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- rdf:value = " El señor CHADWICK.-
¿Me permite la palabra, señor Presidente?
Ante las observaciones formuladas por Honorable señor Palma, debo insistir en mi argumentación.
La historia de este proyecto dé ley arranca de la dificultad en que se encuentran los contratistas medianos y pequeños para absorber, en sus costos, el mayos gasto que significa el tarifado aprobado en enero de este año por la Cámara chilena de la Construcción y los organismos representativos de los obreros de la construcción.
Todas las grandes empresas están representadas en dicha Cámara, aunque no me atrevo a calcular, exactamente, qué porcentaje de aquéllas son obligadas en virtud de los acuerdos entre ésta y los obreros. Naturalmente, la resolución que adoptaron en torno de estas materias debió corresponder a la decisión reflexiva de los grandes empresarios, que les permitió concluir que ellos estaban en condiciones de absorber estos gastos. Hacer ahora un traslado integro y sin excepción de los recargos que significan, en los costos de construcción, las condiciones acordadas por los empresarios a los obreros, representa, lisa y llanamente, hacer soportar al Estado, mediante sus distintos organismos encargados de la construcción de obras o de viviendas, las consecuencias de los acuerdos a que llegan los empresarios o patrones. En esta forma, incluso, se produce una utilidad adicional para los empresarios que calculan sus beneficios en porcentaje superior al monto de la obra construida.
El señor Ministro de Obras Públicas, en presencia del Honorable señor Palma, en las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, unidas, durante el debate del proyecto de reconstrucción, dejó clara constancia de la reserva del Gobierno respecto de los empresarios de primera categoría, quienes no necesitan de este auxilio, que representa cargar al fisco o a las instituciones autónomas los resultados del acta a que me estoy refiriendo.
No hay, por lo tanto, ningún motivo de vacilación al respecto. Ocurrió que por el apuro natural con que hubo de despacharse este proyecto, atendida la fecha de término de la legislatura ordinaria, la Comisión de Obras Públicas no reparó en que efectivamente se estaba dando una verdadera granjeria, sin justificación de ninguna especie, en favor de las grandes empresas.
Por eso, me he atrevido a hacer una afirmación ante el Senado, en ausencia del señor Ministro. Al redactar la indicación la consulté personalmente con él, a fin de que no hubiera error en la mención de las empresas constructoras que deberán quedar excluidas de este beneficio.
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