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El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , en esta sesión se ha hecho sentir que los proyectos tratados en este Hemiciclo no se refieren solo a castigos, a través del Código Penal, a economía, a materias relacionadas con el Código Civil o a conductas señaladas en la Constitución Política de la República. Aquí, los principios de sentimientos sociales son tremendamente valorados.
La firma de un gran número de parlamentarios para ser parte de la donación de órganos demuestra que estamos en buen camino. Esto coincide con una carta que todos los diputados hemos recibido de parte de los funcionarios discapacitados de las plantas municipales, cuyos planteamientos podrían considerarse durante el estudio de este proyecto, que parece relativamente simple, pero que tiene un gran contenido.
En sus fundamentos se señala que se ha tomado conciencia de la necesidad de incluir a todas las personas que, por distintas razones, pertenecen a grupos que sufren algún tipo de discriminación. Quisiera que esta fuera una norma indiscutida; pero todavía nos falta mucho por hacer.
El caso concreto de las personas con discapacidad auditiva no es una excepción y, por eso, este proyecto apunta en la dirección de evitar que en la ley sobre inclusión de personas con discapacidad se mantenga la consagración de una aparente discriminación. A ese objetivo apunta el proyecto.
Considero que la intención de los autores de la iniciativa es muy loable, por lo mismo, deberíamos apoyarla. Al respecto, quiero señalar que quienes hacemos uso de la palabra tratamos de buscar los posibles errores de las iniciativas, a fin de discutirlos y lograr legislaciones adecuadas que beneficien realmente a quienes se pretende favorecer.
Quiero hacer notar que, al legislar sobre esta materia, corremos el riesgo de tener un problema de oportunidad. No sé si la diputada informante podría tomar nota de lo que digo, a fin de que me responda si estoy equivocado y si esta situación fue discutida en la Comisión. Reitero, al legislar en este instante, corremos el riesgo de tener un problema de oportunidad, ya que lo que se deroga es un inciso de una disposición transitoria, que establece un plazo perentorio de tres años para su aplicación; pero, debemos considerar que la ley N° 20.422 entró en vigencia el 10 de febrero de 2010 y que el plazo de tres años se cumple el 9 de febrero de 2013; es decir, dentro de ocho meses. Además, el proyecto está en primer trámite constitucional en la Cámara y, después, debe ir al Senado. Es decir, el tiempo sigue corriendo.
Por cierto, voy a aprobar el proyecto, pero espero que su tramitación posterior sea lo más rápida posible, porque puede ocurrir que, eventualmente, no se cumpla con su objetivo.
Por lo tanto, me gustaría que los autores de esta loable iniciativa tengan en cuenta esta situación, a fin de que la consideren durante la discusión que estamos iniciando en esta sesión.
He dicho.
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