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El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.
El señor WALKER.- Señor Presidente , estamos asistiendo a la concreción del gran acuerdo que se logró en el Senado, de lo cual nos alegramos.
Este proyecto, que “establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de extrema pobreza”, a nuestro juicio y de acuerdo con lo que hemos observado durante su discusión en el Congreso Nacional, es una buena continuidad del Programa Puente, que es la entrada al sistema de protección Chile Solidario. En este caso, el proyecto establece transferencias más específicas, que van en ayuda de la población en extrema pobreza.
Por eso, y más allá de enfrascarme, como lo han hecho algunos colegas, en la discusión de qué se hizo y qué no se hizo en los últimos veinte años, prefiero aprovechar estos minutos para contarle a la población que observa este debate, a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, en qué consiste el acuerdo que se logró en beneficio de las personas de extrema pobreza.
El 18 de abril, senadores de Oposición, integrantes de las Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda, en conjunto con el Ejecutivo , representado por el ministro Lavín , mandataron a sus equipos técnicos para que llevaran a cabo un trabajo destinado a buscar puntos de acercamiento entre los aspectos planteados por la Concertación y aquellas áreas que requerían importantes perfeccionamientos.
Eso fue muy importante, toda vez que mucho se critica a la Oposición de limitarse a las denuncias y no a las propuestas. Acá hubo muchas propuestas de diputados, senadores y equipos técnicos de la Oposición que se plasmaron en el texto del proyecto que hoy votaremos en su trámite final.
La Oposición estableció las siguientes prioridades para perfeccionar el proyecto.
En primer lugar, basar su estructura en la lógica de derechos garantizados, sin que el otorgamiento de derechos quedara entregado a la discrecionalidad de la autoridad de turno y a la existencia de disponibilidades financieras. Esto suponía tener certeza sobre la cobertura poblacional del proyecto y los beneficios a que se accederá en cada caso.
En segundo lugar, relevar el componente de empleo dentro del proyecto, ya sea a través de la eliminación de cupos, la ampliación de su duración, la equiparación de porcentajes de subsidio del empleador y del trabajador o la incorporación del componente de capacitación. Hemos insistido mucho para que el Sence cumpla una labor efectiva, por ejemplo, con los trabajadores jóvenes desempleados, y no solamente con los que tienen contratos activos y vigentes de trabajo.
En tercer lugar, acotar la discrecionalidad, por la vía de incorporar en la ley definiciones claves, sin que estas queden entregadas a la potestad reglamentaria.
Otros aspectos que se trataron en el debate técnico fueron los relacionados con la reajustabilidad sobre la base de la canasta de los pobres y no del IPC general, la coordinación de Chile Solidario y el incentivo a los adultos mayores.
En un primer momento, se dejó expresamente fuera del debate técnico lo relativo al cambio de nombre del proyecto, lo cual finalmente se resolvió en la votación efectuada ayer en el Senado.
¿Cuáles fueron los perfeccionamientos y avances acordados con el Ejecutivo ? Después de ocho reuniones de trabajo del equipo técnico de la Oposición con el Ejecutivo se lograron los siguientes resultados:
En primer lugar, se consiguió limitar la discrecionalidad, ya que la incorporación al Subsistema, los componentes del índice de aporte al ingreso familiar y las causales de suspensión y extinción de los beneficios quedaron definidos en la ley y no entregados al reglamento, que era una de las principales inquietudes.
En segundo lugar, en materia de derechos garantizados, se precisó que la población objetivo del proyecto es la de extrema pobreza y que para ella se garantiza en la ley el otorgamiento de los beneficios del Subsistema. A fin de materializar esto de manera adecuada, se garantiza a toda persona y familia en situación de pobreza extrema que podrá acceder a los beneficios de la ley en un plazo máximo de cuatro años.
Adicionalmente, mediante un artículo transitorio, se estableció que una vez cubierta la población en extrema pobreza, el Estado puede ocupar el instrumento para que acceda la población en situación de pobreza. De esta manera, se siguió la lógica de la reforma previsional, que establece el aumento paulatino de la cobertura de los beneficios sociales del Estado.
En tercer lugar, respecto del subsidio del empleo femenino, que es uno de los puntos más importantes del proyecto, se acordó que tendría la misma distribución que el subsidio al empleo juvenil, es decir, 20 por ciento para la trabajadora y 10 por ciento para el empleador; se eliminaron los cupos que se establecían para acceder al subsidio, que eran 100 mil, y se amplió su duración de dos a cuatro años.
En cuarto lugar, en relación con la continuidad del Subsistema Chile Solidario, este seguirá operando en las mismas condiciones actuales hasta el último egresado, tema que los beneficiarios del Chile Solidario han consultado permanente en nuestros distritos. Sí se estableció que a partir de la vigencia de la futura ley no pueden ingresar nuevos usuarios. Igualmente, se garantiza que los egresados del Chile Solidario podrán acceder a los beneficios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades.
Por último, respecto de los actuales programas Calle, Caminos y Vínculos, se acordó que sus beneficiarios pueden acceder al subsistema que se crea por el solo ministerio de la ley durante 2012, estableciendo las condiciones de acceso en la ley a partir de 2013.
Sin embargo, no se acogieron dos planteamientos de la Oposición en este acuerdo, por lo que no figuran en el proyecto que votaremos en su trámite final. En primer lugar, no fue posible alcanzar acuerdo para los efectos de que la reajustabilidad de los beneficios monetarios se estableciera sobre la base de la canasta de los pobres y no del IPC general. En segundo lugar, respecto del índice de aportes al ingreso, el equipo técnico de la Concertación solicitó que la encuesta Casen 2009 debía ser utilizada solo al inicio del beneficio y no mantenerse en el tiempo, a fin de no provocar un amarre de la población beneficiaria.
Respecto del nombre del proyecto, dado que no formó parte de las materias de negociación, el equipo técnico de la Concertación preparó una indicación para los efectos de cambiarlo, la cual fue aprobada por mayoría de votos en las Comisiones Unidas de Gobierno Interior y de Hacienda, en sesión de 8 de mayo de 2012. En consecuencia, se reemplazó la denominación “Proyecto de ley sobre ingreso ético familiar” por “Proyecto de ley que perfecciona el subsistema Chile Solidario”.
Sin perjuicio de lo anterior y con el fin de viabilizar la aprobación del proyecto en la sesión de Sala de ayer del Senado, se convino que la iniciativa se signara con la denominación “Proyecto de ley que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer”, con lo cual se logró precisar bien el objetivo del proyecto, de manera de no producir equívocos en las expectativas de la población respecto del mismo. El verdadero ingreso ético familiar lo vamos a discutir en octubre o en noviembre, cuando la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional tengan la oportunidad de aprobar o de rechazar el proyecto de ingreso mínimo que establezca el Gobierno, porque tan importante como otorgar beneficios sociales es que los trabajadores consideren que es un derecho tener un ingreso ético de 250 mil pesos mensuales -como ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores y las iglesias del país-, ya que se lo han ganado con su trabajo.
He dicho.
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