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- rdf:value = " PREOCUPACIÓN POR LLAMADO A CONCILIACIÓN DE LA CORTE SUPREMA POR PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA CASTILLA. Oficios.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Mixto PRSD-PC-MAIZ, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , alzo mi voz por un tema extremadamente serio, complejo y grave que, a mi juicio, está ocurriendo en nuestro país.
Ayer, la Corte Suprema llamó a una inusual medida de conciliación propuesta por el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema , que se relaciona con un proyecto extraordinariamente perjudicial para la Región de Atacama: la Central Termoeléctrica Castilla, que tiene la condición de contaminante para quienes viven en la región.
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de protección que se interpuso hace tiempo contra una decisión arbitraria del seremi de Salud. La Corte Suprema, en su momento, eliminó buena parte de los considerandos del fallo de la Corte de Apelaciones, pero lo confirmó. El actual Gobierno volvió a fojas cero y reconsideró la medida de contaminante de la seremi de Salud.
En Atacama el proyecto Central Termoeléctrica Castilla fue aprobado. La ciudadanía apeló a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que recogió los argumentos y declaró ilegal, nuevamente, las actuaciones del seremi, y entendió que se trata de una empresa contaminante.
Pero la empresa y el Gobierno recurrieron a la Corte Suprema, en segunda instancia. Se esperaba que la Corte Suprema ratificara lo obrado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y acogiera el recurso de protección.
Sin embargo, con el llamado a conciliación se crea un precedente especialmente grave que, a mi juicio, puede sentar jurisprudencia y permitir que un proyecto contaminante vea la luz solo y exclusivamente en base a una negociación. Es decir, ahora se le está diciendo a la población que tiene que negociar para que finalmente se resuelva la inaplicabilidad del proyecto.
Pero cuando en una mesa se sientan para negociar representantes de una empresa multimillonaria con pequeños pescadores, pequeños agricultores, algueros, quien tiene el poder del dinero tiene el poder de la negociación. En mi opinión, con esa medida, la Corte Suprema está diciendo que si la empresa quiere ejecutar su proyecto a firme, debe negociar y pagar a los algueros, a los pescadores y a los pobladores de Totoral, para que finalmente se apruebe el proyecto, más bien por secretaría, porque se condiciona el tema a una negociación en que, evidentemente, existe una diferencia atroz entre el poder del dinero y el poder que tienen los ciudadanos.
Por eso, me llama mucho la atención este ejercicio de la Corte Suprema, que altera lo que ha ocurrido antes en el país en temas ambientales. No es posible poner a negociar en una misma mesa, sobre un proyecto de esta envergadura, a pequeños algueros, a comunidades que, por cierto, necesitan recursos económicos para su desarrollo, con una empresa de esta magnitud. Eso parece poco racional.
Pido que se oficie al presidente de la Corte Suprema, a fin de que nos aclare, desde ese Poder del Estado, si hay jurisprudencia o auto acordados relacionados con temas ambientales que permitan llamar a conciliación a las partes.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención al intendente de Atacama , a los secretarios regionales ministeriales, a los alcaldes, a los concejales y a las organizaciones ciudadanas de la región, porque me parece que esto altera profundamente el criterio y la conciencia ambiental que se tenía hasta este momento.
He dicho.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas señoras Cristina Girardi y Denise Pascal y de los diputados señores Montes y Schilling .
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