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- rdf:value = " DEROGACIÓN DE DISPOSICIÓN SOBRE LENGUAJE DE SEÑAS, CONTENIDA EN LEY N° 20.422 SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite constitucional.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en la forma que indica.
Diputada informante de la Comisión de Superación de la Pobreza , Planificación y Desarrollo Social es la señora Andrea Molina.
Antecedentes:
-Moción, boletín N° 7988-11, sesión 94ª, en 11 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.
-Informe de la Comisión de Superación de Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, sesión 23ª, en 8 de mayo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Comunico a la Sala que el informe que entregará la diputada señora Andrea Molina y el posterior debate del proyecto serán transmitidos mediante lenguaje de señas a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados. Ello, para que las personas con discapacidad auditiva puedan seguir esta etapa de la tramitación legislativa de la iniciativa.
Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Superación de la Pobreza.
La señora MOLINA , doña Andrea (de pie).- Señor Presidente , para mí es un honor informar este proyecto de ley, que es un sueño de muchos años y que contribuye a que avancemos en la inclusión social de las personas con discapacidad.
Para los discapacitados y sus familias -muchos de quienes nos acompañan hoy en las tribunas- este es un momento relevante.
En nombre de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, paso a informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, boletín N° 7988-11.
El proyecto fue iniciado por moción de los diputados señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; señora Cristi , doña María Angélica ; señor Eluchans, don Edmundo ; señora Molina , doña Andrea, y señor Torres, don Víctor .
El proyecto en informe consiste en eliminar una antinomia que existe en la ley
N° 20.422, toda vez que su artículo 26 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda. Empero, el inciso sexto del artículo 1° transitorio, prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.
Asistieron a la Comisión durante la discusión del proyecto el señor Oscar Mellado , subdirector del Senadis, y la señora Elia Puentes , fiscal del Senadis. Concurrieron, además, los señores William Martínez , director regional de la Sexta Región del Senadis ; las señoras Sandra Candia , jefa de Gabinete del Senadis, y Victoria Silva , apoderada del Instituto de la Sordera, Indesor, y Andrea González, intérprete de sordos.
También concurrieron los señores Fernando Ayala , presidente ; Juan Luis Marín , vicepresidente; Christian Muñoz , secretario; Marcelo Salamanca , asesor, todos de la Federación Nacional de Sordos de Chile, Fenasoch; la señora Victoria Silva , apoderada del Instituto de la Sordera, Indesor; Eduardo Casanueva , telefonista de la Cámara de Diputados, y el señor Melitón Bustinza , intérprete de sordos, a quien le envío un caluroso saludo, ya que he sabido que no se encuentra muy bien de salud.
En la moción objeto de este informe se sostiene que la sordera ha sido convencionalmente definida como la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a la pérdida de una capacidad auditiva de orden parcial o total. Por ello, una persona sorda será absolutamente incapaz de oír o bien tendrá dificultades para oír. Lo anterior puede tener su origen en causas genéticas o en una enfermedad, en un traumatismo, en exposición continua al ruido, o bien en mecanismos nocivos para el nervio auditivo.
Estas anomalías de orden biológico y somático tienen grandes repercusiones en todos los ámbitos de la vida, en especial en lo que se refiere al plano social y consecuencialmente en el jurídico.
En efecto, la sordera puede afectar considerablemente la forma en que la persona se relaciona con su entorno, al encontrarse con una seria limitación en su capacidad para encontrar una vía de comunicación por el canal auditivo, es decir en el lenguaje oral.
Es así como este asunto se traspasa hacia el ámbito jurídico, plasmando de una u otra forma los inconvenientes que en los hechos los sordos sufren en su vida cotidiana. Por ejemplo, el sordo en nuestra ley civil y cumpliendo con ciertos requisitos adicionales era considerado como un relativamente incapaz, vale decir, debía actuar en el mundo del derecho a través de un representante legal; en caso contrario, sus actos eran nulos.
Posteriormente, y en virtud de modificaciones al Código Civil y a la Ley de Matrimonio Civil, entre otros cuerpos legales, se ha incorporado el lenguaje de señas como elemento de validez de los actos y contratos en que tales personas intervienen, incluyendo con ello factores de mayor igualdad en las relaciones jurídicas, en consonancia con lo que la propia Constitución Política establece en materia de igualdad ante la ley, como asimismo, con los pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
La Constitución Política, en el número 2° de su artículo 19, consagra el derecho constitucional de la igualdad ante la ley.
La ley N° 20.422, tiene entre sus objetivos asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con la finalidad de alcanzar su plena inclusión social, eliminando cualquier forma de discriminación fundada, en este caso, en la sordera que las afecta. Además, la ley en comento establece el deber del Estado de promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
El artículo 26 de la ley N° 20.422 dispone expresamente: “Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda”. Sin embargo, el inciso sexto del artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.
En consecuencia, existe una evidente antinomia en estas dos normas, toda vez que el artículo 26 de la ley N° 20.422 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda, empero, el artículo 1°, inciso sexto de la misma ley, le niega tácitamente efectividad, al indicar que en un plazo determinado definirá el lenguaje de señas chileno.
La disposición del artículo 26 es la correcta, puesto que las lenguas no se definen, como lo pretende hacer la norma en el inciso sexto del artículo 1° transitorio, sino más bien se reconocen o declaran.
Contenido del proyecto.
Se deroga el inciso sexto del artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422, que prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.
Discusión general.
El señor Oscar Mellado hizo entrega a la Comisión de un documento que, en síntesis, avala la presentación del proyecto de ley en esta materia, ya que puntualiza que el Servicio Nacional de la Discapacidad ha recogido la opinión de algunas organizaciones de personas con discapacidad auditiva, en el sentido de que no correspondería que el Estado fije una lengua de señas chilena.
En efecto, si bien puede señalarse que la idea de la ley N° 20.422 es fomentar el reconocimiento de la lengua de señas, no sería conveniente -según él- establecer la lengua de señas como oficial por cuanto podría limitar la posibilidad de la población con discapacidad de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de aprender, toda vez que no hay en este tema una opinión única, existiendo desde luego varios lenguajes de señas que pueden ser aplicables. De hecho, existen casi diez dialectos de lengua de señas chilena, con diferencias importantes entre una y otra, por lo que al establecer que se deberá usar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso completo de certificación que es muy difícil de realizar. Incluso -señaló- al interior de la comunidad sorda no existe unanimidad sobre la lengua de señas que se debe usar, ya que cada grupo aboga por la forma de lengua que usa en su comunidad particular.
El señor Juan Luis Marín explicó que dentro de las personas sordas hay una diversidad de realidades, desde personas que están en condiciones de aprender lectura labial hasta personas que no tienen la aptitud física para ello, para las cuales es más fácil comunicarse a través del lenguaje de señas. Por lo tanto, aclara que no es factible que todas las personas sordas puedan aprender a hablar.
El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes, señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; Chahín, don Fuad ; Gutiérrez, don Romilio ; señora Molina , doña Andrea, y Robles, don Alberto .
Discusión particular.
Puesto en votación el artículo único del proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; Chahín, don Fuad ; Gutiérrez, don Romilio ; señora Molina , doña Andrea, y Robles, don Alberto .
Tratado y acordado en sesiones de fechas 28 de septiembre, 5 de octubre de 2011, y 2 de mayo de 2012, con la asistencia de los diputados señores Lautaro Carmona , Enrique Accorsi ( Presidente ), Pedro Browne , Fuad Chahín , Roberto Delmastro , Fidel Espinoza , Romilio Gutiérrez , Issa Kort , Alberto Robles , Jorge Sabag y de las diputadas señoras María Angélica Cristi , Andrea Molina y Mónica Zalaquett .
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , en esta sesión se ha hecho sentir que los proyectos tratados en este Hemiciclo no se refieren solo a castigos, a través del Código Penal, a economía, a materias relacionadas con el Código Civil o a conductas señaladas en la Constitución Política de la República. Aquí, los principios de sentimientos sociales son tremendamente valorados.
La firma de un gran número de parlamentarios para ser parte de la donación de órganos demuestra que estamos en buen camino. Esto coincide con una carta que todos los diputados hemos recibido de parte de los funcionarios discapacitados de las plantas municipales, cuyos planteamientos podrían considerarse durante el estudio de este proyecto, que parece relativamente simple, pero que tiene un gran contenido.
En sus fundamentos se señala que se ha tomado conciencia de la necesidad de incluir a todas las personas que, por distintas razones, pertenecen a grupos que sufren algún tipo de discriminación. Quisiera que esta fuera una norma indiscutida; pero todavía nos falta mucho por hacer.
El caso concreto de las personas con discapacidad auditiva no es una excepción y, por eso, este proyecto apunta en la dirección de evitar que en la ley sobre inclusión de personas con discapacidad se mantenga la consagración de una aparente discriminación. A ese objetivo apunta el proyecto.
Considero que la intención de los autores de la iniciativa es muy loable, por lo mismo, deberíamos apoyarla. Al respecto, quiero señalar que quienes hacemos uso de la palabra tratamos de buscar los posibles errores de las iniciativas, a fin de discutirlos y lograr legislaciones adecuadas que beneficien realmente a quienes se pretende favorecer.
Quiero hacer notar que, al legislar sobre esta materia, corremos el riesgo de tener un problema de oportunidad. No sé si la diputada informante podría tomar nota de lo que digo, a fin de que me responda si estoy equivocado y si esta situación fue discutida en la Comisión. Reitero, al legislar en este instante, corremos el riesgo de tener un problema de oportunidad, ya que lo que se deroga es un inciso de una disposición transitoria, que establece un plazo perentorio de tres años para su aplicación; pero, debemos considerar que la ley N° 20.422 entró en vigencia el 10 de febrero de 2010 y que el plazo de tres años se cumple el 9 de febrero de 2013; es decir, dentro de ocho meses. Además, el proyecto está en primer trámite constitucional en la Cámara y, después, debe ir al Senado. Es decir, el tiempo sigue corriendo.
Por cierto, voy a aprobar el proyecto, pero espero que su tramitación posterior sea lo más rápida posible, porque puede ocurrir que, eventualmente, no se cumpla con su objetivo.
Por lo tanto, me gustaría que los autores de esta loable iniciativa tengan en cuenta esta situación, a fin de que la consideren durante la discusión que estamos iniciando en esta sesión.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la disputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , para responder la pregunta del diputado señor Jaramillo , puedo decirle que la situación que señaló fue discutida en la Comisión. Sin embargo, lo más relevante dice relación con otra materia.
Lo que queremos es terminar con una situación que ha impedido a la comunidad sorda ser parte de la sociedad como corresponde, porque quienes establecieron un plazo de tres años para generar un lenguaje de señas, tampoco se comunicaron con los discapacitados. De hecho, hoy la comunidad sorda dice: “La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con esto”.
Por eso, impulsamos este proyecto, precisamente, en respuesta a su solicitud. Se trataba de una discriminación sin sentido, debido a lo cual toda la comunidad sorda estaba de acuerdo con que se derogara la norma que establece tres años, porque ellos se entienden perfectamente a través de su lenguaje de señas. Por cierto, hay diferencias. Por ejemplo, los niños se comunican de una forma distinta. Sin embargo, todos nos entendemos, si queremos hacerlo de verdad.
Por eso, hemos puesto énfasis en sacar adelante este proyecto lo más rápidamente posible. Ya estamos en conversaciones con el Senado, porque creemos que un proyecto de esta naturaleza debiera ser aprobado a la mayor brevedad.
Por otro lado, con su aprobación terminaremos con la discriminación que la comunidad sorda ha tenido que enfrentar durante muchos años. Al mismo tiempo, reivindicaremos la identidad de muchas personas que, hasta ahora, habían estado en el más completo anonimato y que han tenido que buscar formas para poder sobrevivir en un país lleno de prejuicios.
Aquí estamos reconociendo un lenguaje de señas que es único y universal y que permitirá a las personas sordas acceder no solo a la información, sino a todos los ámbitos de la vida cotidiana, llámese educación, salud, participación social o vida laboral. Estamos hablando de un reconocimiento absoluto de estas personas.
Esta modificación tiene algo muy particular. Ya no podremos afirmar que los sordos podrán integrarse a nuestra sociedad, porque lo han hecho desde siempre, con mayor o menor dificultad; seremos nosotros los que deberemos posibilitar la integración, seremos nosotros los que deberemos incorporarnos al mundo de la comunidad sorda, aprender a comunicarnos con los discapacitados, a mirarlos con los mismos ojos con que miramos al resto de las personas.
Quiero ser muy clara en esto. Debemos dar muchos pasos en esta materia. Como decía un colega, debemos ir avanzando paso a paso, para terminar con una discriminación que nosotros mismos hemos generado al subestimar a la comunidad sorda. Es cierto que no podrán escucharnos, pero tienen las facultades para realizar todas las actividades imaginables.
De manera que estamos ante un hermoso desafío. La discapacidad está en nuestras mentes, hecho que queda absolutamente demostrado con el caso de las personas sordas que hoy nos acompañan en las tribunas y a quienes deberíamos brindarles un aplauso. Los discapacitados están repartidos por todo el territorio nacional; solo debemos darles los espacios que necesitan, porque no son distintos a nosotros.
Ellos me han pedido especialmente que dé lectura -con esto termino- a los acuerdos que adoptaron en la asamblea que realizaron recientemente.
“La asamblea reconoce y acuerda, por unanimidad, con los delegados presentes de las organizaciones de personas sordas de todo el territorio nacional, que el uso correcto para denominar la lengua de señas usada por las personas sordas en Chile, como medio de comunicación, es la lengua de señas chilena, cuya sigla, en adelante, será LSCH.
Asimismo, acuerda que hay que respetar y validar el reconocimiento de la lengua de señas chilena utilizada por la comunidad de las personas sordas en nuestro país, cuya lengua es y ha sido siempre una, ya que dentro de una lengua existe variación lingüística que consiste en la concurrencia de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua.
Además, se debe reconocer y promover el valor lingüístico, cultural, social y patrimonial de la lengua de señas chilena como lengua de las personas sordas y de las actividades que estas realicen, asegurando el acceso universal inclusivo en igualdad de condiciones, para su pleno desarrollo en los diversos ámbitos: educación, salud, laboral, judicial y social, sin detrimento del uso de la pluralidad lingüística.
Se procede a firmar el acta, siendo las 18.00 horas, sin otro tema que tratar por la asamblea.”.
Me pidieron que leyera el acta, para que queden claros sus argumentos y por qué presentamos esta moción. Invito a todos los colegas a votarla favorablemente y al Senado a que la apruebe lo antes posible.
Este es un comienzo. Queremos que cuando llegue un sordo a un hospital, todos puedan entender lo que le sucede; que cuando se produzca una catástrofe en nuestro país, haya una persona, como ocurre actualmente, que les informe lo que pasa; que no terminen presos porque no escucharon o porque nadie les dijo lo que ocurría. Hay una serie de situaciones que demuestran que aún estamos a años luz en relación con otros países.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , es evidente que en las políticas públicas relacionadas con el área social, principalmente en el ámbito educacional, se han hecho esfuerzos concretos por incorporar temas relacionados con la integración y la diversidad.
En ese contexto, en 2008, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destinada a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y a promover el respeto de su dignidad.
En esa línea, el 10 de febrero de 2010, entró en vigencia la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, que se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social y tiene como objetivos establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad y velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas.
Esta ley y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas constituyen el marco legislativo sobre el tema de la discapacidad en Chile.
La problemática se deriva, tal como lo precisa el informe, por la colisión con lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 20.422, al consagrar expresamente “el lenguaje de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda”, con lo establecido en el artículo primero transitorio, inciso sexto, del mismo cuerpo legal, que le niega tácitamente efectividad al disponer lo siguiente: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.
La inviabilidad de esta norma surge, como se ha dicho, porque dentro del universo de las personas con discapacidad auditiva existe una enorme diversidad de realidades, desde personas que están en condiciones de aprender lectura labial hasta las que no tienen la aptitud física para ello, para las cuales es más fácil comunicarse a través del lenguaje de señas. Por lo tanto, técnicamente, no es factible que todas las personas sordas puedan aprender a hablar.
Especialistas, como don Fernando Ayala , explican que en el país existe una lengua de señas igual para todos, pero que tiene particularidades en el vocabulario, dependiendo de la zona geográfica donde se emplee, de la edad y de las características del grupo social en que se utilice.
En consecuencia, existe una lengua de señas chilena, y lo que se requiere es su reconocimiento legal para facilitar la inclusión laboral y educacional. Pero, evidentemente, no es necesaria su definición, puesto que las lenguas no se definen, sino, más bien, se reconocen o se declaran.
Incluso más, si ello fuera posible, se limitaría la posibilidad de la población con discapacidad de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de aprender, debido a la existencia de casi diez dialectos de la lengua de señas chilena, con diferencias importantes entre uno y otro.
Por lo tanto, al establecer que se deberá utilizar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso completo de certificación, lo que es muy difícil de realizar. Por lo tanto, basta con el artículo 26 de dicha ley, que reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda.
Precisado lo anterior, nos queda, desde mi perspectiva, la necesidad imperiosa, en términos de discapacidad, de generar una política pública articulada, clara y con un horizonte definido que permita determinar la forma de operacionalizar el enfoque de la discapacidad de manera inclusiva y transversal en todos los ámbitos de la sociedad.
Por lo tanto, invito a los colegas a votar favorablemente este proyecto.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , solo para apoyar esta modificación a la ley sobre discapacidad, que, como se dijo, fue promulgada el 10 de febrero de 2010 por la Presidenta Michelle Bachelet , y que nos tocó tramitar durante el período legislativo anterior.
Esta es, si no me equivoco, una de las primeras enmiendas a esa ley, a fin de concordar algo que era lógico: que no corresponde fijar un lenguaje de señas, sino reconocerlo.
Hoy, lo que está haciendo el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) es certificar un lenguaje de señas único y universal para todo el país. Como se expresó, existen algunas variaciones a lo largo y ancho del país; pero así como en el lenguaje oral en español se producen algunas diferencias, y uno recurre al Diccionario de la Real Academia Española , también en el lenguaje de señas se debería acudir a una fuente. Eso es lo que está tratando de hacer el Senadis, a través de una certificación, lo cual me parece adecuado.
No obstante, sin perjuicio de valorar esta iniciativa legal, hay aspectos mucho más relevantes de la ley N° 20.422 que todavía están pendientes, como la dictación de los reglamentos que la hagan operativa. Así, por ejemplo, se debe dictar un reglamento para la accesibilidad a la programación televisiva por las personas con discapacidad auditiva -para tal efecto, se llevó a cabo una consulta ciudadana-, materia que todavía está en trámite para su toma de razón.
También está pendiente la dictación del reglamento para la importación de ayudas técnicas y automóviles para personas con discapacidad. La ley establece una serie de exenciones tributarias, pero todavía no se ha dictado el respectivo reglamento. Por lo tanto, no es operativa.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no ha dictado el reglamento en relación con el closed caption o de sistema de subtítulos para programas de televisión, en circunstancias de que la ley establece la obligación del Estado de transmitir la programación televisiva, los noticiarios, con subtítulos para las personas con discapacidad auditiva. Eso tampoco se ha dictado.
De manera que es importante esta adecuación legal; pero, a mi juicio, es mucho más importante que el Gobierno acelere la dictación de esos reglamentos que harán operativa la ley N° 20.422, cuyos beneficios recibirán las personas con discapacidad, que ascienden a 13,2 por ciento; es decir, cerca de 2 millones de compatriotas tienen algún tipo de discapacidad.
En el mundo de la discapacidad auditiva hay mucho que hacer. Reconocer que existe un solo lenguaje en el país, es un adelanto. También hay que avanzar en el reconocimiento de las personas con discapacidad auditiva en los ámbitos universitario y estudiantil en general.
En cuanto al financiamiento del intérprete de lengua de señas para estudiantes universitarios, cada año los respectivos jóvenes deben solicitar la renovación de ese beneficio. La idea es que, cumpliéndose determinadas condiciones, el monitor acompañe al estudiante durante toda su carrera.
Esta modificación requiere un incremento presupuestario para financiar cada año no solo a los estudiantes de continuidad, sino, también, a los nuevos estudiantes sordos que ingresan a la educación superior y que requieren de ese apoyo.
La idea de la ley -cabe recordar que la discapacidad fue ratificada por la respectiva convención internacional como una cuestión de derechos humanos- es precisamente avanzar en la inclusión social de las personas con discapacidad. La iniciativa va en esa dirección, pero existen muchos otros aspectos por mejorar en materia de comunicaciones, de educación. Para eso, la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, presidida por el diputado Enrique Accorsi , ha estado abierta a todas las personas con discapacidad para escuchar sus demandas, como esta, que nació precisamente por una invitación que hicieron la diputada Andrea Molina y otros parlamentarios a la comunidad con discapacidad auditiva, y que pronto se transformará en ley.
Las puertas de la Comisión están abiertas para todas las personas con discapacidad. En dicha instancia pretendemos lograr una mayor inclusión social de esas personas y cumplir con esta ley que aprobamos en el período anterior.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente , estamos discutiendo, en su primer trámite constitucional, el informe de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social sobre el proyecto que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidades, en este caso auditiva.
En Chile, el 11 por ciento de la población padecemos de algún grado de discapacidad. Se dice que nadie dice la verdad cuando señala que no sufre ningún tipo de discapacidad, pues todos, cual más cual menos, llevamos en nuestro organismo imperfecto algún grado de discapacidad. 2,5 millones de personas tienen capacidades diferenciadas en nuestro país; 90 millones en América Latina y 600 millones en el mundo. En su mayoría, son estigmatizados y marcados de por vida por ser diferentes.
Justamente, en la sesión de ayer, mientras rendíamos homenaje a la Gran Logia Masónica de Chile en sus 150 años de vida, hablábamos acerca de la importancia que tiene la tolerancia, el saber aceptar a quien es aparentemente “distinto” de la mayoría de la población, y de la importancia de respetar a quien piensa diferente, a quien no es hincha del mismo equipo de fútbol, al que no tiene la misma iglesia para llegar a Dios, a quien no pertenece al mismo partido político o no sustenta las mismas ideas políticas de sus semejantes.
En el caso de las personas con capacidades diferenciadas, la intolerancia se ha hecho presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el rubro del transporte, rara vez se ayuda a una persona que tiene dificultades para movilizarse; rara vez los organismos públicos cumplen con la ley N° 20.422, a pesar de que está llena de imperfecciones, según me han manifestado personas de diferentes clubes de discapacitados en mi distrito y en la Región de La Araucanía. Justamente, esta es una de ellas, pues a través de un artículo existe una condición para validar el lenguaje de señas en nuestro país, lo que no es necesario hacer a través de un reglamento, porque ya está reconocido dentro de la ley, más allá de los matices que puedan existir de una región a otra.
Entonces, cuando hablamos del cumplimiento de la ley N° 20.422, también nos damos cuenta de capacidades diferenciadas del Ejecutivo y del propio Parlamento, al no plantear muchas exigencias, como las que mencionó hace un momento el estimado colega Sabag.
No existe un reglamento en el ámbito del transporte público para hacer realidad lo que estipula la ley. El uso del sistema Braille lo solicitamos a través de diferentes proyectos que hemos aprobado con el objeto de que, en todas las reparticiones públicas, las personas privadas de la vista o con disminución de la agudeza visual tengan a su disposición este sistema, para que entiendan y enfrenten de mejor manera los trámites que deben realizar. Por ejemplo, si alguna persona con discapacidad quiere realizar algún trámite judicial, es preciso que se haga acompañar de un representante legal; de lo contrario, lo que diga carecerá absolutamente de legalidad.
Por otra parte, el acceso adecuado de las sillas de ruedas a los organismos públicos está limitado; incluso, muchas municipalidades no cuentan con ellos. En varios edificios de distintos ministerios aún existen serios inconvenientes. Es más, los discapacitados ni siquiera pueden acceder a las playas o lagos de nuestro país en época de verano, porque no existe la posibilidad de que, por ejemplo, una persona que se encuentra en silla de ruedas se acerque, acompañado, a la orilla del mar.
Por lo tanto, falta mucho por hacer respecto de las necesidades de los discapacitados. Para ser importados, muchos elementos técnicos aún dependen de una reglamentación. Eso permitiría mejorar la calidad de vida de tantas chilenas y chilenos que nos miran con angustia y a quienes nosotros -digo “nosotros” en general, aunque yo no lo haga- miramos como personas que no tienen la posibilidad de integrarse plenamente a esta sociedad.
Por ello, es preciso que no solo la bancada del Partido Radical apruebe el proyecto -así será-, sino todas. Además, es necesario pedir al Ejecutivo que trabaje con más ahínco para reglamentar lo que está establecido así en la ley N° 20.422.
Hasta la Ley de Matrimonio Civil reconoce como válido el lenguaje de señas en nuestro país para contraer matrimonio entre personas sordas. Por lo tanto, no podemos sino eliminar el artículo que está condicionando la aceptación definitiva del lenguaje de señas en Chile.
Ojalá que el Estado, a través del Gobierno, adopte las medidas necesarias en el asunto y que los privados, los empresarios, entiendan y acepten que, al menos, uno de cada diez funcionarios que trabajen en sus reparticiones pueda tener algún grado de discapacidad en su cuerpo o intelecto, quienes pueden desarrollar perfectamente bien las tareas adaptadas a ellos.
Ojalá que la televisión chilena, que tanto daño ocasiona al desarrollo cultural de nuestro país y tanto menosprecio manifiesta por el intelecto y la cultura, que abraza y levanta a cada rato ídolos de barro en los que se mira nuestra juventud, que a cada rato impregna de sangre los noticieros y ahuyenta la cultura de sus espacios, tome nota de que resulta imprescindible incorporar nuevamente el sistema de closed caption y el lenguaje de señas en toda su programación.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , la ley N° 20.422, que establece un marco jurídico para la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en su artículo 26 reconoce la lengua de señas como el medio de comunicación natural de la comunidad sorda. Sin embargo, esta norma termina siendo meramente declarativa debido al inciso sexto del artículo primero transitorio, que intenta otorgar al Estado una facultad que es imposible de ejercer, como es definir efectivamente cuál será en definitiva el lenguaje de señas para Chile.
Como bien expresaron la diputada informante y autora del proyecto, señora Andrea Molina , y otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, las lenguas no se definen, sino que se reconocen y declaran. Por lo tanto, al entrar en contradicción estas dos normas -el artículo 26 con el inciso sexto del artículo primero transitorio del mismo cuerpo legal-, se transforma en una mera declaración, que no tiene una aplicación práctica.
Lo que en su momento buscó el legislador fue, justamente, que este reconocimiento como lengua natural de la comunidad sorda tuviese efectos no solo en la vida cotidiana, sino también en su vida jurídica, que se aceptara a nivel legal como su lenguaje propio y no se les exigiera darse a entender por escrito, como lo establece la legislación, para que sus actuaciones jurídicas tengan plena validez.
Por lo tanto, era necesario corregir la norma para darle aplicación práctica, para que pasara de ser una norma meramente declarativa a una de carácter sustantivo, que estableciera derechos permanentes que se puedan ejercer por la comunidad sorda.
Pero, como lo dijeron los diputados Sabag y Meza , esa ley, promulgada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , de gran importancia y que generó muchas expectativas, presenta dificultades más profundas que las que hoy estamos corrigiendo para su aplicación práctica, que dicen relación con el retardo en la dictación y total tramitación de los reglamentos en materia de sistema de closed caption -de subtitulado-, en cuanto al transporte o respecto de la importación de ayudas técnicas.
Recientemente, en esta Cámara aprobamos un proyecto de ley, del cual soy uno de los autores, que declara inembargables tales ayudas técnicas.
Sin embargo, tenemos un déficit: el alto costo de las ayudas técnicas. Por lo tanto, es importante que se dicte el reglamento correspondiente para facilitar, por ejemplo, la importación de automóviles para personas con discapacidad.
Sería conveniente que nos explicaran hasta cuándo seguiremos esperando que se tramiten totalmente los reglamentos, para que esta ley, que generó muchas expectativas, signifique un cambio en la relación del Estado y la sociedad con las personas con discapacidad, que en el país asciende a aproximadamente 15 por ciento de la población.
Además, estamos trabajando -debemos reconocerlo- muy estrechamente con el Senadis y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a fin de mejorar los proyectos de ley originados en mociones -de algunas, soy autor; otras fueron elaboradas por distinguidos colegas-, que buscan mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, no solo con algún tipo de discapacidad física, sino también intelectual o cognitiva.
Pero, no solo queremos crear una cuota, también queremos que para llenarla se contrate a personas en un trabajo donde puedan desarrollar sus capacidades y sean un real aporte a la empresa o al servicio público.
No queremos imponer una cuota por ley, y que se contrate a esas personas solo para cumplir esa exigencia, pero que terminen en una especie de subtrabajo o, como se dice en la jerga pública, en la “huesera”. No queremos afectar la dignidad de esas personas. Ellos tienen muchas capacidades y, a veces, muy desarrolladas; por lo tanto, pueden hacer un aporte. Para eso hay que establecer incentivos y generar condiciones en los servicios públicos y en las empresas, para que esas personas no solo puedan tener un empleo y sean incluidas, sino que también aporten, con todas sus capacidades, al desarrollo de la comunidad, de la economía y del servicio público.
Por lo tanto, estamos generando una batería de medidas que nos pueden permitir dar el siguiente paso: el de la plena inclusión, no solo social, sino también laboral. Pero, para lograr ese objetivo, también tenemos que avanzar en cambios culturales.
En la medida en que los proyectos de ley se debatan, como ha ocurrido en este caso, y se perfeccione y mejore la legislación vigente, también se colocará la discapacidad como un tema de discusión en nuestra sociedad, porque a veces nos cuesta verlo o solo lo abordamos durante el período en que se realiza la Teletón. Pero la discapacidad requiere de una atención mucho más profunda, rica y permanente.
El proyecto corrige una dificultad en la aplicación práctica de la ley de discapacidad y elimina una norma del articulado transitorio. Aunque esto constituye un aporte, sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Insisto en que otras dificultades de la ley para su aplicación son distintas a las que corregimos hoy, pues dicen relación, más bien, con la necesaria tramitación total de los reglamentos para su plena operación.
Valoro esta iniciativa, especialmente la labor de sus autores, encabezados por la diputada Andrea Molina , y anuncio que vamos a respaldar, con entusiasmo, este sencillo pero importante proyecto de ley.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , me sumo a las expresiones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero me voy a enfocar en un tema básico para hacer real la posibilidad de que las personas con discapacidad se puedan integrar al mundo social.
En primer lugar, la ley sobre la discapacidad fue promulgada el 10 de febrero de 2010, pero aún, después de dos años y tres meses, no cuenta con los reglamentos para su aplicación, lo que ha significado que la norma no se cumpla como corresponde.
La citada ley se preocupa especialmente de hacer viable que las personas con discapacidades puedan entrar a los colegios de educación pública y también privada, de manera que los discapacitados puedan integrarse al sistema educacional y, por consiguiente, en el futuro, a la sociedad y al mundo laboral.
En tal sentido, se planteaba que los profesores deberían aprender el lenguaje de señas, con el objeto de que en los colegios con niños que padecen discapacidad auditiva puedan integrarse al conjunto de los compañeros de curso y desarrollar sus habilidades y conocimientos, porque no es justo que, por no poder escuchar, vean disminuido su aprendizaje.
En nuestro país, lo anterior no se ha cumplido. Por el contrario, los colegios particulares, habitualmente, rechazan a los niños con discapacidades diversas; los subvencionados, a los que el Estado asigna fondos especiales, también rechazan a los niños con discapacidades diversas, y los municipalizados son obligados a recibirlos.
En muchos casos sus padres pueden pagar colegios con ciertas características, pero esos niños terminan en escuelas especiales y se generan verdaderos guetos con los alumnos con discapacidades, aunque tengan posibilidades de aprender como cualquier otro niño. Simplemente, algunos no escuchan o no ven. Sin embargo, la ley señala claramente que los colegios deben tener los instrumentos necesarios para que esos niños se integren a los cursos.
Entonces, junto con reconocer el mérito del proyecto en discusión, que sencillamente suprime un inciso de un artículo transitorio, la Cámara de Diputados debe hacer hincapié en la necesidad de dictar los reglamentos que faltan y que, de acuerdo con nuestro rol fiscalizador, nos preocupemos de que se cumplan las leyes que aprobamos, para así lograr una sociedad más integral, en la que todos tengan los mismos derechos.
Con el objeto de que las personas se integren a la sociedad, los canales de televisión deben transmitir sus programas también con lenguaje de señas, pero eso no se hace.
La ley dice claramente que todos los servicios públicos deben adoptar las medidas necesarias para que las personas con diferentes discapacidades puedan acceder a ellos. Incluso, recomienda que se contrate a personas para que trabajen en el sistema de apoyo, ya que las discapacidades no impiden que las personas puedan desarrollar otras habilidades que les permitan desempeñarse en diversas funciones. Pero eso no se hace.
Entonces, por un lado, se dictan leyes, pero, por otro, no se fiscaliza ni se les hace un seguimiento a su cumplimiento, lo que constituye un defecto que debemos superar. Por lo tanto, es necesario dictar los reglamentos correspondientes de una ley que está en vigencia hace bastante tiempo. También esperamos que se cumpla con su normativa, para que el niño más pequeño con problemas de audición, de vista u otra dificultad física pueda integrarse a los colegios, ya sean municipalizados, subvencionados o privados, con el objeto de que cuenten con las condiciones adecuadas para ello.
He recorrido colegios de mi distrito, y me he dado cuenta de que un niño en silla de ruedas no puede acceder a un segundo piso, por lo que deben quedarse en el primero. Incluso, muchas veces, ciertos cursos deben trasladarse al primer piso para que esos niños puedan integrarse a la educación. Sin duda, nuestra sociedad tiene un déficit con las personas que sufren discapacidad.
Quiero hacer hincapié en que, además de derogar el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, con el objeto de que el lenguaje de señas se implemente con rapidez, debemos preocuparnos desde el nivel de enseñanza básica y media de los niños con discapacidades, a fin de que puedan integrarse a la educación, porque es la manera en que pueden tener un mejor futuro. Si bien ese lenguaje tiene características particulares en las diferentes regiones, es una lengua con un legado universal, porque cuando los sordos salen del país deben comunicarse con otras personas del resto del mundo que también tienen esa misma discapacidad.
Por último, solicito que la Mesa de la Corporación plantee a los representantes del Gobierno la necesidad de acelerar la dictación de los reglamentos para aplicar la ley, con el objeto de que se pueda dar cumplimiento a cabalidad con lo que establece la legislación sobre esta materia.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, antes de referirme al contenido del proyecto en discusión, felicito a quienes hicieron posible que por las pantallas de la Sala y del canal de televisión de la Cámara de Diputados se esté transmitiendo, además, con lenguaje de señas. Eso constituye un gran avance, modalidad que debería ser implementada en forma permanente, porque los debates de las sesiones de la Sala y de las comisiones de la Cámara de Diputados son seguidos solo por un determinado porcentaje de la población. Sin embargo, si aseguramos que las discusiones que se llevan a cabo puedan ser entendidas por todo el mundo, sin exclusiones, habrá mejor comunicación y un mayor grado de integración. De allí que ese lenguaje debería ser incluido, en forma permanente, en nuestras transmisiones.
El objeto del artículo único de la iniciativa es la derogación del inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, a fin de que se consagre lo que dispone el artículo 26 del mismo cuerpo legal. La disposición que se propone derogar preceptúa que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá el lenguaje de señas chileno, lo cual no corresponde.
Como diputado que integró la Comisión Especial de la Discapacidad, instancia en que se trató el proyecto original que terminó con la aprobación de la ley, sé que es importante que esa legislación sea objeto de modificaciones. Sin embargo, las adecuaciones normativas que se requieren deben llevarnos, principalmente, a resguardar y asegurar los derechos de la comunidad discapacitada, en particular en el caso de los sordomudos, con el propósito de asegurar su plena integración.
En la actualidad, la televisión es uno de los canales principales de vinculación y de participación, además de ser un vehículo para la comunicación de las leyes, así como de entretención y recreación para muchas personas. Por lo tanto, ese es el medio en el que debemos consagrar y reconocer el lenguaje de señas, para asegurar que la transmisión sea igualitaria y accesible para todos los ciudadanos, sin importar su discapacidad.
Por eso, junto con valorar la iniciativa en debate -sin duda, será aprobada por unanimidad-, quiero invitar al Ejecutivo y a todos los actores públicos a asegurar la plena integración de las personas con discapacidad, porque esta es una tarea de Estado que debe ser mantenida en el tiempo.
Hemos dicho, con mucha fuerza, a lo largo de Chile, en nuestros distritos y en pequeñas ciudades, que la discriminación hacia los discapacitados es enorme, por ejemplo, en términos de las posibilidades que se les da para facilitar su acceso a una serie de establecimientos públicos, así como a colegios y hospitales. También se les discrimina en cuanto a sus posibilidades de desplazamiento en los medios de transporte público. En ese sentido, quiero hacer una recomendación relacionada con el Transantiago. Así como se invierte bastante dinero para la mantención de la tarifa y para equipar a ese sistema de la infraestructura que necesita, también debería ser dotado de lo que se requiere para que cualquier ciudadano del Gran Santiago, como en cualquier parte de Chile, pueda desplazarse como corresponde, sin inconvenientes.
También es importante seguir con el desarrollo de la capacidad de infraestructura y de gestión en favor de los discapacitados en regiones, en las que también son objeto de inequidad. Por ejemplo, los diputados que representamos distritos integrados por comunas con muchas zonas rurales -como Máfil, San José de la Mariquina , Lanco y Corral , en mi caso- sabemos que a los discapacitados les resulta prácticamente imposible acceder por sus propios medios a una lancha que les permita cruzar una bahía, así como desplazarse dentro de la zona en que viven. Debido a eso, generalmente deben hacerse acompañar por una o dos personas, lo que les genera muchos inconvenientes. Por eso, a propósito de la discusión de este proyecto, es fundamental que se refuercen las direcciones regionales del Senadis.
Sin embargo, como el presupuesto que se destina para lograr los objetivos señalados es muy exiguo, debemos avanzar en el establecimiento de leyes que consagren los derechos de todos los ciudadanos que tengan alguna discapacidad, para lo cual se deben contemplar los fondos necesarios.
El proyecto en discusión apunta en la dirección correcta, puesto que mejora y simplifica la utilización del lenguaje de señas y elimina la contradicción establecida en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.422. Sin embargo, se requiere que el Ejecutivo dicte los reglamentos pendientes. Solo de esa manera se podrá aplicar a plenitud lo que dispone la ley sobre la materia. Pero eso debe ir acompañado de los recursos suficientes, de la conciencia que se necesita tener en relación con los discapacitados, de una legislación acorde con esos objetivos y de una labor permanente para la incorporación de la discapacidad en el centro de nuestras políticas públicas.
Por lo anterior, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, puesto que debemos seguir dando pasos para la plena inclusión de todos los discapacitados y las discapacitadas en nuestra sociedad.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , muy pocas familias de nuestro país pueden afirmar que dentro de su grupo familiar no tienen ningún miembro con algún grado de discapacidad, lo cual va en concordancia con las cifras que los colegas han dado a conocer: aproximadamente el 11 o 12 por ciento de la población tiene algún problema o grado de discapacidad o presenta capacidades disímiles, como se plantea desde el punto de vista conceptual en algunas esferas de nuestra sociedad.
Por lo tanto, tal como lo han señalado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, la iniciativa en debate, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, constituye un avance importante, porque plantea la eliminación de una contradicción que existe en ese cuerpo legal. En efecto, su artículo 26 consagra, en forma expresa, el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda; empero, el inciso sexto del artículo primero transitorio prescribe que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.
Tal como lo señalaron los invitados que concurrieron a la Comisión técnica en la que se abordó el proyecto, como es imposible unificar el lenguaje de señas a nivel nacional, por las características que tiene, desde el punto de vista de las diferencias regionales existentes y de los distintos grupos etarios, se torna imperiosa la derogación de ese inciso, lo cual, sin duda, constituye un avance muy importante para la comunidad que tiene problemas auditivos.
Por lo tanto, junto con felicitar a los autores de la iniciativa, me interesa señalar que debemos seguir abogando por que en nuestro país se elaboren más proyectos de ley que apunten a eliminar la discriminación de que son objeto las personas con discapacidad, como en muchos casos ocurre en los establecimientos educacionales con los alumnos que tienen problemas auditivos, de visión o de otra índole, los que obviamente generan condiciones adversas para su buen desempeño. En muchos casos, quienes tienen alguna discapacidad desarrollan otras capacidades, como la inteligencia, por lo que son susceptibles de ser tratados como personas normales.
Por lo tanto, anuncio -como lo dijo la diputada Denise Pascal Allende- el voto favorable de nuestra bancada, de manera unánime, para apoyar esta iniciativa que, creemos, contribuye con un granito de arena para mejorar las condiciones de las personas que tienen algún grado de discapacidad en el país.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, comparto lo que han dicho sobre el proyecto los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Sin embargo, en relación con la discapacidad, hay materias sobre las que es necesario abrir debate. Por ejemplo, en el tema de la educación, se dice que debe haber integración; pero creo que esto solo se puede decir si hay una evaluación de lo que ha ocurrido en la realidad, porque, originalmente, cuando se dictó la ley se optó por un modelo de integración forzada al sistema educativo, que no ha funcionado. Este es el modelo español, aunque en otras condiciones, que no ha funcionado, en parte porque hay colegios que no están preparados para acoger diferentes discapacidades o necesidades especiales o hay capacidad hasta un determinado momento, pero, después de un cierto desarrollo, no la hay para estimular una nueva etapa.
Aquí se requiere de un sistema educativo integrado, en que haya lugares especializados de apoyo cuando se llega a ciertos límites, para pasar a otra etapa, y después volver a integrarse.
La discusión sobre la educación pública tiene mucho que ver con esto. Cuando cada colegio es un negocio, es difícil tener un sistema integrado, y crear un procedimiento de subsidios integrados es prácticamente imposible y genera muchas inconsistencias.
Este modelo, que es el español, adolecía de estos problemas. El otro modelo que había era el cubano, que es mucho más exitoso y obtiene mejores resultados, porque contiene un sistema integrado, por cuanto las personas con discapacidad se incorporan a la escuela, pero también pueden volver a lugares más especializados en ciertas discapacidades.
Quería proponer esa reflexión, porque es necesario volver a discutir este tema. No se trata solo de que no se haya cumplido con la ley, sino que no estábamos preparados para ella.
Por otra parte, quiero hacer notar el tema de las pensiones a los discapacitados menores de 18 años. En Chile no existe un sistema previsional para ellos. Lo único que hay es un subsidio a la discapacidad intelectual, y es bien discutible qué se entiende por tal. Lo concreto es que no contamos con pensiones para los menores. Todos sabemos que un niño con discapacidad causa un enorme impacto en las finanzas de su familia, en las posibilidades de sostenerlo, porque se requieren muchas cosas y la sociedad no cuenta con ellas. En la materia hay un gran vacío en nuestro sistema previsional y en nuestra organización. Cuando se discuten reformas tributarias, este es el tipo de temas que debemos analizar. Esto tiene un costo, que no es pequeño, y por eso las diferentes administraciones de Hacienda tratan de evitarlo. Solo se logró que hubiera pensiones para los mayores de 18 años; pero es fundamental que aquellos menores con un porcentaje alto de discapacidad también tengan derecho a una pensión. Esto amerita un debate ligado a la reforma tributaria y, repito, es uno de los vacíos mayores que tenemos en nuestro sistema de protección social, con un grupo que requiere mayor preocupación que otros. Por eso, insisto en este punto.
En todo caso, el proyecto, en los términos en que está presentado, me parece muy claro, preciso e importante.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.
La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , no quiero dejar de expresar mi apoyo a este proyecto y, sobre todo, mi alegría por ver que estamos conduciéndonos por el camino correcto.
Siempre he postulado que Chile está en deuda con un sector muy importante en nuestra sociedad: las familias que conviven con personas que sufren de algún grado de discapacidad. Mucho se habla de inclusión e integración, pero, en la práctica, lamentablemente, las cosas no ocurren de la forma en que debieran.
Además, comparto lo que manifestó el diputado Montes . He sido testigo de cómo muchos colegios, que acceden a ayuda del Estado por recibir niños con algún grado de discapacidad, cobran ese beneficio, pero la realidad es que los tienen segregados o no les importa que vayan o no a clases o, simplemente, esos menores no reciben ninguno de los beneficios que justifican la entrega de ese subsidio.
Entonces, espero que este sea el inicio de muchas otras iniciativas con las que promovamos la dignidad, la seguridad y la integración real de quienes padecen alguna discapacidad, y también un apoyo concreto a las familias de esas personas, porque quienes conocemos de cerca la discapacidad debemos entender que este problema trasciende a la persona misma, afecta a todo su entorno familiar, y nosotros, como sociedad, debemos hacernos cargo de ello.
Ojalá que este proyecto se convierta en ley en el menor tiempo posible, y que sirva como una motivación para que sigamos sacando adelante iniciativas como esta.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.
El señor KORT.- Señor Presidente, quiero unirme a las palabras de la diputada Zalaquett, porque muchas veces hablamos de intenciones, pero aquí hay resultados concretos.
En varias ocasiones he ocupado el tiempo de Incidentes para destacar las labores que realiza la Oficina de la Discapacidad de la ciudad de Rancagua. Aquí también estamos dando un paso importante en ese sentido.
Cuando integré la Comisión de la Superación de la Pobreza, pude percatarme del mundo real que tienen que enfrentar las personas con algún grado de discapacidad. Día a día esas personas nos demuestran que no por tener discapacidad o algún grado de ella -en verdad, son personas con capacidades diferentes-, es decir, no por sufrir algún tipo de problema físico, tienen menos derechos como ciudadanos; todo lo contrario.
Este es un avance importante, un paso más, un peldaño más de esta escalera; pero todavía queda mucho por hacer, y aquí existe el compromiso de seguir avanzando.
En consecuencia anunciamos nuestros votos favorables a este proyecto. Reitero, estamos avanzando de manera correcta, pero podríamos hacerlo de manera más rápida.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , uno desea participar en la discusión de esta clase de proyectos, por tratarse de un tema tan sensible, en especial para quienes, de una u otra forma, nos hemos ligado al trabajo con la discapacidad a través de nuestra profesión. Ciertamente, todo lo que hagamos en pro de este sector será positivo.
El lenguaje de señas, materia que tratamos hace un tiempo, estuvo presente en las transmisiones televisivas de la Cámara. Por eso, me alegra mucho que hoy la transmisión de la Cámara de Diputados lo incluya. Fue un éxito, un logro alcanzado en legislaturas pasadas. En la actualidad, se están perfeccionando asuntos tan importantes como la posibilidad de inserción del mundo de la discapacidad al desarrollo del país.
Fundamentalmente, quiero referirme a la posibilidad concreta, real, de que el mundo de la discapacidad pueda integrarse como corresponde. Lamentablemente, hoy existen muchas cosas negativas en relación con este desarrollo, por ejemplo, toda la infraestructura urbana. Tiempo atrás, en la Comisión Especial de Discapacidad conversábamos acerca de la importancia de que esta gente se integrara fuertemente al trabajo. Ellos no piden que les regalen nada, sino oportunidades, como cualquier otra persona. Debiéramos apoyar eso.
Acá, en esta Cámara, tenemos un ejemplo. Hicimos algunos cambios para que gente con discapacidad pudiera trabajar con nosotros. En ese sentido, a lo mejor muchos colegas no conocen a Eduardo, telefonista no vidente.
Entonces, el sector empresarial debe entregar oportunidades laborales a personas con capacidades diferentes. No sacamos nada con que empresarios regalen una limosna para ayudar a estas personas; queremos que les entreguen oportunidades. En suma, queremos que en el mundo laboral exista la posibilidad de que las personas que tienen capacidades diferentes puedan trabajar. Creo que ese es el mejor camino para tener una integración social como corresponde.
Este problema también existe en la educación; es difícil lidiar con él, porque muchas veces la infraestructura no es adecuada. Muchas veces, jóvenes con un gran talento, pero que padecen una discapacidad visual, auditiva u otra, no tienen la posibilidad de acceder a la educación y desarrollarse como uno quisiera. Son aspectos que, como sociedad, debemos ir cambiando, y este proyecto es un paso importante para ello.
No me cabe duda de que vamos a aprobar este proyecto, para avanzar rápidamente en el respeto a estas personas, que no son diferentes a nosotros, sino que tienen capacidades diferentes. Muchas de ellas tienen un talento que nadie puede negar; incluso más, en algunos aspectos están mucho más preparadas que nosotros.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con las opiniones que se han entregado respecto de la modificación legal que introduce este proyecto.
En los últimos años, la sociedad chilena ha ido generando, de menos a más, una incorporación de todas estas personas; pero, claramente, la discriminación siempre ha estado presente.
Este es un paso importante en el camino de las mil millas. Tengo confianza en que el actual gobierno, del Presidente Piñera , dejará sentadas las bases, la estructura, a fin de contar con un fortalecimiento de las políticas públicas en esta materia. Cada gobierno ha hecho su aporte. Es necesario dar tiempo al tiempo, pero no podemos seguir como hasta ahora.
Me he reunido en dos o tres oportunidades con el director subrogante y la directora titular de Senadis y con el ministro Lavín. La idea es solicitar al Presidente de la República medidas e iniciativas que apunten al fortalecimiento de este sector de la sociedad, tal como se hace con este proyecto de ley.
Creo que es un deber de todos los parlamentarios y los chilenos mirar a ese mundo que, muchas veces, está en silencio y que requiere no solo nuestra atención, sino nuestra voluntad política y del alma para mejorar la legislación y entregarle los recursos que necesita.
Por eso, sin perjuicio de anunciar que vamos a votar a favor este proyecto de ley, deseo reiterar la preocupación transversal, de todos los sectores políticos, en torno de esta materia. Cuando hablamos del mundo de la discapacidad, nos referimos a seres humanos; cuando hablamos de la discapacidad, jamás hablamos de color político, porque todos estamos de acuerdo en que siempre hay que avanzar.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de ley en los siguientes términos:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.
Despachado el proyecto al Senado.
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