REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 360ªSesión 43ª, en jueves 14 de junio de 2012(Ordinaria, de 10.16 a 12.57 horas) Presidencia del señor Monckeberg Díaz, don Nicolás. Presidencia accidental de los señores Vilches Guzmán, don Carlos; Araya Guerrero, don Pedro, y Jarpa Wevar, don Carlos Abel. Secretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.ÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 14 II. Apertura de la sesión 17 III. Actas 17 IV. Cuenta 17 - Minuto de silencio en memoria de señor Alberto Thienel, nuevo mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago 17 - Ampliación de plazo a Comisión Especial sobre Pueblos Originarios 18 V. Orden del Día. - Establecimiento de requisitos alternativos para obtención de licencia de conducir profesional. Tercer trámite constitucional 18 - Proyecto de acuerdo aprobatorio de la convención sobre supresión de exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros. Segundo trámite constitucional 27 - Fijación de plazo para otorgamiento de finiquito de trabajadores. Primer trámite constitucional 35 VI. Proyectos de acuerdo. - Adopción de medidas tendientes a prevenir delitos sexuales en jardines infantiles. (Preferencia) 44 - Aprobación de reglamentos regionales para acceder a fondos de transferencia 47 - Creación de instrumento de apoyo económico para la adquisición de vehículos nuevos o con sello verde 47 VII. Incidentes. - Reiteración de oficios sobre cercamiento de sitio eriazo de población Joaquín Vicuña Larraín, comuna de Vicuña. Oficios 49 - Mejoramiento de conectividad de telefonía e internet en favor de Cochiguaz, comuna de Paihuano. Oficio 50 - Mejoramiento de camino de acceso a Cochiguaz. Oficio 50 - Construcción de hospital de Rancagua. Oficio 50 - Pago de bono SAE a profesores de Rancagua. Oficio 51 - Término a medida de desalojo de trabajadores de El Teniente desde casino Braden. Oficio 51 - Reflexiones a propósito de exhibición de documental “Pinochet” 51Pág. VIII. Anexo de sesión. Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 53 - Pago de bono por desempeño de excelencia e incentivo al retiro para asistentes de la educación. Oficio 53 - Instrucción a oficinas de Fonasa sobre atención en modalidad de libre elección en favor de pensionados. Oficio 53 - Corrección de puntaje en ficha de protección social de vecina de Villarrica. Oficios 54 - Reconsideración de monto de subsidio para compra de viviendas usadas en Villarrica. Oficio 54 - Información sobre avance en acuerdo entre gobierno y directorio nacional de Asociación de Funcionarios de Junta Nacional de Jardines Infantiles. Oficio 55 - Información sobre estado de sumario en Gendarmería por evasión de internos de cárcel de Temuco. Oficio 55 - Instalación de techumbre a escuela, pavimentación de camino de acceso, traspaso de terrenos y construcción de posta en localidad de Huanta, comuna de Vicuña. Oficios 55 - Investigación sobre cobros a clienta de Movistar de La Serena. Oficios 56 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios.”. (boletín N° 7484-01). (152-360) 58 2. Oficios de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho del proyecto que “Modifica la Ley del Deporte.”. (boletín N° 8316-29). (153-360) 58 3. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto que “Modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.”. (boletín N° 7686-07). (006-360) 59 4. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en moción que “Crea el Día Nacional del Trabajador Forestal.”. (boletín N° 6462-24). (617/SEC/12) 61 5. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, referido a la “Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur, hecha en Auckland, el 14 de noviembre de 2009.”. (boletín N° 7892-10). (619/SEC/12) 62 6. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción que “Amplía el plazo para erigir el monumento al artista Roberto Matta Echaurren.”. (boletín N° 8038-04) (S). (618/SEC/12) 62 Pág. 7. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción, con urgencia “suma”, que “Establece en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la causal de cesación temporal en el cargo de concejal.”. (boletín N° 8291-06) (S). (620/SEC/12) 63 8. Informe de la participación de la diputada señora Cristi y de los diputados señores Browne y Burgos, en la instancia parlamentaria del Otras Misiones Oficiales al Exterior, con motivo de la visita a Estados Unidos organizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros de Chile, a fin de conocer el sistema de análisis delictual, entre los días 16 al 18 de mayo 64 9. Proyecto iniciado en moción del señor diputado Rivas, que “Establece sanción para el incumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 20.243, sobre derechos morales y patrimoniales de intérprete de ejecución artística audiovisual”. (boletín N° 8365-24) 67 10. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Moreira, Ascencio, De Urresti, Edwards, Farías; Gutiérrez, don Hugo; Ojeda, Rosales y Salaberry, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena, que “Concede la nacionalidad por gracia al músico Daniel Lencina D´Andrea”. (boletín N° 8368-17) 68 11. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla; Hoffmann, doña María José; Sabat, doña Marcela y Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Becker, Browne, Harboe, Kort, Sauerbaum y Walker, que “Modifica la ley N°17.301 y decreto ley N°2.063, con el objeto de fortalecer el rol fiscalizador de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”. (boletín N° 8370-18) 69 12. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla y Sabat, doña Marcela y de los diputados señores Accorsi, Becker, Harboe; Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo; Sabag, Sauerbaum y Velásquez, que “Modifica la ley N° 20.422, establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, disponiendo medidas para su fiscalización y la obligación de denuncia de los sujetos que indica”. (boletín N° 8371-06) 71 13. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Barros y Núñez y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, que “Incorpora un nuevo inciso final en el artículo 66 del Código del Trabajo, estableciendo permiso para que los hombres puedan realizarse examen de próstata”. (boletín N° 8372-13) 74 14. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Molina, doña Andrea y Hoffmann, doña María José, y de los diputados señores Eluchans, De Urresti, Lorenzini, Rojas, Rosales y Sandoval, que “Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, incorporando variables medioambientales y sostenibilidad en instrumentos de planificación territorial”. (boletín N° 8374-14) 75Pág. - Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: 15. “artículo 418 del Código Procesal Penal “. Rol 2067-11-INA. (7386). Acogido. Se tomó conocimiento 77 16. “artículo 5° de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública.”. Rol 1990-11-INA. (7392). Se tomó conocimiento 78 17. “artículo 1° de la ley N° 19.989.”. Rol 2066-11-INA. (7399). Rechazado. Se tomó conocimiento 78 X. Otros documentos de la Cuenta. - Oficio de la Comisión Especial sobre Pueblos Originarios, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar por seis meses su mandato para abocarse al estudio y análisis de las materias que le han sido encomendadas en relación con la situación de los pueblos originarios, en cumplimiento del mandato aprobado por la Sala. En Tabla. - Comunicación de la jefa de bancada regionalista por la que informa que por motivos netamente personales, oficializa su renuncia a la jefatura de bancada regionalista. Asimismo, informa que el diputado señor Pedro Velásquez, quedará como subjefe, mientras la bancada acuerda nueva jefatura. - Nota del diputado señor Cerda, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 14 de junio en curso, para dirigirse a Río de Janeiro, Brasil. - Nota del Diputado señor Delmastro, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 14 de junio en curso, para dirigirse a Río de Janeiro, Brasil. Respuestas a oficios. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: - Diputado Díaz don Marcelo, Solicita transmitir las denuncias formuladas por trabajadores que ejercen como encuestadores en el Censo de Población y Vivienda 2012 en la comuna de Vicuña, relacionadas con incumplimientos en las condiciones para el desempeño de sus labores; en especial, las de sueldo, alimentación, jornada laboral, traslados, e infraestructura de las dependencias en que laboran. (4375 al 3419). Ministerio de Bienes Nacionales: - Diputado Sandoval, Informe los motivos por los cuales el señor Lindor Enrique Velásquez Uribe fue el único peticionario no considerado para los arrendamientos oficiales del predio Río Maullín, y sus opciones para poder acceder a parte de los terrenos que aún no tienen ocupantes. (493 al 4812). - Diputado De Urresti, Remita, desglosado por regiones, un listado que contenga antecedentes e información de las propiedades inscritas a nombre del Fisco, como de igual forma, una nómina de propiedades fiscales de la Región de Los Ríos, destinadas a instituciones u organizaciones en los últimos veinte años, precisando el nombre del destinatario y la calidad jurídica de la destinación. (508 al 6572). - Diputada Isasi doña Marta, Instruya a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Tarapacá, con el objeto que indique cuál es la situación legal de los terrenos ubicados en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá y que son utilizados por la Empresa Sanitaria Aguas del Altiplano para el tratamiento de aguas servidas en forma de piscinas aireadas, e informe a esta Cámara. (509 al 5838). Ministerio de Trabajo y Previsión Social: - Diputado Andrade, Ordenar a la Dirección del Trabajo fiscalizar a la Empresa Subcontratista EMC Ingeniería S.A, que presta servicios a Fonasa, relacionada con multas aplicadas a sus trabajadores y cuyo destino se desconoce, e informe a esta Corporación. (2497 al 5201). - Proyecto de Acuerdo 488, “Solicita hacer extensivo el beneficio del bono pos laboral a los profesores de la Enseñanza Técnico Profesional.” (150). Ministerio de Salud: - Diputado Silber, Revisión de medida que afecta a centro de rehabilitación física de Hospital San Juan de Dios (1869 al 6090). - Diputado Espinosa don Marcos, Poner especial atención respecto de la situación que afectó a doña María José Díaz Godoy, toda vez que al internarse de urgencia el 02 de abril pasado en la Clínica El Loa, comuna de Calama, Región de Antofagasta, se le exigió indebidamente un cheque en garantía para ser atendida, y hasta la fecha no se le ha devuelto el citado documento, no obstante haberse cancelado el costo de la operación de que fue objeto, y, al efecto, ordene instruir una investigación sobre los hechos referidos, disponiendo las sanciones, que en derecho pudieran proceder, y gestione, a su turno, la devolución del cheque en comento, informado a esta Cámara, (1871 al 6265). Ministerio de Minería: - Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informar sobre las condiciones de seguridad y las fiscalizaciones realizadas a la construcción de un tranque de relave en el límite de las comunas de La Serena y Vicuña, en las cercanía de la comunidad Dos Pinos, en la que residen aproximadamente ciento veinte familias. (326 al 6180). Ministerio de Vivienda y Urbanismo: - Diputado Hernández, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida al término de las diferentes obras de recuperación del barrio del sector Ovejero Bajo, comuna de Osorno, Región de Los Lagos, del mismo modo, indique si existe una garantía de equipamiento y empresa responsable de la ejecución respecto de la plaza del Bombero Mártir Placido Calisto, inaugurada en octubre de 2011, que en la actualidad presenta descascaramiento y desgaste, ubicada en el referido sector. (231 al 6220). - Diputado Marinovic, Se sirva informar a esta Cámara, remitiendo todos los antecedentes disponibles, sobre la obra bicentenario “Costanera del estrecho de Magallanes”, respecto del tramo comprendido entre las calles Angamos y Boliviana, y en particular la intersección con la desembocadura del río de Las Minas, en la ciudad de Punta Arenas. (245 al 5865). Ministerio de la Mujer: - Diputada Zalaquett doña Mónica, Desarrollo de política integral en materia de embarazo adolescente, disponiendo un equipo de trabajo multidisciplinario (255 al 6044). Intendencias: - Diputado Jaramillo, Informe si está programado el diseño del centro cívico de la capital de la provincia de Ranco, ciudad de La Unión, Región de Los Ríos. (1529 al 6686). - Diputado Araya, Solicita informar sobre el conocimiento que se tiene de las eventuales infracciones a la legislación medioambiental cometidas por la empresa Skanska, encargada de la construcción de la autopista concesionada que unirá las ciudades de Antofagasta y Mejillones, que no habría realizado las correspondientes declaraciones de impacto ambiental por la extracción de áridos para las obras; y, asimismo, en su caso, acerca de las medidas adoptadas para verificar las mencionadas infracciones. (573 al 6628). - Diputado Sandoval, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre el estado actual de tramitación del proyecto de creación de casetas sanitarias destinadas a sectores rurales de la comuna de Cochrane, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que lleva a cabo la municipalidad homónima. (748 al 6429). Servicios: - Diputado De Urresti, Solicita informar sobre las razones del cierre temporal, en días recientes, del jardín infantil “Pedacito de Cielo”, en el sector Barrios Bajos, en la ciudad de Valdivia. (1875 al 6788). - Diputado Sandoval, Llevar a cabo las gestiones que sean menester, conducentes a otorgar a los funcionarios de jardines infantiles, modalidad Vía de Transferencia de Fondos (VTF) los bonos e incentivos económicos, que en la actualidad perciben los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de los liceos y escuelas municipalizadas, e informe a esta Corporación. (1876 al 6716). - Diputado De Urresti, Solicita informar, con motivo de la contaminación que afecta a la Caleta Amargos, en la comuna de Corral, producto de los desechos arrojados por la Empresa Portuaria Corral S.A., sobre el tipo de contaminación, contaminantes, frecuencia de los episodios de contaminación, y efectos para el medio ambiente, en el caso antes mencionado y, además, acerca de las medidas que se adoptarán para evitar y mitigar hechos como los referidos (363 al 6606). - Diputado Sandoval, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre la cantidad de empresas salmoneras que están haciendo uso del beneficio del decreto ley N° 889, sobre bonificación a la mano de obra, como asimismo, indique (51 al 6472). - Diputado Sandoval, Analizar alternativas que otorguen una solución justa de pago a don Guillermo Tiznado Barrientos, poblador de Lago O´Higgins, comuna de O´Higgins, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, por las dificultades económicas que enfrenta, y que le impiden cancelar los casi cuatro millones de pesos que adeuda desde 2004 hasta la fecha por concepto de contribuciones de bienes raíces correspondientes al inmueble ubicado en la referida comuna, rol N° 231-32, e informe a esta Corporación. Se anexan documentos relacionados con la materia objeto de este oficio. (54 al 6479). - Diputado Sandoval, Analizar la posibilidad de destinar los recursos provenientes del descuentos del 2% por concepto de licencias médicas que se realiza a los jubilados y montepiados, a implementar un Banco Nacional de Medicamentos para el Adulto Mayor; al aumento de especialistas en geriatría, y a la creación de más centros geriátricos en los servicios públicos del país, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (9606 al 6720). Varios: - Diputado Schilling, Ordene investigar la denuncia realizada por don Óscar Gutiérrez referida al acoso que estaría sufriendo por parte de Carabineros de Chile, conforme a los antecedentes que en copia se anexan; establezca las sanciones pertinentes, si en derecho procediere, e informe de sus resultados a esta Corporación. (847 al 6750). XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. - Diputada Molina doña Andrea, Ordenar reevaluar el caso de doña Erika Sandoval Orrego, en orden a que se le reconozcan los cuarenta años trabajados como docente en la municipalidad de Quillota, Región de Valparaíso, con el propósito de obtener la indemnización por la totalidad de esos años de servicios, como igualmente, informe si, de acuerdo a sus antecedentes, corresponde que perciba el bono de reconocimiento para profesores. (7032 de 12/06/2012). A Municipalidad de Quillota. - Diputada Molina doña Andrea, Ordenar reevaluar el caso de doña Erika Sandoval Orrego, en orden a que se le reconozcan los cuarenta años trabajados como docente en la municipalidad de Quillota, Región de Valparaíso, con el propósito de obtener la indemnización por la totalidad de esos años de servicios, como igualmente, informe si, de acuerdo a sus antecedentes, corresponde que perciba el bono de reconocimiento para profesores. (7032 de 12/06/2012). A Ministerio de Educación. - Diputada Molina doña Andrea, Ordenar reevaluar el caso de doña Erika Sandoval Orrego, en orden a que se le reconozcan los cuarenta años trabajados como docente en la municipalidad de Quillota, Región de Valparaíso, con el propósito de obtener la indemnización por la totalidad de esos años de servicios, como igualmente, informe si, de acuerdo a sus antecedentes, corresponde que perciba el bono de reconocimiento para profesores. (7033 de 12/06/2012). A Varios. - Diputado Sandoval, Implementar las medidas que permitan fijar nuevos horarios de inicio de actividades en los jardines infantiles, y de esa forma satisfacer las necesidades de las madres trabajadoras de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7034 de 12/06/2012). A Municipalidad de Coyhaique. - Diputado Sandoval, Implementar las medidas que permitan fijar nuevos horarios de inicio de actividades en los jardines infantiles, y de esa forma satisfacer las necesidades de las madres trabajadoras de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7035 de 12/06/2012). A Municipalidad de Puerto Aysén. - Diputado Sandoval, Implementar las medidas que permitan fijar nuevos horarios de inicio de actividades en los jardines infantiles, y de esa forma satisfacer las necesidades de las madres trabajadoras de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7036 de 12/06/2012). A subsecretario del Trabajo. - Diputado Sandoval, Implementar las medidas que permitan fijar nuevos horarios de inicio de actividades en los jardines infantiles y de esa forma satisfacer las necesidades de las madres trabajadoras de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, e informe de sus gestiones a esta Corporación. (7037 de 12/06/2012). A directora regional de la Junta Nacional de la Jardines Infantiles de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. - Diputado Baltolu, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre el antiguo edificio del ferrocarril Arica-La Paz, declarado monumento nacional, y que actualmente se encuentra abandonado. (7038 de 12/06/2012). A Varios. - Diputado Baltolu, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre el antiguo edificio del ferrocarril Arica-La Paz, declarado monumento nacional, y que actualmente se encuentra abandonado. (7039 de 12/06/2012). A intendente de la Región de Arica y Parinicota. - Diputado Baltolu, Informe cuál es la pretensión de la Defensa Civil de Chile respecto del dinero percibido por la expropiación del terreno colindante al acceso del sector El Alto (ex camino a Las Pesqueras), comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, y si existen planes con el propósito de destinarlo a la unidad de Arica, y de ser así, indique respecto a qué proyectos y qué plazos se tienen estipulados para su concreción. (7040 de 12/06/2012). A director general de la Defensa Civil. - Diputado Baltolu, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, atinente al proyecto de construcción de redes públicas de agua potable y alcantarillado en la comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. (7041 de 12/06/2012). A Ministerio de Obras Públicas. - Diputado Baltolu, Informe acerca de los pormenores del acuerdo entre los camioneros y taxistas que cubren la ruta internacional Arica-Tacna y las autoridades peruanas y se sirva dar a conocer los protocolos existentes a la fecha en materia de transporte de carga y pasajeros y la periodicidad en que tales instrumentos son actualizados o modificados. (7042 de 12/06/2012). A Ministerio de Relaciones Exteriores. - Diputado Baltolu, Informe acerca de los pormenores del acuerdo entre los camioneros y taxistas que cubren la ruta internacional Arica-Tacna y las autoridades peruanas y se sirva dar a conocer los protocolos existentes a la fecha en materia de transporte de carga y pasajeros y la periodicidad en que tales instrumentos son actualizados o modificados. (7043 de 12/06/2012). A Ministerio de Interior. - Diputado Baltolu, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, concerniente a la erradicación de las familias del cerro Chuño comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota por contaminación de polimetales hacia el sector Punta Norte (ex 11 de septiembre), de la misma comuna. (7044 de 12/06/2012). A director regional del Serviu Arica Parinacota. - Diputado Baltolu, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, concerniente a la erradicación de las familias del cerro Chuño comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota por contaminación de polimetales hacia el sector Punta Noprte /ex 11 de septiembre), de la misma comuna. (7045 de 12/06/2012). A seremi de Desarrollo Social de Arica y Parinacota. - Diputado Baltolu, remita la información detallada en la solicitud adjunta, sobre el basurero ubicado en el sector de Tierras Blancas, en la avenida Edmundo Pérez Zujovic, comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, como asimismo, indique la frecuencia del retiro de basura del referido lugar y, en general, de los contenedores de las mismas propiedades en la citada comuna. (7046 de 12/06/2012). A Municipalidad de Arica. - Diputado Baltolu, Informe sobre el estado de avance del proyecto de construcción de redes públicas y alcantarillado en la comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como igualmente, indique los inconvenientes que se han presentado y que no han permitido su conclusión, y, a su vez, el plazo que se ha fijado para finalizar el citado proyecto. (7058 de 13/06/2012). A director regional Serviu Arica Parinacota. - Diputado De Urresti, Informe sobre el estado de los puentes Los Llanos, Catrilelfu y San Juan, comuna de Corral, Región de los Ríos, y acerca del mejoramiento del camino tramo Chaihuín-Corral y el cronograma de asfaltado de ese sector, como de igual forma, informe sobre la factibilidad del mejoramiento del camino Tres Chiflones, de la citada comuna y la posibilidad de instalar señalética en el referido camino y en el camino Viejo La Unión, y respecto de la reposición del puente en el sector Cadillal Alto de Corral. (7066 de 13/06/2012). A Ministerio de Obras Públicas. - Diputado De Urresti, Informe sobre los motivos por el retraso en la ejecución del Puente Santa Elvira, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, y el respectivo cronograma de implementación de la citada obra. (7067 de 13/06/2012). A Ministerio de Obras Públicas. - Diputado Espinoza don Fidel, Remita copia de la resolución de la autoridad sanitaria de la Región de Los Lagos, que ordenó la eliminación de tres mil ostras y ciento ochenta toneladas de choritos por estar contaminados por hidrocarburos, desde la concesión administrada por el pequeño empresario Germán Martínez, en el sector de la Posa Pureo, comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, y su traslado hasta un vertedero autorizado de la citada región. (7068 de 13/06/2012). A Ministerio de Salud. - Diputado Espinoza don Fidel, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida, entre otros aspectos, a las políticas de inspección de los equipos de buceo profesional. (7069 de 13/06/2012). A Ministerio de Defensa Nacional. - Diputado Espinoza don Fidel, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, que dice relación con el derrame de hidrocarburos desde la planta de la empresa Copec, en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, en septiembre de 2011, y en especial en la Playa de la Posa. (7070 de 13/06/2012). A Ministerio de Defensa Nacional. - Diputado Espinoza don Fidel, Remita copia del acta del acta de la Comisión de Evaluación Ambiental, de noviembre de 2011, en que, entre otros aspectos, se decidió que fuera la empresa Golder Associates quien realizaría el estudio para determinar la naturaleza y extensión del derrame de hidrocarburos desde la planta de la empresa Copec, en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos, como igualmente, envíe copia del informe o estudio evacuado por la Golder Associates, e indique si parte de la recaudación de las multas cursadas por la citada Superintendencia se destinó para compensar a los afectados. (7071 de 13/06/2012). A Intendencias. - Diputado Espinoza don Fidel, Remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida a las políticas para la compra de acumuladores y compresores destinados a buceo profesional. (7072 de 13/06/2012). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. - Diputado Espinoza don Fidel, Remita, por intermedio del Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Normalización, la información detallada en la solicitud adjunta, referida, entre otros aspectos, a la fabricación de acumuladores de aíre destinados a buceo profesional. (7073 de 13/06/2012). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (98)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Alinco Bustos René IND XI 59Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29Araya Guerrero, Pedro PRI II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Auth Stewart, Pepe PPD RM 20Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Browne Urrejola, Pedro RN RM 28Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6Campos Jara, Cristián PPD VIII 43Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Carmona Soto, Lautaro PC III 5Castro González, Juan Luis PS VI 32Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Cornejo González, Aldo PDC V 13Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Edwards Silva, José Manuel RN IX 51Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Estay Peñaloza, Enrique UDI IX 49Farías Ponce, Ramón PPD RM 30García García, René Manuel RN IX 52Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18González Torres, Rodrigo PPD V 14Gutiérrez Gálvez, Hugo PC I 2Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26Hernández Hernández, Javier UDI X 55Hoffmann Opazo, María José UDI V 15Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Kort Garriga, Issa Farid UDI VI 32Lemus Aracena, Luis PS IV 9Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Macaya Danús, Javier UDI VI 34Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Molina Oliva, Andrea UDI V 10Monckeberg Díaz, Nicolás RN RM 18Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Morales Muñoz Celso UDI VII 36Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29Rincón González, Ricardo PDC VI 33Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47Rubilar Barahona, Karla RN RM 17Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Sabat Fernández, Marcela RN RM 21Saffirio Espinoza, René PDC IX 50Sandoval Plaza, David UDI XI 59Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16Silva Méndez, Ernesto UDI RM 23Squella Ovalle, Arturo UDI V 12Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28Torres Jeldes, Víctor PDC V 15Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Vallespín López, Patricio PDC X 57Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54Walker Prieto, Matías PDC IV 8Ward Edwards, Felipe UDI II 3Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20 -Diputados en misión oficial señores Eduardo Cerda García, Roberto Delmastro Nasso, Roberto León Ramirez, Iván Moreira Barros y Felipe Salaberry Soto. -Diputado con permiso constitucional señor Cristián Monckeberg Brunner.- II. APERTURA DE LA SESIÓN-Se abrió la sesión a las 10.16 horas.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTASEl señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El acta de la sesión 37ª se declara aprobada.El acta de la sesión 38ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTAEl señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE SEÑOR ALBERTO THIENEL, NUEVO MÁRTIR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.El señor ULLOA.- Señor Presidente, informo que en la madrugada de ayer, después de haber finalizado uno de los dos llamados de Bomberos, uno de sus voluntarios, el señor Alberto Thienel, de 72 años de edad, de la 9ª Compañía de Bomberos de Santiago, quien se presentó al lugar de servicio, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.El voluntario Gustavo Hasbún me ha señalado que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en este caso, le ha conferido la condición de mártir y pasa a ser el número 44 de dicho Cuerpo, lo que me parece de justicia, no solo porque se trata de un bombero, sino también -digámoslo con claridad- porque es un adulto mayor que se presentó al lugar de la emergencia y que, una vez finalizada la misma, tuvo la mala suerte de sufrir ese paro cardiorrespiratorio que le costó la vida.Me parece importante que la Cámara de Diputados valore gestos como estos en su debida dimensión y, por eso, pido que se le rinda un minuto de silencio.¿Es posible que se envíe, en nombre de la Corporación, las condolencias correspondientes al Cuerpo de Bomberos de Santiago?El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Señor diputado, hoy mismo se enviarán las condolencias, en nombre de la Corporación.Invito a todos a ponerse de pie para rendir un minuto de silencio en memoria del señor Alberto Thienel, nuevo mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago.-Los señores diputados, las señoras diputadas, los funcionarios y los asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Muchas gracias.-o-El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.El señor SCHILLING.- Señor Presidente, solicito a la Mesa que instruya a la Secretaría que revise una por una las votaciones de ayer sobre el proyecto que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, puesto que algunos periodistas llamaron para preguntar sobre ello, debido a que el registro que les entregaron estaba en blanco.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Así se hará, señor diputado. AMPLIACIÓN DE PLAZO A COMISIÓN ESPECIAL SOBRE PUEBLOS ORIGINARIOS.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión Especial sobre Pueblos Originarios para prorrogar por seis meses su mandato, a fin de abocarse al estudio y análisis de las materias que le han sido encomendadas en relación con la situación de los pueblos originarios.¿Habría acuerdo?Acordado. V. ORDEN DEL DÍAESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS ALTERNATIVOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR PROFESIONAL. Tercer trámite constitucional.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En primer lugar, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, y establece requisitos alternativos para obtener licencia profesional.Antecedentes:-Modificaciones del Senado, boletín N° 7319, sesión 42ª de la presente legislatura, en 13 de junio de 2012. Documentos de la Cuenta N° 4.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, en nuestro país, junto con la gran demanda de choferes que no está siendo suficientemente cubierta, existe la necesidad de profesionalizar aún más la conducción de los choferes del transporte mayor.Por esta razón, el proyecto tiene por objeto establecer la acreditación para licencias de conductor profesional mediante un curso teórico y práctico especial que contemple el uso de simuladores en una escuela de conductores profesionales.Actualmente, para obtener licencias profesionales clases A-3 y A-5, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones exige, de acuerdo a la ley, la aprobación de un curso de 300 horas. Estos cursos comprenden conocimientos acerca de teoría del tránsito, de reglamentos del transporte, de técnicas de conducción preventiva, de aspectos psicológicos y comunicacionales. A lo anterior se suman conocimientos de mecánica básica y mantención preventiva del vehículo, prevención de riesgos, combate de incendios, primeros auxilios, conducción práctica y evaluaciones psicológicas y psicotécnicas.Esta iniciativa se fundamenta en que actualmente hay más de 15 mil conductores del transporte público metropolitano que deberán ser reemplazados, por tener que acogerse a jubilación o por hacerse una renovación de conductores en diferentes empresas de transporte mayor. Este reemplazo significa una tasa de 10 por ciento anual, lo que se traduce en tener que renovar unos 1.500 conductores por año.En el caso de los de camiones, la tasa de crecimiento anual también es de, aproximadamente, 10 por ciento. Por lo tanto, en este caso, se necesitan cerca de 14 mil conductores por año.En este contexto, el proyecto propone agregar una serie de exigencias nuevas a la ley, como llegar a 400 horas de curso teórico-práctico que contemple el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología similar.Dichos simuladores permiten evaluar a los conductores en ciertas situaciones, no medibles en la forma tradicional, como accidentes imprevistos, cruces peatonales o cualquiera otra eventualidad que se presente en la ruta. Además, permite medir la calidad de la conducción, la capacidad de aceleración y frenado apropiados, evaluar distancias y velocidades y el ahorro de combustible. Este sistema se encuentra implementado en España y Francia, donde el costo de dicha tecnología está a cargo de las empresas.Los simuladores serán una herramienta computacional formativa, basada en la metodología de aprender haciendo.Un antecedente muy importante, que no podemos obviar, es que el factor humano está involucrado en el 90 por ciento de los accidentes en el ámbito del transporte mayor. Asimismo, se establece que la primera causa de accidentes a nivel mundial se produce por la inadecuada percepción de una situación de riesgo.En nuestro país, lo anterior se asigna a la imprudencia en la conducción, sobre todo si se tiene en cuenta que los conductores profesionales han sido prácticamente autodidactas.Consideramos que, para la formación de un chofer profesional, sin perjuicio de la experiencia, se requiere de un adecuado entrenamiento. Un ejemplo que permite resaltar esta idea es que para la implementación del Transantiago se buscó choferes con experiencia. Sin embargo, si bien poseían años de experiencia, tuvieron serios inconvenientes con la conducción de buses articulados. De ahí la importancia de contar con centros de instrucción.Debemos entender que esta iniciativa apunta, entre otros objetivos, a mejorar las condiciones en que los chilenos viajan, día a día, desde sus hogares a sus lugares de trabajo.El actual Gobierno ha trabajado fuertemente en mejorar la actividad del transporte público, tanto en la ciudad de Santiago como en las regiones.Por eso, invito a todos los colegas a aprobar las modificaciones del Senado, porque, sin duda, con la iniciativa se reforzará la capacidad y calidad de nuestros conductores de la locomoción colectiva mayor y de los vehículos de transporte de carga.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.El señor ORTIZ.- Señor Presidente, lamento que no esté presente ningún representante del Ministerio del Transportes y Telecomunicaciones, porque este es un tema importante.El año recién pasado, en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, que analiza la partida del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, estudiamos lo concerniente a la capacitación del Sence. Una parte del presupuesto es, precisamente, para la capacitación, preparación y formación de las personas con licencia profesional, para que puedan conducir todo tipo de vehículos. En ese instante, recordamos uno de los objetivos más grandes a los que aspiramos todos los servidores públicos, entre los cuales incluyo a los 120 diputados y a los 38 senadores. Los cinco integrantes de esa Subcomisión de Presupuestos le expresamos a la ministra del Trabajo y Previsión Social que era necesario dar urgencia a una moción relativa a esta materia, y ella reconoció que teníamos toda la razón, porque la ejecución presupuestaria de 2011 y del primer trimestre de este año -que revisamos hace un mes y medio- en capacitación para los conductores era de alrededor de 6,7 por ciento. La ministra coincidió con que había que darle urgencia, por lo que habló con las autoridades correspondientes y el proyecto, que estaba detenido en el Senado, ya va en su tercer trámite constitucional.Hoy debemos aprobar sí o sí este proyecto. No es necesario repetir la argumentación que entregó el diputado Leopoldo Pérez, autor de la moción. Simplemente, está en juego la vida de muchas personas, tanto en el transporte de carga como en la locomoción colectiva.Pero también hay un tema más profundo, que realmente beneficia a la gente. En estos días se ha abierto la discusión sobre el reajuste del monto del ingreso mínimo. Hay consenso unánime en que el actual salario mínimo, de 182 mil pesos brutos, cuya vigencia termina el último día de junio, ya que a contar del 1 de julio comienza a operar el nuevo, es percibido por alrededor de 500 mil personas.También hay consenso unánime en que el país debe hacer un gran esfuerzo, porque con ese monto no alcanza a vivir una persona, y menos una familia con dos o tres miembros. Hay que tratar de reforzar los empleos permanentes, que sean bien remunerados. En la exposición que tuvimos en la Tercera Subcomisión quedó claro que hay un déficit de conductores profesionales, tanto en la locomoción colectiva como en el transporte de carga, en circunstancias de que el 90 por ciento de los conductores, cuando tengan aprobado su curso para la licencia profesional, van a tener ingresos mínimos de 500 mil pesos hacia arriba.En el caso de Concepción, me solicitaron una reunión la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses, la Federación del Transporte y una organización de cinco líneas de taxibuses, cuyo nombre es Alianza. Ellos tienen un parque de 1.600 taxibuses en la provincia de Concepción, por lo que hoy necesitan alrededor de 200 conductores profesionales, con las rentas que acabo de mencionar.Entonces, tenemos que aprobar este proyecto, porque incide en la formación de manera extraordinaria y porque, por primera vez, tal como lo señalan las modificaciones del Senado al artículo 13 de la ley N° 18.290 -que mejoraron mucho el proyecto-, se deberá “acreditar, para el caso de las licencias de conductor profesional clases A-3 y A-5, en aquellos casos de conductores que no hayan estado en posesión de la licencia indicada en el número 4) precedente, haber aprobado un curso teórico y práctico especial, que contemple el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología equivalente, cuyas características y especificaciones técnicas estarán establecidas en un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en una Escuela para Conductores Profesionales reconocida oficialmente por dicho Ministerio, que haya sido autorizada para impartir este curso especial, de conformidad con el respectivo reglamento, …”.Me voy a detener en el tema del reglamento. Es muy conveniente que quede establecido en la historia fidedigna del establecimiento de la ley -me alegro que el proyecto sea originado en una moción, lo que no es fácil, por el régimen presidencialista que nos rige- la necesidad de que el reglamento se dicte rápido, porque, de lo contrario, esto va a ser tierra de nadie. Vamos a poner término al tercer trámite constitucional y el proyecto será despachado, para que se publique en el Diario Oficial, pero si no hay rapidez para dictar el reglamento respectivo, naturalmente, sufriremos un gran retraso.Cuando planteamos este tema al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, nos señalaron que estaban coordinados con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, particularmente con la Subsecretaría de Transportes, en relación con el reglamento con que operará esta nueva modificación que establece requisitos alternativos para obtener licencia profesional.Por lo tanto, hago un llamado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para que ese reglamento se dicte antes de 20 o 25 días.Por otro lado, quiero recordar -lo hemos consultado los parlamentarios que integramos la Tercera Subcomisión- que los simuladores de inmersión total y otras tecnologías equivalentes son importados. Estos aparatos no se fabrican en Chile, porque seguramente no es comercial, ya que no eran parte de las exigencias para obtener licencia profesional. Por esa razón, necesitamos que esto se implemente con rapidez, porque así permitiremos, al menos en la provincia de Concepción, que los conductores se profesionalicen y, por ende, sus remuneraciones aumenten, toda vez que ellos, que tienen en sus manos las vidas de muchas personas, se habrán capacitado para entregar un mejor servicio. Por lo demás, la partida del Sence, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, dispone de fondos para formar a estos profesionales.Por eso, anuncio mi voto favorable a las modificaciones del Senado, toda vez que van en la dirección de lo que expresaron los autores de la moción.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, a mi juicio, las modificaciones del Senado deben ser rechazadas por esta Cámara. El fundamento de mi rechazo es que, en general, el proyecto no es adecuado para resolver el déficit de conductores profesionales y de seguridad vial en el caso de la conducción de buses, camiones y vehículos de carga mayor, cuyos conductores deben contar con licencia profesional.En 2000, había 1 millón de vehículos y 1.600 víctimas al año. Con la incorporación de las licencias graduales y la acumulación de la experiencia práctica que se exigía para obtenerlas, disminuyó la cantidad de accidentes. Sin embargo, con este proyecto sufriremos una regresión al tipo de ordenanza general de tránsito que teníamos en la década del 80 del siglo pasado, cuando se pasaba de licencia Clase B, para conducir vehículos particulares, a licencia Clase A, sin reunir requisitos de significación, lo que puede generar un aumento de los accidentes y una disminución en la seguridad vial.Con las modificaciones del Senado, una persona con licencia Clase B, y que tenga veinte años, después de aprobar un curso práctico especial, que contemple el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología equivalente, por un tiempo muy limitado, y un curso teórico cuyas características serán establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, podrá conducir un camión o un vehículo de transporte colectivo, especialmente esos grandes buses que circulan por la Región Metropolitana. Hago presente que se elimina la exigencia de que el curso deba durar 400 horas, y se deja al reglamento establecer la duración de la capacitación. El argumento que sostiene este proyecto es facilitar la obtención de las licencias Clase A-3 y Clase A-5, como una forma de hacer frente al déficit de conductores en el Transantiago. Pero el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no tomó en cuenta la resolución N° 657/2001, ya que se incrementaría considerablemente la reserva de conductores si simplemente se eliminara la resolución o se modificaran sus características, que obliga a los conductores que quieran optar a otra clase de licencia profesional a la convalidación de módulos y unidades temáticas de cursos impartidos por las Escuelas de Conductores Profesionales. Si esos cursos fueran gratis o se dieran facilidades y se permitiera realizarlos con cierta flexibilidad, se podría contar con un buen número de conductores para resolver el déficit, tanto en el país como en Santiago, que ha sido uno de los principales argumentos para sostener este proyecto.Por los argumentos dados y porque considero necesario privilegiar la seguridad vial por sobre el mercado y las necesidades de las empresas de transporte -de tener conductores con remuneraciones bajas, porque los requisitos también disminuyen-, no es conveniente aprobar las modificaciones del Senado. Lo lógico es discutir en la Comisión Mixta la forma de enmendar este proyecto, porque tal como está, podría acarrear nefastas consecuencias para la seguridad vial. Expertos señalan que para conducir vehículos con licencias clase A-3 y A-5, como buses y camiones articulados, se requiere de la gradualidad, la que se adquiere a través del manejo, al menos, durante dos años, en vehículos intermedios, como minibuses o camiones pequeños, que necesitan licencias actuales Clase A-2 y Clase A-4, lo que equivale a una experiencia de unos 60 mil kilómetros y unas 900 horas de conducción. Esta experiencia práctica se está eliminando en la formación y entrenamiento de los conductores, lo que podría redundar en consecuencias trágicas, porque disminuirá la seguridad vial, la misma que hemos buscado con otros proyectos que hemos aprobado en el Congreso Nacional.Por eso, debemos rechazar las modificaciones del Senado y constituir una Comisión Mixta, para discutir en esta instancia los contenidos de fondo del proyecto, que solo busca, a través de pruebas sin consistencia, la formación práctica de los choferes para otorgarles licencias clases A-3 y A-5, lo que permitirá poner en manos de esos conductores la vida de miles y miles de personas.He dicho. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, me gustaría que un oficial de Sala le entregue una copia del proyecto al diputado Rodrigo González, para que lo lea, porque no sé de qué proyecto estaba hablando. Me parece increíble lo que expresó, porque no tiene nada que ver con la iniciativa que estamos discutiendo. El proyecto es muy simple. Actualmente, hay escasez de choferes para camiones y buses, déficit que se debe solucionar. Para este fin, el proyecto establece requisitos alternativos para obtener la licencia profesional. Se plantea la capacitación en simuladores de inmersión total, que son cabinas de simulación como las que se utilizan para el entrenamiento de aviadores. Se hace un curso práctico y otro teórico. Eso es todo. Es indudable que este sistema garantizará mucho más la seguridad de las personas, porque a los futuros conductores profesionales se les están haciendo más exigencias. El postulante podrá tener 150, 200 o más horas de experiencia en el manejo de vehículos, pero además le van a decir: “Métase a la cabina, haga los virajes, haga esto, haga esto otro, etcétera”. Es decir, habrá más seguridad para los pasajeros. Si realizáramos un control estricto a los choferes que manejan los buses, les garantizo que más del 50 por ciento no cumple con los requisitos que exige una licencia para manejar esos vehículos, porque hay escasez de conductores. Es más, muchos de los buses están siendo manejados por choferes de camiones, porque cuentan con la licencia. Este es el problema y no otro. En consecuencia, la idea de presentar esta moción fue para darle transparencia a la conducción de los buses, que sus conductores cuenten con la licencia correspondiente, porque principalmente debemos velar por la seguridad de los pasajeros. Alguien dijo que los aparatos los traen desde el extranjero, porque en Chile no se fabrican. ¡Claro que no existen en el país! Pero a los diputados que esgrimen este argumento les digo que en Chile tampoco se fabrican buses, que se traen desde otros países y que los conductores aprenden a manejar en esos buses que vienen desde fuera. Esa argumentación en contra del proyecto no tiene ningún peso. Lo importante es que están los buses y que están las cabinas, para la gente que quiera realizar el curso y especializarse. Ese es el fondo del proyecto. En consecuencia, es necesario que existan cientos de escuelas de conductores.Por otra parte, algunos discursos me parecen increíbles. Se va a dictar un reglamento y habrá escuelas que participarán en la licitación para impartir esos cursos, por lo que no debemos decir a priori que los debe hacer tal o cual escuela. Lo que pasa es que aquí se están defendiendo los intereses de algunos amigos que tienen escuelas de conductores, los mismos que fueron a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para decirnos que esto no era conveniente, porque era un negociado. No es así, ya que cada escuela deberá cumplir con las exigencias que impondrá el ministerio del ramo, el cual va a disponer de personal para controlar el sistema. Lo que me hace mucha fuerza es que los pasajeros sabrán que los choferes de los buses que utilizan están realmente capacitados, porque si un señor no aprueba el curso que se dará en los simuladores, no tendrá ninguna posibilidad de conseguir la licencia correspondiente; o sea, estamos estableciendo un complemento para capacitarlos.Pido a los colegas que lean la argumentación del proyecto, que señala que, de los 15 mil choferes del Transantiago, se debe reponer anualmente el 10 por ciento, que se retira por diversos motivos, lo que significa 1.500 choferes nuevos todos los años, pero no existen las condiciones para cumplir con esa cifra, sin tomar en consideración las necesidades del transporte de carga y de pasajeros del resto del país.Hemos escuchado diversas argumentaciones en contra del proyecto; no obstante, la Comisión que estudió la iniciativa la aprobó por unanimidad. Por eso es importante que los diputados participen en el estudio de los proyectos cuando quieran intervenir en la Sala, porque, de lo contrario, dirán cualquier cosa, lo que, lejos de ayudar al debate, confunde a la opinión pública y a algunos diputados.Por lo tanto, señalo a los colegas, con fuerza y con entusiasmo, que no estamos haciendo algo escondido, sino que, por el contrario, queremos establecer un sistema abierto y transparente, regido por el reglamento que deberá dictar el ministerio del ramo, como muy bien dijo el diputado Ortiz, que se nota que estudió el proyecto a cabalidad, por lo que está de acuerdo con su aprobación. Al respecto, me gustaría tener el poder de He-Man para corregir una situación que se produce en estos casos. Los reglamentos han echado a perder grandes proyectos, porque muchas veces son más potentes que la propia ley. Cuando nuestros electores nos critican por aprobar determinada ley que pone muchas trabas, después de averiguar sobre el tema nos damos cuenta de que el problema se origina en las exigencias que establece el reglamento correspondiente.En consecuencia, me gustaría que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se hiciera cargo de esa situación y que determine por qué los reglamentos han estado históricamente sobre la ley.Hagamos las cosas bien, con calma y paciencia, pero no confundamos. Por eso quienes participamos en el estudio del proyecto estamos totalmente de acuerdo en aprobarlo. Lo importante es que la gente que quiere ser chofer de buses, para trabajar en el Transantiago o en cualquier otra empresa de transporte de pasajeros, pueda hacer ese curso que lo transformará en un chofer experimentado y que dará seguridad a los pasajeros que transportará. Además, es importante considerar que no se podrá realizar ninguna manipulación a los exámenes, porque todos serán monitoreados, en una pantalla y en un papel especial, donde figurarán las respuestas y los resultados de la conducción y de las evaluaciones que se le hagan al examinado.Por lo tanto, para que los choferes de camiones no manejen buses sin tener el conocimiento adecuado y sin haber sido capacitados para dar buen trato a las personas, debemos aprobar el proyecto.Estoy absolutamente de acuerdo con lo expresado por el diputado Ortiz, respecto de que debemos aprobar pronto la iniciativa y por unanimidad, para luego convencer al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que dicte el reglamento con urgencia, con el objeto de que la ley sea una realidad al más breve plazo.He dicho.-Aplausos.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.El señor ORTIZ.- Señor Presidente, solo quiero agregar algunos antecedentes, sin entrar en ningún tipo de discusión.Analizamos profundamente el proyecto en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, con la presencia de la ministra del Trabajo y Previsión Social, del ex director y del actual director del Sence, que asumió el cargo a través de la Alta Dirección Pública.En primer lugar, quienes realizarán esos cursos deberán pagar cero peso, porque los recursos están disponibles. En consecuencia, el rechazo del proyecto significará quitar la posibilidad de formarse al más alto nivel tecnológico a alrededor de 600 choferes, a un costo de cero peso.En segundo lugar, la proyección que se ha hecho en el transporte colectivo, al menos de la provincia de Concepción, indica que la mayoría de los conductores se está acercando a los 65 años de edad e, incluso, más, por lo que pronto deberán acogerse a jubilación, lo que aumenta el déficit de choferes profesionales.Por último, los parlamentarios del norte nos han informado que la inmensa mayoría de los conductores que trabajan en la locomoción colectiva o en el transporte de carga de esa zona son peruanos, porque no existen más chilenos para realizar esa labor. Es decir, estamos negando la posibilidad de acceder a un trabajo digno a miles de chilenos. Por eso he planteado con tanta fuerza que aprobemos la iniciativa.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.El señor VENEGAS.- Señor Presidente, con el objeto de avalar las ideas que expresaré en esta sesión, aclaro que formo parte de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. No obstante, considero que no formar parte de la comisión no descalifica a nadie para emitir su opinión.Por lo tanto, me parecieron bastante lúcidos los planteamientos del diputado señor González, porque son parte de la discusión y del acercamiento natural a un proyecto que tiene aspectos buenos, como todos, y algunos que merecen legítimas dudas.¿Quién puede desconocer que tenemos dos temas que abordar? Uno, como quedó demostrado en la Comisión, la falta de choferes profesionales para conducir buses y camiones, dada la expansión de ese rubro económico.Y dos, las enormes tasas de accidentabilidad, que en un porcentaje importante se atribuyen a la inexperiencia de los conductores.Conclusión: hay que dar una formación más técnica a esos profesionales, quienes, en términos estrictos, no tienen la condición de profesionales. Incluso, se ha planteado este punto en el análisis.El problema que planteó el distinguido diputado González, que comparto, porque expresé mis dudas al respecto en la Comisión, es que el proyecto, originado en moción, junto con poner exigencias más altas, establece el uso obligatorio de simuladores de inmersión o de otro tipo de tecnología similar para impartir esos cursos, con el objeto de que esos choferes salgan mejor capacitados. No obstante, tiene razón el diputado González, ya que, al mismo tiempo, se elimina una norma que existía en la iniciativa original, que obligaba a los choferes a tener una experiencia de dos años en vehículos de nivel intermedio para obtener las licencias Clase A-3 y Clase A-5. No escapará al entendimiento de los honorables diputados que manejar durante dos años camiones de nivel intermedio o buses es una experiencia bastante más concreta que capacitarse mediante un simulador, por muy buena que sea esa tecnología. Eso es lo que se reclama.El segundo punto tiene que ver con que el proyecto va en el sentido contrario a lo que expresó el diputado señor René Manuel García, por cuanto los reglamentos que tendrá que elaborar el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberán considerar las características de los cursos, como su duración, mínimos o máximos de horas de práctica en simuladores o en otra tecnología similar, etcétera, pero una de las cuestiones que planteé en el debate fue que hacer exigible una nueva tecnología, que no está en el país, salvo excepciones, implica importarla, como dijo el diputado Ortiz. En consecuencia, lo lógico es que el costo de los cursos aumente, pero no sabemos cuánto.Ahora, el diputado Ortiz afirmó que el Sence dispone de recursos para este objetivo. Pero eso no significa gratuidad, porque le cuestan al Estado de Chile. Es decir, es el conjunto de los chilenos quienes pagan esos cursos, por lo cual, de alguna manera, subsidian a las empresas que se beneficiarán con esos nuevos profesionales. No nos confundamos.Por eso, es legítimo preguntar si estamos en presencia de un nuevo negocio. Es cierto que se ofrecerá trabajo, pero no afirmemos que se impartirán cursos gratuitos, porque le cuestan al conjunto de los chilenos, porque se utilizarán recursos del presupuesto de la nación. Ahora, espero que quienes accedan a esos cursos sean mejor remunerados, porque tendrán mayor calificación.Por otra parte, las modificaciones del Senado al proyecto aprobado por esta Cámara no fueron significativas.El proyecto podría convertirse en una contribución para que haya más conductores con licencia profesional, clases A-3 y A-5. Sin duda, es bueno, ya que significará personal más calificado y menos accidentes en las carreteras del país. Por eso, debemos aprobarlo. No obstante, dejo planteadas mis aprensiones, como las referidas al costo, pues no todas las personas que aspiren a las licencias A-3 y A-5 tendrán la subvención del Sence o de otro organismo para recibir esos cursos de manera gratuita.Sin embargo, como dije, debemos aprobar el proyecto, porque apunta a resolver un problema importante.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.El señor VARGAS.- Señor Presidente, este proyecto busca solucionar un problema, pero, como tengo experiencia en la conducción de vehículos de alto tonelaje, me preocupa que le entreguemos esta responsabilidad a escuelas de conductores que prepararán a personas con un simulador para acceder a licencias clase A-3 y A-5. Lo digo con absoluta responsabilidad, porque no es lo mismo practicar con un simulador que conducir un vehículo en una carretera, en una cuesta, con carga, o un bus con pasajeros. Son experiencias muy diferentes. Por eso, no me parece bien autorizar la entrega de licencias profesionales A-3 y A-5 a escuelas de conductores que solo realizan un curso teórico-práctico en simuladores.A mi oficina llegan muchos reclamos de conductores que han asistido a estas escuelas, que han pagado sus cursos, pero que no han recibido su licencia. Por eso, no estoy en condiciones de aprobar un proyecto que no le entregará experiencia ni sensatez a los conductores que postulan a licencias clases A-3 y A-5, y menos si no tienen cursos prácticos en la calle, en las carreteras, enfrentando las mismas condiciones y responsabilidades que tendrá cuando maneje un camión cargado con 30 toneladas de peso y que baja por una cuesta.Si queremos solucionar un problema, hagámoslo bien, pero no de esta manera.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, del debate me surge una gran pregunta. No sé si quienes me antecedieron en el uso de la palabra puedan despejarla, antes de votar.Me interesa saber cuál es el valor de un simulador. Lo pregunto porque su adquisición dependerá, en gran medida, del tamaño de las escuelas de conductores. Entiendo que el costo aproximado de un simulador es del orden de un millón de dólares.Si así fuera, debe quedar claro que se excluirá de este tipo de equipamiento a la gran mayoría de las escuelas de conductores del país.De manera que cabe preguntar ¿en beneficio de quién irá esta norma? ¿Nuevamente, vamos a privilegiar a los grandes y a excluir a los pequeños, que no tendrán la posibilidad de acceder a un crédito suficiente para adquirir este equipamiento?He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos:El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En votación las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, estableciendo requisitos alternativos para obtener licencia profesional.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 3 abstenciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Edwards Silva José Manuel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Díaz Marcelo; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Muñoz D’Albora Adriana; Saffirio Espinoza René.-Se abstuvieron los diputados señores:Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Robles Pantoja Alberto.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Despachado el proyecto. PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE SUPRESIÓN DE EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. Segundo trámite constitucional.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, adoptada el 5 de octubre de 1961, en La Haya, Países Bajos.Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora Mónica Zalaquett.Antecedentes:-Proyecto del Senado, boletín N° 8220-10, sesión 33ª de la presente legislatura, en 23 de mayo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 8.-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentario e Integración Latinoamericana, sesión 40ª de la presente legislatura, en 12 de junio de 2012. Documentos de la Cuenta N° 4.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante.La señora ZALAQUETT, doña Mónica (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros (Convención de La Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961, en La Haya, Países Bajos, que se encuentra sometido a nuestra consideración, en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “suma”, y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, N° 1, de la Constitución Política de la República.Según lo señala el mensaje, la Convención de La Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros fue adoptada en el marco de las reuniones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, el 5 de octubre de 1961, y entró en vigor el 24 de enero de 1965. A la fecha, 102 Estados son parte de la Convención, entre ellos, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, Perú, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Venezuela. Se constituye así en uno de los instrumentos internacionales más universales en este ámbito. Cada año se emiten más apostillas en todo el mundo, por lo que resulta ser el instrumento más utilizado de los Convenios de La Haya.El mensaje agrega que el objetivo fundamental de la Convención es simplificar la autenticación de documentos públicos que deban ser presentados en el extranjero, lo que facilita la circulación de los mismos cuando son emitidos por un Estado Parte para ser utilizados en otro Estado Parte. En efecto, la legalización se reemplaza por el otorgamiento de un certificado denominado “apostilla”, el cual debe ser extendido en la manera y forma que prevé la Convención a petición de quien firma el documento o del portador del mismo.El certificado o “apostilla” debe ser emitido por una autoridad competente del Estado que otorgó el documento. Para tal efecto, cada Estado contratante deberá designar expresamente las autoridades que tendrán competencia para otorgarlo, lo que habrá de notificarse al depositario de la Convención al momento de ratificar o adherirse, según sea el caso.La “apostilla” certifica la autenticidad de la firma, la calidad en que actuó quien la suscribió y, si fuere procedente, la identidad del sello o timbre que el documento contenga. Los requisitos copulativos para la expedición de una apostilla son: primero, que se trate de un documento emitido o autorizado en un Estado Parte de la Convención; segundo, que dicho documento vaya a ser utilizado en otro Estado Parte de la Convención, y tercero, que dicho documento tenga el carácter de público, de conformidad con el artículo primero de la Convención. Si bien el carácter de público de un documento ha de ser determinado por la regulación interna del Estado del cual procede el mismo, el artículo primero de la Convención expresa que ha de entenderse bajo ese concepto una numeración no taxativa, así también, que la Convención no es aplicable a documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares, ni a documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera.La Convención busca eliminar el procedimiento de legalización, y dispone que cada Estado contratante debe adoptar las medidas necesarias para evitar que sus agentes diplomáticos o consulares procedan a efectuar legalizaciones en los casos en que la presente Convención prevea la exención de las mismas, dejando el procedimiento de legalización de documentos como una opción residual en todos aquellos casos en que la Convención no sea aplicable.En consecuencia, la Convención modificará la forma de acompañar los documentos provenientes de los países Partes de esta, fórmula prevista en el N° 1 del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no se requerirá del atestado del agente diplomático o consular chileno, el cual se reemplazará por el certificado de la “apostilla”. Dicha norma, sin embargo, continuará rigiendo para los documentos provenientes de países no partes de la Convención.La Convención se aplica únicamente a los documentos públicos. En consecuencia, se estipula que se consideran como tales los siguientes: a) los documentos que emanan de una autoridad o funcionario dependiente de una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, o de un secretario o un funcionario judicial competente; b) los documentos administrativos; c) los documentos notariales; d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.Asimismo, la Convención indica que esta no se aplicará a los siguientes documentos: a) los expedidos por representantes diplomáticos o consulares, y, b) los documentos administrativos relacionados directamente con operaciones comerciales o aduaneras.La adhesión de Chile a la Convención de la Apostilla requerirá introducir adecuaciones a diferentes cuerpos legales, particularmente a los artículos 345 del Código de Procedimiento Civil y 420 del Código Orgánico de Tribunales, para los efectos de hacer coexistir las dos formas de acreditar la autenticidad de documentos públicos emanados del extranjero y consignar que no será necesaria la protocolización de los instrumentos apostillados que sirvan para otorgar escrituras públicas en Chile, como asimismo, designar las autoridades competentes para emitir la “apostilla”, para lo cual, en breve, será enviado al Congreso Nacional el respectivo proyecto de ley.En el estudio de este proyecto de acuerdo la Comisión contó con la asistencia y colaboración del ministro subrogante de Relaciones Exteriores, señor Fernando Schmidt Ariztía, y del director subrogante de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, señor Álvaro Arévalo Cunich.El ministro subrogante de Relaciones Exteriores, además de refrendar los fundamentos del mensaje que da origen a este proyecto de acuerdo, explicó que la denominada Convención de la Apostilla es un instrumento internacional que data de octubre de 1961, cuyo objetivo fundamental radica en eliminar la burocracia en los trámites de legalización de documentos para que ellos puedan ser utilizados en el exterior, y viceversa. Agregó que, hoy en día, por ejemplo, una persona que utiliza su certificado de nacimiento para trabajar en Argentina, requiere que dicho documento sea legalizado por el seremi de Justicia respectivo, luego, por el Ministerio de Justicia en Santiago; después, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el que luego lo expide al Consulado argentino correspondiente, quienes, a su vez, lo remiten a las autoridades argentinas, a fin de que el documento tenga validez en dicho país. En otras palabras, se trata de una cadena de legalización verdaderamente absurda y que tiene elevados costos tanto para el usuario como para el Estado. Asimismo, afirmó que son muchísimos los certificados que se emiten diariamente en un país globalizado como el nuestro, los cuales repercuten muy negativamente en el presupuesto individual y colectivo.El señor Schmidt aseveró que la aprobación de esta Convención permitirá cortar esta cadena de legalizaciones y admitirá que una determinada firma sea válida legalmente en los Estados Parte de la misma. Asimismo, agregó que, a la fecha, 102 Estados han ratificado la Convención, entre ellos, todos los grandes países del mundo, todos los miembros de la OCDE y toda Latinoamérica, con excepción de Brasil.En materia de tiempos de trámites, el ministro subrogante afirmó que la Convención de la Apostilla permitirá reducir de 33,75 horas de legalización individual a 7,5 horas, para el caso de los solicitantes de regiones; en el caso de la Región Metropolitana, los tiempos de trámites se reducen de 17,75 horas a 7,5 horas. Asimismo, expresó que la aprobación de la Convención tendrá impactos positivos en términos de productividad, movilidad de escrituras públicas, facilitación de las exportaciones, entre otros.Finalmente, indicó que la aprobación de la Convención exigirá la adecuación de algunos cuerpos legales, específicamente del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 420 del Código Orgánico de Tribunales, para lo cual se enviará próximamente un proyecto de ley al efecto.Frente a las interrogantes de las señoras y señores diputados, indicó que la Convención no había sido sometida al trámite de ratificación, debido a que existía la convicción de que los trámites de protocolización constituían una importante fuente de recaudación fiscal. Sin embargo, señaló que dicha convicción no consideró la importancia que reviste la reducción de los tiempos de tramitación, tanto para los usuarios como para el Estado.Por otro lado, indicó que, anualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe tramitar alrededor de 260 mil solicitudes de legalización de documentos, burocracia que podrá ser evitada una vez que se encuentre ratificada la referida Convención.Por su parte, las señoras diputadas y los señores diputados presentes en la Comisión expresaron unánimemente su decisión favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo, en la medida en que implica reducir los tiempos de trámite, disminuir la burocracia y rebajar los costos, tanto para el Estado como para los usuarios, especialmente para los de regiones, lo que facilita, tal como señala el mensaje, la circulación de los documentos públicos, cuando son emitidos por un Estado Parte para ser utilizados en otro Estado Parte. Por ello, por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, las diputadas y los diputados presentes en la Comisión prestaron su aprobación unánime al proyecto de acuerdo en informe.Por último, me permito hacer presente a los distinguidos colegas que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico o de quórum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo. Asimismo, determinó que sus preceptos no debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materias presupuestarias o financieras del Estado, tal como lo señala el correspondiente informe financiero.Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del proyecto de acuerdo en trámite, la Comisión decidió, por la unanimidad ya señalada, recomendar a la honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto está contenido en el informe que mis colegas tienen en su poder.Es cuanto puedo informar.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En discusión el proyecto de acuerdo.Tiene la palabra al diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, ante todo, quiero llamar la atención sobre los 51 años que han debido transcurrir para aprobar un proyecto de acuerdo de esta naturaleza. He sido testigo de múltiples casos de ciudadanas y ciudadanos chilenos que, por motivos ajenos a su voluntad, en su momento o época, tuvieron que abandonar nuestro país sin quererlo. No son pocos los chilenos y chilenas que se encuentran en tal situación. Por eso, la aprobación de esta Convención reviste gran relevancia, no solo para el país, sino para los cientos de miles de chilenos que viven en el extranjero. El hecho de que Chile ratifique esta Convención constituye un tremendo beneficio para todos ellos.Reitero que el número de beneficiados con esta Convención es muy importante, toda vez que muchos de ellos no contaban -hablo de décadas pasadas- con los medios económicos para obtener los documentos que requerían. Como muy bien dijo la diputada informante, esta Convención no se había ratificado porque el trámite de protocolizar los documentos representaba importantes recursos para las arcas fiscales. Pero, felizmente hoy, después de 51 años, hemos entendido que hay chilenos que no tienen los medios económicos para conseguir los documentos pertinentes para permanecer en los países que los han acogido. Actualmente, los interesados deben obtener el documento que requieren de la autoridad competente; luego, deben llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores del país que corresponda para autentificar la firma de la autoridad que lo ha extendido y, por último, deben llevarlo al consulado correspondiente para que nuestro representante diplomático de fe de la firma del ministro de Relaciones Exteriores del país de que se trate.Este proceso, que nos parece increíble, considerando la tecnología que existe en el siglo XXI y los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, demora días y, a veces, quincenas. Además, se deben pagar los derechos correspondientes, que son elevados para la mayoría de las personas -en diversas oportunidades me ha tocado atenderlas-.Muchos colegas no entendieron la ayuda que algunos diputados les prestamos a los exonerados políticos. Se creía que Enrique Jaramillo había entregado 600 certificados. Eso no podía ser; era imposible. La verdad es que Enrique Jaramillo ayudó a miles de exonerados políticos chilenos, en particular, a los que vivían en Argentina. Por eso, conozco el problema que, felizmente, ahora estamos solucionando a través de la vía legislativa.Esta Convención de 1961 es muy importante porque suprime la exigencia de legalización de documentos en nuestros consulados en el extranjero, reemplazándola por un certificado o “apostilla” que otorga el país que extiende el documento para que sea presentado en el extranjero. Es decir, se suprime un trámite que era muy engorroso.Asimismo, es importante señalar que este beneficio solo regirá en los países que hayan ratificado la Convención y opera respecto de instrumentos públicos; debemos tenerlo claro. En los demás países que no la han ratificado y cuando se trate de documentos que no sean públicos, seguirán operando los largos trámites que existen en la actualidad. Esto debe quedar muy claro porque, muchas veces, los fundamentos de los proyectos de ley no son muy explícitos; pero este no es el caso. Celebro que este proyecto de acuerdo haya suscitado la aprobación unánime de los integrantes de la Comisión y que Chile pase a formar parte de la Convención, pues permitirá que miles de chilenos que trabajan en países vecinos, en particular, en Argentina -situación que conozco-, legalicen su situación laboral.Por lo expuesto, anuncio mi voto a favor de este proyecto de acuerdo que aprueba la Convención que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros. He dicho.El señor VILCHES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, quiero decir algunas breves palabras sobre este proyecto de acuerdo que informó la colega Mónica Zalaquett, quien hizo un detallado análisis de sus alcances. En unos breves minutos, trataré de explicar de la mejor manera posible y desde el punto de vista práctico esta iniciativa, que tendrá un impacto positivo en la vida de miles de personas.A primera vista, pareciera ser un proyecto de acuerdo muy simple; al verlo en la Tabla, no le damos mayor importancia. Fue aprobado por unanimidad, y su idea matriz es aprobar la Convención que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, adoptada el 5 de octubre de 1961. Pero, al analizarlo con mayor detención, uno se da cuenta de que puede cambiar la vida de miles de personas.Por ejemplo, será muy importante para toda la zona sur -estoy pensando en la provincia de Chiloé-, debido a la constante emigración de chilotes, fundamentalmente a la Patagonia argentina. Ciudades como Río Grande, Río Gallegos y Comodoro Rivadavia están llenas de chilenos que tienen familiares en nuestro país. Para hacer cualquier trámite, una persona que vive en la isla de Achao, provincia de Chiloé, y que se traslada a vivir con su familia, por ejemplo, a Comodoro Rivadavia, a fin de que sean válidos en Argentina, debe protocolizar los documentos que necesita: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificados de estudios o una escritura pública relacionada con algún bien.Ahí comienza el problema, porque una persona que vive en Achao deberá llevar esos documentos a Castro, donde el oficial del Servicio de Registro Civil e Identificación o un notario deberá poner los primeros timbres. Luego debe llevarlos a Puerto Montt, donde algún seremi pondrá otros timbres o una firma. Desde Puerto Montt, la persona deberá trasladarse a Santiago. Si quien puso los timbres y la firma fue el oficial del Registro Civil de Castro, probablemente le corresponderá al Ministerio de Justicia certificar que la firma corresponde a la de dicho oficial. Luego de que el funcionario del Ministerio de Justicia firme y timbre, debe ir con ese papel al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual debe certificar que la firma del Ministerio de Justicia corresponde.¡Imaginemos todo lo que hasta aquí ha pasado en términos de plata, de días, de tiempo perdido!Luego, la persona debe ir al consulado argentino para que los antecedentes se envíen al Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina. Ahí comienza a bajar de nuevo la cadena, hasta que los documentos llegan a algún funcionario público argentino en Comodoro Rivadavia, quien deberá poner más timbres, más sellos, lo que implica más plata y tiempo.La idea de aprobar esta Convención es suprimir casi todo esos trámites, prácticamente todos. Ello producirá un gran impacto por la cantidad de trámites que se eliminarán, por las miles de horas que se podrán aprovechar de mejor manera, por los recursos que la gente se ahorrará en esos trámites y por la facilidad que tendrán para que su documento sea válido en el otro país.Con esta Convención en vigor, una persona de Achao tendría que ir a Castro, donde probablemente el funcionario del Registro Civil o el que corresponda estará autorizado para apostillar. Ojalá lo esté, de modo que el trámite pueda hacerlo en Chiloé. En principio, el trámite debe hacerse en la capital regional; ojalá que también sea posible en la capital provincial. Apostillar significa poner un sello, una garantía de que las firmas corresponden. Desde ahí mismo, la persona podrá trasladarse hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde habría otro funcionario que realizará el mismo trámite, a partir de lo cual quedaría legalizado el documento.¡Eso es muy importante en la vida de cualquier persona!Entiendo que solo Brasil y Chile no habían adherido a este acuerdo internacional. Entre los 102 Países Partes, figuran Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Venezuela. Es decir, son países con los que tenemos relaciones permanentes. Muchos chilenos que viven allá, y los nacionales de esos países, necesitarán hacer esos trámites.Por eso, repito, esta Convención tiene un impacto tremendo en la vida de las personas.Agradezco a la colega Mónica Zalaquett por la claridad de su informe. Señaló perfectamente los documentos públicos que se pueden apostillar y las excepciones.De aprobarse esta Convención, entiendo que el Gobierno tendrá que enviar los proyectos de ley necesarios para adecuarla a las normas establecidas en los Códigos de Procedimiento Civil y Orgánico de Tribunales.Me parece muy bueno este proyecto de acuerdo. Es probable que lo aprobemos por unanimidad. La única lata es que esta Convención fue adoptada en 1961, entró en vigor en 1965 y en alguna parte se quedó guardada hasta que hoy el ministro de Relaciones Exteriores decidió enviarla al Congreso Nacional.Por las razones expuestas, anuncio nuestro voto favorable al proyecto de acuerdo.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.El señor ALINCO.- Señor presidente, para quienes creemos en el sueño de Bolívar y nos consideramos internacionalistas, sin duda, estimamos que nuestro país no puede estar ajeno a esta Convención.Para miles de chilenos, que en tiempos difíciles tuvimos que salir a ganarnos los porotos en otras tierras, y que vivimos en países hermanos en forma ilegal, es imposible rechazar este proyecto de acuerdo.El establecimiento de relaciones amistosas con los países limítrofes y con los de todo el mundo debe ser un principio, una práctica diaria y permanente de todos los habitantes y de las instancias de poder.Por lo tanto, esta Convención, ratificada por 102 Estados, debería ser aprobada por unanimidad.El Presidente Salvador Allende firmó un convenio con la República de Argentina, mediante el cual a los trabajadores argentinos y chilenos se les reconocían los años de trabajo en sus respectivos países para los efectos de su jubilación.Esa ley está vigente, pero lamentablemente la burocracia y los reglamentos a veces se sobreponen a las leyes, como recién lo expresaba un diputado en relación con el primer proyecto de la Tabla.Como estoy convencido de que este proyecto de acuerdo se aprobará, me gustaría que quedara consignada mi petición en el sentido de que su reglamento de aplicación sea expedito, porque a veces ocurre que son confeccionados -no digo que con mala intención- por burócratas que no entienden la esencia de la ley, lo que podría ocasionar trabas e impedir que los hermanos chilenos regularicen su documentación en otros países.Asimismo, pido que a los hermanos de otros países -peruanos, bolivianos, argentinos, latinos en general- que vengan a Chile, se les den las facilidades prácticas reales para regularizar su documentación. Actualmente, quien no tiene dinero, no puede hacerlo.Además, existen grandes contradicciones, pues diariamente vemos a cientos de bolivianos y de peruanos en Santiago -muchos de ellos en forma ilegal- sufrir la explotación, la sobreexplotación y los abusos, precisamente, por no tener su documentación al día, como nos sucedió a algunos de nosotros cuando estuvimos en otros países.Por otra parte, también vemos a gente poderosa económicamente, que, aun con visa de turista, cuenta con beneficios y derechos al igual que cualquier otro chileno, incluso con más derechos que muchos de nosotros. Es el caso del señor Douglas Tompkins, quien, con visa de turista, ha comprado miles de hectáreas en la Patagonia y lo sigue haciendo. Eso demuestra que, a veces, la ley no es igual para el que tiene el poder económico e influencias, pues lo beneficia, en perjuicio de otro grupo de personas que no tiene el mismo poder.Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable al proyecto de acuerdo. Reitero, se debe elaborar un reglamento de fácil aplicación, de modo que el Convenio sirva en forma efectiva para que tanto chilenos como extranjeros en Chile puedan regularizar su situación en forma definitiva.He dicho.El señor ARAYA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En votación general el proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba la Convención que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, adoptada el 5 de octubre de 1961, en La Haya, Países Bajos.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Despachado el proyecto.FIJACIÓN DE PLAZO PARA OTORGAMIENTO DE FINIQUITO DE TRABAJADORES. Primer trámite constitucional.El señor ARAYA (Presidente accidental).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, iniciado en mociones refundidas, que modifica el Código del Trabajo estableciendo un plazo para el otorgamiento del finiquito al trabajador.Diputada informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es la señora Claudia Nogueira.Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión del Trabajo y Seguridad Social (boletines Nos 7462-13 y 7746-13), sesión 36ª, de la presente legislatura, en 5 de junio de 2012. Documentos de la Cuenta N° 13.El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada informante.La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, paso a informar sobre los proyectos de ley refundidos que establecen un plazo para el otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo, iniciados en moción de los diputados señores Accorsi, Aguiló, Alinco, Araya, Ascencio, De Urresti, Jiménez, Lemus, Marinovic y Meza, y en moción de la diputada señora Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Becker, Browne, Edwards, García, Godoy, Monckeberg, don Nicolás; Rivas, Sauerbaum y Verdugo. Los proyectos de ley refundidos se encuentran en primer trámite constitucional y segundo reglamentario.Cabe recordar que en la sesión 27ª, celebrada el 15 de mayo de 2012, esta Sala prestó su aprobación general al proyecto en informe y, acogiendo sendas indicaciones de las señoras y señores parlamentarios, lo remitió a esta Comisión para un segundo informe.El proyecto que refunde en una las mociones de las señoras y señores diputados mencionados apunta a modificar el Código del Trabajo, estableciendo un plazo para el otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo.En atención a lo expuesto, la presente iniciativa introduce modificaciones a los artículos 163 y 177 del Código del Trabajo. Por el primero, elimina, en su inciso primero, la expresión “al momento de la terminación,”, y, por el segundo, precisa, en su inciso primero, que el finiquito deberá ser otorgado, ratificado y pagado dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador, sin perjuicio de que las partes puedan pactar el pago en cuotas, de conformidad con los artículos 63 bis y 169 del mismo Código.Las indicaciones presentadas en este segundo trámite reglamentario -cuya lectura omitiré en aras del tiempo-, que precisaban, en general, las modalidades a que debía sujetarse el finiquito del contrato de trabajo y las sanciones que tendría el incumplimiento en su otorgamiento, ratificación y pago, y que se encuentran insertas en el informe que mis colegas tienen en su poder, fueron rechazadas por la Comisión por los quorums señalados en el mismo.Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión recomienda la aprobación del texto de que da cuenta el referido informe, que es el mismo propuesto por ella en su primer informe.Por último, me permito precisar a mis colegas que en el proyecto, cuya aprobación recomienda la Comisión, no existen normas de quorum calificado ni que revistan el carácter de orgánicas constitucionales. Asimismo, no necesita ser conocido por la Comisión de Hacienda por no tener incidencia en materias financieras o presupuestarias del Estado. Es cuanto puedo informar.He dicho.El señor ARAYA (Presidente accidental).- En discusión el proyecto.Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, valoro el proyecto de los diputados mencionados recientemente por la diputada informante, toda vez que en nuestra legislación actual no se establece plazo alguno para que se otorgue el finiquito de contrato, por lo que dicho trámite quedaba a criterio del empleador.La iniciativa constituye un importante aporte, pues viene a llenar un vacío objetivo. No contar a tiempo con el finiquito puede causar graves perjuicios al trabajador, pues lo deja en una incertidumbre e inseguridad jurídica y económica, más aún cuando para volver a contratarse o emplearse, el nuevo empleador exige la presentación del finiquito.Asimismo, al no existir un plazo para su otorgamiento, se puede producir una discontinuidad en los ingresos del trabajador, quien al término de la relación laboral no puede emplearse. Por lo tanto, el hecho de tener esta certeza lo beneficiará no solo en su labor productiva, sino también a toda su familia, ya que obviamente podrá seguir obteniendo ingresos para mantenerla. Por ello, es bueno que se fije este plazo y que quede estipulado por ley.Por otra parte, la inexistencia de un plazo perentorio, muchas veces, puede prestarse para abusos, pues permite al empleador no actuar con la diligencia y rapidez que se requiere para pagar el finiquito. Por ello, destaco que el proyecto vaya en la línea de fortalecer el empleo, que es uno de los objetivos que se ha propuesto el Gobierno del Presidente Piñera y que va cumpliendo día a día.Como sabemos, se han creado 700 mil nuevos puestos de trabajo, lo que casi ha cuadruplicado la creación de empleos en años anteriores. La mayoría de ellos, es decir, sobre el 55 por ciento, lo han obtenido mujeres, que con contratos y cotizaciones pueden acceder a salud y seguro de cesantía. Esto es importante, más aún cuando vemos que los salarios están creciendo por sobre el 6 por ciento anual, superando en más de 2,5 veces la inflación de nuestro país. Sabemos que el crecimiento del empleo y de los salarios deben ir de la mano de un fortalecimiento de los derechos, de la dignidad y de la seguridad de los trabajadores, aspectos que personalmente pienso que el proyecto consigue abordar.Por eso, en virtud de la importancia que el Gobierno del Presidente Piñera le ha dado a los trabajadores y al empleo, se han aumentado en más de 70 los fiscalizadores y se han hecho más de 93 mil fiscalizaciones en terreno. Obviamente, si eso lo sumamos a todos los beneficios sociales, entre ellos, los seis meses de permiso posnatal, el ingreso ético familiar, etcétera, podemos comprobar que vamos en la línea de proteger el trabajo, de crear oportunidades laborales y, también, de proteger los derechos de los trabajadores. Por lo expuesto, anuncio que votaré favorablemente el proyecto de ley, como lo hará también la bancada de Renovación Nacional.He dicho.El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, el artículo 177 del Código del Trabajo establece expresamente: “El finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo deberán constar por escrito. El instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podrá ser invocado por el empleador.”. A esta disposición se agrega que el finiquito deberá ser -y aquí hay tres cuestiones que es importante destacar- otorgado, ratificado y, lo que es más importante, pagado dentro del plazo de diez días.La Comisión de Trabajo deja abierta la puerta para que, si existe acuerdo entre el empleador y el trabajador, ese pago pueda ser diferido en cuotas. Deseo expresar, y muy formalmente, mi reconocimiento a las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, porque en la Comisión de Trabajo ha habido transversalidad para tratar el proyecto. Sus autores también representan políticamente el más amplio espectro de la Cámara. Esto tiene valor en momentos en que, desde el Ejecutivo, se entregan señales bastante confusas y contradictorias al mundo del trabajo, en el marco de una realidad laboral particularmente apremiante para los trabajadores. Solo quiero citar algunas condiciones: la masividad de empleos precarios, las bajas remuneraciones, la informalidad, en general, del empleo, los bajos porcentajes de sindicación, que son consecuencia no de la voluntad de los trabajadores de no pertenecer a organizaciones sindicales, sino de una sistemática y permanente política de prácticas antisindicales que no permiten que los trabajadores puedan asociarse libremente y de esa forma constituir organizaciones que defiendan sus intereses. En la Comisión de Trabajo hemos sido testigos de cómo incluso las más grandes organizaciones sindicales de nuestro país también han sido víctimas de prácticas antisindicales. Esto se ve agravado, además, por la amenaza -y quiero poner énfasis en esa expresión- del Ejecutivo de hacer efectiva la reducción de remuneraciones y la flexibilización de la jornada, para que de esa manera nuestro país pueda enfrentar los potenciales efectos de la crisis económica mundial, cuestión respecto de la cual, mi bancada, la de la Democracia Cristiana, hará todo cuanto sea posible para que no ocurra. Porque no nos parece justo que el precio de la crisis lo paguen los trabajadores que perciben las más bajas rentas y los más bajos ingresos. Un dato: el 70 por ciento de las personas calificadas como pobres están relacionadas con su empleador en virtud de un contrato de trabajo. Sin embargo, esas personas, no obstante tener una relación laboral formal, no logra salir de la línea de la pobreza. El proyecto en debate establece que el finiquito deberá ser otorgado, ratificado y pagado dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajado. Con ello se evita que el trabajador tenga que recurrir a la inspección del trabajo, instancia que fija comparendos para mucho tiempo después y a los que, generalmente, el empleador no concurre. Es de común ocurrencia que, luego, el trabajador deba recurrir a la justicia laboral e involucrarse en procedimientos cuyos resultados son siempre inciertos, porque no obstante que el trabajador suele tener toda la razón desde el punto de vista del fondo del asunto, muchas veces pierde el juicio por cuestiones relacionadas, más bien, con cuestiones de procedimiento o de forma. Quiero expresar nuestro apoyo al proyecto. Hay quienes han sostenido -es bueno que se sepa- que es preferible no fijar un plazo en esta materia, porque como la legislación no lo contempla, en el fondo estaríamos otorgando una suerte de gracia al empleador, cuando en realidad se busca exactamente lo contrario, esto es, poner un límite a las maniobras o triquiñuelas que el empleador puede utilizar para dilatar la suscripción, ratificación y pago de los finiquitos de un contrato de trabajo. Reitero mi decisión de votar favorablemente el proyecto. Invito a mis colegas a dar una señal clara a fin de avanzar en mejorar las condiciones de seguridad laboral.He dicho.El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, sin duda, esta moción viene a llenar un vacío legal y a dar una respuesta a una problemática que afecta a los trabajadores.En efecto, el Código del Trabajo no contempla un plazo para otorgar el finiquito del contrato de trabajo. Esto lleva a que los empleadores retarden de manera innecesaria e indebida la entrega de ese documento. En consecuencia, no puedo menos que estar de acuerdo con que se fije un plazo para su otorgamiento, pues se trata de un documento relevante y fundamental para que el trabajador pueda conseguir un nuevo trabajo.Lo que no logro percibir, ni entender con claridad, es que el plazo de diez días para otorgar el finiquito por parte del empleador se vincule con la eliminación de la expresión “al momento de la terminación,”, contenida en el inciso primero del artículo 163 del Código del Trabajo, que señala que si el contrato hubiere estado vigente un año o más y el empleador le pusiere término, deberá pagar al trabajador, al momento de la terminación, la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente.El proyecto propone que el finiquito deberá ser otorgado, ratificado y pagado dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador. Sin embargo, puede que haya empleadores que quieran cumplir con lo establecido en el artículo 163 del Código del Trabajo y pagar al trabajador la indemnización por años de servicios convenida entre las partes al momento del cese del contrato. ¿Por qué se debe dar a los empleadores, exclusivamente, un plazo de diez días hábiles para hacerlo? Planteo la consulta porque no veo ninguna contradicción en mantener la expresión “al momento de la terminación,”, contenida en el artículo 163 del Código del Trabajo, y establecer que el finiquito debe ser otorgado, ratificado y pagado dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador.Por lo tanto, lo lógico sería concordar, en el artículo que corresponda, la idea de que, sin perjuicio de que al momento de la terminación del contrato, el empleador debe pagar la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente, con el hecho de que el empleador se podrá tomar diez días para hacerlo, puesto que -reitero- puede que alguno quiera finiquitar y pagar al trabajador de inmediato, tal como lo dispone el artículo 163 del Código del Trabajo. Así las cosas, no creo que haya necesidad de eliminar la expresión “al momento de la terminación,”, contenida en el inciso primero del artículo 163 del Código del Trabajo, sino que -repito- concordar su contenido con la precisión que se propone agregar al inciso primero del artículo 177 de ese mismo cuerpo legal.A mi juicio, la pregunta que debemos hacernos es si los empleadores cumplirán con el otorgamiento de los respectivos finiquitos en el plazo de diez días hábiles que propone el proyecto. Por supuesto, todos estamos de acuerdo en que se fije dicho plazo, pero, ¿qué pasa si los empleadores no cumplen con esa obligación? No les ocurrirá nada. Estamos intentando solucionar un problema a través del expediente de obligar a los empleadores a otorgar el finiquito del contrato de trabajo dentro de diez días hábiles; sin embargo, ello no tendrá ningún efecto, puesto que se trata de una norma permisiva. Quiero saber si alguien puede señalar algo en relación con esa aseveración.Puede que la señalada norma sea muy relevante, pero al final podría transformarse en una obligación genérica. La obligación de otorgar el finiquito ya se encuentra establecida en el Código del Trabajo. Lo que ocurre es que como no se señala un plazo, en algunos casos no se otorga nunca. La iniciativa en discusión fija ese plazo, pero, como no se establecen sanciones en razón del incumplimiento de la obligación, muchos empleadores no lo harán. Debido a eso, seguramente, con posterioridad, deberemos volver a legislar para corregir esa situación y proponer sanciones para quienes no cumplen con tal obligación.Todos estamos de acuerdo en que la iniciativa es muy positiva, pero puede que, a la postre, se transforme en una norma legal incumplida.Además, el proyecto prescribe que para el pago del finiquito las partes podrán pactar el pago en cuotas, disposición que, a mi juicio, es reiterativa, innecesaria e irrelevante, porque el Código del Trabajo establece esa posibilidad. Tan claro es eso que la iniciativa en discusión señala que las partes podrán pactar el pago en cuotas de conformidad con los artículos 63 bis y 169 de ese cuerpo legal.En conclusión, estamos en presencia de una moción que pretende salvar un grave inconveniente que se les presenta a diario a los trabajadores, porque no hay un plazo para que los empleadores les otorguen sus finiquitos. Hasta allí todo está muy bien. El problema radica en que si bien se establece un plazo, no existe seguridad de que este será cumplido por los empleadores y de que no se transformará en una norma que no tenga mayor aplicación práctica. Por otra parte -reitero-, no se debe privar a los empleadores que quieran pagar el finiquito el mismo día del término de la relación laboral de tomar esa decisión. Esos empleadores no requieren el establecimiento de un plazo. En consecuencia, lo que debe establecerse es que tal obligación puede ejecutarse sin perjuicio de lo preceptuado en el inciso primero del artículo 163. Es decir, el finiquito deberá ser otorgado, ratificado y pagado dentro de diez días hábiles, pero abriendo la posibilidad de que los empleadores, respetuosos de las leyes laborales que quieran pagar inmediatamente cesada la relación laboral, puedan hacerlo sin necesidad de tomarse ese plazo.Hemos conversado esos aspectos con algunos diputados y anuncio que presentaremos una indicación en ese sentido.He dicho.El señor ARAYA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.El señor ANDRADE.- Señor Presidente, la moción hay que respaldarla, porque viene a subsanar un problema de nuestra legislación laboral, que no establece un plazo perentorio para que se cumpla con la obligación que asiste a los empleadores de otorgar los finiquitos cuando concluye la relación laboral con sus trabajadores, acto en el que se deben liquidar todas las prestaciones adeudadas, lo cual es recíproco, salvo que haya reservas.El finiquito no solo se ha transformado en un instrumento de término de una relación laboral, sino que en un requisito habilitante para ingresar a un nuevo empleo. Por eso es tan relevante que el trabajador tenga pronto acceso a ese documento, porque se lo exigen en cualquier lugar al que recurra a buscar trabajo.Quiero hacerme cargo de algunas observaciones que se han formulado al proyecto, porque indicaciones como las que se han señalado ya fueron presentadas en su oportunidad y analizadas en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.Primero, debo precisar que al no existir un plazo que regule esta materia, no hay sanción ante el no otorgamiento del finiquito. Al incorporar un plazo, en el evento en que este no se cumpla, opera la regla general en materia laboral, es decir, que el incumplimiento supone el pago de multas. Por lo tanto, la norma no caerá en el vacío, precisamente, porque establece un plazo definido. Insisto, si no se cumple con ese plazo, opera la regla general en materia laboral respecto de los incumplimientos laborales en que incurre un empleador, esto es, que son objeto de multas cursadas por la Dirección del Trabajo. Es decir, ocurrirá todo lo contrario a la situación que se prevé y, por lo tanto, la moción resuelve el problema que existe en la actualidad sobre la materia.Segundo, la norma vigente establece que al momento de la terminación del contrato solo se deben pagar las indemnizaciones correspondientes, no las demás prestaciones que se adeudan. En consecuencia, hay un desequilibrio. Insisto, la norma vigente señala que la indemnización deberá pagarse al momento de la terminación del contrato, pero no se refiere a las demás prestaciones. Pero, ¡ojo!, hay que leer bien la norma, porque se refiere a las indemnizaciones que están pactadas individual o colectivamente, no a la indemnización legal. Ese es el problema. Tanto es así que esa materia se recoge en el inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo. ¿Qué se ha discutido, jurisprudencialmente, respecto de ese artículo? Que la indemnización que deberá pagar el empleador al trabajador al momento de la suscripción del finiquito, por los años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente, también supone el pago de la indemnización legal. Pero, hay otras líneas jurisprudenciales que señalan lo contrario, porque el artículo 163 del Código del Trabajo dispone que la fórmula de pago inmediato al momento de la terminación del contrato operará siempre que esta fuese de un monto superior al establecido en el inciso segundo del mismo artículo, es decir, mayor que la indemnización legal que todos conocemos.En consecuencia, la discusión que tenemos es muy concreta. La norma es clara respecto a la indemnización cuando es pactada, individual o colectivamente, siempre que sea superior a la indemnización legal; pero, cuando se trata de la indemnización legal, no está tan claro que opere la misma normativa. Por eso, para esos efectos, no existe plazo, irregularidad que subsana la moción en discusión.Por último -me quiero circunscribir solo a eso, porque ya mis colegas se han extendido ampliamente respecto a las bondades del proyecto-, se suscribió una indicación que señalaba que si no se otorgaba el finiquito, debían pagarse las remuneraciones correspondientes hasta el momento de cumplir con el pago de este. ¿Cuál era el problema de esa indicación que quiso asimilarse al viejo proyecto de ley Bustos-Seguel? Ustedes recordarán que ese texto establecía que el despido era inválido cuando se debían imposiciones. Esta indicación, que fue rechazada en la Comisión, no señalaba que el despido era inválido, sino que había que pagar una remuneración. ¿Y cuál era la base de cálculo si el contrato ya había cesado? ¿Sobre qué base se calculaba ese pago si no había contrato? Entonces, existía un serio problema de formalidad legal. Distinto es que la indicación dispusiera que se declaraba inválido el despido, porque, en ese caso, sí es posible mantener la ficción legal -como lo hace el proyecto Bustos-Seguel-. Pero, no era el caso de la indicación, que producía, exactamente, el efecto contrario. Insisto, como no había base de cálculo para ese pago, la pregunta era qué se pagaba. ¿El sueldo mínimo? ¿Un monto distinto? Por eso, procedimos a votar en contra la indicación.Las razones por las cuales votamos en contra las indicaciones son las que acabo de mencionar. La más seria de todas era esta última.Espero haber aclarado en algo la situación.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Vilches.El señor VILCHES.- Señor Presidente, este proyecto, iniciado en moción parlamentaria, viene a complementar el Código del Trabajo, en el sentido de garantizar al trabajador que se le va a pagar su finiquito en un plazo no mayor a diez días. Es interesante este proyecto, porque viene a complementar ideas desarrolladas en debates anteriores, donde se señaló, incluso, que si el finiquito no era pagado era necesario extender el pago mensual a los trabajadores. O sea, si transcurrían cuatro, cinco o seis meses sin que se otorgara el finiquito, durante ese plazo había que pagar la integridad de los salarios o sueldos, con todos los beneficios asociados.Por eso, el plazo consignado en la iniciativa garantiza a los trabajadores que se les otorgará el finiquito en un lapso determinado, que no va a haber una indefinición y que, además, se van a pagar los finiquitos con todos los beneficios asociados a los ingresos del trabajador.Hemos debatido este proyecto en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y, por eso, nos parece muy útil aprobarlo.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco.El señor ALINCO.- Señor Presidente, es un poco defraudante observar el resultado de esta iniciativa. Cuando presentamos este proyecto en la Oficina de Partes de la Corporación y luego lo discutimos en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, teníamos algunas ilusiones. Hay que señalar, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que sobre la materia se presentaron dos proyectos: uno, patrocinado por los diputados Enrique Accorsi, Sergio Aguiló, Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Alfonso De Urresti, Tucapel Jiménez, Luis Lemus, Miodrag Marinovic, Fernando Meza y René Alinco, respecto del cual decimos, con mucha humildad, que refleja el pensamiento, la opinión y la demanda de millones de trabajadores de Chile; de los temporeros, de los viejos de la construcción, etcétera. Nosotros, simplemente, canalizamos la demanda histórica de los trabajadores del país, porque consideramos que era necesario poner un plazo real para pagar el finiquito.El otro proyecto lo presentó la Derecha -lo digo con el respeto que se merecen sus patrocinantes-, con el propósito de llegar a una especie de equilibrio y seguir protegiendo los intereses de los empresarios.Así, a través de la política de los consensos y de los acuerdos, como siempre se ha acostumbrado en este Congreso, nuestro proyecto, que sin lugar a dudas representa la esencia de los viejos obreros del país, se fue diluyendo. La iniciativa tenía un solo artículo, que modificaba el artículo 177 del Código del Trabajo, agregando el siguiente inciso final, nuevo: “Con todo, si el empleador no pusiera el finiquito a disposición del trabajador en un plazo máximo de 72 horas, desde la fecha de la separación de labores, deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha en que pusiere el finiquito a disposición del trabajador.”.¿Qué significaba esto? Que si el empleador no pagaba al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo dentro del plazo de 72 horas, tiempo suficientemente razonable, serían considerados todos los días de atraso en que incurriera el empleador, lo que aumentaba los montos finales que debía recibir el trabajador. Si el empleador se atrasaba un día, este se pagaba al despedido como trabajado. Eso se perdió y, finalmente, se estableció, a través -insisto- de la política de los acuerdos, de los consensos, de la correlación de fuerzas que existe al interior de las Comisiones y del no escuchar a los trabajadores, diez días de plazo para pagar el finiquito. La propuesta de la Derecha era de quince días y se llegó a diez días. Sin embargo, el proyecto no establece ninguna sanción en caso de que el finiquito no se pague dentro del plazo estipulado. Nosotros planteábamos que debía existir una sanción, no una multa, por día atrasado, transcurridas 72 horas de vencido el plazo de entrega del finiquito, en beneficio directo del trabajador. Efectivamente, existe una multa, pero no va en beneficio del trabajador, sino del Estado. Normalmente, los empresarios apelan y, al final, no la pagan. Evidentemente, no era lo que buscaba el grupo de diputados que patrocinó este proyecto, pero habrá que aprobarlo. Insisto, no es lo que nosotros queríamos, no es lo que los trabajadores necesitan para combatir los abusos en esta materia.Estadísticamente, está probado que no son los pequeños y medianos empresarios los que se atrasan y abusan de los trabajadores, sino las grandes empresas que contratan temporeros y las constructoras. En los sectores campesinos y aislados, las empresas que prestan servicios de vialidad, en su mayoría, demoran meses, tres, cuatro, seis y hasta un año en pagar los finiquitos. Por lo tanto, nos sentimos defraudados, porque lo que queríamos no se logró ni siquiera en un 50 por ciento. Vamos a aprobar el proyecto como está, pero que quede claro, no a los señores y señoras diputadas, sino a los trabajadores chilenos, que seguiremos adelante. Presentaremos otro proyecto que realmente proteja los intereses de los trabajadores.Esta iniciativa la presentamos para complementar la “Ley Bustos”. Esa era la idea. Lamentablemente, hoy, por la correlación de fuerzas existente al interior del Congreso Nacional, no tenemos los votos para defender en plenitud los intereses de la clase trabajadora.Anuncio mi voto favorable al proyecto, pero dejo constancia de que la esencia de la iniciativa presentada por los diputados que mencioné hace un momento se fue diluyendo en el tiempo. Repito, perseveraremos en la lucha y presentaremos otra iniciativa, a la brevedad, que obligue a los empleadores a pagar, en un plazo concreto, el finiquito a quienes les ayudan a incrementar sus riquezas. En definitiva, que impida a los malos empresarios abusar de los trabajadores.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, seré muy breve, porque mis colegas se han referido a este proyecto en forma clara y contundente.Recién intervino el diputado René Alinco que, para ser sumamente justos, es el autor de la iniciativa. El resto somos coautores.Se trata de una excelente iniciativa, que pone fin a uno de los tantos abusos que se comete contra los trabajadores. Hablamos con él y nos dimos cuenta de que existían denuncias de demora, incluso de años, en el pago de los finiquitos. El proyecto ponía fin a ese abuso y a esa injusticia que sufre gran parte de los trabajadores que, con el pasar de los días, entran en desesperación y, al final, no se les paga o deben negociar el finiquito.Como señalaron mis colegas, el proyecto se debatió en la Sala, se votó en general y volvió a la Comisión con algunas indicaciones. Hubo una, de los diputados Aguiló y Teillier, que voté a favor, a pesar de que habíamos discutido el tema en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Me satisfizo mucho, porque, en el fondo, establecía un plazo para otorgar el finiquito -podemos discutir si este debe ser de 72 horas, cinco o diez días, pero, lo importante, es que los empleadores tenían un plazo para finiquitar al trabajador-, pero, además, señalaba la obligación de pagar las remuneraciones devengadas desde la fecha de término del contrato hasta que se otorgara el finiquito.¿Cuál fue la discusión? Como señaló el diputado Andrade, se pensó que no iba a haber una base sobre la que calcular el finiquito, porque el contrato, al que se había puesto fin, ya no existía. Pensé que podíamos tomar la última remuneración como base de cálculo, pero, al parecer, legalmente, eso no se puede hacer. Repito, la indicación era muy buena, porque obligaba al empleador a pagar la última remuneración durante todo el tiempo en que demorase en pagar el finiquito.Como dijo el diputado Alinco, si bien este proyecto no se condice con el original, es un avance para los trabajadores. Por supuesto que puede mejorarse. Si se presentan otras iniciativas, creo que tendrán el respaldo de gran parte de los diputados.Votaré favorablemente el proyecto, porque representa un avance en esta materia y pone fin a uno de los tantos abusos que hoy sufren los trabajadores.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.El señor SILVA.- Señor Presidente, tal como lo hicimos en la primera discusión de este proyecto, queremos felicitar la presentación de esta iniciativa, pues se hace cargo de un abuso, cual es que, en algunos casos, no se pagan los finiquitos a los trabajadores dentro de plazo. El texto que está planteado en el proyecto de ley establece que el finiquito deberá ser otorgado, ratificado y pagado dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde la separación del trabajador.Quiero aprovechar esta oportunidad para pedir a alguno de los integrantes de la Comisión de Trabajo que clarifique la inquietud que voy a plantear.En una relación laboral hay dos partes: un empleador y un trabajador. La iniciativa obliga a una de las partes a cumplir con el requisito de otorgar el finiquito y pagarlo dentro de diez días, pero no queda claro qué sucede si, por algún motivo, el trabajador no estuviese dispuesto a firmar el finiquito dentro de dicho plazo. ¿Cometería infracción el empleador? Ante esa inquietud, presentamos una indicación para incorporar el siguiente inciso segundo al artículo 2°: “Con todo, se entenderá que el empleador cumple con esta obligación cuando el finiquito es puesto a disposición del trabajador en el lugar y plazo establecido en la comunicación a que se refiere el inciso segundo del artículo 162. Este plazo no podrá ser superior al señalado en el inciso anterior.”, o sea, diez días.Al suscribir esa indicación, los diputados Kort, Vilches y quien habla entendíamos que podíamos lograr dos objetivos: apurar el plazo de diez días para otorgar el finiquito, que en algunos casos no se cumple, y resguardar al empleador en caso de que el trabajador no quiera firmar el finiquito y existiera disposición del primero en otorgarlo y pagarlo. Así las cosas -lo conversé con el diputado Andrade-, podríamos no solo mencionar que el empleador debe poner el finiquito a disposición del trabajador, sino que este puede ser depositado y pagado en una notaría. Se me dijo que algunos dictámenes y normativas de la Dirección del Trabajo establecerían que se entiende cumplido el deber relacionado con el otorgamiento del finiquito si dentro de diez días, contados desde la separación del trabajador, este se consigna en una notaría. Por su parte, la diputada Nogueira me explicó que también se entiende cumplida tal exigencia si dentro de determinado plazo se consigna en un tribunal. Es muy importante que esto quede claro, toda vez que, como dijo el diputado Alinco, se trata de resguardar los derechos de los trabajadores. Por eso, pido que alguno de los integrantes de la Comisión de Trabajo u otro colega aclare este punto. Si en el artículo propuesto se hace referencia a la consignación del finiquito en un tribunal o en una notaría, quedaría muy bien cumplido el objetivo de resguardar los derechos de los trabajadores. Además, estaríamos dando certeza jurídica a su cumplimiento.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día y aún falta que intervengan los diputados Robles y Sandoval.En tal virtud, recabo la unanimidad de la Sala para darles la palabra y, así, votar el proyecto en la presente sesión. De lo contrario, deberemos continuar el debate en una próxima sesión. ¿Habría unanimidad en tal sentido? No la hay. El proyecto queda pendiente para una próxima sesión. VI. PROYECTOS DE ACUERDO.ADOPCIÓN DE MEDIDAS TENDIENTES A PREVENIR DELITOS SEXUALES EN JARDINES INFANTILES. (Preferencia).El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Corresponde considerar, con preferencia, el proyecto de acuerdo N° 662. El señor Prosecretario dará lectura a su parte resolutiva.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 662, de las diputadas señoras María José Hoffmann, Karla Rubilar, Marta Isasi, Alejandra Sepúlveda, Carolina Goic, Mónica Zalaquett, Ximena Vidal, Adriana Muñoz, María Angélica Cristi y Andrea Molina, por el cual la Cámara de Diputados acuerda:Solicitar a S.E. el Presidente de la República, para que a través del Servicio Nacional de Menores instruya a la Junta Nacional de Jardines Infantiles la adopción de todas aquellas medidas tendientes a prevenir la ocurrencia de delitos sexuales en tales establecimientos, particularmente a partir de las siguientes medidas:1.- Aumentar los requisitos para ser sostenedor de un jardín infantil, incorporando la idoneidad moral como elemento definitorio para dirigir un proyecto educativo en materia de jardines infantiles.2.- Establecer medidas de mayor control como el uso de cámaras de seguridad al interior de los jardines infantiles.3.- En esta misma línea, incorporar sistemas de evaluación del proyecto educativo del postulante a sostenedor por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como también aumentar las exigencias en materia de personal.4.- Dotar a tal institución de mayores atribuciones en materia fiscalización, como asimismo aumentar su potestad sancionatoria frente a infracciones a las normas que regulan estas instituciones.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann.La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente, tenemos la convicción de que los jardines infantiles son un aporte importante en pro de lograr igualdad de oportunidades, porque es en la infancia donde se presentan las mayores diferencias. Por eso, es vital que los jardines infantiles sean seguros, que den seguridad a los papás de que los niños van a estar bien cuidados y de que el personal que maneja a los infantes es idóneo. Para esto necesitamos que la institución más importante que oferta servicios de atención infantil, en este caso la Junji, sea fuerte, toda vez que las atribuciones y facultades con que actualmente cuenta no son suficientes. Basta recordar que ni siquiera puede intervenir en el proyecto educativo de un jardín infantil y apenas tiene atribuciones para certificar los metros cuadrados de la superficie mínima del terreno para instalar uno.Hoy, los requisitos para instalar un jardín infantil son casi los mismos que se piden para abrir un restaurante o una botillería. Por eso, es tremendamente necesario que la Junji cuente con mayores atribuciones para fiscalizar la instalación de jardines infantiles y, en caso de corresponder, sancionarlos. Esta semana conocimos un hecho grave, que se produjo en un jardín infantil. Lo irónico es que la Junji ni siquiera tiene facultades para clausurarlo.La fuerza del proyecto de acuerdo en debate surge de una moción presentada por la diputada Karla Rubilar y otros diputados, que cuenta con el apoyo transversal de la Cámara.En síntesis, pedimos aumentar los requisitos para ser sostenedor, incorporando la idoneidad moral como elemento definitorio; pedimos mayores medidas de seguridad y control, a través, por ejemplo, de la instalación de cámaras de seguridad en los jardines infantiles; pedimos aumentar las exigencias en materia de personal y, por último, pedimos dotar a la Junji de mayores atribuciones fiscalizadoras y aumentar su potestad sancionatoria ante infracciones a las normas que regulan los jardines infantiles.Sabemos que la futura Superintendencia de Educación tendrá nuevas facultades, pero nos parece importante fortalecer, también, a la Junji para que, al menos, pueda revisar e intervenir en el proceso de apertura de un jardín infantil y su proyecto educativo. La bancada femenina de la Cámara de Diputados hace un llamado a la sensibilidad de todos los diputados. Como mamás y como padres debemos apoyar esta iniciativa. Diputados y diputadas, hemos emprendido la cruzada de aprobar este proyecto de acuerdo, pero también de sacar adelante, lo antes posible, la moción a que hice referencia, la que, ojalá, sea liderada por la Comisión de Familia, con el diputado Issa Kort a la cabeza, de quien esperamos todo su apoyo. He dicho.El señor JARPA (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, agradezco a las diputadas Hoffmann y Rubilar por invitarme a suscribir este proyecto de acuerdo, que se relaciona con la protección de lo más importante de un país: sus niños y sus niñas.Invito a los diputados a votarlo favorablemente, porque queremos dotar de mayores atribuciones a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de modo que pueda fiscalizar y sancionar a los jardines infantiles que no cumplan con las normas vigentes y tener mayor control en materia de contratación de personal. La Junji no puede seguir siendo un simple sostenedor, que solo entrega recursos, sino que debe contar con las herramientas legales para fiscalizar y prevenir la perpetración de delitos sexuales en los jardines infantiles.Necesitamos aumentar los requisitos para ser sostenedor y debemos incorporar, como bien dijo la diputada Hoffmann, la idoneidad moral como elemento definitorio al momento de elegir a quienes pretenden dirigir un proyecto educativo tan importante como los jardines infantiles, primera experiencia de aprendizaje de los niños y niñas.Por eso, invito a los diputados y diputadas a votar favorablemente el proyecto de acuerdo.He dicho.El señor JARPA (Presidente accidental).- Por último, tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, agradezco a todas las parlamentarias que firmaron el proyecto de acuerdo.Estamos frente a un problema que nos ha preocupado no solo por el caso tan terrible que hemos conocido en estos días. Como ha quedado dicho, hace ya varias semanas presentamos un proyecto de ley de este tenor. Lo señalo, porque no queremos que se piense que el Congreso reacciona solo cuando suceden este tipo de situaciones. Esperamos que a la luz de la sensibilidad que ha producido este horrible caso que ha exhibido la televisión durante los últimos días, el Gobierno patrocine el proyecto de ley a que he hecho alusión, que otorga mayores atribuciones fiscalizadoras y sancionadoras a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, entre ellas, cerrar establecimientos cuando sea necesario. Además, modifica la Ley de Rentas Municipales, con el objeto de que no se otorgue patentes a los establecimientos que no cumplan con los requisitos mínimos que considera el empadronamiento de la Junji. Se trata de exigencias mínimas vinculadas no solo a infraestructura, como sucede en la actualidad, sino que al proyecto educativo. La idea es que las personas que atienden a los niños sean las más idóneas, que los establecimientos cumplan con condiciones de higiene mínimas, etcétera. Ninguno de esos requisitos se exige en la actualidad. Como ha quedado dicho, es más fácil abrir un jardín infantil que una botillería.Consideramos que los niños no pueden seguir en la indefensión, por lo que muchos parlamentarios, de todos los colores políticos, solicitamos al Gobierno que patrocine el proyecto de ley aludido.Agradezco, particularmente, a la diputada María José Hoffmann y al diputado Felipe Harboe la labor que han realizado en esta materia.Finalmente, espero que podamos aprobar el proyecto de ley lo más rápidamente posible.He dicho.El señor JARPA (Presidente accidental).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor JARPA (Presidente accidental).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.APROBACIÓN DE REGLAMENTOS REGIONALES PARA ACCEDER A FONDOS DE DE TRANSFERENCIA.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte resolutiva del siguiente proyecto de acuerdo.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 575, de los diputados señores Sandoval, Letelier, Pérez, don Leopoldo; Espinosa, don Marcos; Ojeda, de las diputadas señoras Molina, doña Andrea; Hoffmann, doña María José; Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Silva y Rojas, en cuya parte dispositiva dice:La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar a su excelencia el Presidente de la República lo siguiente:1.- Que se instruya sobre los contenidos de la actual Ley de Presupuestos 2012 a todos los gobiernos regionales y dispongan la aprobación de los respectivos reglamentos regionales para acceder a los fondos del 6 por ciento de transferencias.2.- Que en los reglamentos regionales, que deben ser aprobados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se incorpore expresamente el objeto inicial por el cual se creó esta glosa, que es la atención de los temas vinculados a los adultos mayores para infraestructura, equipamiento y gastos de operaciones de hogares y centros de atención de los adultos mayores, por entidades legales en los respectivos territorios regionales.3.- Que se inicien acciones entre estas entidades de adultos mayores, con el fin de dar la máxima promoción a la existencia de esta nueva glosa presupuestaria a objeto de asegurar el objetivo último, que es mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y apoyar a las entidades que tienen esta noble tarea social, siendo importantísimo que los gobiernos regionales difundan y promuevan los alcances de esta fuente de financiamiento.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, se trata de un proyecto de acuerdo muy sencillo. En el pasado, las leyes de presupuestos consultaban transferencias a entidades para fines sociales, tal como se hacía con cultura y deportes, que ascendían al 2 por ciento. A partir del 1 de enero del presente año, la Ley de Presupuestos vigente aumentó el monto de dichas transferencias al 6 por ciento, para lo cual se deben aprobar los respectivos reglamentos.Por tal razón, frente a un acontecimiento fundamental que se celebra mañana, cual es el Día internacional contra el maltrato del adulto mayor, se solicita que los gobiernos regionales difundan a la brevedad entre las entidades que atienden adultos mayores -ya que estamos a mitad de año y esos fondos están disponibles desde el 1 de enero-, la existencia de esta glosa presupuestaria, de manera que esos recursos lleguen para la atención de los adultos mayores en las diferentes regiones.Se ha detectado poca difusión y conocimiento a nivel de las entidades que atienden adultos mayores, a pesar de que tienen tantas necesidades. Aquí hay una cantidad importante de recursos. En la mayoría de las regiones los reglamentos ya están aprobados, Por lo tanto, se solicita la promoción de esta glosa presupuestaria a la brevedad a fin de que las instituciones dedicadas a los adultos mayores puedan contar con estos recursos a partir del presente año.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra para impugnarloOfrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.CREACIÓN DE INSTRUMENTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS O CON SELLO VERDE.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 576, de la diputada señora Girardi, doña Cristina; del diputado señor Accorsi, de las diputadas señoras Sepúlveda, doña Alejandra; Sabat, doña Marcela; de los diputados señores Hasbún, Teillier, Montes, Auth, Espinosa, don Marcos, y de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, en cuya parte dispositiva dice:La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar al Gobierno que, por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se cree un instrumento de apoyo económico o subsidio que incentive la compra de vehículos nuevos o con sello verde, de combustión híbrida de gasolina y gas, mediante un financiamiento no reembolsable, con el objeto de favorecer el plan de descontaminación metropolitano, el uso de nuevas energías y la renovación del capital de trabajo de los comerciantes de ferias libres.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Para impugnarlo, ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- No hay quorum.Se va a repetir la votación.-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Nuevamente no hay quorum.En consecuencia, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión ordinaria. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspxVII. INCIDENTESREITERACIÓN DE OFICIOS SOBRE CERCAMIENTO DE SITIO ERIAZO DE LA POBLACIÓN JOAQUÍN VICUÑA LARRAÍN, COMUNA DE VICUÑA. Oficios.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero reiterar un problema que afecta a la población Joaquín Vicuña Larraín, de la comuna de Vicuña. Se trata de un sitio eriazo -hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo esta situación- que se ha transformado en un verdadero foco de peligro, de inseguridad y de insalubridad para los habitantes del sector.Según entendíamos, dicho inmueble pertenece a una empresa constructora. Al respecto, oficiamos al gobierno regional y al municipio, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta. Dicho sitio se ha convertido en un problema de permanente preocupación para los vecinos. Los fines de semana se transforma en un botadero de basura, en un lugar de extracción ilegal de áridos, en un espacio donde se cometen delitos y en un escondite de delincuentes, ya que la extracción de áridos genera montículos que permiten, particularmente en las noches, el ocultamiento de delincuentes cuando son perseguidos por la policía. Al respecto, a pesar de existir obligaciones legales, ni las autoridades ni el dueño del terreno han hecho absolutamente nada. Por lo tanto, solicito reiterar oficios al intendente de Coquimbo y al alcalde de Vicuña, con el objeto de que se tome una urgente medida para que el dueño de ese terreno, si es privado, proceda a su cercamiento o, de lo contrario, que lo haga la autoridad -con cargo al dueño, como dice la ley-, a fin de dar tranquilidad a los vecinos de la señalada población, que llevan más de dos años padeciendo las nefastas consecuencias de la existencia de ese sitio eriazo que, insisto, al parecer es de propiedad privada. Asimismo, solicito enviar copia de mi intervención a la presidenta de la junta de vecinos de la población Joaquín Vicuña Larraín.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD DE TELEFONÍA E INTERNET EN FAVOR DE COCHIGUAZ, COMUNA DE PAIHUANO. Oficio.El señor DÍAZ.- En otro orden de cosas, hay una situación que afecta a la junta de vecinos Río Cochiguaz, de la comuna de Paihuano. Estamos hablando de un sector turístico muy importante, pero que se encuentra muy postergado, sobre todo en materia de conectividad. Los fines de semana largo, llega una enorme cantidad de turistas con intenciones de consumir y de dejar parte de sus recursos en la localidad, pero muchas veces no lo pueden hacer, por ejemplo, por la falta de conexión a internet para pagar mediante tarjetas electrónicas de débito o de crédito. Los vecinos de Cochiguaz tampoco cuentan con señal de telefonía móvil, todo lo cual afecta el desarrollo de la zona y las actividades turísticas.Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al subsecretario de Telecomunicaciones -en otras oportunidades nos ha colaborado para favorecer a localidades de Vicuña y de la región, a fin de que estudie el mejoramiento de las condiciones de conectividad en Cochiguaz, con copia de mi intervención al señor Luis Correa, presidente de la junta de vecinos Río Cochiguaz.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención.MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A COCHIGUAZ. Oficio.El señor DÍAZ.- Por último, deseo referirme al problema vial existente en Cochiguaz. Su acceso se encuentra en pésimo estado, de lo cual pude cerciorarme personalmente. Allí existe tránsito de camiones de gran tonelaje. Lo peor es que el problema afecta al conjunto del valle. Al respecto, he enviado más de siete oficios al Ministerio de Obras Públicas y a Vialidad para solicitar el mejoramiento de caminos. En esta oportunidad, nos preocupa lo que sucede con el de ingreso a Cochiguaz.Por lo tanto, pido que se envíe un oficio al intendente de la Cuarta Región de Coquimbo, a fin de que tome cartas en el asunto.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE RANCAGUA. Oficio.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.El señor CASTRO.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se envíe un oficio al ministro de Salud, a fin de que nos informe sobre la construcción del hospital de Rancagua, solicitado por la comunidad en subsidio del hospital regional, que está en desarrollo. Hace seis meses, dicho secretario de Estado se comprometió a apoyar su construc-ción, pero, hasta la fecha, no ha existido voluntad política para llevarlo a cabo.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.PAGO DE BONO SAE A PROFESORES DE RANCAGUA. Oficio.El señor CASTRO.- Asimismo, pido que se envíe un oficio al ministro de Educación, a fin de que se dé cumplimiento al pago del bono SAE a 900 profesores de la comuna de Rancagua.Los recursos respectivos fueron entregados al municipio de Rancagua, pero hasta la fecha no se ha pagado el referido bono, lo que ha llevado a la judicialización del conflicto.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.TÉRMINO A MEDIDA DE DESALOJO DE TRABAJADORES DE El TENIENTE DESDE CASINO BRADEN. Oficios.El señor CASTRO.- Finalmente, pido que se envíe un oficio al presidente ejecutivo de Codelco y al ministro de Minería, a fin de que se ponga término a la medida de desalojo de mil trabajadores de El Teniente, reunidos en el histórico casino Braden, de Rancagua. Dicho recinto, emblemático para las fuerzas laborales y productivas de Rancagua, y lugar social por excelencia, durante más de sesenta años ha albergado a los trabajadores de El Teniente. Sin embargo, a causa de la modernización del estadio, la empresa procederá a su desalojo. El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.REFLEXIONES A PROPÓSITO DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTAL “PINOCHET”.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- En el tiempo del Comité Mixto PRSD-PC-MAIZ, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.El señor JARPA.- Señor Presidente, en esta oportunidad, abordaré una temática que ha vuelto a resurgir y respecto de la cual es atingente hacer un análisis histórico.Me refiero a las figuras del Presidente Salvador Allende y del general Augusto Pinochet, a propósito del reciente homenaje que se le brindó a este último en el teatro Caupolicán.Nos acercamos a cumplir cuarenta años del golpe de Estado que tanto dolor y tristeza trajo a nuestra sociedad, y estamos a más de veinte años de la recuperación de la democracia. Sin embargo, acciones como la de ayer dejan de manifiesto que sus figuras siguen siendo controvertidas.Sin ir más lejos, las declaraciones del ex-Presidente Patricio Aylwin sobre el Presidente Allende, calificándolo de mal gobernante, provocaron múltiples reacciones, las cuales son comprensibles. Como bien manifestó Joaquín García Huidobro, en su columna de opinión de El Mercurio, del 3 de junio pasado, “basta con que nos toquen nuestras heridas para que terminemos siempre hablando de lo mismo y repitiendo hasta el cansancio los mismos argumentos”.Estos ejemplos nos demuestran que necesitamos una historia integradora. Los juicios al gobierno democrático del Presidente Allende siguen siendo incisivos, y muchas veces olvidamos que, a pesar de todas las dificultades que tuvo para gobernar, que provenían de detractores, opositores y gremialistas, e incluso de sus partidarios, hoy su figura sigue siendo admirada en el mundo entero.Actos como el de ayer y el resistido homenaje a Krassnoff, quien fuera condenado por crímenes de lesa humanidad, no ge-neran una historia integradora. Es necesario que ella se construya sobre la base de la verdad y la justicia.Los respectivos análisis históricos de los gobiernos pasados deben hacerse con la objetividad necesaria para reconocer los errores, los aciertos y los objetivos que buscaban sus políticas públicas.En marzo de 2000, intervine en la Cámara de Diputados sobre los alcances del regreso del general Augusto Pinochet. En esa oportunidad señalé que, pese a discrepar en algunos conceptos, quería congratular la acción del entonces Presidente Frei Ruiz-Tagle, por el éxito de su gestión, al lograr el retorno del general Pinochet a Chile para ser juzgado en nuestros tribunales. Recordemos que este proceso no pudo llevarse a cabo debido al estado senil del general, expuesto por su propia defensa y aceptado por la instancia judicial del momento.Con lo de ayer, quedó taxativamente claro que requerimos de una historia inclusiva e integradora, la cual debe ser escrita pensando en quienes no vivieron esos momentos tan dramáticos, en una época penosa de nuestra historia, de manera que nuestras nuevas generaciones puedan conocer hechos objetivos y sin cargas, para así no volver a cometer los errores del pasado.Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla.He dicho.El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 12.57 horas.PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.VIII. ANEXO DE SESIÓNCOMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.-Se abrió la sesión a las 12.51 horas.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.PAGO DE BONO POR DESEMPEÑO DE EXCELENCIA E INCENTIVO AL RETIRO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. Oficios.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.El señor MEZA.- Señor Presidente, deseo referirme al problema que afecta a los asistentes de la educación que no han recibido el pago correspondiente a la subvención por desempeño de excelencia. En efecto, se certificó a 29 establecimientos de educación técnico-profesional, regidos por el decreto ley N° 3.166 y seleccionados mediante la resolución exenta N° 1516, del 20 de marzo de 2012, del Ministerio de Educación, pero dicho pago aún no se concreta.Por tanto, pido que se envíe un oficio al contralor general de la República para que investigue por qué esos asistentes de la educación no han recibido este bono, cuya entrega ya fue aprobada.Además, pido que se envíe un oficio al ministro de Educación, con el objeto de que se reconozca el trabajo en equipo que se realiza para mejorar la educación en Chile. Los asistentes de la educación -suman 90.000 personas a lo largo y ancho de Chile- no tienen estímulos al retiro, lo que significa un agravio al comparar su situación con la del resto de los funcionarios públicos. Eso hace que aún permanezcan trabajando personas de setenta y de ochenta años de edad, con cincuenta y más años de servicio, quienes no pueden acogerse a retiro porque las pensiones son exiguas.Por ello, pido que el ministro de Educación vea la posibilidad de considerar a estas personas en tal sentido.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INSTRUCCIÓN A OFICINAS DE FONASA SOBRE ATENCIÓN EN MODALIDAD DE LIBRE ELECCIÓN EN FAVOR DE PENSIONADOS. Oficio.El señor MEZA.- Señor Presidente, hay un problema que aqueja a las personas que son beneficiarias de la pensión básica solidaria y a pensionados que siguen cotizando el 7 por ciento para salud, a quienes Fonasa les niega la posibilidad de adquirir bonos para ser atendidos en la modalidad de libre elección. Se sigue insistiendo en que ellos no tienen derecho a comprar bonos en Fonasa para atenderse libremente, a pesar de que el artículo 1° de la ley N° 20.531 establece que “todas las pensiones que se encuentren percibiendo o que en el futuro perciban los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias de la ley N° 20.255, estarán exentas de la cotización legal del artículo 85 del decreto ley N° 3500, de 1980”. Y agrega: “Los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias que se encuentren exentos de la cotización legal de salud señalada en el inciso anterior y que no sean indigentes o carentes de recursos…, podrán optar por atenderse de acuerdo con la modalidad de libre elección…”.Por tanto, pido que se envíe un oficio al director del Fondo Nacional de Salud para que se reitere a todas las oficinas de Fonasa en Chile que, en virtud de lo que establece la ley, los pensionados puedan acceder a bonos para atenderse en dicha modalidad, lo que hoy se les sigue negando por desconocimiento o falta de comunicación desde las directrices superiores.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.CORRECCIÓN DE PUNTAJE EN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE VECINA DE VILLARRICA. Oficios.El señor MEZA.- Señor Presidente, la señora Sonia Ivonne Sánchez Saavedra, domiciliada en calle Pasaje Llaima N° 1295, Villa Los Volcanes, en Villarrica, tiene 12.278 puntos en la Ficha de Protección Social, pero esto no tiene nada que ver con su realidad. Hace tres años se quemó su casa y vive con su esposo como indigente, con una pensión básica que no le alcanza ni para pagar el arriendo de la humilde habitación en la que está viviendo.Lo anterior demuestra que existe una anomalía en la Ficha de Protección Social de la señora Sonia Ivonne Sánchez Saavedra, que le impide optar al subsidio de vivienda. Se trata de una persona inválida que vive en precarias condiciones y que muchas veces recibe la caridad que uno le entrega para poder subsistir. Por lo tanto, se aliviaría enormemente su situación si se corrigiera el puntaje de su Ficha de Protección Social de acuerdo con la realidad que vive. Estos errores son frecuentes; hay muchos casos a lo largo de Chile en los que la Ficha de Protección Social no refleja la realidad que viven algunas personas. Así, hay algunos que tienen menos puntaje y mejores condiciones de vida, y otros que tienen altísimos puntajes, en circunstancias de que son indigentes. Por tanto, pido que se envíe un oficio a los ministros de Desarrollo Social y de Vivienda y Urbanismo para que tomen cartas en el asunto respecto a la situación de la señora Sonia Ivonne Sánchez Saavedra, RUT N° 14.409.879-5.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.RECONSIDERACIÓN DE MONTO DE SUBSIDIO PARA COMPRA DE VIVIENDAS USADAS EN VILLARRICA. Oficio.El señor MEZA.- Señor Presidente, en Villarrica hay personas que son beneficiarias de un subsidio para la compra de viviendas usadas. Pero ocurre que en dicha ciudad no hay ninguna vivienda, por sencilla que sea, que cueste menos de 16.000.000 de pesos, en circunstancias de que el referido subsidio llega solamente a 11.000.000 de pesos. Ello demuestra que estamos otra vez con una letra muy chiquitita. En efecto, se le dice a la gente de clase media que tiene muchas posibilidades para comprar viviendas usadas, pero, reitero, en Villarrica no existe ninguna vivienda usada que se pueda adquirir por esa cantidad. La situación descrita ha hecho que esas personas estén a punto de perder sus subsidios debido a esta anomalía. El papel es uno y la realidad es otra en el Ministerio de Vivienda.Por tanto, pido que se envíe un oficio al ministro de Vivienda y Urbanismo para que vea la posibilidad de considerar la ampliación del monto de este subsidio que se entrega a personas de clase media para comprar viviendas usadas, de manera que puedan gozar en algún momento del sueño de la casa propia. He dicho.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE AVANCE EN ACUERDO ENTRE GOBIERNO Y DIRECTORIO NACIONAL DE ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES. Oficio.El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado René Saffirio.El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pido que se envíe un oficio al ministro de Hacienda, con el objeto de que informe a la Cámara respecto de los avances existentes fruto del acuerdo suscrito el día 6 de marzo de 2012, entre el Gobierno y el director nacional de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.En dicho acuerdo, suscrito por el ministro de Hacienda, en representación del Gobierno, se reconoce la efectividad de los planes de incentivo al retiro y se asume el compromiso de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley con el objeto de estimular el retiro de funcionarios de la Junji, con una bonificación especial. No obstante haberse suscrito este acuerdo el 6 de marzo de 2012, hasta esta fecha aún no ingresa el proyecto a trámite legislativo.Por tanto, pido que el ministro de Hacienda informe a la Cámara sobre el incumplimiento del compromiso contraído con los dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. El señor MEZA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE SUMARIO EN GENDARMERÍA POR EVASIÓN DE INTERNOS DE CÁRCEL DE TEMUCO. Oficio.El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pido que se envíe un oficio al ministro de Justicia para que informe a esta Corporación respecto de las razones por las cuales aún, hasta la fecha, no se ha resuelto el sumario administrativo seguido en contra de don León Castro San Martín, funcionario de Gendarmería, por la evasión de internos de la cárcel de Temuco, no obstante que los antecedentes fueron puestos en conocimiento tanto del director nacional de Gendarmería como del ministro de Justicia.En dicho procedimiento se ha dado cuenta de la pérdida de la cinta de video con la grabación del sector del gimnasio donde se produjo la evasión, lo que habría llevado al ministro de Justicia a no resolver este sumario, lo que mantiene en una situación de constante incertidumbre tanto al funcionario León Exequiel Castro San Martín como al funcionario Jorge Cifuentes Riquelme. En consecuencia, pido que se oficie al ministro de Justicia, a fin de que informe a la Cámara respecto del estado del sumario y las razones por las cuales, no obstante haberse cumplido los plazos, no ha sido resuelto.He dicho.El señor MEZA (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INSTALACIÓN DE TECHUMBRE A ESCUELA, PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO, TRASPASO DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE POSTA EN LOCALIDAD DE HUANTA, COMUNA DE VICUÑA. Oficios.El señor MEZA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.El señor DÍAZ.- Señor Presidente, pido que se oficie al intendente de Coquimbo, con el objeto de darle a conocer una situación que me han transmitido dirigentes y vecinos de la localidad de Huanta, comuna de Vicuña, relacionada con diversos compromisos que no han sido cumplidos. Durante mucho tiempo, los vecinos han intentado resolver el problema de falta de techumbre en la escuela del lugar, tan necesaria para proteger a los alumnos de las inclemencias del tiempo. Estamos hablando de una zona precordillerana del Valle de Elqui y, por lo tanto, es fácil comprender el efecto negativo que esto tiene para la salud de los niños. Además, todas las ceremonias y actos oficiales deben realizarse a la intemperie, en verano y en invierno. Los vecinos de todas las localidades de la comuna de Vicuña están solicitando techar los patios de los colegios, con el objeto de proteger a los alumnos de la radiación ultravioleta. En Huanta, se hizo la misma solicitud, pero, hasta la fecha, no ha ocurrido absolutamente nada.Lo mismo sucede con el camino de entrada al pueblo, que es, además, su calle principal, el cual se encuentra en pésimo estado. Existía el compromiso de la municipalidad de cubrir con una carpeta asfáltica los aproximadamente mil metros de la vía, pero no ha habido novedades al respecto.Por eso, pido que oficie al intendente regional y al seremi de Obras Públicas sobre esta materia.Asimismo, los vecinos requieren ayuda para concretar el proyecto de construcción de áreas verdes a orillas del río, en terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales, que están ocupando informalmente con un camping. La idea es que ese Ministerio les traspase los terrenos para postular a proyectos, con el apoyo de privados, y, por esa vía, obtener financiamiento para construir áreas verdes que contribuyan a mejorar el entorno y a aumentar la potencialidad turística del sector. Esto debe hacerse en forma comunitaria, es decir, a través de la junta de vecinos.Por eso, pido que se oficie al intendente y a la ministra de Bienes Nacionales, -los terrenos son de propiedad de ese Ministerio-, con el objeto de que se pronuncien sobre la viabilidad de la iniciativa.Además, los vecinos de Huanta solicitan que se avance en el proyecto de reconstrucción de la posta de esa localidad. Los vecinos siempre se enteran mediante rumores de que el proyecto se va a realizar, pero no saben en qué terrenos estaría emplazada la posta ni cuál sería su diseño. Lo que más preocupa a los vecinos es la vulnerabilidad en que ha quedado Huanta, que es la última localidad chilena antes de la frontera con Argentina. Cuando el paramédico encargado de la actual posta sale con su día libre o está con licencia médica o de vacaciones, no hay nadie que lo reemplace. De hecho, suele atender allí un paramédico de Rivadavia, que está bastante más cerca de la comuna de Vicuña, pero solo por un rato, a modo de ronda médica.En consecuencia, se requiere una nueva posta, personal fijo y que se resuelva el problema que se presenta cada vez que, con legítima justificación, el paramédico titular debe ausentarse porque está con licencia médica, en su día libre o de vacaciones. Pido que se envíe copia de mi intervención al director del Servicio de Salud de Coquimbo y al alcalde de la comuna de Vicuña, y que respecto de mi intervención sobre las necesidades de la localidad de Huanta, se envíe copia de la misma al presidente de la junta de vecinos, señor Sergio Navarrete, y al club del adulto mayor de la localidad.El señor MEZA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INVESTIGACIÓN SOBRE COBROS A CLIENTA DE MOVISTAR DE LA SERENA. Oficios.El señor DÍAZ.- Por otra parte, hace pocos días, recibí una carta de una señora de La Serena, doña Aurora, cuyo apellido me voy a reservar -sin perjuicio de que entregaré copia de los antecedentes del caso a la secretaría-, quien me informa sobre el abuso de que, según ella, habría sido objeto por parte de la empresa Movistar.La carta dice que siempre ha sido usuaria de Movistar, ex-Telefónica. Expresa que, con el tiempo, contrató, además, los servicios de TV cable e internet y que, desde entonces, las cuentas han fluctuado entre 38.000 y 41.000 pesos.Agrega que el año pasado, por razones de fuerza mayor, ya que a su hijo se le quemó el computador, concurrió a la oficina de Movistar para pedir la suspensión del cobro del servicio de internet, como consta en los documentos que pondré a disposición de la secretaría.Dice que los descuentos ofrecidos se efectuaron desde agosto en adelante, tal como lo refleja la factura que voy a acompañar.Argumenta que, en enero de este año, le cobraron 31.809 pesos, y como pagó sin reclamar, en febrero le hicieron un cobro cercano a los 40.000 pesos. Al concurrir a la oficina de la empresa para pedir explicaciones por el alza desmedida de los servicios contratados, la persona que la atendió le dio una respuesta que ella considera insólita: le dijo que el descuento que le habían hecho correspondía a una promoción que duraba solo hasta diciembre del año pasado y que la diferencia entre diciembre del año pasado y enero y febrero de este año correspondía a llamadas a celulares. En su carta adjunta la copia de las llamadas a celulares que efectuó en ese período. Lo que la señora Aurora quiere saber, con legítimo derecho, es la forma en que se reajustan las tarifas de los servicios telefóni-co y de TV cable, de manera que, primero, aparecen como promoción y, después, como tarifas permanentes. Según la empresa, no le cobraron por el servicio de internet, sino el precio normal del plan, que antes estaba en promoción, y le dijeron que, por eso, pagaba lo mismo.Señor Presidente, no es razonable que si una persona tiene que pagar, por ejemplo, cien pesos por tres productos y deja de recibir uno, tenga que seguir pagando el mismo monto porque la empresa dice que el plan ya no está en promoción, que los dos productos costaban cien pesos y que el tercero era gratuito. Ello no consta ni en el contrato original ni en ningún otro documento.Por lo tanto, pido que se oficie al director del Sernac regional, con el objeto de que ordene efectuar la investigación correspondiente, con copia de mi intervención, de la carta en cuestión y de todos los antecedentes que recibí y que voy a dejar en poder de la secretaría. Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención a la señora Aurora, de La Serena.He dicho.El señor MEZA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.07 horas.PAULINA FAÚNDEZ PALOMINOS,Jefa subrogante de la Redacción de Sesiones.IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:7484-01Regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios. Hago presente este urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia”.2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del siguiente proyecto de ley:8316-29Modifica Ley del Deporte. Hago presente este urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia”.3. Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual formula indicaciones al proyecto de ley que modifica la ley de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la información de la Administración del Estado. (boletín N° 7686-07)“Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:AL ARTÍCULO ÚNICO 1) Para introducir el siguiente numeral 1.4.-: “1.4.- Incorpórase, a continuación del artículo 4°, el siguiente artículo 4° bis, nuevo: “Artículo 4° bis: Para facilitar el acceso a la información, los órganos de la Administración del Estado deberán conservar y archivar la información que posean o que esté bajo su control, responsabilidad o competencia, de acuerdo al reglamento que regule esta materia, que será expedido por el Ministerio de Educación y suscrito también por el Ministro de Hacienda. La eliminación de la información deberá realizarse de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento que regule esta materia y, en todo caso, se podrán eliminar aquellos documentos que se encuentren respaldados en archivos digitales o similares en los casos y condiciones que determine éste.”.”. 2) Para sustituir la letra c) del número 1.3.- por la siguiente: “c) Incorpóranse los siguientes incisos 5º y 6º nuevos al artículo 7°: “Para dar cumplimiento a la identificación que requieren los literales f) e i) precedentes, los órganos públicos deberán utilizar, además de los nombres y apellidos de los beneficiarios, el rol único tributario o rol único nacional que la persona tenga asignado. Los órganos de la Administración del Estado deberán abstenerse de publicar en sus sitios electrónicos, información que contenga datos personales amparados por la Ley N° 19.628 distintos a los exigidos en forma expresa en los incisos anteriores. En caso de contenerse en un documento este tipo de datos, se procederá a tachar dicha información, en virtud del principio de divisibilidad.”.”. 3) Para incorporar al numeral 1.3.- la siguiente letra d): “d) Incorpórase en el literal g), después del punto aparte que pasará a ser seguido, la siguiente frase: “El Consejo para la Transparencia podrá autorizar que los órganos utilicen medios alternativos de cumplimiento o eximirlos de informar cuando la información no revista interés público.”.”. 4) Para agregar el siguiente numeral 2.1 al numeral 2.-, pasando el actual 2.1.- a ser el 2.1 bis.-: “2.1.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 12, por el siguiente: “Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior o fuere manifiestamente ofensiva, se requerirá al solicitante, de manera fundada, para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición. En todo caso, si el requerimiento de subsanación fuere infundado y el órgano no admite a tramitación la solicitud, el solicitante siempre podrá recurrir de amparo en virtud del artículo 24 y siguientes de la presente ley.”.”. 5) Para agregar el siguiente numeral 2.2 bis.- al numeral 2.-: “2.2 bis.- Incorpórase el siguiente inciso final nuevo en el artículo 15: “En virtud del principio de facilitación, no podrá utilizarse por parte del órgano de la Administración del Estado el procedimiento a que se refiere el inciso anterior cuando respecto de dicha información exista alguna circunstancia que obstruya o impida el acceso a los mismos por parte del solicitante y, en particular, por encontrarse el domicilio indicado en la solicitud a una distancia considerable del lugar donde dicha información está a disposición del público.”.”. 6) Para incluir al numeral 3.- el siguiente número 3.1 bis.-: “3.1 bis.- Agrégase al literal c) del numeral 1) del artículo 21 las palabras “manifiestamente ofensivas,” luego de la frase “carácter genérico,”.”. 7) Para modificar el numeral 3.2.-, que modifica el artículo 22, del siguiente modo: i. Para sustituir la letra b) por la siguiente: “b) Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente: “La información declarada secreta o reservada por resolución denegatoria de acuerdo al artículo 21 N° 1, letras a) y b), 2, 3 y 4, lo será por un plazo de hasta cinco años desde que dicha resolución quede firme. El referido plazo podrá ser prorrogado por hasta cinco años más, respecto de la totalidad de su contenido o parcialmente, evaluando el peligro de daño que pueda irrogar su terminación. La referida declaración podrá ser esgrimida por el órgano ante solicitudes de acceso que versen sobre la misma materia, en la medida que se encuentre debidamente consignada en el índice a que se refiere el artículo siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá oponerse dicha declaración respecto del titular de los derechos protegidos en virtud del numeral 2 del artículo 21.”. ii. Para sustituir la letra c) por la siguiente: “c) Sustitúyase el inciso tercero por el siguiente: “Sin embargo, el plazo señalado en el inciso anterior será de diez años, el que podrá prorrogarse de modo indefinido, por igual plazo, tratándose de los actos y documentos que, en el ámbito de la defensa nacional, establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquéllos cuyo conocimiento o difusión puedan afectar: a) La integridad territorial de Chile; b) La interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile en materia de límites; c) La defensa internacional de los derechos de Chile, y d) La política exterior del país de manera grave.”. iii. Para introducir una nueva letra d bis) del siguiente tenor: “d bis) Introdúzcase el siguiente inciso quinto nuevo: “La resolución denegatoria que declare la información secreta o reservada deberá señalar el plazo por el cual se declara o prorroga dicha reserva y los motivos que la fundamentan. En todo caso, ante la denegación de acceso, el solicitante siempre podrá recurrir de amparo en virtud del artículo 24 y siguientes de la presente ley.”. iv. Para sustituir la letra e) por la siguiente: “e) Reemplazase el inciso quinto por el siguiente: “Los documentos en que consten los actos declarados secretos o reservados por un órgano o servicio, deberán guardarse en condiciones que garanticen su preservación y seguridad por el respectivo órgano o servicio, durante los plazos indicados en los incisos precedentes y sus respectivas prórrogas, vencidos los cuales se entregarán al Archivo Nacional.”. 8) Para agregar al numeral 10 los siguientes 10 ter.- y 10 quáter.-, pasando el actual numeral 10 ter.- a ser el numeral 10 quinquies.-: “10 ter.- Agrégase al primer inciso del artículo 34, antes del punto seguido, lo siguiente: “y requerir directamente de éstos la información que necesite”. 10 quáter.- Sustitúyase el último párrafo del inciso primero del artículo 36 por el siguiente: “El Presidente hará la propuesta al menos 60 días antes de la expiración del período correspondiente, en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta como una unidad.”.”. 9) Para sustituir el numeral 11.- por el siguiente: “11.- Incorpórase, a continuación del artículo 40, el siguiente artículo 40 bis nuevo: Artículo 40 bis.- “El Presidente del Consejo anualmente dará cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones, de su ejecución presupuestaria y de todo otro antecedente e información que considere relevante, correspondiente al año inmediatamente anterior. Esta cuenta será enviada al Presidente de la República y al Congreso Nacional a más tardar en el mes de mayo de cada año. En el evento que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o consultas, el Consejo deberá dar respuesta oportuna.”.”.10) Para introducir el siguiente numeral 16 nuevo: “16.- Elimínase en el inciso segundo del artículo 14 del D.F.L. N° 5.200, de 1929, lo siguiente: “Los funcionarios mencionados que no den cumplimiento a esta disposición incurrirán en una multa de diez pesos por cada día de atraso. Esta multa se impondrá por el Presidente de la República, en vista del denuncio de la Dirección General, y su producido incrementará los fondos de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.”.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia; HARALD BEYER BURGOS, Ministro de Educación”.4. Oficio del Senado. “Valparaíso, 13 de junio de 2012. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que crea el Día Nacional del Trabajador Forestal, correspondiente al Boletín N° 6.462-24. Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.562, de 7 de julio de 2011. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.5. Oficio del Senado. “Valparaíso, 13 de junio de 2012. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo que aprueba la “Convención sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur”, hecha en Auckland, el 14 de noviembre de 2009, correspondiente al Boletín Nº 7.892-10. Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.115, de 11 de abril de 2012. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.6. Oficio del Senado. “Valparaíso, 13 de junio de 2012. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informe y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín N° 8.038-04:PROYECTO DE LEY: “Artículo único.- Reemplázase, en el artículo 8° de la ley N° 20.132, la expresión numérica “cinco” por “ocho”.”.-o- Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.): CAMILO ESCALONA MEDINA, Presidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.7. Oficio del Senado. “Valparaíso, 13 de junio de 2012. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de la Moción, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación a la siguiente iniciativa, correspondiente al Boletín número 8.291-06:PROYECTO DE LEY: “Artículo único.- Incorpórase el siguiente artículo 76 bis al decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades: “Artículo 76 bis.- Cuando, a causa de la ausencia o impedimento de un determinado número de sus miembros, el concejo no haya contado con el quórum requerido para sesionar por un lapso de tiempo superior a cuarenta y cinco días, se completarán los cupos faltantes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 de esta ley. El tribunal electoral regional respectivo deberá constatar la ausencia o impedimento descritos en el inciso anterior, así como la circunstancia de que éstos se han extendido o se extenderán por más de cuarenta y cinco días, previa solicitud de cualquier persona interesada. Para ello, citará a los concejales a una audiencia dentro de tres días a la que podrán asistir éstos por sí o debidamente representados, al cabo de los cuales resolverá inmediatamente, hayan o no concurrido. Esta resolución será apelable en el solo efecto devolutivo. Los concejales suplentes ejercerán su cargo desde la fecha en que hayan sido designados de conformidad a lo dispuesto por el artículo 78, si la designación se hubiese efectuado con posterioridad al cumplimiento del plazo señalado en el inciso primero de este artículo. En caso contrario, deberán esperar a que se cumpla dicho período. Una vez terminada la ausencia o impedimento, el concejal suplente cesará en el cargo, pudiendo el titular reintegrarse a sus labores habituales.”.”.-o- Hago presente a Vuestra Excelencia que este proyecto de ley fue aprobado, en general, con el voto afirmativo de 25 Senadores, de un total de 37 en ejercicio. En particular, el artículo único de la iniciativa legal fue aprobado por 23 votos favorables, de un total de 37 Senadores en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.-o- Dios guarde a Vuestra Excelencia. (Fdo.): ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, Vicepresidente del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado”.8. Informe sobre participación de los diputados señora Cristi y señores Brown y Burgos a Estados Unidos, en visita organizada por la Subsecretaria de Prevención del Delito y Carabineros de Chile, para conocer el Sistema de Análisis Delictual (STDA), del 16 al 18 de mayo de 2012.“Honorable Camara. Tengo a honra informar sobre visita efectuada por los diputados señora María Angélica Cristi, y señores Pedro Brown y Jorge Burgos a Estados Unidos, invitados por la Subsecretaria de Prevención del Delito y Carabineros de Chile para conocer el sistema de análisis delictual.(STAD).I. Objetivo de la visita: En el marco de la instalación que está realizando la Subsecretaria de Prevención del Delito, en conjunto con Carabineros de Chile, del sistema de análisis delictual (STAD), Juan Cristóbal Lira Ibáñez, Subsecretario de Prevención del Delito, extendió una invitación a cinco representantes de la Cámara de Diputados para acompañar a la delegación chilena que efectuaría una visita a las ciudades de Nueva York, Filadelfia y Washington entre los días 16 y 18 de mayo de 2012. El objetivo específico de la visita era presenciar el sistema Compstat (Computer Statistics) y participar en entrevistas con los principales actores involucrados en las operaciones de ese sistema de gestión policial, todo ello con la finalidad de extraer aspectos relevantes de la experiencia para perfeccionar el sistema de análisis delictual (STAD), que busca optimizar la labor de la policía uniformada chilena mediante un método que se basa en el utilizado por su par de Nueva York y que se está implementando en la Región Metropolitana desde agosto de 2011.II. Miembros de la Delegación. La delegación estuvo compuesta, entre otras, por las siguientes autoridades: 1. El Subsecretario de Prevención del delito, señor Juan Cristóbal Lira Ibáñez, quien fue acompañado por miembros de su gabinete. 2. Los Diputados señores Pedro Browne Urrejola, Jorge Burgos Varela, y señora María Angélica Cristi. 3. Coronel Héctor Estrada Castro, Jefe de Operaciones Zona Antofagasta. 4. Tte. Coronel Enrique Bassaletti Riess, Jefe del Departamento de Análisis Criminal. 5, Coronel Álvaro Fuenzalida Maturana, Jefe de Informaciones de Zona Metropolitana. Se unió a la delegación en Washington el Coronel Ricardo Solar Roberts, agregado de Carabineros de Chile en Embajada de Chile en Estados Unidos. 6. Mayor Mauricio Aguayo Cádiz, Comisario 311 Comisaría de San Ramón. 7. Mayor Humberto Urrejola Ortiz, Comisario 451 Comisaría de Cerro Navia. 8. Mayor Andrés Troncoso Inalef, Comisario 251 Comisaría de Maipú. 9. Mayor Luis Soto Barrientos, Comisario 171 Comisaría de Las Condes. 10. Mayor Cristián Mardones Martínez, Comisario 41 Comisaría Central. 11. Mayor Carlos Adones Bocaz, Comisario 31 Comisaría de Alto Hospicio. 12. Mayor Juan Pezoa Ponce, Comisario 31 Comisaría de Valparaíso Norte. 13. Mayor John Cornejo Varela, Comisario 41 Comisaría de Lomas Verdes. 14. Mayor Manuel Contreras Jara, Comisario 31 Comisaría de Maullín.III. Programa. El programa de la visita efectuada por la delegación, incluyó las siguientes actividades: 1. Visita al Departamento de Policía de Nueva York. Información sobre Compstat y sistema de información. 2. Visita a las Oficinas Centrales del departamento de Policía de Filadelfia. 3. Reunión Compstat de la policía de Filadelfia 4. Presentación del Comando Central y Radio de la Policía de Filadelfia 5. Presentación sobre desafíos de orden público del departamento de policía de Filadelfia. 6. Reunión con el Comisario de Policía Charles Ramsey, en Filadelfia. 7. Visita a la Policía del Metro de Washington. 8. Reunión informativa Compstat. 9. Reunión con el embalador de Chile en Estados Unidos, señor Felipe Bulnes 10. Reunión con el Director del Departamento de Justicia de Estados Unidos, COPS señor Bernard Melekian.IV. Visita al Departamento de Policía de Nueva York. El recorrido de la delegación comenzó en la ciudad de Nueva York, un destino muy importante considerando que es una de las policías más prestigiosas en el mundo debido a la implementación del conocido plan de “Tolerancia Cero”. En. Nueva York la delegación fue recibida por el Segundo Comisionado señor Rafael Pineiro, e invitada al Cuartel General de la Policía, donde se informó que la filosofía de este cuerpo se basa en la profunda integración del cuerpo con la comunidad. En el Cuartel General existe una sala de control de emergencias, equipada con modernas pantallas que dan cuenta de todo lo que pasa en la ciudad, ya que muestran la información recabada por medio de 4000 cámaras de seguridad. Este sistema de televigilancia no tiene por finalidad captar situaciones delictuales cotidianas, como robo o hurtos, sino que está dedicada a materias importantes de seguridad y prevención del terrorismo. Este Departamento implementó recientemente el “Real Time Crime Center”, un sistema computarizado en el que se reune toda la información de seguridad de los diversos organismos de Nueva York. Esta información que es de la más diversa naturaleza, es procesada por un grupo de personas y va desde fotos borrosas hasta apodos de personas ligadas al crimen, lo que representa una herramienta muy útil para la identificación y localización de sospechosos de delitos. En lo que se refiere a otros recursos disponibles, se informó que cuentan con ocho mil autos policiales, más de 20 lanchas y ocho helicópteros. Asimismo, la policía opera con furgones equipados con laptops, telefonía, impresoras y radios, en los que los investigadores pueden subir al sistema de búsqueda, de manera inmediata, los datos recopilados durante el caso. En cuanto a número de policías, la situación de Nueva York es excepcional, ya que tienen 35 mil efectivos, lo que los coloca en el primer lugar entre los estados con mayor dotación en sus calles. Los sueldos de los miembros de la policía van desde los 35 mil dólares al año.V. Visita al Departamento de Policía de Filadelfia En Filadelfia, la delegación fue recibida por el Comisionado de la Policiaseñor Charles H. Ramsey, a quien le ha correspondido dirigir un proceso de acercamiento de los policías con la comunidad. La dotación de policía en esta ciudad alcanza los 7.500 policías, que cuentan con un presupuesto de casi 600 millones de dólares. A diferencia de lo que se pudo observar en la visita al Departamento de Policía de Nueva York; en Filadelfia la estrategia policial no se basa fundamentalmente en el uso de la tecnología, sino en el concepto de la aproximación no agresiva. En caso de que los manifestantes alteren el orden público o amenacen la propiedad privada lo primero es cortar el tráfico. Si los incidentes continúan, la policía debe dar tres advertencias, que serán grabadas por los mismos policías. Si al cabo de las tres no hay respuesta, los manifestantes serán arrestados. Paralelamente a lo indicado, en Filadelfia maltratar a un policía constituye una felonía, que es uno de los crímenes más graves en la legislación estadounidense.VI. Visita al Departamento de Policía de Baltimore En la visita al Departamento de Policía de Baltimore, se pone en evidencia que la estrategia policial se basa en la instalación de gran número de cámaras de vigilancia, las cuales se emplazan en prácticamente cada esquina de la ciudad. Este programa, que se denomina Citywatch, controla 542 cámaras con el objetivo de detener un crimen antes de que se produzca. En Baltimore hay 400 homicidios cada año, la mayoría ocasionados por el narcotráfico. Gracias a este sistema, Baltimore pasó en diez años de ser la más peligrosa de Estados Unidos al lugar número 11. Las cámaras almacenan el material por 28 días y están conectadas a los celulares de los patrulleros para que se acerquen inmediatamente al lugar. Así ha bajado casi un 25% la delincuencia, pese a que los crímenes con violencia siguen siendo frecuentes.VII. Visita al Departamento de Policía de Washington En la visita a! Departamento de Policía de Washington, se informa a la delegación que el énfasis de la estrategia policial se encuentra, al igual que en casos anteriores, en la prevención del delito. La policía rastrea constantemente a los reincidentes y a los criminales de alto impacto mediante un trabajo de inteligencia en conjunto con agencias externas y otras entidades. En el contexto de la prevención del delito, se trabaja identificando a los menores en riesgo social, para evitar que se transformen en delincuentes en el futuro.VIII. Sistema Táctico de Análisis del Delito (STAD) El sistema que se está implementando en la Región Metropolitana desde agosto de 2011 como continuación del programa AGEOP y que consiste en reuniones programadas entre jefes de unidades de Carabineros y sus superiores para realizar profundas revisiones a los patrones delictuales. En las reuniones, se discuten tácticas para atacar el crimen, apoyados por mapas, tablas comparativas y gráficos de delitos. Además, se analiza el uso de los recursos policiales, con el fin de mejorar procesos. Además de las unidades operativas, se incluyeron a las investigativas, como el 0S7, el 0S9 y el SEBV. En la medida que las reuniones muestren resultados, y Carabineros lo considere útil, se sumaría a la PDI, la Fiscalía y otras autoridades del Estado.IX. Comentarios finales. Al finalizar este informe, resulta oportuno manifestar que la visita efectuada por la delegación chilena a las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington se puede calificar como positiva e interesante. Es muy importante que los involucrados en temas de seguridad pública hayamos tenido contacto directo con uno de los sistemas más prestigiosos en la materia, para evaluar sus fortalezas y conocer cuáles son los requisitos y condiciones necesarios para implementarlo. De acuerdo con lo manifestado por los representantes de Carabineros de Chile que conformaron la delegación, la visita fue tremendamente favorable para entender cómo operan en terreno las políticas de seguridad pública en cada una de las cuatro ciudades que fueron visitadas. Destacándose la cantidad de recursos humanos y materiales con que cuentan las distintas policías en los distintos Estados. A lo largo de los recorridos por los distintos departamentos de policía y a través de lo planteado por las autoridades locales que recibieron a la delegación chilena, se pudo constatar que el STAD ha sido bien instalado en nuestro país, se encuentra en sintonía con los programas que siguen las policías más prestigiosas del mundo y, por lo tanto, esperamos que continúen creando un impacto positivo en la preservación de la seguridad pública en nuestro país. Las diferentes policías que visitamos destacaron que la experiencia norteamericana, está centrada más allá de los recursos humanos y técnicos, en una interacción semanal de rendición de cuentas, de los encargados de áreas geográficas (comisarías) con el mando policial respectivo. Ello sin duda, constituye una muy buena práctica, para el conocimiento actualizado de lo que está ocurriendo y de esta manera poder confrontarlo con la mayor eficiencia y rapidez posible. (Fdo.): MARÍA ANGÉLICA CRISTI, Diputada de la República; JORGE BURGOS, Diputado de la República”.9. Moción del diputado señor Rivas. Establece sanción para el incumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 20.243, sobre derechos morales y patrimoniales de intérprete de ejecución artística audiovisual. (boletín N° 8365-24) “La ley 17.336 protege la propiedad intelectual, estableciendo una serie de sanciones a quienes violen sus disposiciones. Así mismo, la ley 20.243 dispone, en referencia a la ley antes dicha, que los intérpretes de una ejecución artística audiovisual tendrán derecho a cobrar un importe económico a quien comunique públicamente, radiodifunda, ponga a disposición, arriende o utilice directamente y con fines de lucro su trabajo grabado, por medio análogo o digital. Sin embargo, la reticencia de ciertos canales de televisión a dar cumplimiento a estas normativas y de la que hemos sido testigos en el último tiempo nos hace, en efecto, percatarnos de que existe una falencia en nuestra normativa. Si bien la ley 20.243 está bien intencionada y encaminada, las sanciones, se diría, son inexistentes. Por dicha causa, los canales de televisión se sienten impunes a la hora de vulnerar los derechos que establece la ley 20.243. Es por ello que se propone la incorporación de sanciones expresas para la defensa de este caso, por la vía de modificar las leyes en comento. Por tanto, en virtud de los fundamentos expuestos, vengo e proponer a este Honorable Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley:PROYECTO DE LEY: Artículo 1°: Agréguese el siguiente inciso segundo al artículo 1° de la Ley 20.243 sobre Derechos Morales y Patrimoniales de Intérpretes de Ejecución Artística Audiovisual: “En especial, será aplicable lo dispuesto en la ley 17.336 en lo referente a la sanción por la contravención a lo dispuesto en la presente ley.” Artículo 2°: Agréguese la siguiente letra “f al artículo 78 de la Ley 17.336, sobre Propiedad Intelectual: “f) Los que de cualquier forma contravinieren lo dispuesto en la ley 20.243, sobre Derechos Morales y Patrimoniales de Intérpretes de Ejecución Artística Audiovisual. En tal caso, la multa será siempre de 100 U.T.M.”10. Moción de los señores diputados Moreira, Ascencio, De Urresti, Edwards, Farías, Gutiérrez, don Hugo; Ojeda, Rosales y Salaberry, y la diputada señora Vidal, doña Ximena. Concede la nacionalidad por gracia al músico Daniel Lencina D’Andrea. (boletín N° 8368-17) “Nuestra Constitución Política establece en su artículo 10 N' 5 que serán chilenos, los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. A través de esta disposición nuestro orden jurídico consagra explícitamente que extranjeros, pueden alcanzar la nacionalidad chilena a partir de los altos servicios o aportes de éstos al país y a la sociedad. Lo anterior se establece, como una forma de reconocer a estas personas sus esfuerzos sinceros por hacer de Chile una nación más grande, ofreciendo sus virtudes y aptitudes al servicio de la sociedad chilena en los más diversos ámbitos del quehacer nacional, y en tal sentido es precisamente la población quienes a través de sus representantes y a través de la ley como instrumento legislativo conceden este reconocimiento a tan ilustres personalidades. Es así como la nacionalización por gracia, más allá de las fundamentaciones jurídicas, constituye un reconocimiento que distingue a extranjeros ilustres que han efectuado un aporte significativo al progreso del país en ámbitos como el. científico, artístico, deportivo y cultural. Que en virtud de la presente iniciativa legal, los firmantes manifestamos nuestro reconocimiento al notable músico don Daniel Lencina, nacido en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay, el 17 de julio de 1938. De esposa e hijos chilenos, Lencina se ha destacado como uno de los Trompetistas más afamados de la escena nacional, con una dilatada y fructífera carrera de más de 30 años, inscribiendo su nombre como uno de los maestros más notables. Daniel Lencina es uno de los íconos de la música americana. Con una extensa carrera que abarca actuaciones en casi toda América, en E Lados Unidos y Puerto Rico, y por supuesto en Chile, país que le brinda todo su cariño. Programas corno Tiempo de Swing y El Teléfono Musical, ambos de los setenta, y 22 años como rostro de Sábados Gigantes y por supuesto del Canal 13 avalan una trayectoria de éxitos. Ha participado en prácticamente todos los estelares de tos canales más importantes del país, combinando sus apariciones televisivas con viajes a innumerables actuaciones en conciertos de Jazz en Argentina, Paraguay, Perú y demás países. Hoy en día mantiene sus condiciones de maestro de la música americana y realiza eventos con su grupo, que confirman la vigencia en el tiempo de este extraordinario trompetista. Se trata de un músico multifacético, incursionando en ámbitos como la televisión y la radio, compartiendo escena con destacados artistas chilenos inscribiendo su nombre en nuestra historia como una de las figuras más importantes de la música americana, con una carrera desarrollada en casi toda América y evidentemente en Chile, país que lo acoge y adopta como un hijo más. El señor Lencina se merece, después de todos estos años, un reconocimiento por su dilatada trayectoria, su compromiso con la música y su identificación con nuestro país, concediéndosele la nacionalidad por gracia como una manera en que nuestro país agradece a quienes, adoptando de manera afectiva importantes lazos con Chile, entregan con su trabajo, satisfacción a todo los chilenos. Que, en sus casi 40 años de avecindamiento en nuestro país, se ha transformado, con su música en un miembro destacado de nuestra sociedad, participando no solo en programas de TV y estelares, sino que en eventos de beneficencia, TELETON y campañas solidarias organizadas en el país, lo que ha conformado a lo largo de su vida, su compromiso con nuestro país y con quienes más lo necesitan.PROYECTO DE LEY Artículo Único: “Concédase la Gracia especial de nacionalización por ley al músico Daniel Lencina D’Andrea”.11. Moción de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla; Hoffmann, doña María José; Sabat, doña Marcela y Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Becker, Browne, Harboe, Kort, Sauerbaum y Walker. Modifica la ley N°17.301 y decreto ley N° 2.063, con el objeto de fortalecer el rol fiscalizador de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. (boletín N° 8370-18)FUNDAMENTOS: La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) es una institución del Estado de Chile creada en 1970 por la Ley N° 17.301, como un estamento autónomo vinculado al Ministerio de Educación y cuyo fin es atender la educación inicial del país.Tiene presencia en todo el territorio nacional, incluyendo la Antártica y los territorios insulares. Su estructura está organizada por un nivel central y por Direcciones Regionales que tienen como labor cumplir los planes, programas, políticas y metas de la institución, a través de la coordinación de su quehacer con las autoridades regionales, provinciales y comunales. Según la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, esta se encuentra facultada para fiscalizar Jardines Infantiles de acuerdo a las pautas elaboradas por la Unidad de Fiscalización de la propia institución, y con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa que regula la materia. Los jardines infantiles pueden ser de 3 tipos: Institucionales o clásicos, VTF (jardines vía transferencia de fondos) o particulares. En cuanto a las facultades de fiscalización y sanción, estas se encuentran nítidas respecto de Jardines Institucionales y VTF al tenor de lo dispuesto en ¡a ley o por los convenios suscritos respectivamente. En efecto, tratándose de estos, la Junta Nacional del Jardines Infantiles puede supervigilar el cumplimiento del los criterios técnicos y estructurales para el adecuado funcionamiento de los mismos. Las principales carencias en materia de fiscalización, se presentan respecto de Jardines Infantiles y salas de cunas. Ahora, muchos de estos establecimientos presten servicios a empleadores en virtud de lo dispuesto en el artículo 203 del Código del Trabajo, quienes deben celebrar un convenio con ellos. Requisito para lo anterior; es que la sala de cuna se encuentre empadronada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Para su empadronamiento, los establecimientos deben cumplir con las exigencias legales y reglamentarias de carácter sectorial. Por consiguiente, la facultad de sancionar de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se manifiesta en la posibilidad de mantener vigente o revocar la resolución que otorga el empadronamiento. -Sin embargo, el problema se agudiza tratándose de jardines infantiles privados o salas de cuna sin empadronamiento, ya que eventualmente Podrían ser fiscalizadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles bajo el supuesto de verificar la observancia de los criterios técnicos y de infraestructura. No obstante, en ese punto se hacen insuficientes las competencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, toda vez que luego de fiscalizar estos establecimientos, carecen de toda facultad sancionatoria o al menos de medios coercitivos para obtener cumplimiento o ejecución de una sanción. Con el fin de superar esta situación, la presente moción busca dar solución a esta carencia de medios para tiene la Junta Nacional de Jardines Infantiles para el cumplimiento de sus funciones, esto es, ir en ayuda del desarrollo de las capacidades, habilidades y aptitudes de los párvulos de nuestro país; fiscalizando y sancionando para ello en la medida que no se cumplan con la normativa vigente en el ámbito de la educación inicial. Para ello, se modifican 2 cuerpos legales: la Ley N° 17.301, que Crea la Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, y el Decreto Ley 2.063, sobre Rentas Municipales. El primero de ellos se modifica con el objeto de salvar la remisión a una norma derogada. En efecto, hasta el día de hoy el artículo 1° de la ley 17.301 hace referencia a la ley 18.962, que si bien no ha sido derogada expresamente, fue objeto de un texto refundido posterior que la derogaría orgánicamente en lo referente a los requisitos que deben cumplir los establecimientos que imparten educación parvulario. De esta forma, se modifica la referencia, ahora al artículo 46 de la Ley 20.370, que contiene los requisitos para el reconocimiento oficial del Ministerio del Educación respecto de establecimientos de educación 1 parvulario, básica y media. Por otra parte, se modifica la Ley de Rentas Municipales, incorporando un nuevo artículo que exigirá la autorización o certificación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para que los establecimientos que impartan únicamente educación parvularia puedan obtener la patente municipal. Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente:PROYECTO DE LEY: Artículo primero.- Modificase Ley N° 17.301, qué Crea la Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, reemplazando el inciso 2° del artículo primero por el siguiente: “La Junta Nacional de Jardines Infantiles certificara el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 46 de la Ley 20.370, y en el evento de verificarse alguna inobservancia, remitirá a la brevedad los antecedentes a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación respectiva a fin de iniciar los procedimientos y aplicar las sanciones dispuestas en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.” Artículo segundo.- Modificase el Decreto Ley 2.063, Obre Rentas Municipales, reemplazando el artículo 26 bis por el siguiente, y pasando el actual a ser 26 ter: “Artículo 26 bis: Tratándose de establecimientos que impartan únicamente enseñanza parvulario, deberán contar con la autorización para funcionar de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, sin la cual no podrá obtener la patente municipal.”12. Moción de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla y Sabat, doña Marcela, y de los diputados señores Accorsi, Becker, Harboe, Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo; Sabag, Sauerbaum y Velásquez. Modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, disponiendo medidas para su fiscalización y la obligación de denuncia de los sujetos que indica. (boletín N° 8371-06)Fundamentos: En Chile, la población que sufre algún nivel de discapacidad se estima en más de 2 millones y medio de personas. La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial u orgánica, congénita o adquirida, en cualquiera de sus grados. En otros términos, en nuestro país, al menos uno de cada tres hogares tiene algún miembro con algún grado de discapacidad. -En 1994 se aprobó la Ley N°19.284, que reguló por primera vez en nuestro país los derechos de las personas con discapacidad y que disponía una serie de instrumentos para ir en su apoyo. Luego, en el año 2004 se publico el “Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile”, realizado por el Fondo Nacional de la Discapacidad en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas. En ese entonces, se calculo la población con discapacidad en un 12, 9% del total nacional. Lo anterior, junto a un incesante clamor internacional en favor de medidas que permitieran una total integración de este sector de la sociedad, derivo en la publicación de la ley 20.422, que “Establece Normas sobre igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad”, el 10 de febrero del año 2010. -La accesibilidad puede conceptualizarse como el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Para su promoción, se facilitan ciertas herramientas se entregan medios que permitan salvar los obstáculos que impone el medio, permitiendo que discapacitados accedan á las mismas oportunidades y lugares que alguien sin ningún tipo de discapacidad. -Si bien la ley 20.499 trata el tema de la accesibilidad y le dedica en su titulo cuarto un párrafo completo, aun tenemos una deuda pendiente con nuestra población discapacitada en esta materia. Existe certeza que el fenómeno de la accesibilidad es muy amplio, sin embargo la presente moción pone su acento en facilitar la fiscalización relativa al correcto uso de estacionamientos habilitados para discapacitados, disponiendo sanciones no solo para quienes los utilicen inescrupulosamente, sino también a quienes no denuncien este hecho tratándose de administradores de locales o estacionamientos señalados en la ley. -Las modificaciones propuestas son: a) Complementar la función fiscalizadora que desarrollan los municipios, con la labor de Carabineros de Chile. Esta modificación es planteada como fundamental para brindarle eficacia a la norma, atendidas las limitaciones humanas y presupuestarias de los municipios. b) Introducimos mecanismos que asoman como idóneos para fiscalizar el uso debido de los estacionamientos. Para utilizarlos, se deberá exhibir la credencial, a los dependientes o responsable del estacionamiento; o en, su defecto, colocarla en el parabrisas u otro lugar visible mientras él vehículo este haciendo uso del mismo. c) Si no se da cumplimiento a lo dispuesto en la letra anterior, es decir, no se exhibe la credencial al personal del estacionamiento o no se coloca en algún lugar que les permita certificar el correcto uso del mismo, los administradores de estos deberán denunciar dicha situación al juzgado de policía local competente dentro del plazo de siete días. Idéntica obligación tendrá el administrador del local donde existan este tipo de estacionamientos, cuando estos no este operados por una empresa externa. Quienes no den cumplimiento a esta obligación serán sancionados con multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. En el caso de vehículos fiscales o municipales, una vez recibidos los antecedentes por el juzgado de policía local, este deberá remitir los antecedentes a la autoridad que corresponda, a fin de que se instruyan los sumarios u otros procedimientos administrativos-disciplinarios que correspondan. Se fija una sanción para quienes utilicen los estacionamientos sin estar habilitados para ello, en multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de aquellas que les puedan corresponder de acuerdo a otras leyes (nos referimos principalmente a las multas en virtud de la Ley del Transito); y en caso del reincidencia adicionalmente suspensión de licencia hasta por 60 días. Excepcionalmente, se permite el uso de estos estacionamientos a mujeres en estado de. gravidez evidente o quienes solo se puedan desplazar en sillas de rueda, siempre y cuando no existan otros especialmente habilitados para ellos, o los que hubieren no esté disponibles. Por evidente nos referimos a quienes presenten un embarazo avanzado, lo que permite ser percibido por un abultamiento significativo del vientre. Asimismo, excepcionalmente podrán estos estacionamientos quienes requieran perentoriamente de una silla de ruedas para desplazarse, lo que busca eliminar a quienes solo sufren de dificultades transitorias para desplazarse. A modo meramente ejemplifi4ador, quienes sufran alguna fractura o esguince, que les permita desplazarse con muletas u otro dispositivo ortopédico diverso a silla de rueda, no caben dentro de esta excepción. Cuando algún sujeto aludiere algunas de estas excepciones, pero a juicio del administrador o encargado del estacionamiento no procediere su uso, deberá colocar los antecedentes en conocimiento del juez de policía local competente, so pena de dispuesto en la letra anterior.PROYECTO DE LEY Artículo único: Modificase la ley120.422, Establece Normas sobre igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, el n el siguiente sentido: a) Intercálese en el artículo 31, entre las expresiones “municipalidad respectiva” y “velar por el adecuado”, la frase “y a carabineros,”. b) Remplácese en el artículo 31 la expresión “con la correspondiente credencial de conformidad a lo establecido en la Ley de Transito” por “exclusivamente con la exhibición de la correspondiente credencial de conformidad a lo establecido en la ley del tránsito, y en caso contrario por la colocación de la misma en el parabrisas u otro lugar visible del vehículo, mientras se haga uso del estacionamiento!” c) Agréguense al artículo 31; los siguientes incisos 5°, 6° y final: “Lo dispuesto en el inciso anterior, será certificado por el administrador del local o estacionamiento, o sus dependientes, quienes verificada su inobservancia deberán poner los antecedentes en conocimiento del juzgado de policía local respectivo dentro de los siete días siguientes. Quienes no den cumplimiento a la obligación de denuncia establecida anteriormente, serán sancionados con multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Tratándose de vehículos fiscales o municipales, una vez recibida la denuncia por el juzgado, competente, este procederá a poner en conocimiento de dicha situación a la autoridad pertinente a fin de que se inicien los procedimientos disciplinarios que correspondan.” d) Incorporase un nuevo artículo 31 bis del siguiente tenor: “La inobservancia de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo anterior, será sancionada con multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de aquellas que; les puedan corresponder de acuerdo otras leyes; y en caso de reincidencia se aplicara además la suspensión de la licencia de conducir por un plazo de hasta sesenta días. No obstante lo anterior, tratándose de mujeres en estado de gravidez evidente o de sujetos que requieran para su traslado de silla de ruedas, se permitirá el uso de estos estacionamientos, siempre y cuando no se dispusieron de otros especialmente habilitados para ellos, o lo que existiesen se encontraren ocupados. Esta circunstancia será certificada por el encargado del local o estacionamiento.”13. Moción de los señores diputados Barros y de las diputadas señora Nogueira, doña Claudia y Muñoz, doña Adriana. Incorpora un nuevo inciso final en el artículo 66 del Código del Trabajo, estableciendo permiso para que los hombres puedan realizarse examen de próstata. (boletín N° 8372-13) “Según estudios médicos, generados permanentemente, y desde hace varias décadas, concuerdan en que los exámenes a la próstata para aquellos hombres que superan los 40 años de edad es un elemento que debe ser considerado de la máxima importancia, a objeto de prevenir la ocurrencia de enfermedades asociadas a este órgano, fundamentalmente la ocurrencia de un cáncer a esta zona del cuerpo. Bajo esta premisa se ha ido generando a nivel Médico principalmente y también a nivel de las personas una cultura tendiente a tomar conciencia de la necesidad de contar con controles exhaustivos y permanentes para este sector de nuestra sociedad, que va aumentando año a año, lo anterior como manifestación y consecuencia del constante proceso de envejecimiento que está experimentando la población de nuestro país, sobre todo en los últimos 30 años. De manera que es de toda justicia la inclusión dentro de las políticas públicas que diseñe el ejecutivo en materia de salud y en materia laboral, como también en el ámbito legislativo a través de la generación de leyes y acuerdos, normas destinadas a la prevención precoz de enfermedades asociadas a la próstata, y en especial el cáncer de próstata. Esta enfermedad ha sido definida como un tumor maligno que afecta la glándula prostática, la cual se ubicada enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga urinaria, con respecto a los síntomas del cáncer de próstata, se asegura que en la etapa inicial esta enfermedad no presenta ninguna manifestación. No obstante, cuando el cáncer se encuentra en una etapa avanzada el hombre presenta fuertes dolores corporales. Puede llegar a tener una vida sexual problemática, generando con ello una disminución ostensible en su salud y consecuencialmente en su calidad de vida. Sin embargo constituye una patología que puede ser aliviada si se detecta temprano. Desde un punto de vista estadístico la necesidad de su tratamiento temprano salta a la vista_ En efecto, en Chile mueren 1.900 hombres por esta causa al año, .es_ decir uno cada cinco horas La genética contribuye fuertemente a su aparición. Tener familiares de primer grado que lo hayan padecido ya es una señal de alerta. En ellos el chequeo debe hacerse desde los 40 años y no desde los 50, como en el resto de la población”. Para manejar este cáncer es fundamental el diagnóstico precoz. Cuando los tumores detectan en forma temprana sobre el 95% de los pacientes se cura. “Lamentablemente cuando las consultas son tardías, solo se pueden ofrecer tratamientos paliativos y la participación de un equipo multidisciplinario para su manejo. El examen debe realizarse por diversas razones, pero algunas veces se hace como parte de un examen físico anual de rutina. En los hombres, el examen se emplea para examinar la próstata y saber que consistencia tiene y si existe dolor, además se busca si existe un agrandamiento anormal u otros signos de cáncer de próstata. A partir de Los efectos que provoca la imprevisión de las personas en cuanto a su salud física luego del transcurso de cierta edad, se hace imperiosa la implementación de normativas tendientes a acentuar los controles para la prevención de este mal que afecta a miles de hambre cada año en nuestro país.Proyecto de Ley Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 66 al Código del Trabajo, norma que a continuación se indica: “En todo caso, el trabajador tendrá derecho a un día de permiso o a lo menos una vez cada año tratándose de trabajadores contratados a plazo indefinido, durante la vigencia de la relación laboral, para someterse a exámenes a la próstata en las instituciones de salud correspondientes”.14. Moción de las diputadas señoras Molina, doña Andrea y Hoffmann, doña María José, y de los diputados señores Eluchans, De Urresti, Lorenzini, Rojas, Rosales y Sandoval. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, incorporando variables medioambientales y sostenibilidad en instrumentos de planificación territorial”. (boletín N° 8374-14) “Considerandos La situación ambiental sufrida en la localidad de La Greda, en la comuna de Puchuncaví, en donde los niños de una escuela fueron afectados por la emanación de un establecimiento industrial, puso de manifiesto el conflicto ambiental que se produce dada la cercanía entre zonas habitacionales y aquéllas de carácter industrial, clasificados en la categoría de “molesto”. Si bien en el análisis de este caso en particular, se da cuenta de los cambios que determinaron la situación actual, surge la interrogante de la manera en que se podría evitar la ocurrencia de estas situaciones de conflicto. Se plantea cuales deberían ser los cambios a implementar en nuestra legislación para que se previera y evitara en el territorio, este tipo de situaciones. Por una parte, se encuentran los Planes de Prevención y Descontaminación, para abordar la situación de aquellas zonas declaradas saturadas o latentes. Sin embargo, queda en evidencia que la sola localización de estas áreas puede constituir un antecedente respecto de la posibilidad que se sucedan situaciones de incompatibilidad o riesgo para la población. Desde esta perspectiva, en el año 2010, en la modificación a la Ley General de Bases del Medio Ambiente, (Ley N° 19.300)3 entre otros cambios, se introdujo la Evaluación Ambiental Estratégica como el mecanismo para garantizar el cumplimiento de parámetros sostenibles en los instrumentos de planificación territorial. Esto implica que en la fundamentación de dichos instrumentos se deberá incorporar la dimensión medio ambiental durante su proceso de estudio y formulación, y se constituirá una carta de navegación en el uso sustentable del territorio. Actualmente, el reglamento y la metodología para la aplicación de este sistema de evaluación se encuentran en proceso de implementación, lo que debería culminar durante el mes de agosto del presente año. Si bien, dado el pronunciamiento de la Contraloría General de la República N° 78.815 que establece que desde la fecha de publicación de la Ley N° 20.417, no es obligatorio que los Instrumentos de Planificación Territorial se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sí lo es, desde esa misma fecha, el requisito de someterse a la Evaluación Ambiental Estratégica. Por esta razón y en concordancia con las facultades establecidas en la Ley N° 19.880 sobre procedimiento administrativo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dictado la “Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica de los Instrumentos de Planificación Territorial”, con el fin de establecer las condiciones en que se aplicará este procedimiento mientras se publica la metodología y reglamento correspondiente. En esta línea de análisis, queda en evidencia la necesidad de modificar la Ley General de Urbanismo y Construcción, en términos de hacer concordante los principios que ella determina para los Instrumentos de Planificación Territorial, con los nuevos conceptos que implica la modificación a la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales sobre Medio Ambiente. Es por lo anterior que venimos en proponer el siguiente:PROYECTO DE LEY: Desde dicha perspectiva se propone el siguiente proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, introduciendo las siguientes modificaciones a fin de armonizar su texto con la Ley N9 19.300: “Artículo único: Modificase el Decreto N9 45 del año 1975 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo que Aprueba Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones: 1. En el artículo 27, elimínase el punto aparte (.) y agrégase a continuación de “desarrollo socio-económico” la frase “y sustentable”. 2. Agréguense los siguientes incisos segundo y tercero nuevo en el artículo 28: “En cada uno de los instrumentos señalados en el párrafo precedente, se considerará, en su etapa de diseño, los objetivos y efectos ambientales, así como la incorporación de criterios de desarrollo sustentable en su formulación. Además, se deberán incorporar a otros órganos de la Administración del Estado, así como otros instrumentos relacionados con la formulación del plan, a fin de garantizar la actuación coordinada de las entidades públicas involucradas.En la etapa de aprobación se deberá elaborar un anteproyecto de plan, que contendrá un informe medioambiental, y remitirlo para su aprobación al Ministerio de Medio Ambiente para sus observaciones y luego sometido a consulta pública en conformidad al reglamento”. 3. Agréguese en el artículo 30, a continuación de la palabra “desarrollo” el término “sustentable.” 4. En el artículo 32, elimínase el punto aparte (.) y agregase después de la frase “de acuerdo con las políticas de desarrollo socioeconómico”, la frase “y medioambiental”. 5. Agréguese en el artículo 35 la siguiente letra d) nueva: d) Evaluación Ambiental Estratégica elaborado en conformidad a la legislación vigente. 6. En el artículo 36, reemplácese la primera coma que aparece (,) por la siguiente frase “y en cumplimiento de las regulaciones y procedimientos establecidas en la Ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente y sus reglamentos, y”. 7. En el artículo 41: a) Incorpórase en el inciso primero, a continuación de la frase “desarrollo económico y social” y antes del punto aparte, la frase “y ambiental”. b) En el inciso tercero, agréguese a continuación de la frase “Las disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación,” la frase “actividades con impacto socio ambiental”. 8. En la letra a) del artículo 42, agréguese a continuación de la frase “desarrollo industrial” la palabra “sostenibilidad” antecedida de una coma (,). 9. En el inciso primero del artículo 43 reemplácese la frase “por lo dispuesto en los incisos siguientes.”, por la siguiente “por lo dispuesto en la Ley N° 19.300 de Base del Medio Ambiente, sus reglamentos y lo dispuesto en los incisos siguientes.”. 10. En e! inciso primero del artículo 46, intercalase entre la como (,) y el vocablo “etc.” la frase “las consideraciones medioambientales,”.15. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, 5 de junio de 2012. Oficio N° 7.386 Remite sentencia.Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 5 de junio en curso en el proceso Rol N° 2067-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en la causa Rol N° 8179-2011, sobre recurso de hecho (Reforma Procesal Penal) interpuesto ante la Corte Suprema. Dios guarde a V.E. (Fdo.) RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A. S.E. ELPRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOSDON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZVALPARAÍSO”.16. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, 5 de junio de 2012. Oficio N° 7.392 Remite sentencia.Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 5 de junio de 2012, en el proceso Rol N° 1990-11-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos sobre reclamo de ilegalidad caratulados “Dirección Nacional del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia”, seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el Rol de ingreso N° 541-2011. Dios guarde a V.E. (Fdo.) RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A. S.E. ELPRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOSDON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZVALPARAÍSO”.17. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, 6 de junio de 2012. Oficio N° 7.399 Remite sentencia.Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 5 de junio de 2012, en el proceso Rol N° 2.066-11-INA, acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol N° 8642-2011, sobre recursos de apelación de protección interpuesto ante la Corte Suprema. Dios guarde a V.E. (Fdo.) RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A. S.E. ELPRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOSDON NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZVALPARAÍSO”.