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El señor ACCORSI.- Señor Presidente , en primer lugar, saludo al ministro de Energía , Jorge Bunster .
Este tema es relevante en materia de energía para el país. El sector eléctrico, como uno de los subsectores más relevantes de la economía chilena, se estructuró sobre la base de una economía abierta de libre mercado, en la que básicamente el sistema se conforma y se define por los propios actores de dicho mercado -empresas eléctricas-, sin mayor intervención estatal. No hay proyectos del Estado en esta materia, por lo que reduce su función solo a la fijación tarifaria, sin consideraciones distintas a las del mercado, como podrían ser las de ordenación territorial, planificación energética, consideración del medio ambiente y variables sociales.
Este régimen está contenido, esencialmente, en el DFL Nº 1, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, que, por más de treinta años, ha permanecido vigente, con adecuaciones que no han alterado su esencia, complementado eficazmente por el Código de Aguas, de 1981, que mercantilizó el insumo básico para la hidroelectricidad: el agua. Antes, en cambio, las leyes de 1925, 1931 y 1959 establecían un sistema público de concesiones eléctricas, que fue reemplazado por uno en el que solo la distribución es un servicio público concesionado.
En este esquema, tenemos un sistema eléctrico que sigue dominado por las orientaciones definidas por el mercado, pero, paradójicamente, es monopólico y concentrado -hasta la ley Corta I, Endesa y Transelec se encontraban integradas verticalmente-. Hoy, solo tres empresas - Endesa , Colbún y Gener - generan y comercializan más del 84 por ciento de la energía en el SIC, y tienen más del 94 por ciento de la participación en el mercado eléctrico en el SING, a través de E-CL, Gener y Gas Atacama , con ausencia absoluta de planificación y políticas públicas sobre la materia -el Estado actúa subsidiariamente y ha abandonado paulatinamente su rol activo en el sector, donde antiguamente gestionaba muchas de las empresas eléctricas-, y sin control ambiental, como lo hemos visto en los últimos proyectos.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), implementado a fines de los 90 ha demostrado su rotundo fracaso, no solo para evaluar proyectos eléctricos, sino como instrumento idóneo de evaluación ambiental, dado su alto grado de politización y su escaso rol técnico. Se han aprobado muchas centrales más bien por una definición de inversión y por apoyo político.
El resultado de la regulación vigente, desde el punto de vista ambiental, es una matriz sucia, con preeminencia de fuentes energéticas a carbón e hidráulicas de gran impacto, como las megacentrales; desde el punto de vista económico, es un mercado monopólico, principalmente en materia de generación y transmisión, y desde el punto de vista social, un servicio caro e ineficiente. No hay uso eficiente de la energía. De toda la energía que producimos, alrededor de 40 por ciento se pierde. No hay incentivos al ahorro y se castiga el uso de fuentes renovables o eficientes. Todavía está absolutamente trancada en la Cámara la tramitación del proyecto de ley del 20/20, aprobado por unanimidad en el Senado, puesto que, prácticamente, no se ha movido una coma.
Hoy, el concepto más próximo a carretera eléctrica en la legislación es el de sistema troncal de transmisión. Este sistema sigue la lógica del libre mercado -competitividad y eficiencia económica de todo el sistema-, matizado con una definición indicativa que se hace cada cuatro años en cuanto a inversiones proyectadas por el propio sector.
Este enfoque implica, en la práctica, que la transmisión troncal se define y se hace en tanto las reglas del mercado lo indiquen, sin consideración alguna a las intervenciones que se requieran en los diferentes territorios del país.
Dada la envergadura de los proyectos y los problemas que atraviesan proyectos de transmisión de amplio alcance, como HidroAysén, hoy la ciudadanía se pregunta si se construirá una carretera especial para HidroAysén, con fondos estatales. El Ejecutivo ha propuesto el establecimiento de la llamada carretera pública eléctrica, porque así esa empresa privada se evitaría la construcción relativa al tendido eléctrico, que abarca un tramo de 2.500 kilómetros.
Este concepto no está claro ni definido en la legislación ni en política pública alguna en Chile. Al parecer, el Estado tendría un rol que cumplir en la carretera eléctrica, consistente en facilitar el desarrollo de los proyectos por la vía de establecer franjas de terreno o servidumbres para las instalaciones eléctricas de transmisión.
El Estado se haría cargo de obtener los permisos de acceso a esos terrenos o, eventualmente, de expropiarlos, para luego concesionar el diseño de construcción y operación de las redes de transmisión. Es decir, su injerencia se limitaría a facilitar los terrenos para la carretera y así reducir plazos y riesgos involucrados, siendo los privados los responsables de su ejecución y pago.
Así, las empresas transmisoras obtendrían los siguientes beneficios:
Primero, certeza sobre sus inversiones.
Segundo, baja conflictividad con particulares y comunidades de los territorios por intervenir.
Tercero, no harían las evaluaciones ambientales requeridas; al parecer, las haría el Estado, pero no se sabe cómo y bajo qué esquema, preevaluación, definición de línea de base, etcétera.
Cuarto, no requerirían o tendrían garantizada una más ágil concesión eléctrica.
Los problemas o dificultades que este esquema generaría a la ciudadanía serían:
Primero, la definición de una carretera implica un cambio de modelo que hoy no existe, amparado en la ley eléctrica: transmisión privada versus transmisión pública.
Segundo, se establecería un subsidio encubierto del Estado a las empresas eléctricas, a menos que estas paguen todos los beneficios asociados a la carretera.
Tercero, la variable ambiental no está clara ni definida. ¿Quién y cómo se evaluará ambientalmente una carretera de este tipo, ya que el Estado sería parte interesada en el tema?
Cuarto, implica y presupone un ordenamiento territorial que hoy tampoco existe. ¿Por dónde pasará? ¿Pasará a través de parques, ciudades, campos o comunidades?
Quinto, podría ser la forma disfrazada de preaprobar malos proyectos eléctricos que, de otro modo, no podrían haber existido, como la definición sobre HidroAysén.
Una carretera eléctrica debe cautelar y evitar ser una regulación para la industria eléctrica privada; debe ser la oportunidad para ordenar y planificar el desarrollo de este sector sobre bases seguras, que den garantía a la población sobre esta carretera pública.
He dicho.
"
- rdf:value = " EVENTUALES PRESIONES DE GRUPO INVERSIONISTA DE PROYECTO HIDROAYSÉN Y RESPUESTA DEL GOBIERNO EN ESTA MATERIA. Proyecto de acuerdo.
El señor RECONDO ( Vicepresidente ).- Esta sesión se motivó en una presentación suscrita por 52 honorables diputados y diputadas, “con el objeto de discutir sobre la grave situación ocurrida a partir del hecho público y notorio, en que la opinión pública pudo advertir una serie de presiones indebidas por parte de uno de los grupos integrantes del Proyecto HidroAysén, fundado en una supuesta ausencia de certezas para realizar su inversión, atendido el complejo escenario del proyecto de tendido eléctrico de más de 2.000 kilómetros que atravesaría parques nacionales y territorios indígenas, justificándolo a base de un supuesto ‘interés nacional’ en su concreción. Que en este contexto, tal como informó la empresa Colbún a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), por ahora no desarrollará ni enviará proyecto de evaluación ambiental referido al trazado para HidroAysén, en circunstancias de que, coetáneamente, el Estado licita un estudio público para la línea de transmisión eléctrica a través de Chilecompras, vinculado al trazado de Cochrane a Calbuco, que la Subsecretaría de Energía pagará con recursos públicos. Lo anterior, sumado al mensaje del Ejecutivo con carácter de ‘urgencia’ para otorgar concesiones eléctricas, evidencia ante la opinión pública que el Gobierno está coadyuvando al trabajo inconcluso de Endesa y Colbún, en circunstancias de que lo que el país demanda es una gran reforma energética.”
A esta sesión han sido citados la ministra del Medio Ambiente , señora María Ignacia Benítez, y el ministro de Energía , señor Jorge Bunster.
Hago presente a la Sala que la señora ministra del Medio Ambiente ha excusado su asistencia por motivos de agenda.
En el tiempo previo de 15 minutos contemplado en el artículo 74 del Reglamento, que corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano, harán uso de la palabra los diputados señores Enrique Accorsi y Alfonso de Urresti.
Tiene la palabra, hasta por siete minutos y medio, el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente , en primer lugar, saludo al ministro de Energía , Jorge Bunster .
Este tema es relevante en materia de energía para el país. El sector eléctrico, como uno de los subsectores más relevantes de la economía chilena, se estructuró sobre la base de una economía abierta de libre mercado, en la que básicamente el sistema se conforma y se define por los propios actores de dicho mercado -empresas eléctricas-, sin mayor intervención estatal. No hay proyectos del Estado en esta materia, por lo que reduce su función solo a la fijación tarifaria, sin consideraciones distintas a las del mercado, como podrían ser las de ordenación territorial, planificación energética, consideración del medio ambiente y variables sociales.
Este régimen está contenido, esencialmente, en el DFL Nº 1, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, que, por más de treinta años, ha permanecido vigente, con adecuaciones que no han alterado su esencia, complementado eficazmente por el Código de Aguas, de 1981, que mercantilizó el insumo básico para la hidroelectricidad: el agua. Antes, en cambio, las leyes de 1925, 1931 y 1959 establecían un sistema público de concesiones eléctricas, que fue reemplazado por uno en el que solo la distribución es un servicio público concesionado.
En este esquema, tenemos un sistema eléctrico que sigue dominado por las orientaciones definidas por el mercado, pero, paradójicamente, es monopólico y concentrado -hasta la ley Corta I, Endesa y Transelec se encontraban integradas verticalmente-. Hoy, solo tres empresas - Endesa , Colbún y Gener - generan y comercializan más del 84 por ciento de la energía en el SIC, y tienen más del 94 por ciento de la participación en el mercado eléctrico en el SING, a través de E-CL, Gener y Gas Atacama , con ausencia absoluta de planificación y políticas públicas sobre la materia -el Estado actúa subsidiariamente y ha abandonado paulatinamente su rol activo en el sector, donde antiguamente gestionaba muchas de las empresas eléctricas-, y sin control ambiental, como lo hemos visto en los últimos proyectos.
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), implementado a fines de los 90 ha demostrado su rotundo fracaso, no solo para evaluar proyectos eléctricos, sino como instrumento idóneo de evaluación ambiental, dado su alto grado de politización y su escaso rol técnico. Se han aprobado muchas centrales más bien por una definición de inversión y por apoyo político.
El resultado de la regulación vigente, desde el punto de vista ambiental, es una matriz sucia, con preeminencia de fuentes energéticas a carbón e hidráulicas de gran impacto, como las megacentrales; desde el punto de vista económico, es un mercado monopólico, principalmente en materia de generación y transmisión, y desde el punto de vista social, un servicio caro e ineficiente. No hay uso eficiente de la energía. De toda la energía que producimos, alrededor de 40 por ciento se pierde. No hay incentivos al ahorro y se castiga el uso de fuentes renovables o eficientes. Todavía está absolutamente trancada en la Cámara la tramitación del proyecto de ley del 20/20, aprobado por unanimidad en el Senado, puesto que, prácticamente, no se ha movido una coma.
Hoy, el concepto más próximo a carretera eléctrica en la legislación es el de sistema troncal de transmisión. Este sistema sigue la lógica del libre mercado -competitividad y eficiencia económica de todo el sistema-, matizado con una definición indicativa que se hace cada cuatro años en cuanto a inversiones proyectadas por el propio sector.
Este enfoque implica, en la práctica, que la transmisión troncal se define y se hace en tanto las reglas del mercado lo indiquen, sin consideración alguna a las intervenciones que se requieran en los diferentes territorios del país.
Dada la envergadura de los proyectos y los problemas que atraviesan proyectos de transmisión de amplio alcance, como HidroAysén, hoy la ciudadanía se pregunta si se construirá una carretera especial para HidroAysén, con fondos estatales. El Ejecutivo ha propuesto el establecimiento de la llamada carretera pública eléctrica, porque así esa empresa privada se evitaría la construcción relativa al tendido eléctrico, que abarca un tramo de 2.500 kilómetros.
Este concepto no está claro ni definido en la legislación ni en política pública alguna en Chile. Al parecer, el Estado tendría un rol que cumplir en la carretera eléctrica, consistente en facilitar el desarrollo de los proyectos por la vía de establecer franjas de terreno o servidumbres para las instalaciones eléctricas de transmisión.
El Estado se haría cargo de obtener los permisos de acceso a esos terrenos o, eventualmente, de expropiarlos, para luego concesionar el diseño de construcción y operación de las redes de transmisión. Es decir, su injerencia se limitaría a facilitar los terrenos para la carretera y así reducir plazos y riesgos involucrados, siendo los privados los responsables de su ejecución y pago.
Así, las empresas transmisoras obtendrían los siguientes beneficios:
Primero, certeza sobre sus inversiones.
Segundo, baja conflictividad con particulares y comunidades de los territorios por intervenir.
Tercero, no harían las evaluaciones ambientales requeridas; al parecer, las haría el Estado, pero no se sabe cómo y bajo qué esquema, preevaluación, definición de línea de base, etcétera.
Cuarto, no requerirían o tendrían garantizada una más ágil concesión eléctrica.
Los problemas o dificultades que este esquema generaría a la ciudadanía serían:
Primero, la definición de una carretera implica un cambio de modelo que hoy no existe, amparado en la ley eléctrica: transmisión privada versus transmisión pública.
Segundo, se establecería un subsidio encubierto del Estado a las empresas eléctricas, a menos que estas paguen todos los beneficios asociados a la carretera.
Tercero, la variable ambiental no está clara ni definida. ¿Quién y cómo se evaluará ambientalmente una carretera de este tipo, ya que el Estado sería parte interesada en el tema?
Cuarto, implica y presupone un ordenamiento territorial que hoy tampoco existe. ¿Por dónde pasará? ¿Pasará a través de parques, ciudades, campos o comunidades?
Quinto, podría ser la forma disfrazada de preaprobar malos proyectos eléctricos que, de otro modo, no podrían haber existido, como la definición sobre HidroAysén.
Una carretera eléctrica debe cautelar y evitar ser una regulación para la industria eléctrica privada; debe ser la oportunidad para ordenar y planificar el desarrollo de este sector sobre bases seguras, que den garantía a la población sobre esta carretera pública.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, por su intermedio quiero saludar al señor ministro .
Quienes hemos solicitado esta sesión, queremos definir y discutir una nueva política energética, con la participación de todos los ciudadanos y actores. Creemos que Chile necesita una gran reforma energética y no un traje a la medida para las empresas.
Desde abril de 2011, luego de la aprobación del megaproyecto de HidroAysén, la ciudadanía se movilizó como nunca en este país, en cada plaza y ciudad, a fin de rechazar políticas energéticas que claramente agreden. La ciudadanía rechazó el proyecto y se realizaron marchas en todo Chile. En la diapositiva, vemos algunas imágenes de ellas.
En mayo de 2011, el Presidente Piñera anunció en su mensaje a la nación el proyecto de carretera eléctrica. A la fecha, transcurrido más de un año, desconocemos los contenidos de la iniciativa que, por su importancia, requiere incluir un alto grado de participación de la sociedad civil en su elaboración.
Un proyecto de alto impacto y estratégico debe proteger los intereses del Estado, de los chilenos y no de empresas que concentran el mercado eléctrico.
Un conjunto de parlamentarios de todos los colores políticos, senadores de la república, la ciudadanía, expertos, organizaciones no gubernamentales, académicos, llevamos adelante un documento de participación que se le entregó al Presidente de la República , pero todavía no tenemos respuesta.
En el actual modelo en Chile, solo tres empresas, Endesa , Colbún y Gener , generan y comercializan el 84 por ciento de la energía en el Sistema Interconectado Central, y tienen 94 por ciento de la generación en el Sistema Interconectado del Norte Grande, por medio de E-CL, Gener y Gas Atacama . Claramente, vemos la alta concentración existente.
¿Cuáles son las presiones? Con mucha preocupación, vimos que el 30 de mayo de este año Colbún, una de las principales gestoras de HidroAysén, desistió de ingresar el estudio de impacto ambiental por línea de transmisión HidroAysén. Se notificó por el diario a las autoridades públicas, especialmente a las gubernamentales, sobre la paralización de ese proyecto.
Lo paradójico es que, una semana después, el Presidente de la República recibió en La Moneda a los empresarios del sector eléctrico. Esto es inaudito. En el país han marchado miles y miles de personas; los más prestigiosos académicos y sectores políticos y sociales señalan los inconvenientes que está produciendo la política energética; sin embargo, a los empresarios les bastó una semana para ser recibidos en pleno en La Moneda y fotografiarse junto al Presidente de la República .
Tras esa cita, el Gobierno anunció que aceleraría el proyecto de carretera eléctrica, con lo cual entregó una señal de “tranquilidad el sector”. Nos gustaría saber cuál es esa tranquilidad que le entregó al sector, en qué consiste, en qué se traducirá.
HidroAysén. El 12 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó, de manera contundente, el informe de las irregularidades del proyecto HidroAysén. En mis manos tengo el documento que da cabal información sobre las decenas de irregularidades. Como es obvio, HidroAysén rechaza el informe. El 17 de abril de este año se entregó copia de este informe a la embajada de Italia, dado que el Estado italiano tiene participación en ENEL, una de las empresas controladoras del proyecto.
¿Qué imagen de país queremos? Si Chile compite internacionalmente, si tiene gran presencia internacional de inversores, la pregunta es qué imagen venderemos en materia de seguridad y certeza jurídica en los ámbitos medioambiental y energético. ¿Con qué imagen nos vamos a quedar?
¿Y la sociedad civil? En mayo de 2011 se creó la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria para la Política y la Matriz Eléctrica. Diferentes sectores, importantes senadores de Gobierno e importantes autoridades del mundo académico y social participaron en la elaboración de un documento. El objetivo era tener una propuesta independiente, transversal y participativa para el desarrollo eléctrico del país.
Propuestas. Las conclusiones se entregaron al Presidente Piñera . Sin embargo, hasta hoy no hay una invitación del Presidente . Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro que si pudiera facilitar esa reunión del Presidente con las organizaciones, se lo agradecería mucho.
La propuesta pretende generar mayor independencia energética, seguridad de suministro, fomento de energías limpias, eficiencia energética y un cambio a la ley eléctrica, para generar real competencia y dotar al Estado de un verdadero rol estratégico en una materia clave para el desarrollo del país. Estamos proponiendo una política de Estado, consensuada y de largo plazo, y no para un proyecto en particular.
Chile no tiene una política energética; no está desarrollada ni delineada. La Ley General de Servicios Eléctricos, de 1982, formó un modelo centralizador y vulnerable, que no responde a los actuales desafíos. El Gobierno prepara el proyecto de carretera eléctrica, que no aborda el problema y que arriesga -debido a presiones de quienes controlan el sector-, ser un traje a la medida. Digámoslo claro; eso es lo que se está construyendo. Se trata de un proyecto hecho a espaldas de la comunidad, pero financiado por la gente, que beneficiará a las grandes mineras, que son las que más usan energía.
Estamos de acuerdo con el desarrollo industrial, principalmente el minero; pero las empresas deberían asumir o coasumir la responsabilidad de producir energía más cerca de los lugares de producción y con energías renovables no convencionales. El precio del cobre y de otros minerales facilita la posibilidad de asumir algo de ese costo en los proyectos energéticos.
Mayor debate. Los países desarrollados han optado por un nuevo modelo; el mundo desarrollado se dirige hacia los sistemas inteligentes de producción de energía.
Chile requiere una política energética diversificada, amplia y descentralizada. No es posible que el sur de Chile produzca energía para alimentar las mineras del norte.
Diversificación de la matriz hacia energías renovables no convencionales. El compromiso del Presidente , su proyecto 20/20 sobre energía renovable, no se ve reflejado en las propuestas del Gobierno, a pesar de la señales ciudadanas.
Se requieren consensos y definiciones de largo plazo, en el marco de una política país. Se debe incluir a toda la ciudadanía, basándose en principios democráticos e igualdad de derechos.
El Gobierno debe dejar de elaborar alternativas a la medida de las empresas solicitantes. El 74 por ciento de la ciudadanía rechaza HidroAysén. Este dato debiera llamarle la atención. Se requieren consensos y definiciones absolutos para seguir avanzando.
Esta semana nos enteramos de que el proyecto de carretera eléctrica no define trazado exacto de la línea y lo deja en manos de los consultores. Por la prensa nos enteramos de las características del proyecto. Señor Presidente , por su intermedio le digo al ministro que esto tiene que ser informado al Congreso Nacional, que representa la voz de los ciudadanos.
El ministro Bunster anunció que el proyecto de carretera eléctrica se presentará al Congreso Nacional a fines de agosto. Sin embargo, los empresarios ya fueron informados, la prensa ha sido informada y los sectores que interesan a las empresas ya tienen conocimiento.
Chile necesita una gran reforma energética. La ciudadanía así lo exige. Ojalá que esta sesión sirva para debatir y escuchar los planteamientos de esos miles y miles de ciudadanos que esperan, para el país, una política energética equilibrada y sostenible, no orientada a favor de quienes están instalando pingües negocios.
He dicho.
El señor RECONDO (Vicepresidente).- Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , es necesario contextualizar la reflexión y la discusión sobre la carretera eléctrica pública en una mirada más amplia.
La bancada de la Democracia Cristiana siempre ha estado preocupada de la evidente necesidad que tiene Chile de energía, para el desarrollo del sector productivo y para la satisfacción de sus necesidades básicas. Nadie niega esta necesidad. Para hacer frente a este escenario, debemos partir reconociendo que Chile no tiene una política energética explícita, en la que el Estado juegue el rol de orientación estratégica que le corresponde. El Estado debe entregar los lineamientos necesarios y definir una política en materia energética, para que todos los actores del sistema, ciudadanos, productores y distribuidores, tengan la película clara.
Cada día estoy más convencido de que el paradigma de neutralidad tecnológica que ha guiado nuestra política energética en el último tiempo, tocó fondo y que debe ser modificado. Eso han hecho diferentes países. Los Estados están mirando el cambio climático, la sustentabilidad y el desarrollo, haciendo ajustes y, de acuerdo con eso, definiendo opciones. Me pregunto por qué tenemos que ir siempre a la cola, ministro . Chile debe optar y definir qué tipo de matriz energética quiere, aprovechando las potencialidades naturales que tiene.
Nadie duda que hay que utilizar el recurso hídrico; pero no es necesario seguir pensando en megacentrales, en circunstancias de que las minicentrales hidroeléctricas dan buenos resultados, toda vez que generan energía suficiente. Estudios de proveedores de servicios señalan que podrían llegar a 8.000 o 10.000 megavatios. Entonces, ¿por qué no priorizar esa opción, por qué no priorizar las energías solar y eólica? ¿Por qué mantener el paradigma de neutralidad tecnológica, que solo ha servido para carbonizar nuestra matriz energética y, por ende, hacer menos competitivo el sector productivo, amén de no estar cumpliendo con la reducción de emisiones, exigencia que están haciendo los mercados internacionales, con la cual, nos guste o no, deberemos comprometernos?
Por eso, me preocupa no ver una señal en esa línea. Los comités asesores no entregan señales claras y explícitas en esta materia, y el Gobierno tampoco asume posiciones claras. Sin embargo, nos sorprende con la iniciativa de la carretera pública eléctrica. Me pregunto de qué sirve ese proyecto si no tenemos claro un concepto tremendamente importante: el desarrollo de una política energética basada en el ahorro de energía y en la eficiencia energética. Desde que terminó el gobierno de la Presidenta Bachelet está en manos del actual Gobierno un plan de acción concreto para ahorrar energía y mejorar la eficiencia, pero aún no se aplica. Esta es la punta de lanza de los países desarrollados. Lo más importante son las políticas de ahorro energético y de eficiencia energética; pero en este caso no hay ninguna acción concreta en esta materia.
Por eso, me preocupa el anuncio del proyecto de la carretera eléctrica, habida consideración de que estamos muy atrasados en temas extremadamente más importantes.
Lo mencionó el diputado De Urresti . Nada dice el Gobierno y nada hace tampoco para avanzar en el despacho del proyecto 20/20, que se aprobó en el Senado en forma unánime. En la Cámara no le han dado urgencia. El Presidente de la Comisión de Minería no puede avanzar en esta iniciativa, porque tiene otras urgencias. El Gobierno debería darle prioridad a este tema. Parece que no le basta la señal unánime que entregó el Senado de avanzar en esa dirección. ¿Acaso el Gobierno tiene una bolita de cristal única que no le permite ver este asunto como prioritario, a pesar de que el Presidente Piñera lo comprometió durante su campaña? Molesta que todas estas preguntas no tengan respuestas.
Para avanzar hacia una matriz energética más sustentable, los países desarrollados han dado respuesta a esas interrogantes.
El Gobierno tampoco dice nada ni ha dado señal alguna respecto de la urgente necesidad de avanzar -como lo han hecho los países que toman en serio el desarrollo y el contar con una matriz energética sustentable- en lo que se denomina “instalación de redes inteligentes o de generación distribuida”, que redunda en ahorros significativos para el sistema en los momentos de mayor demanda de energía. Incluso, los consumidores, los usuarios, pueden hacerse parte del ahorro y beneficiarse en los momentos de máximo consumo, toda vez que les mejora la tarifa.
Nada de eso estamos emprendiendo. Sin embargo, nos concentramos en el proyecto de construcción de una carretera pública eléctrica, respecto de la cual -insisto- lo que se dice pareciera ser razonable. Por ejemplo, cuando se señala que se quiere contar con una línea de transmisión única que incorpore la energía que proviene de distintos proyectos eléctricos que se desarrollan en el país, uno se pregunta ¿para seguir haciendo más de lo mismo? ¿Para facilitar y consolidar el negocio de un oligopolio energético, que ha obtenido enormes beneficios? ¿O para resguardar gran cantidad de esos espacios, que se crearían con la plata de todos los chilenos y chilenas, a fin de que puedan hacer uso de ellos otros agentes, otros operadores u otros tipos de fuentes de energía? ¿En qué porcentaje se va a priorizar? Obviamente, si es solo para seguir haciendo más de lo mismo, no tiene sentido construir una carretera de esas características, que facilite las cosas o sea un traje a la medida de quienes ya han profitado demasiado de un sistema que no puede seguir usando la neutralidad tecnológica como punta de lanza de su política.
Se ha destacado que entre los beneficios del proyecto figura el fortalecimiento del tendido eléctrico para el segmento residencial del Norte Grande. Ojalá que tengan luz garantizada, no me niego a eso.
También se ha dicho que dará mayor espacio para el desarrollo de energías renovables. Depende. ¿Qué prioridad tendrá una fuente por sobre la otra? Si se mantiene el paradigma de neutralidad tecnológica, entrará a esa red lo de siempre, con lo cual no estaremos aportando al desarrollo ni al establecimiento de una matriz sustentable. Probablemente, otorgaría mayor seguridad. Pero también depende del tipo de fuente que se privilegie.
Por eso, cuando el señor ministro señala por los medios de prensa que se creará un sistema de transmisión que permitirá inyectar la energía que produzcan los proyectos que se realicen en el extremo sur hacia la zona centro-sur del país, parece que está validando lo que ha planteado el diputado De Urresti , cual es que este proyecto es un traje a la medida para que se desarrolle HidroAysén y no da las respuestas de fondo que se necesitan respecto de la matriz y las políticas energéticas de Chile.
Asimismo, se señala que es un mecanismo que resuelve la viabilidad de transmisión del país. Ojalá así sea. ¿Pero cuáles son los contenidos específicos de lo que se quiere hacer?
Señor Presidente , a uno le preocupa el tema, porque los que más han valorado el proyecto son los actuales operadores, distribuidores y grandes consumidores de energía del país: las mineras, las cementeras, las siderúrgicas. Se trata de no más de cincuenta grandes empresas de Chile que consumen el 69 por ciento de la energía generada en todo el país. Si el proyecto solo quiere responder a eso, es más de lo mismo.
Por lo tanto, señor ministro , por intermedio del señor Presidente , no forcemos conceptos que no son reales. Acá se ha dicho que la carretera pública eléctrica es algo innovador; la verdad es que no tiene nada de moderno ni de innovador. Incluso, se podría decir que el proyecto es retrógrado, porque la gracia que tienen las energías renovables no convencionales es que se generan cerca de los lugares en que se consumen, son más flexibles y más dúctiles, quizás no necesitan de esa red pública eléctrica de norte a sur, ya que se pueden armar redes por cuencas, como se ha hecho en muchos países.
Uno se pregunta ¿por qué solo existe una mirada restrictiva? ¿Por qué seguir pidiendo la construcción de una red de transmisión eléctrica de norte a sur, con todas las debilidades que eso tiene y que el ministro probablemente conoce, ya que se supone que es entendido en estas materias?
Entonces ¿cuál es el objetivo final de esta iniciativa? Si se dice que es para evacuar a través de ella la energía renovable, es un mal chiste, porque eso no se garantiza si no se precisa que se abandona la neutralidad tecnológica como política fundamental.
Además, debo formular algunas preguntas obvias al ministro . ¿Se asegurarán los proyectos históricos de siempre? En esta carretera pública eléctrica ¿existirán espacios garantizados para energías renovables no convencionales para nuevos operadores? ¿Cuáles serán las condiciones de entrada al negocio? ¿Qué se busca? ¿Cómo garantiza el Estado -no un gobierno, porque tiene que ser una política de Estado- que habrá espacios privilegiados resguardados para las energías renovables no convencionales? ¿Se avanzará en la construcción de redes inteligentes? ¿Se avanzará en la generación distribuida? ¿Tendremos una política de eficiencia energética real? Si la hubiésemos aplicado desde hace dos años, no se necesitaría de HidroAysén para satisfacer la demanda energética futura.
Hago estas preguntas con respeto al señor ministro , porque estimo que él debe sopesar que lo que quiere la bancada de la Democracia Cristiana es determinar cuál es la prioridad que se dará a las distintas fuentes energéticas, cómo se asegurará que entren otros operadores y cómo cuadra la carretera eléctrica pública con el nuevo desafío de una política y de una matriz energética sustentables. Las respuestas a estas preguntas son las que Chile necesita para su desarrollo. Esperamos que el Gobierno las plantee como políticas de Estado.
No obstante, tengo mis dudas respecto del objetivo final del proyecto. Por respeto, prefiero hacer las preguntas para que las contesten quienes correspondan. Si las respuestas van en contra de los planteamientos que he formulado, creo que la carretera pública eléctrica no será un aporte al desarrollo energético sustentable de Chile, sino un paso negativo que consolidará un oligopolio que lo único que ha hecho es subir los costos de la energía en Chile, transformarnos en un país menos competitivo y construir redes de transmisión inseguras desde el punto de vista técnico, económico y social.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.
El señor PÉREZ ( don Leopoldo).- Señor Presidente , por su intermedio, saludo al ministro de Energía .
Fue un hecho conocido por todos cuando Colbún, la generadora del grupo Matte , informó que detendría los estudios de la línea de transmisión para el megaproyecto HidroAysén, controlado por Endesa.
Quienes prefieren oponerse al Gobierno interpretaron ese acontecimiento como una medida de presión; para otros no fue más que el reflejo de lo delicado que es el tema energético en el país.
Creemos que la decisión de Colbún refleja que tenemos una tarea pendiente muy grande como país y como sociedad para desarrollar los proyectos de energía, tanto en generación como en transmisión, que permitirán satisfacer la creciente demanda energética del país.
En los hechos, leemos esto como una “crisis” por la que atraviesa el país, pues en temas de transmisión no poseemos la capacidad de aportar al sistema eléctrico las líneas transmisoras necesarias.
Tal falta nos afecta de dos maneras: primero, en cuanto a una gestión segura y económica de la generación de energía, y, segundo, por el desarrollo de nuevas centrales generadoras de tecnología renovable o tradicional.
Así, el diagnóstico hecho hasta ahora es que requerimos de los medios que nos permitan incorporar mayor competencia al mercado de generación eléctrica y condiciones ambientales más ventajosas.
Por tal razón, la decisión de Colbún nos inquieta y preocupa muchísimo. El país necesita de este tipo de proyectos para alcanzar el desarrollo.
Esperamos que reconsideren seriamente tales planteamientos, pues creemos que el actual Gobierno ha estado construyendo las condiciones institucionales y reglamentarias que permiten la materialización de este tipo de inversiones.
Como bancada, creemos firmemente que el país cuenta con una institucionalidad del sector eléctrico que ha permitido a diversas empresas llevar adelante sus proyectos de inversión con total cumplimiento de las normativas eléctricas y medioambientales. En esta línea, también debemos tener en cuenta el documento sobre política energética de largo plazo para Chile, dado a conocer por el Presidente Sebastián Piñera en febrero de este año. En él se establecen con claridad y de forma acertada los grandes lineamientos de política pública que Chile debe desarrollar en el más corto plazo.
Por tales razones, pensamos que existe una política energética. Tanto es así, que tenemos una Ley Eléctrica desde 1982, que se ha ido perfeccionando en los últimos años y que es la más exitosa del mundo.
El parque generador del Sistema Interconectado Central (SIC) se ha multiplicado casi seis veces en estos últimos treinta años. Han llegado inversionistas extranjeros y se privatizó el sector, lo que ha permitido satisfacer de forma eficiente una demanda creciente.
Entonces, concretamente, existe una política energética. Otra cosa es que haya que profundizarla y modernizarla. En eso ha estado trabajando el actual Gobierno.
En este contexto se ha impulsado y promovido la generación de otro tipo de proyectos, tales como las hidroeléctricas y las energías renovables no convencionales (ERNC). Sabemos que las necesidades energéticas hasta 2014 están cubiertas, pues hoy más de 3.000 megawatts están en construcción. Por tanto, no tendremos problemas de suministro durante el actual Gobierno.
Sin embargo, esta Administración no ha querido dejar a un lado sus responsabilidades con el país para el largo plazo. Por eso, la cuestión energética debe abordarse con una visión que trascienda a un gobierno específico. En tal sentido, los esfuerzos han estado centrados en definir una mejor política de Estado en materia energética, una política de desarrollo eléctrico. El objetivo está en satisfacer tanto nuestra necesidad de crecimiento y de energía, como la justificada necesidad social de que exista un balance adecuado respecto del medio ambiente.
En este contexto, nació la iniciativa de estudiar la posibilidad de implementar una “carretera eléctrica” y un “multicarrier”, que, por lo demás, forma parte del mandato planteado por el Presidente de la República en su discurso del 21 de Mayo de 2011.
Estas dos propuestas se orientan a definir un sistema de transmisión más robusto, que tome en cuenta el crecimiento que se requiere y la demanda y oferta a largo plazo. Una gran carretera para la transmisión de energía nos permitiría tener flexibilidad para instalar proyectos que, de otra manera, no podrían implementarse. Habida consideración de lo que se ha señalado respecto de la interconexión entre los sistemas del Norte Grande y el sistema central, no podemos negar que se está pensando en una mirada más de largo plazo, de manera de definir desde ya lo que será el sistema de transmisión de los próximos 10 o 15 años, teniendo en cuenta cómo se debe expandir la generación.
Así, la “carretera pública eléctrica” busca que el Sistema Interconectado Central (SIC) cuente con una línea de transmisión única y que incorpore la energía de diversos proyectos con corriente alterna.
Pensar esto como un reforzamiento del actual sistema, es abordar el problema de manera cortoplacista, ya que el desarrollo del sector eléctrico en un horizonte de veinte a treinta años debe reconocer que las necesidades energéticas del país podrían ser el doble o el triple de las actuales.
De acuerdo con la industria, en diez años se requerirá una capacidad eléctrica de unos 20.000 megawatts, versus los 10.000 que se generan hoy.
Debemos tener en cuenta que los impactos de estas políticas van a beneficiar al país en uno, dos o tres gobiernos más. Lo que al Gobierno le interesa es mejorar las condiciones del país que permitan impulsar y concretar el tan anhelado desarrollo.
Por ejemplo, se ha señalado que la iniciativa de la “carretera eléctrica pública” no es más que una señal de apoyo al proyecto HidroAysén, como una manera de simplificarles la vida. Sin embargo, a quienes opinan así les decimos que la iniciativa, si bien podría beneficiar a HidroAysén, también lo hará con centrales de menor tamaño que hoy enfrentan problemas de judicialización con propietarios de terrenos.
Según lo anterior, aunque se realizara el proyecto de Endesa y Colbún, este no alcanzará a satisfacer toda la demanda energética a futuro, por lo que consideramos ventajoso que se facilite la conexión de distintos proyectos a la línea.
No obstante, quienes asumen estos argumentos no quieren ver que el objetivo de construir una sola carretera aporta innumerables beneficios, entre otros, principalmente, conjugar el menor impacto ambiental posible con la reducción de los plazos de transmisión, construcción y costos asociados. A ellos queremos aclararles que actualmente el SIC ya es una carretera pública eléctrica, y que en 2004, cuando se modificó la ley, se definió que cada cuatro años ella se expandiría. El problema que los gobiernos de entonces no quisieron o no fueron capaces de ver fue que, en la práctica, tal expansión ha resultado ser bastante tímida y ha producido serios “cuellos de botella”. Por esta razón, una mejora en el sistema permitirá acomodar, por ejemplo, la generación de las minihidro de la Región de Los Lagos y de las eólicas del Norte Chico.
El Gobierno está enfocado en planificar bien la expansión del sistema, ya que hoy la energía que generaría HidroAysén o Xstrata en la Región de Aysén simplemente no cabe en las líneas actuales.
De esta manera, otros proyectos también enfrentarán restricciones en el futuro. Por ello, será necesario buscar tecnologías que sean económicas y eviten pérdidas de energía para el trasporte hacia Santiago , la zona de mayor consumo del SIC.
El SIC requiere de transmisión adicional para trasladar los cerca de 6.000 megawatts en proyectos que ingresarían al sistema en diez años. Este corredor podría incorporar líneas adicionales para transportar los 3.750 megawatts que generarían las centrales de Energía Austral e HidroAysén.
No desconozcamos que si bien algunos países han tenido la suerte de contar con combustibles fósiles para basar en ellos su crecimiento, Chile tiene un tipo de combustible que provee la Cordillera de Los Andes: el agua, que debido a la fuerte pendiente del macizo andino llega hasta el mar después de recorrer miles de kilómetros a través de ríos, con la fuerza y el potencial energético necesarios para ser motor insustituible del desarrollo del país. Este es el petróleo de Chile, solo que, a diferencia de las naciones que lo producen o utilizan, el nuestro es limpio, puro y cristalino. No desaprovechemos el potencial que la naturaleza brinda a nuestro país. El agua es un elemento imprescindible en el desarrollo energético. Por eso, el Presidente Sebastián Piñera ha señalado que al menos el 45 por ciento de la matriz de generación debe estar representado por unidades en base a agua dentro de los próximos veinte años. Por tal motivo, para demostrar lo importante que es para el Gobierno que el país cuente con más energía, más barata y más diversificada, se creó la “Estrategia Nacional de Energía 2012-2050.”.
Por último, quiero decir que este desafío se concentra sobre todo en materias de generación, distribución y eficiencia energética, y en el desarrollo de energías no convencionales.
Es indispensable seguir realizando estos esfuerzos, para ampliar nuestra matriz energética y fortalecer nuestra capacidad de transmisión.
Además, hay una necesidad imperiosa de invertir en materia eléctrica para alcanzar un mayor crecimiento y una mayor eficacia energética, a fin de no lamentar futuras emergencias.
He dicho.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente , la Democracia Cristiana pidió esta sesión, pero no hay ningún parlamentario de dicha bancada presente en la Sala. ¡Es una vergüenza! ¿Por qué no cierra el debate rápidamente?
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Porque hay varios parlamentarios inscritos, señor diputado .
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.
El señor TEILLIER.- Señor Presidente , tengo varias dudas respecto del tema. Estoy convencido de que, de alguna manera, el país debe asegurar su desarrollo estratégico, pero la duda está en si la forma como debe hacerse es la que plantea el Gobierno.
Si uno mira lo que ha ocurrido, sobre todo la notoria presión ejercida sobre el Gobierno por grupos integrantes del proyecto HidroAysén, basándose en lo que han llamado “ausencia de certezas para realizar la inversión”, tiende a pensar en que lo que se quiere es “sacar las castañas con la mano del gato”. Porque es muy difícil sostener la idea de construir un tendido eléctrico de unos 2.000 kilómetros o pensar que la energía tiene que llevarse desde el extremo sur hasta el centro norte y el norte, para entregarla fundamentalmente a la producción minera.
Este tendido tiene que pasar la prueba en dos temas muy importantes: uno es el medioambiental.
Desde luego, el escenario es difícil y complejo. El tendido eléctrico pasará por parques nacionales, por lugares que seguramente se verán afectados y también por territorios indígenas, lo que todavía es más complejo, porque hay tratados internacionales y una legislación en materia indígena que obligan al Estado y a las empresas a acatar disposiciones y normativas. No es llegar y pasar por sobre ellas.
Así, quienes deseaban llevar adelante tales proyectos se percataron de que las dificultades eran demasiado grandes para enfrentarlas y resolverlas. Basados en un supuesto interés nacional, plantean al Gobierno la necesidad de resolver los problemas asociados a los ámbitos medioambiental y el relativo a los territorios indígenas por los cuales debe transitar la carretera eléctrica. De este modo, la empresa a cargo del proyecto concluyó que si el Estado estaba licitando, a través de ChileCompra, un estudio público para la línea de transmisión eléctrica vinculado al trazado Cochrane-Calbuco, que la Subsecretaría de Energía pagaría con recursos públicos, no era necesario hacer un esfuerzo en tal sentido, por cuanto el Estado, con plata de todos los chilenos, construiría la carretera eléctrica. A ello es necesario agregar que el Ejecutivo ingresó con urgencia el mensaje relacionado con el procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero preguntar al ministro cuál es la posición del Ejecutivo sobre esta materia. ¿Hacerle el trabajo a las empresas? ¿El Gobierno está de acuerdo con que la energía que produzca HidroAysén debe salir por una carretera hacia el norte para favorecer a toda la producción minero-industrial y a hacerse cargo del proyecto? ¿Cómo se va a resolver esa situación? Cuando uno examina las posibilidades energéticas de nuestro país y constata que existe una demanda nacional ciudadana para efectuar una gran reforma energética -en el futuro no podemos seguir produciendo energía basada, fundamentalmente, en centrales termoeléctricas y en megahidroeléctricas-, se pregunta por qué el Gobierno no escucha ese clamor ciudadano. ¿No hay tiempo para escucharlo? ¿Es tan caro, como se dice, implementar formas alternativas de producir energía?
De acuerdo con las últimas noticias, los países desarrollados ya están ideando posibilidades de usar energía alternativa, porque los costos de la energía solar y otras han bajado enormemente. ¿Por qué no licitar centrales hidroeléctricas de pasada -ellas son factibles de implementar-, habida consideración de los innumerables caudales de agua que pueden aprovecharse para producir energía eléctrica? Con ello evitaríamos construir una carretera eléctrica tan larga. ¿Por qué no buscar la forma de producir energía en el norte, donde esta se necesita para los grandes emprendimientos mineros? ¿Es que el Gobierno se niega a buscar la “solución rápida”?
Debo manifestar que las empresas involucradas en este asunto han utilizado una serie de argumentos, respecto de los cuales también tengo dudas. Señalan que si no se implementa esa energía, el pueblo, la ciudadanía, se verá desabastecida. Asimismo, quieren dar la sensación de que el Estado es el responsable de que en Chile no exista energía suficiente. Todos sabemos que el grueso de lo que se genere en la Patagonia no va a ir al consumo doméstico, ni siquiera al industrial ni al comercial, sino que a satisfacer la demanda directa de los proyectos mineros de la zona norte del país, respecto de los cuales existen millonarias sumas comprometidas. Se ha dicho, incluso, que se ponen en peligro futuros puestos de trabajo, por cuanto no se podrán llevar adelante esos proyectos mineros. ¿No existe otra manera de contribuir al desarrollo del país? ¿Debe ser solo de este modo? ¿Tenemos que construir esa inmensa y larga carretera eléctrica, en circunstancias de que se proyecta donde no se necesita?
Me parece que el Gobierno debería escuchar a todos quienes plantean la necesidad de una gran reforma energética. Debemos impulsarla en conjunto, sin pensar en que unos están por el desarrollo del país y otros en contra, torpedeándolo. No se trata de eso, sino de pensar, sencillamente, en qué es lo mejor para el país.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cerda.
El señor CERDA.- Señor Presidente , independientemente del difícil problema que representa HidroAysén y otros proyectos, quiero manifestar, en presencia del ministro , mi profunda preocupación porque hasta el momento no hay claridad respecto de una política energética del Gobierno. El señor ministro nos ha dicho que durante agosto se hará pública tal política. Así lo esperamos; sin embargo, como ha quedado dicho, hasta el momento no se vislumbra.
No podemos quedar sin energía para el desarrollo futuro. La situación es grave, porque el consumo eléctrico ha aumentado entre un 6 y 7 por ciento. Además, el tipo de energía utilizada es carísima. En Chile, pagamos el doble por ella en comparación con países vecinos, especialmente Perú. Eso es lo grave.
Nuestra minería, por el alto precio del cobre, soporta ese mayor costo por el uso de energía, pero no olvidemos que Perú también tiene grandes reservas de mineral; sin embargo,-reitero- paga la mitad del valor que desembolsamos nosotros por la utilización de energía eléctrica. Ello es grave para el desarrollo de nuestra industria local, ya sea esta de exportación o de sustitución de productos importados. Asimismo, es gravísimo para la agricultura chilena, en particular para la fruticultura, que necesita riego especial -microaspersión, goteo, riego tecnificado-, todo lo cual consume mucha electricidad. Lo mismo sucede con la producción en faldeos.
Por eso, por su intermedio, señor Presidente , reitero al señor ministro aquí presente nuestra preocupación por la indecisión del Gobierno de adoptar una política energética a largo plazo. ¿Qué pasará en Chile de aquí a 2020? Ya estamos en 2012 y, prácticamente, cualquier proyecto energético, incluidos los de energía renovable, que no contaminan, necesita fuertes inversiones.
Por eso, dejo planteada mi preocupación. Pronto examinaremos en la Comisión de Minería el proyecto sobre anexión eléctrica. Reitero, la situación se está agravando día a día por la falta de decisiones reales y de fondo.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , esta tarde, la Cámara de Diputados nos ha convocado para opinar sobre la matriz energética del país.
Por intermedio de la Mesa, quiero saludar al ministro de Energía , señor Jorge Bunster , y traer un poco de tranquilidad a las personas que nos escuchan.
El Gobierno de Chile tiene un programa de desarrollo para las necesidades que hoy se requieren en lo que respecta a la energía. Es falso lo que han señalado aquí algunos parlamentarios, aun cuando reconozco que están en todo su derecho de decir lo que piensen, cuando reclaman que no hay un plan claro. Como muy bien señaló un colega que me antecedió en el uso de la palabra, durante los últimos treinta años, Chile ha incrementado su matriz energética, en materia de transmisión, en más de seis veces.
Digamos las cosas por su nombre: la matriz energética, por necesidades de mercado, pasó de depender de la energía hidráulica a depender de la energía termoeléctrica. Cuando comenzamos a legislar en materia energética -de esto ya han pasado algunos años-, Chile dependía en un 76 por ciento de la energía hidráulica, que alimentaba el Sistema Interconectado Central. En la actualidad, ese porcentaje es mucho menor.
Sobre la materia que nos convoca no solo entregaré cifras, sino también argumentos, a fin de señalar lo que pienso que se debe hacer en este ámbito.
El país ha utilizado sus ríos para generar energía hidráulica, pero debido a las sequías, como la ocurrida en 1998, hubo necesidad, en carácter de urgente, de desarrollar otras formas de generación de energía. La más cara de todas es la que utiliza petróleo. Lógicamente, las centrales que se han construido en los últimos años ocupan carbón. Incluso, nos han acusado de carbonizar la matriz energética. Hoy, en todo el mundo existe la tendencia a utilizar carbón, porque es un combustible competitivo desde el punto de vista de los costos; sin embargo, la tendencia es a criticar esa medida.
Se ha hablado de una carretera eléctrica pública, propuesta por el Presidente Piñera y su ministro de Energía . Estas carreteras existen en el mundo. Es importante entender que se está en busca de las mejores soluciones aplicadas en otros países. En Quebec, Canadá , un país y una ciudad que no solo respetan las normas ambientales, sino que exhiben un desarrollo espectacular, existe una carretera eléctrica pública de alta tensión. Tiene una extensión de más de 1.200 kilómetros. Tuve la oportunidad de conocerla. Es la misma carretera que hay que construir en el sur de Chile. Los problemas que se invocan en Chile para no construirla son la existencia de servidumbres y el hecho de que la carretera pasará por parques y territorios indígenas. ¡En todo el mundo sucede exactamente lo mismo! ¿Cuál es la solución? Se paga la servidumbre y se autorizan sectores para ser ocupados para que transite la carretera. Eso no significa que se va a afectar esos sectores, o que se generará daños ambientales. En este momento, Chile cuenta con energía para responder a la demanda del sector, pero no va a suceder lo mismo en el futuro. Muchos de los proyectos energéticos están atrasados en tres, cuatro y cinco años.
Por ello, creo que es absolutamente necesario elaborar normas adecuadas para acelerar esos procesos, y no dejar esta materia solo en manos del mercado y de la oposición de ecologistas y ambientalistas que impiden el desarrollo energético en el país.
Aquí se ha acusado -es la palabra que corresponde usar- al grupo Colbún-Endesa, responsable del proyecto HidroAysén, de utilizar malas prácticas. Lo que ha hecho es levantar la voz para señalar todos los impedimentos con los que se han encontrado para desarrollarlo. Estos no han provenido de las autoridades, sino de recursos judiciales que buscan no autorizar la construcción de plantas de generación de energía.
Por ello, creo absolutamente necesario que el país revise sus normas ambientales. Aquí no se pretende contaminar, o atentar contra la vida humana, vegetal o animal, sino, lisa y llanamente, resolver los problemas de buena manera.
Muchos han señalado que con la implementación de energías eólicas y solares podría resolverse el problema energético, lo cual demuestra que quienes invocan esos argumentos desconocen absolutamente la realidad en esta materia. Esas ener-gías no superan el 10 por ciento o 12 por ciento del requerimiento energético del país; el otro 90 por ciento o 92 por ciento es necesario cubrirlo con energía a carbón, petróleo o energía hidráulica. Es cierto que en Chile se puede construir un mayor número de centrales de pasada, pero ese fenómeno se ha visto incrementado luego de la crítica situación vivida por el país en 1998; con todo, es cierto, también, que la energía que generan estas pequeñas centrales debe ser soportada por una instalación para aportar energía al Sistema Interconectado Central, lo que también tiene un costo altísimo. La centrales de pasada necesitan apoyo y ayuda. De esa manera, quienes liciten energía de la alta tensión podrán llegar con su energía al Sistema Interconectado Central.
A mi juicio, están dadas las condiciones para construir nuevas centrales térmicas y para el desarrollo energético; sin embargo, en este momento el país está de rodillas como consecuencia de las controversias medioambientales, las que le han impedido avanzar. Si seguimos actuando con manga ancha en relación con los que se oponen a los proyectos, no podremos cumplir con los requerimientos energéticos. Si contamos con el apoyo necesario para llevarlos a cabo, los más de 100.000 millones de dólares que se van a invertir en los próximos años van a tener una respuesta efectiva; de lo contrario, el país va a seguir entrampado en lugares de pobreza.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (presidente).- Tiene la palabra el diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero decirles a las personas que están observando el Canal de la Cámara de Diputados que en la Sala hay tres diputados de la UDI, dos de la Democracia Cristiana, un diputado del Partido Socialista , uno del PPD, uno de Renovación Nacional, que preside la sesión, y quien habla. Es decir, en este momento solo hay nueve parlamentarios para tratar un tema de tanta relevancia como el que nos convoca. Es cierto que están funcionando las comisiones, pero no todos los diputados están allí.
Si se llegan a construir los megaproyectos de que se ha hablado -esa es mi preocupación-, estos se van a concentrar en la Región de Aysén. Muchos rasgan vestiduras diciendo: “¡Protejamos la Patagonia!” o “¡Patagonia sin represas!” Pero, a veces -reconozco que no en todos los casos-, se trata solo de un eslogan publicitario para obtener dividendos políticos. Lo digo como patagón: me preocupa que haya gente importante, con poder político y con posibilidades de hablar a través de la prensa, que supuestamente defiende a la Patagonia y a su gente, cuando la realidad nos demuestra lo contrario.
Para nosotros, los aiseninos -ya lo he planteado en esta misma Sala-, no existe contradicción entre desarrollo y protección del medio ambiente. Quien pretenda frenar el desarrollo, no lo va a lograr. No creo que se pueda hacer lo mismo que en la época de la Revolución Industrial, porque Chile necesita más energía para lograr su desarrollo. Sin embargo, ese desarrollo debe ir aparejado con beneficios sociales, debe redundar en un avance integral donde todos los chilenos obtengamos beneficios, sin que la ejecución de esos megaproyectos energéticos signifique hacer más ricos a los ricos y mucho más ricas a las empresas transnacionales dueñas de nuestras aguas.
La convocatoria a esta sesión, que también firmé, señala: “Discutir sobre la grave situación ocurrida a partir del hecho público y notorio, en que la opinión pública pudo advertir una serie de presiones indebidas por parte de uno de los grupos integrantes del Proyecto HidroAysén,”. Es una acusación seria. Tal vez, debería demostrarse -a lo mejor, esa materia está incluida en el trabajo de la comisión investigadora respectiva- la existencia de tales presiones indebidas. Si existieron, independientemente de a quién haya afectado, sean particulares o entidades públicas, deben ser denunciadas ante los tribunales de justicia. Si hay alguna diputada o algún diputado que tenga antecedentes sobre la materia, tiene la obligación de entregarlos a quien corresponda.
Los aiseninos pretendemos lograr algunas cosas mínimas. Primero, nos gustaría participar en las decisiones que se tomen, tanto respecto de la ejecución del proyecto, como de la carretera eléctrica que se pretende construir y que corresponde a una propuesta del Ejecutivo. Quiero decirle al ministro de Energía que a los patagones se nos debería dar la posibilidad de tomar decisiones. Por eso, hemos solicitado, mediante diversos conductos, la realización de un plebiscito vinculante. Nos gustaría decidir sobre el proyecto, porque se trata de nuestras tierras y de nuestras aguas, aunque hay una gran cantidad de kilómetros cuadrados que pertenecen al señor Tompkins, un extranjero con visa de turista, y el sector sur de nuestra región es de propiedad de un empresario de apellido Luksic . Las aguas están en Aysén, pero no pertenecen a los aiseninos.
En síntesis, lo que le solicito al Ejecutivo , a través del ministro de Energía , es que se realice un plebiscito vinculante en nuestra región. Tal vez, los que se oponen a este megaproyecto se llevarían una sorpresa. Lo único que pido es que estos proyectos sean ejecutados aplicando toda la normativa medioambiental vigente y tecnología de punta, porque -insisto- no veo que exista contradicción entre desarrollo y protección del medio ambiente. Además, este megaproyecto debe significar, sin lugar a dudas, beneficios para los habitantes de la Región de Aysén.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , en realidad, me habría gustado que hubieran participado más diputados en la discusión de temas tan relevantes como son la energía y el desarrollo energético en nuestro país.
Quiero pedir disculpas en nombre de los parlamentarios ausentes de la Comisión de Minería y Energía, sin distinción de bancadas. En este momento se encuentran en esa instancia votando un proyecto sobre seguridad minera. Algunos decidimos acudir a la Sala, a fin de intervenir sobre este tema que, sin duda, es muy relevante.
¿Por qué digo que es relevante? Porque nadie podría negar que el país debe apostar por la diversificación de nuestra matriz energética, para lo cual tenemos que buscar todos los caminos viables, siempre que sean sustentables, reconociendo socialmente a los pueblos que se podrían ver afectados y teniendo una visión de futuro.
Sin duda, el gran desafío de nuestro país se relaciona con el desarrollo energético. Cuando se produjo el corte de gas que afectó a nuestro país, la región más perjudicada fue la de Antofagasta, donde hoy existen dos gasoductos. En realidad, hemos visto que existe una acción social avasalladora, pero sin una visión clara sobre un asunto relevante que se relaciona con la seguridad nacional. Por lo tanto, todo nuestro desarrollo energético debe tener un aditivo, cual es la seguridad nacional. Ya vivimos este problema, hace algún tiempo, cuando se produjo el blackout, con los consiguientes problemas energéticos, debido al corte que, lamentablemente, dejó en evidencia que nuestra matriz energética no se ha fortalecido suficientemente.
Pues bien, cuando existe una iniciativa del Gobierno y una estrategia para lograr el desarrollo, aparecen algunos señores que, lamentablemente, de una forma u otra, hacen que se acreciente el problema relacionado con nuestro desarrollo energético. Hoy, debemos apostar para que la matriz energética genérica no exista solo en el norte o en el sur, en forma separada. Aquí estamos ante un problema de conectividad que, hace algunos años, en los gobiernos de la Concertación, calculábamos que podría tener un costo de 400, 500 o 600 millones de dólares. Pues bien, ahora requerimos tener esa conectividad, pero para lograrla, debemos tener nuevas fuentes generadoras de energía. Por lo tanto, el proyecto HidroAysén es una alternativa para el desarrollo futuro del país. Si no fuera por el empeño que puso el ex Presidente Frei Ruiz-Tagle en el proyecto Colbún-Machicura, también habríamos tenido problemas energéticos en el pasado.
Desde luego, existen problemas sociales que hay que soslayar, porque no se trata de intereses más o de intereses menos, sino del interés nacional. Por eso, le hemos pedido al Gobierno que se involucre con más fuerza en el desarrollo energético y, por lo mismo, surgió el concepto de la carretera eléctrica, no porque hayan existido más o menos presiones, como se dijo en un momento determinado respecto del proyecto HidroAysén, sino porque, hace algún tiempo, el Presidente ya se había referido a la materia.
Por otra parte, cuando hemos mencionado la geotermia como otra fuente energética, algunos pueblos indígenas han planteado sus inquietudes. Como se ha dicho durante el debate, existe conciencia de que esos pueblos requieren desarrollo y también beneficios, porque las nuevas fuentes energéticas están ubicadas en sus tierras. No hay que pensar que esta fuente energética entregará energía solo a los grandes centros urbanos, sino a todo el país, que necesita desarrollo, lo cual está íntimamente ligado a la energía.
En el norte -lo conversé con el ministro de Energía - el problema ya no es la falta de agua para el desarrollo de la gran minería. Es posible que las fuentes acuíferas estén agotadas porque se han sobreexplotado; pero, actualmente, el problema principal no es ese. Para realizar sus proyectos mineros, las empresas deberán mirar al mar y extraer agua desde allí para poder llevar a cabo sus faenas. Pero, ¿dónde radica el problema? En el costo de la energía.
Por lo tanto, en esta materia, dejando de lado los estigmas políticos, deberíamos estudiar la forma de fortalecer y diversificar nuestra matriz eléctrica. Para eso existen iniciativas y concesiones eléctricas que estamos analizando en la Comisión de Minería y Energía. También veremos uno sobre carretera eléctrica y el proyecto 20/20, sobre el que hay acuerdo para que sea discutido, algo que ya se realizó en el Senado. Por lo tanto, estamos comprometidos con el tema.
Sin embargo, debido a que se trata de un tema país, quiero que saquemos de esta discusión el estigma político, el aprovechamiento mezquino, muchas veces de grupos, que manipulan la información respecto de lo que realmente deseamos.
Aquí hay un tema muy relevante que dice relación con la diversificación de la matriz energética. Por otro lado, hablamos de desarrollo en todas las variables de la producción energética, pero, por sobre todo, deberíamos apostar por la seguridad energética. Todas las variables que se deben conjugar están asociadas a esa seguridad energética, fundamentalmente, en lo relativo a la eficiencia energética.
En una reciente reunión en Curazao de la Comisión de Minería y Energía del Parlatino, que integro en representación de la Cámara de Diputados de Chile, estudiamos la producción energética a partir de la basura. Las comunidades han apostado a diversificar su matriz energética, no solo para la iluminación y el consumo domiciliario, sino también para proveerse de insumos, como el agua, elemento tan necesario en esa isla tan apartada del continente.
Reitero, este es un tema país; no es patrimonio de un sector u otro. Por eso, queremos que el Gobierno se involucre más, porque hemos mostrado algunas debilidades, puesto que ha sido el mundo privado, el sector empresarial, el que ha marcado la línea de desarrollo energético. En mi opinión, eso no es conveniente, porque nos ha afectado, como ocurrió con la postergación del proyecto de HidroAysén.
Este tema no debiera terminar aquí, en esta sesión, porque es fundamental para el desarrollo. El país debe debatir de cara a su gente para proveer, como corresponde, una energía para el desarrollo, limpia y barata.
El país está en condiciones de llevar a cabo ese tarea, en un trabajo conjunto entre el sector empresarial y el estatal, sin perder de vista algo que me gustaría subrayar: el desarrollo energético está íntimamente ligado a la seguridad nacional.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , este debate se va encaminando hacia lo que deseamos: escuchar la opinión del Ejecutivo sobre la construcción de la carretera eléctrica y sobre lo que se pretende desarrollar.
Por la prensa nos hemos enterado que el ministro de Energía afina borrador y detalles del proyecto de carretera eléctrica.
De acuerdo con la información que hemos recogido, sabemos que los empresarios están bien informados sobre esta situación, porque el Presidente de la República , con mucha cortesía, los invitó a una reunión, y me imagino que fueron bien atendidos, que se sintieron cómodos en el palacio de La Moneda, la sede del gobierno de todos los chilenos. Vimos una foto en que lucían muy contentos.
Luego, formularon una declaración a la prensa en que anunciaban que suspenderían momentáneamente la ejecución del proyecto HidroAysén.
No sé si el ministro de Energía estaba presente -no lo distinguí en la foto-, pero lo concreto es que estaban dándoles garantías para sus proyectos.
Entonces, cabe preguntarse: ¿cuáles son las garantías para el resto de los ciudadanos, para ese 74 por ciento que rechaza el proyecto HidroAysén y que quiere la implementación de una política energética consensuada?
A nosotros ni siquiera nos ha llamado el Presidente de la República , no obstante entregarle formalmente este proyecto que tengo en mis manos, contenido en el libro “Chile necesita una gran reforma energética”. Se trata de un estudio serio, acucioso, elaborado por decenas de organizaciones sociales y parlamentarios -entre los cuales también hay algunos de Gobierno-, como los senadores Antonio Horvath, Isabel Allende , Ximena Rincón, José Antonio Gómez , Carlos Cantero , y los diputados Patricio Vallespín , Enrique Accorsi y Alfonso de Urresti. Aún no tenemos respuesta.
Nos preocupa el debate que se debe desarrollar en la sociedad y la información que podemos entregar a los ciudadanos que representamos en nuestros distritos, principalmente a los del sur.
Por ello, pregunto al señor ministro qué ocurrirá con las comunidades indígenas. ¿Se considera el Convenio 169 de la OIT? El proyecto presentado señala que el nuevo modelo considera que, en caso de que la Comisión Nacional de Energía estime que ciertos tendidos son de alta importancia para la seguridad y crecimiento del sistema eléctrico, se utilizará la figura de la “línea de utilidad pública”. Un consultor externo, escogido a través de licitación, definirá cuál será el trazado.
Luego, año a año, se evaluará el estudio de expansión troncal y se determinará el trazado prioritario por donde pasará el tendido a levantar y se notificará a los afectados por dichas líneas de utilidad pública.
Habrá un consultor privado, se definirá la línea de base ambiental, todo lo cual estará sujeto a la evaluación interministerial, en la que participan los ministros de Energía , del Medio Ambiente y del Interior y Seguridad Pública.
Se quiere hacer algo con el dinero de todos los chilenos: una línea de transmisión para que los grandes productores que se pretenden instalar en la Patagonia traigan su energía barata, de corriente continua, al centro de Chile, para las grandes mineras. Eso lo vamos a pagar todos. Además, se vulnerará el Convenio 169 de la OIT, que exige consultar a las comunidades indígenas de las zonas por las que pasará el trazado. Por lo tanto, se vulnerarán los derechos legítimos de los propietarios cuando se inicie el proceso de concesión de las servidumbres. Es decir, se hará una especie de fast track para avanzar en la ejecución del proyecto.
¿Este sistema de líneas de utilidad pública vulnerará los parques nacionales y modificará la Convención de Washington? ¿Se dará carta blanca a la línea de transmisión? Eso es lo que queremos saber.
Ninguno de los que han solicitado esta sesión está en contra de generar una política energética seria y sustentable en el país, pero exigimos que no se haga a costa del medio ambiente, de las comunidades indígenas y de pequeños productores. No queremos que este proyecto sea un traje a la medida para las grandes empresas.
En cuanto a las irregularidades de HidroAysén, le pido al ministro que lea el Informe de la Comisión de Derechos Humanos, mandatada por la Sala para investigar las eventuales irregularidades en el proceso de aprobación del proyecto de la central hidroeléctrica HidroAysén, que fue votado y aprobado por esta Sala. En ese documento se puede constatar que son evidentes.
¿Qué pasará con otras grandes centrales que pretendan instalarse? ¿Construiremos la carretera para que después se instalen las centrales, en circunstancias de que, de acuerdo con la legislación, con una evaluación ambiental estratégica se debiera considerar la central hidroeléctrica y la línea de transmisión?
Por ello, pedimos al Ejecutivo información, transparencia y resguardo del medio ambiente.
Chile somos todos, y no solo los poderosos, no solo las empresas eléctricas que han presionado y extorsionado al Presidente de la República.
Espero que la acción de Enersis, en especial la acción impresentable de Endesa, que en estos últimos días está amenazando a decenas de cotizantes chilenos de las AFP, no aplique el mismo criterio que se quiere utilizar para facilitar la transmisión a través de las líneas de la carretera eléctrica.
He dicho.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Se suspende la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el ministro de Energía.
El señor BUNSTER ( ministro de Energía ).- Señor Presidente , vengo en cumplimiento de vuestra citación para exponer acerca de una supuesta coadyuva del Gobierno a las empresas Endesa y Colbún en materias relacionadas con el desarrollo del proyecto HidroAysén, en particular a su línea de transmisión.
Según se entiende del texto de la citación, la ayuda del Gobierno consistiría en la realización de un estudio para el trazado de la línea de transmisión eléctrica entre Cochrane y Calbuco, a cargo de la Subsecretaría de Energía y financiado con recursos públicos, y en la calificación de la urgencia al proyecto de ley de concesiones eléctricas, que actualmente se tramita en el Congreso Nacional, todo lo cual sería en respuesta a la presión indebida ejercida por la empresa Colbún, al recomendar a HidroAysén no seguir adelante con el estudio de impacto ambiental de su línea de transmisión.
Con respecto al estudio de la Subsecretaría, que se denomina “Transmisión de Energía y Protección de la Patagonia-Evaluación de Trazados de Líneas”, su licitación fue publicada en el portal ChileCompra el 15 de mayo del presente año, en tanto que el proyecto de ley de concesiones eléctricas ingresó a tramitación a la Cámara de Diputados el 3 de mayo recién pasado, con urgencia calificada de simple.
Por su parte, la declaración de la empresa Colbún -a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros- acerca de la recomendación de no continuar con el Estudio de Impacto Ambiental de HidroAysén fue hecha el 30 de mayo, es decir, con posterioridad a la fecha de ocurrencia de las iniciativas del Gobierno.
Como puede apreciarse, la sola secuencia de los hechos deja en evidencia que la determinación de la empresa Colbún no pudo haber sido la causal de las acciones del Gobierno, por cuanto estas ocurrieron con anterioridad.
Hecha esta aclaración, que me parece importante, paso a referirme al fondo de estas dos iniciativas del Ministerio de Energía.
Como es de público conocimiento, en mayo de 2011, el Presidente de la República anunció importantes desafíos en materia eléctrica, que buscaban responder a las crecientes demandas eléctricas de la economía nacional. Entendiendo que desarrollar el sector eléctrico requería una mirada de largo plazo, constituyó una Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE), integrada por expertos en distintas áreas, incluido medio ambiente, y cuya experiencia de varios de sus integrantes respondía a haber formado parte de los gobiernos de los presidentes Aylwin, Frei y Lagos, y de la Presidenta Michelle Bachelet.
En forma paralela, en el Senado de la República, también se constituyó la Comisión Ciudadana Técnico Parlamentaria, a la que aludió anteriormente un señor diputado . Ambos trabajos fueron un significativo aporte a la elaboración de la Estrategia Nacional de Energía, que fue dada a conocer por el Presidente Piñera en febrero pasado.
La Estrategia Nacional de Energía contempla seis ejes, uno de de los cuales es el fortalecimiento de los sistemas de transmisión de energía, labor fundamental para garantizar la seguridad en el suministro de energía, la incorporación de las energías renovables no convencionales y la operación económica de todas las instalaciones de generación de electricidad, elemento clave en la determinación de un precio competitivo de energía para nuestro país.
En la línea planteada anteriormente ha estado la presentación de un proyecto de concesiones eléctricas y servidumbres en mayo pasado, que es una preocupación que ha tenido el Gobierno desde su origen, manifestada ya en 2010, en un proyecto de ley presentado, perfeccionado en esta ocasión, como también en la elaboración de un proyecto de carretera eléctrica que será presentado próximamente en este Congreso Nacional.
En relación con el estudio de transmisión de Aysén, la iniciativa del Ministerio de Energía se origina en el compromiso asumido en la Estrategia Nacional de Energía de que la utilización potencial de los recursos hidroeléctricos de la zona de Aysén se lleven a cabo procurando preservar el medioambiente, la biodiversidad y las economías regionales de la Patagonia.
Ante la inminencia de la presentación de proyectos de desarrollo de líneas de transmisión en Aysén, el Ministerio de Energía estimó necesario formarse una opinión fundada, respondiendo al planteamiento establecido en la Estrategia Nacional de Energía.
Sin embargo, la licitación del estudio debió ser declarada desierta. De las dos propuestas que se recibieron, una no cumplió con los requisitos administrativos, lo que hizo imposible su consideración, y la otra presentó antecedentes técnicos que fueron calificados como insatisfactorios por la Comisión Evaluadora.
Para finalizar mi exposición, quiero señalar que el Ministerio de Energía está abocado íntegramente a materializar la Estrategia Nacional de Energía que anunció el Presidente Piñera a principios del presente año, cuya concreción requiere el apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado y cuyos resultados influirán decisivamente en la seguridad de suministro y competitividad del precio de la energía de los futuros gobiernos.
Muchas gracias.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás (Presidente).- Se ha presentado un proyecto de acuerdo.
El señor Secretario dará lectura a su parte dispositiva.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario ).- Proyecto de acuerdo N° 708, de los diputados señores De Urresti, Torres, Teillier, Montes, Vallespín, Accorsi, Ojeda y Carmona, y de la diputada señora Muñoz, doña Adriana, que en su parte resolutiva señala lo siguiente:
“La Honorable Cámara de Diputados acuerda:
1° Oficiar a los Ministerios de Medio Ambiente, Bienes Nacionales y de Energía con el fin de:
a) Tomar todas las medidas inmediatas, efectivas y pertinentes con el fin de que el Estado no asuma la construcción o financiamiento de la línea de tendido eléctrico necesaria para la concreción de esos proyectos privados.
b) Iniciar un proceso nacional de confección de una nueva política energética, sustentable, viable económicamente, protectora del medio ambiente, segura e independiente, precedida de un debate ciudadano en las diversas regiones del país, involucrando a todas las agrupaciones interesadas.
c) Hacer partícipe en la discusión de la ubicación de un posible futuro proyecto de línea de transmisión eléctrica, si es que este se llega a concretar, a las comunidades indígenas que habitan la zona, conforme al mandato del artículo 6° del Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas, con las características y requisitos particulares que dicha consulta debe cumplir de conformidad al mencionado convenio. Del mismo modo, integrar a las organizaciones sociales y a la comunidad en la discusión del proyecto, ya que afecta directamente la forma de vida de las personas que viven en el lugar.
d) Dar cumplimiento a toda la legislación pertinente que protege la flora y fauna nativa del país y los lugares de interés arqueológicos presentes en la zona en la cual se pretende hacer pasar el proyecto de línea de transmisión eléctrica, adoptando las medidas necesarias para cumplir estos fines.
e) Que se adopten medidas legislativas tendientes a corregir el enfoque energético que asume el mensaje del Gobierno, que busca consagrar un subsidio del Estado a particulares, en circunstancias de que existen instrumentos jurídicos que permiten que sea el propio Estado el que asuma un rol energético por medio de las empresas del Estado, a fin de estimular una redefinición de la estrategia energética a nivel nacional.”.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 47 votos. No hubo abstenciones.
El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Rechazado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.
-El texto íntegro del proyecto de acuerdo figura en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:
http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx
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