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El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en tercer lugar, pido que se oficie al ministro de Desarrollo Social, de quien -entiendo- depende el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis).
Esta es la tercera vez que me voy a referir a la materia, sin que hayamos tenido respuesta de dicha institución -dirigida por alguien que no conozco- a oficios que se le han remitido desde esta Cámara, en los cuales preguntábamos sobre las políticas concretas del Estado para apoyar a padres de personas que ya no están en edad escolar, es decir, de mayores de edad, que se encuentran con algún tipo de discapacidad mental. Por eso, pido que se envíen los antecedentes a la Contraloría General de la República para que, si procede, se apliquen las sanciones correspondientes.
Adicionalmente, quiero contar lo que me hizo presente la señora Oksana Artz , de Viña del Mar, quien vivió largo tiempo en Ucrania y que, incluso, llegó a dirigir el equipo nacional de tenis de minusválidos de ese país. Ella relata que en Europa las leyes regulan la posibilidad de acceder, sin pago de tributos, exentas de IVA y con ciertas facilidades, a sillas de ruedas para las personas con discapacidad que requieren esta herramienta.
En Chile, agrega dicha señora, además de no existir esos apoyos, tampoco existen ciertas sillas de ruedas, lo que obliga a importarlas a un costo elevadísimo. Me entrega la siguiente cifra de referencia: Una silla de ruedas puede costar casi 5.500 dólares, que incluyen 865 dólares de transporte más 1.000 dólares de impuesto. Ni hablar si se tratara de equipamiento deportivo, como las sillas de ruedas que utilizan las personas minusválidas que participan en equipos de tenis.
Es decir, aquí se da cuenta de una discriminación objetiva. Aquí estamos hablando de las dificultades para enfrentar la vida desde una condición de discapacidad. Si a eso agregamos que no hay facilidades en el mercado nacional para disponer de las herramientas o elementos necesarios para desarrollar la vida con cierta normalidad y la ausencia de mecanismos de liberación de pago de tributos o de internación con ciertas facilidades e, incluso, a lo mejor, de un cierto subsidio para el transporte, francamente estamos hablando de una discriminación objetiva.
Ella me señalaba que en Chile, por ejemplo, a diferencia de lo que vio en Europa -cosa que nos consta-, ni siquiera todos los edificios públicos están acondicionados para facilitar el acceso.
Quiero hacer presente al ministro Lavín este importante antecedente que nos entrega la señora Oksana Artz , el cual remitiré a la secretaría para que, a su vez, sea hecho llegar a dicho secretario de Estado.
He dicho.
El señor OJEDA ( Presidente accidental ).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría y se adjuntará copia íntegra de su intervención para mayor claridad de lo que está solicitando.
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