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El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , estamos discutiendo, en su primer trámite constitucional, el informe de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social sobre el proyecto que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidades, en este caso auditiva.
En Chile, el 11 por ciento de la población padecemos de algún grado de discapacidad. Se dice que nadie dice la verdad cuando señala que no sufre ningún tipo de discapacidad, pues todos, cual más cual menos, llevamos en nuestro organismo imperfecto algún grado de discapacidad. 2,5 millones de personas tienen capacidades diferenciadas en nuestro país; 90 millones en América Latina y 600 millones en el mundo. En su mayoría, son estigmatizados y marcados de por vida por ser diferentes.
Justamente, en la sesión de ayer, mientras rendíamos homenaje a la Gran Logia Masónica de Chile en sus 150 años de vida, hablábamos acerca de la importancia que tiene la tolerancia, el saber aceptar a quien es aparentemente “distinto” de la mayoría de la población, y de la importancia de respetar a quien piensa diferente, a quien no es hincha del mismo equipo de fútbol, al que no tiene la misma iglesia para llegar a Dios, a quien no pertenece al mismo partido político o no sustenta las mismas ideas políticas de sus semejantes.
En el caso de las personas con capacidades diferenciadas, la intolerancia se ha hecho presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el rubro del transporte, rara vez se ayuda a una persona que tiene dificultades para movilizarse; rara vez los organismos públicos cumplen con la ley N° 20.422, a pesar de que está llena de imperfecciones, según me han manifestado personas de diferentes clubes de discapacitados en mi distrito y en la Región de La Araucanía. Justamente, esta es una de ellas, pues a través de un artículo existe una condición para validar el lenguaje de señas en nuestro país, lo que no es necesario hacer a través de un reglamento, porque ya está reconocido dentro de la ley, más allá de los matices que puedan existir de una región a otra.
Entonces, cuando hablamos del cumplimiento de la ley N° 20.422, también nos damos cuenta de capacidades diferenciadas del Ejecutivo y del propio Parlamento, al no plantear muchas exigencias, como las que mencionó hace un momento el estimado colega Sabag.
No existe un reglamento en el ámbito del transporte público para hacer realidad lo que estipula la ley. El uso del sistema Braille lo solicitamos a través de diferentes proyectos que hemos aprobado con el objeto de que, en todas las reparticiones públicas, las personas privadas de la vista o con disminución de la agudeza visual tengan a su disposición este sistema, para que entiendan y enfrenten de mejor manera los trámites que deben realizar. Por ejemplo, si alguna persona con discapacidad quiere realizar algún trámite judicial, es preciso que se haga acompañar de un representante legal; de lo contrario, lo que diga carecerá absolutamente de legalidad.
Por otra parte, el acceso adecuado de las sillas de ruedas a los organismos públicos está limitado; incluso, muchas municipalidades no cuentan con ellos. En varios edificios de distintos ministerios aún existen serios inconvenientes. Es más, los discapacitados ni siquiera pueden acceder a las playas o lagos de nuestro país en época de verano, porque no existe la posibilidad de que, por ejemplo, una persona que se encuentra en silla de ruedas se acerque, acompañado, a la orilla del mar.
Por lo tanto, falta mucho por hacer respecto de las necesidades de los discapacitados. Para ser importados, muchos elementos técnicos aún dependen de una reglamentación. Eso permitiría mejorar la calidad de vida de tantas chilenas y chilenos que nos miran con angustia y a quienes nosotros -digo “nosotros” en general, aunque yo no lo haga- miramos como personas que no tienen la posibilidad de integrarse plenamente a esta sociedad.
Por ello, es preciso que no solo la bancada del Partido Radical apruebe el proyecto -así será-, sino todas. Además, es necesario pedir al Ejecutivo que trabaje con más ahínco para reglamentar lo que está establecido así en la ley N° 20.422.
Hasta la Ley de Matrimonio Civil reconoce como válido el lenguaje de señas en nuestro país para contraer matrimonio entre personas sordas. Por lo tanto, no podemos sino eliminar el artículo que está condicionando la aceptación definitiva del lenguaje de señas en Chile.
Ojalá que el Estado, a través del Gobierno, adopte las medidas necesarias en el asunto y que los privados, los empresarios, entiendan y acepten que, al menos, uno de cada diez funcionarios que trabajen en sus reparticiones pueda tener algún grado de discapacidad en su cuerpo o intelecto, quienes pueden desarrollar perfectamente bien las tareas adaptadas a ellos.
Ojalá que la televisión chilena, que tanto daño ocasiona al desarrollo cultural de nuestro país y tanto menosprecio manifiesta por el intelecto y la cultura, que abraza y levanta a cada rato ídolos de barro en los que se mira nuestra juventud, que a cada rato impregna de sangre los noticieros y ahuyenta la cultura de sus espacios, tome nota de que resulta imprescindible incorporar nuevamente el sistema de closed caption y el lenguaje de señas en toda su programación.
He dicho.
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