara a instantes previos del procedimiento, pero ello no es materialmente posible en la actualidad. El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, puntualizó que lo fundamental en el estudio de este asunto es precisar el momento desde el cual el imputado no puede dejar de tener un abogado que lo asesore, y todo indica que ese instante es la primera diligencia judicial del proceso, pues aunque sería deseable que el Estado pudiera proporcionar abogados antes de dicho momento, en la actualidad está fuera de sus posibilidades. En todo caso, puntualizó que la norma que se propone aprobar deja incólume la prerrogativa del imputado de contar con un abogado desde el inicio de la investigación en su contra. El Honorable Diputado señor Burgos señaló que desde el punto de vista del ideal sería conveniente que los imputados que no pueden contratar a un abogado pudieran contar con uno proporcionado por el Estado desde la primera actuación del procedimiento. Puntualizó que actualmente probablemente no se puede satisfacer este objetivo. Seguidamente, se refirió a la situación que se puede producir cuando un imputado se niega a declarar o a participar en un procedimiento si no está presente su abogado defensor. Agregó que esta situación se puede producir en la práctica y frente a ella hay que reconocer a los imputados el derecho que tienen a no prestar declaración. El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán indicó que en el artículo 91 del Código Procesal Penal garantiza el derecho de los imputados a guardar silencio. En efecto, puntualizó que de acuerdo con dicho precepto la policía sólo puede interrogar al imputado en presencia de su defensor. Si éste no está presente, las preguntas se limitarán a constatar la identidad del sujeto. Sólo si el imputado manifiesta su deseo de declarar, la policía puede tomar las medidas necesarias para que declare inmediatamente ante el fiscal. Si esto no fuere posible, la policía puede consignar las declaraciones que se allanare a prestar, bajo la responsabilidad y con la autorización del fiscal. En todo caso, precisó, el defensor puede incorporarse siempre y en cualquier momento a esta diligencia. En síntesis, sostuvo que lo que se busca con la norma que han sugerido los profesores Acosta y Tavolari es evitar la nulidad de actuaciones investigativas efectuadas por quién está facultado para hacerlas, antes de la comparecencia del imputado ante la justicia. Concluyó señalando que en todo caso, tal como ha señalado el Honorable Diputado Burgos, a nadie se le puede obligar a declarar. El profesor señor Tavolari concordó con este planteamiento. Asimismo, recordó que el inciso primero del mencionado artículo 8° del Código Procesal Penal señala expresamente que el imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. En consecuencia, afirmó ese derecho no se ve afectado. Lo único que pretende precisar es el momento en que el Estado está obligado a proporcionar un abogado defensor al imputado que carece de uno. El Honorable Senador señor Larraín propuso a los integrantes de la Comisión Mixta aprobar la propuesta de nueva redacción sugerida por los profesores Acosta y Tavolari para el número 1) de este artículo único. Los miembros de la Comisión Mixta hicieron suya esta proposición. - Sometida a votación esta proposición, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Carlos; Larraín don Hernán, y Walker, don Patricio y los Honorables Diputados señora Turres y señores Burgos y Calderón.-o-Número 2)del Senado y de la Cámara de Diputados En el primer trámite constitucional el Senado aprobó un número 2) que incorpora dos oraciones a la letra g) del inciso segundo del artículo 93 del Código Procesal Penal. Dicha letra, en lo que interesa a este informe, garantiza que todo imputado puede guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento. El texto que aprobó el Senado es el siguiente: “2) Agréganse las siguientes oraciones a la letra g) del inciso segundo del artículo 93, reemplazándose el punto y coma final (;) por un punto seguido (.): “Sin perjuicio de lo señalado en los artículos 91 y 102, al imputado, al ser informado de su derecho a guardar silencio en la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, en su caso, se le expresará lo siguiente: “Tiene derecho a guardar silencio. Si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”. De ello se dejará constancia en el registro respectivo;”. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados sustituyó el texto aprobado por el Senado, por el siguiente: “2) Agréganse en la letra g) del inciso segundo del artículo 93, reemplazando el punto y coma (;) por un punto seguido (.), las siguientes oraciones: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 91 y 102, al ser informado el imputado del derecho que le asiste conforme a esta letra, respecto de la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, según el caso, deberá señalársele lo siguiente: “Tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; con todo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”. En el tercer trámite constitucional el Senado rechazó la enmienda aprobada por la Cámara. El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, manifestó que la propuesta de la Cámara de Diputados es técnicamente más adecuada y cuenta con el respaldo de los profesores Acosta y Tavolari, razón por lo que propuso aprobarla en los mismos términos en que lo acordó dicha Corporación. Sometida a votación la propuesta de la Cámara de Diputados, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; y Walker, don Patricio y los Honorables Diputados señora Turres y señores Burgos y Calderón.-o-Nº 3) En el primer trámite constitucional el Senado aprobó un número 3) que introduce dos enmiendas, en igual número de literales, al inciso primero del artículo 102 del Código Procesal Penal. Cabe recordar que el mencionado artículo garantiza el derecho a designar libremente a un abogado defensor.Letra a) La primera enmienda suprime, en la segunda oración del inciso primero, la frase “el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien”. Conforme a esta modificación se suprime la facultad del Ministerio Público para solicitar que se nombre a un defensor penal público al imputado que carece de abogado defensor. En el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados suprimió este literal. En el tercer trámite constitucional el Senado rechazó esta supresión. Al iniciarse el estudio de esta discrepancia, se recordó que el Senado aprobó la supresión de la frase indicada, pues en la práctica el Ministerio Público no ejercía esta potestad. En relación con este planteamiento, el Honorable Diputado señor Calderón planteó una duda acerca de la conveniencia de suprimir la mencionada frase, pues si bien en la práctica el Ministerio Público nunca insta por el nombramiento de un defensor de oficio, no puede derivarse de este hecho que la norma no tenga justificación. El profesor señor Acosta manifestó que hay tres buenas razones para plantear la eliminación de la mencionada frase: - En primer lugar, efectivamente el Ministerio Público nunca insta al tribunal para el nombramiento de un defensor de oficio que auxilie al imputado que carece de un abogado defensor. -En segundo lugar, la función del Ministerio Público, definida por su estatuto constitucional y orgánico constitucional, está circunscrita a la investigación de los hechos constitutivos de delito, el ejercicio de la acción penal pública y la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. Ello no lo coloca en el rol de protector o garantizador de los derechos del imputado. -En tercer lugar, la nueva redacción del artículo 8º del Código Procesal Penal impone al juez, y no al Ministerio Público, el deber de efectuar dicho nombramiento. Seguidamente intervino, el profesor señor Raúl Tavolari quien recordó que la actuación del Ministerio Público está guiada por el principio de objetividad, el que está establecido en su propio estatuto orgánico. Recordó que este principio exige que dicho Servicio investigue con igual celo tanto los hechos que acreditan la participación de un imputado en un crimen o delito como de aquello que atenúan su responsabilidad, la excluye o definitivamente lo exculpa. Puntualizó que, en la medida que se ha trasladado específicamente al juez la tarea de designar un abogado defensor al imputado que carece de uno, parece razonable no otorgar esa misma potestad al Ministerio Público. El Honorable Diputado señor Burgos señaló que la intervención del profesor Tavolari le había generado una duda. En este sentido, señaló que, al margen de que se aplique o no la facultad contenida en la frase que se propone suprimir, no se debía olvidar la doble dimensión de las labores que debe cumplir el Ministerio Público. En sentido, sostuvo, que este principio está presente a lo largo de todo el Código Procesal Penal, obligando al Ministerio Público no sólo a investigar los eventuales delitos en que ha participado un imputado sino que también sus derechos, lo que se expresa, en este caso, en el deber de solicitar el nombramiento de un abogado defensor al imputado que carece de uno. En este sentido, señaló que no creía conveniente modificar esta norma mientras no se haya producido un debate profundo sobre el rol que debe cumplir el Ministerio Público en esta materia, sobre todo cuando a pesar de lo que se ha señalado en esta sesión, no existe un consenso absoluto en la doctrina procesal penal. La Honorable Diputada señora Turres indicó que, a su juicio, la norma acordada por el Senado no ponía en entre dicho la doble función que debe realizar el Ministerio Público. El Honorable Diputado señor Calderón señaló que si bien entendía las inquietudes del Diputado señor Burgos, los argumentos de los profesores Acosta y Tavolari lo habían convencido de la conveniencia de aprobar la disposición acordada por el Senado. Expresó que si un juez no nombra un abogado defensor al imputado que carece de uno, tal actuación acarrearía la nulidad de todo lo obrado. Agregó que no resulta razonable que una segunda autoridad presente en el proceso -en este caso el Ministerio Público-, pudiera sanear la inobservancia del juez. Finalmente, manifestó que la aprobación de esta norma no erosiona al principio de la objetividad que debe regir la actuación del Ministerio Público. El profesor Acosta hizo presente que el principio de objetividad no dice relación con la atribución del Ministerio Público de solicitar la designación de un abogado defensor. Precisó que dicho principio se relaciona con lo que establece el artículo 3° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, disposición que se divide en dos partes. Por una, se establece que los fiscales deben regirse por el criterio de legalidad en sus actuaciones y por otra parte, que deben investigar con igual celo lo que determina la responsabilidad de un imputado como aquellas circunstancias que exculpen al imputado o atenúen su responsabilidad. Concluyó señalando que la norma aprobada por el Senado en nada afecta el principio de objetividad y sólo ayuda a clarificar las funciones que corresponden realizar al juez y a los fiscales del Ministerio Público. La Honorable Senadora señora Alvear expresó que el principio de objetividad es muy importante ya que informa todas las gestiones que realiza el Ministerio Público en cumplimiento de su función constitucional, siendo, por tanto, uno de los pilares del sistema procesal penal vigente, debe tenerse especial cuidado de no deteriorarlo. El abogado señor Tavolari puntualizó que si bien podría entenderse que con esta norma se está resintiendo las facultades del Ministerio Público, lo que se está haciendo -para resguardar los derechos del imputado- es radicar esta responsabilidad en el juez, órgano que se transforma en un protector de derechos. En este sentido, continuó, se está volviendo a la idea de un magistrado protector de derechos. Concluido el debate, el Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, puso en votación la proposición del Senado respecto de la letra a) del Nº 3) del artículo único del proyecto. -Sometida a votación la proposición contenida en la a la letra a) del Nº 3) del texto aprobado por el Senado, fue aprobada por la mayoría de los miembros de la Comisión presentes. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Espina, Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señora Turres y señores Calderón y Cardemil. Votó en contra el Honorable Diputado señor Burgos. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Alvear. Al fundamentar su voto a favor, el Honorable Senador Espina puntualizó que si lo que se persigue es velar de mejor forma por las garantías del imputado, resulta más adecuado fortalecer el rol de los jueces, quienes deben vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales sobre el debido proceso y las garantías del imputado. Expresó que por ello resulta mejor eliminar cualquier ambigüedad que en este caso pueda producirse respecto a qué órgano le corresponde nombrar al abogado defensor, en el evento que un imputado carezca de defensa jurídica.Letra b) Mediante esta letra se intercala en la oración final del inciso primero del artículo 102, a continuación de la expresión “caso,”, la frase: “y para los efectos de la oportunidad a la que alude el artículo 19, numeral 3°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de la República,”. En el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados suprimió este literal. En el tercer trámite constitucional el Senado rechazó esta supresión. El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, explicó que, a su juicio, la propuesta del Senado es meramente declarativa, ya que no agrega ningún nuevo significado a lo antes aprobado y puede dar lugar a algunas dudas interpretativas, por lo propuso acoger en esta parte la propuesta de la Cámara de Diputados que propone suprimir esta modificación. -Sometida a votación la referida supresión, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio y los Honorables Diputados señora Turres y señores Burgos, Calderón y Cardemil. Como consecuencia de los acuerdos alcanzados precedentemente, se acordó consignar, el siguiente número 3): “3) Suprímese en el inciso primero del artículo 102 la frase: “el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien”.-o-Numeral Nuevo En el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo un numeral nuevo, en reemplazo del Nº 3) aprobado por el Senado- Su texto es el siguiente: “3) Suprímese el inciso final del artículo 102.”. Cabe recordar que el mencionado inciso del artículo 102 permite que los imputados puedan asumir su propia defensa en el proceso criminal. En el tercer trámite constitucional, el Senado rechazó esta enmienda. Al iniciarse el estudio de esta discrepancia, el profesor señor Acosta manifestó que la eliminación del derecho a la autodefensa parece ser una consecuencia lógica de la reforma constitucional antes aprobada, porque ella exige que el Estado nombre un defensor, que debe tener la calidad de abogado, a quien carece de asesoría jurídica. Agregó que es muy difícil que el propio imputado realice una adecuada defensa de su propia causa. El Honorable Senador señor Espina puntualizó que el derecho a la propia defensa judicial no debe eliminarse, pues es obvio que el imputado no tiene la obligación de quedar en manos del parecer de un tercero ajeno, como es el caso del abogado defensor que le nombraría el Estado. Asimismo, sostuvo que este derecho no es absoluto, porque el artículo 102 señala que este derecho a autodefensa sólo se autorizará si el juez de la causa verifica que el uso de esta prerrogativa no perjudica al propio imputado. Afirmó, además, que esta norma debe entenderse en consonancia con lo que establece las nuevas oraciones que se han agregado al artículo 8° del Código Procesal Penal, que perentoriamente exige que el Estado nombre un abogado defensor al imputado antes de que tenga lugar su comparecencia judicial. En consecuencia, sostuvo, no se divisa razón para excluir la autodefensa en las etapas investigativas previas. Los Honorables Diputados señores Burgos y Calderón puntualizaron que el texto constitucional vigente establece perentoriamente que la defensa de los imputados debe ser siempre asumida por abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, por tanto la única hipótesis en que podría llegar a proceder la autodefensa es en el caso que el imputado tuviera esa calidad. El profesor señor Tavolari recalcó que la Constitución no impone defensas a los imputados, sino que sólo garantiza que puedan contar con una financiada por el Estado si no pueden costearlas por sí mismo. En razón de ello, consideró que puede admitirse la autodefensa. El Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, recordó que el inciso segundo del artículo 8º del Código Procesal Penal establece que el imputado tendrá derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considere oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y las otras que considere el procedimiento, por lo que puede concluirse que el imputado siempre tiene derecho a plantear su propio punto de vista ante el juez. Especificó que otra cosa es establecer que el imputado pueda asumir de manera autónoma su defensa, lo que sólo podría ser compatible con la reforma constitucional si dicho imputado es abogado. La Honorable Diputada señora Turres concordó con este planteamiento. El Honorable Senador señor Larraín, don Carlos, expresó que el derecho a la defensa es una prerrogativa del imputado, quien fundadamente puede tener desconfianza respecto de todo el listado de abogados defensores que el Estado ponga a su disposición en el proceso que se sigue en su contra. Agregó que el inciso que se pretende derogar, si bien reconoce el derecho del imputado a defenderse personalmente, prescribe expresamente que el juez de la causa sólo permitirá tal proceder si ello no perjudica la eficacia de la defensa. En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta los resguardos que establece el último inciso del artículo 120, señaló que no le parecía razonable ni conveniente suprimir el indicado inciso. - Sometida a votación la proposición de la Cámara de Diputados, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina; Larraín, don Carlos; Larraín, don Hernán; y Walker, don Patricio y los Honorables Diputados señora Turres y señores Burgos, Calderón y Cardemil.-o-Proposición de la comisión mixta En mérito del debate y acuerdos expuestos precedentemente y con el fin de salvar las divergencias entre ambas ramas del Congreso Nacional, esta Comisión Mixta sugiere aprobar la siguiente proposición:Artículo únicoNumeral 1)Del Senado y de la Cámara de DiputadosReemplazarlo por el siguiente: 1) Agrégase, en el inciso primero del artículo 8º, a continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), las siguientes oraciones: “Todo imputado que carezca de abogado, tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La designación del abogado la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado.”. (Unanimidad. 8 x 0).Numeral 2)Del Senado y la Cámara de Diputados Consignarlo en los mismos términos en que lo aprobó la Cámara de Diputados (Unanimidad. 8 x 0).Número 3)Del SenadoSustituirlo por el siguiente: “3) Suprímese en el inciso primero del artículo 102 la frase: “el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien”.”. (Mayoría de Votos. 7 x 1 y una abstención).Numeral nuevo, que ha pasado a ser 3)De la Cámara de DiputadosSuprimirlo(Unanimidad 9 x 0).-o- En consecuencia, de aprobarse la proposición de vuestra Comisión, el proyecto de ley quedaría como sigue:PROYECTO DE LEY Artículo único.- Introdúcense las siguientes enmiendas al Código Procesal Penal: 1) Agrégase, en el inciso primero del artículo 8º, a continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), las siguientes oraciones: “Todo imputado que carezca de abogado, tendrá derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. La designación del abogado la efectuará el juez antes de que tenga lugar la primera actuación judicial del procedimiento que requiera la presencia de dicho imputado.”. 2) Agrégase en la letra g) del inciso segundo del artículo 93, remplazándose el punto y coma final (;) por un punto seguido (.), las siguientes oraciones: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 91 y 102, al ser informado el imputado del derecho que le asiste conforme a esta letra, respecto de la primera declaración que preste ante el fiscal o la policía, según el caso, deberá señalársele lo siguiente: “Tiene derecho aguardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; con todo, si renuncia a él todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.”. 3) Suprímese en el inciso primero del artículo 102 la frase: “el ministerio público solicitará que se le nombre un defensor penal público, o bien”.”.-o- Acordado en sesiones celebradas los días 2 de abril de 2012 con asistencia de los Honorables Senadores señor Hernán Larraín Fernández (Presidente) y señores Carlos Larraín Peña y Patricio Walker Prieto, y los Honorables Diputados señora Marisol Turres Figueroa y señores Giovanni Calderón Bassi y Felipe Harboe Bascuñán y 9 de abril del año en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señor Hernán Larraín Fernández (Presidente), señora Soledad Alvear Valenzuela, y señores Alberto Espina Otero, Carlos Larraín Peña y Patricio Walker Prieto, y los Honorables Diputados señora Marisol Turres Figueroa y señores Jorge Burgos, Giovanni Calderón Bassi y Alberto Cardemil Herrera. Sala de la Comisión, a 10 de abril de 2012.(Fdo.): RODRIGO PINEDA GARFIAS, Secretario.”7. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que modifica el Régimen de Libertad Condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios. (boletín Nº 7.534-07)“Honorable Senado,Honorable Cámara de Diputados: La Comisión Mixta, constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.-o- El Senado, Cámara de Origen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la misma Corporación designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que conforman su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La Cámara de Diputados, Cámara Revisora, en sesión de fecha 13 de octubre de 2011, designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Jorge Burgos, Giovanni Calderón, Alberto Cardemil, Edmundo Eluchans y Felipe Harboe. Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 4 de abril de 2012, con la asistencia de sus miembros, los Honorables Senadores señora Soledad Alvear y señores Alberto Espina, Carlos Larraín, Hernán Larraín y Patricio Walker, y los Honorables Diputados señores Jorge Burgos, Alberto Cardemil y Edmundo Eluchans. En dicha oportunidad, por unanimidad se eligió como Presidente al Honorable Senador señor Hernán Larraín. A la señalada sesión concurrió, asimismo, el Honorable Senador señor Jaime Orpis. Del mismo modo, participó el Ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera; la Subsecretaria de la indicada Secretaría de Estado, señora Patricia Pérez; la Jefa de la División Jurídica, señora Paulina González, y el Jefe de la División de Defensa Social, señor Sebastián Valenzuela. Asistieron, asimismo, los asesores parlamentarios señora Carolina Salas y señores Jorge Cash y Fernando Dazarola. Igualmente, concurrieron los asesores señores Héctor Mery y Gonzalo Vargas, de la Fundación Jaime Guzmán y del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, respectivamente.-o-Normas de quórum especial La iniciativa en estudio no contiene normas que requieran quórum especial para su aprobación.-o-Descripción de la norma en controversia y acuerdos de la comisión mixta En primer trámite constitucional, el Senado aprobó el proyecto de ley que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados introdujo diversas modificaciones al proyecto aprobado, la mayoría de las cuales fue aprobada por el Senado en tercer trámite constitucional. Se rechazó, sin embargo, la enmienda recaída en el artículo 3°. En consecuencia, se produjo una discrepancia que es necesario resolver, para lo cual se formó esta Comisión Mixta. El referido artículo 3° sustituye el artículo 52 de la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. El texto vigente de la referida disposición prescribe lo que sigue: “Artículo 52.- Si el sentenciado no pagare la multa impuesta sufrirá, por vía de sustitución, la pena de reclusión, regulándose un día por cada media unidad tributaria mensual. En todo caso, la reclusión no podrá exceder de seis meses. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en casos debidamente calificados, el tribunal podrá eximir al condenado del pago de multa o imponerle una inferior al mínimo establecido en esta ley, debiendo dejar constancia en la sentencia de las razones que motivaron su decisión.”. El Senado, en primer trámite constitucional, acordó sustituir dicho precepto por el siguiente: “Artículo 52.- Si el sentenciado no pagare la multa impuesta el tribunal podrá imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a esta sustitución se requerirá del acuerdo del condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de la multa, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses. En cuanto a la regulación y revocación de la pena de servicios en favor de la comunidad, regirán las disposiciones contenidas en los artículos 49 a 49 sexies del Código Penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en casos debidamente calificados, el tribunal podrá eximir al condenado del pago de la multa o imponerle una inferior al mínimo establecido en la ley, debiendo dejar constancia en la sentencia o en la resolución posterior a ésta, de las razones que motivaron la decisión.”. La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, reemplazó los incisos primero, segundo y tercero del referido artículo 52, por el siguiente: “Artículo 52.- La pena de multa, en cuanto a su imposición, sustitución y apremio, se regirá por lo dispuesto en los artículos 49 a 49 sexies del Código Penal.”. El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó esta enmienda. El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, dio por iniciado el análisis de la discrepancia producida, de manera de buscar una fórmula de solución para la misma. Para estos efectos, el Ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera, puso a disposición de la Comisión la siguiente propuesta: -- Reemplazar el artículo 3° de la iniciativa por el que sigue: “Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 52 de la ley N° 20.000, por el siguiente: “Artículo 52.- La pena de multa, en cuanto a su imposición, sustitución y apremio, se regirá por lo dispuesto en los artículos 49 a 49 sexies del Código Penal.”.”. El Honorable Senador señor Orpis hizo presente la conveniencia de modificar la disposición en análisis, de manera que aquellos condenados que tengan la condición de consumidores de droga no vayan a la cárcel, sino que, en atención a su calidad de personas enfermas, reciban un tratamiento rehabilitador. Destacó la necesidad de dar al juez, en estos casos, la opción de imponer, como sanción sustitutiva de la multa, la rehabilitación o bien los trabajos en beneficio de la comunidad, mas no una pena privativa de libertad. Hizo notar que la proposición del Poder Ejecutivo incorpora nuevamente la reclusión como sanción en caso de incumplimiento o no pago de la multa impuesta por el tribunal. Indicó que en virtud del artículo 49 sexies que el proyecto está incorporando al Código Penal, el consumidor que no cumpliere los trabajos en beneficio de la comunidad podría terminar recluido. Enfatizó que en estas situaciones debería contemplarse más bien la rehabilitación, agregando que los consumidores problemáticos requieren de un tratamiento y que por ningún motivo deben terminar privados de libertad. Propuso establecer derechamente que en estos casos el juez aplicará en primer lugar la rehabilitación del consumidor y, si éste no cumpliere la medida recién señalada, realizará trabajos en beneficio de la comunidad. La Honorable Senadora señora Alvear compartió los planteamientos del Honorable Senador Orpis, expresando que las personas que consumen drogas deberían recibir un tratamiento, pues el hecho de enviarlas a la cárcel no tiene ninguna utilidad desde el punto de vista de su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Hizo presente que el Honorable Senador señor Orpis ha dado a conocer la labor de la Corporación La Esperanza, la cual tiene por objetivo rehabilitar a consumidores de drogas y que ha hecho notar que ésta ha tenido que cerrar algunos centros por falta de derivación de casos por parte de los tribunales. Sostuvo que para un individuo que consume drogas, lo más importante es buscar su rehabilitación, ya que no tiene gran sentido que realice trabajos en beneficio de la comunidad si sigue siendo consumidor o adicto a dichas sustancias. Señaló que lo anterior es preocupante, pues así no se logra que la persona salga del círculo de la droga. Instó, en consecuencia, a establecer un orden de prelación en las penas aplicables, de manera que la primera sea la rehabilitación. La Subsecretaria de Justicia, señora Pérez, manifestó que la redacción de la norma aprobada por el Senado sólo difiere en cuanto a la forma del texto aprobado por la Cámara de Diputados. De este modo, dijo, no habría diferencias sustanciales entre ambas fórmulas, las que comparten el mismo sentido último. El Honorable Diputado señor Burgos hizo notar que ninguna de las redacciones aprobadas por las Cámaras recogería la tesis del Honorable Senador señor Orpis. La Subsecretaria de Justicia, señora Pérez, manifestó que para las hipótesis de faltas señaladas en el artículo 50 de la ley N° 20.000, el mismo precepto ya contempla como opción la asistencia obligatoria a programas de prevención o a tratamientos de rehabilitación, de modo que sería innecesario reiterar esta disposición en un nuevo texto normativo. Por otra parte, indicó que no todos los casos puntuales de personas que consumen drogas corresponden a adictos que presentan dependencia y que requieren ser rehabilitados. Consideró importante que exista la posibilidad de recibir un tratamiento, siendo el tribunal quien debe determinar si dicha sanción será la aplicable, sobre la base de los antecedentes de que disponga al momento de resolver. El Honorable Diputado señor Burgos consideró razonable el planteamiento de evitar la reclusión de quienes pueden considerarse meros consumidores y consultó sobre los casos en que el consumo pasa a configurar una falta. La Subsecretaria de Justicia, señora Pérez, respondió que dichas situaciones están contempladas en el ya referido artículo 50 de la ley N° 20.000 y que se trata fundamentalmente de dos: cuando se consume droga en un lugar público y cuando se consume en lugar privado con previo acuerdo de los consumidores. El Honorable Senador señor Orpis manifestó que, efectivamente, según lo establece el artículo 50 de la ley N° 20.000, el juez tiene tres opciones al momento de aplicar una sanción a un consumidor, pero que en el caso que se está discutiendo, el juez ya optó por aplicarle una multa. Agregó que ante el incumplimiento de la sanción antes mencionada, el sujeto termina privado de libertad. Insistió en que el objetivo que debe buscarse no consiste en que el consumidor termine en la cárcel, sino que, muy por el contrario, que reciba un tratamiento y se rehabilite. El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, precisó que según el artículo 50 de la ley N° 20.000, cuando se acredita el consumo indebido y sancionable de drogas, las alternativas que tiene el juez son tres: establecer la multa; la asistencia obligatoria a los programas de prevención y rehabilitación o la participación en actividades determinadas en beneficio de la comunidad. Puntualizó que si el juez, pudiendo haber enviado al consumidor a rehabilitación o haberle encargado trabajos comunitarios, ha optado por la multa y éste no la paga, surge la hipótesis del artículo 52, que no considera la posibilidad de la rehabilitación ni en su texto vigente ni en las redacciones en estudio. Señaló que de esta situación deriva la inquietud que debería atenderse en este debate. El Ministro de Justicia, señor Ribera inquirió si lo que se plantea es establecer una prelación en las sanciones consagradas por el legislador en el artículo 50 de la ley antes mencionada. El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, explicó que en el caso en análisis el juez ya ha sancionado al consumidor con multa, de modo que la hipótesis que está en discusión es qué pasa si éste no la paga. El Honorable Diputado Eluchans, don Edmundo, enfatizó que el Honorable Senador señor Orpis desea evitar que el consumidor termine en la cárcel. Manifestó que discrepaba de dicho planteamiento, sosteniendo que si la persona se niega a cumplir las distintas sanciones consagradas en el artículo 50 de la ley N° 20.000, debe ser privada de libertad. Añadió que la reclusión puede no ser la primera opción, pero que debe estar contemplada como sanción en caso de incumplimiento de las demás. El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, reiteró que el artículo 50 establece las alternativas de sanción para las faltas, en tanto que el actual artículo 52 prescribe que si el sentenciado no pagare la multa, podrá ser castigado con una pena privativa de libertad. Hizo notar que este último precepto abre una nueva opción para el juez, de modo que si lo que se quiere es establecer una prelación, ésta debería consagrarse en el artículo 50 y no en el 52. El Honorable Senador Espina, don Alberto, indicó que las hipótesis de sanción que se han contemplado en el artículo 50 de la ley N° 20.000 para los consumidores de drogas, se elaboraron en razón de que resultaba incomprensible que sólo se sancionara el tráfico y no el consumo de estas sustancias. Estando contempladas dichas sanciones en el ya citado artículo 50 de la ley N° 20.000, manifestó que de las redacciones presentadas para el artículo 52, le parecía razonable la del Senado. El Honorable Senador señor Orpis planteó que efectivamente el juez tiene distintas opciones frente a un consumidor, pero si le impone una multa y éste no la paga, según la normativa actual no puede acceder a la rehabilitación. El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, reiteró que el juez tuvo previamente las tres opciones de sanción previstas en el artículo 50 de la ley N° 20.000. Si decidió aplicar la multa y el consumidor no la paga, de acuerdo al texto aprobado por el Senado, ésta podrá sustituirse por la prestación de servicios en favor de la comunidad. Si esta última tampoco se cumple, procedería la reclusión del sujeto. El Honorable Senador señor Orpis destacó que lo que a él le interesa es que las personas que están enfermas puedan rehabilitarse. Sostuvo que al adicto no se le puede preguntar si quiere o no rehabilitarse, sino que debe practicársele un examen clínico y en base a esa información, el juez optará por la rehabilitación o por los trabajos en beneficio de la comunidad. La Subsecretaria de Justicia, señora Pérez, señaló que el artículo 54 de la ley N° 20.000 ya contempla el examen médico a que se someterá el consumidor, tal como lo plantea el Honorable Senador señor Orpis. Agregó que lo que quedaría por dilucidar es si se sancionará o no con pena de reclusión al consumidor. Frente a lo anterior, planteó que el Ejecutivo está de acuerdo en que la reclusión siga siendo considerada como una sanción para el consumidor que no cumple la pena originalmente impuesta por el juez. El Honorable Diputado señor Burgos preguntó qué sucedería si la persona condenada por una falta se niega a realizar trabajos comunitarios y manifiesta también su voluntad de no querer rehabilitarse. El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, sostuvo que si la persona no paga la multa y, además, se opone a la rehabilitación y a los trabajos comunitarios, debe someterse a la pena privativa de libertad. De lo contrario, señaló, la falta quedaría sin sanción. El Honorable Senador señor Orpis insistió en que, como criterio principal en esta discusión, debía consagrarse la rehabilitación para el caso de los consumidores. Coincidió, sin embargo, en la conveniencia de contemplar la reclusión como pena de última ratio, tal como lo planteara el señor Presidente de la Comisión Mixta. La Honorable Senadora señora Alvear consultó si se dispone de información acerca de cuántas personas han sido enviadas a rehabilitación por los tribunales. Expresó que de acuerdo a los antecedentes de que ella dispuso en su oportunidad, los tribunales prácticamente no derivaban a los consumidores a estos programas. Reiteró que en el caso del drogadicto, la única manera de sacarlo de este circuito, que puede ser delictual, es a través de un tratamiento. Hizo presente que el 87% de los delitos que cometen los jóvenes en Chile se lleva a cabo bajo la influencia de la droga, de manera que si no existe un proceso efectivo de rehabilitación, este círculo no tendrá fin. Concluyó diciendo que, indudablemente, los esfuerzos en esta materia deben enfocarse en la rehabilitación. El Ministro de Justicia, señor Ribera, informó que se acaba de suscribir un convenio para difundir la labor de los Tribunales de Tratamiento de Drogas a nivel nacional, de manera que los jueces vean en la rehabilitación de los adictos no solamente una sanción, sino que un instrumento real para combatir el origen del mal. Este esfuerzo, agregó, avanza en la línea planteada por la Honorable Senadora señora Alvear. El Honorable Senador Orpis compartió la tesis planteada por la Honorable Senadora señora Alvear, en el sentido de que los jueces son renuentes a derivar a tratamiento a los consumidores que han incurrido en alguna de las situaciones descritas en el artículo 50 de la ley N° 20.000. Informó que recientemente terminó un informe relacionado con aplicación de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal, en el cual se indica que el porcentaje de los casos derivados a tratamiento de rehabilitación asciende al 12%, lo que corresponde a una cifra muy baja, tomando en consideración el altísimo porcentaje de jóvenes que delinque bajo el efecto de las drogas. Señaló que si se incorpora al artículo 52 de la ley N° 20.000 la alternativa de la rehabilitación -además de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad-, se entregará a los jueces una señal muy positiva desde el punto de vista legislativo en cuanto a la importancia de estos tratamientos. Finalizando el debate, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, consideró que ya se había llegado a criterios centrales suficientes como para proponer una fórmula de solución a la discrepancia producida en torno al artículo 3° del proyecto. Tomando como base el texto redactado por el Senado para el artículo el artículo 52 de la ley N° 20.000, sugirió agregar, en su inciso primero, la hipótesis de la asistencia obligatoria a programas de prevención o tratamiento o rehabilitación, como lo prevé la letra b) del artículo 50 del mismo cuerpo legal. Es decir, si el sentenciado no pagare la multa impuesta, el tribunal podrá imponerle por vía de sustitución la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad o la asistencia obligatoria a programas de prevención o tratamiento o rehabilitación. Agregó que también debería quedar de manifiesto que el condenado tiene que dar su aceptación a una u otra opción propuesta por el juez en caso de no pago de la multa y que, en caso de no cumplirse el tratamiento o los servicios comunitarios, procederá la pena de reclusión. Para dar más fuerza a este planteamiento, el Ministro de Justicia, señor Ribera, propuso consagrar en primer lugar la opción de la rehabilitación y, a continuación, la de los servicios en favor de la comunidad. Aun cuando el Honorable Diputado señor Burgos manifestó su preferencia por el texto elaborado por la Cámara de Diputados, hubo consenso en cuanto a poner en votación la fórmula propuesta por el señor Presidente de la Comisión Mixta para el artículo 3° de la iniciativa. Puesta en votación la proposición antes explicada, fue aprobada por 5 votos a favor y 3 en contra. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señora Alvear y señores Larraín, don Hernán, y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señores Cardemil y Eluchans. En contra lo hicieron los Honorables Senadores señores Larraín, don Carlos, y Espina y el Honorable Diputado señor Burgos.-o- En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de salvar las diferencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, lo siguiente:Artículo 3° Reemplazarlo por el que sigue: “Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 52 de la ley N° 20.000 por el siguiente: “Artículo 52.- Si el sentenciado no pagare la multa impuesta en virtud de la letra a) del artículo 50, el tribunal podrá aplicar, por vía de sustitución, la pena de asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por 60 días, o de tratamiento o rehabilitación, en su caso, por un período de hasta 180 días, en instituciones autorizadas por el servicio de salud competente, o la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a cualquiera de dichas sustituciones, se requerirá del acuerdo del condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de la multa, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses. En caso de incumplimiento de las penas de asistencia obligatoria a programas de prevención o de tratamiento o rehabilitación, el encargado de la respectiva institución informará al tribunal que haya impuesto la sanción, el que lo citará a una audiencia, conjuntamente con el condenado, su defensor y el Ministerio Público, para resolver sobre la mantención o revocación de la pena. En caso de decretarse la revocación, el tribunal impondrá al condenado la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses.En cuanto a la regulación y revocación de la pena de servicios en favor de la comunidad, regirán las disposiciones contenidas en los artículos 49 a 49 sexies del Código Penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, en casos debidamente calificados el tribunal podrá eximir al condenado del pago de la multa o imponerle una inferior al mínimo establecido en la ley, debiendo dejar constancia en la sentencia o en la resolución posterior a ésta, de las razones que motivaron la decisión.”.”. (Aprobado por mayoría, 5 x 3).-o- A título meramente informativo, cabe hacer presente que, de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal en estudio quedaría como sigue:PROYECTO DE LEY:“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional para los penados:1) En el artículo 4°:a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:“Artículo 4°. La libertad condicional se concederá por resolución de una Comisión de Libertad Condicional que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva, durante los meses de abril y octubre de cada año, previo informe del Jefe del establecimiento en que esté el condenado.”.b) Reemplázase, en el inciso final, la palabra “pedir” por “conceder”.2) En el artículo 5°:a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:“Artículo 5°. La libertad condicional se concederá por resolución de la Comisión de Libertad Condicional indicada en el artículo anterior, previos los trámites correspondientes, y se revocará del mismo modo.”.b) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “al Ministerio de Justicia” por “a la Comisión respectiva”.3) Sustitúyese, en el artículo 6°, la locución “del Ministerio de Justicia” por “del presidente de la Comisión respectiva”.4) Reemplázase, en el artículo 8°, la expresión “un decreto supremo” por “una resolución de la respectiva Comisión”.Artículo 2°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:1) Agrégase al final del artículo 21 el siguiente texto:“Penas sustitutivas por vía de conversión de la multaPrestación de servicios en beneficio de la comunidad.”.2) Modifícase el artículo 49 de la siguiente manera:a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:“Art. 49. Si el sentenciado no tuviere bienes para satisfacer la multa podrá el tribunal imponer, por vía de sustitución, la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.”.b) Incorpóranse, como nuevos incisos segundo y tercero, los siguientes, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto:“Para proceder a esta sustitución se requerirá del acuerdo del condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de la multa, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses.No se aplicará la pena sustitutiva señalada en el inciso primero ni se hará efectivo el apremio indicado en el inciso segundo, cuando, de los antecedentes expuestos por el condenado, apareciere la imposibilidad de cumplir la pena.”.c) Intercálase en el inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, entre las palabras “Queda” y “exento”, el vocablo “también”; y agrégase, a continuación de la palabra “grave”, la frase “que deba cumplir efectivamente”.3) Agréganse los siguientes artículos 49 bis, 49 ter, 49 quáter, 49 quinquies y 49 sexies:“Art. 49 bis. La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de ésta o en beneficio de personas en situación de precariedad, coordinadas por un delegado de Gendarmería de Chile.El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por Gendarmería, pudiendo establecer los convenios que estime pertinentes para tal fin con organismos públicos y privados sin fines de lucro.Gendarmería de Chile y sus delegados, y los organismos públicos y privados que en virtud de los convenios a que se refiere el inciso anterior intervengan en la ejecución de esta sanción, deberán velar porque no se atente contra la dignidad del penado en la ejecución de estos servicios.Art. 49 ter. La pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad se regulará en ocho horas por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin perjuicio de la conversión establecida en leyes especiales.Su duración diaria no podrá exceder de ocho horas.En cualquier momento el condenado podrá solicitar poner término a la prestación de servicios en beneficio de la comunidad previo pago de la multa, a la que se deberán abonar las horas trabajadas.Art. 49 quáter. En caso de decretarse la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el delegado de Gendarmería de Chile responsable de gestionar el cumplimiento informará al tribunal que dictó la sentencia, quien a su vez notificará al Ministerio Público, al defensor y al condenado, el tipo de servicio, el lugar donde deba realizarse y el calendario de su ejecución, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la condena se encontrare firme o ejecutoriada.Art. 49 quinquies. En caso de incumplimiento de la pena de servicios en beneficio de la comunidad, el delegado deberá informar al tribunal que haya impuesto la sanción.El tribunal citará a una audiencia para resolver la mantención o la revocación de la pena.Art. 49 sexies. El juez podrá revocar la pena de servicios en beneficio de la comunidad cuando el condenado:a) No se presentare, injustificadamente, ante Gendarmería de Chile a cumplir la pena en el plazo que determine el juez, el que no podrá ser menor a tres ni superior a siete días;b) Se ausentare del trabajo durante al menos dos jornadas laborales. Si el penado faltare al trabajo por causa justificada no se entenderá dicha ausencia como abandono de la actividad;c) Su rendimiento en la ejecución de los servicios fuere sensiblemente inferior al mínimo exigible, a pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo, od) Se opusiere o incumpliere de forma reiterada y manifiesta las instrucciones que se le dieren por el responsable del centro de trabajo.En caso de revocar la pena de servicios en beneficio de la comunidad, el tribunal impondrá al condenado, por vía de sustitución y apremio de la multa originalmente impuesta, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses.Habiéndose decretado la revocación se abonará al tiempo de reclusión un día por cada ocho horas efectivamente trabajadas en beneficio de la comunidad.Si el tribunal no revocare la pena de servicios en beneficio de la comunidad podrá ordenar que el cumplimiento de la misma se ejecute en un lugar distinto al que originalmente se encontraba desarrollando; todo lo anterior sin perjuicio de la facultad prevista en el inciso tercero del artículo 49.”.Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 52 de la ley N° 20.000 por el siguiente: “Artículo 52.- Si el sentenciado no pagare la multa impuesta en virtud de la letra a) del artículo 50, el tribunal podrá aplicar, por vía de sustitución, la pena de asistencia obligatoria a programas de prevención hasta por 60 días, o de tratamiento o rehabilitación, en su caso, por un período de hasta 180 días, en instituciones autorizadas por el servicio de salud competente, o la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Para proceder a cualquiera de dichas sustituciones, se requerirá del acuerdo del condenado. En caso contrario, el tribunal impondrá, por vía de sustitución y apremio de la multa, la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses. En caso de incumplimiento de las penas de asistencia obligatoria a programas de prevención o de tratamiento o rehabilitación, el encargado de la respectiva institución informará al tribunal que haya impuesto la sanción, el que lo citará a una audiencia, conjuntamente con el condenado, su defensor y el Ministerio Público, para resolver sobre la mantención o revocación de la pena. En caso de decretarse la revocación, el tribunal impondrá al condenado la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda nunca exceder de seis meses. En cuanto a la regulación y revocación de la pena de servicios en favor de la comunidad, regirán las disposiciones contenidas en los artículos 49 a 49 sexies del Código Penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, en casos debidamente calificados el tribunal podrá eximir al condenado del pago de la multa o imponerle una inferior al mínimo establecido en la ley, debiendo dejar constancia en la sentencia o en la resolución posterior a ésta, de las razones que motivaron la decisión.”.Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N° 3.346, de 1980, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia:a) Sustitúyese, en la letra n) del artículo 2°, la frase “, indultos y al beneficio de la libertad condicional”, por “e indultos”.b) Suprímese la letra a) del artículo 9°.c) Reemplázase, en la letra c) del artículo 10, la expresión “Defensa Social” por “Reinserción Social”.d) Modifícase el artículo 13 de la siguiente manera:i) Reemplázase, en el encabezamiento, la expresión “Defensa Social” por “Reinserción Social”.ii) Sustitúyese, en el inciso final, la frase “la División de Defensa Social estará integrada por dos Departamentos: el de Defensa Social de Adultos y el de Menores”, por la siguiente “la División de Reinserción Social estará integrada por dos Departamentos: el de Reinserción Social de Adultos y el de Reinserción Social Juvenil”.Artículo 5°.- Las normas referidas a la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad contenidas en los artículos 2° y 3° de esta ley se aplicarán en conformidad a un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia.Dichos artículos entrarán a regir el día en que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se refiere el inciso anterior.”.-o- Acordado en sesión celebrada el día 4 de abril de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela, Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández (Presidente), Carlos Larraín Peña y Patricio Walker Prieto y de los Honorables Diputados señores Jorge Burgos Varela, Alberto Cardemil Herrera y Edmundo Eluchans Urenda. Sala de la Comisión Mixta, a 9 de abril de 2012.(Fdo.): NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ, Abogada Secretaria.”8. Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley sobre Indulto General. (boletín Nº 7533-07).“Honorable Senado,Honorable Cámara de Diputados: La Comisión Mixta, constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el señor Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.-o- El Senado, Cámara de Origen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la misma Corporación, designó como miembros de la Comisión Mixta a los Honorables Senadores que conforman su Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. La Cámara de Diputados, Cámara Revisora, en sesión de fecha 6 de marzo de 2012, designó como miembros de la misma a los Honorables Diputados señores Jorge Burgos, Giovanni Calderón, Guillermo Ceroni, Edmundo Eluchans y Cristián Monckeberg. Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión Mixta se constituyó el día 11 de abril de 2012, con la asistencia de sus miembros, los Honorables Senadores señora Soledad Alvear y señores Alberto Espina, Hernán Larraín y Patricio Walker, y los Honorables Diputados señores Jorge Burgos, Guillermo Ceroni, Edmundo Eluchans y Alberto Cardemil, en remplazo del Honorable Diputado señor Cristián Monckeberg. En dicha oportunidad, por unanimidad se eligió como Presidente al Honorable Senador señor Hernán Larraín. Por el Ministerio de Justicia, participaron en la referida sesión la Subsecretaria de dicha Cartera de Estado, señora Patricia Pérez, y el Jefe de la División de Defensa Social, señor Sebastián Valenzuela. Asistieron, asimismo, el abogado señor Fernando Dazarola, asesor del Honorable Senador señor Walker, don Patricio, y el señor José Francisco Acevedo, asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.-o-Normas de quórum especial Al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del número 16 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, las disposiciones que integran esta iniciativa -incluidas las que fueron materia de discrepancias entre ambas Cámaras- tienen carácter de ley de quórum calificado. El mismo carácter tiene el artículo 8°, nuevo, que la Comisión Mixta propone incorporar al texto del proyecto.-o-Descripción de las normas en controversia y acuerdos de la Comisión Mixta En primer trámite constitucional, el Senado aprobó el proyecto de ley sobre indulto general. En segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados le introdujo diversas modificaciones, la mayoría de las cuales fueron, posteriormente, aprobadas por el Senado en tercer trámite constitucional. Se rechazaron, sin embargo, las enmiendas recaídas en parte del artículo 5°, nuevo, y en el inciso segundo, nuevo, del artículo 6° (según la numeración de la Cámara de Diputados). En consecuencia, se produjeron discrepancias en torno a los señalados preceptos, que es necesario resolver, para lo cual se formó esta Comisión Mixta. El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, dio por iniciado el análisis de las divergencias producidas, de manera de buscar una fórmula de solución para las mismas. Propuso llevar a cabo dicho estudio siguiendo el orden del articulado del proyecto, de manera de tomar los respectivos acuerdos también en ese orden. Este criterio fue acogido por los miembros presentes de la Comisión Mixta.Artículo 5°, nuevo, de la Cámara de Diputados La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, incorporó, como artículo 5°, nuevo, el siguiente: “Artículo 5°.- Concédese un indulto general, consistente en la conmutación del saldo de la o las penas privativas de libertad que les restan por cumplir y las multas, por la pena de extrañamiento especial en su país de origen, a los extranjeros que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privados de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que satisfagan las siguientes condiciones copulativas: a) Que no hayan contado, al momento de cometer el delito por el cual se encuentran cumpliendo condena privativa de libertad, con el permiso de permanencia definitiva a que se refiere el artículo 41 del decreto ley N° 1.094, de 1975. b) Que tengan cumplida: Un tercio de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad no superior a cinco años. La mitad de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a cinco años e igual o inferior a diez años. Tres cuartas partes de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a diez años. c) Que suscriban un compromiso de no volver a ingresar al país en un período de diez años, contado desde su salida del territorio nacional. El presente indulto no se aplicará a condenados a la pena de presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado. En caso que el condenado regresare al país dentro del plazo señalado en la letra c) precedente, deberá cumplir el saldo de la pena privativa de libertad que se le hubiere conmutado.”. El Senado, en tercer trámite constitucional, acogió la incorporación de este nuevo precepto, con excepción de la letra c) del inciso primero y del inciso tercero. Cabe hacer presente que en el debate de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de dicha Corporación, se hizo notar la conveniencia de fijar de una manera categórica una prohibición para que dichas personas retornen al territorio nacional y no sujetar esta circunstancia a un compromiso por parte de éstas. La Subsecretaria de Justicia, señora Pérez, hizo presente que, tomando en consideración los planteamientos anteriores, que también fueron expuestos en la Sala del Senado en tercer trámite constitucional, el Ejecutivo elaboró una fórmula para resolver la discrepancia suscitada respecto a esa norma, la cual, además, soluciona otros aspectos complementarios que es menester considerar. Ésta consiste en reemplazarla por la siguiente: “Artículo 5°.- Concédese un indulto general, consistente en la conmutación del saldo de la o las penas privativas de libertad que les restan por cumplir y las multas, por la pena de extrañamiento especial en su país de origen, a los extranjeros que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privados de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que satisfagan las siguientes condiciones copulativas: a) Que no hayan contado, al momento de cometer el delito por el cual se encuentran cumpliendo condena privativa de libertad, con el permiso de permanencia definitiva a que se refiere el artículo 41 del decreto ley N° 1.094, de 1975. b) Que tengan cumplida: Un tercio de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad no superior a cinco años. La mitad de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a cinco años e igual o inferior a diez años. Tres cuartas partes de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a diez años. El presente indulto no se aplicará a condenados a la pena de presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado. c) Que eleven la solicitud de indulto dentro de un plazo máximo de treinta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley. Queda absolutamente prohibido el ingreso al país de las personas que hubiesen sido beneficiadas por el presente indulto por un período de diez años, contado desde su salida del territorio nacional. En caso que el condenado regresare al país dentro del plazo señalado en el inciso anterior, deberá cumplir el saldo de la pena privativa de libertad que se le hubiese conmutado. Asimismo, procederá la concesión de este indulto respecto de aquellos condenados a que se refiere este artículo, que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad en forma sucesiva por dos o más delitos que no figuren en el artículo 6°. En tal caso, para el cálculo de la cantidad de tiempo de privación de libertad exigido en cada tramo previsto en la letra b), se considerará la suma de las penas impuestas.”. Explicando el texto propuesto, la señora Pérez manifestó que una primera modificación se refiere a la fijación de un plazo para que los extranjeros que serán destinatarios del indulto, lo soliciten. Éste será de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia de la ley. En segundo lugar, indicó que se reemplaza el compromiso de estas personas de no volver al territorio chileno por un lapso de 10 años por una prohibición expresa en este sentido, tal como lo sugiriera la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado al informar el proyecto en tercer trámite constitucional. Señaló que, finalmente, la proposición regula la situación de aquellos condenados que estén cumpliendo penas privativas de libertad en forma sucesiva por dos o más delitos. Informó que, en tales casos, para el cómputo de los tramos contemplados por la letra b) de esta norma se considerará la suma de las penas impuestas. El Honorable Diputado señor Eluchans expresó su acuerdo con que el indultado de nacionalidad extranjera tenga la prohibición de ingresar a Chile durante el plazo ya señalado. Por otra parte, manifestó que aun cuando la última de las proposiciones expuestas por la señora Subsecretaria de Justicia no fue exactamente materia de controversia entre ambas Cámaras, es útil incluirla pues representa una buena solución para un aspecto que es complementario de la materia regulada por esta norma. El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, precisó que las materias a que puede abocarse una Comisión Mixta son fundamentalmente aquellas que han sido objeto de controversia entre ambas Cámaras, pero que, sin embargo, también pueden acordarse enmiendas o complementos que coadyuven en la solución de las divergencias producidas, como ocurre en este caso. Puesta en votación la proposición antes explicada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señores Burgos, Ceroni y Eluchans.Artículo 7° del Senado,6° de la Cámara de Diputados La Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, intercaló en el artículo 7°, que pasó a ser 6°, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero: “No procederán los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en las leyes N° 20.000, N° 19.366 y N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”. El Senado, en tercer trámite constitucional, rechazó este inciso. La Subsecretaria de Justicia, señora Pérez, hizo presente la propuesta elaborada por el Ejecutivo para resolver la discrepancia suscitada respecto a este precepto, que consiste en reemplazarlo por el que sigue: “Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”. Expresó que, originalmente, la propuesta de indulto no contemplaba como grupo destinatario a los condenados extranjeros. Agregó que, luego, en segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados acordó extenderles el indulto en los términos contemplados por el artículo 5°, e incluir a aquellos extranjeros que hubiesen sido condenados por ilícitos tipificados en la ley N° 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Explicó que este último criterio se adoptó en atención a que si no se consideraban los ilícitos de la indicada ley, los extranjeros beneficiados no excederían de 22, cifra que podría elevarse a unas 800 o 900 personas en caso de aplicarse el indulto a los extranjeros condenados por la ley N° 20.000. Indicó que, atendido lo expuesto, resultaba justificable que este grupo de extranjeros pudiera optar al beneficio en estudio. Agregó que, sin embargo, en tercer trámite constitucional esta propuesta no prosperó, pues faltaron algunos votos para aprobarla. En consecuencia, se consideró necesario reponerla, tal como se sugiere en la redacción que se ha presentado a consideración de la Comisión Mixta. El Honorable Diputado señor Burgos concordó con la disposición propuesta por el Ejecutivo, pues estimó que ella recoge un planteamiento que es muy atendible. Recordó que éste fue sometido a consideración de la Sala de la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional y que por una mínima falta de votos favorables, fue desechado. Manifestó que, sin embargo, podrían surgir dudas acerca de si esta norma crearía una discriminación arbitraria al no incluirse en el indulto a los chilenos condenados por los mismos ilícitos. Sostuvo que, en todo caso, dicha diferenciación no resultaría arbitraria si se considera que a los extranjeros serán expulsados del país, lo que no ocurrirá con los chilenos. El Honorable Diputado señor Eluchans, don Edmundo, estuvo de acuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo, la que consideró del todo justificada. Hizo presente que el texto aprobado por el Senado en primer trámite constitucional excluía del indulto a todos los condenados por las figuras delictivas contempladas por la ley N° 20.000, sin hacer diferencia entre chilenos y extranjeros. Agregó que, efectivamente, la fórmula que se está proponiendo importa una discriminación entre los condenados chilenos y los extranjeros, pero -resaltó- ella no es arbitraria pues abarca a todos los extranjeros que se encuentren en las condiciones que el proyecto establece. El Honorable Senador señor Espina hizo notar que la iniciativa en estudio está consagrando la posibilidad del extrañamiento para extranjeros que hayan sido condenados por delitos consagrados en la ley N° 20.000 y que, a la vez, se encuentren en una situación de ilegalidad en nuestro territorio. Hizo notar que, en cambio, no cabe aplicar esta última circunstancia respecto de los condenados por estos delitos que sean chilenos. La señora Subsecretaria de Justicia descartó que la disposición en estudio pueda dar lugar a una discriminación arbitraria, pues ella se aplicará a un universo integrado por personas que están en iguales condiciones, es decir, que sean extranjeras, que hayan sido condenadas por ilícitos contemplados en la Ley de Drogas y que estén en nuestro país en forma ilegal. Agregó que lo anterior se encuadra dentro de los criterios consagrados por la doctrina del Tribunal Constitucional cuando se refiere a la igualdad esencial o tertium comparationis, pues se trataría de un universo de personas respecto de las cuales el proyecto no hace ninguna distinción entre ellas. Frente al posible reparo que se ha reseñado, el Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, precisó que la disposición en análisis debía ser entendida en el sentido de que el indulto previsto por la norma en estudio se aplicará a un grupo de extranjeros que se encuentra dentro de un mismo conjunto de condiciones, sin que se haga diferenciaciones entre esas personas. En abono de lo anterior, connotó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a que se ha hecho referencia. Destacó, además, que debe tenerse en consideración que el extrañamiento en el país de origen del condenado constituye una pena sustitutiva y no un perdón y que dicha sanción implica, además, la expulsión del territorio nacional del condenado extranjero, lo que no es procedente respecto de los chilenos. Sostuvo que estos aspectos son esenciales para los efectos de interpretar adecuadamente el sentido de esta norma. En consecuencia, para la historia de la ley, propuso dejar expresa constancia de dichos criterios en el presente informe. Hubo coincidencia de parte de los miembros presentes de la Comisión Mixta en torno a las constancias propuestas por el señor Presidente respecto a la interpretación que debe darse a este precepto. Luego, puesta en votación la proposición antes consignada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni y Eluchans.Artículo 8°, nuevo El Presidente de la Comisión Mixta, Honorable Senador señor Larraín, don Hernán, expresó que, en último término, correspondía analizar una propuesta complementaria propuesta por el Ejecutivo, que incorpora el siguiente artículo 8°, nuevo: “Artículo 8°.- La expulsión de los extranjeros respecto de quienes se verifique la procedencia del indulto a que se refiere el artículo 5°, se llevará a cabo dentro de un plazo de ciento cincuenta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.”. La Subsecretaria de Justicia, señora Pérez, puso de manifiesto que la disposición que se ha sugerido guarda estrecha relación con las reglas que el proyecto destina al indulto para condenados extranjeros y que viene a complementarlas, pues establece un plazo para llevar a cabo la expulsión de estas personas. Señaló que, para materializar la expulsión, es necesario desarrollar un proceso de coordinación con determinadas instituciones, lo que requiere de algún tiempo. Es el caso, dijo, de los contactos que deben establecerse con la Policía de Investigaciones, con la Cancillería y con los distintos países a que los beneficiados extranjeros deberán dirigirse. Para ello, agregó, se propone un lapso de 150 días a partir de la entrada en vigor de la ley. Hubo acuerdo de parte de la Comisión Mixta en torno a esta propuesta. El Honorable Diputado señor Burgos preguntó si la posibilidad de obtener el indulto, en el caso de los extranjeros, se extingue de una sola vez, a lo que la mencionada señora Subsecretaria respondió que el beneficio en estudio tiene el carácter de conmutativo y no de extintivo, y que se solicita y se aplica una sola vez, tanto para nacionales como para extranjeros. El Jefe de la División de Defensa Social, señor Valenzuela, ratificó que el indulto se aplicará una única vez y que así se consagra, para el caso de los extranjeros, en el encabezado del artículo 5° del proyecto. Finalizado el debate y puesta en votación la proposición antes explicada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, los Honorables Senadores señora Alvear y señores Espina, Larraín, don Hernán (Presidente), y Walker, don Patricio, y los Honorables Diputados señores Burgos, Cardemil, Ceroni y Eluchans.-o- En mérito de lo expuesto y de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión Mixta tiene el honor de proponeros, como forma y modo de salvar las diferencias entre ambas Cámaras del Congreso Nacional, lo siguiente:Artículo 5°, nuevo, de la Cámara de Diputados Reemplazarlo por el siguiente: “Artículo 5°.- Concédese un indulto general, consistente en la conmutación del saldo de la o las penas privativas de libertad que les restan por cumplir y las multas, por la pena de extrañamiento especial en su país de origen, a los extranjeros que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privados de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que satisfagan las siguientes condiciones copulativas: a) Que no hayan contado, al momento de cometer el delito por el cual se encuentran cumpliendo condena privativa de libertad, con el permiso de permanencia definitiva a que se refiere el artículo 41 del decreto ley N° 1.094, de 1975. b) Que tengan cumplida: Un tercio de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad no superior a cinco años. La mitad de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a cinco años e igual o inferior a diez años. Tres cuartas partes de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a diez años. El presente indulto no se aplicará a condenados a la pena de presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado. c) Que eleven la solicitud de indulto dentro de un plazo máximo de treinta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley. Queda absolutamente prohibido el ingreso al país de las personas que hubiesen sido beneficiadas por el presente indulto por un período de diez años, contado desde su salida del territorio nacional. En caso que el condenado regresare al país dentro del plazo señalado en el inciso anterior, deberá cumplir el saldo de la pena privativa de libertad que se le hubiese conmutado. Asimismo, procederá la concesión de este indulto respecto de aquellos condenados a que se refiere este artículo, que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad en forma sucesiva por dos o más delitos que no figuren en el artículo 6°. En tal caso, para el cálculo de la cantidad de tiempo de privación de libertad exigido en cada tramo previsto en la letra b), se considerará la suma de las penas impuestas.”. (Unanimidad, 7 x 0).Artículo 7° del Senado,6° de la Cámara de DiputadosInciso segundo, nuevo Intercalar como tal, el siguiente, pasando el actual inciso segundo a ser tercero: “Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.”. (Unanimidad, 8 x 0).Artículo 8°, nuevo Incorporar como tal, el que sigue: “Artículo 8°.- La expulsión de los extranjeros respecto de quienes se verifique la procedencia del indulto a que se refiere el artículo 5°, se llevará a cabo dentro de un plazo de ciento cincuenta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.”. (Unanimidad, 8 x 0).-o- A título meramente informativo, cabe hacer presente que, de ser aprobada la proposición de la Comisión Mixta, el texto de la iniciativa legal en estudio quedaría como sigue:PROYECTO DE LEY. “Artículo 1°.- Concédese un indulto general, consistente en la conmutación del saldo de las penas privativas de libertad que les resta por cumplir, y, en su caso, de la multa, por la sujeción a la vigilancia de la autoridad en los términos del artículo 4°, a las mujeres que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privadas de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que satisfagan las siguientes condiciones copulativas: a) Tener cumplidos dos tercios de la pena. Tratándose de mujeres con hijos cuya edad no supere los dos años, se entenderá cumplido este requisito si les faltaren hasta seis meses para enterar los dos tercios de la pena; Si la condenada hubiere obtenido, con anterioridad a la vigencia de esta ley, reducción en su condena por indulto particular u otra causa, el cómputo de los plazos previstos en esta letra se efectuará respecto de la pena ya reducida. b) Haber observado, durante los tres últimos bimestres, una conducta sobresaliente, de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta, y c) Suscribir un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito. Artículo 2°.- Concédese, respecto de la pena privativa de libertad y de la multa, un indulto general a los condenados por sentencia ejecutoriada que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, estuvieren beneficiados con el permiso de salida controlada al medio libre. Para acceder a este indulto el condenado deberá suscribir un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito. Artículo 3°.- Concédese un indulto general respecto de la pena privativa de libertad y de la multa, a las personas que, por sentencia ejecutoriada, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, estuvieren cumpliendo condena de reclusión nocturna. Para acceder a este indulto, los condenados deberán suscribir un compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito. Artículo 4°.- Los condenados a los que se les hubiere conmutado la pena en conformidad a los artículos 1°, 2° y 3°, quedarán sometidos a la vigilancia de la autoridad, consistente en fijar residencia en la oportunidad prevista en el artículo 7° de esta ley, y firmar una vez al mes por el lapso correspondiente al doble del tiempo que les reste para el cumplimiento de su condena, con un máximo de tres años siguientes a la concesión del indulto conmutativo, ante el Patronato de Reos más cercano a su domicilio o, en su defecto, ante el establecimiento de Gendarmería de Chile más cercano al domicilio que registre el condenado. El lugar en que se realizará este control y observación deberá ser precisado por el Jefe de la Sección Control Penitenciario de Gendarmería de Chile, en la oportunidad señalada en el artículo 7°. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al cumplimiento efectivo del saldo de la pena conmutada. En caso de ser condenados por crimen o simple delito cometido dentro del período señalado en el inciso primero, deberán cumplir de manera efectiva el saldo de pena que se les hubiere conmutado, sin perjuicio de la aplicación de la pena que corresponda por el nuevo crimen o simple delito. Para los efectos de esta ley, no será aplicable lo señalado en el artículo 45 del Código Penal. Artículo 5°.- Concédese un indulto general, consistente en la conmutación del saldo de la o las penas privativas de libertad que les restan por cumplir y las multas, por la pena de extrañamiento especial en su país de origen, a los extranjeros que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encuentren privados de libertad en virtud de una condena por sentencia ejecutoriada y que satisfagan las siguientes condiciones copulativas: a) Que no hayan contado, al momento de cometer el delito por el cual se encuentran cumpliendo condena privativa de libertad, con el permiso de permanencia definitiva a que se refiere el artículo 41 del decreto ley N° 1.094, de 1975. b) Que tengan cumplida: Un tercio de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad no superior a cinco años. La mitad de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a cinco años e igual o inferior a diez años. Tres cuartas partes de la pena, si se tratare de una pena privativa de libertad superior a diez años. El presente indulto no se aplicará a condenados a la pena de presidio perpetuo y presidio perpetuo calificado. c) Que eleven la solicitud de indulto dentro de un plazo máximo de treinta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley. Queda absolutamente prohibido el ingreso al país de las personas que hubiesen sido beneficiadas por el presente indulto por un período de diez años, contado desde su salida del territorio nacional. En caso que el condenado regresare al país dentro del plazo señalado en el inciso anterior, deberá cumplir el saldo de la pena privativa de libertad que se le hubiese conmutado. Asimismo, procederá la concesión de este indulto respecto de aquellos condenados a que se refiere este artículo, que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad en forma sucesiva por dos o más delitos que no figuren en el artículo 6°. En tal caso, para el cálculo de la cantidad de tiempo de privación de libertad exigido en cada tramo previsto en la letra b), se considerará la suma de las penas impuestas. Artículo 6°.- No procederán los indultos contemplados en esta ley respecto de los condenados por los delitos consumados previstos en los artículos 141 incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 361; 372 bis; 390 y 391 números 1° y 2° del Código Penal; en los Párrafos 5, 6, 7 y 8 del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en los artículos 433, 436 y 440 del mismo Código, ni respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Salvo el caso contemplado en el artículo 5° de esta ley, no procederán los indultos respecto de los condenados por crímenes o simples delitos tipificados en la ley N° 20.000, en la ley N° 19.366 y en la ley N° 18.403, que sancionan el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Tampoco procederán estos indultos respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Artículo 7°.- Corresponderá al Jefe de la Sección Control Penitenciario verificar la procedencia de los indultos que establece esta ley, previa constatación de los requisitos pertinentes en cada caso. Para tal efecto, cada interesado deberá firmar ante el Alcaide del establecimiento en que esté cumpliendo su condena o ante la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, según se tratare de una pena privativa o restrictiva de libertad, la respectiva solicitud, la que irá acompañada del compromiso de no volver a cometer un crimen o simple delito. La procedencia del indulto respectivo deberá ser comunicada por Gendarmería de Chile al tribunal encargado de la ejecución de penas que corresponda dentro del plazo de cinco días. Artículo 8°.- La expulsión de los extranjeros respecto de quienes se verifique la procedencia del indulto a que se refiere el artículo 5°, se llevará a cabo dentro de un plazo de ciento cincuenta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.”.-o- Acordado en sesión celebrada el día 11 de abril de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señora Soledad Alvear Valenzuela, Alberto Espina Otero, Hernán Larraín Fernández (Presidente), y Patricio Walker Prieto y de los Honorables Diputados señores Jorge Burgos Varela, Alberto Cardemil Herrera (Cristián Monckeberg Bruner), Guillermo Ceroni Fuentes y Edmundo Eluchans Urenda. Sala de la Comisión, a 13 de abril de 2012.(Fdo.): NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ, Abogada Secretaria.”9. Moción de los diputados señores Rincón, Araya, Cardemil, Ceroni, Chahín, Cornejo, Eluchans, Harboe, Latorre, y Monckeberg, don CristiánModifica el Código Civil para crear el estado civil de soltero y su medio de prueba. (boletín N° 8239-07).I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY.1.- El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) define la soltería como: el Estado de Soltero, es decir, el Estado de una persona que nunca se ha casado o que no ha contraído el vínculo del matrimonio conforme lo señala la ley.2.- Nuestro Código Civil señala, en su artículo 54, que la calidad de persona lleva aparejada la detentación de una serie de atributos de la personalidad, que pueden definirse como aquellos “elementos necesarios vinculados a toda persona e indispensables para el desenvolvimiento de ella como sujeto de derechos“. Se estima que los atributos de la personalidad de acuerdo a Alessandri, son el nombre, domicilio; capacidad de goce; estado civil; nacionalidad y patrimonio. El estado civil es un atributo de la personalidad privativo de las personas naturales y no jurídicas.3.- El estado civil se encuentra definido en el artículo 304 del Código Civil, el cual señala que “es la calidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civil”. A nivel doctrinario, Somarriva lo ha definido como “el lugar permanente de una persona dentro de la sociedad que depende principalmente de sus relaciones de familia y que la habilita para ejercitar ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones”. Es en definitiva, una calidad permanente .que un individuo ocupa en la sociedad y derivada de sus relaciones de familia.4.- No existe en el Código Civil, un tratamiento orgánico de este atributo. Así, el artículo 33 del Código, se refiere al estado civil de hijo, el artículo 218 menciona el de padre o madre, el artículo 309 refiere la calidad de casado, entre otras disposiciones. Sin embargo, en el Título X1/11 Libro I del Código Civil, el que contiene normas especiales en materia probatoria de los estados civiles, el legislador señala los tipos de estados civiles que puede poseer un individuo. El artículo 305, reconoce la existencia del estado civil de casado, separado judicialmente, divorciado, viudo, padre, madre o hijo.5.-En la actualidad, no se encuentra expresamente enumerado el estado civil de soltero dentro del artículo 305. Sin perjuicio de ello, no cabe duda de su existencia, no sólo porque dicha calidad es enunciada en otras normas del Código Civil (artículos 163 y 349 a propósito de [a curaduría), sino que este estado civil habilita para ser titular de ciertos derechos y obligaciones.6.-Así, por los efectos que este estado acarrea, y siendo requisito para muchos trámites, se hace necesario incorporarlo en dicha norma, asignándole un instrumento oficial que pruebe su detentación.7.- En concordancia con lo anterior, la Ley N° 4.808 sobre Registro Civil señala, en su artículo 1, que dicho servicio público debe llevar las Inscripciones de los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos y contratos relativos al estado civil de las personas”. Para tales efectos, el Registro Civil lleva los registros en duplicado de los nacimientos, matrimonios y defunciones, libros en [os cuales se inscribe la información derivada de los mismos.8.- Conforme al artículo 20 de la mencionada ley, se autoriza a dicho servicio público a llevar las inscripciones de los demás actos y contratos relativos al estado civil de las personas, y a emitir certificados relativos a uno o más hechos que consten o se infieran de una inscripción. Sin embargo, el Registro Civil no emite certificados que den cuenta de la calidad de soltero de una persona, existiendo la posibilidad de verificar tal información sólo revisando si la persona cuenta o no con matrimonios inscritos, ya que el número del artículo 2° de la Ley N° 4.808 establece la existencia del libro de matrimonios. De la revisión de este libro obligatorio, entonces, sería posible constatar la calidad de soltero y certificar la misma.9.- Actualmente, para postular a subsidios habitacionales del Estado, para obtener un crédito hipotecario o para postular a las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y De Orden, se solicita acreditar ser soltero, generalmente mediante un certificado de soltería, que, al no ser otorgado por el Registro Civil se debe realizar en una notaría, con dos testigos mayores de edad que juren o den fe de que la persona es soltera, lo cual, sumado al costo económico que implica realizar el trámite ante el notario público respectivo, y el traslado de los testigos a la oficina del notario, transforma éste en un trámite engorroso, burocrático y, por sobre todo, muy costoso para el solicitante. Sumado a lo anterior, también es posible señalar que muchas veces esta situación se presta para fraudes, ya que el notario sólo da fe de lo señalado por los testigos, sin tener la posibilidad de chequear que la información entregada por los testigos sea verdadera o no.10.- Por tanto, no existiendo actualmente un reconocimiento legal del estado civil de soltero dentro de los enumerados en el artículo 305 del Código Civil, pese a existir en la práctica, y estando habilitado legalmente el Registro Civil, para llevar las inscripciones de los actos y contratos relativos al estado civil de las personas y de emitir certificados relativos a uno o más hechos que aparezcan en una inscripción, es que se propone agregar el estado civil de soltero a los enumerados en la norma mencionada y asignarle como medio de prueba oficial, un certificado emanado de la autoridad competente, en base al análisis de información existente en su propia base de datos, donde se acredite el estado civil de soltero, verificando a través del libro de los matrimonios, la existencia o no de este vínculo por parte del solicitante.PROYECTO DE LEY.El texto es el siguiente:Artículo Primero: Agréguese el siguiente inciso tercero al artículo 305 del Código Civil, pasando a ser el actual inciso tercero, cuarto:“El estado civil de soltero, se probará mediante la partida oficial que acredite la inexistencia de matrimonios inscritos por parte del solicitante”10. Moción de los diputados señores Vallespín, Ceroni, Cornejo, Latorre, Monckeberg, don Cristián; Rincón, Schilling, Silber, y Walker. Modifica el Código Orgánico de Tribunales y Establece nueva causal de implicancia. (boletín N° 8240-07).“Teniendo en consideración:1.- Uno de los principios determinantes de la actuación de un juez es su imparcialidad, elemento esencial y primario de todo proceso, que determina su competencia subjetiva para intervenir y fallar en un negocio. El diccionario de la Real Academia define imparcialidad como “objetividad o falta de prejuicios”. Regula en definitiva, la debida independencia en la persona del juez para resolver, lo cual implica que no sólo no puede ser parte en un proceso que conoce (impartialidad) sino que además, no puede estar al servicio del interés particular de alguna de las partes.2.- La no injerencia del juez en cuestiones propias de las partes, garantiza la igualdad ante la ley, derecho establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 10 (a propósito de las garantías de un debido proceso en materia penal) y en la Constitución Política de la República (artículo 19 N°3). Posibilita la igualdad de armas, y la resistencia a presiones, permitiendo al juzgador direccionar basándose sólo en lo introducido por las partes en el proceso, es decir, garantiza que la decisión emanará en única consideración a los hechos y en consonancia con el derecho, sin límites algunos y sin influencias, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier razón.3.- Nuestro ordenamiento jurídico, con el objeto de resguardar este principio, establece ciertas inhabilidades de los jueces, destinadas a impedir que conozca de un determinado asunto. En atención a su gravedad se pueden clasificar en implicancias y recusaciones, siendo las primeras las de mayor impacto en su imparcialidad.4.- Las implicancias y recusaciones están reguladas en nuestra legislación, en los Artículos 194 a 205 y 485 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales (COT) y Artículos 113 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (CPC). Son definidas genéricamente como “ciertas inhabilidades que pueden afectar a los jueces o funcionarios naturalmente competentes para conocer de un asunto, por considerarse que poseen un interés actual que les hace perder la imparcialidad requerida para la función que desempeñan”.5.- Las implicancias son “verdaderas prohibiciones establecidas por ley, en cuya virtud los jueces no pueden conocer de un determinado asunto”. Se trata de normas de orden público y no son susceptibles de ser renunciadas por las partes. En caso de contravención por parte del juez, comete el delito contemplado Artículo 224 N° 7 del Código Penal. De conformidad al Artículo 200 del COT las implicancias deben ser declaradas de oficio por el juez o tribunal. Las causales de implicancia están contempladas en el Artículo 195 del COT.6.- Por su parte, las recusaciones son “los medios que la ley entrega a las partes para impedir que un juez conozca de un determinado asunto cuando carece de la imparcialidad necesaria para fallar”. Por estar establecidas a favor de las partes son esencialmente renunciables.7.- En la práctica, un juez que se considere comprendido en una causal de recusación, sólo deberá dejar constancia en el proceso de esta circunstancia, no pudiendo declararse inhabilitado de oficio, ya que es que es la parte interesada la que deberá solicitarlo.8.- El actual Artículo 196 N° 18 del COT, señala que: “no constituirá causal de recusación la circunstancia de que una de las partes fuere una sociedad anónima abierta.” permite que no obstante un juez tenga participación en una sociedad anónima de esta naturaleza, pueda conocer y fallar el asunto. Asimismo, no constituye causal de recusación: “cuando el juez, por si solo o en conjunto con algunas de las personas indicadas en el numerando octavo, fuere dueño de menos del diez por ciento del capital social” (inciso final). Lo anterior, vulnera gravemente en el principio fundamental de la imparcialidad.9.- El objetivo de este Proyecto de Ley es precisamente resguardar el respeto por este principio formativo del procedimiento, para que no ocurran situaciones como lo acontecido con el Ministro de la Corte Suprema de Justicia Don Pedro Pierry, quien no obstante poseer acciones de la Empresa Endesa S.A. participó en el fallo que rechazó los Recursos de Protección presentados en contra de las centrales hidroeléctricas de Aysén, hecho que fue duramente criticado por la ciudadanía pero que se enmarca dentro del marco legal vigente.Por consiguiente:Los Diputados que suscriben el presente Proyecto, vienen en someter a vuestra consideración el siguiente,PROYECTO DE LEY: MODIFICA CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALESY ESTABLECE NUEVA CAUSAL DE IMPLICANCIA.Artículo único: Incorpórense las siguientes modificaciones a la Ley N° 7.421 que aprueba el Código Orgánico de Tribunales:1. Al artículo 195:a. Elimínese la siguiente frase del numeral 1°, reemplazando la coma por un punto y coma: “salvo lo dispuesto en el número 18 del artículo siguiente;”.b. Agréguese al inciso primero el siguiente numeral 102:“102 Ser el juez, su cónyuge, o alguno de sus ascendientes o descendientes, accionista de una sociedad anónima o sociedad por acciones que sea parte o tenga interés en el pleito”.II. Al artículo 196:a. Elimínese el numeral 18° del inciso primero; yb. Elimínese el inciso segundo y tercero”.11. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, 12 de abril de 2012. Oficio N° 7280 Remite resolución.Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 12 de abril de 2012, en el proceso Rol N° 2.199-12-INA, sobre inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal de Empresa de Transportes Cruz del Sur Limitada con Transportes Cruz del Sur Ltda.”, de que conoce el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT O-3394-2011, a los efectos que indica. Asimismo, acompaño copia del requerimiento de fojas 1 y de la resolución que declaró su admisibilidad. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A S.E.EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZVALPARAÍSO.”