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El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- La presente sesión se motivó en una presentación suscrita por 42 honorables diputados y diputadas, con el objeto de analizar la resolución de la junta extraordinaria de accionistas de la empresa periodística La Nación S. A., que confirmó la decisión de disolver y liquidar la empresa que sustentaba un diario de 95 años y en cuya propiedad participa el Estado de Chile.
A la sesión han sido citados la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei, y los ministros del Interior y de Seguridad Pública , señor Rodrigo Hinzpeter; Secretario General de Gobierno , señor Andrés Chadwick, y de Hacienda, señor Felipe Larraín.
En el tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , el pasado 24 de septiembre, sin duda alguna, será recordado como un día negro para la libertad de expresión y el pluralismo en nuestro país. Ese día, en voto dividido, la junta de accionistas del diario La Nación decidió cerrar y liquidar este casi centenario medio de comunicación. Lo más curioso es que en dicha oportunidad los representantes del Estado de Chile, propietario del 69 por ciento de las acciones tipo B, votaron a favor del cierre y término de este medio de comunicación, convirtiendo de esta manera en realidad lo manifestado en 2009 por el candidato presidencial y hoy Presidente de Chile , don Sebastián Piñera , cuando molesto por alguna publicación del diario, señaló que tenía la firme convicción de que lo mejor para Chile era cerrar el diario La Nación.
Esta afirmación del excandidato Piñera , de la cual luego pretendió retractarse, parece, a su vez, hacerse realidad en las frases del presidente del partido Renovación Nacional y senador, don Carlos Larraín , y del vocero de Gobierno aquí presente, los cuales, coincidentemente con lo señalado por el entonces candidato, manifestaron el día en que se acordó el cierre de La Nación que no es bueno que el Gobierno tenga medios de comunicación, posición que, por lo demás, ha sido respaldada por el resto de los integrantes de la actual coalición de Gobierno. Con ello, viene una vez más a confirmarse el hecho de que, para este gobierno y quienes lo integran, la mantención del pluralismo informativo y de los contenidos que entreguen los medios debe quedar estrictamente dejado en las manos del mercado, como único ente regulador de la libertad informativa.
Por lo anterior y dado el breve tempo con que cuento, en esta sesión especial debemos enfocarnos en el verdadero fin de su convocatoria, que no es otro que plantearnos frente a la reflexión de si es necesaria la existencia de este medio público de comunicación y si se justifica la decisión de los accionistas, encabezados por el Estado, de cerrar definitivamente un medio que, a pesar de haber sido utilizado en más de un oportunidad por el gobierno de turno para sus propios fines, especialmente en la época de la dictadura, ha demostrado, a través de su historia, un gran compromiso con el pluralismo y el periodismo de altura.
Quiero señalar que, en Chile, existe un sombrío panorama para la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La concentración económica, de la que habitualmente somos testigos en el sector privado -farmacias, retail y supermercados-, también se extiende al espacio de la palabra. La frase “libre competencia”, defendida con ahínco por sectores neoliberales, se ha convertido, en los hechos, en libertad para concentrar mercados, con escasas regulaciones y un abuso constante de diversos grupos económicos.
Según estimaciones de la Asociación Nacional de la Prensa, de 2009, año en que aún circulaba La Nación impresa, el 98 por ciento de los diarios nacionales pertenece a las empresas El Mercurio y al consorcio periodístico Copesa . El 2 por ciento restante correspondía al diario La Nación. Según cifras de 2003, la empresa de la familia Edwards tiene el récord adicional de controlar 18 de los 45 diarios regionales, teniendo una presencia importante en 14 grandes ciudades del país.
En el medio televisivo, la concentración asume otras formas igualmente preocupante: TVN el único medio público; en tanto, en el mundo de la radio la situación no es muy distinta. Hace algunos años el grupo español Prisa se apropió del 37 por ciento del mercado local chileno y de la mitad del mercado publicitario.
La reciente idea planteada por el Gobierno de vender o cerrar el diario La Nación no hace más que consolidar el desequilibrio existente en lo relacionado con cautelar debidamente el pluralismo informativo y la libertad de expresión, toda vez que los consorcios Copesa y El Mercurio capturan prácticamente toda la cobertura nacional de periódicos. Ambos conglomerados periodísticos -como sabemos- tienen una reconocida militancia en la Derecha política y económica del país.
Como bancada del PPD, queremos advertir la extrema gravedad que implica que el Estado se desprenda de la propiedad del diario La Nación, y el riesgo más grande aún de que la venta de sus activos beneficie a otro grupo económico. Por el contrario, somos de la opinión que este medio informativo reafirme su compromiso con el pluralismo informativo, integrando en sus contenidos la mirada de diversos grupos relevantes del país, sumando la opinión tanto de actores nacionales como regionales e incorporando, de manera preferente, a los grupos sociales más postergados.
Creemos que una figura legal similar a la de Televisión Nacional podría asegurar que este medio integre las distintas visiones ideológicas del país, de manera plural y tolerante, y con la debida rentabilidad en su gestión como empresa pública. A ello se debe añadir el financiamiento estatal que le otorgue sustentabilidad social y económica al proyecto, cimentando las bases de un medio de comunicación con compromiso explícito con el bien común y la necesidad de informar con pluralismo y veracidad.
Es imprescindible, también, que el diario La Nación siga desarrollando su estrategia digital, de manera de integrar a ese diario en las inéditas oportunidades de navegación y de acceso que permite la red virtual de internet. En nuestros días, el mundo de la web ofrece nuevas formas de pluralizar la oferta informativa orientada a la ciudadanía, permitiendo el ingreso de nuevos actores nacionales, regionales y locales.
Nos parece razonable la idea de separar el diario La Nación del Diario Oficial, en la medida en que el Estado asegure un financiamiento público adecuado para el medio informativo nacional mediante subvención, que permita consolidar un medio de comunicación comprometido con valores democráticos como el pluralismo, la diversidad, la tolerancia y la libertad de expresión; un medio de comunicación estatal que tenga independencia de los gobiernos de turno, pero con profundo compromiso con los valores superiores de nuestra democracia.
Estamos convencidos de que la prensa cumple un rol insustituible en nuestra democracia, pues junto con informar desempeña un importante rol fiscalizador de los actos públicos, transparentando la gestión de los gobiernos y otorgando elementos de juicio y opinión a la ciudadanía. Ello debe ir acompañado de una preocupación por la autonomía y la objetividad con que estos medios informan, la mayoría de las veces ligados a determinados grupos económicos y muy dependientes de las rentabilidades comerciales de los mismos.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Señora diputada , ha terminado el tiempo que le otorgó su bancada.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Termino, señor Presidente .
Con más de 80 años en manos del Estado, el diario La Nación no debe cerrarse ni enajenarse; todo lo contrario, debería dar un salto cualitativo para fortalecerlo como un medio informativo plural y objetivo, comprometido con el bien común.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , desde hace muchos, y en el contexto de una sociedad neoliberal, nos venimos preguntando si la salud es un derecho o una mercancía. Ha sido un debate largo que ha tenido lugar en el seno de la ciudadanía y, particularmente, en este Congreso Nacional. Lo mismo nos preguntamos respecto de la educación: ¿es un derecho o un bien de consumo, como sostuvo el Presidente?
Hoy, a propósito de la disolución y liquidación de la empresa periodística La Nación S.A., volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿La información es un derecho o una mercancía?
Si sostenemos que es una mercancía, lo que ha resuelto el Supremo Gobierno es lo correcto, por cuanto se trataría de un bien que se transa en el mercado y serían los particulares quienes tendrían que proveer de información a los ciudadanos. Si, por el contrario, consideramos que la información es un derecho humano, entonces todos tenemos derecho a la información, el que se expresa en dos dimensiones: derecho a informar y a ser informado.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”. Es decir, para la Declaración Universal de Derechos Humanos el derecho a la información es un derecho humano.
Por lo demás, tal Declaración la entendemos como parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico interno.
La información también contempla un valor colectivo, pues se la entiende no solo como un bien individual y elemento para la autorrealización personal, sino también como un bien público, social y colectivo. La información es un mecanismo de control de las autoridades públicas y de las autoridades particulares, cuyas decisiones recaen sobre otras personas.
Cuando hablamos de información -recordemos que se decía que la prensa era el cuarto poder- y se toma la decisión de que ese cuarto poder esté en manos solo de los privados, este cuarto poder, este contrapoder, este regulador del poder, se diluye. ¿Y quién tiene este poder? Hoy lo tiene el mercado. Esta es una de las razones por las cuales la información es fundamental para la realización y el pleno ejercicio de una democracia real, donde el poder recae en los ciudadanos informados y no solo en la elite gobernante o que controla los mercados locales.
Quienes ejercen el trabajo periodístico a través de los medios de comunicación, reciben, tácitamente, el depósito del ejercicio de este derecho humano. Por ello, una democracia que se precie de tal debe contar con un libre escenario de medios de comunicación que permitan ejercer este derecho ciudadano con la mayor libertad posible y, con ello, profundizar el ejercicio democrático.
Queda claro que la información es un derecho humano, que está garantizado por nuestros tratados internacionales y del que todos somos depositarios y que a todos nos corresponde ejercer.
¿Pero cuál es nuestra realidad? Ya algo se adelantaba. En Chile existe una excesiva concentración de medios de comunicación. La prensa escrita, con sus dos conglomerados, Copesa y El Mercurio, representa cerca del 99 por ciento de la propiedad. Las radios, aunque con mayor credibilidad en la audiencia, están en manos de unos pocos, como IberoAmericana Radio Chile, del grupo Prisa, que tiene en Chile 212 señales a lo largo del país, es decir un 30 por ciento del mercado; la Compañía Chilena de Comunicaciones, dueña de Radio Cooperativa y Universo; la familia Mosciatti, propietaria de la red de Radio Bio-Bio; los Luksic , que pretenden comprar dos señales más, para llegar a 6 emisoras, y el grupo Bezanilla , con 3 radios.
En el caso de la televisión, la señal pertenece a grandes grupos económicos, como los Luksic, dueños de Canal 13; la familia Solari , de Megavisión, o la trasnacional Turner , de Chilevisión.
Cabe preguntarse qué pasa si los intereses de la mayoría de la sociedad o de un grupo no coinciden con los intereses de quienes tienen la propiedad de los medios de comunicación y determinan sus líneas editoriales y comunicacionales. ¿Dónde circulan esas ideas? ¿Dónde queda esa libertad de expresión? ¿Dónde queda el derecho a ser informado, si estamos en manos de un mercado y de agentes privados?
Por ello, entendemos que nuestro país requiere un marco regulatorio distinto.
En el contexto descrito, ¿por qué no se debe cerrar el diario La Nación?
Primero, porque es una decisión política, que atenta contra el pluralismo y fortalece la privatización de la información. Como ya se ha dicho, no es posible la existencia de una sociedad realmente democrática sin medios de comunicación públicos e independientes. Con el cierre del diario La Nación se vulnerará, en parte, un derecho humano esencial: El derecho al acceso de la información. Además, la prensa se concentrará aún más en pocas manos. Con la existencia del monopolio de los medios de comunicación se fortalece la hegemonía de un solo discurso público, quedando el discurso alternativo totalmente invisibilizado.
Valorar el rol la prensa, en esencia, es respetar el derecho de la ciudadanía a recibir información libre de prejuicios e intereses particulares. Este derecho y valor permite la reflexión libre e informada de un país que clama credibilidad y confianza en las relaciones con sus dirigentes.
Se requiere que el diario La Nación sea público, con directorio con representación ciudadana real, integrado por los diversos actores que la componen, como estudiantes, pueblos originarios y académicos, y no se restrinja al cuoteo político binominal. Las fuerzas políticas y sociales deben dotarlo de un estatuto que de manera transparente garantice los principios y administración que lo debe regir.
Hoy, urge que el derecho a la información esté debidamente garantizado por el Estado. Hoy, con la disolución y cierre de la empresa periodística del diario La Nación se perpetra un atentado flagrante por este Gobierno al derecho esencial de libertad de información.
He dicho.
-Aplausos.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , la libertad de expresión y el pluralismo son derechos humanos. “La libertad de expresión es instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.” Estas son palabras de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En noviembre de 2010, se despidió al 60 por ciento de los 340 trabajadores que laboraban en el diario La Nación, por lo que quedaron sólo 107 personas. El área periodística contaba con 140 personas entre periodistas, fotógrafos, diagramadores, etcétera; en la actualidad, ese equipo está conformado por 28 profesionales.
Por intermedio del señor Presidente , solicito a los señores ministros y a la señora ministra que feliciten al Presidente Piñera por estar cumpliendo -¡por fin!- una promesa de campaña, cual es cerrar el diario La Nación.
Cuando el diario paso del papel a la internet, se dijo que había que ponerse al día con la tecnología y que, además, ello proveería con nueva tecnología a la página de La Nación, cosa que, evidentemente, no ocurrió.
Con todo, los visitantes de la página del diario La Nación, que ascendían a 8.807.402 en 2011, subieron a 9.937.546 en 2012; vale decir, el promedio mensual en 2012 fue de 1 millón de visitantes. ¿Eso implica que la gente no quiere leer el diario La Nación? ¿Eso implica que la gente no quiere informarse a través del diario La Nación?
Por intermedio del señor Presidente , hago notar a los señores ministros y a la señora ministra presentes la importancia que tiene la existencia de un diario pluralista, diferente, que entrega noticias que no se relacionan con la farándula, con el crimen o con la niñita que se operó no sé qué, que es lo que vende bien y figura prácticamente en todos los diarios, porque tienen que autofinanciarse. ¿Y dónde quedan los proyectos y los programas sociales? ¿Dónde quedan los problemas de verdad de la gente, que no son los relacionados con qué niña de la farándula tiene más o menos silicona? Esos no son los problemas de la gente. Esta quiere saber cómo se puede acceder a un subsidio; por qué le fue negado el subsidio a tal o cual persona; por qué la reconstrucción avanza tan lentamente; por qué persisten las colas en los hospitales, por qué el ministro del ramo lo desmiente y la Oposición sostiene que sí existen. La gente tiene derecho a conocer esos temas, que no figuran ni se difunden en los medios de comunicación masivos, que están dominados por dos grandes empresas, que tienen más del 90 por ciento de la distribución de diarios.
Se dice que el diario La Nación no se autofinancia, por lo que es necesario cerrarlo. Me pregunto por qué los organismos del Estado -y me hago una autocrítica que seguramente sacarán a colación los ministros, ya que durante nuestros gobiernos ocurrió lo mismo- no publican sus avisos en el diario La Nación. La respuesta es que se dice que el diario La Nación no se lee, razón por la cual se entrega la licitación de avisajes a otros diarios de circulación nacional. También se dice que La Nación es un diario que se regala y que no se sabe muy bien cuánta circulación tiene. Repito, ¿por qué no se le entregó al diario La Nación el avisaje estatal para mejorar su financiamiento y siguiera funcionando? Si creyéramos que la misión del Estado es comunicar a las personas los proyectos, los programas sociales y las cosas que de verdad interesan a la gente, estaríamos levantando ese medio de comunicación e intentando recuperar, también, a Televisión Nacional, con el objeto de que tenga una programación mucho más acorde con lo que corresponde a un medio público y no programas de farándula, como que sucede en la actualidad. Chile necesita una visión distinta y medios de comunicación diversos. No necesitamos diarios para hacer propaganda al gobierno de turno. Eso ocurrió con el diario La Nación no sólo durante nuestros gobiernos, sino que en gobiernos anteriores. Es posible cambiar esa visión, como ha ocurrido en otros países, como España. El Estado español cuenta con una diversidad de medios a través de los cuales transmite programas que informan y benefician a la gente. Esos medios transmiten documentales, reportajes profundos y precisos, no como los reportajes faranduleros que aparecen en nuestra televisión que llegan a dar risa, o un montón de matinales que tienen un formato similar y que informan exactamente lo mismo. Necesitamos medios de comunicación -televisión, radio y prensa- que abran una brecha importante para que la gente esté mejor informada.
Ello podría haber ocurrido con el diario La Nación. Sin embargo, lo primero que hace el Gobierno es cerrar ese medio con engaños, ya que dijo que se pasaba del papel a la internet, porque es lo que se lleva; pero ahora, en cumplimiento de la promesa presidencial, se cierra, lo que deja sorda y ciega a gran parte de la población respecto de temas que son importantes para la gente y que no figuran en otros medios de comunicación masivos.
Por lo tanto, por intermedio del señor Presidente , solicito revertir esta determinación, ya que es primordial contar con un medio estatal que llegue a todos los chilenos para garantizar nuestra democracia y para que la información llegue a todos de una manera absolutamente neutral. Es importante mantener un medio como éste. Asimismo, es necesario recuperar Televisión Nacional de Chile, a los efectos de que amplíe el espectro de su programación, deje de transmitir tanta farándula y entregue un poco más de información real.
Por eso, considero que la decisión tomada en este caso es absolutamente equivocada, retrógrada, encaminada solo a beneficiar a los grandes medios, a los grandes consorcios que hoy trabajan con la información.
Ahora, si tal determinación se llevara a cabo, debo manifestar que me preocupa la situación en que quedarán los trabajadores de la empresa, porque serán despedidos, entre ellos mujeres embarazadas y otras con fuero pre y post natal. ¿Qué va a ocurrir con esos trabajadores? ¿Se les van a respetar todos sus derechos o se negociará con ellos?
Ojalá la ministra del Trabajo nos pueda responder -eso sí, sin enojarse; yo estaré aquí para escuchar su respuesta- qué va a pasar con esos trabajadores. ¿Se les pagará lo que corresponde, sin negociar, o, por el contrario, se negociará con ellos?
Si se toma finalmente la decisión de liquidar la empresa, me gustaría que se les pague lo debido. Es importante proteger a esos trabajadores.
Esta sesión es relevante no solo por la cantidad de personas que ha ido quedando sin trabajo y las que serán despedidas a futuro, sino también por el destino que tendrán los archivos de La Nación. Son registros que contienen más de 90 años de historia de nuestro país y que hoy se encuentran botados, no sabemos bajo qué custodia, en el edificio dejado por la empresa. ¿Los va a tomar la Dibam o el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes? ¿Qué se va a hacer con esos archivos? ¿Se rematarán al mejor postor? Ojalá que no.
¿Qué sucederá con los recursos que eventualmente se reciban producto del remate que se pretende hacer de todos los equipos y demás elementos que utiliza hoy el diario? Por último, ¿qué pasará con el edificio patrimonial donde funcionaba La Nación? Esas son preguntas que nos hacemos todos los chilenos.
El día que recibimos la noticia del cierre del diario La Nación fue triste, porque la libertad de expresión empezó a encerrarse, a quedar en manos solo de dos poderosos consorcios. Aquí no hay diversidad, lo cual es la esencia de la democracia. Eso es lo que perseguimos. Ojalá que el diario La Nación pudiera seguir existiendo y mostrando diversidad, que es lo que se necesita.
Por último, pido a los ministros y al Gobierno respeto por los trabajadores aludidos; que no se negocie con ellos, sino que se les pague lo que corresponde. En suma, que se cumpla la ley como es debido, sin negociación de por medio.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente , si bien a lo mejor comparto lo planteado por algunos parlamentarios en cuanto a que existe una serie de interrogantes e inquietudes, entre otras cosas, respecto del futuro de los trabajadores, me queda una duda cuando hablan de “libertad de expresión”. Ella es uno de los derechos humanos más importantes, si los pudiéramos jerarquizar; pero también es uno de los más amenazados, en especial por los gobiernos y sectores políticos, incluso dentro de los medios de información, pues aquellos, de una u otra forma, les gustaría taparles la boca a quienes protestan, reclaman y exigen cuentas por sus actos.
Se escucha mucho hablar de libertad de expresión, de la importancia de estatizar los medios; pero esa es solo una cara de la moneda. Si analizamos la línea editorial del diario La Nación en los últimos veinte años, nos daremos cuenta de que no solo era oficialista, sino que además tenía claramente un sesgo político enorme, porque no había ninguna noticia que afectara al gobierno de turno. Así, cuando en los distintos medios de comunicación se hablaba de casos de corrupción, en La Nación se escondía; cuando nos referíamos a irregularidades, como las ocurridas en el caso MOP-GATE o en Ferrocarriles, La Nación no lo publicaba.
Entonces, si queremos garantizar la libertad de expresión, empecemos por actuar con mucha responsabilidad, porque eso significa comenzar a mirar también el lado oscuro; es decir, la existencia de la mano del Estado en los medios de comunicación. Así, en Cuba, por ejemplo, los periódicos Granma , Juventud Rebelde, Tribuna de La Habana y Sierra Maestra nunca han hablado en contra del régimen. ¿Cuándo lo han hecho? Otro ejem-
plo. ¿Cuántos medios de comunicación privados fueron clausurados en Venezuela porque hablaban en contra del régimen? Se trata de 32 estaciones de radio y dos canales de televisión que fueron cerrados por hablar distinto.
El señor DE URRESTI.- ¡Chávez ganó por once puntos!
El señor HASBÚN.- No importa. Usted tiene derecho a hablar, y yo también lo tengo. Respete el derecho a la libertad de opinión y de expresión que tenemos todos. ¿O esa es su manera de entender la libertad de expresión, diputado ?
Creo que hablar de libertad de expresión significa también respetar la diferencia de opinión. Cuando hablemos de libertad de expresión, intentemos no manipular ni tergiversar la verdad utilizándola para sacar un provecho político. Cuando se señala que la estatización de los medios es pluralismo y libertad de expresión, se está diciendo una mentira, una falacia. El mejor ejemplo lo hemos visto en Venezuela, en Cuba, en países donde se restringe la libertad, donde no existe la libertad de información, donde hay libertad solo para algunos, donde no se respeta la diferencia de opinión que tenga la gente, el pueblo.
Por lo tanto, existe una contradicción respecto de lo que que plantean algunos parlamentarios en cuanto a que la libertad de expresión o el pluralismo son sinónimo de estatización de los medios. En la práctica, la situación es totalmente distinta, ya que, sin duda, la estatización ha generado problemas mayores y, claramente, los afectados son los miles y miles de personas que piensan distinto, que quieren y tienen el derecho de comunicar sus diferencias de opinión, pero que son censurados de manera permanente por regímenes totalitarios.
Lo mejor del pluralismo es la existencia de competencia de distintos de medios de comunicación, con líneas editoriales diferentes, en los que cada uno puede expresar libremente su opinión. Lo contrario ocurre cuando el Estado impone y exige una línea editorial, en la que, obviamente, la opinión es solo de un grupo y del sector político que lo sigue.
Por lo tanto, cuando se estatizan los medios, únicamente existe censura, manipulación de la información y una falta tremenda a la libertad de expresión.
En consecuencia, la mejor forma de respetar y de permitir las libertades de expresión y de información es mediante el pluralismo y la existencia de distintos tipos de medios de comunicación, y no necesariamente con una línea editorial que se encuentre al servicio del gobierno de turno.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , después de escuchar al diputado Hasbún , pensé que me había equivocado de sesión, porque él habló de la estatización de los medios de comunicación, y entiendo que queremos analizar la privatización de un medio de comunicación. En todo caso, si no es tal, al menos tendría relación con sus activos, ya que se está disolviendo la sociedad.
Sin embargo, pareciera que en Chile tuviéramos dificultades para hablar del presente y desde nuestra realidad, porque no veo qué tiene que ver lo que sucede aquí con la situación de los medios de comunicación y la calidad pluralista o no de la información que hay en Cuba o en Venezuela. Se mencionó el Granma, diario oficialista cubano -además, no sé qué otros diarios de Venezuela-, en el sentido de que su línea editorial e información está dirigida por el Politburó del Partido Comunista, que es el que determina qué puede informar.
Al respecto señor Presidente , por su intermedio, quiero señalar al diputado señor Hasbún que en Chile las cosas no son muy diferentes, pero, en lugar de ser el Politburó del Partido Comunista el que determina qué se informa y con qué orientación, en nuestro caso toman esa decisión cuatro o cinco familias que son las dueñas del país. Por lo tanto, ese Politburó es reemplazado por los cabeza de familia de un país archiconcentrado económicamente. No obstante, en verdad se trata de una discusión bastante absurda.
Lo que debemos hacer en esta sesión es debatir sobre la mala noticia que recibimos: el cierre del diario La Nación por la vía de su disolución como sociedad. Se trata de una mala noticia, independientemente del pasado, del futuro o de las referencias a otros países, porque constituye un golpe al pluralismo informativo.
Es cierto que puede considerarse que en su trayectoria el diario La Nación no estuvo exento de errores y, en momentos determinados, puede haber equivocado el rumbo; pero llegar y disolver la sociedad para cerrar el diario es como el cuento que señala que para cambiar el agua de la bañera, esta se debe tirar con la guagua incluida. Se pudo haber buscado otra solución. El problema es que este Gobierno no tiene reales convicciones democráticas.
La concentración de los medios de comunicación es un dato que nadie puede ocultar. Al respecto, algunos periodistas de La Nación me hicieron llegar algunas cifras.
En lo que se refiere a la concentración de medios escritos, en Chile el 92 por ciento del mercado lo ocupan dos conglomerados económicos: el grupo El Mercurio, con los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda y Hoy por hoy, que controlan el 49 por ciento de ejemplares vendidos, y el grupo Copesa , con La Tercera, La Cuarta, revista Qué Pasa, Ciper y Pulso, que controlan el 43 por ciento de ejemplares vendidos.
Si el Gobierno en realidad tuviera convicción democrática y pluralista para garantizar el derecho a la entrega de información veraz a la ciudadanía, pudo haber tomado el camino de convertir La Nación en un diario público; pero no lo hizo. En vez de utilizarlo como una herramienta de equilibrio frente a la concentración, se deshace de ese diario, para permitir que la concentración galope desenfrenadamente y, desde luego, distorsione la información que reciben los chilenos. A mi juicio, lo más grave es la manera unilateral como se presentan las cosas y se fija la agenda del debate público. Solo lo que ellos permiten que aparezca será lo que la opinión pública -incluido el Congreso Nacional- discutirá en el futuro como interés de toda la ciudadanía y del país.
No basta con la letra de lo dicho en la Constitución Política, por imperfecta o mala -derechamente- que esta sea, para garantizar los derechos que están establecidos en ella. El Estado debe tomar acciones y tener instrumentos para permitir que los derechos garantizados en la Carta Fundamental se cumplan de manera efectiva.
Esto pasa en múltiples ámbitos, por ejemplo, en el sector de las pensiones. En algún momento se extinguirá el sistema de reparto que venía de nuestra historia económica y permanecerá solo el sistema de capitalización privada de las AFP, el que, como todos sabemos, lo que está haciendo es entregar pensiones por debajo del mínimo, a raíz de lo cual, al final, deben ser suplidas por el fisco. Por eso, surgirá la necesidad de crear una AFP estatal, a fin de equilibrar ese mercado y garantizar los derechos a pensión de los ciudadanos chilenos.
Con la prensa es necesario hacer lo mismo. No hay razón económica que justifique la decisión adoptada por el Gobierno. A partir de 2001, las utilidades de La Nación superaban los 2.000 millones de pesos al año, de modo que no había problemas de viabilidad económica, como algunos han argüido. Las razones son otras. Lo mismo ocurrió con la venta de las acciones de las empresas sanitarias. Estas rentaban 150 millones de dólares al año, pero las liquidaron a precio vil, por 1.500 millones de dólares, en vez de haber pedido un préstamo si necesitaban esa plata y haberlo pagado en diez u once años, sobre la base de lo que rentaban, y haberse quedado con la vaca lechera en la propiedad del fisco. ¡Pero no! Hay una razón ideológica, enfermiza, que no tiene que ver con la sociedad y la realidad económica, social, política y cultural de Chile, sino con una mirada extranjera. Por eso se preocupan de Cuba y de Venezuela, porque no ven el Chile real.
A mis amigas y amigos parlamentarios y a quienes presencian la sesión en las tribunas, les quiero decir que mucha gente se alegra porque a este Gobierno le va mal en las encuestas, dándolo por fracasado; pero esa es una visión profundamente errónea. Este es un Gobierno exitoso en sus fundamentos y en su esencia, porque es plutocrático: está para hacer más ricos a los ricos, y para disimular la cosa convierte a algunos en nuevos ricos. ¿A quién le interesa tener el gobierno y dirigir el Estado? A los sectores populares, porque es la única herramienta con la que cuentan los que padecen las injusticias y las arbitrariedades del poder, para tener justicia y cambiar la vida. A la Derecha nunca le ha interesado esto, porque ellos quieren controlar la sociedad desde la concentración y la privatización.
Costará muchísimo borrar la huella que está dejando este Gobierno en ese sendero. Ojalá que empecemos a hacerlo cuanto antes, puesto que así para las generaciones futuras será menos larga y menos dañina la nefasta obra que está realizando este Gobierno en beneficio de unos pocos, pero en perjuicio de la gran mayoría nacional.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne.
El señor BROWNE.- Señor Presidente , en los discursos de algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra hemos escuchado, en forma reiterada, que hemos recibido una mala noticia. Al respecto, no deja de llamar la atención que esa mala noticia -para algunos- se venga a escuchar y a hacer sentir hoy, en circunstancias de que hace más de tres años que se hizo el anuncio. En efecto, antes de que el Presidente Piñera llegara al Gobierno, en su campaña y dentro de su programa se proponía cerrar el diario La Nación; pero hoy algunos se sorprenden de que eso vaya a ocurrir: ¡Mira, qué sorpresa la que tenemos al frente! Simplemente, se está haciendo lo que se planteó en el programa de gobierno, pero en ese momento no hubo voz alguna que se levantara sobre esa materia. Reitero, no hubo una sola voz desde el gobierno de ese momento que se levantara para decir que eso era inaceptable. Sin embargo, hoy, con un uso completamente político, dado que estamos cercanos a una elección, se plantea esa situación.
El diario La Nación en papel dejó de existir hace mucho rato, y cuando sucedió tampoco vimos grandes alardes; pero hoy, cuando se termina la publicación en internet, nos sorprendemos profundamente.
Lo primero que se debe hacer es dar tranquilidad a los trabajadores de ese medio, porque el Gobierno ha asumido el compromiso de mantenerlos a todos en el aparato del Estado, sea en el Diario Oficial -como una alternativa- o bien en otras reparticiones. Por lo tanto, eso no es gran tema, ya que es una situación resuelta y que fue ofrecida de esa manera a los trabajadores.
Los que entendemos que el rol del Estado es subsidiario, es decir, para las actividades que el mundo privado no puede llevar adelante, sabemos que en el país existe cobertura en los roles periodístico y de información, porque tenemos diarios de todas las tendencias, medios con diferentes puntos de vista y con distintas magnitudes, tamaño y penetración en los distintos sectores. Es una realidad. Existen.
Hay una cosa que es clara. El diputado Schilling decía que no vemos el Chile real, que la Derecha no ve el Chile real. ¿Qué valoración tan tremenda tenía el diario La Nación? Tenía un tiraje de diez mil ejemplares, de los cuales tres mil iban al aparato del Estado. En suma, la gente no estaba interesada en ese diario, cuyo gran activo era su portada, la cual estaba puesta todo el día en un quiosco, a fin de hacer proselitismo político. Esa es la valoración que tenía el diario para la sociedad chilena. La gente no estaba interesada en comprarlo; esa es una realidad. Los números están a la vista.
Por otra parte, se habla de libertad de expresión, de pluralismo. ¿Es el Estado el que garantiza eso? No, necesariamente. De hecho, la demostración más clara es que en los gobiernos anteriores eso no ocurrió con el diario La Nación, porque hizo mal periodismo y muy buen proselitismo. No deja de ser llamativo que el 2009, un tercio de las portadas del diario La Nación correspondieron a temas varios, entre ellos, la Teletón, que la selección chilena ganó o perdió, que Colo Colo juega con la U el fin de semana, etcétera; otro tercio fue pro Michelle Bachelet y Eduardo Frei , o sea, pro Concertación, y el tercer tercio fue contrario a Sebastián Piñera . Pueden analizar las portadas una a una y sus titulares y pueden ver que esos son los números que entregan.
Entonces, ¿de qué pluralismo, de qué libertad de expresión estamos hablando? Lo que teníamos era un diario que entregaba, única y exclusivamente, proselitismo político. Eso, en principio, no está mal, no hay problema de que eso ocurra, y si algún privado quiere hacerlo, bienvenido sea. Sin embargo, no creo que sea rol del Estado hacer proselitismo y apoyar permanentemente al gobierno de turno con cosas que no son verdaderas, con falsedades, y denostar al que estaba en la Oposición en ese entonces.
Tengo en mi mano una serie de portadas. La más llamativa es una que apareció en el diario La Nación al día siguiente de la primera vuelta electoral de 2009, en que da como ganador a Eduardo Frei . ¡Miren qué curioso! Dice que Eduardo Frei invita a crear una gran mayoría progresista, con la mano en alto, cuando él fue el gran perdedor de la primera vuelta. Asimismo, dice que la actual Oposición tenía en ese momento 55,9 por ciento de apoyo después de esa elección, lo que se demostró que era completamente falso y no tenía ningún asidero.
Por lo tanto, no sé por qué hoy existe esta sorpresa tan grande cuando se termina un diario que no cumplió un rol determinante en nuestra sociedad. Seamos claros: fue un diario que se utilizó políticamente, ya que su único rol era hacer proselitismo en favor del gobierno de turno. Hoy, cuando ese diario se publica a través de internet, este Gobierno ha tenido la capacidad de no utilizarlo, de ser objetivo y plural. La verdad es que no tiene sentido el tremendo esfuerzo llevado a cabo por parte del Estado.
También se ha dicho que era un buen negocio. No era así, porque estaba escondido detrás del Diario Oficial, que era el que le daba los números azules. Los números del diario La Nación nunca fueron azules, siempre fueron rojos, y el Diario Oficial fue el que cubrió todas sus pérdidas. Por lo tanto, ¿por qué el Estado tendría que hacerse cargo de un medio que representaba mala información, práctica de proselitismo político y que no generaba ningún tipo de interés en la opinión pública, ya que no lo compraba? Reitero, el diario no tenía un gran tiraje y, además, mes a mes generaba una mochila a causa de las pérdidas que tenía en forma permanente.
Para terminar, aquí se ha dicho que costará mucho borrar la obra de este Gobierno. Afortunadamente, será así, porque no es patrimonio de la Izquierda de nuestro país preocuparse de los trabajadores; no es patrimonio de la Izquierda de este país preocuparse de la gente más desposeída y de los sectores más vulnerables. Ha sido este Gobierno el que se ha preocupado de sacar adelante programas para ayudar a los sectores más vulnerables, extender el posnatal, de establecer un ingreso ético familiar, de eliminar el 7 por ciento de cotización de salud a los pensionados, de generar empleos y de hacer crecer el país, todo lo cual, precisamente, va en beneficio directo de los sectores más vulnerables.
Por lo tanto, tratar de vincular el cierre de La Nación con una política de Estado para perjudicar a los sectores más vulnerables y así beneficiar a los sectores más adinerados, me parece completamente absurdo y fuera de lugar.
Por eso, creo que hoy debemos dar todo nuestro apoyo a un Gobierno que está cumpliendo con su programa, no solamente con el cierre La Nación, sino con un listado bastante largo de cosas que ya están cumplidas y otras que están en camino de cumplirse, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, cuando las promesas eran solo ideas en el papel, pero en la concreción muy poco.
Por último, la bancada de Renovación Nacional entrega su apoyo al cierre del diario La Nación, porque creemos que hoy no cumple un rol importante para nuestra sociedad.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , quiero dar la bienvenida al ministro Andrés Chadwick y a la ministra señora Evelyn Matthei , y decirles que se sientan calurosamente bienvenidos en este Hemiciclo.
Como Oposición, sentimos que estas son las discusiones que, desde el punto de vista de las políticas públicas y con altura de miras, sin duda vale la pena abordar.
Podemos enfrentar esta discusión preguntándonos cuánto más Estado necesitamos en materia de salud, de servicios y, particularmente en cuanto a lo que estamos discutiendo hoy, sobre la necesidad de existencia de un medio público como es el diario La Nación.
Nos preocupan los temas laborales; nos preocupa esta discusión -en términos ideológicos, si se quiere- de lo que a nuestro juicio debe ser el rol del Estado a la hora de tener un bien jurídico, como, por ejemplo, un medio escrito. Otros países, más neoliberales y de-sarrollados si se quiere desde el punto de vista económico, tienen desde hace bastante tiempo medios públicos. Tenemos el caso americano, donde desde hace muchos años se ha consolidado, independientemente de cualquier partido político o gobierno de turno, la National Public Radio (NPR), la que, en conjunto con la PDS TV, constituyen un conglomerado multiformato, un medio público con independencia del avisaje, porque se entiende que para un país donde puede existir concentración de medios económicos es necesario tener una voz y que el Estado debe cautelarla; no digo el Gobierno, sino el Estado, en grande, en mayúscula.
También puedo hablar del ejemplo inglés, donde está el caso de la BBC, que también tiene un multiformato, con un medio escrito en papel, otro a través de internet y también televisión.
Pero me preocupa discutir sobre la mentira, es decir, esto de engañarnos un poco entre nosotros, en el sentido de que unos quieren la presencia del Estado y otros abdican absolutamente de él, entregándolo todo a los privados, como si no existiera publicidad y una campaña desarrollada por el Gobierno en materia de comunicación.
Con todo respeto, preferiría asumir una discusión en serio de por qué no tenemos un medio escrito público en las mismas condiciones que Televisión Nacional, con una nueva ley, con un directorio que entreguen garantías a todos. En suma, sobre la posibilidad de tener un medio público que asegure pluralismo y participación de ideas. El Gobierno ha adoptado la decisión de cerrar un medio escrito en el que existe una línea editorial y el cual cuento con un directorio que asume sus responsabilidades, y, a la par, cae en prácticas que hemos visto en otros países. Creo que hoy Chile se está acercando más a la Valenzuela de Chávez que a otros países. Hoy, el avisaje estatal es de 280 millones de dólares.
Hace meses, en esta Sala discutimos si era necesaria una reforma tributaria que generara entre 700 millones y 1.200 millones de dólares. Hubo posiciones encontradas respecto de esa cantidad, que, a nuestro juicio, es exigua para asumir compromisos como la educación pública o la salud.
El Ministerio y sus distintos servicios hacen todo lo contrario. Hoy, el Gobierno cierra el diario La Nación, con pocas posibilidades de reclamación por los ciudadanos, con poco control social por la discusión que tuvo el directorio y, a reglón seguido, hace exactamente lo contrario.
Aquí se dice que se prefiere que exista el rol del mercado y que actúe la pluralidad de medios. Obviamente, el Estado mira para el lado y abdica de ese rol. Pues bien, señor Presidente , por su intermedio le dijo al ministro que estamos disponibles para discutir, pero en serio, el rol que debe cumplir el Estado respecto de los medios de comunicación. Lo que no nos parece bien es que se cierre un diario como La Nación y que, a renglón seguido, se caiga en el panfleto, en el pasquín.
Tengo a la vista la portada de Chile te informa. No son diez mil los ejemplares que se están distribuyendo, sino muchos más; diría que cientos de miles -me gustaría que el ministro se refiriera a esta materia-, sin control social alguno. Se hace una distribución gratuita, casa por casa, e insertos a través de medios de comunicación escritos.
Veamos cuáles con los titulares de este medio de comunicación diverso y plural: “Reconstrucción avanza a paso firme. Más de la mitad de las 220.000 familias damnificadas ya tiene su nueva casa”. Otro titular: “Así se acabó con las listas de espera Auge. Te contamos cómo el gobierno resolvió las 380.000 garantías Auge que estaban atrasadas a marzo de 2010”. ¡Gran pluralismo, cuando tenemos incluso, resoluciones de la Contraloría en sentido radicalmente distinto.
¿Qué quiero decir con esto? Que debemos discutir en serio respecto de la necesidad de tener un medio de comunicación escrito; pero, que a los chilenos no nos tomen el pelo diciéndonos que el Estado está abdicando de su rol, pues lo que se ha estado haciendo es, precisamente, dar un paso más hacia el populismo, hacia la propaganda, hacia el pasquín, hacia el proselitismo y hacia el intervencionismo estatal.
Hablemos en serio. Esta publicación que les estoy mostrando fue entregada, hace pocos días, en plena campaña electoral. Pensé que había sido distribuida por algún candidato a concejal o a alcalde de la UDI o de la Alianza que está en campaña política; pero salta a la vista que es una publicación pagada con plata de todos los chilenos. Al parecer, La Nación ha mutado: de ser un medio de comunicación escrito, con editorial, directorio y control público, se ha convertido en miles de pasquines distribuidos en las calles y, obviamente, a nivel nacional.
El titular de este gran medio de comunicación dice: “ Presidente Piñera , ministro Mañalich ”. Le voy a entregar esta publicación al ministro para que sepa cómo opera el Gobierno en los distintos servicios y en las regiones.
Luego, esta publicación hace un avance respecto de lo que ocurre en Conchalí, y menciona al alcalde Malvoa y a la diputada Karla Rubilar , ambos de Renovación Nacional. En la página siguiente entrega información sobre el alcalde Garrido , militante de Renovación Nacional, y más adelante -uno esperaría la misma cobertura respecto de otras comunas- informa sobre el alcalde de Recoleta , si no me equivoco, de la UDI. A estas alturas, no sé porque en esa comuna hay una discusión política sobre quién es de la UDI en estos tiempos. Luego continúa con más información sobre el alcalde de Conchalí ; es decir, volvemos a la misma comuna, cuyo alcalde es militante de Renovación Nacional. Agrega: “Gestión en el municipio de Colina”, referida al alcalde Mario Olavarría , de la UDI. Por cierto, la publicación omite que en las municipalidades hay alcaldes comunistas y alcaldes independientes, del mismo modo en que también hay parlamentarios de otras bancadas o sensibilidades políticas.
Al final del día, la pregunta que me gustaría formular al ministro es: ¿cuánto estamos gastando en estos nuevos diarios La Nación que se distribuyen en forma masiva? No nos veamos la suerte entre gitanos; lo que se pretende con esto es abdicar del control ciudadano, del control del Congreso Nacional y, a nuestro juicio, renunciar a un medio de envergadura y de altos estándares. Debemos tener la posibilidad de discutir aquí sobre un nuevo medio escrito que nos dé garantías a todos. Como dije, en caso de que no lo conozca, le voy a entregar al ministro un ejemplar de este nuevo medio.
La política comunicacional de un gobierno es irrenunciable, nos pertenece a todos los chilenos. No es el nuevo “Chile Informa” lo que se está entregando; lo que queremos es un medio que rompa el duopolio que hoy ejercen, en forma sistemática y conjunta, Copesa y El Mercurio, que cubren gran parte del mercado de los medios de comunicación escritos. Es un eufemismo decir que existe diversidad de medios de comunicación. Debemos entender que el diario La Nación lleva ya 95 años de funcionamiento, y ni siquiera durante la dictadura de Pinochet fue cerrado.
Esta era la oportunidad de discutir en grande; pero siento que nos estamos farreando esta decisión, que no es más que una pasada de cuenta, una rencilla política. No es una discusión en serio sobre las políticas públicas, el rol del Estado y la verdad.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , creo que en esta discusión sobre el cierre de La Nación debemos ser muy objetivos y preguntarnos cómo se originó este diario, porque, a veces, olvidamos la historia. Por eso, es bueno recordarla e ir a los orígenes del asunto, a los cronistas y a los historiadores.
No debemos olvidar que el 14 de enero de 1917, el insigne senador de la República , don Eliodoro Yáñez Ponce de León , fundó el diario La Nación, medio de comunicación de gran influencia y circulación de la época que, lamentablemente, en 1927 le fue expoliado. El periodista Hernán Millas, en su libro Una loca historia de Chile, recuerda que el ministro de Hacienda de la época lo fue a comprar en cuatro millones de pesos. ¿Qué le dijo don Eliodoro Yáñez ? “Cuando un gobernante necesita disponer de un diario para que lo ensalce, tiene una pobre estimación de su obra y un peor concepto de la libertad de expresión.”.
La verdad es que esas palabras preclaras nos interpretan plenamente, porque no puede ser que el gobierno de turno tenga un diario. Y no lo dice solo don Eliodoro , sino también insignes personajes como don Alfonso Calderón , quien señala que el diario adquiere un feo vicio cuando es del gobierno de turno: se vuelve voz y eco del gobierno; el que esté en el mando lo hace muy bien, los elogios menudean y el maniqueísmo político comienza a mover al país; los mandatarios serán comparados con los más grandes estadistas, cosa que, muchas veces, no es verdad.
El diario La Nación era de una persona, es decir, era una empresa privada. Lamentablemente, los gobiernos de la época se lo expoliaron a don Eliodoro Yáñez , quien, además, fue expulsado del país por tratar de conservarlo. Nunca le fue devuelto y murió con ese gran dolor.
He querido recordar su historia, porque este asunto debe ser analizado en el contexto de la naturaleza jurídica del diario. La Nación era una empresa privada, que fue expropiada por el gobierno de turno y que, hasta la fecha, se había mantenido en manos de los distintos gobiernos, no del Estado. No confundamos, aquí estamos hablando del gobierno de turno, no del Estado.
Cabe señalar que, lamentablemente, en los últimos años, antes del gobierno del Presidente Piñera, este diario se había convertido en un medio de comunicación de trinchera, utilizado para denostar e injuriar, gratuita y gravemente, no solo a algunos chilenos, sino principalmente a nuestro partido. ¿Cuántas veces aparecimos en las portadas del diario que decían: “Tembló la UDI”, “La UDI me pagó”, “Novoa no está descartado”? Y aparecían nuestros senadores en las portadas. Todos los domingos, antes del gobierno del Presidente Piñera, la UDI era denostada e injuriada gravemente. El diario se fue desprestigiando, pues se convirtió en una publicación de trinchera; perdió toda credibilidad ante los chilenos.
Además, se ha dicho que el diario tenía grandes utilidades. Las verdaderas ganancias provenían del Diario Oficial, que lo financiaba. Es necesario diferenciar entre la Empresa Periodística La Nación Sociedad Anónima y el Diario Oficial. Lo que hemos sabido hoy es que el accionista mayoritario de la empresa, es decir, el fisco de Chile, ha solicitado, por diversos motivos, su disolución y liquidación, manifestando especial preocupación por La Nación, en cuanto a que espera que se encuentre una forma en que dicho diario, de larga tradición histórica y que actualmente solo tiene una versión web, se mantenga como diario independiente con otra forma societaria.
Creo que si el gobierno del Presidente Piñera ha tomado esta decisión es para que el diario La Nación vuelva a sus orígenes, para que tenga respetabilidad y prestigio entre los chilenos y para que su voz sea escuchada, porque en las condiciones en que estaba no tenía prestigio alguno, y ninguno o muy pocos chilenos lo leían.
En relación con el Diario Oficial , cabe mencionar que en la actualidad, a partir de la entrada en vigencia de la ley N° 20.492, tiene dos versiones: una en papel y otra en página web. Entendemos que esta última seguirá cumpliendo con su insustituible función, y el Estado tiene la obligación de editarla y complementar su modernización.
Ciertamente, la naturaleza de las funciones del Diario Oficial hace aconsejable que su accionista, el Estado de Chile, siga adelante con él, toda vez que cumple una función pública. Me consta la gran labor que desarrolla el Diario Oficial y el profesionalismo con que sus empleados ejercen su trabajo. Se trata de un medio fundamental para la institucionalidad del país.
Estoy seguro de que mi gobierno, el gobierno de la Alianza por Chile, va a cumplir todas las normas laborales en relación con los trabajadores de este medio. En ese sentido, me preocupa la situación de los cuarenta trabajadores del Diario Oficial en términos de que puedan mantener su fuente de trabajo, ya que conozco la forma profesional en que realizan su labor y la manera altamente eficiente en que este diario está organizado.
Preservar el Diario Oficial es una obligación no solo moral, sino que legal. Se trata del continuador del diario El Araucano. El Diario Oficial, desde 1876, cumple con la importante función de publicar las leyes, los decretos y las normas jurídicas, según lo establece el artículo 48, de la ley N° 19.880. Por eso, estimo que la decisión del Gobierno de separar el diario La Nación del Diario Oficial y de tratar de volverlo a su naturaleza y a su origen es una medida de justicia. Muy distinto es el Diario Oficial.
El hecho de que en años pasados el diario La Nación se convirtiera en un diario político, de trinchera, fue fatal; por eso cayó en el descrédito de los chilenos. Apoyaremos la decisión del cierre del diario La Nación, siempre que se cumpla con las normas laborales en relación con sus trabajadores. Ojalá el diario La Nación vuelva a manos privadas para que nuevamente tengamos otra prensa, con otro prestigio.
Con respecto al Diario Oficial, pido que se respete el derecho de los trabajadores a seguir ejerciendo funciones en ese medio de comunicación.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra al diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , se habla de respetar los derechos de los trabajadores, ¿así como se respetaron los derechos de los trabajadores cuando se privatizaron las empresas sanitarias, las eléctricas o la Casa de Moneda? Eso es una falacia. Lo que menos preocupa al sistema -digo “al sistema”, no “a este gobierno”- son las condiciones de los trabajadores chilenos. Tenemos razones, tenemos ejemplos de qué ha pasado en otras situaciones.
El cierre de La Nación constituye un grave retroceso en la configuración democrática de nuestro país. El argumento de la falta de independencia de este diario resulta impropio, toda vez que más que cerrar este importante medio de comunicación, debieron tomarse las medidas necesarias para asegurar su independencia.
El directorio del diario La Nación, digitado por el Gobierno, determinó, en votación dividida, el cierre del diario, con lo cual puso fin a los 95 años de historia de este importante medio de comunicación. De esa manera, se olvida que los medios de comunicación públicos son fundamentales para lograr equilibrios mínimos en sociedades como la nuestra, en la que existe un alto grado de concentración de la prensa, dominada por el duopolio Copesa-El Mercurio.
Junto con lo anterior, hay que ser claros: la decisión de cerrar La Nación no responde ni se justifica, de modo alguno, desde el punto de vista comercial, ya que este diario estaba generando ganancias en forma normal. Ello deja en clara evidencia que estamos frente a una decisión política del Gobierno del Presidente Piñera, que lesiona los intereses de Chile, que atenta contra la libertad de expresión y que da muestras de intolerancia.
El propio ministro Chadwick , presente en la Sala, señalaba respecto del cierre de La Nación: “No queremos tener un diario oficialista”, lo cual confirma, una vez más, que estamos frente a una decisión política. Y quiero decirlo con claridad: el cierre de La Nación perjudica el patrimonio de Chile y solo beneficia al duopolio informativo de este país: Copesa y El Mercurio, el cual, como todos sabemos, representa a la derecha económica. En otras palabras, este Gobierno nuevamente actúa favoreciendo a los amigos del Presidente y en contra del interés de todos los chilenos.
La solución no es cerrar La Nación; la solución es atacar la enfermedad. Si el Gobierno efectivamente quería resguardar la independencia de los medios de comunicación, debió haber legislado sobre la materia, debió haber presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley para garantizar la independencia y el establecimiento de las obligaciones que La Nación debía tener como servicio público informativo.
Nadie puede poner en duda que el mayor problema de los medios de comunicación públicos en Chile es que sus gobiernos corporativos están estructurados bajo criterios de representación partidaria, partiendo por la designación del presidente del directorio y el clásico cuoteo político de directores. Pero la solución no era el cierre, sino regular y garantizar la independencia.
Lo que me preocupa, después de ver este accionar prepotente del Gobierno con respecto al diario La Nación, es lo que podría pasar con Televisión Nacional en un corto plazo, más aun ahora que este Gobierno ha manifestado su intención de avanzar en una ley corta que simplemente iguala esta estación a los canales comerciales, manteniendo un gobierno corporativo -es el reflejo de los temores propios de la transición a la democracia- basado en cuoteos políticos, lo que ha propiciado la instrumentalización política de este medio por el gobierno de turno.
El Gobierno del señor Piñera criticaba el uso de La Nación por parte de la Concertación, fundando en ello su decisión de cerrar dicho medio de comunicación. Pero es este Gobierno el que incurre en esta misma falta respecto de la televisión pública.
¿Cuál será el próximo paso?
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente , una vez más convocados a una sesión especial, escuchamos intervenciones de parlamentarios en este Hemiciclo que dan cuenta de una visión y de una opinión ideológica, más que de un supuesto llamado a pensar si el Estado de Chile debe o no tener un medio de comunicación.
Hubo algunas intervenciones que, apartándose derechamente del llamado de esta convocatoria, que tenía que ver con la propiedad en la cual participa el Estado de Chile y el resguardo de los derechos de los trabajadores, merecen, al menos, un comentario breve, no para los aplausos, sino para que quede en la historia del Poder Legislativo.
Debemos analizar si la decisión de este Gobierno afecta la libertad de expresión. Las intervenciones que se realizan en esta Sala son grabadas por el canal de televisión de la Cámara de Diputados, pero también son registradas por otros canales y medios de comunicación que están atentos a esta discusión. ¿Va a afectar la libertad de expresión en Chile el cierre de un medio de estas características? ¿El chileno va a estar menos informado por el cierre de un medio de estas características?
Cuando el diputado Schilling , que lamentablemente acaba de salir, o el diputado Farías , que ya no se encuentra en la Sala, hablan de calidad de la información, de pluralismo y de convicción democrática, lo hacen de manera crítica, diciendo que conglomerados como Copesa, El Mercurio, Ibero Americana Radio Chile, Prisa y otros no tienen esas convicciones democráticas o no son parte de la calidad de la información en Chile. Es decir, esos diputados les dijeron a los periodistas que aquí nos acompañan y que están cubriendo esta sesión especial que están vendidos al poder económico y que su opinión está coartada por la propiedad de los medios de comunicación. Decir eso me parece una inmoralidad.
Un señor diputado se escandalizó y nos hizo un llamado a evitar la farándula en televisión. En verdad, le tengo un aprecio especial a ese diputado , porque gran parte de su historia televisiva la construyó en un programa de farándula. Pero eso ¿menoscaba su función como parlamentario?
Hay que tener especial cuidado esta tarde en decirles a los profesionales de las comunicaciones que están cubriendo esta sesión especial que no tienen convicción democrática.
Como fue nombrado el grupo de Chilevisión y de Canal 13, formulo la siguiente pregunta a los parlamentarios que nos citaron a esta sesión. Nicolás Eyzaguirre , director de Canal 13 , o René Cortázar , ex ministros de los gobiernos de la Concertación, ¿no tienen convicción democrática? ¿Limitan o coartan la opinión de los periodistas que laboran en esos medios? El director de Chilevisión, don Jaime de Aguirre , autor de la campaña del NO y de su himno, ¿carece de convicción democrática?
Pero afirmaron aquello en este Hemiciclo porque no toleran que hace tres años les hayamos ganado en las urnas. No toleran que la convicción democrática del Gobierno del Presidente Piñera se exprese en señalar que el Estado no tiene por qué contar con un medio de comunicación. Y se escandalizan por la venta de las sanitarias, en circunstancias de que ellos las vendieron; no nosotros. ¡Ellos las vendieron! ¿O no fue el actual senador Eduardo Frei quien vendió las sanitarias?
Pero volvamos a la sesión y sigamos analizando la calidad de la información, el pluralismo y la convicción democrática. Me parece una inmoralidad que pretendan en esta Sala, en esta sesión, decir a los periodistas, a los profesionales de las comunicaciones, que no tienen convicción democrática porque los propietarios de los medios donde prestan sus servicios les coartan su libertad de información. ¿No son ellos los que han dado a conocer en Chile situaciones que ocurren en nuestro Gobierno? No valoramos, por ejemplo, a Ciper Chile, perteneciente a un conglomerado de las comunicaciones tan grande como Copesa. ¿En ellos no hay libertad de expresión? ¿No hay calidad de la información, ni pluralismo ni convicción democrática?
Digamos las cosas como son. Que un parlamentario enrostre a periodistas chilenos, que prestan sus servicios a esos canales de televisión y a esos medios escritos, y que son profesionales decentes -el periodismo bien entendido es decente-, que no tienen libertad para informar, es una inmoralidad. Ojalá que les pidan disculpas.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , creo que estamos asistiendo a una sesión interesante, en la que se ha hecho un planteamiento doctrinario muy de fondo. Con seguridad, cuando debamos votar los proyectos de acuerdo presentados, tendremos que resolver sobre una cuestión práctica, que dice relación con una historia larga y unívoca del diario La Nación.
Cuando el primer gobierno dictatorial de don Carlos Ibáñez expropió La Nación, en 1938, la puso a disposición de todos los gobiernos sucesivos sin excepción, incluido el gobierno militar.
Siendo francos, debemos decir que este medio estaba dedicado a hacer genuflexiones y loas a los Presidentes de turno y a sus amigos -porque aquí se habló de los amigos-, y a darle duro y a denostar, a veces con métodos francamente repugnantes desde el punto de vista ético, a los adversarios del Presidente .
Esto tuvo dos puntos históricos relevantes. La llegada del famoso Volpone , de Darío Sainte Marie , quien creó una escuela de odiosidad política en Chile, y la cobertura del llamado caso Spiniak, en 2004, que culminó con la renuncia de su director de ese tiempo, don Alberto Luengo .
Entonces, no nos hagamos trampas en El Solitario, distinguidos colegas. No es correcto, no corresponde que un gobierno tenga un diario para que lo aplauda y para que perjudique sistemáticamente a sus contrarios.
Si eso no corresponde, menos corresponde que esté financiado, como un monopolio legal, con cargo a todos los chilenos. Este medio realiza sus publicaciones legales -reitero- de manera monopólica. Y lo que se pague por ahí va a financiar la actividad política del diario principal.
Si esas dos cosas no corresponden, lo que definitivamente corresponde menos es que aquello arroje una utilidad para un conjunto de accionistas privados que se benefician con un suculento cheque mensual de toda esta situación anómala y poco ética.
Me alegro de que este gobierno, mi gobierno, el gobierno del Presidente Piñera haya tomado el toro por las astas y la decisión correcta de terminar con esta anomalía que no aprueba ningún test democrático del mundo. Ese es el tema. Me parece importante dejarlo consignado en acta.
Por último, tampoco nos hagamos trampas en El Solitario en relación con lo siguiente. Aquí se está cambiando la estructura de producción del diario, pero no se está cerrando per se para que no exista más. Se ha dicho que el diario será subastado con todos sus activos, incluso con sus derechos de publicación, a fin de que cualquier conjunto de chilenos, sea de Izquierda, de Derecha, de centro o apolíticos, echen andar el diario que quieran, pero con su plata; no con la plata de todos los chilenos que pagan obligatoriamente en El Diario Oficial cada uno de los actos jurídicos que celebran.
Esto es un acto de sanidad, de saneamiento democrático, jurídico y ético de primera magnitud, y lo aplaudo en forma calurosa y entusiasta.
Por último, quiero señalar que hemos presentado un proyecto de acuerdo que, si es necesario, lo votaremos a favor, respaldando así la correcta acción de nuestro gobierno.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el ministro Secretario General de gobierno , señor Andrés Chadwick.
El señor CHADWICK ( ministro Secretario General de Gobierno ).- Señor Presidente , voy a ser lo más breve posible porque considero que el debate fue bastante interesante y, en mi calidad de ministro , estimo que ha servido para efectuar algunas clarificaciones, las que espero queden registradas en el acta de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, salvo que me haya distraído algunos segundos, creo que no he escuchado a ningún parlamentario manifestarse en contra de la liquidación de la Empresa Periodística La Nación S.A.
Considero fundamental contar con un amplio acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Gobierno para que la Empresa Periodística La Nación S.A., después de muchos años de iniciar su gestión, pase a su término.
Dicha sociedad empresarial ha sido una de las más sui géneris dentro de la administración del Estado. El 29,48 por ciento es parte de un grupo privado que, en este caso, se agrupa a través de la Sociedad Colliguay, y más del 70 por ciento es propiedad del Estado de Chile, con una particularidad: esta sociedad empresarial tiene tres activos operativos, uno de los cuales, el único que genera utilidades y es rentable, es ni más ni menos que el Diario Oficial, que muy bien conocen, pues permanentemente publica distintas actuaciones o resoluciones del fisco o de las instituciones públicas. Además, en él se publican las obligaciones y exigencias legales a particulares.
De ese monopolio legal, exigido por la ley, y obligatorio en su publicación, un tercio de sus utilidades son retribuidas a un grupo particular, a un grupo privado, a una sociedad de carácter comercial.
Estaremos todos de acuerdo en que llegó el momento de ponerle término. Creo que es una noticia tremendamente importante.
En la vida, como también en cualquier otra actividad del Estado -y los parlamentarios lo saben igual o mejor que yo-, hay cosas que suceden por efecto. Si estamos todos de acuerdo en que la Empresa Periodística La Nación S.A. debe ser liquidada, en razón de la anomalía que presenta que un diario de carácter oficial, obligado por la ley, no debía pertenecer a un grupo privado, y si también estamos de acuerdo en que el Diario Oficial es el único de los activos de esa empresa que produce utilidades, puesto que los otros dos activos: uno, una sociedad impresora denominada Puerto Madero y, la otra, una sociedad periodística denominada “Nación.cl” -la primera ya cerrada y en proceso de liquidación, y la segunda con pérdidas mensuales cuantiosas-, es fácil deducir que si quiero liquidar esa sociedad para sacar el Diario Oficial, porque privados no pueden tener participación en las utilidades, y es ese Diario Oficial el que mantiene a “Nación.cl”, creo que la respuesta es obvia e, incluso, da vergüenza explicitarla: es evidente que el diario electrónico “Nación.cl” quedó sin sustento económico para que sea viable. Dos más dos son cuatro.
Entonces, despejado ese punto -es importante que quedara claro-, cabe mencionar un segundo planteamiento, que también debe quedar muy claro, y no he escuchado que alguien dijese lo contrario. Todos están de acuerdo en que el actual diario “Nación.cl” no puede continuar en la forma y en la edición periodística que ha tenido durante los últimos años o décadas. ¿Por qué? Porque el diario La Nación, ya sea en su formato de papel hasta el 2010, o en su formato digital actual -tengo la impresión de que el juicio es compartido-, más que un diario público ha sido un diario de gobierno.
Luego de algunos años -no importa cuántos-, de parte de algunos señores diputados ha surgido un interés súbito: que el diario La Nación, que nadie ha dicho que no fuese un diario de gobierno y al servicio del gobierno, después de muchos años, coincidentemente con la pérdida del gobierno -alguien podría darle una intención política al hecho; en todo caso, no es mi caso-, tiene que pasar a ser un diario de Estado, un diario público. ¡Qué curioso! Durante cuatro gobiernos no escuché nunca decir que el diario La Nación, con o sin financiamiento, tenía que ser un diario público.
La pregunta que cabe formularse es la siguiente: ¿Existen o no fundamentos, en primer lugar, de carácter de principios periodísticos, de libertad de expresión, de libertad de información, de pluralidad y de respeto a los derechos humanos -que sí se refieren al deber de informar y de ser informados- que justifiquen que un diario pertenezca al Estado con el financiamiento de todos los chilenos? ¿Existe esa razón? ¿Alguien me podría decir que sí podría existir ese argumento -como lo he escuchado- en razón de que está concentrada la propiedad de los medios de comunicación? Plantearlo en esos términos parece una discusión de hace varias décadas o, al menos, de hace quince años.
¿La única posibilidad de existencia del diario -donde está hoy- es dentro del espectro de los diarios digitales? ¿Y qué ocurre con los diarios digitales? ¡Que el espectro para crearlos es infinito! ¡Pueden existir todos los diarios digitales que un grupo o una persona tenga la voluntad, la posibilidad o la capacidad de mantener activos! En Chile, tales diarios son múltiples y pertenecen a las más distintas propiedades y corrientes políticas y ciudadanas y a los más diversos movimientos sociales.
Entonces, en ese espectro de amplia libertad, como es el actual mundo de los medios de comunicación, ¿les vamos a pedir a todos los chilenos que pongan sus recursos para tener un diario digital más?
Señores diputados, les pido que vean en sus computadores los distintos diarios digitales que existen en internet. ¿Será necesario para el Estado y para un gobierno tener un diario digital más con los recursos de todos los chilenos? A juicio del Gobierno, no lo es. Quiero ser extraordinariamente claro en decirlo: ¡no es necesario!
Mientras dure este gobierno, no estará dispuesto a patrocinar un proyecto de ley con el propósito de crear un diario digital del Estado financiado con los recursos de todos los chilenos, porque consideramos que no es necesario y que no se justifica en virtud de ningún principio democrático ni, menos, en razón de los principios que contemplan la libertad de expresión en Chile.
Finalmente, quiero responder de manera muy simple al diputado Silber, que mejor que nadie debe conocer las leyes que aprueba. ¿No es cierto, señor diputado ? Porque si a alguien se le puede exigir el conocimiento de la ley es a un parlamentario. Entonces, los informativos que el Gobierno publica para difundir sus obras y gestiones están autorizados por usted, diputado Silber…
(Hablan varios diputados a la vez).
Le recuerdo al diputado Silber que, para pedir la palabra -también fui parlamentario-, existe el micrófono, y es conveniente utilizarlo…
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor ministro , usted debe referirse a los diputados por intermedio del señor Presidente .
El señor CHADIWICK ( ministro Secretario General de Gobierno ).- Pido disculpas a las señoras diputadas y a los señores diputados por no haberme dirigido a ustedes por intermedio del señor Presidente en esta oportunidad.
Cuando las razones escasean, a veces se pueden escuchar algunas bromas simpáticas, pero no son más que eso: bromas.
¡Cuánto me emocioné con el homenaje que hizo el diputado Schilling, quien señaló que este gobierno era extraordinariamente exitoso!
El señor SCHILLING.- ¡Para los ricos!
El señor CHADIWICK ( ministro Secretario General de Gobierno ).- Señor Presidente , por su intermedio, quiero señalar al diputado Silber, con humildad y afecto, y a los demás señores diputados, entre ellos a algunos que están un poco molestos por ciertos aspectos de forma o estilo -a quienes pido disculpas-, que lo que gasta el Gobierno en materia de información es lo que los señores diputados aprueban en la Ley de Presupuestos.
El señor SCHILLING.- ¡Devuélvannos La Nación!
El señor CHADIWICK ( ministro Secretario General de Gobierno ).- ¡La Nación no es suya!
Por intermedio del señor Presidente , quiero decir al diputado Schilling que se acostumbró a que fuera suya, pero hoy ese diario no es de ningún diputado . ¡De eso se trata!
En la Ley de Presupuestos están contemplados los recursos que aprueban los señores diputados para que este o cualquier otro gobierno difunda sus obras como corresponda, lo cual se encuentra reglamentado. Se
hace a través de cada sector y recibe la revisión y aprobación de la Contraloría General de la República. Cuando el Gobierno excede el gasto o lo utiliza en forma indebida, el contralor, como corresponde a quienes participan en el ámbito del Ejecutivo , inmediatamente hace corregir el error.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , quiero referirme a algunas expresiones algo erróneas que se han vertido en esta Sala.
Como se afirmó que nunca se había cuestionado el cierre del diario La Nación, recuerdo a todos los señores diputados y al ministro que ese cuestionamiento se realizó en esta Sala en la sesión del 2 de junio de 2010. Además, quiero destacar algo que me llama la atención.
Cuando el Presidente de la República dictó el decreto supremo N° 41, que se llevó a la práctica sin que antes hubiera toma de razón del mismo ni se hubiera publicado en el Diario Oficial, uno entiende por qué lo están cerrando. Parece que al Gobierno no le interesa ni le gusta el Diario Oficial. Por eso que dicho decreto nunca fue publicado en ese diario, no obstante lo cual ya se estaba procediendo a la liquidación y disolución de La Nación.
Quiero señalar claramente al ministro que estamos en contra de la disolución y liquidación de la sociedad periodística La Nación S.A. Todas nuestras intervenciones han sido claras y categóricas en cuanto a que nos oponemos al cierre de dicho diario. Por lo demás, tenemos absoluta claridad -creo que tenemos una lectura no compartida en cuanto a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos- de que los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado. Y si al Estado le cuesta dinero cautelar tales derechos, ese dinero debe ser pagado, de la misma forma en que el famoso Plan Frontera Norte le ha costado miles y miles de millones de pesos a los chilenos y chilenas. Sin embargo, se entiende que dicho plan, que para todo el país ha significado una verdadera vergüenza, por las licitaciones y concesiones fraudulentas, ha implicado el gasto de recursos de todos los chilenos, que fueron a parar donde no correspondía.
En consecuencia, es necesario esperar que la Contraloría General de la República tome razón de ese decreto supremo. No entiendo que se elabore un decreto supremo que disuelve y liquida una sociedad, pero del cual no se toma razón ni se publica en el Diario Oficial, y de inmediato se actúe sobre un medio de comunicación.
Lo que hoy quieren los chilenos, aunque implique un costo para el país, es que el derecho a la información sea debidamente cautelado por el Estado, porque así se garantizan los derechos humanos. Por supuesto, me queda absolutamente clara la diferencia de visión que existe entre el ministro Chadwick y quien habla respecto de los derechos humanos.
Insisto en que esos derechos deben ser garantizados por el Estado y, aunque le cueste dinero cautelarlos y garantizarlos, es su deber, y no de los privados.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber, por el tiempo restante de su bancada.
El señor SILBER.- Señor Presidente , al parecer, hay un cambio de estándar. La semana pasada agredían a garabatos a los parlamentarios; hoy los ridiculizan. Ese es el trato del Gobierno hacia autoridades que requieren respeto, valor que debemos cuidar entre todos.
Como he señalado de manera reiterada, estamos dispuestos a discutir el rol del Estado, una discusión de carga ideológica en sentido positivo, que dice relación con el rol del Estado respecto de los medios de comunicación, de la necesidad de comunicar bienes, campañas sociales, temas culturales, etcétera. Puse como ejemplo el caso de la BBC, del Reino Unido, y el de PBS, de Estados Unidos, países incluso mucho más liberales que, en ningún caso, han señalado que el Estado debe abdicar de una mínima política pública en materia de comunicaciones.
Lo que no me parece correcto es que en esta discusión se atente contra la inteligencia de quienes estamos en esta Sala y de los chilenos.
Aquí se ha afirmado que el Estado no debe invertir recursos públicos en medios de comunicación, y este Gobierno -no otro- va a gastar, entre este y el próximo año, 280 millones de dólares, pero no en publicidad, sino en propaganda, en intervencionismo de carácter electoral, en el perfilamiento de determinadas autoridades.
Hace algunas semanas, discutimos la reforma tributaria que en régimen recaudaría entre 700 y 1.200 millones de dólares. Pero un tercio de esa cantidad van a destinarse a propaganda del gobierno de turno.
Entonces, es falso cuando el señor ministro nos dice que el Gobierno no debe invertir y que el Estado hace una renuncia total en beneficio del mercado respecto de los medios de comunicación. Ese es un eufemismo que las personas informadas no estamos dispuestos a confirmar.
Aquí discutimos el avisaje de un medio como La Nación, que tiene 95 años de historia y que, con todo, hoy tiene un tiraje de 10 mil ejemplares.
El Gobierno Informa -que es una suerte de “misión cumplida” de este gobierno renovado- tiene un tiraje de alrededor de 100 mil o más ejemplares en regiones.
Entonces, la pregunta que formulamos al ministro no decía relación con si es financiable, porque obviamente, de acuerdo con este gobierno, hay mucha plata para hacer publicidad e inversión en avisaje estatal.
Por otra parte, sabemos lo que aprobamos en este Hemiciclo, pero también es necesario señalar que hemos ido a la Contraloría para decir que una cosa es la difusión de campañas sanitarias, pero otra muy distinta son las campañas “Chile Cumple” o “Misión Cumplida”, en que hay un uso abusivo del verbo “cumplir”, como ocurrió con la mentira respecto de las listas AUGE que se publicitó hace pocos meses y que la Contraloría hoy está escrutando, órgano que ya se formó cierta convicción en relación con la realidad de varios hospitales de nuestro país.
La discusión que corresponde realizar, con altura de miras, es evaluar cómo invertimos esta gran cantidad de recursos en términos que ofrezcan garantías a todos los sectores políticos, para que asumamos la necesidad del pluralismo. Necesitamos defender la idea de igualdad de condiciones, a las mayorías y a las minorías. Es cierto que la mayoría tal vez no adhiere al Gobierno y lo castiga con un 24 por ciento de apoyo en las encuestas, pero igualmente sentimos que se necesita un medio público de expresión.
Al final del día no abdicamos de lo que ocurrió. En este caso, no estamos defendiendo la constitución de la Sociedad Colliguay u otra; por el contrario, pensamos que era la oportunidad -que nos estamos farreando- de hablar de un medio público en serio, con un directorio similar al de Televisión Nacional, con el nombramiento de autoridades y una dirección editorial sujetos al escrutinio público.
Por el contrario, hoy hemos caído en una falsa discusión, lo que no le hace bien a Chile ni a los periodistas que trabajaban, hasta hace poco tiempo, en el diario La Nación.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, nos llama poderosamente la atención que solamente los directores que representan al fisco, particularmente al Gobierno, hayan decidido el cierre de este diario.
Desde un punto de vista político, hoy la prensa chilena se caracteriza principalmente por mirar hacia un solo sector. Los editoriales de la prensa muestran la cara y la visión de un sector, y el diario La Nación, durante muchos años, por lo menos miraba con cierta objetividad lo que pasaba en el país. Por cierto, tenía una visión editorial cercana al gobierno de turno, pero no me parece mal que, si tiene directores designados por el gobierno, el editorial del diario recoja sus planteamientos.
Pero llama poderosamente la atención que, avalándose en temas de orden económico, se haya cerrado un diario que representa al Estado de Chile, por un gobierno que tiene a su disposición otras formas de llegar a la opinión pública, por otros medios.
Al final de cuentas, el Estado, a través de un gobierno ocasional, que está en el poder durante cuatro años, toma decisiones sin pensar en el Estado, sino en su propia política comunicacional.
Creemos que ese es un error enorme, profundo, porque afecta la posibilidad de divulgar en forma amplia las políticas públicas, con un instrumento que el Estado se dio desde siempre. Primero, pusieron fin a la edición impresa del diario, y hoy se quiere terminar de liquidar a un diario que es de propiedad de todos los chilenos. Me parece una política equivocada. En esa lógica, cualquier gobierno, en cualquier minuto, incluso puede atentar contra otras empresas del Estado, como por ejemplo la Enami, puesto que ya se han escuchado voces que manifiestan su inclinación en tal sentido.
Me parece absolutamente atentatorio contra el Estado de Chile que un gobierno, en particular, tome la decisión del cierre de un medio de prensa público que entrega, por lo menos, una información distinta a la que publican los diarios privados del país, ya que todos sabemos que, en su gran mayoría, están controlados por un solo sector de opinión y no permiten una pluralidad informativa.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente , para que no sienta que está perdiendo el tiempo -como lo dijo en una oportunidad anterior-, pido a la señora ministra del Trabajo y Previsión Social que responda las consultas que formulé respecto de cuál va a ser la protección que este gobierno, y particularmente el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, entregará a los trabajadores y a las trabajadoras que serán exonerados. Me gustaría escuchar la respuesta de la señora ministra, para saber cómo se va a proteger a los trabajadores del diario La Nación.
Finalmente, espero que no ocurra lo que sucedió en la sesión pasada, en que toda la Derecha ni siquiera quiso votar a favor de los trabajadores de Supermercados Bigger.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra la ministra del Trabajo y Previsión Social.
La señora MATTHEI, doña Evelyn ( ministra del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente , por su intermedio, en primer lugar, contestaré al diputado Farías .
Hay protección absoluta a los trabajadores. Quien está liderando ese proceso es el señor Francisco Feres, que ha sido el gerente durante más de veinte años. De hecho, ya han salido muchos trabajadores, no hay ningún juicio pendiente y se ha pagado todo lo que corresponde.
En segundo lugar, el diputado Robles ha señalado que le llama la atención que sólo los directores del fisco hayan votado a favor de poner fin a esta sociedad.
Justamente, eso ha sido así porque los otros directores representan a los señores Luis Eduardo Thayer, ligado a la Democracia Cristiana; a Raimundo Valenzuela, ligado al Partido Socialista, y a Enrique Alcalde, ligado a la UDI, que conforman la Sociedad Colliguay.
No me consta, pero de acuerdo a un estudio publicado por la periodista Ximena Pérez en el diario El Mostrador, el 28 de septiembre, esas tres personas habrían recibido 3.160 millones de pesos en los últimos años. Ciertamente, ese dinero no se lo ganaron a través del diario La Nación, sino del Diario Oficial, porque, como ustedes comprenderán si leen ese artículo, en 1991 se modificaron los estatutos del diario La Nación y no tenemos bien claro cómo fue posible que tres personas privadas, mediante la compra de acciones de dicho diario, accedieron también a las utilidades del Diario Oficial. Todos sabemos que este diario es tremendamente caro y que cualquier pequeño empresario que haga cualquier cosa debe publicar en él y tendrá que pagar mucho dinero, y estoy segura de que a todos los parlamentarios no les parece adecuado que tres personas privadas estén lucrando de esa manera con el Diario Oficial.
Esa fue la razón por la cual solo los directores que representan al fisco votaron por poner fin a esa sociedad.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Cerrado el debate.
El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de acuerdo presentado.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo N° 752, de las señoras Saa, doña María Antonieta, y Muñoz, doña Adriana, y de los señores Araya, Walker, Farías, Montes, Espinosa, don Marcos; Robles, Andrade, Silber, Díaz y Schilling, que en su parte resolutiva expresa:
La Cámara de Diputados acuerda solicitar a S.E. el Presidente de la República que adopte a la brevedad las medidas y envíe un proyecto de ley al Congreso Nacional relativo al diario La Nación que contemple, al menos, las siguientes materias:
1.- Elevar su estatus jurídico de diario de gobierno a diario público, a través de la creación de un estatuto que garantice su administración independiente, plural y transparente.
2.- Que la situación jurídica y accionaria de la Empresa Periodística La Nación S.A., que avanza hacia su liquidación y disolución, no impida generar las condiciones para preservar el patrimonio de 95 años del diario La Nación y su función pública.
3.- Que la dotación de un estatuto de diario público ponga en el centro de su función el derecho de información de los ciudadanos y ciudadanas, elemento básico de las sociedades democráticas para que las personas se formen su propia opinión respecto del funcionamiento del país y sus instituciones.
4.- Que el carácter público sea dado a través de un estatuto que regule la composición de una administración plural, profesional y competente con el medio, dotándolo de independencia y autonomía para cumplir con su rol al servicio de todos los ciudadanos, sin exclusión, sin importar su procedencia o intereses.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo N° 753, de los diputados señores Letelier, Salaberry, Ward, Cardemil, Bertolino, Browne, Edwards y Barros, que en su parte resolutiva expresa:
La Cámara de Diputados acuerda:
1.- Respaldar la iniciativa del Gobierno en orden a disolver en forma anticipada la sociedad y su posterior liquidación de la Empresa Periodística La Nación S.A., la cual se ajustó a la legalidad vigente y se resguardaron debidamente los derechos de todos los actores involucrados.
2.- Que en materia de derechos laborales, los trabajadores de La Nación S.A. fueron debidamente indemnizados, muchos de ellos accedieron a planes especiales de retiro y prácticamente la totalidad ha encontrado nuevas fuentes de empleo, y respecto de los trabajadores que aún se desempeñan en la empresa, tendrán plenas garantías de que sus derechos no serán lesionados o vulnerados de cualquier forma.
3.- Que existe consenso sobre la inconveniencia de que los gobiernos tengan diarios de su propiedad. Estos ya no existen casi en ninguna parte del mundo y para este Gobierno su tarea principal será la de garantizar la libertad de prensa en sus más variados aspectos.
4.- Por último, que facilitar y procurar que la publicación web “Nación.cl” pueda permitir la mantención de fuentes de trabajo y posibilite su continuidad como medio de comunicación independiente.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/637817
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/637817/seccion/akn637817-ds1