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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
El señor BECKER (Presidente accidental).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior.
Diputada informante es la señora Alejandra Sepúlveda.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 48ª, en 3 de julio de 2012. Documentos de la Cuenta N° 2.
El señor BECKER (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada informante.
La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión Investigadora destinada a analizar el funcionamiento de la educación superior, paso a informar sobre el cometido realizado.
En sesión de 6 de julio de 2011, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud, liderada por el diputado señor Robles, de crear una Comisión Investigadora encargada de iniciar las investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la educación superior, realizar una revisión a fondo del sistema y su forma de ingreso; determinar la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria; evaluar los conflictos de interés que puedan existir; analizar el financiamiento de las universidades públicas; realizar rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el Fisco de Chile y, en general, el funcionamiento de estas; recabar información sobre todo lo que estime necesario, recibiendo para tales efectos a los estudiantes, rectores, representantes de inmobiliarias y consorcios internacionales, etcétera.
1. La Comisión Investigadora cumplió a cabalidad su mandato, a pesar de no haber podido obtener toda la información requerida, debido a que no existe, a que no se entregó o a que no hay una normativa que así lo requiera u obligue. Particularmente grave fue lo ocurrido con el Sistema de Información de la Educación Superior (SIES), que no pudo entregar la información solicitada por esta Comisión en razón de que no disponía de ella, a pesar de que la ley así lo establece.
2. La Comisión celebró 25 sesiones entre el 9 de agosto de 2011 y el 18 de junio de 2012. Recibió en audiencia a más de 70 invitados, incluyendo ministros y altos funcionarios del Estado, representantes de estamentos académicos, estudiantiles y sindicales, así como expertos independientes, entre otros.
3. La Comisión invitó a participar, en más de una oportunidad, a personeros de universidades privadas -entre otras, la Universidad de Las Américas, Santo Tomás y Universidad del Mar-, quienes -salvo una excusa- se negaron a concurrir, en tanto que sí lo hicieron a otras audiencias del Senado.
Agradezco a la Biblioteca del Congreso Nacional por su aporte en los siguientes puntos de revisión histórica.
4. El actual sistema de educación superior data de los años ochenta, cuando el régimen militar cambió el modelo institucional de educación superior hacia uno que privilegia la libertad de enseñanza, entendida como la libertad para realizar emprendimientos educativos, aunque no desde el punto de vista comercial, ya que los define sin fines de lucro. El advenimiento de la democracia no significó poner en cuestión los principios del modelo ni modificarlo sustancialmente. Este se administró, perfeccionó y consolidó con la expansión de instituciones, sedes, carreras y cobertura.
Hoy, la matrícula del sector privado supera al sector estatal y tradicional. Los principales hitos de este proceso fueron los siguientes:
a. Se autorizó la creación de universidades privadas (decreto con fuerza de ley N° 1, de 1981). Si bien los niveles de exigencia eran mínimos, debían constituirse como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro (artículo 15 del citado decreto con fuerza de ley).
b. Se establecieron tres mecanismos de financiamiento de la universidades existentes al 31 de diciembre de 1980 y de las que de ellas se derivaren: aporte fiscal directo; aporte fiscal indirecto y crédito fiscal universitario.
c. Al mismo tiempo, se autorizó y facilitó el funcionamiento formal de instituciones con estatus de educación superior, pero no universitarias. Para ello, se establecieron normas de bajas exigencias para crear institutos profesionales y centros de formación técnica. Este sector no universitario podía operar con o sin fines de lucro.
d. Para facilitar la competencia, las universidades estatales fueron desarticuladas, quedando sujetas a las normas que afectan a los organismos de Estado y a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
5. A su turno, las políticas de la Concertación tuvieron como principal motivación la ampliación de la cobertura, en particular de los estudiantes que provenían de familias de bajos ingresos socioeconómicos. Se buscó facilitar el acceso de los sectores más postergados a la educación superior; sin embargo, no se aseguraron los elementos indispensables para que este acceso fuera exitoso. Por ejemplo, las ayudas estudiantiles estaban fragmentadas, y no coincidían con los costos reales de la educación superior para los sectores más postergados de la población.
En el ámbito de la educación superior, la política central se orienta en cuatro direcciones fundamentales:
a. Otorgar la autonomía a las instituciones de educación superior que se crean, conforme al proceso denominado licenciamiento, que en la LOCE se denominaba acreditación. El Ministerio de Educación lleva el registro de las universidades reconocidas y autorizadas y facilita la operación del Consejo de Educación Superior. Asimismo, puede revocar el reconocimiento de las instituciones de educación superior que dicho Consejo le señale.
El exvicepresidente del Consejo Nacional de Educación, don Nicolás Velasco Fuentes , afirmó en la Comisión: “Certificamos una universidad con una sede y dos carreras y, al día siguiente, puede tener dieciséis sedes y dos sedes de medicina. No hay control.”.
Señaló que “si se observa la evolución de las universidades a las que el Consejo certificó la autonomía, puede constatarse que la matrícula total al año de autonomía era de 2.340 alumnos en promedio; al tercer año de autonomía, de 5.680 alumnos, y a 2010, alcanzaba a 10.981 alumnos. Asimismo, al obtener la autonomía, las universidades tenían un promedio de 14,3 carreras por institución; al tercer año, de 56,1 carreras, y a 2010, de 107 carreras.
Además, el procedimiento de acreditación no considera resultados, sino procesos, y su alto costo determina que en este momento se encuentra acreditado solo 7,2 por ciento de los programas de educación superior de Chile, o sea, 653, de 9.040 existentes.”
b. No introducir ninguna regulación obligatoria, que aumentara las exigencias de entrada.
c. Ampliar el eje de subsidio a la demanda, especialmente aquella orientada a instituciones de educación superior del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, (Cruch), a través del aumento progresivo de becas y créditos; cambio del crédito universitario por crédito solidario; ampliación del crédito a los estudiantes que pertenecían a los primeros quintiles; créditos con aval del Estado, que provenían de establecimientos subvencionados para que accedieran a cualquier institución de educación superior. Se estableció que las universidades serían elegibles en la medida en que estuvieran acreditadas, sin consignar, años mínimos de acreditación. Se le asignó a la Comisión Ingresa la función de priorizar.
d. Crear un sistema voluntario de acreditación institucional basado en: coherencia interna y no en estándares externos de calidad; conformación de pares evaluadores; integración de la Comisión por parte de representantes corporativos de las universidades que debían ser acreditadas, y existencia de agencias privadas de acreditación.
El señor Iñigo Díaz , Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, señaló que “esta desarrolla los procesos casi de manera experimental, básicamente, en lo que se refiere a la definición de criterios, normas y procedimientos y en la búsqueda de compromisos con las universidades. En diciembre de 2006 se promulgó la ley N° 20.129, que establece el sistema de aseguramiento de la calidad, crea las agencias acreditadoras privadas y el Sistema de Información de la Educación Superior (SIES). Lamentablemente esta ley ratifica la voluntariedad del sistema.”
Todo esto ha sido igualmente cuestionado, especialmente las agencias acreditadoras privadas y los pares evaluadores, por los reiterados conflictos de interés, toda vez que algunos dueños de dichas agencias eran a su vez miembros de consejos de algunas carreras de una institución que fue evaluada. Incluso, el sistema fue tildado por el doctor Velasco , que se desempeñó por más de 15 años en el Consejo Nacional de Educación, como “incestuoso”.
El rector Zolezzi, vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas , sostuvo: “El Cruch ha planteado que la acreditación, tanto de carreras como de instituciones, en materia de aseguramiento de la calidad de la educación, debe ser obligatoria y que el costo de este sistema debe ser asumido por algún ente del Estado, para evitar los conflictos de intereses. Hay que tener presente que se está cobrando del orden de los 9 a 10 millones de pesos por carrera. Una universidad que tiene 100 carreras, obviamente, tiene un conflicto grande para resolver, desde el punto de vista financiero.”.
6. Así, el Estado creó todo un conjunto de normas que permitió, incentivó y fortaleció un sistema de educación superior privado prácticamente desregulado, que, en lo medular, se expresa en el establecimiento de requisitos mínimos de constitución, más bien formales; en la ausencia de regulación respecto de la calidad de estas instituciones, en la oferta de carreras profesionales o técnicas sin fiscalización, y en la falta de un procedimiento técnicamente aceptable y transparente para determinar los aranceles cobrados y si estos reportaban lucro para las instituciones.
7. El Estado tampoco hizo uso de sus facultades fiscalizadoras, ampliamente expuestas en este informe. A la fecha, según lo informado por el ministro de Educación , la División de Educación Superior del mismo y la Comisión Nacional de Acreditación, no se ha realizado, en treinta años de lo que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, alguna fiscalización, auditoría o simple revisión, para determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones privadas, que han lucrado con ventas millonarias o bien han dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación superior a través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de investigación, que forman parte de los anexos del presente informe.
8. El Ministerio de Educación no ha ejercido sus funciones legales en relación a solicitar, entre otros, los antecedentes a las instituciones de educación superior que deben entregar para la transparencia del sistema, como respecto de los conflictos de intereses existentes y denunciados de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, de las agencias acreditadoras, de la omisión de los antecedentes de las dotaciones académicas, de sus recursos financieros, de infraestructura, de sus balances o de cuestiones relativas a publicidad engañosa, etcétera.
Cabe destacar que aún no se han dictado tres reglamentos previstos en la ley, a saber:
a) El reglamento que regula el Sistema de Información de Educación Superior;
b) El Reglamento para la implementación del comité de coordinación del sistema de aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior (IES), y
c) El reglamento de supervisión de las empresas acreditadoras.
9. Esta Comisión investigadora, una vez analizados los antecedentes y escuchado los planteamientos del Contralor General de la República, del ministro de Justicia , así como de expertos en la materia, se formó la convicción de que, conforme a la ley y normativa vigentes, es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en Chile, responsabilidad que no ha ejercido, quebrantando con ello la fe pública en el sistema de educación superior y en el Estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas.
10. De esta forma, en los años recientes, se han hecho evidentes las consecuencias del modelo y su implementación, las que se pueden sintetizar en que se ha producido, por una parte, una formidable expansión y virtual universalización de la cobertura de la educación superior, y por otra, una “gran industria”, casi totalmente desregulada, con un volumen de negocios al año 2009 del orden de 2,4 por ciento del PIB, 2,4 billones de pesos, de los cuales las familias financian 1,6 billones de pesos. Todo ello se traduce en un número creciente de jóvenes y familias endeudadas, con títulos universitarios, cuando logran terminar, de muy bajo valor en el mercado laboral, que no compensa el esfuerzo realizado. De esa forma se hipoteca la vida laboral de los jóvenes y de sus familias, que apostaron por una educación superior que respondiera a una anhelada movilidad social, lo que termina generando un sentimiento de frustración, impotencia y rabia.
11. Esto nos lleva a concluir que el Estado ha tenido y tiene una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, privilegiando el derecho a la libertad de enseñanza, entendido como la libertad de entrada a la oferta educativa por sobre el ejercicio del derecho a la educación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la Ley General de Educación.
12. A partir del cambio de legislación para la educación superior a comienzos de los años 80, las universidades del Estado han visto perder su capacidad de acción frente a las universidades privadas, que han ganado terreno a costa de la falta o carencia de regulación respecto de la calidad de la enseñanza por estas impartida, la falta de control sobre los asuntos financieros y el cumplimiento de la exigencia de impedir el lucro y, en general, de una serie de controles y normativas que hacen más difícil y compleja la operación, como el control de legalidad y de gastos ejercido por la Contraloría General de la República, el uso del portal de compras públicas, etcétera.
El señor contralor indicó: “La Contraloría vigila que las universidades públicas compren de acuerdo con las reglas de compra pública, se fiscalizan los aportes fiscales sujetos a fiscalización en el sistema de educación superior. Efectivamente, en materia de universidades estatales, la toma de razón tiene una incidencia bien profunda, porque todas las compras grandes de las universidades pasan por la Contraloría en materia de toma de razón y se revisan con bastante acuciosidad. Asimismo, se lleva un control en materia funcionaria y el dictamen es un juicio interpretativo que constituye y configura derecho aplicable para la administración y particularmente para las universidades estatales. También se revisa el sistema de remuneraciones y la forma de la constitución y pago de las asignaciones y beneficios que les corresponde otorgar de acuerdo a la ley, las declaraciones de intereses y patrimonios de las autoridades universitarias que deben cumplir la ley, las relaciones de parentesco, etcétera.”.
Las universidades públicas deben competir en condiciones muy diferentes con las universidades privadas, tanto a nivel del control que se ejerce sobre estas, como en la gestión y estructura de funcionamiento. Asimismo, las universidades públicas están impedidas de contraer endeudamiento para hacer las inversiones necesarias para su mejoramiento, expansión y desarrollo. Las universidades públicas realizan docencia, investigación y extensión, mientras que las privadas no necesariamente lo hacen, el cuerpo académico se rige por estándares de exigencia bastante altos y con niveles de dedicación también altos, cuestión que no sucede en el ámbito privado, donde tienen funciones docentes por horas y sin dedicación exclusiva, etcétera.
Gabriel Boric , presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, fue enfático en señalar: “Cuando hablamos de que el Estado, de una vez por todas, debe hacerse cargo de sus universidades, no lo decimos solo desde el panfleto o la consigna, sino que lo señalamos en base a la dura evidencia que nos entrega la realidad, porque el autofinanciamiento no solo genera endeudamiento para las familias, sino que, además, va minando algo muy preciado: la educación pública. Cuando las universidades son obligadas a autofinanciarse, se va perdiendo el espacio público que proveen, porque se ven obligadas a entrar en lógicas de mercado.”
En varias de las universidades públicas esta situación de competencia y la necesidad de generar mayores ingresos para las instituciones y para su cuerpo académico ha generado el desarrollo de entidades de distinta naturaleza jurídica, como fundaciones, corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, las que, a juicio del señor contralor, permiten la “huida del derecho administrativo” y tienen por giro ofrecer servicios profesionales, de investigación u otros.
A partir del Presupuesto de la Nación de 2012, se abre el acceso de las universidades privadas a un conjunto de recursos que antes no estaban disponibles para ellas. Hoy existe una casi total competencia.
El Estado no tiene un mandato claro para las universidades del Estado y tampoco para las universidades estatales de regiones. Más bien aparece que esas funciones las ejercen privados, con las leyes del mercado, desregulado, y con fines de lucro.
El rector de la Universidad de Santiago y presidente del Cruch , profesor Juan Manuel Zolezzi , señaló: “Uno de los más grandes desafíos que tiene que resolver el país es ponerse de acuerdo en qué queremos para la educación superior en Chile. Si solamente queremos contribuir al desarrollo económico del país, entonces necesitamos menos cosas. El país adolece en este momento de una regulación adecuada en el tema de la educación superior y que sea válida para todos, en igualdad de condiciones.”.
13. Para los efectos de analizar la contravención de la normativa legal vigente sobre la existencia de lucro en el sistema universitario, entenderemos por lucro aquel retiro de excedentes en beneficio de los creadores, organizadores o controladores de la corporación universitaria correspondiente, por alguna de las vías u otras no identificadas aún, que más adelante se mencionan.
14. De esta forma, analizados todos los antecedentes, revisadas las declaraciones y los informes tenidos a la vista por esta Comisión Investigadora, se concluye que no solo existe lucro en la educación superior, sino que, además, no funciona todo el marco normativo que regula el sistema de educación superior, en especial el referido al cabal cumplimiento del requisito establecido en la ley sobre el lucro.
15. Respecto de este punto, cabe citar las palabras del ministro de Educación , señor Felipe Bulnes , en la sesión número seis, celebrada en Valparaíso, el 12 de octubre de 2011: “... esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente alguna de las universidades no la esté burlando. Incluso, es público y notorio -algunas personas se refirieron a ello antes de que surgiera esta polémica- que las universidades representan un buen negocio, en el sentido de que -así lo entendí yo- era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”. Más adelante, continúa: “...nuestra visión es que se simplifica demasiado la discusión al creer que la posibilidad de burlar la ley se agota con las sociedades espejo...”.
16. Esta Comisión recibió antecedentes sobre los diferentes mecanismos mediante los cuales las corporaciones universitarias pueden infringir o transgredir el requisito legal de ser corporaciones educacionales sin fines de lucro, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:
Altos sueldos a miembros del directorio o ejecutivos importantes, pero sin que exista límite legal aceptado tributariamente como gasto para este desembolso; solo en el caso de las universidades se pueden pagar sueldos más altos que en las demás empresas a personas relacionadas sin sufrir consecuencias tributarias negativas.
Externalizar servicios relevantes. Por este medio, las utilidades de la universidad que no pueden retirarse, sí pueden pagarse a las empresas relacionadas (sociedades espejo), desde donde pueden retirarse o distribuirse a sus propietarios.
Las universidades están exentas del impuesto a la renta (primera categoría). No tienen razones tributarias para adquirir activos fijos relevantes que luego pueden depreciar; por lo tanto, los propietarios de las universidades pueden verse incentivados a adquirir el activo fijo mediante empresas distintas que sí pueden aprovechar la depreciación y, a la vez, ser arrendados a la universidad.
Las empresas señaladas en el número anterior, al igual que cualquier empresa, pueden asignar altos sueldos a su propietario o a ejecutivos relevantes, pero, en este caso, sus pagos se financiarían con los recursos emanados de la universidad.
El directorio de la universidad o empresa señaladas pueden incorporar familiares con el objeto de repartir un mismo ingreso eventualmente alto entre distintos contribuyentes relacionados por parentesco, disminuyendo la base imponible sujeta a tributo.
La universidad, al igual que cualquier empresa, puede vender su cartera de deudores incobrables a empresas de factoring, las que podrían estar relacionados a los fundadores de la universidad. Por lo tanto, por este medio se logra radicar la cobrabilidad de la universidad donde no tributa y la incobrabilidad en la empresa de factoring donde se puede descontar como gasto necesario para producir la renta.
Compra y venta de universidades bajo el control de grupos económicos y extranjeros.
Pagos de royalties, patentes u otros conceptos a terceros, nacionales o extranjeros.
Aumentar los ingresos o excedentes de las corporaciones universitarias mediante el aumento indiscriminado de matrícula, el alza de los aranceles, la minimización de los costos de operación, sacrificando calidad en la actividad académica, el manejo financiero de dineros provenientes de fondos públicos, etc.
Crecimiento de las universidades por la vía de donaciones de empresas relacionadas con los creadores organizadores de las corporaciones y de las sociedades espejo.
17. En el curso del trabajo de esta Comisión Investigadora se han recibido denuncias y antecedentes, varios de ellos de conocimiento público, sobre la existencia de lucro, según alguna de las modalidades ya descritas precedentemente, tales como:
a) Compra y venta de universidades.
Las universidades de Las Américas , Andrés Bello , Viña del Mar, AIEP, todas del grupo Laureate , International Universities, filial de Laureate Education Inc., es una red de instituciones académicas privadas, acreditadas a través de varios países. Reúne 76 instituciones de educación superior en 27 países.
La Universidad Santo Tomás fue comprada por el Fondo de Inversiones Linzor Capital.
Linzor BICE Private Equity II , es un fondo de inversión privado, cuyo objetivo es invertir directa o indirectamente en uno o más fondos de inversión. Tienen contemplado efectuar inversiones de carácter privado en distintos países de América Latina, en diversos sectores de la economía.
La Uniacc fue comprada en 2008 por el grupo Apollo Group .
b) Sociedades espejo.
Universidad del Desarrollo y Sociedad Inmobiliaria Ainavillo.
Universidad del Mar y varias sociedades inmobiliarias: Inmobiliaria del Mar, Firma Terramaris SA., Inmobiliaria e Inversiones Rancagua , Inmobiliaria e Inversiones doña Teresa SA. , Inversiones La Serena SA., Inversiones Los Placeres, Valaparenas S.A.
La señora María Olivia Monckeberg , directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, develó antecedentes muy importantes sobre las actividades lucrativas de varias universidades, que no debieron constituir una novedad porque ya habían sido denunciadas en dos importantes obras de su autoría: “La privatización de las Universidades en Chile” y “El negocio de las Universidades”, pero que, según sus palabras, habían sido absolutamente ignoradas por los medios de comunicación social, presos de los intereses de poderosos grupos económicos y universitarios.
Agregó: “El sistema de educación superior, entendiendo por este la suma de las universidades, institutos e, incluso, los Centros de Formación Técnica (CFT), más allá de la baja calidad de la educación que muchas veces pueden otorgar, tiene un millón de estudiantes. Eso hizo sacar cuentas alegres durante mucho tiempo, incluso, a los gobiernos de la Concertación. Hoy, más de un 70 por ciento de los estudiantes está en el nuevo sector privado y, dentro de eso, la gran mayoría lucra, aunque la ley no lo permite.”.
Por otro lado, César Guisado , presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Mar , sede La Serena, nos relató que: “Inversiones La Serena Limitada tiene un gerente que es el rector de la sede. Si él firma un contrato de arrendamiento, se sienta a un lado de la mesa y, luego, firma como rector y se sienta al otro lado. De ahí nace la simulación de contrato.”.
El señor Guisado se pregunta: “¿Quién contrata a los funcionarios de la universidad? ¿Fue el rector de la sede o el gerente de la inmobiliaria? ¿Dónde fueron a parar los dineros de la universidad? Nosotros pensamos que fue a parar a la inmobiliaria; sin embargo, esto está por determinarse.”.
18. Si bien sobre las instituciones mencionadas hay antecedentes públicos y denuncias efectuadas sobre las cuales esta Comisión Investigadora tuvo conocimiento, no se descarta que esta sea una práctica más generalizada en la industria de la educación superior del país. No obstante ello, es del caso señalar que varias universidades privadas gozan de un amplio reconocimiento por su labor académica y apego a las normas establecidas, como las universidades de Concepción, Diego Portales , Alberto Hurtado , entre las más destacadas.
19. En relación a la fiscalización del cumplimiento de la ley respecto del lucro, la Contraloría General de la República señala que le corresponde la fiscalización de las universidades del Estado y el control de los recursos públicos percibidos por las universidades privadas, escapando de sus atribuciones el análisis de cumplimiento de la normativa relativa al lucro.
A su vez, el Servicio de Impuestos Internos tiene competencia sobre los contribuyentes. Sin embargo, como expresamente las corporaciones educacionales universitarias están excluidas de tributar en primera categoría, al Servicio de Impuestos Internos no le corresponde tampoco analizar este aspecto en relación al lucro de estas entidades.
En opinión de la Contraloría, del Ministerio de Justicia y de esta Comisión Investigadora, corresponde al Ministerio de Educación ejercer este control.
El contralor, señor Ramiro Mendoza , reconoció que: “el Ministerio de Educación tiene potestades fiscalizadoras, normativas y reguladoras del sector educacional y ahí, quizás, hay un velo de ausencia. ¿A qué voy con esto? A que efectivamente hay una musculatura fiscalizadora, reguladora del sector, que no se ha aplicado.”.
20. Finalmente, sobre el lucro en las corporaciones educacionales universitarias, cabe destacar lo señalado por el ministro señor Felipe Bulnes en la sesión antes citada: “...Y en esto no solo es aval mi diagnóstico; no es casualidad que ningún Ministerio de Educación, incluido el de ambas coaliciones, haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia (fiscalizar el lucro).”.
21. En la implementación de la ley N° 20.129, se observa que los mecanismos de aseguramiento de la calidad han sido quebrantados por varias razones: 1) haber definido un proceso de evaluación centrado en insumos y procesos y no en resultados, y 2) conflictos de interés que se derivan del origen de las membrecías de la Comisión Nacional de Acreditación. Es la propia comunidad de educación superior la que vigila los nombramientos de los miembros. En la práctica ha sucedido que esto genera una identificación de los miembros con las instituciones que los nombraron.
En particular, la acreditación hace crisis porque se estableció como condición para acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE) -enorme fuente de recursos- la obligatoriedad de la acreditación para las carreras de Medicina y Pedagogía. Esto generó enormes presiones para que las instituciones de educación superior y las carreras de pedagogía fueran acreditadas.
22. Del ciento por ciento del financiamiento de la educación superior el 79 por ciento lo colocan las familias, el 6 por ciento fondos privados y el 14,6 por ciento el Estado, según el Cruch, aunque la Contraloría lo estima en 25 por ciento. La diferencia radica en la contabilización de distintos aportes que no son del Ministerio de Educación. El sistema de financiamiento de la educación superior por parte del Estado contempla becas (11 tipos diferentes) y créditos estatales (Fondo Solidario, CAE, crédito Corfo ).
23. El 35 por ciento de los alumnos de las universidades privadas tiene CAE, así como el 34 por ciento proveniente de los institutos profesionales, y el 22 por ciento que viene de los centros de formación técnica. El 60 por ciento de los créditos CAE otorgados recaen en cinco grupos económicos que controlan universidades privadas.
24. Esta Comisión Investigadora ha constatado un grave problema de diseño de las políticas de financiamiento de la educación superior. A los estudiantes más pobres se les da crédito, y a los de quintiles superiores se les da beca. En efecto, la focalización de las becas no está en los quintiles I y II, que son los alumnos que más lo necesitan, porque no cumplen con las exigencias académicas de los 550 puntos en la PSU; solo el 14 por ciento del quintil I cumple con el requisito del puntaje.
Por otra parte, la contradicción es que a los alumnos más pobres se les entrega el CAE. Un 42 por ciento del CAE es del quintil I.
25. Estos errores de diseño e implementación se observan en la ley N° 20.027, que creó el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la Comisión Ingresa para su administración. Sus señorías podrán tomar mayor conocimiento de ellos en el texto del informe.
Proposiciones administrativas.
1. Remitir al Ministerio Público todos los antecedentes de las instituciones de educación superior privada respecto de las cuales esta Comisión ha llegado a la convicción de la existencia de la persecución del lucro dentro de sus fines corporativos, en especial el uso e inversión de los recursos públicos percibidos, cualquiera sea su fuente.
2. Solicitar al Ministerio de Educación que dentro de un plazo máximo de 60 días dicte el reglamento dispuesto en el artículo 49 de la Ley N° 20.129, que entró en vigencia el 17 de noviembre de 2006 y el cual a la fecha no se ha dictado, en conjunto con más de tres reglamentos.
3. Remitir todos los antecedentes a la Contraloría General de la República para hacer efectiva la acción fiscalizadora respecto de la utilización de los recursos públicos entregados a las instituciones de educación superior.
4. Remitir al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes sobre las universidades respecto de las cuales esta Comisión tiene antecedentes suficientes que constituyen lucro, a fin de que determine si ha existido detrimento al patrimonio fiscal y ejerza las acciones legales que corresponda.
5. Solicitar al Consejo de Defensa del Estado que investigue la constitución de las inmobiliarias asociadas a los controladores o dueños de las instituciones de educación superior, el origen de sus recursos y los contratos de arrendamientos con aquellas instituciones, inversión en títulos de valores; hasta cuándo y en qué momento se invierte en la institución; buses de acercamiento (Universidad del Mar, Universidad Viña del Mar, Universidad de Las Américas), etcétera.
6. Requerir al Ministerio de Educación que ejerza, sin dilación alguna, sus facultades fiscalizadoras en relación al lucro y la calidad educativa a lo menos en las siguientes instituciones: Universidad de Las Américas, Instituto Profesional AIEP, Universidad Andrés Bello, todas de propiedad del consorcio internacional Laureate; universidades del Mar, Central, Finis Terrae , Autónoma , Santo Tomás y Del Desarrollo.
7. Respecto de la concentración del mercado, conforme a la figura de los delitos económicos, remitir todos los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para que se refiera y sancione, si es del caso, a quienes resulten responsables.
Propuestas legislativas.
1. Cambiar el sistema de funcionamiento de la educación superior sobre la base de introducir una reforma constitucional en el artículo 19, Nº 10°, que asegure:
a) Derecho a la educación, en el sentido que es deber del Estado garantizar el acceso a todas las personas a una educación de calidad, en todos los niveles educativos
b) Creación de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, basado en una adecuada y equitativa distribución de los recursos del Estado en el sistema de educación superior, para lo cual deberán realizarse las siguientes modificaciones a la ley:
b. 1. El Estado debe financiar en su totalidad los requerimientos de la educación superior pública.
b. 2. Una vez financiado el sistema público de educación superior en su totalidad, el Estado podrá concurrir con aportes a instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro y que cumplan con los estándares de calidad definidos por el Estado.
2. Término y cambio del sistema de acreditación actual: derogar el sistema actual de acreditación. Para ello, el Estado debe definir los estándares de calidad de las instituciones, programas y carreras; la acreditación debe quedar a cargo de las universidades públicas o privadas tradicionales de mayor prestigio, y esta debe ser obligatoria, con pruebas nacionales para todas las carreras. La acreditación debe establecerse por proceso y por resultado, por un mínimo de seis años.
3. Que en el plazo de seis meses se elaboren los nuevos estándares de calidad para que, luego, dentro de los seis meses subsiguientes, las instituciones de educación superior se sometan a un nuevo proceso de acreditación obligatoria.
4. A pesar de la existencia normativa de la prohibición del lucro, se legisle acerca del reforzamiento de la intención del legislador en el sentido de que todas las instituciones de educación superior (incluyendo los centros de formación técnica e institutos profesionales) deben ser sin fines de lucro. No hay ningún argumento para que los centros de formación técnica y los IP sean con fines de lucro y no las universidades.
5. Se establezcan sanciones a la contravención de la prohibición de lucrar. Para ello es necesario introducir en el artículo 30 de la LOCE un inciso segundo que establezca la sanción o sanciones ante la contravención a la prohibición del lucro que contemple la devolución íntegra de los recursos al afectado por el engaño, y respecto de los recursos públicos se sugiere como sanción la figura del fraude al fisco.
Cabe mencionar que en el hecho de que las instituciones de educación superior des-víen los recursos hacia otras instituciones para legalizar las ganancias, en nuestra opinión, se configura el delito de lavado de dinero y, como tal, debe ser regulado de tal manera que implique un notable desincentivo a alguna articulación lucrativa en la educación superior.
6. Que todas las instituciones de educación superior privada que reciban recursos públicos, cualquiera sea su origen, queden obligadas a rendir cuentas ante la Contralo-ría General de la República y sometidas a su fiscalización respecto del uso e inversión de esos recursos.
7. Que toda institución de educación superior reconocida por el Estado tendrá que transparentar toda la información respecto de todos sus ingresos y sus gastos, con los mismos criterios que la Ley de Transparencia aplica al sector público.
8. Regular la fijación de los aranceles, los que deberán estar asociados a categorías tales como: plantas académicas, grados académicos, investigaciones, publicaciones, laboratorios, bibliotecas, actividades de extensión. Una vez determinados estos, las universidades que reciban aporte del Estado no podrán cobrar por sobre los montos fijados.
9. Proponemos que el Estado, en su rol de garante del derecho a la educación de calidad, debe introducir en la normativa vigente la figura del “interventor provisorio”, actor que jugará un rol predominante ante eventuales irregularidades u anomalías tanto en la calidad de la educación como en lo relacionado con el lucro.
10. Suspender toda tramitación legislativa relacionada con la educación superior hasta abordar de forma integral las conclusiones y propuestas realizadas por esta Comisión.
11. Suspender todo financiamiento a las instituciones de educación superior privada hasta que estas se encuentren debidamente acreditadas, de acuerdo a lo propuesto en el presente informe.
12. Prohibir y sancionar la constitución, mantención y operación con sociedades espejos relacionadas, por ejemplo, inmobiliarias, prestadoras de servicios, empresas de personal, etcétera.
13. Tratándose de corporaciones sin fines de lucro, proponemos establecer la prohibición absoluta de enajenación, en cualquiera de sus formas, de toda participación de los socios de las instituciones de educación superior.
Votación.
La Comisión aprobó por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, las conclusiones y proposiciones formuladas por las diputadas señora Cristina Girardi Lavín y quien informa, y los diputados señores Rodrigo González Torres , Marcelo Schilling Rodríguez , José Miguel Ortiz Novoa , Alberto Robles Pantoja y Mario Venegas Cárdenas .
Constancias reglamentarias.
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 301 del Reglamento de la Corporación, se deja constancia de lo siguiente:
1. Por acuerdo de la Comisión, forman parte de las conclusiones y proposiciones aprobadas, las consideraciones que les sirven de fundamento.
2. Se acordó remitir el presente informe a su excelencia el Presidente de la República , al ministro de Educación , al contralor general de la República , al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Quiero agradecer en forma personal y en nombre también de la Comisión a todo el personal de la Biblioteca del Congreso, a la Comisión de Educación, a sus abogados y a todos los invitados que participaron en esta instancia.
En razón de lo expuesto, la Comisión solicita a la honorable Sala aprobar este informe.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En discusión el informe.
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , “¿dulces o travesuras?” Así preguntan los niños, mientras recorren las calles en Halloween. ¿Quién no lo ha visto? ¿A quién no le han ido a tocar la puerta? Salvo algunos excesos, ello no pasa de ser anecdótico, ya que es un día festivo que no tiene mayores consecuencias. Además, es una festividad importada de una cultura foránea.
¡Qué diferente es la oferta de estudios superiores, que para la gran mayoría de los estudiantes no termina siendo un tema ni de dulces, ni de travesuras! Muchas veces -como los testimonios que todos los que estamos en esta Sala hemos recibido- jóvenes que buscaban una oportunidad para progresar, terminaron involucrando a sus familias en una experiencia amarga y frustrante.
Alto costo y baja calidad ha sido una ecuación difícil de resolver por cientos de miles de jóvenes y de familias que al aspirar a mejorar su vida, solo han terminado en la peor frustración.
La Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior -cuyo informe hoy debemos aprobar- ha realizado un buen trabajo. Pocas veces, la Cámara puede decir que una Comisión Investigadora cumple con el mandato que la Sala le ha dado. Es el trabajo de un grupo de diputados de todos los sectores que hoy entregaron las conclusiones a esta Sala y al país, en un macizo documento de conclusiones, cuyos antecedentes ya han sido recogidos proactivamente por otras instituciones del Estado, como la Fiscalía Nacional.
¡Qué bueno hubiera sido que el ministro de Educación hubiera tenido la misma conducta! ¡Qué bueno hubiera sido que él se hubiera sentado con nosotros en esta Sala a dialogar y discutir, con la posibilidad también de plantear su postura abiertamente, como se hace en democracia! A cambio de ello -cada uno sacará sus conclusiones-, lo que hace más bien es mirar hacia el lado, probablemente, como también lo hicieron en algunas ocasiones varios de sus antecesores, mientras en forma tan evidente se lucra con los recursos que el Estado pone a disposición de la educación de los más necesitados.
No solo no se fiscaliza el cumplimiento de la ley -como es la obligación de un ministro de Estado -, sino también, cuando otro Poder del Estado sí lo hace, se prefiere más bien descalificar, intentando negar una realidad que los ciudadanos denuncian por todas las calles del país.
¡Qué distinto es lo que escuchamos del actual ministro , respecto de lo que señalara su antecesor y que ha quedado consignado en el informe! El señor Felipe Bulnes , cuando fue citado a la Comisión, señaló: “No es casualidad que ningún ministro de Educación , incluyo ambas coaliciones, haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia. Debo decir que la ley no fue pensada para sancionar a una universidad por dicha circunstancia. Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando. Incluso, es público y notorio -y algunas personas se refirieron a ello antes de que surgiera esta polémica- que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que -así lo entendí yo- era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo prohíbe.”. Y esa es la pura verdad.
Hoy la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de acoger, tal vez como nunca, un reclamo tan popular como extendido. Claro que también tiene otra posibilidad que quiero destacar ante ustedes: cambiar la actitud y no volver a dar la espalda a una ciudadanía, que cada vez ve a los parlamentarios con mayor desconfianza. Para reconstruir debe haber un lazo desde los roles que cada uno de nosotros debe cumplir.
La bancada de diputados de la Democracia Cristiana llama a aprobar este informe, como una muestra de que, de una vez por todas, nuestra Corporación se pone al lado de los ciudadanos que sufren abusos. ¡Sí! Aquellos ciudadanos abusados por un sistema que no entrega con justicia el servicio público que está obligado y que en tantos miles de casos termina con jóvenes frustrados, familias endeudadas y algunos pocos, los menos, enriquecidos.
Esto no se puede seguir aceptando. Chile no puede seguir organizando todos los sectores de la actividad para que algunos lucren y otros sufran; para que otros se endeuden y sufran las consecuencias. Así no se construye una comunidad. Sabemos que en nuestro país la educación superior es de las más caras del mundo y, comparativamente, por costos, la de peor calidad. Algunos quieren seguir mirando para el lado. Los democratacristianos no lo haremos nunca más.
No es función de esta Cámara señalar delitos. En eso quiero ser clara. Eso le corresponde a la Fiscalía Nacional, la cual ya tiene los antecedentes en sus manos y, además, ha nombrado a dos fiscales para ello. ¡Qué diferencia con la conducta que ha tenido el ministro de Educación , quien, ni siquiera -como lo recordé- tuvo la deferencia de recibir a los miembros de la Comisión Investigadora que le llevaron los antecedentes que están en el informe que hoy se somete a la consideración de esta Sala! ¡Bien por el fiscal! ¡Mal, triste, por el ministro !
Los jóvenes que hoy nos observan desde las tribunas han salido a las calles y han reclamado un trato justo, pero siguen siendo ignorados por la autoridad de Gobierno, aun cuando su petición es simple. Incluso, lo han planteado desde la lógica del mercado, de una Derecha que reduce todo a las relaciones económicas, como señalara el Presidente de la República , que calificó a la educación como un bien de mercado. Incluso, en esa lógica, los jóvenes y sus familias solo piden que les den un producto equivalente a lo que pagan, y todos los que estamos aquí sabemos que eso no ocurre. Otra cosa es que queramos ignorar la realidad y mirar para el lado.
Llamo a mis colegas a darnos una oportunidad. El informe que se nos presenta es serio, responsable, pero también angustiante. No es posible que se siga engañando a tantas miles de familias, con la posibilidad de progresar en un sistema de educación que en muchos casos solo se preocupa de obtener un lucro que ni la ley ni la ética permiten.
Vamos a votar a favor este informe y a seguir unidos a los estudiantes, académicos y ciudadanos que hoy reclaman en los institutos, universidades y calles por la más justa de las demandas: una educación de calidad y a un costo justo para transformarlo en un bien social que el país sigue esperando.
Ese es el compromiso que hoy tomamos los democratacristianos y esperamos que con la aprobación de este informe que se nos presenta, podamos contar con un nuevo instrumento para que otras instituciones de la República también se animen a cumplir con esta tarea.
Espero que, tal como se realizó el trabajo de la Comisión, esto no se transforme en una discusión en que se diga “lo que no hicieron ustedes cuando estaban” o “esto es lo que ahora hay que hacer”. Esa no es la forma en que el país va a avanzar. El informe nos muestra, en forma clara y evidente, un sistema que debe ser cambiado estructuralmente. Como tenemos evidencias -así lo demuestran los datos que tenemos-, no podemos dejar de hacernos cargo de ello.
Nuestra propuesta es una mirada hacia adelante, pero franca. No podemos seguir entregando soluciones de parche respecto de nuestro sistema de educación superior, que hemos dicho que es injusto; debemos escuchar a la ciudadanía y a los jóvenes, cuyas demandas son justas, y cumplir con nuestro trabajo. Esperamos que las autoridades del Ministerio de Educación también cumplan con el suyo.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , soy parlamentario desde hace muchos años y tengo un tremendo respeto por las potestades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. He participado en innumerables comisiones investigadoras, muchas de las cuales han aportado información que ha servido para esclarecer hechos que preocupan al país. Por lo tanto, creo en esta facultad, siempre que sea ejercida rectamente.
En razón de esto, voy a dar variadas y, a mi juicio, sólidas razones por las cuales nos vamos a oponer a la aprobación de este informe de la Comisión Investigadora que hoy se somete a nuestra consideración.
(Manifestaciones en las tribunas)
En primer lugar, está claro que las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados tienen por objeto fiscalizar los actos del gobierno; sin embargo, carecen de facultades jurisdiccionales que puedan ser aplicadas a los particulares.
Hace algunos días leí, con sonrojo, una columna del profesor Patricio Zapata , que no pertenece a ninguno de los partidos de la Alianza y que tiene el mérito de haber sido invitado en numerosas oportunidades a comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, con el objeto de que entregara su opinión sobre diversas materias. En dicha columna plantea, precisamente, respecto de este informe, que su foco central está en la denuncia nominativa de ciertas personas privadas y al hacerlo, sin estar facultada para ello, se ha constituido en una de aquellas comisiones especiales que, por razones de debido proceso, la Carta Fundamental categóricamente prohíbe, y por una razón muy sencilla: porque ningún país civilizado admite que la imputación de delitos a los privados corra por cuenta de una asamblea política, pues ello corresponde a un tribunal independiente e imparcial.
Severa admonición a este informe, formulada no precisamente por un hombre de Centro-Derecha o de la Alianza.
En segundo lugar, el informe vulnera reiteradamente la presunción de inocencia. Entre los objetivos del trabajo de la Comisión, se consigna en forma textual que debe determinar la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación superior. Aquí, se están presuponiendo actos ilegales como hechos consumados, incluso, en forma previa al desarrollo de la investigación. Como digo, esto vulnera el principio de presunción de inocencia, que forma parte del patrimonio jurídico de occidente libre.
En tercer lugar, nos vamos a oponer a este informe porque hay evidentes irregularidades e informalidades en la investigación. En el texto del informe no hay antecedentes que acrediten las denuncias formuladas. Las conclusiones establecen la existencia de lucro en las universidades privadas como un hecho cierto y comprobado.
(Manifestaciones en las tribunas)
Esto figura en el numeral 14 de las conclusiones del informe -para quienes, aparte de gritar, quieran leerlo-, en circunstancias de que no se puede desprender de ningún antecedente formal aportado en la Comisión. Dejo constancia de que ni el contralor general de la República, ni el director del Servicio de Impuestos Internos , ni nadie afirmó estar en presencia de un hecho ilícito con caracteres de delito. Tampoco se han consignado denuncias formales de estos hechos ante el Ministerio Público o ante la Contraloría General de la República. Y esto es grave porque el objetivo central de la Comisión era confirmar las denuncias de infracción a la ley por parte de las instituciones de educación superior, el cual no se cumplió.
Además, el trabajo investigativo es contradictorio. Fíjense ustedes que, por una parte, se invoca sin mucho discernimiento un informe que se solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional -hay que hacer presente que elabora muy buenos informes, nos gusten o no nos gusten-, del cual se sacan conclusiones, a pesar de que en la página 312 del mismo se establece que, a pesar de todo lo que se dice anteriormente, los estados financieros del año 2009, que es el año que analizó, no permiten ni comprobar ni rechazar la hipótesis de eventual lucro en las universidades privadas, ni inferir, a partir de ese año, el comportamiento financiero de los años siguientes. A confesión de parte, relevo de prueba. No es posible basarse en ese informe para sacar las conclusiones que contiene el informe de la Comisión Investigadora.
Creo que aquí estamos ante una cuestión delicada, y es bueno hacerlo presente. Yo me tengo mucho respeto y también se lo tengo a todos los señores diputados; pero, no se respetan mucho quienes se basan exclusivamente en una exposición para sacar conclusiones. Me refiero a la exposición de la periodista María Olivia Monckeberg .
La señora Monckeberg participó en calidad de representante del Instituto de la Comunicación e Imagen, de la Universidad de Chile, y el informe funda sus principales denuncias en la información entregada por una persona que representa a una institución que forma parte del proceso investigativo, dado que el mandato entregado a la Comisión también incluía investigar la situación y el funcionamiento de las universidades estatales, lo que no se hizo.
Entonces, a mi juicio, no corresponde que la serie de graves conclusiones que contiene el informe se fundamente en dicha exposición, porque era parte interesada, especialmente en que no se investigara a la institución que ella representaba.
El informe adolece también de un evidente sesgo ideológico en el cumplimiento del mandato entregado a la Comisión.
(Manifestaciones en las tribunas)
Hay un evidente doble estándar para evaluar a las universidades públicas y privadas. En las conclusiones, se omiten aspectos claves de la exposición del contralor general de la República y de otras autoridades, que dan cuenta de las irregularidades e ilegalidades cometidas al interior de las universidades estatales. Y cito ejemplos que no están en el informe: la UTEM, la Universidad de Valparaíso, la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Usach y el Parque Laguna Carén -que muchos diputados recuerdan-, de la Universidad de Chile. Nada de esto se consigna en las conclusiones del informe que hoy se pide que aprobemos; pero nosotros no vamos a caer en ese garlito.
Asimismo, se omiten antecedentes importantes. El mandato entregado a la Comisión incluía la evaluación de la calidad, pero, prácticamente, el informe no recoge antecedentes sustantivos relacionados con esta materia. ¿Por qué no se dice que en el ranking de Top Universities Chile tiene 24 universidades entre las 200 mejores de América Latina, el mayor número por cantidad de habitantes en la región? De estas, siete son privadas no tradicionales, que nombraré, porque vale la pena hacerlo: Adolfo Ibáñez , Andrés Bello , Diego Portales , De Los Andes , Alberto Hurtado , Del Desarrollo y Central. Como digo, siete de ellas son privadas no tradicionales, y diez, estatales.
Asimismo, en el ranking de la encuesta Qué Pasa/TNS Time, entre las 21 mejores universidades del país, hay ocho privadas no tradicionales, siete privadas tradicionales y seis estatales.
Por último, quiero denunciar que la Comisión cometió -no le echo la culpa a nadie, simplemente resultó así; no estoy juzgando malas intenciones- un evidente sesgo y falta de objetividad en la selección de los invitados, puesto que no se invitó a ninguno de los expertos educacionales más reconocidos del país: Brunner , Elacqua o Harald Beyer , que ni siquiera fue considerado en su calidad de coordinador académico del CEP…
(Manifestaciones en las tribunas)
¡Perdónenme, pero Harald Beyer , actual ministro de Educación , era coordinador académico del CEP al momento de constituirse la Comisión! ¡Y no se le invitó ni en ese carácter ni como ministro de Educación!
Sí se invitó a Manuel Riesco , vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo ( Cenda ). Respeto mucho su opinión, pero este caballero es un reconocido simpatizante del Partido Comunista. Incluso, en 2005, fue candidato a senador por Santiago Oriente por el movimiento Juntos Podemos Más y forma parte del directorio de la Universidad Arcis, acreditada solo por dos años, al igual que otros muy distinguidos militantes del Partido Comunista, como Juan Andrés Lagos , Jorge Insunza , Eduardo Contreras y Daniel Núñez , entre otros. Respeto mucho su posición, pero ella no puede fundar un informe completo.
Tampoco fue invitado ningún ministro de Educación de los gobiernos de la Concertación, a excepción de Mónica Jiménez , convocada en su calidad de líder de una ONG, quien no asistió. No obstante, en las conclusiones del informe se señala, explícitamente, que el Ministerio de Educación no ha ejercido su responsabilidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema de educación superior.
Por último -a propósito de los distinguidos estudiantes que nos acompañan en las tribunas-, informo que no fue invitado ningún representante de las federaciones de estudiantes de las universidades privadas, que tienen harto que decir en la materia.
(Manifestaciones en las tribunas)
Por todas estas razones, a mi juicio sólidas, vamos a votar negativamente el informe. Al mismo tiempo, seguiremos trabajando, con el mayor empeño, en la línea de lo que está realizando nuestro Gobierno y el gran ministro de Educación que tenemos, para hacer cumplir la ley, que no se ha cumplido durante más de veinte años, que es lo que corresponde. Vamos a hacer cumplir la institucionalidad chilena en forma adecuada, a fin de contar con una educación de calidad y accesible a todos los jóvenes con talento y capacidad.
Esa es la línea que rinde y este informe no ayuda a conseguir ese objetivo.
He dicho.
-Aplausos.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señalo a los asistentes a las tribunas que hemos sido convocados para debatir el informe de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior, con opiniones a favor y en contra, porque en esta Cámara toleramos y permitimos las diferencias.
Voy a suspender la sesión hasta que sean retirados todos los letreros que contienen insultos.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero aclarar que respeto mucho a María Olivia Monckeberg , a quien siempre voy a defender; además, al parecer, es pariente del Presidente de esta Cámara .
En segundo lugar, en cuanto a lo que se expresó respecto de la Universidad Arcis, deseo manifestar que, como toda universidad, debe ser controlada y ella debe someterse a la normativa que prohíbe el lucro en la educación pública.
Asimismo, quiero dejar en claro que era imprescindible que se conformara esta Comisión para investigar el lucro en la educación superior, cuyo funcionamiento y resultados han sido criticados por algunos sostenedores de la educación superior privada.
La Comisión también ha sido desacreditada por el señor ministro de Educación . Me gustaría saber cuáles son las razones profundas que ha tenido esa autoridad para desacreditar este informe.
Según la prensa, ello se debe a que el documento no constituye ni contiene pruebas judiciales. Al respecto, es preciso aclarar que este no es un acto judicial, sino un juicio político y un juicio ciudadano.
La Comisión constató que el lucro existe en la educación superior. También comprobó que es una práctica común que afecta el sentido real de la educación y el buen desarrollo académico de esta.
Algunos afirman que, si no fuera por la educación privada superior, no se habría producido el desarrollo, al menos en el número de estudiantes, que ha tenido la educación superior en los últimos años.
Quiero replicar que eso no es verdad. Por el contrario, podrían haberse evitado problemas de calidad, de acceso y, sobre todo, lo que devela el informe: la red de influencias políticas y económicas que existe detrás de la educación superior privada, así como también las múltiples formas en que las instituciones lucran de manera real.
Del mismo modo, el informe nos muestra el entramado que existe detrás del negocio de la educación y entrega elementos para una profunda investigación posterior. Es en este entramado donde aparece, quizás, uno de los puntos más controversiales del informe: la participación pasada, actual y cercana de miembros del gabinete presidencial en universidades que han sido sindicadas como instituciones que lucran a través de sociedades espejo y otras artimañas conocidas.
La red de influencias que existe detrás del negocio de la educación nace en la dictadura de Pinochet, en que los más cercanos colaboradores de aquel régimen, incluso ministros de Estado , hoy son dueños de instituciones de educación superior y miembros influyentes de esta red, en conjunto con actuales políticos y ministros en ejercicio, algunos de los cuales han traspasado su participación a familiares o amigos.
En cuanto al negocio de la educación, el informe constata lo siguiente: “De acuerdo al Servicio de Información de la Educación Superior (SIES), 58 de las 62 universidades arrojaron utilidades el año 2009 por 84 mil 165 millones de pesos. Sumando los institutos profesionales y centros de formación técnica, el mercado de la educación superior generó ese mismo año ganancias por 108 mil 800 millones de pesos. Solamente entre el Inacap y la Universidad Andrés Bello recaudaron 31 mil 852 millones de pesos. Cifras que superan con creces los márgenes operacionales de otros agentes del mercado.”.
Mientras tanto, centenares de miles de familias se encuentran y seguirán endeudadas, y otras tantas no podrán enviar a sus hijos a la educación superior.
Queda claro que la falta de control y fiscalización a las universidades privadas, comparada con las universidades estatales, entidades que sí están sometidas al control ex ante y ex post de la Contraloría General de la República, constituye uno de los factores que, junto a la falta de recursos fiscales para las universidades estatales, posibilitan el crecimiento desmedido del sistema privado en materia de matrículas.
El Ministerio de Educación ha argumentado que el informe no es probatorio de la existencia de irregularidades, ya que ninguna de las prácticas denunciadas es ilegal, incluida la compra y la venta de universidades, con lo cual da a entender cuál es la posición del Gobierno en esta materia. Es fundamental comprender que lo importante es la existencia evidente del lucro en las instituciones de educación superior.
Además, el informe revela las prácticas cotidianas en la educación superior, que afectan el desempeño académico, que el Ministerio debe fiscalizar.
La noción de calidad en el sistema de educación superior no puede ser una atribución de entidades privadas. Los resultados de esta investigación confirman la importancia de que dicha función pública sea realizada por una entidad estatal.
Sin perjuicio de que aún no se dictan el Reglamento del Sistema de Información de Educación Superior, el Reglamento de Implementación del Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y el Reglamento de Supervisión de Empresas Acreditadoras, lo anterior demuestra que la construcción de la nueva institucionalidad y de sistemas de control y fiscalización debe poner el acento en el servicio estatal.
Igualmente, en el informe se acredita que el sistema está desregulado.
Lo indesmentible es que tenemos un Gobierno que defiende el lucro en la educación superior, a través de un gabinete del lucro que no tiene disposición para enfrentar prácticas indefendibles. Así, una de las conclusiones más graves es que existen evidentes limitaciones de las entidades orientadas a ejercer la fiscalización y el control público a la totalidad del sistema de educación superior, particularmente al subsistema privado, no solo en materia de lucro, sino también en el cumplimiento de compromisos que condicionan la fe pública de las instituciones.
Por tanto, la disyuntiva es entre quienes estamos por introducir cambios profundos al actual sistema de educación superior, desde su raíz, y quienes quieren perpetuar la educación como un negocio y un bien de consumo.
Afortunadamente, la comunidad educacional, encabezada por los estudiantes, ya mostró un camino que ha cambiado a Chile, y es el camino que seguiremos transitando hasta lograr nuestro objetivo.
Acogemos plenamente las propuestas planteadas por la Comisión y, por lo tanto, las votaremos favorablemente. Por lo menos, ese es el pensamiento de la bancada del Partido Comunista y del MAIZ.
-Aplausos.
El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Hace un momento, el Presidente de esta Corporación, que en este momento está cumpliendo labores propias del cargo, saludó a todos los dirigentes de las universidades presentes en la tribuna gracias a las invitaciones que les hicimos llegar los 120 diputados de la república.
Sin embargo, la bancada del Partido Comunista me acaba de pedir que salude en forma especial al presidente de la FECH, Gabriel Boric, y a la vicepresidenta de la misma organización, Camila Vallejo, quienes, al parecer, no se encontraban presentes cuando el Presidente entregó su saludo.
Saludo, entonces, a ambos dirigentes.
Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente , en primer lugar, saludo afectuosamente a los estudiantes y dirigentes que nos acompañan, quienes legítimamente expresan sus diferencias y visiones con respecto a nuestro sistema de educación superior.
En segundo término, me referiré al trabajo de la Comisión investigadora, de la cual formé parte.
Efectivamente, hemos recibido críticas de diversos sectores por la labor realizada, pero creo no equivocarme al señalar que nuestro trabajo fue serio, dedicado y buscó, por todos los medios, revelar información, que no ha existido, respecto del funcionamiento de la educación superior en nuestro país.
Después de tres décadas de crecimiento sostenido en cobertura, con instituciones que han mejorado considerablemente su calidad, lo cual ha generado grandes oportunidades para los sectores más vulnerables y de la clase media en orden a acceder a la educación superior, lo que no ocurría antes de la década del 80, evidentemente, el sistema arrastra problemas. Y en eso se centró el mandato que nos dio la Sala para investigar.
Lamentablemente, no todos los invitados concurrieron a la Comisión a entregar sus antecedentes. Algunos no asistieron porque no quisieron, y otros porque seguramente tuvieron razones de peso para no concurrir. Sin embargo, también debo hacer presente que, respecto de las instituciones nombradas en las conclusiones del informe, no se cursaron invitaciones a sus directivos. Creo que esto constituye una debilidad que incide en las conclusiones, porque no se puede escuchar solo a la parte acusadora y no recibir antecedentes de quienes han sido acusados.
Insisto en que, en mi parecer, el trabajo que desarrollo la Comisión fue serio, pero es bueno que la Sala conozca cómo se votaron y aprobaron las conclusiones.
En general, la voluntad de la Comisión era consensuar un informe que reflejara claramente, sin ocultar, los problemas de funcionamiento de nuestro sistema de educación superior. Pero, lamentablemente, nos encontramos con un afán desmedido por inculpar a instituciones, sin que la Comisión contara con los antecedentes suficientes para acreditar la vulneración de la ley. En ese sentido, hicimos el mayor esfuerzo para salvar esa situación.
Personalmente, comparto algunas de las conclusiones del informe, pero considero que no correspondía que otras se incluyeran, porque -repito- la información entregada no las sustentan.
También es preocupante lo que ha sucedido en los últimos días respecto de la posible acusación constitucional en contra del ministro de Educación . En el trabajo realizado en la Comisión quedó bastante claro que el Ministerio de Educación no tiene ni ha contado con las atribuciones para controlar y fiscalizar en forma adecuada a las instituciones de educación superior. Por lo tanto, más allá de ser una maniobra política o comunicacional, no contribuye al debate serio que debemos desarrollar para buscar alternativas de mejoramiento y perfeccionamiento de nuestro sistema de educación superior. En ese sentido, debemos actuar con responsabilidad, porque no podemos tirar acusaciones al voleo, sin ningún fundamento ni sustento jurídico.
Con su actuación en el caso de la Universidad del Mar, el ministro ha demostrado claramente su seriedad en la forma de acoger y tramitar las denuncias responsables que efectúan las instituciones o personas vinculadas a ellas para sancionar como corresponde la vulneración de la ley.
Cuando en la Comisión analizamos el caso de la Universidad del Mar, quedó claro que existen solo dos sanciones: una multa, que es insignificante, porque solo alcanza a alrededor de los 3.000.000 de pesos, o bien quitar su reconocimiento, lo que, en la práctica, significa cerrar la institución. Por consiguiente, no se entregan las herramientas adecuadas para que el ministerio ejerza de mejor manera esta tarea.
Por otra parte, cuando se acusa al actual ministro de no considerar el informe, se adelantan conclusiones, porque cuando se quiso entregar el documento al ministro , solo había sido aprobado por la Comisión, pero no por la Sala, que mandató la investigación.
Por lo tanto, después de que hoy se vote corresponde realizar todas las acciones que considere cada grupo de parlamentarios. Pero -repito- no se podían entregar las conclusiones, porque solo se trataba de un borrador de conocimiento público. Por eso, creo que no se actuó responsablemente.
En parte de las conclusiones se revela una serie de problemas de nuestro sistema de educación superior, como, por ejemplo, las sociedades espejo, tema sobre el que debemos legislar y discutir para determinar si definitivamente se prohíben o se regulan, porque llama la atención la forma en que se administran los recursos financieros que se generan en las instituciones de educación superior.
Por otro lado, interesa el tema de la calidad, pero considero que hemos perdido ese eje. Evidentemente, tenemos instituciones serias, tanto públicas como privadas, que garantizan calidad, pero hoy nuestro sistema de acreditación no da garantías de seriedad que cumpla precisamente con el objetivo de garantizar y dar fe pública de que esa institución de educación superior, al tener la acreditación, está cumpliendo con su mandato y objetivo.
También cabe preguntarse qué tratamiento se da a las universidades del Estado, porque es una discusión que ha estado pendiente, ya que nadie tiene claridad respecto de qué significa que el propietario de una serie de instituciones de educación superior, algunas de excelente calidad, no tenga un respaldo claro y sostenido del Estado para su crecimiento, mantención y desarrollo. En ese sentido, hemos planteado al ministro de Educación la necesidad de definir claramente, de cara al país y en una discusión transparente, qué significa que el propietario de una institución sea el Estado.
Asimismo, valoramos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para resolver una serie de problemas que se arrastran en nuestro sistema de educación superior, ya que ha enviado un proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, a petición de los rectores del Cruch, quienes hace casi un año hicieron presente la necesidad de tener una institución que controle, regule y vele por el correcto funcionamiento de las instituciones de educación superior. Evidentemente, ese proyecto, que se encuentra en tramitación en el Senado, requiere de una discusión profunda, un análisis detallado, para que ese organismo cuente con las facultades para intervenir cuando sea necesario. Por ello, creo que es posible estudiar el establecimiento de la figura del interventor, tal como lo ha propuesto la Comisión.
Por último, en cuanto a la existencia del lucro, el diputado Cardemil citó las palabras del profesor Patricio Zapata , quien hace un claro llamado de atención a la forma de actuar de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Al respecto, me quedo con la parte que dice: “ningún país civilizado admite que la imputación de delitos a los privados corra por cuenta de una asamblea política.”.
Creo que esto nos debe hacer reflexionar, porque si bien fueron citadas siete instituciones, también hubo otras que no lo fueron, que aparecen mencionadas en el informe.
El propio contralor general de la República expresó que el lucro en el sector público se produce mediante la huida del derecho público, por medio de la creación de empresas y sociedades que se escapan del control de la Contraloría, y que hay un lucro encubierto en las universidades estatales, por medio del desarrollo de cierto emprendimiento que escapa de las reglas de control. Para ello, se citan algunos ejemplos, que no voy a repetir, porque la Comisión tampoco tiene antecedentes de que estas universidades estén vulnerando la ley.
El exministro Bulnes también hizo presente que no se podían dar garantías de que no existieran instituciones de educación superior que hubiesen vulnerado la ley. Efectivamente, ese es el convencimiento de la Comisión Investigadora.
Esperamos que más allá de la aprobación o rechazo del informe, el Ministerio de Educación adopte las medidas para resolver los problemas que arrastra nuestro sistema de educación superior.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , un acuerdo que debiésemos adoptar como Cámara de Diputados es que en las futuras sesiones en que discutamos informes de comisiones investigadoras se cite al ministro del ramo. En este caso, en los asientos reservados para el Ejecutivo debiera estar sentado el ministro Harald Beyer . El diputado Ward , jefe de bancada de la UDI, me informa que fue invitado. Pues bien, el ministro sabe cuándo se celebran las sesiones en esta Cámara.
Quiero comenzar mi intervención con una afirmación de principios, cual es que vamos a aprobar el informe porque dice una verdad del porte de una catedral: que existe lucro en la educación superior privada, lo que contraría la norma legal que lo prohíbe. Esa es la verdad que recoge este informe de más de 500 páginas, que para nadie es una sorpresa. Es una verdad tan incontestable que, incluso, hay ministros de Estado que han reconocido que cuando fueron parte de alguna universidad privada habían recuperado su inversión. Cabe preguntarse: si no hay lucro en las universidades privadas, ¿de qué inversión estamos hablando? Si no hay lucro en las universidades privadas, ¿por qué hay tanto interés en comprar y vender universidades?
Hace algunos días reiteramos, a través de la Cámara de Diputados, dos cartas que envió el Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Mar, sede La Serena, al ministro de Educación , señor Harald Beyer , y a la ministra del Trabajo y Previsión Social , señora Evelyn Matthei , pero ya han transcurrido 90 días sin ser respondidas. En ellas se narra, entre otras cosas, un hecho que, para todos los que somos de la Región de Coquimbo, es evidente. El antiguo rector de la Universidad del Mar, sede La Serena, no cobraba por servir el cargo de rector, sino que lo ejercía por su compromiso con la educación, según lo señalado en diversas declaraciones públicas. Pero, a su vez, era presidente de la sociedad inmobiliaria propietaria del domo en el cual se desarrollan las actividades académicas de la Universidad del Mar. ¡Ahí sí que cobraba; ahí no lo hacía por amor a la educación! ¡Todos sabemos cuáles son los mecanismos a través de los cuales se lucra en la educación superior privada!
En consecuencia, no aprobar el informe significa negar una realidad incontestable y que todos conocemos. ¿A quién pretendemos engañar? ¿A quién pretendemos decirle, como dijo el ministro Harald Beyer , que no hay pruebas suficientes de que se lucra en la educación superior privada, cuando todos sabemos lo contrario? Y para saberlo no hacía falta este informe. Lo que hace este documento es poner en sede legislativa una realidad evidente y que ha movilizado las conciencias, no solo de los estudiantes que han salido a las calles, sino también de todo el país.
Esto se parece a las nulidades matrimoniales, que no eran un divorcio, pero operaban como tales. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en las nulidades matrimoniales solo se afectaba el interés de quienes eran parte de esa práctica; en cambio, mientras se roba en las universidades privadas, se afectan los sueños de millones de chilenos, estudiantes y sus familias, que ponen sus esfuerzos, años y dedicación al objetivo de obtener un título profesional que muchas veces no les sirve para nada, pese a que han invertido millones de pesos, porque quienes administran esas universidades no están dispuestos a entregar educación de calidad, sino a hacerse ricos. ¡Esa es la realidad! ¡Las universidades privadas han hecho más ricos a sus dueños y más pobres a quienes estudian en ellas!
No sigamos engañándonos ni engañemos a quienes hoy han puesto en nosotros la responsabilidad de dirigir, desde el Parlamento o del Ejecutivo , los destinos de este país.
Ayer se conoció un informe de la Superintendencia de Educación que daba cuenta del nivel escolar en el ámbito de la educación particular subvencionada, que entrega un dato que me parece revelador y que debería hacer reflexionar a quienes en esta Sala defienden el lucro también en la educación secundaria. Esto se trata de intereses económicos, porque aquí hay muchos que son dueños de colegios y están vinculados con las universidades, como también los hay en el Ejecutivo .
Once mil cuatrocientos establecimientos educacionales reciben aporte fiscal. De ellos, solo 2.374 -es decir, alrededor de 20 por ciento- no han sido objeto de sanción. O sea, en la inmensa mayoría de los establecimientos particulares subvencionados de este país, donde el Estado pone recursos, no se cumple el estándar que la ley debiese exigir para asegurar que los chilenos están enviando a sus hijos a colegios de calidad. Y lo mismo pasa en las universidades.
Este es un escándalo que no podemos seguir aceptando. Hace algunos días, directivos del Consejo de Acreditación han sido objeto, incluso, de pesquisas judiciales y de acciones de los tribunales por delitos cometidos en esta materia, por tráfico de influencias y corrupción para acreditar a universidades privadas, para que sigan haciendo su negocio y continúen engañando a los miles de estudiantes y familias para que envíen a sus hijos a esos centros de estudios, mientras ellos se siguen llenando los bolsillos. De eso estamos discutiendo, y no si el informe es preciso o no en las dimensiones y responsabilidades judiciales. ¡La decisión no es jurídica; es política!
Debemos determinar si estamos dispuestos o no a hacernos cargo de una afirmación que no puede ser contestada: que hoy existe lucro en las universidades privadas, no en todas, pero sí en el grueso de ellas, y así ha quedado acreditado en la Comisión. Hay un negocio rentable, pujante y pudiente para sus dueños, pero que sume en la pobreza, en la marginación y en la injusticia a miles de familias chilenas. Por lo tanto, tenemos responsabilidades y debemos hacernos cargo de ellas.
Soy socialista y pertenezco a un partido de la Concertación, y nos hacemos cargo de las responsabilidades que tenemos en esta materia.
Fui estudiante de la Universidad de la República, que hoy no existe. Estudié en un liceo fiscal, el José Victorino Lastarria , y conozco la realidad del sistema. No estudié con beca, por lo que fui testigo del esfuerzo de mis padres para pagar, mes a mes, el arancel que cobraba la universidad. Conozco el padecimiento de aquellos que estudiaron conmigo, que hoy tienen que explicar en cada uno de los lugares a que postulan que son titulados de una universidad que ya no existe. ¿Dónde estaba el Estado para proteger a las familias de quienes estudiaron en esa universidad?
Algunos miran al techo; otros para abajo, por vergüenza. Muchos solidarizan con quienes siguen lucrando con las universidades privadas y no quieren darse cuenta de que no es casual que millones de chilenos hayan salido a las calles y nos pidan cambios en estas materias. Y aquí hay elementos que así lo prueban.
Entonces, esta decisión es política. Tiene que ver con aclarar si el Congreso Nacional está al servicio de los intereses de los ciudadanos o está al servicio de los intereses de unos pocos, los dueños de las universidades privadas, de los que sabemos muy bien donde están y quiénes son. No estoy en esta Cámara para eludir mi responsabilidad.
Por lo tanto, voy a votar favorablemente el informe, porque llegó la hora de que las cosas cambien. Y cambiar significa no solamente aprobar este informe, sino también que cambie el sistema educativo, para que responda a los intereses de la inmensa mayoría de los chilenos.
Por eso, no acepto la respuesta del ministro de Educación , señor Harald Beyer , porque pareciera que lo que quiere no es precisamente hacerse cargo de las prolijidades o desprolijidades jurídicas, o de las preciosidades de un informe de quinientas páginas. ¡Lo que quiere hacer es esconder su responsabilidad! ¡El ministro tiene la obligación de hacer cumplir la ley!
Me parece que lo que se planteó en un momento como una herramienta para perseguir las responsabilidades políticas está hoy a la orden del día. Si el Gobierno no reacciona y no toma las medidas que le corresponden para hacer cumplir la ley y poner fin al lucro en las universidades privadas, entonces habrá una acusación constitucional en contra del ministro de Educación , señor Harald Beyer . Porque de eso se trata: de que ejerzamos nuestras facultades.
Un informe de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ha dado cuenta de irregularidades en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de la función del Estado de garantizar que no haya lucro en las universidades privadas. Sin embargo, lo que tenemos como respuesta de parte del ministro de Educación es desatender lo que ha sido elaborado por un Poder del Estado.
Tenemos claro lo que hicimos y lo que no hicimos, así como las cosas que hicimos bien y aquellas en que nos equivocamos, pero damos la cara por aquello. Pero el peor error sería inmovilizarse, paralizarse y no querer cambiar. No nos vamos a quedar en el debate sobre las responsabilidades de unos y otros. Nos vamos a quedar en el debate que corresponde, cual es asumir la responsabilidad que tenemos hoy, cuando se somete este informe a la consideración de la Sala: aprobarlo y exigir al Gobierno que cumpla con su responsabilidad de aplicar la ley y poner fin al lucro en las universidades privadas. Ese es el tema de fondo.
Si queremos dar respuesta a aquellos que se movilizan en todo Chile, y que representan a la inmensa mayoría de los chilenos, entonces este es el momento de hacerlo. Esta es la oportunidad de demostrar que hemos oído lo que está pasando en el país.
Por lo tanto, los socialistas vamos a aprobar el informe, porque somos responsables de lo que hemos hecho, pero, sobre todo, porque queremos ser responsables con el presente y el futuro. Además, vamos a evaluar una acusación constitucional en contra del ministro Harald Beyer si no es capaz de hacer cumplir la ley como corresponde.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señores diputados, por acuerdo de los Comités, se prorrogará la sesión y el informe se someterá a votación a las 13.00 horas.
Para el orden en los discursos, se priorizará a los diputados inscritos que participaron en la Comisión Investigadora; además, se limitarán las intervenciones a ocho minutos.
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , como miembro de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior, relacionada con el lucro en dicho ámbito, quiero señalar, en primer lugar, que costó mucho la creación de la Comisión. Fue muy difícil reunir los votos en la Sala para lograr que la Cámara de Diputados fiscalizara aquello que era de público conocimiento, porque se mencionaba en diversos medios, que las universidades privadas estaban lucrando.
Es importante señalar que si bien eso era de conocimiento público, no era una conclusión formal, oficial, de parte de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, una de las conclusiones importantes de la Comisión es, justamente, que existe lucro en la educación superior. Los mecanismos utilizados por las universidades para lucrar están consignados en el informe. El problema no es solamente que se lucra con recursos del Estado, sino que también con recursos de los privados, de los jóvenes, a través del cobro de aranceles cada vez más altos. Además, se lucra con los recursos del Estado a través de instituciones acreditadas, a vista y paciencia de todos nosotros.
Esa es la primera conclusión importante, la cual quiero reiterar: existe lucro con recursos de privados y con recursos públicos, a vista y paciencia de todo el mundo.
Respecto de la forma en que lucran, la diputada informante señaló que lo hacían a través de sociedades espejo, del aumento de ingresos, del incremento indiscriminado de matrículas y de aranceles y de la minimización de los costos de operación, con lo cual se sacrificaba la calidad de la actividad académica.
Asimismo, como lo señaló el señor Patricio Meller , quien ha investigado sobre la materia, en la actualidad Chile tiene los aranceles más caros del mundo, con la entrega de muy poca calidad educativa de parte de esas instituciones. Ese es el resultado del mercado en la educación.
Sin embargo, el problema es que esas instituciones no solo han lucrado, sino que han vulnerado la ley, porque en nuestra legislación se establece que las instituciones de educación superior son corporaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, es efectivo que las instituciones han vulnerado la ley y han cometido un ilícito.
Me gustaría que algún diputado que no quiere votar a favor el informe de la Comisión diga algo contrario en ese sentido: que hay instituciones de educación superior que no lucran, que no lo han hecho con recursos del Estado ni con los recursos de los estudiantes y sus familias. Si alguien puede decir lo contrario, que vote en contra. Si alguien no puede hacerlo, no debería votar en contra el informe.
Esa es la primera conclusión importante que creo necesario señalar.
En cuanto a aquellos que se preocupan por el hecho de que hayamos mencionado universidades, dijimos, con claridad, que mencionamos las universidades de las que la Comisión tuvo conocimiento y de las cuales llegaron antecedentes. No las nombramos a todas porque, si bien es de público conocimiento que hay muchas universidades que lucran, la información de la cual la Comisión tuvo conocimiento fue respecto de las que nombramos.
En cuanto a quienes señalan que debemos fiscalizar las actuaciones del Gobierno y no las de las instituciones, me gustaría saber si en la Comisión Investigadora sobre la colusión de las farmacias no se nombró a ninguna de ellas. ¿No se nombró a las farmacias Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde? Todas ellas participaron de la colusión y se dieron a conocer sus nombres, y nadie en esta Sala dijo que eso no se podía hacer.
Por su parte, sobre el caso La Polar se creó otra Comisión Investigadora. ¿Los que participaron en ella acaso van a decir aquí que no nombraron a La Polar ni a sus ejecutivos? Hay otra Comisión Investigadora respecto de la millonaria condonación a la empresa Johnson´s. ¿Tampoco la podemos nombrar? Cuando se creó la Comisión Investigadora para indagar respecto de las denuncias sobre colusión de las empresas productoras de pollos, en la cual también participó la diputada Alejandra Sepúlveda , se nombró a las empresas Agrosuper y Ariztía , pero nadie dijo nada al respecto en la Sala. Sin embargo, ahora, cuando se debate el informe de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior, se señala que no podemos nombrar a las universidades. ¿Por qué? ¿Acaso se debe a que hay intereses involucrados? ¿Por eso no podemos nombrarlas?
Si se establece que esas instituciones han vulnerado la ley y han cometido un ilícito, como integrantes de una Comisión Investigadora tenemos todo el derecho a nombrarlas si tenemos antecedentes de aquello. Eso fue lo que hicimos en la Comisión: nombrarlas y señalar, por ejemplo, las instituciones que se vendieron, las que se compraron y las que tienen sociedades espejo, de las cuales la Comisión tuvo conocimiento. Reitero que tenemos todo el derecho a hacerlo. No hacerlo sería una irresponsabilidad. No nombrarlas sería equivalente a decir que aquí no ha pasado nada, en circunstancias de que sí creemos que están pasando cosas sumamente graves en nuestro país, respecto de las que nadie está haciendo nada.
Por lo tanto, defiendo que hayamos nombrado a las instituciones de educación superior, de las cuales la Comisión tuvo conocimiento.
Además, está claro que esas instituciones no solo lucran, sino que la educación superior es un excelente negocio.
Sin embargo, no solo se necesitan universidades para lograr ese objetivo, sino también un Estado que esté al servicio de esos intereses privados. Lo que ha hecho el Estado ha sido estar al servicio de ese mercado. ¿Qué ha hecho el Estado que ha ayudado a ese fin? Ha disminuido el gasto público en educación superior pública. En la actualidad, el Estado solo financia el 15 por ciento de las universidades públicas. El 85 restante lo deben financiar los estudiantes y sus familias, lo cual constituye una señal clara de nuestro Estado, que ha dejado de financiar el sistema público de educación superior.
Además, Chile es el país con el mayor coeficiente de gasto privado versus gasto público, lo que no es casual, sino que se debe a una política, en la cual se ha perseverado no solo desde la época de Pinochet, sino también en los gobiernos de la Concertación y en el actual, el cual, de alguna manera, pretende que se fortalezca el mercado privado y que la totalidad de la educación pública, tanto la superior como en el resto de sus niveles, desaparezca, para que solo sea el mercado el que regule ese servicio, con el objeto de que se transforme en un bien de consumo y no en un bien público, para todos los chilenos.
También es importante señalar que el costo de un estudiante en la universidad, en los tres primeros quintiles de nuestro país, supera el 40 por ciento de los ingresos.
Por último, quiero señalar que el CAE, la acreditación y todo el sistema que ha construido el Estado para, supuestamente, garantizar la calidad de nuestra educación han sido puestos al servicio del mercado.
Cuando el ministro Beyer dice que no tiene denuncias sobre el lucro en educación, quiero señalar que desde 2007 ha habido denuncias en ese sentido, las cuales han sido formuladas tanto por académicos de la Universidad de Chile como de la Universidad del Mar, a las que se han sumado otras que se han dado a conocer a través de todos los medios de prensa, pero el Ministerio de Educación nunca ha querido fiscalizar respecto de esa materia.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente , a propósito de las intervenciones que he escuchado, pregunto si nos vamos a quedar en formalismos legales o vamos a hacer justicia. ¡Esa es la cuestión de fondo!
Para nadie puede no ser claro que la ciudadanía clama por que se terminen los abusos de que es objeto y, sin duda, el informe que hoy sometemos a la consideración de esta Corporación aborda el funcionamiento de la educación superior de una manera integral, y no solo la existencia del lucro en los planteles.
No cabe duda de que este tema es hoy el ícono de la protesta transversal de una sociedad que ya no soporta más abusos, especialmente de los poderosos. Los hay en la salud, en la pesca, en el retail, en la banca, en las AFP y, por cierto, también en la educación superior.
Este informe reveló la precariedad de una subeducación superior que entrega cada año, solo a título de ejemplo, miles de nuevos profesores al país, pero la medición de la prueba Inicia revela que únicamente tres de cada diez están en condiciones de enseñar y que los otros siete habr��n sido defraudados con una educación que no los habilita. El problema es que ya habrán pagado por ella. Junto con sus familias, por muchos años quedarán endeudados por una prestación que, en algunos casos, no les servirá de nada.
Esto que señalo debiera ser un escándalo nacional. Nadie marchó por esto, ni en esta Cámara se trató de manera especial. En el último tiempo, nos hemos jactado al señalar que siete de cada diez estudiantes de educación superior son primera generación que accede a ella. Sin duda, es un logro; pero, como siempre, las estadísticas generales tienden a esconder realidades particulares. De esos siete jóvenes, más de la mitad no termina sus estudios y, además, queda con una enorme deuda que, en algunos casos, ha llevado -como hemos sabido- a que se les embarguen y rematen las viviendas familiares.
¿Es posible, entonces, que algunos sigan negando esta realidad, que no es otra que haber construido un sistema de educación superior imposible de sustentar en el largo plazo? A eso se dedicó esta Comisión. El lucro, claro está, ocupó un lugar destacado. Y no podía ser de otro modo, si mientras trabajábamos, un rector de universidad, ex miembro de esta Corporación, no precisamente de la Concertación, don Raúl Urrutia , denunció públicamente la manera burda y descarada en que la universidad en la cual se desempeñaba lucraba con los recursos que el Estado pone a disposición de la educación de quienes no tienen recursos propios para ello.
Cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿es posible que por razones ideológicas o compromisos de cualquiera naturaleza hagamos oídos sordos a estas denuncias? Me cuento entre aquellos que han tomado la decisión de nunca más volver a dar la espalda a las demandas ciudadanas por mayor justicia, transparencia y respeto. De verdad, me encantaría que este fuera un compromiso colectivo y unánime de esta Corporación. Pero sé que eso no es posible.
Entre tanto, el Ministerio de Educación apura la tramitación del proyecto sobre la Superintendencia de Educación Superior, intentando hacernos creer que con ello se resuelven todos los problemas consignados en el informe. Eso no es cierto. Ese proyecto apunta a regular el lucro; es decir, está orientado a mejorar las condiciones del negocio, pero no a resolver los problemas estructurales de la educación superior.
Como es sabido, parte del informe se entregó a la Fiscalía y allí se está investigando. Ellos tienen la facultad para hacerlo; no nosotros. Eso lo tenemos claro.
En general, los chilenos tienen una mala opinión de la labor que realizamos en esta Corporación, muchas veces con razón, especialmente por la efectividad de las comisiones investigadoras. En ese caso tienen más razón. En el caso de la Comisión que dio origen al informe, que los señores diputados tienen a su disposición para su consideración, se contienen las conclusiones y recomendaciones que proponemos aprobar, convencidos de haber realizado un trabajo honesto que cumple cabalmente con el mandato de la Sala. Por cierto, contiene errores, pero no hay obra humana carente de ellos.
En una entrevista concedida a un medio de comunicación, el 12 de julio del 2011, un destacado académico expresó: “Las universidades con fines de lucro nunca van a ser buenas universidades, porque nunca van a hacer investigación y no van a seleccionar a los mejores estudiantes.”. Esto podría haber sido dicho por un furibundo opositor a este gobierno; pero -¡perdón, me equivoqué!- son palabras del señor Harald Beyer , en ese momento subdirector del Centro de Estudios Públicos, que hoy ocupa el cargo de ministro de Educación .
Y cuando esta Comisión llega a la conclusión evidente y a la convicción de que hay universidades que transgreden la ley, que lucran, pues ese es el motor de la historia -como les gusta decir a algunos de nuestros colegas-, entonces el ministro Beyer dice que esas conclusiones no sirven de nada y se niega a recibir a los diputados que quisieron comentarlas y entregar el informe.
Todo el país sabe que las universidades privadas se transan como cualquier otro bien. Así lo han hecho actuales ministros de este gobierno, como lo reconociera el ministro Lavín , quien, sin querer revelar los montos involucrados, declaró, en un medio nacional, que al vender su participación en la Universidad del Desarrollo “recuperó su inversión”. Tampoco conocemos los verdaderos montos involucrados ni los destinatarios de la venta. Espero que ello se sepa en el futuro.
Tal vez después de este informe encontremos la voluntad para poder conocer la manera en que en los últimos años se han transado las universidades del país, incluyendo la compra, a través de fondos de inversión, de un conjunto de universidades y centros de formación técnica por varios cientos de millones de dólares.
¿Alguien, razonablemente, puede entender que grupos de inversión compren para no lucrar o solo para hacer filantropía? Esta Cámara -o algunos de los colegas- puede seguir mirando de espaldas a la comunidad que reclama que hagamos un aporte. El ministerio puede abdicar de su obligación de hacer cumplir la ley; pero esta Cámara no puede ni debe renunciar a su obligación.
Llegó la hora de la verdad. Cada día que se pierda se convierte en un pecado social de negligencia y, aun más, de complicidad con un insoportable estado de cosas que no podemos aceptar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún.
El señor HASBÚN.- Señor Presidente, no me voy a referir a la parte conceptual, sino, directamente, a la falta de objetividad del informe.
Como recordarán algunos, cuando se discutían las conclusiones en la Comisión, fui bastante claro en decirles a varios diputados que estaban en ese minuto que incluyéramos a todas las universidades o a ninguna.
Sin embargo, parece que se optó por incluir solo a tres, cuatro, cinco, seis o siete universidades por una realidad que todo el mundo conoce. Obviamente, cuando eso sucede, se pierde toda objetividad, y si eso ocurre, este informe no sirve absolutamente de nada, porque aquí influyeron intereses de grupos económicos por sobre el interés colectivo del país. ¡Y eso es lo que molesta!
Porque este informe se refiere solo a algunas universidades, pero deja afuera a otras, en circunstancias de que el propio contralor general de la República señaló que habían universidades del Cruch que estaban al borde de la legalidad, como es el caso de la UMCE, la UTEM y la Usach; también se mencionaron otras universidades, que no viene al caso nombrar.
Pero si efectivamente vamos a hablar de quienes lucran, tengo que preguntar por qué no se incluyó en el informe que la Universidad Diego Portales colocó bonos en el Banco Security, que generaron utilidades por cientos de millones de pesos. ¿A quién se protege? ¿Qué intereses están de por medio? ¿Acaso, una vez más, el lobby en esta Cámara pesó tanto que algunos parlamentarios cedieron por la presión, para incluir a unas universidades en desmedro de otras?
Claramente, esa situación es bastante grave. Este informe, en las condiciones en que está redactado, no cumple el objetivo que se buscaba, porque aquí hay una situación bastante anómala y grave. Por ejemplo, se dice que un militante de un partido de la Concertación compró el 50 por ciento de la Universidad Central. ¿Qué significa eso? Cuando la Uniacc defraudó al fisco por más de 20.000 millones de pesos, aquí se creó una Comisión Investigadora, pero tampoco se nombró.
Cuando hay universidades, como la Miguel de Cervantes o la Pedro de Valdivia, que acaba de perder la acreditación, ¿por qué no se nombran? ¿Por qué no se mencionan universidades que tienen sociedades espejo, lo que todo el mundo sabe, como la Adolfo Ibáñez? ¡Tampoco se incluyó! Entonces, la pregunta que cabe formularse es: ¿por qué unas sí y otras no? ¿Por qué se incluyeron solo algunas?
Entonces, el problema es más de fondo. El problema de este informe es que es sesgado y está protegiendo los intereses de grupos económicos que, obviamente, están ligados a ciertos partidos políticos. ¡Eso es inaceptable! ¡Eso es lo que no podemos permitir! ¡Eso es lo que planteamos algunos diputados!
El diputado Venegas se ríe, pero en la Comisión le planteé incluir a todas las universidades, pero la respuesta de ese diputado , como también de otros, fue no incluirlas. Entonces, ¿por qué no se incluyeron? ¿A quiénes protegen? ¿Por qué unas sí y otras no? Si vamos a hablar del tema de fondo, hablémoslo. Si nos vamos a preocupar de la realidad, hagámoslo. Pero no empecemos a proteger los intereses de un grupo en desmedro de otro, porque así se desvirtúa el informe final.
Este informe está hecho por lobistas y lo único que termina haciendo es proteger a un grupo económico que está detrás y que, obviamente, está ligado a los partidos de la Concertación.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en primer lugar, agradezco al Secretario , don Hernán Almendras , y a los demás funcionarios de la Comisión, así como a la Biblioteca del Congreso Nacional, por el apoyo que dieron al trabajo de la Comisión. El informe que emitimos muestra el trabajo que realizaron para apoyar a la Comisión.
Esto comienza en la década de los 80 del siglo pasado. La dictadura decidió convocar a un grupo de iluminados y, entre cuatro paredes, sin debate alguno, se decidió cómo iba a ser el desarrollo educacional en Chile en los años siguientes.
Fue en la época de la dictadura que se concibió este sistema, en el cual se configuró un nuevo marco legal en la educación superior, que emergió de una concepción de la educación superior como un bien esencialmente privado y del Estado como un agente esencialmente subsidiario. Se establecieron regulaciones mínimas para facilitar el despliegue de la iniciativa privada en la educación superior.
En el artículo 19, número 11°, de la Carta Fundamental, se establece la libertad de enseñanza como un derecho constitucional -la calidad de la enseñanza y el derecho a la educación no quedaron establecidos-, entendido como la libertad de los ciudadanos para abrir, mantener y administrar instituciones educativas de todo nivel, lo que significó, por cierto, el término del concepto de Estado docente, y la educación, al igual que la salud y la previsión, se transformaron en lo que son hoy: cuantiosos negocios para los grupos económicos nacionales y extranjeros.
En democracia, hemos tenido muy poca capacidad para cambiar el actual estado de cosas. En la Constitución de 1980, quedó amarrado políticamente cómo se debían cambiar las normas que tienen quorums especiales, como la ley orgánica constitucional de enseñanza, que fue promulgada un día antes de que el dictador dejara el poder.
Por cierto, el 2006, los “pingüinos” se empezaron a rebelar y nos plantearon en las calles que estaban recibiendo una educación inadecuada, que la educación chilena era de muy baja calidad. ¿Qué se hizo? Prácticamente, nada.
La desmunicipalización que exigían los “pingüinos” no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque en el Congreso Nacional no están los votos. ¡Digámoslo claramente! Lo que ocurrió para aprobar la LGE fue un acuerdo político, porque se necesitaban votos para dar un pasito adelante en las reformas educacionales, y eso solo se podía hacer si había un acuerdo con la Derecha. Por eso, en educación no hemos avanzado nada.
Señor Presidente , pido insertar mi discurso escrito, porque es bastante más extenso. Ahora solo voy a hablar desde el punto de vista político. Pero todo lo que estoy argumentando va quedar mejor expuesto si se incorpora en forma completa.
Lo que estamos discutiendo hoy tiene que ver con un tema fundamental: cuál es el rol del Estado y de las instituciones de educación en Chile y cuál es la diferencia entre el lucro y aquellas instituciones de educación, tanto del Estado como privadas, que tienen un fin público. Esa es la diferencia.
En Chile siempre coexistió lo público y lo privado. Prueba de ello es que hoy todavía, a pesar del modelo económico implantado, hay universidades privadas sin fines de lucro y con vocación pública, como la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, que, a pesar de todo, tienen una visión pública.
Entonces, debemos reflexionar respecto de lo que ha pasado. ¿Por qué hoy estamos en esta disyuntiva? Principalmente, porque…
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , disculpe que lo interrumpa.
Suspendo la sesión hasta que no abandonen la Sala las personas que arrojaron los papeles.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
Puede continuar el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , decía que, en términos políticos, esto es lo que heredamos de la dictadura.
Después de conocer este informe, no cabe duda de que universidades y personas lucran con la educación superior; no cabe duda de que la convirtieron en un negocio, al que se han incorporado incluso capitales extranjeros, para lucrar con los recursos que pagan las familias más humildes para educar a sus hijos. Son recursos que van a parar a los bolsillos de dueños y accionistas de las universidades, muchos de los cuales viven en el extranjero. En definitiva, recursos que se invierten en la educación chilena van a parar al extranjero, lo que es absolutamente inaceptable. Por eso, las propuestas que hace la Comisión se enfocan en una mirada país, en una mirada de desarrollo.
Los radicales siempre hemos estado a favor de la educación pública, por una razón muy simple: porque creemos en el Estado como garante de una educación pública de calidad para todos los chilenos y todas las chilenas. No puede haber otro que cumpla esa misión; no puede ser la familia. El Estado es el que debe garantizar educación de calidad, gratuita, laica y progresista para todos los chilenos.
Por eso, nosotros sostenemos que nuestro sistema educacional necesita una verdadera reforma. El actual sistema educativo está en crisis; están en crisis la educación superior, la educación técnico-profesional, la educación media y básica, e, incluso, la preescolar. Solo podremos superar esta crisis global si actuamos como Estado.
Señor Presidente , los estados más neoliberales del mundo, como Taiwán, tienen educación pública. Los países que han salido del subdesarrollo en forma rápida y que hoy tienen capacidades económicas importantes y una población mucho más equilibrada, lo han logrado gracias a la educación. Ejemplo de ello son Finlandia, Singapur y otros. ¿Por qué no copiamos las buenas ideas? Llegó el momento de reformar, a través de una asamblea constituyente -como lo plantea el presidente de mi partido-, nuestra Constitución Política, para tener educación gratuita y de calidad para todos los chilenos, para tener un sistema de salud acorde con nuestras necesidades y para cambiar el sistema binominal, que nos tiene entrampados. Es imperioso preguntarles a los chilenos qué tipo de Constitución y de sociedad queremos. La actual conformación del Congreso Nacional no lo permite. Así, por ejemplo, no podemos desmunicipalizar la educación, porque en el Congreso Nacional hay sectores que, con sus votos, impiden cualquier reforma.
Por eso, la bancada radical concurrirá con su voto favorable para aprobar este informe, a la espera de que la sociedad chilena cambie su metodología.
Señor Presidente , estoy absolutamente convencido de que actuamos frente a un problema país, en que todos, absolutamente todos, tenemos algún grado de responsabilidad: unos, como creadores, gestores y beneficiarios de un sistema que buscó el lucro personal y corporativo por sobre el interés general de la sociedad y el bien común; otros, porque no fuimos capaces de percibir y denunciar el cáncer que se incubaba en la institucionalidad que estábamos apoyando y tratando de mejorar.
Es responsabilidad de todos nosotros alcanzar un nuevo consenso país para estructurar un sistema educacional acorde con los tiempos que vivimos.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
El señor BECKER.- Señor Presidente , el mandato que se entregó a la Comisión Investigadora fue para evaluar el financiamiento de las universidades privadas y públicas y la forma de lucrar de la educación terciaria.
Fue fácil prever que ese mandato no se cumpliría a cabalidad, porque lo que preten-dían los diputados de la Concertación -cuestión que lograron, porque fueron mayoría en la Comisión- era abocarse solo al conocimiento de las prácticas de las universidades privadas. También fue fácil prever que hoy solo discutiríamos sobre el lucro en las universidades.
Señor Presidente , en Renovación Nacional -lo quiero dejar muy claro-, estamos totalmente en contra del lucro en las universidades. Por lo demás, la legalidad vigente obliga a fiscalizar y sancionar a las universidades que lucren. Pero no estar de acuerdo con el lucro no significa estar de acuerdo con el informe, que plantea conclusiones y proposiciones que nada tienen que ver con el estudio y el trabajo que se realizó en la Comisión. No tienen ningún antecedente concreto para sacar las conclusiones que consignan en el informe.
No lo digo yo, sino el informe. Ni el contralor general de la República ni el director del Servicio de Impuestos Internos ni nadie afirmó, en sentido alguno, estar en presencia de un hecho ilícito con caracteres de delito en las universidades. La denuncia solo se sustenta en transcripciones de un reportaje periodístico, en las declaraciones de la señora María Olivia Monckeberg y en un trabajo realizado por un analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Juan Pablo Cavada , quien nunca dice que hay algún hecho ilícito en alguna universidad en particular, sino que solo indica los posibles mecanismos que podrían utilizar para lucrar. El señor Cavada agrega que los estados financieros no permiten comprobar ni rechazar la hipótesis sobre un eventual lucro en las universidades privadas, ni tampoco inferir, a partir de esto, el comportamiento financiero de otros años. En las propias conclusiones de la Biblioteca se advierte que, a partir de la información disponible no es posible concluir si hubo lucro.
Incluso más, en el informe se reconoce expresamente que, salvo las declaraciones del señor Riesco y de la señora Monckeberg , además de una denuncia del sindicato de trabajadores de la Universidad del Mar, sede La Serena, no se dispone de antecedentes para establecer la existencia de lucro. También lo dice la diputada Cristina Girardi : “La falta de antecedentes es un problema que nos preocupa, porque al momento de acordar nuestras conclusiones, tendremos que entregar los datos que tenemos, que son solo los que acabo de mencionar, y que no se pudo establecer si efectivamente hay lucro”.
En mi opinión, las conclusiones fueron muy aventuradas. Eso no quiere decir que no haya lucro en las universidades; es posible que exista. Sin embargo, a partir de este informe, no es posible concluir esta práctica.
Pero, ¿qué sucede con la otra parte del mandato, es decir, con el lucro en las universidades públicas? Al respecto, nada dicen las conclusiones, aunque aquí sí había antecedentes para haber sacado algunas conclusiones. El contralor general de la República señaló que existe un paralelismo institucional utilizado para escapar de la fiscalización de la Contraloría y aumentar las remuneraciones. Aquí hay contratos de trabajo muy generosos y con indemnizaciones a todo evento. Esto, reitero, en las universidades públicas. Agrega que el lucro se produce en el sector público con la huida del derecho público. Sin embargo, las conclusiones de la Comisión nada mencionan sobre el lucro en las universidades públicas.
Veamos ahora algunas propuestas que hace la Comisión: Reforma constitucional, que asegure el derecho a la educación, en el sentido de que es deber del estado garantizar el acceso a todas las personas a una educación de calidad, en todos los niveles educativos. ¡Pero si esta reforma está tramitándose desde agosto de 2011 en el Congreso Nacional!
Otra propuesta es derogar el actual sistema de acreditación y que el Estado defina los estándares de calidad. ¡Pero si el nuevo sistema de acreditación será presentado al Congreso Nacional! Existe el compromiso del Gobierno -lo saben los diputados de la Comisión de Educación- de presentarnos un nuevo sistema de acreditación, que empezaremos a tramitar a fines de este año, con nuevas normas, incluso de la OCDE.
Otra propuesta: Establecer sanciones a la contravención de la prohibición de lucrar. Esto está prohibido. Sin embargo, lo que hoy debemos hacer es crear rápidamente la superintendencia respectiva -el proyecto ya está en el Parlamento-, con lo que podremos fiscalizar de mejor manera para que no se lucre en las universidades. En verdad, señor Presidente , la mayor parte de las propuestas ya están siendo trabajadas.
Otra propuesta de la Comisión es suspender todo financiamiento a las instituciones de educación superior privadas hasta que se acrediten. El nuevo sistema de acreditación aún no está listo, pero actualmente no se entrega financiamiento a ninguna institución que no esté acreditada. Obviamente, se tendrá que cumplir el sistema de acreditación más estricto que se creará.
En suma, se debe seguir avanzando para terminar con el posible lucro en las universidades públicas y privadas.
Señor Presidente , los diputados de Renovación Nacional no queremos que se produzcan más abusos. Que quede muy claro: si hay universidades que lucran, deben ser duramente sancionadas. Si hay universidades que entregan mala calidad de educación, ojalá que salgan del sistema, que no sigan funcionando y, obviamente, que no se les dé la acreditación. No debieran existir universidades que hacen de la educación un negocio.
Sin embargo, no fue posible llegar a un acuerdo con los otros integrantes de la Comisión -lo que lamento- para elaborar un informe de consenso. Consideramos que el informe en debate tiene muchos sesgos y que sus conclusiones y proposiciones no tienen relación con lo señalado por la gente que escuchamos.
Por lo tanto, la bancada de Renovación Nacional rechazará el informe.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , esta es la primera vez que se presenta un informe de una comisión investigadora a la Sala y no está presente el ministro responsable del ramo, lo que es una falta de respeto a la Cámara de Diputados y al trabajo serio y riguroso que ha hecho la comisión investigadora.
El ministro se ha empeñado -tenemos que denunciarlo- en desconocer, desacreditar y descalificar el informe; pareciera que él ya ha tomado partido en relación con estos temas. Por lo tanto, no es una autoridad imparcial, porque pareciera estar avalando el lucro que la Comisión denunció y todas las situaciones irregulares que existen en el sistema de educación superior.
Deseamos que el trabajo de la Comisión sirva para hacer cambiar de actitud al señor ministro y a las autoridades de Gobierno, que no han tomado en cuenta un informe de un Poder del Estado , específicamente, de la Cámara de Diputados, en el que, después de un riguroso trabajo de siete meses, se establecieron hechos incuestionables.
Lo principal es determinar si el Estado, concretamente el Ministerio de Educación, ejerció o no sus competencias legales en tiempo y forma para precaver que las universidades, instituciones sin fines de lucro por esencia, cumplieran con una premisa normativa esencial, cual es que los excedentes económicos que produzcan se reinviertan en el proyecto académico y formativo.
El informe concluyó que el Estado ha tenido y tiene una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, que privilegia el derecho a la libertad de enseñanza, entendido como la libertad de entrada a la oferta educativa, por sobre el ejercicio del derecho a la educación. Esta es una verdad indesmentible de cómo funciona en la actualidad nuestro sistema de educación superior.
La investigación ha sido oportuna. Chile entero se ha remecido ante el clamor de cientos de miles de estudiantes y de padres de familia que nos han enrostrado a todos quienes tenemos responsabilidades políticas, por el sistema de educación durante las últimas tres décadas; un sistema que no solo devora los escasos recursos de decenas de miles de familias, sino que, lo peor, está empeñado, especialmente en el sector de las universidades privadas no selectivas, a la venta de sueños de futuro, que se desvanecen apenas sus estudiantes salen a la realidad de un mercado laboral que no reconoce ni valida certificaciones profesionales que han significado tanto esfuerzo material y económico. En general, tenemos la educación más privatizada, más cara y con peores niveles de calidad del mundo.
El informe pone en evidencia esta situación, porque dice, en lo esencial, que tenemos un modelo de educación superior concebido como una inversión privada para obtener beneficios privados, es decir, que deja de ser lo que es en toda sociedad civilizada: un derecho humano de naturaleza económica, social y cultural, que debe ser provisto y asegurado por el Estado de manera igualitaria para todos sus hijos.
Existen datos irredargüibles que demuestran cómo se ha ido generando este sistema a lo largo de los últimos treinta años. La excusa es que se ha generado universalización y cobertura, pero a costa de haberse creado un mercado, una verdadera industria que, fundada en la lógica del lucro, hizo de la educación una mercancía, y de las universidades privadas, los institutos profesionales y los centros de formación técnica, un verdadero estanco entregado y amparado por el Estado. En 2009, esta industria llegó a mover 2,4 billones de pesos, lo que equivale a 2,4 por ciento del producto interno bruto.
En efecto, el sistema universitario no está cumpliendo su rol esencial, que es ser la matriz del desarrollo científico y tecnológico, y de la formación de profesionales de calidad y de ciudadanos libres y críticos.
Nuestro sistema universitario está fragmentado. Por una parte, están las universidades del Estado -literalmente, han sido abandonadas-, y las universidades privadas tradicionales, que también cumplen un gran rol; por el otro, las universidades privadas surgidas de la reforma establecida por la dictadura militar, las cuales han ido copando este sistema y, además, han creado uno de los sistemas más caros del mundo.
En la Comisión Investigadora determinamos los mecanismos y los ardides que se han empleado para lucrar. Eso le ha dolido a muchos, especialmente a quienes representan a los grupos económicos. ¿Quién puede decir que no hay grupos económicos detrás de las universidades privadas, como Laureate, Penta, Linzor Capital, el de la familia del ministro de Justicia, Teodoro Ribera; Agrosuper, que está detrás de la Universidad de Aconcagua; Apolo, Security, o empresas como Parque Arauco, Entel, Embotelladora Andina, Corpora, D&S? ¿Cómo se puede decir que universidades no tienen fines de lucro, en circunstancias de que grupos de inversión compran y venden universidades? Lo que aquí se ha dicho es de una ceguera increíble. El diputado Hasbún ha señalado que hay otras universidades privadas en similares condiciones. Si existen, las incorporaremos al informe. Pero en la Comisión, él no fue capaz de plantearlo.
(Aplausos)
Como una forma de reconocimiento de esta realidad -es una evidencia para el 80 por ciento de los ciudadanos y de las familias del país-, que hizo visible el movimiento estudiantil y que se ratificó con antecedentes en esta Comisión, y para que sea creíble la votación que haremos aquí, debemos aprobar el informe, que nos obliga a concretar conductas y medidas consecuentes.
La Cámara de Diputados debe velar por que cese definitivamente el negocio que se hace con los aranceles y con los recursos públicos que se usan en el sistema universitario privado. Esa es una responsabilidad nuestra. Tendremos que velar por una permanente fiscalización en esta materia. Debe además dar una señal inequívoca que está dispuesta a legislar sobre cambiar inmediatamente y de fondo para construir un nuevo sistema de Educación Superior. Asimismo, tenemos que pedir al ministro de Educación que cambie de actitud; de lo contrario, consideraremos que es cómplice de este sistema, por su silencio y por no haber hecho lo que debía hacer. Le pedimos que investigue a cada una de las universidades que se citan en el informe, a las que mencionó el diputado Hasbún y a cualquier otra que esté haciendo negocio con la educación.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Concluyó su tiempo, señor diputado .
El señor GONZÁLEZ .- Termino en seguida, señor Presidente . Los otros diputados tuvieron diez minutos.
Anuncio la presentación de un proyecto para intervenir a las universidades que se encuentran en crisis. Pido que se lo califique con suma urgencia para que situaciones como las ocurridas en la Universidad del Mar y en otras no se sigan repitiendo.
Por último, solicito que se recabe el acuerdo de la Cámara para que se cumplan los acuerdos logrados en la Comisión de Educación ante el emplazamiento de la Confech para establecer una instancia de conversación con las mesas de ambas Cámaras, sus respectivas Comisiones de Educación, los actores educacionales (Confech, Colegio de Profesores, Cruch , Rectores de Centros de Educación Superior de Privados, trabajadores de las Universidades y estudiantes) y el Gobierno a través del Mineduc y Hacienda.
Debe además iniciarse con urgencia un proceso de transformación del sistema universitario que haga creíble que los órganos institucionales de este país tienen el coraje, la decisión y la voluntad política de hacer cambios de fondo.
También deben tomarse medidas en el corto plazo para regular la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real de las carreras, reforma sin la cual toda modificación del sistema de becas y créditos es insuficiente.
Asimismo debe incrementarse globalmente el financiamiento del estado al sistema de educación superior acercándonos a la media de la OCDE.
Además, debe reformularse íntegramente el sistema de acreditación antes de seguir entregando recursos públicos cuantiosos a carreras de dudosa calidad y que, finalmente, van a parar a bolsillos privados.
Como una manifestación de voluntad efectiva de aliviar la carga a más de 100.000 alumnos, el Mineduc debe entregar una solución efectiva e inmediata a los estudiantes deudores de Corfo.
Señor Presidente , si hoy podemos discutir estos temas y se hace luz sobre la degradación que se ha producido en nuestro sistema de educación superior es gracias a los jóvenes chilenos, a los que se movilizaron a lo largo y ancho del país, a los jóvenes golpeados por los bastones policiales, ahogados con las bombas lacrimógenas, detenidos y maltratados en retenes y comisarías, no obstante haberse expresado masivamente en forma pacífica, con imaginación y alegría y que nada tienen que ver con los vándalos y encapuchados.
Debe cesar el negocio de los aranceles con los recursos de las familias y del Estado. El señor Ministro de Educación no puede seguir desconociendo una realidad que todo el país ha vivido, que cientos de miles de familias han sufrido y que constituye la razón de fondo por la que el movimiento estudiantil está en la calle ya hace casi 2 años.
El país está pidiendo no más silencio, no más impavidez, no más indolencia, no más complacencia, no más complicidad. Reconocer esta realidad y ponerle fin, restituirá prestigio a la institucionalidad parlamentaria, que ha perdido y necesita.
Chile nos está mirando. Esta Cámara necesita hablar claro para que podamos construir entre todos una forma decente de convivencia social, fundada en la verdad y no en las mentiras; fundada en la equidad y el equilibrio y no en el abuso de los más fuertes.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Concluyó el tiempo, señor diputado .
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , en primer lugar, saludo en forma muy especial a los estudiantes de tercero y cuarto medio que nos acompañan en las tribunas. Ellos son alumnos de distintos establecimientos educacionales de las comunas de Chimbarongo y San Fernando , provincia de Colchagua. Al respecto, debo denunciar que hoy en la mañana Carabineros pretendió impedir su libre desplazamiento, por esta Corporación, en circunstancias de que estos estudiantes venían a participar en un acto cívico, un acto democrático, a escuchar esta discusión.
La Comisión que presidí, después de diez meses de estudio y de escuchar a más de setenta invitados, concluyó que existe lucro en la educación superior chilena.
Hoy, quiero agradecer a dos diputados de la Alianza, los señores Romilio Gutiérrez y Manuel Rojas , por haber participado de manera permanente en la Comisión, donde hicieron aportes y propusieron vías de solución ante lo que hemos denominado el lucro en la educación superior, situación que representa una vergüenza nacional. En tal sentido, nos llama la atención que no se lograra un acuerdo; no entendemos por qué no se pueden alcanzar acuerdos entre la Oposición y el Gobierno, en relación con una materia tan importante y que incide en el bolsillo de tantas familias chilenas.
Pero hay más. Lamentablemente, muchos diputados no se han informado sobre lo ocurrido en la Comisión durante estos meses de trabajo. Por eso, aprovecho de decir al diputado Hasbún , a quien respeto mucho, que aquí no existe sesgo hacia universidades públicas o privadas. Lo llamo a que lea el informe, específicamente la conclusión número 19. Determinamos que existe un que la mayoría de las universidades tiene un modus operandi para obtener lucro, proveniente de los bolsillos de las familias chilenas.
Señor Presidente , por su intermedio quiero decir al diputado Hasbún que si quiere incorporar a más universidades, lo llamo a que lo haga, que formule la denuncia, que las lleve a la fiscalía, porque eso es lo que pretendemos aquí: denunciar responsablemente lo que ocurre.
Asimismo, señor Presidente , por su intermedio quiero decir al diputado Cardemil , con todo el respeto que me merece, que el constitucionalista señor Zapata es decano de una de las universidades privadas denunciadas en la Comisión. ¡Ese es el señor Zapata ! Podría entregar más nombres de constitucionalistas. En suma, no vamos a renunciar -como dijo la diputada Cristina Girardi - a nuestra facultad fiscalizadora y a nuestro deber de denunciar a estas universidades para que se sepa qué están haciendo y cómo lo están haciendo, porque con ello afectan el bolsillo de muchas familias de chilenos.
Señor Presidente , por su intermedio, deseo expresar a los diputados señores Cardemil y Becker que si la Biblioteca del Congreso Nacional no pudo constatar lucro al revisar los informes económicos de las universidades fue porque no se han elaborado los reglamentos en materia de entrega de antecedentes desde ellas al Ministerio de Educación. Así, la información entregada al ministerio es tan débil, que ni siquiera ha sido capaz de fiscalizar a partir de ella. Reitero, los reglamentos en materia de fiscalización no se han elaborado.
Señor Presidente, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor diputado que el que se limita en su capacidad fiscalizadora y no quiere ver.
(Aplausos en las tribunas)
No hay peor diputado que el que se sienta a calentar su escaño y a ordenar cómo votar. Por eso, llamo a reflexionar al respecto.
Los colegas saben perfectamente que en la educación superior chilena existe lucro. ¡Quien lo niegue, no vive en este país! ¡Quien lo niegue, no es capaz de ver la realidad de miles de familias que están en Dicom y que claman todos los días por una solución a su problema! El señor diputado que no quiera ver esto y que vote en contra este informe, será deshonesto consigo.
Por eso, los llamo a reflexionar al respecto sin pensar si son de la Concertación o de la Alianza, sin decir que este problema viene del pasado. Todos somos responsables y nos recriminamos, porque fuimos cómplices de esto. ¡Este es un momento de inflexión, de reflexión, de pensar en el bien común, de atender lo que la ciudadanía espera! Es un momento en que podemos hacer la diferencia entre ser cómplices o quienes resuelvan el problema.
Conozco a cada uno de los colegas; conozco su vida y su trayectoria; conozco a unos más que a otros y sé que no son irresponsables y que hacen su pega. Pero, ¿saben? -se lo digo con cariño, a unos más que a otros-, afuera tenemos barreras en torno al Congreso Nacional. No somos capaces de dejar entrar a la gente porque nos da miedo. Si no aprobamos este informe, esas barreras tendrán que ampliarse.
Como diputada de la República y expresidenta de esta Corporación, debo decir que hoy muchos diputados han recibido presiones del Gobierno. Lo digo así, tal cual es: han recibido presiones del Gobierno. Por eso, agradezco a la diputada Marta Isasi que esté aquí dando la cara, que vote este informe y que diga que no acepta presiones.
¡Ningún diputado la República aceptará presiones del Gobierno en relación con la legítima decisión de votar de la manera que corresponda!
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Ha terminado su tiempo, señora diputada .
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Para referirse a un punto de Reglamento, tiene la palabra la diputada señora Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , el Código de Conductas Parlamentarias, en su artículo 7°, letra h), inciso segundo, establece que los diputados deberán abstenerse de participar, directa o indirectamente, en cualquier proceso decisorio que favorezca, en lo personal, sus intereses o los de su cónyuge, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o de su socio en una empresa.
Por tanto, pido a los diputados que tengan inhabilidades, que se abstengan de participar en la votación.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear un punto de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, voy a ser breve en mi planteamiento.
Aquí se ha hablado mucho de democracia, que uno puede expresarse, en fin.
Yo quiero pedirle.
(Manifestaciones en las tribunas)
Es una cuestión de Reglamento.
(Manifestaciones en las tribunas)
¡Ahí están los demócratas!
Lo único que quiero decirle, señor Presidente, es que yo…
(Manifestaciones en las tribunas)
¡Pero déjenme hablar, antidemócratas!
(Manifestaciones en las tribunas)
Señor Presidente, es muy simple lo que le voy a decir. Ellos piden la palabra para referirse al Reglamento y pueden hacer lo que quieran. Yo voy a invocar un artículo del Reglamento.
Lo que quiero decirle, señor Presidente , es lo siguiente: Yo me preparé para intervenir hoy; no pude hacerlo, porque esa es la democracia de la Concertación. Ellos no quisieron que esta sesión fuera hasta más tarde.
Por eso, pido que mi discurso se inserte en el boletín de sesiones.
¡Eso es todo!
He dicho.
-Aplausos en la Sala y en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Ha terminado el tiempo de discusión.
Pido el acuerdo de la Sala para insertar las intervenciones de los diputados señores Araya, Carmona, Gutiérrez, don Hugo; Espinosa, don Marcos; Schilling, De Urresti; Espinoza, don Fidel; Verdugo, Edwards, García, Godoy, Rivas, Auth; de la diputada señora Saa, doña María Antonieta; de los diputados señores Jiménez, Ascencio, Silber, Chahín, Letelier, Kast, de la diputada señora Hoffmann, doña María José; de los diputados señores Moreira, Arenas, Calderón, Rojas, Jaramillo y Accorsi, y de la diputada señora Isasi, doña Marta.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario:
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, el tema que nos preocupa es de la mayor trascendencia. Al respecto, señalo lo siguiente:
I. Antecedentes
A partir de la década de los ochenta mediante la dictación de diversas normas, la educación superior experimenta una profunda transformación, abriéndola al mercado sobre la base del principio de libertad de enseñanza entendida como libertad para crear y mantener establecimientos de tres niveles institucionales: Universidades para otorgar títulos universitarios exclusivos, b) Institutos Profesionales para profesiones no exclusivamente universitarias y c) Centros de Formación Técnica para formar técnicos de nivel superior. Dichas instituciones deberán ser corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y es, en este último punto, en donde se genera un quiebre lo suficientemente lesivo para la ciudadanía que conlleva a la necesidad de constituír a esta Comisión Investigadora para analizar el cumplimiento de esta prohibición legal.
II. Mandato Otorgado por la Cámara a esta Comisión Investigadora:
1) Inicie las investigaciones relacionadas con el funcionamiento de la educación superior; 2) Realice una revisión a fondo del sistema y su forma de ingreso; 3) Determine la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria; 4) Evalúe los conflictos de interés que puedan existir; 5) Analice el financiamiento de las universidades públicas; 6) Realice rendición de cuentas respecto de los dineros aportados por el fisco de Chile y, en general, el funcionamiento de ésta, y 7) Recabe información sobre todo lo que estime necesario, recibiendo para tales efectos a los estudiantes, rectores, representantes de inmobiliarias y consorcios internacionales.
Para el cumplimiento de su propósito, debió rendir su informe en un plazo no superior a 120 días a contar del 6 de julio de 2011 (el que fue prorrogado) y podría constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
III. Desarrollo del mandato
Para llevar adelante el fiel cumplimiento del mandato, esta Comisión Investigadora desarrollo su labor en base a tres ejes fundamentales de trabajo consistentes en imponerse sobre:
a) Funcionamiento de la educación superior, para lo cual recibió Ministerio de Educación, División de Educación Superior, Consejo Nacional de Acreditación, Comisión Nacional de Acreditación; b) El financiamiento de la educación superior, para lo cual analizó el diseño e implementación de becas, crédito con aval del Estado, fondo solidario, carga financiera de la familia, entre otros. A su vez, analizó la fiscalización sobre el funcionamiento institucional y cumplimiento de la normativa vigente -prohibición al lucro- para lo cual recibió en audiencia a los señores Ministros de Educación y de Justicia como también al señor Contralor General de la República y al Director del Servicio de impuestos Internos ; c) Las denuncias recibidas -vía audiencias y material documental- para lo cual recibió al Sindicato de Trabajadores, Académicos y Especialistas en Educación Superior, y denuncias de particulares
Consideraciones para las Conclusiones del análisis:
Considerando que las Universidades son por definición Corporaciones sinfines de lucro (así lo señala el artículo 53, inciso 1°, del D.F.L. N° 2, publicado el 02.07.2010, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de 2005, que a su vez fija el fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza).
Que, esto no significa que no puedan generar utilidades (pero sí implica que los miembros de la corporación universitaria no pueden efectuar retiros de utilidades ni se les pueden emitir dividendos (es decir, no pueden transformar utilidades en lucro).
Que, no es prohibido que las universidades externalicen sus inversiones, servicios, costos y gastos relevantes, tales como arriendo de edificios, muebles, servicios, factoring de cartera de deudores incobrables, etc.
Que, nada impide que sea tercerizado a empresas relacionadas por vínculos de propiedad (ya sea directa o indirecta de los miembros de la corporación universitaria, de su junta directiva y/o de sus ejecutivos relevantes).
Que, esto puede deberse a que: las universidades están exentas de impuestos a la renta e IVA e impuesto territorial (ello respecto de sus ingresos provenientes de la actividad educativa, y de sus bienes raíces destinados a tales actividades, en el caso del ITE. Esto implica que la universidad no tiene los beneficios tributarios que pueden aprovechar las empresa sometidas al régimen general de tributación respecto de sus inversiones, costos, gastos, depreciaciones, impuesto territorial pagado, crédito fiscal IVA, etc.).
IV. Conclusiones del análisis:
Se ha descubierto formas “lícitas” para lucrar a través del régimen tributario, a saber, las siguientes:
Cobrar aranceles y matrículas altas para financiar gastos: situación que, como bien hemos conocido a fondo, a lo largo de las sesiones de esta H. Comisión, el asunto respecto a la fijación de estándares de aranceles por carreras es una cuestión no conocida oficialmente por los organismos responsables y, claramente, este constituye un nicho bastante útil para lograr lucrar “vacío legal”, falta de aplicación de los preceptos de la Constitución Política y/o las leyes.
Captar numerosos alumnos en primer año, con alta reprobación hasta el quinto año: para ello, se aumentan ingresos en primer año, sin necesidad de invertir en infraestructura en años siguientes.
Otra alternativa, es vender cartera de deudores incobrables a factoring relacionado: En este caso, la universidad anticipa flujos sin tributar por pagos, factoring descuenta gastos por castigo de deudores incobrables.
Además, al eximirse de Impuesto a la Renta, no hay razones tributarias para invertir en activo fijo relevante, pues no se puede depreciar, ni rebajar como gasto, ni aplicar crédito tributario de 4%. Para ello, los miembros de junta directiva o ejecutivos relevantes pueden verse incentivados a adquirir el activo fijo mediante una empresa distinta, de su propiedad.
Por otro lado, permite utilizar gastos por arriendo a la universidad, depreciación normal o acelerada, crédito tributario del 4% por inversión anual en activo fijo. Esto también puede ocurrir con vehículos, a través de la depreciación, gasto, inversión, aprovechamiento crédito fiscal IVA, recuperación de impuesto específico a los combustibles.
Otra forma lícita es mediante los pagos sobre el límite legal tributario pues, se pueden pagar altos sueldos a miembros de junta directiva, administradores o ejecutivos, sin límite legal aceptado tributariamente como gasto.
El límite sí existe para demás empresas. El exceso es gasto rechazado para sociedad, gravado con tasa de 35% en vez de tasa normal, y con Impuesto Global Complementario para el empleado, sin crédito por impuesto pagado por empresa.
Esto es posible también a través de contratación de familiares para ello, la juntas directivas de universidades, y directorios o gerencias de las empresas pueden incorporar familiares pues, un mismo ingreso se radica en bases imponibles menores, pues al repartirse el mismo monto entre 2 o más contribuyentes, se obtiene una rebaja del tramo correspondiente, con lo que las rentas se mantienen en núcleo familiar, pero con una menor tasa de impuestos.
El límite sí existe para demás empresas. Las sociedades de responsabilidad limitada no puede contratar cónyuges o hijos menores de 18 años. Gasto rechazado, con tasa 35%, más global complementario.
A su vez, esto es posible a través del financiamiento de flujos a empresas relacionados, mediante la externalización de servicios relevantes: arriendo inmuebles, administración recursos humanos y de activos tangibles, publicidad, etc. También es factible, a través de propiedad de empresas externas: pueden ser ligadas a fundadores o miembros de la junta directiva, administradores o ejecutivos relevantes de la universidad
Es posible que las empresas relacionadas pueden asignar altos sueldos a propietarios o ejecutivos relevantes financiando su pago con los recursos transferidos por la universidad.
V. Medidas Resolutivas:
Propuestas administrativas:
1) Remitir al Ministerio Público todos los antecedentes de las instituciones de educación superior privada respecto a las cuales esta Comisión ha llegado a la convicción de la existencia de la persecución del lucro dentro de sus fines corporativos.
2) Solicitar al Ministerio de Educación que dentro de un plazo máximo de 60 días dicte el reglamento del artículo 49 de la ley N° 20.129.
3) Remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para hacer efectiva la acción fiscalizadora respecto de la utilización de los recursos públicos entregados a las IES.
4) Remitir al Consejo de Defensa del Estado que se investigue la constitución de las inmobiliarias asociadas a los contoladores o dueños de las instituciones de educación superior, el origen de sus recursos, y los contratos de arrendamiento con aquellas instituciones, etc.
5) Requerir al Ministerio de Educación para que ejerza, sin dilación alguna, sus facultades fiscalizadoras en relación al lucro y la calidad educativa, a lo menos en las siguientes instituciones:
UDLA, Instituto Profesional AIEP, Universidad Andres Bello (todas del consorcio internacional Laureate), Universidades del Mar, Central, Finis Terrae , Autónoma , Santo Tomás y Del Desarrollo.
6) Respecto de la concentración del mercado, conforme a las figuras de los delitos económicos, remitir los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para que se refiera y sancione, si es del caso, a quienes resulten responsables.
Propuestas Legislativas:
1) Cambiar el sistema de funcionamiento de la Educación Superior mediante reforma constitucional al artículo 19 Nº 10 que asegure:
1) Derecho a la educación de calidad en todos los niveles.
2) Nuevo sistema de financiamiento. Para ello se requiere:
a) El Estado debe financiar en su totalidad la educación superior pública
b) El Estado podrá concurrir con aportes a instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro y que cumplan con los estándares de calidad definidos.
2) Cambio del sistema de acreditación actual: el Estado debe definir los criterios. Acreditación por proceso y por resultado, por un mínimo de 6 años.
3) Que en el plazo de 6 meses se elaboren nuevos estándares de calidad, para luego, dentro de los seis meses subsiguientes, las IES se sometan a un nuevo proceso de acreditación obligatorio
4) Reforzar la idea del legislador sobre la prohibición del lucro: A todas las IES sin distinguir entre universidad, CFT o IP
5) Se establezcan sanciones a la contravención de la prohibición de lucrar. Además incrementar ámbito del lavado de dinero, y del fraude al Fisco, y establecer sanciones civiles.
6) Que toda IES deba rendir cuenta a la CGR.
7) Que toda IES debe transparentar toda la información respecto de sus ingresos y gastos con los mismos criterios que la ley de transparencia que se aplica en el sector público.
8) Regular la fijación de los aranceles.
9) Introducir la figura del “interventor provisorio” quien tiene por objeto velar porque el destino final del proyecto académico de las IES tenga la mayor viabilidad respecto de los estudiantes.
10) Suspender toda tramitación legislativa relacionada con la educación superior ( Reforma Tributaria , CAE, Superintendencia) sin antes abordar de forma integral las conclusiones y propuestas de la comisión.
11) Suspender el financiamiento a las IES privadas hasta que no estén debidamente acreditadas.
12) Prohibir y sancionar la constitución, mantención y operación con sociedades espejos relacionadas.
13) Establecer prohibición absoluta de enajenación en cualquiera de sus formas de toda participación de los socios de las IES.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 1 abstención.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , lo que está haciendo es incomprensible, porque se supone que estamos esperando la verificación del resultado de la votación del informe de la Comisión Investigadora.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , ¿por qué no suspende la sesión y cita a reunión de Comités?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , tiene que explicar qué ocurre con la abstención registrada en la votación del informe de la Comisión Investigadora.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señores diputados, le voy a pedir al señor Secretario que certifique el resultado de la votación, a fin de evitar cualquier duda. No obstante, tal como lo señalé, he citado a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , el señor Secretario no puede certificar el resultado de la votación porque existen dudas respecto del voto del diputado que se abstuvo.
Las bancadas de Oposición hemos pedido que se revise el video para verificar si ese parlamentario ejerció o no su derecho a votar. No tiene sentido alguno que sigamos con el desarrollo de la sesión mientras este punto no se haya resuelto. Por eso estamos aquí.
(Aplausos en las tribunas)
Lo que le pedimos es que suspenda la sesión hasta que se verifique la votación del informe de la Comisión Investigadora, y después seguimos con su desarrollo.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, quiero plantear tres puntos de orden.
Primero, el Secretario de la Corporación es ministro de fe. Por lo tanto, me sumo a la petición de que certifique la votación anterior.
Segundo, quien decide la forma en que se desarrolla la sesión es el Presidente de la Corporación, a quien todos debemos respeto.
Tercero, si los asistentes a las tribunas continúan profiriendo insultos, pido que el señor Presidente aplique el Reglamento y que ordene a la fuerza pública desalojarlos.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , cuestión de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LEÓN.- Señor Presidente , quiero recordarle que nuestro Reglamento impide a cualquier parlamentario emitir su voto y abandonar la Sala antes de que la votación sea sancionada.
Por lo tanto, hay que dejar pendiente el resultado definitivo de la votación mientras no se certifique, mediante el video correspondiente, que al momento de ser sancionada todos los diputados que votamos estábamos en la Sala. Ahora, si en ese momento un diputado que votó no estaba presente, su voto no debe ser considerado, y él debe ser sancionado, porque su obligación es permanecer en la Sala hasta que la votación sea proclamada.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría, pero solo para plantear un asunto reglamentario.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente , en primer lugar, de acuerdo con nuestras disposiciones reglamentarias, su señoría no puede continuar con el desarrollo de la sesión mientras no se haya zanjado el resultado de la votación.
Todas las bancadas de la Oposición hemos pedido que este sea certificado mediante el video para comprobar si, al mo-
mento de contabilizarse los votos, el diputado que se abstuvo estaba presente en la Sala.
En todo caso, lo que no podemos aceptar es que el señor Cardemil proponga, tal como lo hacía cuando era subsecretario del Interior, el desalojo de las tribunas porque en democracia es algo que no se puede tolerar.
En segundo lugar, no le aconsejo a su señoría que le pida ayuda al diputado Cardemil, pese a que es especialista en recuento de votos.
He dicho.
-Risas en la Sala.
El señor CARDEMIL.- Especialista en qué, ¿en terrorismo?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, creo que todos los reglamentos son importantes, pero surgen problemas cuando atentan contra el sentido común.
Por el buen funcionamiento de la Corporación y para que estas cosas no terminen transformándose en situaciones bochornosas, con el mayor respeto le sugiero que suspenda la sesión, que revise el resultado de la votación anterior, a fin de tomar una decisión definitiva, y que solo entonces la reanude. De lo contrario, lo único que quedará será el descrédito más absoluto de la Cámara, lo que, por cierto, no le hace bien a ninguno de nosotros, en particular a usted, en su condición de Presidente de la Corporación .
Le hago esta recomendación apelando solo al sentido común.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Muy bien, señor diputado .
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Por ahora, no voy a conceder la palabra porque quiero señalar lo siguiente.
De conformidad con nuestro Reglamento, que todos estamos obligados a respetar, el señor Secretario, al terminar la votación, anunció su resultado.
El Presidente de la Cámara , es decir, quien habla, es el encargado de proclamar la decisión de la Cámara, cuestión que voy a hacer dentro de pocos minutos, tan pronto como revisemos el video y verifiquemos si efectivamente el diputado emitió personalmente su voto. Hace unos instantes, él se acercó a la Mesa para asegurarnos que así lo hizo. No obstante, reitero, vamos a revisar el video antes de proclamar el resultado definitivo de la votación.
Por lo tanto, se suspende la sesión hasta ese momento.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz para plantear un asunto reglamentario.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , una vez que su señoría proceda a la proclamación del resultado, si lo va a hacer en la línea que dio a conocer en la reunión de Comités, quiero hacer presente nuestro reparo al punto reglamentario para efectos de que la Sala lo tome en consideración.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.- Señor Presidente , no voy a hacer un cuestionamiento jurídico respecto del Reglamento de la Cámara de Diputados y de su integración armónica con las normas de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, pues emití mi opinión jurídica, no política, en la reunión de los Comités.
Como Democracia Cristiana, consideramos que para toda la Corporación debe ser un principio inamovible que los diputados deben mantenerse en el Hemiciclo hasta que se cierre un proceso de votación y se haya dado a conocer claramente su resultado. Lo contrario abre la posibilidad de que cualquier diputado , por las razones que sean, pueda ausentarse de la Sala y que alguien impugne si él votó o, más grave aún, si le cambiaron el voto.
No tenemos sistema de votación con huella dactilar, sino un pupitre electrónico básico, por lo cual es indispensable la presencia en la Sala durante la totalidad del tiempo que dura una votación.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ.- Señor Presidente , ya que se formuló una observación reglamentaria, prefiero hacer la mía de inmediato.
El artículo 154 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que, en caso de resultar empate, se repetirá la votación, y si esta da de nuevo da el mismo resultado, quedará para la sesión siguiente. Y agrega que si en ella vuelve a producirse empate, se dará la proposición por desechada.
Por su parte, los incisos tercero y cuarto del artículo 8° del mismo Reglamento establecen lo siguiente: “Si proclamada una votación se advierte que los votos afirmativos son más que los negativos, pero menos que la suma de éstos y de las abstenciones, se procederá de inmediato a repetir la votación, con requerimiento a los señores Diputados que se hayan abstenido para que emitan su preferencia afirmativa o negativamente.
Si en la segunda votación se produce la misma situación descrita en el inciso precedente, las abstenciones se sumarán a los votos afirmativos.”
Señor Presidente , di lectura a estos dos artículos del Reglamento, porque son perfectamente coherentes y complementarios respecto de lo que dispone la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. De hecho, integré la Comisión Mixta que en su momento evacuó la última reforma a dicha ley y puedo señalar que jamás advertimos, ni los senadores, ni los diputados, ni los funcionarios de la Secretaría de la Cámara o del Senado, alguna inconsistencia o incompatibilidad entre las normas de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y las del Reglamento que leí.
En segundo lugar, los artículos relativos a las facultades de la Mesa y a las funciones del Presidente de la Cámara, no facultan a este para interpretar el Reglamento; solo le entregan el deber de cuidar su observancia.
Puede haber precedentes. Asumí como diputado el 11 de marzo de 2006, pero no tengo por qué heredar los errores que, en materia de prácticas y costumbres, se hayan podido cometer en el pasado.
Cuando estuve sentado en la testera, aplicamos el artículo 8°.
En la votación que el señor Presidente va a proclamar, el resultado certificado en pantalla fue de 46 votos a favor, 45 en contra y una abstención; es decir, inicialmente una mayoría parcial a favor, pero, en definitiva, un empate si se sumaban la abstención y los votos por la negativa. Para los que no entienden, se trata de lo que se denomina un “empate impropio”, porque no hay una clara manifestación de la mayoría ni ganan los votos negativos.
En consecuencia, la Oposición exige y reclama que se aplique el artículo 8°, es decir, se repita la votación, que se inste a los diputados que se abstuvieron, en este caso al que se abstuvo, a emitir su voto afirmativa o negativamente, y que, si la situación se repite, su voto se agregue a los afirmativos.
Finalmente, lo que buscan las respectivas normas contenidas en la Constitución, en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento, es que haya expresión de la mayoría, y aquí hubo una mayoría a favor del informe. Por lo tanto, no se busca ni se pretende que algunos ganen por Secretaría lo que no pudieron ganar con votos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente , en el Congreso Nacional existen dos sistemas de votación. En el Senado, una vez que se abre la votación, cada senador vota mediante un sistema que se habilita con su huella dactilar, luego de lo cual puede retirarse de la Sala, aunque continúe el debate, porque su voto no se puede alterar. En la Cámara de Diputados, no es así, no contamos con ese sistema. Por eso, si un diputado está presente en la Sala, pero no está sentado en su pupitre y no vota, no puede delegar su voto, es decir, no puede un compañero de asiento votar por él.
En este caso quedó absolutamente claro que, independientemente de que el diputado haya expresado su opinión, no estaba en su pupitre en el momento en que se dio a conocer el resultado de la votación en el monitor. Ese solo hecho invalida su voto, y eso usted lo sabe, señor Presidente , porque ha ocurrido en el pasado.
Por lo tanto, consideramos necesario que haga que la Cámara funcione de acuerdo con lo que hemos planteado en el pasado.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Manuel Edwards.
El señor EDWARDS .- Señor Presidente , para efectos de esta discusión reglamentaria, voy a leer el texto del inciso primero del artículo 7° de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que establece lo siguiente: “En los casos en que la Constitución no establezca mayorías especiales, las resoluciones de las Cámaras se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes.”. La ley es bastante clara. En este caso no existió una mayoría absoluta, ya que hubo 46 a favor, 45 en contra y una abstención.
Para rebatir lo expresado por uno de los diputados que me antecedió en el uso de la palabra, voy a leer el inciso tercero del artículo 8° del Reglamento: “Si proclamada una votación se advierte que los votos afirmativos son más que los negativos, pero menos que la suma de éstos y de las abstenciones, se procederá de inmediato a repetir la votación,…”.
Al respecto, solo quiero hacer presente que en esta votación no se cumplió lo que establece esa disposición, por cuanto hubo un empate, dado que la suma de los votos negativos más la abstención no es mayor que el número de votos positivos. Por lo tanto, no corresponde repetir la votación.
En consecuencia, señor Presidente , estimo que su señoría ha aplicado el Reglamento como corresponde, sin ningún tipo de innovación.
Por último, en la Cámara de Diputados debemos respetar la voluntad de los diputados -elegidos por la gente, por el pueblo-, en este caso, la del diputado Rivas , quien está claramente con nosotros y ha expresado su voluntad. Él no ha retirado su voto; votó como cualquier otro diputado , y eso debe respetarse.
Propongo que respetemos la votación, porque siempre se ha hecho así. En verdad, todas las interpretaciones que se han entregado no tienen lugar, por lo que, insisto, me parece que lo que está haciendo el señor Presidente es lo correcto.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente , lo primero que quiero hacer es despejar cualquier tipo de duda respecto de la actuación o de la buena fe del diputado Gaspar Rivas . Él reconoció que emitió su sufragio y que al momento de terminar la votación no estaba presente la Sala.
¿Por qué digo esto? Porque el proceso de votación es único y continuo, según se define en los artículos 143 y siguientes del Reglamento. El proceso parte cuando el Presidente pone en votación tal o cual cosa. Producido ese hecho, el Presidente tiene la obligación de preguntar si algún señor diputado o señora diputada no ha emitido su voto. Una vez que hace eso, recién se puede dar a conocer el resultado, con lo cual termina el proceso de votación.
Eso debemos interpretarlo armónicamente, porque el artículo 150 del Reglamento dice que, una vez que el Presidente declara terminada la votación, no se admitirá, ni aun por asentimiento unánime, el voto de ningún diputado . A su vez, el artículo 151 de dicho cuerpo normativo, establece lo siguiente: “Para proceder al escrutinio, se verificará que el número de balotas o de cédulas esté conforme con el de votantes”.
¿Qué ocurrió aquí? Que al sancionarse la votación, un diputado que votó no estaba en la Sala, en circunstancias de que, de acuerdo con las normas que acabo de mencionar, no había terminado el proceso de votación. El número de diputados presentes en la Sala al momento de darse a conocer el resultado, que debe certificar el Secretario , no coincide con el de votos emitidos, porque hubo un diputado que no estaba en la Sala y así lo reconoció. A confesión de parte, relevo de prueba.
En esa lógica, pido que se aplique el artículo 152 del Reglamento. En efecto, como un grupo importante de diputados estamos cuestionando el resultado, pido que se anule la votación y que se proceda a votar nuevamente.
Entiendo que no se puede hacer hoy, porque muchos diputados, por diversas razones, ya se retiraron. Pero, dado que, a mi juicio, esta votación tiene un vicio de nulidad, tomemos el acuerdo de repetirla el próximo martes o miércoles, o el día que fije la Comisión de Régimen Interno.
Si el señor Presidente acoge la tesis de que un diputado puede votar y no estar en la Sala al momento de sancionarse el resultado, se sentará un precedente peligrosísimo, porque eso significará que un diputado podrá votar e irse, con lo cual no habrá ninguna certeza o seguridad, ya que no sabremos si votó o no votó o si alguien le cambió el voto.
Esto es complejo. Hoy vivimos una situación de votación bastante ajustada, pero lo que tiene que prevalecer es la fe pública; debe existir certeza de que los resultados de las votaciones en la Cámara se proclaman con los diputados presentes en la Sala, no con los que salen de ella.
No tengo duda de lo expresado por el diputado Gaspar Rivas , pero, de no repetirse la votación, el día de mañana ocurrirá que no tendremos cómo certificar la votación de un diputado que, por diversas razones -por ejemplo, por tener que salir en forma urgente a tomar un avión-, no permanezca en la Sala.
Por lo tanto, reitero mi petición de que se acoja la interpretación de que el proceso de votación es continuo y solo termina una vez que ella es sancionada por el señor Presidente , en el cual los diputados y las diputadas deben estar presentes en la Sala. Esa es la única manera de certificar que la votación es coincidente con la que muestra el tablero electrónico.
Por consiguiente, reitero mi petición de que, en aplicación del artículo 152 del Reglamento, se declare nula la votación y que ella se repita el martes o miércoles de la próxima sesión, de acuerdo con lo que dispongan los Comités.
He dicho.
-Aplausos
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en algo coincido con lo dicho por el diputado Edwards -quien, siguiendo la costumbre de su bancada, se retiró después de realizar su intervención, al igual como lo hizo el diputado Rivas después de votar-: la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y nuestro Reglamento resguardan que las decisiones se alcancen por mayoría. Como sabemos, aquí hubo una mayoría de 46 diputados y diputadas que votaron favorablemente el informe y una minoría de 45 diputados y diputadas que lo rechazaron. El problema se genera por la abstención. Al respecto, el inciso tercero del artículo 8° del Reglamento se refiere a cuando las abstenciones afectan la clara expresión de las mayorías en el Hemiciclo. Dice textualmente: “Si proclamada una votación se advierte que los votos afirmativos son más que los negativos, pero menos que la suma de éstos y de las abstenciones, se procederá de inmediato a repetir la votación,…”.
Sin embargo, se entrega como excusa que en este caso no se daría esta hipótesis, porque habría un empate. Pero hay un viejo aforismo jurídico que dice quien puede lo más, puede lo menos.
Lo que hace la norma del inciso tercero del artículo 8° del Reglamento es señalar que en aquellos casos en que a causa de las abstenciones, el voto afirmativo queda en minoría, corresponde repetir la votación e instar a quienes se abstuvieron a tomar partido, es decir, a pronunciarse a favor o en contra. Más aún, esta norma la debiésemos aplicar cuando se produzca un empate, precisamente en virtud del aforismo jurídico que recién mencioné.
Por consiguiente, la Mesa debe proceder a repetir la votación e instar a tomar partido al único diputado que se abstuvo, precisamente, para resguardar el principio democrático que inspira nuestra legislación, cual es que se exprese la mayoría de la Cámara de Diputados, cuestión que no ocurrió.
El criterio aplicado por el Presidente de la Corporación vulnera el principio de mayoría, porque interpreta en forma restrictiva y antojadiza el inciso tercero del artículo 8° del Reglamento, con lo que quebranta su espíritu.
Por ello, comparto la opinión de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que usted, señor Presidente, debe repetir la votación e instar a pronunciarse al diputado que se abstuvo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.- Señor Presidente , nadie en esta Sala duda de que el diputado Rivas actuó de buena fe y emitió su voto. Lo digo para dejar a salvo su honra de las maledicencias de las redes sociales, que no siempre se guían por lo que efectivamente ocurre.
Dicho esto, le pido, respetuosamente, que tome una línea de conducta definitiva para ilustrarnos sobre el fundamento en que basará, finalmente, su decisión, a fin de dar un desenlace a la sesión.
Se ha argüido el uso y la costumbre, supuestamente instituidos desde 1990 y reafirmados a través de sucesivas decisiones a lo largo de la historia reciente del Parlamento. Según esa línea, corresponde que declare no emitido el voto del diputado Rivas , puesto que hizo abandono de la Sala antes de que terminara el proceso de votación, con el respectivo cómputo final y exhibición de los resultados. Digo esto, porque se invoca la línea de la costumbre para invalidar la línea argumental de es menester respetar la letra de la ley. Esa interpretación, defendida por nuestro colega Edwards , está profundamente equivocada.
Más allá de lo que acaba de señalar el diputado señor Chahín , cabe recordar que el inciso segundo del artículo 8° del Reglamento indica: “Cuando el Reglamento exija para determinado asunto “el acuerdo de la Cámara”, se entenderá que lo hay si la proposición cuenta con la mayoría absoluta de los Diputados que tomen parte en la votación o con el asentimiento de la Sala, habiendo el quórum necesario.”. Una vez tomada la votación se produjo, precisamente, lo que señala el inciso tercero del aludido artículo 8°, esto es, que los votos afirmativos no lograron mayoría absoluta al sumarse los votos negativos y la abstención, por lo que procede repetir la votación.
Ahora bien, no sería adecuado pedirle que repita la votación cuando la Sala está despoblada -no quiero ponerlo en aprietos-, pero sí le pido que cumpla el Reglamento y adopte la línea argumentativa de apego a la ley. Usted ha sido asesorado por el Secretario y Prosecretario de la Corporación, quienes le señalaron que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional es una norma superior al Reglamento, lo que podría ser así si la primera contuviera una norma expresa al respecto; sin embargo, ello no es así, pues señala la vaguedad de que salvo que la Constitución Política exija quorums especiales, todo lo demás se entenderá como tramitado, de acuerdo a una ley común, como en el caso de los pronunciamientos de la Cámara de Diputados en relación con los informes de las Comisiones investigadoras.
Por lo tanto, pido que su resolución tome en consideración una de las dos líneas de razonamiento señaladas, no obstante que ambas conducen exactamente al mismo punto: la línea del uso y de la costumbre, que supone invalidar el voto del diputado Gaspar Rivas , o el respeto a la letra de la ley, lo que conduce a repetir la votación, incluso -otorgo ese beneficio-, en otra sesión.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra los diputados señores Ward , Saffirio, Cardemil , González , Teillier y las diputadas señoras Muñoz y Girardi . Posteriormente, daré por cerrado el debate, porque estamos discutiendo un punto de Reglamento respecto del cual se están repitiendo los argumentos.
Tiene la palabra el diputado señor Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , estamos ante una situación tremendamente compleja que, además, incide en una materia de preocupación nacional, respecto de la cual debemos tener la mejor de las disposiciones para relevar, precisamente, el funcionamiento, la dignidad y el prestigio de nuestra Corporación, más que el resultado de una votación específica. Digo esto, porque, sin lugar a dudas, estamos frente a una situación irregular que se produce, primero, por la circunstancia de que el diputado Rivas salió de la Sala antes de que concluyera el proceso de votación, y segundo, por la ausencia de una norma expresa que imponga a los diputados estar presentes en el momento en que se anuncia el resultado de la votación. Si no asumimos que la decisión que adoptaremos se relaciona no solo con esta votación específica, sino con todas las que vendrán en el futuro, vamos a causar un grave perjuicio a nuestra Corporación, pues instalaremos un precedente nefasto que puede dar lugar a una innumerable cantidad de irregularidades. Desde mi punto de vista, son suficientes las razones por las cuales los ciudadanos pueden imputarnos actos reprobables.
Su señoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Reglamento de la Corporación, tiene una facultad. La cito: “La votación, sea pública o secreta, se repetirá cada vez que, a juicio del Presidente , en el número votos resulte un defecto, exceso o irregularidad que puedan influir en el resultado.”.
Pido que haga abstracción de la votación que se está cuestionando y de la materia en que incide; que asuma su rol de representante de todos los diputados de la Corporación, quienes queremos sentirnos orgullosos de nuestro Presidente ; que haga uso de la facultad contemplada en el artículo 152 del Reglamento, y que repita la votación en la sesión que estime conveniente.
Invito a las bancadas de la UDI y de Renovación Nacional a levantar un poco la mirada y a no resolver esta situación con el foco puesto en el informe de la Comisión de Educación, sino en los ciudadanos, considerando el prestigio de la Corporación. No puede ser que cuando no somos capaces de resolver diferencias, se argumenten razones constitucionales, legales y reglamentarias. No puede ser que, por no existir una norma expresa sobre esta materia, seamos incapaces de concordar una que nos prestigie a todos y salve nuestra honra y honorabilidad frente a los ciudadanos, particularmente, ante los miles de jóvenes que esperan que tomemos una decisión correcta, no solo desde el punto de vista legal o administrativo, sino también moral. Nadie puede entender que 46 votos sean menos que 45.
Por lo tanto, suplico a su señoría que haga uso de la facultad contemplada en el artículo 152 del Reglamento para que los diputados puedan salir de esta Sala con el orgullo de haber cumplido, razonablemente, con sus obligaciones legislativas.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , es difícil desarrollar bien un debate sobre nuestra ley orgánica o sobre el Reglamento de la Corporación si tenemos serias colusiones normativas.
Se ha apelado a los artículos 7º de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 8°, 152 y 154 del Reglamento de la Corporación, referidos a las votaciones. Se trata de un debate complejo y -repito- estimo que existe colusión normativa.
Lo dicho por el diputado René Saffirio es muy importante; no por nada los diputados que son mayoría tienen la conducción de la Mesa. Nos pasó ayer en la votación de la Ley de Pesca, cuando fuimos sorprendidos con una calificación de quorum que nos pareció de dudoso origen. Perdimos el artículo 1º, que establecía la soberanía del Estado sobre los recursos del mar. En otras palabras, se calificó con alto quorum una norma que, nada más ni nada menos, declaraba a las chilenas y chilenos dueños de los recursos del mar. Ayer, tuvimos que debatir extensamente ese tema. Por ello digo que no es casual ser Presidente de la Cámara. Nuestro sector también los ha tenido.
Quiero apelar, dada la complejidad normativa, a que la Corporación actúe con transparencia. Este tema es sumamente sensible. Se habló de la posibilidad de que algunos diputados se inhabilitaran de votar. Algunos fueron sumamente sinceros y lo hicieron, pero deberían haberlo hecho muchos más. De este modo, se instala una situación poco transparente.
En consideración a que no existe una base normativa vinculada con el hecho de que un diputado abandone la Sala luego de haber ejercido el voto, deberíamos tomar una decisión política al respecto. Se trata de un hecho que genera un manto de dudas sobre una materia muy importante para la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Estamos hablando del lucro, del negociado que se hace con la educación de nuestros hijos e hijas.
Vamos a pasar a la historia por la derrota de un informe -eso es lo que se persigue políticamente- a través del expediente de una votación “trucha”, por cuanto se ha aplicado una normativa que es compleja, colusiva y que no tiene sustento. Además, no nos estamos haciendo cargo del hecho de que el diputado Gaspar Rivas -no tengo dudas sobre su honestidad y transparencia a la hora de votar- hizo abandono de la Sala inmediatamente luego de pronunciarse sobre el informe. ¿Qué habría ocurrido si usted, nuevamente, hubiese llamado a votar y el diputado Rivas no se hubiera encontrado presente en la Sala?
Apelo a que su señoría conduzca la Cámara con sentido de país, no de esta forma estrecha a que nos ha llevado el Gobierno y la Mesa, cual es debatir al galope temas trascendentales, como la Ley de Pesca y el ingreso mínimo, calificando una serie de artículos de forma bastante rara.
Por lo tanto, pido que, luego de transcurrida la semana distrital, llame nuevamente a votación, veamos “cuántos pares son tres moscas” y constatemos si el resultado de la misma, que hoy se quiere dar por clausurado, efectivamente iba en la dirección de rechazar el informe. No dejemos la sensación de que se ha votado en forma “trucha”.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Pido que las intervenciones se remitan estrictamente al punto reglamentario.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , algunos de los argumentos señalados por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra ya fueron entregados en la reunión de Comités, lo que me parece bien, porque quienes nos acompañan en las tribunas y quienes observan el debate por televisión van a tener la oportunidad de saber lo que ocurre.
Apelo a lo señalado por los diputados señores Ricardo Rincón , Marcelo Díaz y René Saffirio , en orden a que hay un tema conflictivo que no está zanjado ni en el Reglamento, ni en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ni menos en la Constitución Política: me refiero a una norma que determine cuál es el momento exacto en que termina una votación y cuál es el deber de un parlamentario luego de emitir su voto. El parlamentario que se pone de pie, ¿transgrede el Reglamento? El parlamentario que cruza la Sala para conversar con otro, ¿transgrede el Reglamento? El parlamentario que está cinco metros fuera de la Sala, ¿transgrede el Reglamento? Preguntas como esa generan incertidumbres en relación a cómo resolverlas en el futuro.
Estoy de acuerdo en que el precedente que se puede generar es complicado.
En consecuencia, estamos disponibles para que su señoría nos señale dónde y cuándo podríamos abrir una discusión para zanjar el punto. Puede ser en la Comisión de Régimen Interno o donde corresponda. La idea es determinar exactamente nuestros deberes parlamentarios.
Como dijo el diputado Alberto Robles, nos regimos por normas distintas a las del Senado. No hemos establecido en forma nítida cuál es el momento exacto en que culmina una votación.
Se pueden seguir escuchando argumentos. Sin embargo, nos gustaría saber cuál es el fallo de la Mesa en relación con la votación.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señor diputado , luego me referiré al punto que debemos zanjar.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , como señaló el diputado René Saffirio , estimo que debería remitirse al artículo 152 del Reglamento.
Además, habría que preguntarse por qué el diputado Gaspar Rivas -de quien no tengo dudas de que votó- se paró y salió tan rápidamente de la Sala. Es el único diputado , dentro del bloque que votó en contra del informe, que se abstuvo. Me da la impresión -habría que preguntárselo a él- de que se abstuvo para que se aprobara el informe. ¿Por qué salió tan rápidamente de la Sala? No lo sabemos. Ello puede ser cuestionado o no. Tal vez, reglamentariamente, no debió salir, situación que habría que aclarar bien. Sin embargo, creo que el espíritu que reina en la Sala es que el informe fue aprobado. Por lo demás, surge una pregunta adicional: ¿cómo le podemos decir al país que no hay lucro en la educación privada? Hacer eso me parece absurdo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , la discusión que se está llevando a cabo es positiva, porque hay una situación compleja desde el punto de vista jurídico, político y ético. De hecho, la Cámara de Diputados es política.
Lo primero que quiero señalar es que la Mesa de la Corporación no puede hacer otra cosa, desde la perspectiva jurídica, política y ética, que lo que se planteó en reunión de Comités, porque debe respetar, de manera escrupulosa, la Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Reglamento de la Cámara de Diputados, las normas obvias y lógicas que se establecen en materia de formación y creación de las mayorías políticas y a los diputados.
¿Qué es lo que se pide a la Mesa, tal vez con buenos argumentos o con otros que no lo son tanto? Sencillamente, que declare irregular la votación de un diputado y que se anule esa votación. Sin embargo, la Mesa no puede hacer eso ni del punto de vista jurídico, ni ético, ni político.
El diputado señor Gaspar Rivas , integrante de mi bancada, marcó su preferencia, a la cual tiene derecho. Esa preferencia fue votar por la abstención. Creo que no hay duda de que ese voto fue emitido en la forma en que quedó constancia en el tablero, lo cual fue certificado por el ministro de fe de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, ¿con qué argumento la Mesa podría anular esa libre manifestación de voluntad y ese ejercicio de potestad parlamentaria? ¿Lo debería hacer mediante la fabricación de una disposición legal, del establecimiento de una norma política unilateral que busque desconocer la libre expresión de voluntad del diputado ? Sencillamente, eso no lo puede hacer.
Muchos diputados han planteado que no tienen dudas en relación con la buena fe del diputado señor Rivas . Si eso es así, se debe respetar su personería política. Él iba a votar de determinada manera, pero luego de transcurrido el debate decidió votar de otra, decisión que adoptó conforme las potestades que tiene desde el punto de vista constitucional, reglamentario y legal.
Respecto de la formación de mayorías, debo señalar que somos diputados antiguos; somos políticos, de manera que sabemos que la mayoría se logra respecto de una proposición cuando esta cuenta, obtiene y captura la mayoría de los votos requeridos, sobre la base de los diputados presentes o de la totalidad de los integrantes en ejercicio de la Corporación. Si no se logran esos votos, porque se vota en contra o por la abstención, se está expresando la voluntad de no votar que sí, de no votar a favor. Eso fue lo que se hizo en este caso.
El Presidente de la Corporación aplicó la norma con exactitud, como se ha aplicado desde que existe, es decir desde 1994. Por lo tanto, ¿con qué argumentos se pide al Presidente de la Corporación que ahora cambie la aplicación del Reglamento, en su calidad de titular de la Cámara de Diputados, es decir, que ahora cambie lo que se ha aplicado siempre, en forma consolidada, desde 1994?
Tal vez quienes están presenciando el debate no tienen la gimnasia parlamentaria para comprender que en las votaciones se gana o se pierde. Muchas veces hemos ganado y en muchas ocasiones hemos perdido, con diferentes posiciones. Creo que lo que corresponde es respetar la expresión libre señalada por los diputados presentes, muchos de los cuales, en definitiva, no lograron reunir los votos a favor que se necesitaban para aprobar el informe. Esa fue la voluntad expresada por la Cámara de Diputados, y el Presidente de la Corporación no puede hacer otra cosa que validarla.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente , si todavía nos encontramos aquí, luego de haber estado largo tiempo en reunión de Comités, se debe, precisamente, a que caben muchas dudas respecto de cómo se desarrolló esta votación y qué es lo que debería imperar. Si eso estuviera tan claro, no se hubiese convocado a reunión de Comités ni estaríamos discutiendo esta materia en la Sala.
Si como señala el diputado Cardemil , el señor Rivas se abstuvo para expresar que no quiso votar por la afirmativa, eso quiere decir que tampoco quiso votar por la negativa. Si él hubiera votado negativamente el informe, el escrutinio habría arrojado un empate, y si lo hubiese votado afirmativamente, habríamos ganado. En otras palabras, los que estábamos por votar el informe a favor no habríamos perdido.
Por lo tanto, creo que ese espacio queda en un interregno. Por eso tenemos la duda y se ha invocado el Reglamento de la Corporación, tal como lo hizo el diputado señor Schilling , quien hizo alusión al inciso tercero del artículo 8°, el que se refiere a una situación que no contempla la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Para eso está el Reglamento de la Corporación. Cuando algo no está definido en la mencionada ley orgánica se debe recurrir al Reglamento, según el cual se debería repetir la votación.
Eso es lo que se tendría que hacer, por todo lo que aquí ha acontecido, por lo que se ha planteado y por la importancia del informe de esta Comisión Investigadora, que no se relaciona con cualquier tema.
Por lo tanto, pido a su señoría que proceda de acuerdo con lo solicitado por el diputado señor Saffirio , es decir, que aplique lo establecido en el artículo 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, porque esa disposición refiere a que la repetición de la votación solo queda sujeta a su voluntad, no a la interpretación de los que nos encontramos en la Sala; tiene que ver con la facultad del Presidente de la Corporación de determinar las materias que realmente importan. Si efectivamente hay dudas respecto de la votación o de algunas situaciones que deben ser reglamentadas, mi petición es que aplique lo que dispone el señalado artículo 152 y que su señoría repita la votación.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.
El señor GONZÁLEZ .- Señor Presidente , esta es una discusión trascendente. No es un debate meramente reglamentario, sino una discusión muy importante para el país. Diría que hay cientos de miles de personas que están pendientes de la decisión que va a adoptar la Cámara de Diputados sobre esta materia. De allí el cuidado que debemos tener en relación con esa decisión, pues afectará el prestigio, la credibilidad y, por cierto, la legitimidad de este Poder del Estado frente a la opinión pública.
Si respecto de esta votación se vuelve a repetir el tipo de argumentación legal que se entregó durante el debate y se quiere, a través de formas jurídicas interpretativas -que merecen dudas- lograr una votación que tuerza la voz de la mayoría, se produciría lo mismo que acontecía cuando se negaba la evidencia sostenida por la totalidad de la sociedad chilena en relación con el lucro en la educación. Aquí, con argumentos legales, se está negando el resultado de una votación democrática llevada a cabo por la Cámara de Diputados, la cual expresó, en forma mayoritaria, un acuerdo en relación con el informe que presentó la Comisión investigadora. El precedente de torcer la voluntad democrática sería absolutamente nefasto, puesto que generaría un quiebre en la confianza pública, más agudo aún que el que existe en relación con la confianza que se tiene hoy en las instituciones públicas respecto de la solución que dan a los problemas e inquietudes de la gente. Si se procede de esa manera, de nuevo estaríamos legislando y decidiendo a espaldas de la voluntad ciudadana.
El diputado señor Rivas señaló que salió de la Sala cuando usted recién estaba preguntando si habían votado todos los señores diputados y las señoras diputadas, y que escuchó el resultado de la votación cuando estaba en el pasillo. Eso fue lo que testimonió el diputado señor Rivas en la reunión de Comités. Por lo tanto, su voto no es válido, porque el diputado tiene que estar presente en la Sala cuando se proclama el resultado de la votación.
Señor Presidente, si determina interpretar esta materia en contra de la voluntad mayoritaria va a generar una situación de crisis de confianza interna y frente a los chilenos.
Por lo tanto, reitero, la petición formulada por varios diputados, en el sentido de aplicar el artículo 152 del Reglamento, declarar nula la votación y llamar a una nueva en la ocasión en que estime oportuno.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Señores parlamentarios, sin duda, todos los temas y cada una de las situaciones que hoy han sido objeto de discusión, tanto en esta Sala como en reunión de Comités, nos han acompañado en el pasado y nos van a acompañar con ocasión de la discusión de otros informes de comisiones investigadoras que tratemos en el futuro. En la próxima semana y en las subsiguientes pueden darse exactamente las mismas situaciones.
Cuando uno es Presidente de la Cámara de Diputados no tiene la facultad, ni tampoco corresponde éticamente, cambiar de un plumazo la forma en que se ha venido operando, reglamentariamente, desde que esta Cámara funciona, especialmente en el último tiempo.
Quiero referirme a los tres puntos que aquí se han planteado, con absoluta altura de miras, pensando, más que en este caso en particular que, por cierto, para nadie es agradable, en los precedentes recogidos en esta Cámara y, en particular, en la forma cómo debemos operar en el futuro, sin ir más lejos, el próximo jueves, cuando tengamos en nuestros pupitres otro informe de comisión investigadora.
En primer lugar, respecto del voto del diputado Gaspar Rivas, que suscitó la duda sobre si él efectivamente lo emitió, lo que motivó el reclamo de la mayoría de los señores y señoras parlamentarias una vez que di a conocer el resultado, no hay duda alguna en los Comités de que él, en el momento en que se llamó a votar, personalmente, sin delegar dicha facultad en nadie, votó una alternativa perfectamente válida, cual es la abstención. La abstención no es, ni siquiera para efectos interpretativos, equivalente a no votar, o a ausentarse de la Sala al momento de votar, o a parearse, como algunos parlamentarios han señalado. Sencillamente, el diputado Rivas emitió un voto que es perfectamente válido y que solo tiene la interpretación respecto de cómo aparece: es una abstención.
Sobre este punto, recojo lo señalado por el diputado Teillier: el espíritu que el diputado Rivas, o la opinión pública, o nosotros mismos, confiera a la intencionalidad de esa abstención, no le corresponde señalarlo a esta Sala. Precisamente, al diputado , a los demás parlamentarios y a la opinión pública les corresponde juzgar cuál es el alcance de esa abstención; pero es un voto perfectamente válido, como lo son también votar en contra o a favor.
Por tanto, despejo cualquier duda respecto de la intencionalidad de ese voto. Él votó en el momento en que tenía que hacerlo y la expresión de su voluntad es clara.
En segundo lugar, en cuanto a la presencia del parlamentario en la Sala, como ha quedado dicho, él votó en el instante en que debía hacerlo, no con anterioridad. Se activó el sistema, se efectuó la votación, cerré la votación y, tal como ha señalado, él escuchó el resultado de esta desde el otro lado de la puerta, fuera de la Sala, en el pasillo.
En tercer lugar, en relación con el resultado de la votación -que, como ustedes saben, arrojó 46 votos a favor, 45 votos en contra y 1 abstención-, estimados diputados, permítanme, con franqueza, decirles lo siguiente:
Hoy se trata del informe del lucro donde, probablemente, cada uno tiene posiciones tomadas. Quien habla está aplicando exactamente la norma que se ha usado en los últimos diez años. Si el resultado hubiese sido el inverso, tampoco podría alterar la forma como se ha aplicado el Reglamento en situaciones idénticas. Es cierto que, jurídicamente -probablemente es útil para esta Cámara- podrían llenarse los vacíos legales que existen al respecto. Hay una disposición reglamentaria y un artículo de una norma de mayor rango legal, que es la ley orgánica constitucional, que establece que en los casos en que la Constitución no establezca mayorías especiales, las resoluciones de la Cámaras se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes. Esa norma de mayor jerarquía legal, todos los presidentes que me han antecedido la han aplicado de esta manera. El martes, a la vuelta de la semana distrital, cada uno de ustedes tendrá en sus pupitres informes con el mismo resultado, los que se han declarado rechazados por no alcanzar mayoría. Francamente, tendría que dar una explicación mucho más acuciosa para cambiar la forma cómo otros presidentes, frente a otros informes, que en algunos casos pueden haber sido contra el interés de la Concertación o de la Coalición, han actuado en forma coherente.
Finalmente, en cuanto al efecto de escuchar el resultado de la votación fuera de la Sala, quiero ser claro y enfático: esto le ocurre hoy al diputado Gaspar Rivas en relación con este informe, quien se abstuvo, pero pudo haber ocurrido con ocasión de otro informe respecto de un diputado de la Concertación y de cualquier voto. Quiero señalarles que no hay ninguna norma expresa que me dé facultades para anular el voto válidamente emitido de un parlamentario por el solo hecho de haber escuchado este el resultado fuera de la Sala, que fue lo que en este caso sucedió.
En consecuencia, esta Mesa, no teniendo dudas, confirma el resultado leído por el Secretario y solicita a la Cámara acogerlo.
-Manifestaciones en las tribunas.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, pido la palabra.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Goic.
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente , discusiones más, discusiones menos, el resultado final de la votación ha quedado cuestionado ante la ciudadanía. Por eso, entendiendo y aceptando la resolución que usted ha adoptado, llamo a los jefes de Comités de la Oposición a que constituyamos una segunda Comisión investigadora. Durante este tiempo hemos recibido suficientes antecedentes que justifican seguir investigando el lucro en la educación.
Los invito a comprometerse con esta segunda Comisión investigadora.
He dicho.
-Manifestaciones en las tribunas.
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