REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 8ª, en jueves 2 de abril de 2015 (Ordinaria, de 11.01 a 13.16 horas) Presidencia del señor Núñez Lozano, don Marco Antonio. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL I.- ASISTENCIA10 II.- APERTURA DE LA SESIÓN13 III.- ACTAS13 IV.- CUENTA13 MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIDOS EN TERREMOTOS DE IQUIQUE OCURRIDOS EL 1 Y 2 DE ABRIL DE 201413 INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA13 V.- ORDEN DEL DÍA14 CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA POR ESPECIAL GRACIA A CIUDADANO ARGENTINO SEÑOR ROBERTO KOZAK (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9777-06)14 INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (CONTINUACIÓN)18 INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LAS DENUNCIAS DE UN EVENTUAL FRAUDE Y OTRAS IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO29 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN37 PATROCINIO Y URGENCIA A PROYECTO DE LEY QUE RETIRA LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL SISTEMA DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS (PREFERENCIA)37 ELIMINACIÓN DE REQUISITO DE CONTAR CON CUENTA DE AHORRO EN BANCO DEL ESTADO A PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO PARA POSTULAR A PROGRAMAS Y BENEFICIOS PÚBLICOS38 ESTABLECIMIENTO DE PRUEBA OBLIGATORIA PARA GARANTIZAR EXCELENCIA ACÁDEMICA DE EGRESADOS DE ESCUELAS DE ODONTOLOGÍA40 VII.- INCIDENTES43 PROPUESTA DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE CHILOÉ SOBRE PROYECTO DE REFORMA LABORAL ANUNCIADO POR EL GOBIERNO (OFICIO)43 INFORMACIÓN SOBRE ATAQUE DE FUNCIONARIOS DE LA ARMADA A EMBARCACIÓN PESQUERA DE QUELLÓN (OFICIO)44 INVESTIGACIÓN DE ACTUACIÓN DE RESPONSABLES DE PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE (OFICIOS)45 Pág. INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN DE FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR DE EMPRESA SUBCONTRATISTA EN PLANTA DE ENAP EN COMUNA DE HUALPÉN (OFICIOS)46 INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CURSOS DE AGUA EN QUEBRADAS DE COMUNAS PRECORDILLERANAS DE SANTIAGO (OFICIOS)46 TRASPASO AL SERVIU DE TERRENOS DEL EJÉRCITO PARA FINES HABITACIONALES EN SECTOR DE OVEJERÍA ALTO, COMUNA DE OSORNO (OFICIOS)47 ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO DAMAS, SECTOR PILAUCO, COMUNA DE OSORNO (OFICIO)48 ESTUDIO DE ASFALTADO DE CAMINO DE HUILLINCO A FORRAHUE, COMUNA DE OSORNO (OFICIO)48 RECHAZO A LIMITACIÓN EN ACCESO DIARIO DE BUS DE ACERCAMIENTO DE PACIENTES A HOSPITAL REGIONAL DE VALDIVIA (OFICIOS)48 EXPLICACIONES DE MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES RESPECTO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS DE DESVÍO DE TRÁNSITO EN CAMINO COSTERO DE VALDIVIA (OFICIOS)49 VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA51 1.- MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, SOBRE “ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE SAN CRISTÓBAL Y NIEVES SOBRE EXENCIÓN DE REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES, SUSCRITO EN BESSETERRE, FEDERACIÓN DE SAN CRISTÓBAL Y NIEVES, EL 26 DE JUNIO DE 2014.”. (BOLETÍN N° 9965-10)51 2.- MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA QUE “APRUEBA LAS MODIFICACIONES AL CONVENIO QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE), ADOPTADAS MEDIANTE LA DECISIÓN XXXVIII/D/453, DE LA XXXVIII REUNIÓN DE MINISTROS DE ESA ORGANIZACIÓN, CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN, COLOMBIA”. (BOLETÍN N° 9966-10)52 3.- MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, SOBRE “ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA QUE CREA UN MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE EN LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA, SUSCRITO EN BRUSELAS, BÉLGICA, EL 30 DE ENERO DE 2014”. (BOLETÍN N° 9967-10)54 4.- MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, QUE “APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS SISTEMAS ANTIINCRUSTANTES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES, SUSCRITO EN LONDRES, EL 5 DE OCTUBRE DE 2001”. (BOLETÍN N° 9968-10)59 5.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9913-05)62 6.- OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9151-21)63 7.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9845-14)63 8.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9559-10)64 9.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9637-10)64 10.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9638-10)65 11.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9465-10)65 12.- SEGUNDO INFORME COMPLEMENTARIO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.496, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, CON EL OBJETO DE REGULAR EL COBRO DEL SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS EN LOS LUGARES QUE INDICA.”. (BOLETÍN N° 9729-03)66 13.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES RINCÓN, ESPINOSA, DON MARCOS; FLORES, FUENTES, MORANO, OJEDA, PILOWSKY, SAFFIRIO Y TORRES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.620, QUE DICTA NORMAS SOBRE ADOPCIÓN DE MENORES, EN PROTECCIÓN DE LA INFANCIA QUE ES DECLARADA SUSCEPTIBLE DE ADOPCIÓN POR INHABILIDAD PARENTAL EN RAZÓN DE POBREZA, MARGINALIDAD Y RIESGOS IMPLICADOS EN ELLA”. (BOLETÍN N° 9959-18)71 14.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2777-15-CPT.86 IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicaciones: -De la Comisión de Ética y Transparencia por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 y 341 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Verdugo. -Del diputado señor Pérez, don José, por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 2 de abril, por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Kort por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 2 de abril, por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Carmona por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 2 de abril, por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del jefe de bancada de diputados del Partido Radical Socialdemócrata por la cual informa que el diputado señor Meza reemplazará al diputado señor Chávez en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. -Del jefe de bancada de diputados del Partido Radical Social Demócrata por la cual informa que la diputada señora Hernando reemplazará al diputado señor Meza en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. -Del jefe de bancada de diputados del Partido Radical Social Demócrata por la cual informa que el diputado señor Meza reemplazará a la diputada señora Hernando en la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena. 2. Notas: -Del diputado señor Urrutia, don Osvaldo, por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar de hoy, 2 de abril, para dirigirse a Argentina. 3. Licencias médicas: -Otorgada al diputado señor Gutiérrez, don Hugo, por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de ocho días a contar del 30 de marzo de 2015. -Otorgada a la diputada señora Rubilar por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del 31 de marzo de 2015. 4. Oficios: -De la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Campos. -De la Comisión Revisora de Cuentas por el cual comunica que aprobó por unanimidad el Informe del Comité de Auditoría Parlamentaria relativo a la Revisión de Gastos Institucionales de la Cámara de Diputados correspondiente al período enero-diciembre de 2013. (1/2015) De conformidad a la ley, publíquese el extracto. -De la Comisión de Régimen Interno y Administración por el cual comunica que se acordó otorgar el carácter de misión oficial a la participación del diputado señor Kort en el Encuentro Latinoamericano Público Privado sobre Energías Sustentables para el Futuro, a celebrarse los días 16 y 17 de abril de 2015 (13). -De la Comisión de Régimen Interno y Administración por el cual comunica que la diputada señora Nogueira y el diputado señor Núñez, don Marco Antonio, integrarán la delegación que concurrirá a la reunión de Presidentes y Presidentas de Parlamentos de países miembros de la Unasur, en Quito, Ecuador, que se realizará entre los días 9 y 11 de abril de 2015. (17). -De la Comisión de Régimen Interno y Administración por el cual comunica que se otorgó el carácter de misión oficial a la participación del diputado señor Fuenzalida en el Seminario sobre Gobernabilidad e Instituciones Democráticas para Jóvenes Líderes de las Américas, a celebrarse entre los días 6 y 10 de abril de 2015. (12). Respuestas a Oficios Contraloría General de la República -Diputado Kort, Si se encuentra dentro de las facultades y, en qué normativa legal se sustentaría, el organizar encuentros políticos, por parte de la Superintendencia de Educación Escolar, en los términos que se indican en a petición adjunta. (23853 al 6074). (23853 al 6074). Ministerio de Hacienda -Diputado Pilowsky, Informar sobre las razones por las que, en la reciente modificación, mediante resolución exenta N° 7264, de 26 de diciembre de 2014, del listado de mercancías que se consideran equipaje, el servicio a su cargo excluye de la categoría de artículos deportivos de uso personal a las bicicletas; sin perjuicio que, atendidas las razones expuestas en la intervención que se adjunta, tenga a bien instruir la modificación de la resolución antes mencionada, y de este modo permitir la internación al territorio nacional de bicicletas exenta del pago de aranceles cuando lo sean para uso personal. (3493 al 7219). (3493 al 7219). -Diputada Rubilar doña Karla, Considerar la posibilidad que la de Tesorería General de la República extienda el plazo -vencido el 31 de julio del corriente- para la repactación de deudas de origen tributario. (882 al 511). (882 al 511). -Diputado Mirosevic, Motivos de la reducción del presupuesto asignado a la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota. Asimismo, remita el reporte del proyecto de presupuesto para el año 2015, que debió ser aprobado por el Consejo Regional, y enviado a ese Ministerio, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (947 al 5687). (947 al 5687). Ministerio de Agricultura -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre la calidad jurídica del camino rural ubicado en el Proyecto Parcelación El Parral Santa Inés, en la comuna de Las Cabras. (1517 al 6950). (1517 al 6950). Ministerio de Trabajo y Previsión Social -Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre la situación previsional actual de la señora Mhirta Del Carmen Fernández Olivares, con el fin de verificar su calificación para beneficios sociales, en consideración a su puntaje en la Ficha de Protección Social y al grupo etario al que pertenece. (31452 al 7078). (31452al 7078). Ministerio de Salud -Diputado Sandoval, Informar sobre la factibilidad de establecer los mecanismos para dotar de personal necesario al Hospital Regional de Coyhaique, que posibilite el adecuado funcionamiento de la unidad de tratamientos intermedios de dicho recinto asistencial. (732 al 6171). (732 al 6171). -Diputado Sandoval, Informar sobre la factibilidad de establecer los mecanismos para dotar de personal necesario al Hospital Regional de Coyhaique, que posibilite el adecuado funcionamiento de la unidad de tratamientos intermedios de dicho recinto asistencial. (732 al 6172). (732 al 6172). Ministerio de Vivienda y Urbanismo -Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre los bienes nacionales y, o terrenos que pueden entregarse en comodato para que funcione la junta de vecinos Los Colonos, en La Calera. (2800 al 7095). (2800 al 7095). -Diputada Molina doña Andrea, Estado de postulación de la señora Rosme Stuardo Parra, al Programa Nacional de Reconstrucción de Vivienda Chile Reconstruye Mejor y, en el evento de no encontrarse vigente, indique si califica a otro programa habitacional, en los términos que se indican en la petición adjunta. (2955 al 5710). (2955 al 5710). -Diputado Urrutia don Osvaldo, Informar sobre el programa detallado de trabajo -la carta Gantt- de las obras pendientes en el proyecto denominado vía PIV, ruta alternativa que unirá Viña del Mar y Concón y el ejercicio presupuestario en que aquellas se ejecutarán; especialmente de las obras de conclusión de las calles Vicuña Mackenna y Portales, de los dos nuevos puentes sobre el Estero Marga Marga y de la conexión empalme al llegar a la comuna de Concón. (832 al 7156). (832 al 7156). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Diputado Cornejo, Proceso de licitación de Plantas de Revisión Técnica para la Región de Valparaíso. (2505 al 6917). (2505 al 6917). Ministerio Secretaría General De Gobierno -Diputado Melo, Informe sobre los Fondos Concursables del año 2015, indicando fecha de postulación, requisitos, condiciones, contacto y demás información que considere relevante. (605 al 7394). (605 al 7394). Ministerio Público -Diputado Gutiérrez don Hugo, Informar sobre las razones por las que la fiscalía de Alto Hospicio solicitó la suspensión condicional del procedimiento respecto de los funcionarios municipales de Alto Hospicio que, eventualmente, habrían falsificado sus antecedentes en las Ficha CAS II y en Ficha de Protección Social, para acceder a subsidios para viviendas sociales. (142 al 767). (142 al 767). Ministerio Medio Ambiente -Diputado Berger, Informar sobre el estado de avance en que se encuentra la redacción del texto final del proyecto de Ley General de Residuos, los trámite que seguirá luego, la fecha de su presentación a tramitación legislativa y la participación que se le da a los municipios en el mencionado proyecto. (151105 al 7169). (151105 al 7169). -Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre las acciones ejecutadas a consecuencias de la denuncia formulada ante la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos por la eventual contaminación producida por un derrame de aceite en el borde costero del Lago Llanquihue y, a continuación, informe si se han registrado episodios similares en otras comunas ribereñas, indicando si se instruyó sumario sanitario y aplicaron multas. (151106 al 7127). (151106 al 7127). Ministerio de la Mujer -Diputado Melo, Informe sobre los Fondos Concursables del año 2015, indicando fecha de postulación, requisitos, condiciones, contacto y demás información que considere relevante. (146 al 7395). (146 al 7395). Ministerio del Deporte -Diputado Verdugo, Informar sobre los accesos y lugares preferenciales con que cuentan las personas con discapacidades diferentes en los estadios de fútbol del país y, además, se informe si existe un procedimiento de evacuación de emergencia, con especial atención a dichas personas (218 al 7202). (218 al 7202). Intendencias -Diputada Nogueira doña Claudia, Diputado Coloma, Informe a esta Cámara sobre las fiscalizaciones efectuadas respecto del cumplimiento de la normativa que regula el turno de farmacias los días festivos y fines de semana, durante 2014 y especialmente en el feriado del pasado 25 de diciembre, los establecimientos sancionados y las medidas que se adoptaran al respecto, al tenor de la solicitud adjunta. (386 al 6436). (386 al 6436). Servicios -Diputado Mirosevic, emita a esta Corporación copia del documento presentado por la Empresa Termoeléctrica del Norte S.A., el día 23 de enero del año 2015, denominado “informa inicio de ejecución del proyecto CT Parinacota”. (150582 al 7196). (150582 al 7196). -Diputado Mirosevic, sobre el estado actual y copia de los documentos que acrediten el inicio del proyecto aprobado por la resolución exenta 0041/2009, de fecha 26 de octubre del año 2009, emitido por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Parinacota, y si existe alguna norma de rango administrativo emitida por el servicio de evaluación ambiental en el cual se establezca algún criterio interpretativo para determinar que se ha entendido por “gestiones, actos o faenas mínimas” o, en su defecto, los actos administrativos en los cuales se hayan aplicado el artículo 4° transitorio del reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental. (150582 al 7197). (150582 al 7197). Varios -Diputado Gahona, Posibilidad de disponer una fiscalización en una parcela aledaña al ex fundo El Olivar y a la Villa El Romero de la comuna de La Serena donde se habría instalado un vertedero clandestino, aplicar las sanciones correspondientes y adoptar todas las medidas que correspondan con el propósito de poner término a dicho foco de contaminación. (545 al 7360). (545 al 7360). -Diputado Coloma, Informar para que remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la situación previsional de la señora María del Transito Vera Sepúlveda (6771 al 7205). (6771 al 7205). X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. -Diputado Fuenzalida, Remitir a esta Cámara la información requerida en la petición adjunta, relacionada con una misiva que le enviaron los señores Abernego Mardones Riquelme, Santiago Rosas Lobos, Angélica Smith Pérez, Bárbar Klett Aparicio y Marco Saldías Yañez. (7542 de 20/03/2015). A Ministerio de Interior. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Insunza Gregorio de las Heras, Jorge -Jackson Drago, Giorgio -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kast Sommerhoff, Felipe -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Rocafull López, Luis -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: La diputada señora Denise Pascal Allende y los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García García, Roberto León Ramírez e Ignacio urrutia Bonilla. -Con licencia médica: La diputada señora Karla Rubilar Barahona y el diputado señor Hugo Gutiérrez Gálvez. -Con impedimento grave: La diputada señora Daniella Cicardini Milla y el diputado señor Alberto Robles Pantoja.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.01 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 127ª de la legislatura 362ª se declara aprobada. El acta de la sesión 1ª de la legislatura 363ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta. MINUTO DE SILENCIO POR FALLECIDOS EN TERREMOTOS DE IQUIQUE OCURRIDOS EL 1 Y 2 DE ABRIL DE 2014 El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- A petición del diputado señor Renzo Trisotti, se guardará un minuto de silencio por los fallecidos en los terremotos ocurridos en Iquique el 1 y 2 de abril del año recién pasado. Invito a todos a ponerse de pie. -Las señoras diputadas, los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas guardan, de pie, un minuto de silencio. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Propongo a la Sala integrar la Comisión Especial Investigadora de la actuación de los organismos públicos encargados de la protección de la salud y del medio ambiente en la comuna de Antofagasta, con las siguientes señoras y señores diputados: Issa Kort, Andrea Molina, Felipe Ward, Paulina Núñez, Leopoldo Pérez, Jorge Insunza, Camila Vallejo, Marcela Hernando, Ricardo Rincón, Iván Flores, Manuel Monsalve, Daniella Cicardini y Pedro Browne. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA POR ESPECIAL GRACIA A CIUDADANO ARGENTINO SEÑOR ROBERTO KOZAK (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°9777-06) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que concede por especial gracia la nacionalidad chilena al ciudadano argentino don Roberto Kozak. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor Claudio Arriagada. Antecedentes: -Moción, sesión 105ª de la legislatura 362ª, en 10 de diciembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 6. -Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 110ª de la legislatura 362ª, en 6 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 20. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Hago presente a la Sala que el proyecto se tratará conforme a las normas de Tabla de Fácil Despacho. En reemplazo del diputado señor Arriagada, rinde el informe el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar sobre el proyecto de ley que concede por especial gracia la nacionalidad chilena al ciudadano argentino don Roberto Kozak. La iniciativa se originó en una moción de los diputados señores Aguiló, Arriagada, Auth, Espejo, Farcas, Insunza, Jackson, Rincón y Teillier, y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda. Antes de entrar en materia, debo hacer presente que la idea matriz o fundamental del proyecto es la de conceder por especial gracia la nacionalidad chilena al ciudadano argentino don Roberto Kozak; que no posee normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado, y que fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los diputados presentes, señores Farías (Presidente), Aguiló, Arriagada, Becker, Berger, Ojeda, Sandoval y Urrutia, don Osvaldo. Los autores de la moción señalan que la nacionalidad por gracia constituye una institución honorífica tradicional republicana, consagrada por nuestra Constitución, orientada a distinguir a los extranjeros ilustres que hayan sido un aporte significativo al progreso de Chile, y que, a juicio del Poder Legislativo, constituyen un modelo a seguir por las generaciones futuras. Agregan que don Roberto Kozak nació en Argentina el 14 de mayo de 1942, que estudió ingeniería civil industrial en la Universidad de Buenos Aires, y que, a contar de 1968, se desempeñó en la Organización Internacional para las Migraciones, labor desde la cual tuvo una especial y fundamental tarea en la defensa de miles de chilenos que vieron amenazados sus derechos humanos durante la dictadura militar vivida en Chile a raíz del golpe de Estado de 1973, ya que sacó del país a un gran número de presos políticos. De hecho, como director del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, fue responsable de la salida del país de más de 30.000 personas que tenían la calidad de presos políticos o que estaban en serio peligro de adquirir esa condición. Hacen presente que el señor Kozak visitaba los centros de detención, como Tres Álamos, donde conoció al doctor Patricio Bustos, quien se desempeña actualmente como director del Servicio Médico Legal, a quien ayudó a salir exiliado del país, para que se reuniera con su esposa en Italia. Destacan que dentro de la esfera de sus atribuciones, en 1974 logró un acuerdo con el gobierno del general Augusto Pinochet, mediante el cual se estableció una vía expedita para expulsar del país a prisioneros políticos. Los primeros beneficiados por ese convenio fueron los exministros del gobierno del Presidente Salvador Allende que se encontraban detenidos en la isla Dawson, entre ellos, don Clodomiro Almeyda. Hacen presente que, haciendo uso de su cargo, don Roberto Kozak visitaba embajadas, centros de detención y reparticiones gubernamentales, como los ministerios del Interior o de Relaciones Exteriores, lo que le permitía obtener datos de los presos, buscar apoyos en las sedes diplomáticas y negociar con el gobierno. Asistía personalmente al aeropuerto cuando las personas, debido a sus gestiones, lograban abandonar el país para buscar seguridad y protección a sus derechos más básicos. Por otra parte, los diputados patrocinantes hacen presente que el señor Kozak entrenó a otras personas para que lo ayudaran en su tarea en Chile. Además, medió en la negociación entre el gobierno militar y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que permitió la liberación de Luis Corvalán en 1976. Agregan que el señor Kozak debió asumir en 1979 funciones en el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), en Ginebra; pero antes de retirarse del país, logró negociar la salida de treinta y siete condenados por infracciones a la ley de Seguridad Interior del Estado. Una vez en Suiza, señaló que le “faltaba la mitad del trabajo: asistir al retorno y a la reinserción, en la sociedad chilena, del último de los exiliados que deseara hacerlo”. Por tal razón, volvió a Chile, y entre 1984 y 1994, ayudó a retornar al país a más de 15.000 exiliados. Todo lo señalado movió al gobierno italiano a condecorarlo en 1979 con la Orden al Mérito en el grado de Commendatore, y en 1994 recibió del gobierno de Chile la Orden al Mérito Bernardo O’Higgins, en su grado de Gran Cruz. Actualmente, don Roberto Kozak reside en Santiago junto a su esposa. Los antecedentes en referencia llevan a los autores de la moción a afirmar que tienen la convicción de que este personaje, de gran estatura moral y a quien debemos tanto como país, merece el reconocimiento del pueblo chileno, por lo que resulta de total justicia que se le conceda la ciudadanía por especial gracia, conforme a lo prescrito por el artículo 10, N° 4°, de la Constitución Política de Chile. Es cuanto puedo informar sobre la materia. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, la bancada de diputados del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana anuncia su voto favorable a la iniciativa que concede la nacionalidad chilena por especial gracia al ciudadano argentino señor Roberto Kozak. Como bien expresó el diputado informante señor Sergio Ojeda, don Roberto Kozak fue una de las personas que más contribuyó a salvar vidas en nuestro país durante la dictadura militar. Como director del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, colaboró activamente para que salieran del país más de 30.000 conciudadanos que eran perseguidos sistemáticamente por los llamados organismos de seguridad de la época. Como recordó el diputado Ojeda, jugó un papel muy importante para la reubicación en el extranjero de los excolaboradores del Presidente mártir Salvador Allende, que estaban desterrados en la isla Dawson, a fin de que estuvieran a salvo de los crímenes que se cometían en nuestro país. Lo mismo ocurrió con miles de otros compatriotas que fueron detenidos arbitrariamente en distintos campos de concentración, como en Chacabuco, en el Estadio Nacional, en Tres Álamos, en Cuatro Álamos y en otros lugares del país. Señor Presidente, permítame dar un testimonio personal. En 1982 me encontraba detenido junto con otros compañeros del Partido Izquierda Cristiana, en el cual militaba, porque fui acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los tribunales de justicia, obsecuentes con la dictadura militar, nos condenaron a la pena de extrañamiento. En esa oportunidad, el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, dirigido por don Roberto Kozak, permitió que nosotros y nuestras familias tuviéramos un lugar de destino. De esa manera, compañeros como Pablo Fuenzalida, Raúl Reyes, Rodrigo González, actualmente asesor del ministro del Interior, pudimos llegar a nuestros destinos a salvo de las acciones que en Chile realizaba la dictadura militar. Afortunadamente, no fue necesaria la intervención del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, porque en un fallo de último momento, la Corte Suprema reemplazó por prisión la condena de extrañamiento que se nos había impuesto inicialmente. Sin embargo, pudimos constatar que don Roberto Kozak ayudó a cientos de chilenos que eran perseguidos en nuestro país. Por las razones expuestas, estimamos importante que la Corporación otorgue en forma unánime la nacionalidad chilena por especial gracia a don Roberto Kozak. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano argentino don Roberto Kozak. Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 16 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Castro González Juan Luis; De Mussy Hiriart Felipe; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Girardi Lavín Cristina; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matía. -Votó por la negativa el diputado señor Pérez Lahsen Leopoldo. -Se abstuvieron los diputados señores: Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Hoffmann Opazo María José; Lorenzini Basso Pablo; Morano Cornejo Juan Enrique; Rathgeb Schifferli Jorge; Saffirio Espinoza René; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular. Despachado el proyecto. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (CONTINUACIÓN) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde discutir el informe de la Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en el proceso de inversión pública en infraestructura hospitalaria. Antecedentes: -El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 115ª de la legislatura 362ª, en 15 de enero de 2015. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro. El señor CASTRO.- Señor Presidente, la Comisión Investigadora evacuó este informe en octubre del año pasado, es decir, hace seis mes. Quiero ser preciso para abordar los principales puntos del informe para refrescar la memoria de los colegas. En marzo de 2014, la entonces ministra de Salud, señora Helia Molina, denunció en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el atraso y abandono de más de catorce centros asistenciales, debido a una gestión deficiente del gobierno anterior respecto del avance de la construcción de esos hospitales y centros de salud familiar (cesfam). Me refiero al hospital de Calama, al cesfam de Calama, al cesfam de Antofagasta Norte, al hospital de Salamanca, al cesfam de Illapel, al hospital Gustavo Fricke, al cesfam de Juan Fernández, al hospital Exequiel González Cortés, de Santiago; al hospital de Rancagua, al hospital de Pitrufquén, al hospital de Puerto Montt, al cesfam de Dalcahue y al cesfam de Chonchi. Durante más de cuatro meses de investigación, la comisión se encargó de evaluar y hacer un juicio crítico e imparcial para saber a qué se debió este abandono y retraso de las obras. Cabe precisar que la investigación abarcó dos períodos presidenciales; es decir, acá se investigó no solo el período del Presidente Piñera, sino también el primer período de la Presidenta Bachelet. Finalmente, llegamos a la convicción, y así lo establecen las conclusiones de mayoría aprobadas por la comisión, de que el mecanismo de concesión hospitalaria, que involucró a los hospitales de Maipú y de La Florida, no aseguró mejores plazos de construcción ni costos más bajos para la puesta en marcha de esa infraestructura hospitalaria, porque, particularmente en el caso de Maipú, se detectaron graves falencias e irregularidades -estoy hablando de diciembre de 2013, es decir, un mes después de la elección presidencial-, lo que se debió, como quedó demostrado en los sucesivos sumarios de la Contraloría, a que se inauguró de manera precipitada, sin considerar el término de la construcción del hospital, lo cual produjo trastornos que hasta hoy rebotan en el funcionamiento de dicho establecimiento. En segundo lugar, que los costos económicos son indebidos en el actual sistema público, sobre todo los de transacción que se realizaron por la ocupación de camas y lo que debe pagarse a la concesionaria por los índices de ocupación por sobre el 80 por ciento. Por lo tanto, nuestra primera conclusión es que el sistema de concesiones hospitalarias no debe proseguir en nuestro país bajo la modalidad que conocimos en el caso de los hospitales de Maipú y de La Florida, salvo el resto que quedó en ese período, que incluye a los hospitales Félix Bulnes y del Salvador, respecto de los cuales se establecieron precisiones muy claras entre marzo y julio del año pasado. En tercer lugar, que la nueva infraestructura hospitalaria debe financiarse exclusivamente con fondos públicos, porque es más económico y se ajusta a los servicios que desea entregar el sector público de la salud a sus usuarios. En ese sentido, vamos a ingresar muy pronto un proyecto para modificar la ley de Concesiones Hospitalarias, para sacar definitivamente de ese rubro al sistema de construcción hospitalaria. Asimismo, quedó claro que la explotación privada de servicios no clínicos relacionados directamente con la prestación de servicios de salud, como aseo de los pabellones, mantención de maquinarias y seguridad, ha significado un deterioro en las atenciones y en los servicios médicos que se entregan en esos establecimientos. El mecanismo de incentivos ha sido perverso para la puesta en marcha, porque no se contó con las autorizaciones respectivas, lo cual es particularmente significativo en el hospital de Maipú. Respecto de las obras con financiamiento público, se concluyó que en los casos de Cañete, Rancagua, Calama, González Cortés y muchos otros, a pesar de que los mandantes del sector público, que son los servicios de Salud, llegaron a acuerdos con las empresas privadas a cargo de la construcción de esos hospitales -aquí viene lo más importante del informe-, el entonces ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, y el exsubsecretario de Redes Asistenciales de la época, señor Luis Castillo, establecieron contactos y tratativas por sobre lo que los mandantes del Estado legítimamente acordaron con las empresas privadas. De esa manera, postergaron o difirieron la ejecución de las multas, que dichas empresas privadas debieron pagar oportunamente por el incumplimiento de los compromisos contraídos respecto de la construcción de esos hospitales, tal como se comprobó en la comisión. Por tal motivo, la comisión concluyó entregar los antecedentes de esas conversaciones y negociaciones, a nuestro juicio incompatibles, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de que investiguen e inicien las acciones que correspondan en contra de quienes participaron en esas tratativas, cuyos hechos revisten caracteres de delito. Me refiero específicamente a las actuaciones del exsubsecretario de Redes Asistenciales señor Luis Castillo y del exministro de Salud señor Jaime Mañalich. Se trata de una conclusión muy poderosa de la comisión investigadora, porque hay responsabilidades que no podemos obviar. Los colegas y la gente saben que han existido razones para postergar la construcción de esos hospitales, y una de las más importantes es que se tuvo manga ancha y complacencia con las empresas privadas que tenían la misión de construir esos hospitales para el Estado, pero que finalmente fueron “perdonadas” por la desidia de esas autoridades. Hasta hoy nos rebotan los casos de hospitales que no se han concluido, sobre todo en el norte de Chile, como sucede con los de Alto Hospicio, Calama y Antofagasta. Por otra parte, la compra de camas que se ejecutó durante el período 2012-2013 en clínicas privadas, como Las Condes, costó miles de millones de pesos. Ahí uno encuentra la explicación del abandono de la obra pública, porque se subsidió la falta de camas en el sector público. Este hecho le pareció extremadamente grave a la comisión, porque el Estado abandonó y fue negligente para terminar la construcción de esos hospitales públicos, porque prefirió comprar camas en el sector privado. Ojalá que los parlamentarios y la ciudadanía puedan leer con detención este informe de 240 páginas, porque involucra a muchas regiones y establece con meridiana claridad que la responsabilidad política implica que el sistema de concesiones ha servido en Chile para construir carreteras y cárceles, pero no para la construcción de hospitales, lo que se comprueba dramáticamente al revisar el informe, donde podrán ver que aún están pendientes muchos casos y que no existe una solución política para esos hechos. Estamos atentos a lo que va a suceder con los hospitales del Salvador y Félix Bulnes, que están pendientes desde período anterior. Definitivamente, aquí hay un antes y un después, que tiene que ser claramente establecido mediante una moción que presentaremos varios diputados en los próximos días. Esperamos contar con el apoyo del gobierno en esta materia. En este esfuerzo agotador por clarificar la verdad, el Ministerio de Obras Públicas tiene un rol. Los inspectores sanitarios y los inspectores técnicos de obras tienen una tarea principal. En consecuencia, ni ellos ni los servicios pueden estar sometidos a condiciones similares a las que les impusieron el exministro de Salud señor Jaime Mañalich y su equipo, mediante la realización de negociaciones incompatibles con empresas privadas para concederles perdonazos que se tradujeron en el atraso en la entrega de los hospitales, muchos de los cuales aún están a medio construir, lo que afecta a millones de chilenos. Por lo tanto, hay responsabilidades políticas que quedan claramente definidas en este informe de las autoridades que en ese período actuaron negligentemente con el sistema público de salud, pues condonaron multas e intereses en forma indebida, lo que provocó que catorce hospitales fuesen abandonados o se encuentren gravemente atrasados en materia de infraestructura. Además, haremos entrega de los antecedentes respectivos al Ministerio Público. Votaré a favor el informe para que la Mesa, con el respaldo de la Sala, proceda a ejecutar las recomendaciones, particularmente de carácter judicial, que figuran en el informe de la comisión investigadora. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, suscribo cada uno de los comentarios y argumentos que planteó el diputado Juan Luis Castro. Esta discusión partió de las organizaciones sociales vinculadas al mundo de la salud, las que salieron a la calle con desesperación a manifestar lo complejo que era mantener el sistema de concesiones hospitalarias, tal y como se viene implementando desde hace algunos años. Decidimos investigar la construcción hospitalaria a lo largo del país, no solo en la Región Metropolitana, en que figuran dos casos emblemáticos, como el de los hospitales de Maipú y de La Florida. Durante la discusión quedaron demostradas las consecuencias nefastas que ha traído este modelo de construcción. Considero necesario poner a disposición de la Sala algunos argumentos que se plantearon en la discusión. Algunos sectores tienen una posición muy decidida para defender la concesión de las obras públicas. Como dijo recién el diputado Castro, una cosa es defender la concesión de obras públicas de carreteras y de cárceles, y otra muy distinta es defender la concesión para la construcción de hospitales. Se ha planteado que es un mecanismo válido para construir y explotar una infraestructura hospitalaria. Quienes lo sustentan, entregan argumentos relativos a la ineficiencia estatal, a la disponibilidad de recursos, al abaratamiento de costos y a la disminución de tiempo para la puesta a punto de los servicios. Sin embargo, existen casos concretos que contradicen absolutamente tales planteamientos. En el caso de los proyectos hospitalarios de Maipú y de La Florida, el fisco debe pagar 426.000.000 de dólares, lo que significa 27 por ciento por sobre el costo de la construcción vía inversión sectorial, que hubiese ascendido a 173.000.000 millones de dólares por concepto de operación. Esos costos no existen para la construcción directa con fondos públicos. Durante la investigación, nos dimos cuenta de que existen gastos variables que, como país, no estamos tomando en consideración, dado que, en la medida en que la empresa concesionaria iba avanzando en la construcción y en el proceso, el Estado le iba entregando premios que alcanzaban montos irracionales para lograr un hospital para la comunidad. La construcción de un hospital concesionado puede costar tres veces más que si se realiza con recursos sectoriales. Estamos hablando de un derroche descarado de recursos para beneficiar a las empresas privadas con el dinero de todos los chilenos. Por eso, hemos llegado a conclusiones muy concretas, que el diputado Castro señaló y que no voy a repetir. Entre esas conclusiones, quiero destacar un elemento muy particular, que tiene que ver con la discusión que tuvimos con los gremios de la salud vinculados al hospital del Salvador, que fue uno de los establecimientos que, lamentablemente, no pudo ser salvado de la política de concesiones. Al respecto, debo destacar que la Presidenta Michelle Bachelet tomó una decisión política concreta al comienzo de su mandato, cual es terminar con la construcción de hospitales a través de concesiones, en el plan de inversiones llamado 20/20/20, esto es, 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 en licitación. La Presidenta de la República tomó una definición política, pero que no se sustenta en la ley. Por eso, en la discusión con los gremios de la salud del hospital del Salvador, con los cuales se constituyó una mesa de trabajo técnica que está modificando el contrato de la concesionaria, logramos generar una propuesta de ley, que hemos llamado precisamente “ley Salvador”, que pretende terminar definitivamente con este problema y que elimina la construcción de hospitales de la Ley de Concesiones Hospitalarias. Hemos solicitado el patrocinio del gobierno para ese proyecto de ley, que va en absoluta coherencia con la determinación política que adoptó la Presidenta Bachelet para este período. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido una respuesta adecuada. Por eso hemos insistido en nuestra petición, porque en esa mesa de negociación se adoptó un compromiso con los diputados y diputadas que firmamos la iniciativa y que formamos parte de la Comisión de Salud, como los señores Juan Luis Castro, Marco Antonio Núñez, la señora Marcela Hernando y otros que fuimos parte de esta discusión. Creemos que esa iniciativa debe ser ley de la república, para terminar definitivamente con este problema gravísimo, que trae consecuencias no solo para la salud de las personas, sino para comunidades completas, como es el caso de la comuna de Maipú, ya que su hospital todavía no funciona como tal. Hoy se tratará con preferencia y sin discusión, un proyecto de resolución que solicita el patrocinio al proyecto de ley que he comentado. En consecuencia, pido a los diputados y diputadas que comparten la necesidad de garantizar una salud pública como se merecen todos los chilenos y chilenas, que voten a favor no solo el informe de la comisión investigadora, sino también dicho proyecto de resolución, que es parte de las consecuencias y planteamientos del informe de mayoría. Saludo el esfuerzo que ha hecho la comunidad para sacar adelante iniciativas que permitirán mejorar la salud pública de los chilenos. Aquí no hay posiciones ni concepciones ideológicas, como algunos han planteado, sino que esto tiene que ver con buscar mecanismos para resguardar los recursos del Estado, para no seguir enriqueciendo a empresas que lucran con la salud pública y, lo más importante, para no seguir poniendo en riesgo la salud de las personas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, quiero complementar las profundas explicaciones del doctor Castro y de la diputada Cariola, quienes, junto con otros diputados, son corresponsables de este completo informe sobre el naufragio de un sistema que requiere de manera urgente una corrección. Naturalmente, no quiero que junto con el agua sucia de la bañera se nos caiga el bebé. No soy especialista en salud, pero debido a mi experiencia de aproximación a la concesión y al proceso de puesta en marcha del hospital de Maipú, puedo decir que no me queda para nada clara la conveniencia de que el Estado traslade la operación, construcción y administración de un hospital público. Me imagino que las razones que llevaron a iniciar este camino a quienes gobernaron en esa época fueron financieras, es decir, la búsqueda de recursos externos, de los cuales el Estado no dispone, que luego son devueltos en un tiempo muy largo. La primera inquietud que surge es si, desde el punto de vista económico, ha sido conveniente para el Estado de Chile esa decisión. A partir de la experiencia que conozco, creo que la respuesta es negativa. Luego, si nos remitimos a la administración de los hospitales, puedo decir categóricamente que la experiencia de Maipú no solo ha sido negativa, sino nefasta, porque las condiciones del contrato son extremadamente draconianas para el Estado. Por ejemplo, a la hora de cambiar un enchufe, que en el mercado cuesta uno, el concesionario fija su precio en hasta diez veces el precio de mercado, lo que no ocurriría si la administración financiera y operativa estuviera a cargo del hospital. Ahora bien, un tema que ha estado en el tapete se relaciona con los estacionamientos. El costo de estos se encuentra al límite de la usura. Ni siquiera se dispone de plazas para los trabajadores y médicos. ¡Qué decir de las personas que van de urgencia a atenderse al hospital! En enero de 2014 intervine para alertar a los entonces Presidente Piñera y ministro Mañalich de la irresponsabilidad absoluta que constituía inaugurar el hospital de Maipú sin contar con las condiciones mínimas para ello. Alerté que se inauguraría un consultorio y no el hospital al que aspiraba el millón de usuarios de Maipú, Cerrillos y de las comunas aledañas, anhelo de décadas que se vio frustrado y que hará cargar a ese hospital con el estigma de haber frustrado las expectativas ciudadanas. A más de un año de su inauguración recién se puede decir que hay un hospital en Maipú. Propuse al director y a la ministra de Salud hacer un verdadero sahumerio y una reinauguración para enmendar la irresponsabilidad de las autoridades de la época por inaugurar un hospital sin contar con las condiciones mínimas para cumplir con las expectativas señaladas. Felicito a los miembros de la comisión y les anuncio que leeré con mucha fruición y detalle este informe. Debemos revisar con seriedad las experiencias de concesiones, tanto en materia de transferencia de la construcción como en transferencia de la administración. Me queda absolutamente claro que la concesión de la administración es extremadamente sensible y que la disociación de la administración médica de la administración general de un hospital, a mi parecer, ha sido extremadamente negativa y no deberíamos repetirla. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, concuerdo con quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Sin embargo, quiero aclarar que la comisión no solo se enmarcó en el estudio de los establecimientos concesionados, sino también en los no concesionados. Algo común que afectó a ambos tipos de administración es que, lamentablemente, durante el gobierno pasado hubo desconocimiento de una serie de aspectos del derecho administrativo, lo que provocó que las autoridades, tanto locales como nacionales, pasaran por encima de una serie de normativas que no son comunes en el mundo privado, pero que son mandatorias en el ámbito público. Lo segundo es reflexionar respecto de la poca coordinación que sigue existiendo entre los ministerios. Se pudo determinar claramente que no había comunicación entre el Ministerio de Salud y el de Obras Públicas a la hora de definir las concesiones, de modo que los criterios sanitarios no eran tomados en cuenta. Los cambios que hubo en materia de licitaciones en los diversos procesos que se llevaron a cabo para los distintos grupos de hospitales que se adjudicaron en diferentes momentos, demuestran que prevalecieron más bien los criterios economicistas y los demás aspectos impulsados por el Ministerio de Obras Públicas y por el área de Concesiones en lugar de los sanitarios. Me parece que aprendimos bastante de esta experiencia. A todos los que se sienten comprometidos con la descentralización y la regionalización, les sugiero que lean el informe, en especial lo que contiene respecto de cómo el hecho de pasar a llevar decisiones locales, en especial las opiniones técnicas locales, puede llevar a que se cometan errores como los de estos casos, que hoy nos tienen con un montón de establecimientos sin funcionar, en perjuicio de la población. Quiero hacer especial mención de lo que sucede con el hospital de Calama, que presenta un avance de entre 70 y 90 por ciento en sus obras, dependiendo de quién lo evalúe. Allí está abandonado hace casi dos años. Acaba de sufrir el embate de una tragedia climática de la que todos hemos sido testigos. Son muchos los recursos de todos los chilenos, provenientes de los impuestos que todos pagamos, que han sido desperdiciados, botados a la basura, no obstante ser tan necesarios. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, la verdad es que la dupla Piñera-Mañalich, más que uso, hizo abuso del poder. Recuerdo que en aquellos años uno miraba esperanzado hacia el Parlamento para ver si les tiraban un poco las riendas. Coincido con lo que dijo el colega Pepe Auth, en el sentido de que los contratos eran leoninos para el Estado. Sin embargo, se sigue entregando negocios a los usureros. Como decía un candidato republicano en Estados Unidos de América, la codicia y la avaricia son su religión. Por supuesto, cuando se trata de hacer estos negocios, uno aprecia esos disvalores. Pero bien lo señalaba la diputada Hernando. La comisión investigadora no miró solo el problema de los hospitales concesionados, o mal concesionados. No sé en qué lugar del mundo cambiar una ampolleta cuesta 100.000 pesos. Eso solo ocurre en Chile. El gran profesor Milton Friedman nos dejó superpreparados. Le damos una tremenda respuesta al mundo como conejillos de indias, hijos de Milton Friedman, cuando resulta que en este país -repito- cambiar una ampolleta en los hospitales concesionados cuesta más de 100.000 pesos. ¡Una silla debe costar millones! Hay quienes se quedan callados y creen que esto está muy bien hecho. Piensan que el Estado no debe meterse en nada, que debe ser pequeño como el quiosco de la esquina y que todo debe ser propiedad privada.Y nos hablan del mercado y del mercado. Ya sabemos qué pasa con el mercado: las empresas se coluden hasta más no poder. Las farmacias prendieron las alarmas en el país; pero la colusión entre empresas existe desde hace mucho rato, y actúan sin miramiento alguno, porque la codicia y la avaricia son su santa religión. Mientras tanto, nosotros, acá, aplaudiendo todo eso. Para ser justos, la Concertación también cometió errores. Su error más grande fue privatizar las sanitarias. Me duele. Pero estamos hablando de este informe de la comisión investigadora, que es muy completo. Agradezco a sus integrantes la labor realizada y el interés por este problema, porque, por ejemplo, el hospital de Rancagua debería haber estado funcionando hace largo rato. Al respecto, quiero decir responsablemente desde este pupitre que, sin perjuicio de pedir que se investigue la demora, deseamos enfatizar que hubo algunos que hicieron su domingo 7 con el hospital de Rancagua. Ahí hay platas perdidas. Insisto en que ya debería haber estado terminado, al igual que el hospital de Calama, al que se refirió la doctora Hernando, pero no lo están. Espero que no nos quedemos solo en la aprobación del informe de la comisión investigadora, sino que vayamos más allá, porque en la calle la gente piensa que estas comisiones son una cosa más, y chao. Dicen que somos testimoniales. Como expresó el doctor Castro, espero que la información reunida se envíe a los tribunales de justicia que correspondan, porque esto no puede quedar así. Espero que esto no ocurra nunca más en nuestro país, porque la salud es nuestro talón de Aquiles. No se puede jugar con la salud y la vida de las chilenas y los chilenos, como lo quisieron hacer el exministro Mañalich y el ex-Presidente Piñera. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, felicito al Presidente de la comisión investigadora, el diputado Juan Luis Castro, pues realizó una tremenda labor en cuanto a participación, conclusiones y metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación. En primer lugar, quiero señalar que no tenía prejuicios entre el sistema de construcción de hospitales mediante concesiones y la construcción directa por el Ministerio de Salud; sin embargo, a medida que fuimos escuchando las intervenciones de los invitados y conocimos los informes y exposiciones que nos hicieron llegar, mi opinión fue cambiando. Un informe que me llamó la atención es el que planteó que el Estado se pudo haber ahorrado alrededor del 25 por ciento de los recursos invertidos si hubiese construido en forma directa. Me parece que nuestro país está en perfectas condiciones como para solicitar préstamos o utilizar otras formas de financiamiento para construir hospitales. Si así hubiera ocurrido, nos habríamos ahorrado -repito- entre el 25 y el 30 por ciento de los recursos invertidos por el país. En segundo lugar, quiero reforzar lo que dijo la diputada Hernando en cuanto a la diferencia en las cifras entregadas por el Ministerio de Obras Públicas y el de Salud. Eran cantidades absolutamente diferentes; diría que en algunos casos incluso se duplicaban los costos del Ministerio de Obras Públicas en relación con los presentados por el Ministerio de Salud. Es una de las cosas más nefastas que nos correspondió constatar desde el punto de vista de la información entregada por el Estado. En tercer lugar, señor Presidente, quiero expresar que, en mi opinión, como Congreso Nacional hemos entregado un cheque en blanco a los gobiernos a través de la ley de concesiones. Hay precariedad en la institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas, en particular en el área de Concesiones, en materia de construcción de hospitales, porque aquello no tiene nada que ver con construir carreteras. Por eso, señor Presidente, deseo señalar que el Departamento de Concesiones ha mostrado una disminución en su capacidad no solo para ejecutar carreteras -soy muy crítica respecto de esas concesiones, por lo que no podemos calificar como un éxito la intervención de ese departamento-, sino para examinar contratos y bases de licitación. No existe en esa repartición un pool de abogados con la expertise suficiente para abordar lo relacionado con los hospitales ni la complejidad que implica levantar ese tipo de construcciones. Aun más, el tiempo transcurrido entre el diseño del hospital y su posterior ejecución puede llegar perfectamente a siete u ocho años. Repito, la institucionalidad asociada a la construcción de hospitales es nefasta. Me preocupa la meta que se ha impuesto la Presidenta Bachelet en materia de construcción de hospitales. Creo que deberíamos haber sido un poco más modestos, pues no creo que seamos capaces de cumplirla. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, no voy a repetir todo lo mencionado por mis colegas respecto del detalle de los costos, es decir, de que construir cuesta tres veces más vía concesiones que si lo hiciera el propio Estado. Como se sabe, se definió el pago de un subsidio fijo a las empresas concesionarias si los recintos ocupaban el 80 por ciento de sus camas, pero ese porcentaje se redujo a 60 por ciento. Además, se reciben premios por cumplimientos mínimos a partir del 85 por ciento de ocupación, no del 94 por ciento, como ocurría antes. En el fondo, se nos ha tratado de vender la idea de la concesión como algo que les sirve a los usuarios, a los chilenos, en circunstancias de que, en mi opinión, hay un robo concertado. Pero, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién se favorece si por algo que cuesta 35 UF el metro cuadrado se pagan 65 UF? ¿Quién gana si por cambiar un enchufe se paga diez veces más de lo que cuesta hacerlo en cualquier situación normal de mercado? Obviamente, el concesionario. Respecto de la idea que nos vendieron de que eso beneficia a la gente, quiero decir que los costos se pagarán con el presupuesto de salud. Cada uno de los pesos que se destinará a mantención provendrá del presupuesto de salud. Si gran parte de los recursos van dirigidos al concesionario, ¿cuánto quedará para la atención clínica del usuario? Esa es la génesis de la crisis que hoy tenemos. Algunos hospitales tienen un altísimo costo de mantención porque se paga al concesionario, pero no tienen médicos ni los especialistas necesarios, pues los recursos no están disponibles para ello. A modo de información -como vimos con la diputada Cariola-, solo la construcción de un hospital cuesta más o menos 263.000 millones de pesos, además de todo lo que se debe pagar al concesionario para su mantención, así como premios y regalías que obtendrá. Estamos luchando para obtener 200.000 millones de pesos solo para el Fondo Ricarte Soto. O sea, sería fantástico si el dinero sobrara, pero se está dejando fuera la atención clínica y miles de prioridades en salud para que ganen solo las empresas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, quiero reivindicar el trabajo que hicieron el entonces Presidente Sebastián Piñera y el exministro Jaime Mañalich. En verdad, no tienen parangón las barbaridades que he escuchado, no solo por la falta de respeto con que muchos se han dirigido hacia ellos, sino por el completo desconocimiento que han demostrado muchos parlamentarios en lo que a concesiones se refiere. Si no fuera por las concesiones -por cierto los colegas de enfrente han aplaudido, trabajado y aprobado leyes con entusiasmo para seguir haciendo ese trabajo- no tendríamos las actuales carreteras. Más aún, es el colmo de la frescura decir que hacer un hospital en Maipú es una mala decisión, porque han transcurrido más de veinte años en que no se ha hecho nada. Ciertamente, un hospital puede no estar completamente terminado en cuatro años, pero para eso existe una continuidad de gobiernos; sin embargo, no se ha querido seguir desarrollando esa continuidad. Y ahí se equivoca el diputado Pepe Auth, porque una cosa es tener un tema no terminado y otra distinta es enfrentarlo para que nunca termine bien. Eso es lo que han hecho las huestes del diputado Auth. Por lo tanto, exijo más respeto, particularmente en relación con el tratamiento que se da a los expresidentes de la república. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora de las eventuales irregularidades en el proceso de inversión pública en infraestructura hospitalaria. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Castro González Juan Luis; Chávez Velásquez Marcelo; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Girardi Lavín Cristina; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Núñez Urrutia Paulina; Verdugo Soto Germán. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LAS DENUNCIAS DE UN EVENTUAL FRAUDE Y OTRAS IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre las denuncias de un eventual fraude y otras irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso. De conformidad con los acuerdos de Comités adoptados el 31 de marzo pasado, se destinarán diez minutos para rendir el informe y luego un tiempo de debate proporcional por bancada, el que deberá concluir a las 12.30 horas. Diputado informante de la Comisión Especial Investigadora es el señor Marcelo Schilling. Antecedentes: -Informe de la Comisión Investigadora, sesión 86ª de la legislatura 362ª, en 4 de noviembre de 2014. Documentos de la Cuenta Nº 27. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor SCHILLING (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión Especial Investigadora sobre las denuncias de un eventual fraude y otras irregularidades en el Gobierno Regional de Valparaíso, paso a informar sobre el encargo conferido. Competencia de la comisión al tenor del acuerdo de la Cámara que ordenó su creación. Por oficio N° 11.220, de 9 de abril de 2014, la Secretaría General dio su aprobación a la solicitud de 48 diputados para crear una Comisión Especial Investigadora de un eventual fraude y otras irregularidades acaecidas en el Gobierno Regional de Valparaíso. En el ejercicio de su cometido se mandató a la comisión para investigar este eventual fraude y las irregularidades señaladas, las que se habrían generado en la asignación y transferencia de recursos públicos a diversos proyectos seleccionados en virtud de concursos públicos destinados a seguridad ciudadana, deportes y cultura, todo ello con cargo al 6 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en el período comprendido entre 2010 y 2014. Deberá, asimismo, investigar las transferencias de recursos del Gobierno Regional al Servicio Nacional de Turismo de la Región de Valparaíso en el mismo período, como también las transferencias de recursos públicos a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes de Valparaíso, conforme lo dispuesto por la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros, en virtud de los programas y fondos establecidos durante 2013. Cabe hacer presente que previamente la Cámara de Diputados, mediante oficio N° 10.980, de 20 de noviembre de 2013, acordó la creación de una comisión investigadora con similar objeto, es decir, de investigación, que es el motivo de este informe. Frente a la solicitud de ampliar el mandato conferido, la Sala de la Corporación determinó que dicha petición no correspondía reglamentariamente y, por lo tanto, se requirió una nueva comisión investigadora, que se concretó mediante oficio N° 11.077, de 7 de enero de 2014. La Corporación mandató la constitución de una nueva comisión investigadora, la que no pudo emitir su informe final por cuanto se produjo el término del período legislativo, circunstancia que, de acuerdo con el artículo 53, inciso final, de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, en concordancia con el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, produjo la disolución de la comisión especial investigadora. De acuerdo con lo señalado, según el mandato correspondiente, esta comisión quedó expresamente mandatada para incorporar a su investigación todos los antecedentes, documentos y declaraciones efectuadas ante las comisiones especiales investigadoras constituidas para indagar igual materia, en diciembre de 2013 y enero de 2014, respectivamente. En cuanto a la relación del trabajo desarrollado por la comisión en el cumplimiento de su cometido, debo señalar que las comisiones especiales investigadoras constituidas en 2013 y 2014, respectivamente, durante nueve sesiones celebradas escucharon las exposiciones de las siguientes personas: -Raúl Celis Montt, exintendente regional de Valparaíso; -María Teresa Blanco Lobos, jefa de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Valparaíso; -Osvaldo Maldonado Segovia, contador auditor del Gobierno Regional de Valparaíso; -Enrique Kittsteiner Yovanini, exasesor del Gobierno Regional de Valparaíso, condenado y hoy prófugo; -Edgardo Piqué González, abogado del señor Kittsteiner; -Marcia Oyarzún Leiva, secretaria del concejal de la municipalidad de Viña del Mar don Andrés Celis Montt, hermano del exintendente; -Julio Trigo Araya, exgobernador de Petorca; -Luis García Lobos, secretario político del Partido Socialista, sede de La Calera; -Walter Heilig Soto, coordinador de la Nueva Izquierda, Partido Socialista, sede Quillota; -Claudio Heine, director del semanario “El Impacto” de La Calera; -Eduardo Martínez, alcalde de la municipalidad de La Calera; -Luis Vásquez Aguillón, suboficial de Gendarmería; representante de la empresa Asesoría, Consultoría Empresarial, Comercialización e Inversiones, Genes; -Cristián Cárdenas, concejal de la municipalidad de Quilpué; -Mauricio Viñambres Adasme, alcalde de la municipalidad de Quilpué, y don Nelson Contador Órdenes, consejero regional por San Felipe hasta 2014. Por su parte, la comisión realizó un total de catorce sesiones. Durante el transcurso de estas sesiones se recibió el parecer de las siguientes personas: -Christian Urízar Muñoz, diputado; -René Lues Escobar, consejero regional de Valparaíso y exsecretario ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso; -Enrique Astudillo Pinto, secretario ejecutivo del Consejo Regional de Valparaíso; -Daniel Garrido, consejero regional del Gobierno Regional de Valparaíso y presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación del Consejo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso; -Jocelyn Córdova, secretaria del Gobierno Regional de Valparaíso; -Ruth Cohen, secretaria del área de Cultura y Deportes del Consejo Regional de Valparaíso; -Jorge Arqueros, profesor, integrante de la División de Planificación del Consejo Regional de Valparaíso; -Felipe Olfos, integrante del área de Cultura y Deportes del Consejo Regional de Valparaíso; -Orietta Ramírez López, periodista, encargada de la Unidad de Deportes, hasta marzo de 2014, del Consejo Regional de Valparaíso; -Luis Alberto Rodríguez, exjefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Valparaíso; -Osvaldo Maldonado Segovia, auditor interno de la intendencia de Valparaíso; -Ricardo Bravo Oliva, actual intendente regional de Valparaíso; -Enrique Escobar, jefe de la División de Análisis y Control de la intendencia regional de Valparaíso, y -María Herrera Figueroa y César Ramírez Navia, ambos de la agrupación de vecinos de Zapallar y sus alrededores. Respecto de los antecedentes relacionados con la materia del encargo, informo que por la trascendencia del encargo la comisión tuvo a la vista el informe final de la Contraloría Regional de Valparaíso N° 51, de 2013, que contiene los resultados de la auditoría efectuada al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Valparaíso, suscrito por doña Alejandra Pavez Pérez, jefa de la Unidad de Control Externo. En cuanto a la sistematización de las exposiciones recibidas por la comisión, quiero señalar que en el debate habido en la comisión, tanto las personas invitadas y citadas como las señoras diputadas y los señores diputados se refirieron a los hechos investigados que se desprenden del mandato, abordando detalladamente las siguientes materias atinentes: 1) El proceso de asignación de fondos concursables. 2) Las cuotas de distribución. 3) Las distintas irregularidades que hubo al interior del Gobierno Regional. 4) Casos irregulares de Valparaíso. 5) Casos irregulares de Quilpué. 6) Casos irregulares de La Calera. 7) Casos irregulares de Viña del Mar. 8) Despriorización de proyectos. 9) Inconsistencia entre acta y audio de sesión. 10) Fondo regional para universidades. 11) Denuncia de vecinos de la comuna de Zapallar. 12) Actuación del señor Enrique Kittsteiner. 13) Actuación del exintendente de Valparaíso señor Raúl Celis, y 14) Actuación del exsecretario ejecutivo del Gore de Valparaíso, señor René Lues. Antes de abordar el acápite de las conclusiones y proposiciones, debo consignar que al efecto esta comisión acordó, en la sesión N° 10, de 3 de septiembre pasado, formar dos subcomisiones de trabajo, una destinada para la elaboración de propuestas, presidida por la diputada señora Marcela Hernando e integrada por la diputada señora Andrea Molina y los diputados señores Raúl Saldívar y Arturo Squella, y otra abocada a la elaboración de conclusiones, presidida por el diputado señor Osvaldo Urrutia e integrada por los diputados señores Giorgio Jackson y Marcelo Schilling. En cuanto a las consideraciones, conclusiones y proposiciones aprobadas por la comisión, se deja constancia de que ante la Secretaría se presentaron dos cuadernos, uno de proposiciones y el segundo de conclusiones y proposiciones, que fueron debatidos, puestos en votación y aprobados de la forma que sigue: I. Propuestas presentadas por la diputada señora Marcela Hernando y por los diputados señores Arturo Squella y Raúl Saldívar. Propuesta para prevenir el mal uso de fondos de desarrollo regional cuyo destino es fomentar el desarrollo de la cultura y del deporte, la seguridad ciudadana y social, y la rehabilitación de drogas en organizaciones de la sociedad civil. Con la finalidad de optimizar el proceso de asignación de estos recursos se proponen las siguientes modificaciones a la normativa actual: 1. Respecto del fondo a distribuir, el Consejo Regional (Core) deberá dividir este fondo en dos, definiendo un porcentaje para el concurso de organizaciones privadas sin fines de lucro (fondo A) y un porcentaje para el concurso de municipios o asociaciones de municipios (fondo B). 1.1. En el caso del 2 por ciento susceptible de dedicar a proyectos de seguridad ciudadana, se deberá destinar un mínimo de 70 por ciento para organismos públicos. Se podrá postular para la ejecución de planes comunales de seguridad. 1.2. Para el 2 por ciento de cultura y el 2 por ciento de deportes: ninguno de los porcentajes (privado versus público) deberá exceder del 60 por ciento ni ser menos del 40 por ciento. 1.3. Hacer un llamado anual a concurso público para la distribución de cada uno de esos fondos que componen el 6 por ciento. Todo ello, de manera diferida y antes de cada 31 de diciembre. 2. Fondo A. 2.1. En los recursos destinados a financiar las iniciativas de instituciones privadas sin fines de lucro, se propone que el Gobierno Regional, entendido como el Core más el intendente, efectúe una distribución a nivel global para cada municipio, teniendo presente en el proceso de distribución lo señalado en el artículo 19, letra f), de la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; las estrategias regionales de desarrollo y las políticas regionales relacionadas con estas materias, aprobadas por el Gobierno Regional, y las orientaciones señaladas en la glosa específica contenida en la Ley de Presupuestos del Sector Público. 2.2. Se sugiere que del fondo para organizaciones privadas, los municipios puedan destinar un porcentaje para proyectos que solo busquen financiamiento de la operación de esas organizaciones y podrá establecer montos tope para tales efectos. 2.3. Los municipios convocarán a concurso a las instituciones privadas sin fines de lucro, utilizando bases visadas por los gobiernos regionales. 2.4. Las postulaciones de las instituciones privadas sin fines de lucro se efectuarán a través de la plataforma electrónica www.chileindica.cl, administrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con postulaciones ciegas e incorporación a través de formato digital de todos los antecedentes del concurso. Dicha plataforma digital determinará la admisibilidad respecto de requisitos administrativos. De esta manera, se garantiza la transparencia y el control ciudadano de los concursos. 2.5. Efectuado el concurso, el alcalde presentará al concejo el listado de las iniciativas declaradas admisibles y una propuesta de priorización para su aprobación. Posteriormente, informará al intendente sobre los resultados del concurso, proponiendo las instituciones e iniciativas aprobadas y priorizadas. Esta etapa es la que define la pertinencia técnica, social y política de los proyectos. 3. Fondo B. 3.1. Los gobiernos regionales (el Core más el intendente) convocarán a concurso a los municipios y asociaciones de municipalidades utilizando bases tipo elaboradas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 3.2. La evaluación de admisibilidad administrativa la hace la plataforma www.chileindica.cl, administrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 3.3. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 3.4. La evaluación de admisibilidad respecto de la pertinencia técnica la hace el pleno del Consejo Regional. 3.5. Efectuado el concurso, el intendente presentará al Consejo Regional el listado priorizado de las iniciativas declaradas admisibles, para su aprobación. Con posterioridad, informará públicamente los resultados del concurso. 4. Otras medidas administrativas. 4.1. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en conjunto con la Dirección de Presupuestos, elaborará anualmente un instructivo que enviará a los gobiernos regionales, señalando los criterios básicos que deben contener los reglamentos que regulen los concursos y en especial en cuanto a los procedimientos a seguir para hacer operativa la distribución del 6 por ciento del FNDR en cada una de sus tres categorías: cultura, deporte y seguridad ciudadana. 4.2. Con la finalidad de regular los recursos destinados a financiar gastos operacionales y administrativos dentro de las iniciativas, se propone establecer restricciones en términos de porcentaje: máximo 20 por ciento. 4.3. Para regular el financiamiento de iniciativas a instituciones privadas sin fines de lucro que se constituyan solo para obtener los beneficios de tales iniciativas, se propone: 4.3.1. En el caso de organizaciones nuevas, esto es, de menos de un año, se deberá exigir un aporte mínimo de 20 por ciento del total del proyecto como cofinanciamiento. 4.3.2. Las organizaciones con trayectoria acreditada mayor a un año no requerirán dicho aporte. 4.4. Aumentar los controles y fiscalización en términos del cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley N° 19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos. 5. El fortalecimiento legal y administrativo de la unidad de control interna de los gobiernos regionales, en especial respecto de sus competencias y capacidades funcionarias. 6. La creación de un organismo de carácter autónomo que se ocupe exclusivamente de atender y fiscalizar asuntos de probidad en el Gobierno Regional, integrado por funcionarios designados por el Sistema de Alta Dirección Pública. 7. Efectuar una auditoría externa al Gobierno Regional a lo menos dos veces en cada período de aquel, a petición del intendente o del Consejo Regional. 8. Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que considere y materialice estas propuestas y recomendaciones en un proyecto de ley y en medidas administrativas concretas. II. Conclusiones y proposiciones presentadas por el diputado señor Marcelo Schilling. Conclusiones Al tenor de los hechos recabados por la comisión, consistentes en las declaraciones, entre otros, del exintendente señor Celis; de los señores, Kittsteiner, Lues, Rodríguez, Arqueros, Maldonado, Contador; del diputado señor Urízar, los documentos recabados durante el funcionamiento de la Comisión Investigadora, la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (RIT 185-2014), actualmente firme y ejecutoriada, el hecho reiterado de graves denuncias y los hechos investigados relacionados con malversación de fondos en la intendencia de Valparaíso y el Gobierno Regional de Valparaíso: 1. La organización del Gobierno Regional como caso paradigmático de una organización defectuosa. Una organización defectuosa es aquella que carece de un adecuado modelo organizativo o mecanismo de prevención. En otras palabras, es aquella que ha facilitado o no ha impedido que sus funcionarios realicen un hecho delictivo singular. Será ese defecto de organización concreto lo que constituya el hecho delictivo propio del organismo. Esta cultura institucional defectuosa fomenta la comisión de hechos irregulares. Como es un poco compleja la descripción, quiero referirme a dos casos muy mencionados hoy en la prensa: Penta y Soquimich, como ejemplos superlativos de lo que es una organización defectuosa. Lo anterior se manifiesta en la denuncia de irregularidades en el Gobierno Regional en el proceso de asignación de fondos concursables, que se expresan en los casos correspondientes a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, La Calera, en los que se persigue determinar las actuaciones del intendente, del jefe de gabinete del Gobierno Regional y del secretario ejecutivo del mismo. La Comisión Investigadora recibió indicios que permiten hacer inferencias sobre los graves problemas que afectan al Gobierno Regional, en los siguientes aspectos: a) Asignación de fondos concursables en materia de cultura, deportes y seguridad ciudadana. Existen diversos testimonios, como el del auditor Osvaldo Maldonado, quien manifestó lo siguiente: “Primero los hechos demostraban que don Sergio era responsable de seguridad ciudadana, los convenios tenían su mosca y trataron de visualizar los actores del proceso y en la fase investigativa hubo un correo electrónico que proporcionó Patricia Freire y mostraba que Sergio instruía al concurso “T” de segundo semestre del año 2012 de seguridad ciudadana, cultura y deportes estaba bajo dirección de planificación. Al ver los proyectos solo vieron eso, las carpetas no estaban con actas de comisiones de admisibilidad ni evaluación. Analizadas las bases eran condición necesaria y suficiente para que se asignaran esos proyectos.”. Las irregularidades en los procesos de concursos se acreditan según lo que expresa la testigo María Teresa Blanco: En el primer concurso trabajaron ambas divisiones, con don Sergio. El concurso 1 se llevó a cabo en mayo de 2012, si mal no recuerda. Finalizó en mayo, y comenzó en marzo o abril de 2012. El fiscal exhibe documentos: el acta de comisión de admisibilidad de 16 de mayo de 2012. Esa acta la hizo ella. De los 83 proyectos que postularon, del sector público quedaron 12 y del sector privado 4. O sea, quedaron 16 de un total de 83. En la página 6) consta el checklist que se hacía. Se trata de documentación para el sector privado. En la página 12), en la primera columna se consigna el total de proyectos recibidos dentro de plazo, un total de 83, de los cuales el 64 por ciento corresponde a privados, el 35 por ciento al sector público, y hay un proyecto sin monto. En la segunda línea, se consigna el número de proyectos que cumplió con la admisibilidad, o sea el checklist, de los cuales 12 son para el sector público y 4 para el sector privado. Después venía la comisión de evaluación, integrada por los tres jefes de división, la que no alcanzó a constituirse. Cuando salió el resultado de esta comisión, este fue presentado en la comisión de educación y cultura del Core. Ella no se vinculaba con esa comisión. En la comisión deberían estar solamente los participantes, pero asistían todos los consejeros que querían informarse. Estaban casi todos cuando ella presentó los resultados. No tenían gran vínculo y generalmente discutían. Ha sido una de las cosas que quiere borrar de su vida profesional, puesto que los consejeros la trataron muy mal en esa ocasión. Antes decían que ella era solo técnica, no política, y lo menos que le dijeron es que demostrara que los dos magísteres que tenía no se los había ganado en un sorteo. Puede apreciarse, además, como práctica habitual por parte de las organizaciones que postulaban a estos fondos, la de solicitar entrevistas con el exintendente, tal como se desprende del testimonio judicial del representante de la organización Arte y Música Reñaca, exalmirante Juan Carlos Toledo: “La primera reunión la tuvieron con el intendente, con la intención de salvar el Colegio Alemán, esto fue con el intendente Celis, y les señaló que veía con agrado que entraran a estos fondos y que de ahí en adelante podían hablar con Enrique Kittsteiner, su jefe de gabinete. Hablaron con él desde hace unos 3 a 4 años; antes hablaron con el señor anterior, no recuerda el nombre; era el antiguo jefe de gabinete. El intendente les señaló que debían entenderse en adelante con Kittsteiner; al término de la reunión le indicaron que iban a postular al fondo del 2 por ciento. Esto partió el año 2010. En algunas oportunidades hablaron con Celis de los proyectos en su oficina. Sus relaciones con Kittsteiner eran muy cordiales; difícil de conversar con él; era difícil porque estaba muy ocupado. Le fueron a preguntar cuándo iban a ser los concursos, cuándo se iba a realizar la tercera temporada en octubre; ellos en septiembre pidieron asignación, pero no quedaron en ese concurso, y preocupados por esta situación le preguntaron a Kittsteiner qué había pasado y dijo “no quedaron”. Y le dijo a su hijo, no a él, pero vamos a ver modo de entregarles fondos de seguridad ciudadana. Esto fue el año 2012.”. Respecto de ese punto, quiero recordar a la Sala que esos fondos de seguridad ciudadana eran para la fundación Arte y Música Reñaca. En cuanto a las modalidades de pago de los recursos, resulta importante señalar lo afirmado por la jefa de finanzas, Elizabeth Montenegro, a propósito de los pagos efectuados el año 2012 en materia de seguridad ciudadana: “Se le instruyó qué proyectos debía pagar primero. El 8 de octubre se le indica que debe crear a cuatro proyectos asignación presupuestaria, dos de la fundación Jaime Fillol, cada uno por 34 millones, y dos para Valparaíso Joven, uno por 30 y otro por 40 millones de pesos. Esto lo pidió Núñez por mail. (Página 43). Es una nómina del Banco Estado; se hizo transferencia a través de pagos masivos, sale Sifte y se carga en el banco, y se indica la cuenta corriente y monto, lleva un número que da el sistema y se dice de dónde es la nómina; es del FNDR de seguridad ciudadana. Abajo va el nombre de la institución. Fue subida el 10 de octubre de 2012, a las 14:43 horas.”. b) “Cuoteo” o equidad territorial. Incompatibilidad de este criterio de conformidad con el principio de probidad: Al respecto, se puede mencionar el testimonio del imputado señor Sergio Núñez en la sentencia RIT 185-2014. “... Hay 3, administración y finanzas, planificación y desarrollo y análisis de control y gestión; las tres personas son de confianza exclusiva del Intendente Regional. En cada una de las 3 divisiones había un jefe. A planificación y desarrollo estaba adscrita la unidad de cultura y deportes, ellos llamaban a esos concursos. Él habló de un cuoteo político en su declaración; al no ser concurso público jugaba con las personas, y que muchas personas quedaban fuera de participar. Esto era un cuoteo político: el 2 por ciento del Gobierno Regional destinado a cultura, cerca de 1.000 millones de pesos, fue cuoteado políticamente, y otros 1.000 millones de pesos para deportes. Hasta que él está en prisión preventiva esto nadie lo conocía, incluso fue negado. En su declaración señala al señor fiscal que no sabe qué ha pasado con esto. Cómo se repartía el cuoteo. El 30 por ciento para el intendente y el 70 por ciento restante se dividía en 28 cuotas iguales para cada consejero regional. Cada uno de los dueños de su cuota podía elegir libremente qué proyecto les interesaba dentro del concurso y se iba cargando a su cuota. El manejo del control de esas cuotas lo manejó el jefe de la división de planificación y desarrollo señor Luis Alberto Rodríguez, luego un secretario técnico de la comisión de cultura y deporte, cuyo nombre olvidó, y de noviembre de 2010 en adelante recae en su persona.”. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Disculpe que lo interrumpa, su señoría, pero se ha cumplido el tiempo del Orden del Día. El tiempo para rendir el informe era de 10 minutos, pero ha ocupado 35 minutos. Propongo a la Sala insertar el resto del informe y votarlo hoy sin discusión. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Por lo tanto, queda pendiente el rendimiento del resto del informe para la próxima sesión. El señor SCHILLING (de pie).- Señor Presidente, agradezco a la Sala el interés por informarse de hechos delicados como los investigados, así como la cortesía de la nueva Presidencia de la Cámara de Diputados, la que esperamos que practique de modo consistente por el resto de su mandato. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Muchas gracias, señor diputado. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN PATROCINIO Y URGENCIA A PROYECTO DE LEY QUE RETIRA LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL SISTEMA DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS (PREFERENCIA) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 291, que será tratado con preferencia por acuerdo de los Comités Parlamentarios adoptado el 17 de marzo. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 291, de los diputados señorita Karol Cariola, señores Felipe Letelier, Gabriel Boric, Fidel Espinoza, Guillermo Teillier, señoras Cristina Girardi y Maya Fernández, y señores Víctor Torres, Matías Walker y Giorgio Jackson, cuya parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputado acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República patrocinio y urgencia para el proyecto de ley que retira la infraestructura hospitalaria del sistema de concesiones de obras públicas, “ley Salvador”. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Girardi Lavín Cristina; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Poblete Zapata Roberto; Rincón González Ricardo; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallejo Dowling Camila; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Pérez Lahsen Leopoldo; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Pilowsky Greene Jaime; Provoste Campillay Yasna. ELIMINACIÓN DE REQUISITO DE CONTAR CON CUENTA DE AHORRO EN BANCO DEL ESTADO A PERSONAS JURÍDICAS SIN FINES DE LUCRO PARA POSTULAR A PROGRAMAS Y BENEFICIOS PÚBLICOS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 243. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 243, de los diputados señores Sergio Espejo, Jaime Pilowsky, Iván Flores, Jorge Insunza, Fuad Chahin, Claudio Arriagada, Gaspar Rivas, Osvaldo Urrutia, Pedro Browne y Daniel Farcas, cuya parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputado acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República la realización de todas gestiones necesarias a fin de eliminar el requisito de contar con una cuenta de ahorro del Banco del Estado cuando se postule a fondos públicos por parte de organizaciones sin fines de lucro, para permitir que ellas participen contando con cualquier otro producto financiero de dicha institución, tales como cuentas institucionales sin fines de lucro o CuentaRUT. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, no soy autor o adherente de este proyecto de resolución, no obstante me parece una muy buena iniciativa. Considero que exigir una cuenta de un banco que opera como todos los demás es absurdo y, por ello, el proyecto me parece muy razonable. Por lo tanto, felicito a sus autores y anuncio que lo apoyaré con mucho entusiasmo. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Flores García Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rocafull López Luis; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Rathgeb Schifferli Jorge. ESTABLECIMIENTO DE PRUEBA OBLIGATORIA PARA GARANTIZAR EXCELENCIA ACÁDEMICA DE EGRESADOS DE ESCUELAS DE ODONTOLOGÍA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 244. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 244, de los diputados señoras Marcela Hernando, Cristina Girardi; señores Fernando Meza, Cristián Campos; señora Loreto Carvajal y señores Marcos Espinosa, Carlos Abel Jarpa y Gabriel Silber, cuya parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputado acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que tenga a bien considerar la elaboración de una prueba obligatoria, de forma análoga como sucede en el caso de la profesión de medicina, que dé garantías de una formación académica de excelencia similares a los índices que presentan los países de la OCDE, destinada a los egresados de las escuelas de Odontología del país que deseen obtener el título de odontólogo médico o su homólogo. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, según la Organización Mundial de la Salud, nuestro país requiere 8.286 dentistas. Este organismo recomienda un dentista por cada 2.000 habitantes para satisfacer la demanda de salud de la población. En la actualidad, Chile tiene un dentista por cada 915 habitantes. Es decir, existe una sobreoferta profesional de 117,2 por ciento. Sin embargo, dicha sobreoferta no se ha traducido en un mayor acceso a los servicios odontológicos, pues solo el 30 por ciento de la población tiene acceso al dentista y solo el 13 por ciento lo consulta anualmente. El estado actual de la carrera universitaria de odontología, así como el desempeño de la profesión transitan por una compleja realidad. Según datos del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, 34 facultades imparten la carrera, de las cuales solo 15 están acreditadas, pero por asuntos y temas administrativos y no por la calidad de los profesionales que egresan de ellas. Según estudios de la Universidad de Chile, en la actualidad 12.000 alumnos cursan entre primer y sexto año de odontología. Cabe advertir que no existen los medios suficientes para controlar la calidad de los profesionales que hoy se desempeñan como dentistas. Esto es preocupante porque tampoco existen formas de filtrar a aquellos profesionales que se formaron en el extranjero y que se desempeñan dentro del territorio nacional. Por ello, insto a la Presidenta de la República a que encuentre un mecanismo para la elaboración de una prueba obligatoria que dé garantías de una formación académica de excelencia, similar a los índices que presentan los países de la OCDE, destinada a los egresados de las escuelas de odontología del país que deseen obtener el título de odontólogo médico o su homólogo. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para argumentar en contra del proyecto de resolución. Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio. El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, entiendo el ánimo del proyecto de resolución: que las personas que concurran a un odontólogo tengan certeza de que el profesional cuenta con los conocimientos para prestarles un servicio adecuado. El problema es que la forma en que está redactado es equívoca. De hecho, tanto es así que dice: “…destinada a los egresados de las escuelas de Odontología del país que deseen obtener el título de odontólogo médico…”. Es decir, lo que se busca es exigir una certificación a los distintos profesionales. ¿Y por qué a los odontólogos y no a los ingenieros comerciales? ¿Por qué no a los ingenieros civiles o a los ingenieros en transporte, que sabemos que han fallado tan gravemente, como, por ejemplo, cuando diseñaron el Transantiago? En consecuencia, hay que tener mucho cuidado de no cometer un error cuando se pretende ayudar a través de una ley, que aparentemente tiene un fin loable. Por lo demás, nuestro sistema de acreditación universitaria pretende disminuir este tipo de asimetrías de información entre el estudiante y la institución. Lo mismo pretende la acreditación de la carrera: dar mayor claridad. Y por si fuera poco, existe el Eunacom, examen que es exigido exclusivamente a aquellos médicos que quieran trabajar en hospitales públicos y no para ejercer libremente la profesión. Por lo tanto, aun cuando entiendo el objetivo del proyecto y comparto su sentido profundo, creo que no está bien redactado y, por eso, no puedo apoyarlo. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para impugnar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, me temo que el proyecto de resolución que se somete a nuestra consideración impone un obstáculo adicional a los ya existentes para que las familias más pobres de nuestro país tengan acceso a tratamientos odontológicos de manera regular. Sabemos que hoy el plan Auge tiene una cobertura muy restringida en el caso de los menores de edad y también de los adultos mayores, y la población en general tiene dificultades para acceder a este tipo de profesionales. Por eso, durante el gobierno del Presidente Lagos, la señora Luisa Durán debió crear el programa “Sonrisa de mujer”, y la Presidenta Bachelet ha tenido que establecer el programa “Más sonrisas para Chile”. El tema debiera ir por otro lado. Si la preocupación es la calidad de la formación de estos profesionales, el camino es que la Agencia de Calidad de la Educación y las instituciones que tienen que ver con los procedimientos de acreditación de las carreras universitarias que imparten y otorgan títulos profesionales sean más exigentes. Pero no se debe imponer un examen adicional para ejercer una profesión, cuando ya las universidades otorgan el grado académico que habilita a estos profesionales a ejercer su título. Como digo, se trata de un trámite burocrático más que lo único que lograría es alejar más la posibilidad de las familias más vulnerables de acceder a este tipo de tratamientos. Por las razones expuestas, votaré en contra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; Letelier Norambuena Felipe; Meza Moncada Fernando; Mirosevic Verdugo Vlado; Ortiz Novoa José Miguel; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Arriagada Macaya Claudio; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Rathgeb Schifferli Jorge; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Ojeda Uribe Sergio; Sabat Fernández Marcela; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Venegas Cárdenas Mario. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES PROPUESTA DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE CHILOÉ SOBRE PROYECTO DE REFORMA LABORAL ANUNCIADO POR EL GOBIERNO (OFICIO) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido Socialista. Tiene la palabra la diputada señora Jenny Álvarez. La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).- Señor Presidente, el sábado recién pasado tuve la oportunidad de reunirme con los dirigentes de la Federación de Sindicatos de la Industria Salmonera, Pesquera y de Alimentos de Chiloé (Feprosich) y de la Federación Provincial de Sindicatos Conserveros de Chiloé (Feprosicoch) para conversar sobre el proyecto de reforma laboral anunciado por el Ejecutivo y su posición al respecto. Los trabajadores han elaborado un documento en forma conjunta y de manera seria. A lo largo de sus ocho páginas, dan cuenta de lo que para ellos son aspectos valorables de la propuesta legislativa, así como de aquellos que consideran que se deben mejorar, perfeccionar o cambiar, porque sienten que en este proyecto hay puntos de vista en los que más bien se retrocede en el ámbito laboral. Fue una conversación franca, respetuosa y constructiva. Por eso, además de comprometerme a seguir escuchando las opiniones de otras organizaciones de trabajadores de la Región de Los Lagos, especialmente de Chiloé y Palena, también me comprometí a transmitir sus inquietudes al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, porque los trabajadores de Chiloé y Palena quieren que ese ministerio sepa que en estas zonas alejadas los trabajadores también tienen algo que aportar respecto de esta reforma, que han esperado por tanto tiempo. Por ello, solicito que, junto con mi intervención, se haga llegar este documento -que pondré a disposición de la Secretaría- a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco, de manera que esa autoridad conozca de primera mano lo que piensan los trabajadores a quienes tengo el privilegio de representar. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y diputados que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE ATAQUE DE FUNCIONARIOS DE LA ARMADA A EMBARCACIÓN PESQUERA DE QUELLÓN (OFICIO) La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).- Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se oficie al comandante en jefe de la Armada, para pedirle información acerca de los incidentes que se produjeron en la madrugada del 25 de marzo, cuando la embarcación de pesca artesanal Marbella IV, con matrícula de Quellón y cuyo casco muestra impactos de bala, fue abordada por personal de la Capitanía de Puerto de Melinka, en la Región de Aysén. Nos preocupa mucho que se produzcan estos hechos y por eso quiero que la Armada nos informe en detalle sobre lo sucedido, especialmente porque sobre los pescadores quelloninos pesa la acusación de haber pescado en zonas prohibidas, lo que se tradujo, además, en una multa superior a los 2 millones de pesos. Sin embargo, considero que nada de eso justifica el ataque a balazos sufrido por nuestros pescadores artesanales. La denuncia de lo ocurrido a los pescadores chilotes fue presentada en la Capitanía de Puerto de Quellón, la cual posteriormente fue remitida al Ministerio Público, para luego pasar a la Quinta Zona Naval, en Puerto Montt, en consideración a que los denunciados son funcionarios de la Armada. Esperamos que hechos como estos no se vuelvan a repetir. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que así lo indican a la Mesa. INVESTIGACIÓN DE ACTUACIÓN DE RESPONSABLES DE PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Agricultura, al director nacional del Indap, al intendente, al seremi de Agricultura y al director del Indap de la Región de Los Lagos, y a los gobernadores de las provincias de Llanquihue y de Osorno, con el objeto de que tomen conocimiento de la grave situación que se está generando en el Gobierno Regional de Los Lagos y en el Indap de la Décima Región producto de la evaluación nefasta de un proyecto que tiene un monto de inversión de 180 millones de pesos, aproximadamente, denominado “Servicio de Capacitación, Asistencia Técnica en Turismo Rural para Pequeños Agricultores de las provincias de Osorno y Llanquihue”. Se trata de un proyecto millonario, que ha sido evaluado de una manera espantosa, escandalosa y vergonzosa por parte de un equipo técnico definido por el Gobierno Regional y el Indap. Cuando el país está viviendo escándalos de grandes proporciones, no vamos a aceptar que en este gobierno ni en ningún otro ocurran situaciones de este tipo, por cuanto la propuesta adjudicada a la Consultora Winkler ha sido calificada en su mayor parte con evaluación de 100 puntos, aun cuando mantiene incumplimientos graves que debieron haber declarado su propuesta como inadmisible desde el primer minuto, toda vez que incumplía en la presentación de currículos profesionales, en equipos técnicos y en antecedentes obligatorios establecidos en las bases de la licitación a que me refiero. Con las platas fiscales no se juega y de ninguna manera vamos a permitir que puntajes asignados al voleo, probablemente por amiguismo, determinen la adjudicación de propuestas de este tipo a empresas que no cumplen con las bases y que, además, mantienen influencias en el Gobierno Regional desde la administración anterior. Por consiguiente, pido que el intendente me remita un informe con los nombres de cada una de las personas que evaluaron los proyectos de manera fraudulenta, porque esa es la verdad, ya que aquí hubo una evaluación fraudulenta con dos de las tres consultoras que llegaron a la etapa final: la Consultora Winkler y Visión Ingenieros, que también es calificada con un puntaje elevadísimo, a pesar de que presenta antecedentes de profesionales que trabajan en municipios de la Región de Los Ríos, cuestión que estaba expresamente prohibida en las bases de licitación. Es decir, no se podía presentar currículos de profesionales que desempeñaran funciones en otros municipios. Por eso, dado que este es un hecho escandaloso y vergonzoso, solicito que tanto el intendente regional como el director regional del Indap -de quienes tengo la opinión de que son personas probas, que no permitirán este tipo de actos en la administración del Estado- adopten todas las medidas administrativas y de fiscalización necesarias para este tipo de casos y, a la vez, apliquen las más drásticas sanciones, incluso, si es necesario, la destitución de los funcionarios involucrados en este fraude al Estado. Si bien no ha involucrado recursos fiscales, sí es un fraude que fue descubierto producto de que los organismos evaluadores pudieron determinar las falencias del proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que están levantando la mano. INFORMACIÓN SOBRE INVESTIGACIÓN DE FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR DE EMPRESA SUBCONTRATISTA EN PLANTA DE ENAP EN COMUNA DE HUALPÉN (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El tiempo restante del Comité del Partido Socialista ha sido cedido al diputado señor Cristián Campos. Tiene la palabra su señoría. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al Comité del Partido Socialista por haberme concedido parte de su tiempo. En esta oportunidad quiero dar a conocer un hecho muy grave ocurrido en la comuna de Hualpén que afecta a la Empresa Nacional del Petróleo. Hoy, 2 de abril, falleció el señor Roberto Carlos Campos Garrido, de 39 años, trabajador de una empresa subcontratista que prestaba servicios a la Empresa Nacional del Petróleo en la comuna de Hualpén, en el marco de un proceso de mantención programada. Es lamentable que en un proceso de mantención de este tipo, que es objeto de una programación, en el que se deben extremar las medidas de seguridad cuando se realiza un paro de planta, ocurra este hecho tan lamentable, que terminó con el fallecimiento de un trabajador. Aunque sé que el Ministerio Público está realizando las investigaciones correspondientes, pido que se oficie al presidente del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, al director del Trabajo y al intendente de la Región del Biobío, a fin de que me remitan la información sobre la investigación que se lleva adelante respecto del lamentable fallecimiento del señor Roberto Carlos Campos Garrido. Finalmente, hago llegar mis sentidas condolencias a su familia y a los trabajadores de la ENAP y de la empresa subcontratista que participaban en esas labores de mantención. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican. INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CURSOS DE AGUA EN QUEBRADAS DE COMUNAS PRECORDILLERANAS DE SANTIAGO (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky. El señor PILOWSKY.- Señor Presidente, los últimos acontecimientos en el norte del país revelan la necesidad de tener una política permanente sobre prevención en materia de aguas lluvia. En el distrito que represento, en la precordillera de Santiago, particularmente en las comunas de Peñalolén y La Reina, la prevención es doblemente exigible, por cuanto corresponde a un sector muy poblado, con pendientes relevantes y muchos cursos de agua. Lo anterior hace relevante que la Dirección de Obras Hidráulicas adopte medidas con anticipación, para evitar las salidas de cursos de agua durante el invierno. En particular, a solicitud de la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, pido que se oficie, a través del Ministerio de Obras Públicas, al director de Obras Hidráulicas, a fin de que se adopten las medidas y acciones que sean necesarias en los cauces de las quebradas de Peñalolén, Las Palmas, Nido de Águilas y Caballero de la Montaña, desde Álvaro Casanova hacia el poniente, y quebrada Lo Hermida. Asimismo, pido que la Dirección de Obras Hidráulicas realice una inspección en la quebrada de Macul, para analizar las condiciones de las piscinas decantadoras, donde se observan áridos que restan capacidad a las hoyas de cada piscina, rejas que se encuentran dobladas por la fuerza del agua y los materiales de arrastre, y túneles cuyas murallas y suelos de adoquín están erosionados, lo cual provoca un rebaje del nivel del suelo y el desplazamiento del material de su base. En lo que respecta a la comuna de La Reina, pido que me informen sobre las medidas que han adoptado respecto de la quebrada Aguas de Ramón. En resumen, me interesa que la Dirección de Obras Hidráulicas, a objeto de me informe sobre las medidas respecto de los cursos de agua en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y, particularmente, de La Reina y Peñalolén. Si no se han tomado medidas, pido que se me entreguen las razones de ello y que se adopten a la brevedad. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que están levantando la mano. TRASPASO AL SERVIU DE TERRENOS DEL EJÉRCITO PARA FINES HABITACIONALES EN SECTOR DE OVEJERÍA ALTO, COMUNA DE OSORNO (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, en primer lugar, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo y al ministro de Bienes Nacionales, a fin de que los terrenos pertenecientes al Regimiento Reforzado N° 9 Arauco, en Osorno, equivalentes a 107 hectáreas, aproximadamente, sean cedidos con fines habitacionales a estos dos ministerios. En el caso de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Serviu, adquiera estos terrenos, pido que se priorice a los comités habitacionales de Ovejería Alto, a fin de que les sean adjudicados en virtud de la titularidad de los subsidios de que son poseedores. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que están levantando la mano. ESTUDIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RÍO DAMAS, SECTOR PILAUCO, COMUNA DE OSORNO (OFICIO) El señor OJEDA.- Señor Presidente, en segundo término, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que instruya la realización de los estudios necesarios para la construcción de un puente sobre el río Damas, en el sector de Pilauco, por calle Freire. Esta obra solo significa reinstalar el antiguo puente existente en el sector, que debido a las intensas lluvias fue arrasado en años anteriores. El problema es que nunca fue reconstruido. Se trata de una vía de conexión, de entrada y salida de Osorno, que servirá para dar mayor flujo vial al tránsito en la ciudad. Además, el sector necesita ser modernizado, por lo cual requiere la consiguiente pavimentación de las vías de entrada y salida, para implementar una serie de servicios básicos que faltan. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican. ESTUDIO DE ASFALTADO DE CAMINO DE HUILLINCO A FORRAHUE, COMUNA DE OSORNO (OFICIO) El señor OJEDA.- Señor Presidente, finalmente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, a fin de que instruya la realización de los estudios de ingeniería correspondientes para el asfaltado del camino que va de Huillinco a Forrahue, en una extensión de 14 kilómetros, que une la ruta U-40, de Osorno a Bahía Mansa, con la ruta U-22, que une Osorno con Misión de la Costa. Se trata de una vía importante, que necesita ser asfaltada, pues conecta el interior del territorio con la ruta marítima. Además, es un sector donde viven pequeños y medianos campesinos de comunidades indígenas, donde se ubican centros autóctonos de ferias artesanales y costumbristas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa. RECHAZO A LIMITACIÓN EN ACCESO DIARIO DE BUS DE ACERCAMIENTO DE PACIENTES A HOSPITAL REGIONAL DE VALDIVIA (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Iván Flores. El señor FLORES.- Señor Presidente, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con copia al intendente regional de Los Ríos, al director del servicio de salud de la región, al director del Hospital Regional de Valdivia, al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, al presidente de la Federación Comunal de Juntas de Vecinos, con el objeto de pedirle una explicación respecto de la errada decisión de limitar el acceso diario del bus de acercamiento de pacientes de sectores rurales al Hospital Regional de Valdivia, que proviene de cada una de las doce comunas que conforman la Región de Los Ríos. En esa decisión tal vez influyó lo que antiguamente eran los días de área, en que el hospital atendía, durante un día, a los enfermos provenientes de las comunas de la región, cuestión que, por el peso de los hechos, se desestimó, dado que en las estadísticas regionales dicho hospital atiende a más de 900 personas diariamente, de las cuales un promedio de 430 provienen de las distintas comunas de la región. Es decir, la mitad de los pacientes que llegan enfermos o para terminar algún tipo de tratamiento proviene de las otras once comunas de la región. ¿Cuál era la facilidad que se ofrecía antes? Como estamos hablando de personas de escasos recursos, el bus de acercamiento -toda la comunidad sabe que sale temprano en la mañana- primero pasaba por el hospital y posteriormente dejaba al resto de los pasajeros en el terminal de buses. En el resto de los horarios el funcionamiento es normal. Sin embargo, se adoptó la medida de volver a los viejos tiempos y ahora se destina solo el miércoles a ese objetivo. Eso significa que los demás días de la semana los pacientes deben llegar al terminal de buses, tomar un taxi para dirigirse al hospital y otro para volver al terminal. Claramente, fue una muy mala decisión. Me parece que la Secretaría Regional Ministerial de Transportes no está conversando en la mesa intersectorial, en que participan el director del hospital y el director del servicio de salud, ni con los alcaldes. Por ello, pido una explicación al respecto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa. EXPLICACIONES DE MINISTRO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES RESPECTO DE APROBACIÓN DE PROYECTOS DE DESVÍO DE TRÁNSITO EN CAMINO COSTERO DE VALDIVIA (OFICIOS) El señor FLORES.- Señor Presidente, en segundo lugar, quiero referirme a un tema que quizás para algunos no sea tan relevante o urgente; sin embargo, lo que me interesa es prevenir que ocurran accidentes. Sabemos que durante el verano recién pasado hubo accidentes menores en la región; incluso, algunos ni siquiera formaron parte de la bitácora policial. Pero los hubo. Gracias a Dios, no fueron fatales. Esta situación la he denunciado desde el año pasado. Si el municipio no hace planificación urbana, al menos con un sentido de mediano plazo, podemos tener, por un lado, una seguidilla de accidentes cada vez más frecuentes, que ojalá no lleguen a ser fatales, y, por otro, tenemos el camino más transitado de la Región de Los Ríos, con un trayecto de aproximadamente 17 kilómetros, cada vez más interrumpido por una suerte de eslalon conformado por los pequeños proyectos de desvío de tránsito para dar acceso a algunos condominios que se están construyendo en el camino costero. ¿Qué quiero decir con esto? Que un camino de alto tráfico necesita una cierta velocidad de diseño y expedición en el tránsito. Sin embargo, cada vez que se construye un par de casas o un condominio en el sector, el municipio autoriza los desvíos de tránsito, que obligan a los turistas, a los pescadores, a la gente que vive en la costa, a quienes van a Corral y, en general, a todos los ciudadanos que por distintas circunstancias deben trasladarse hacia el sector costero a realizar diferentes desvíos. Hace poco denunciamos un desvío, pero ahora se acaba de autorizar otro. Ahora bien, ¿cuál sería la solución? Construir una vía caletera paralela para que la gente que vive en el lugar tenga opciones para salir. Estoy hablando de un sector con alta demanda inmobiliaria, lo cual significa que en un par de años vamos a tener ocho, nueve o diez de estos artefactos que entorpecen el tránsito y colocan en riesgo a las familias que diariamente transitan por el lugar, lo cual no parece adecuado. Por ello, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que me dé una respuesta coherente respecto de lo planteado, porque las que ha dado a la fecha no lo son. Incluso, he evitado hacerlas públicas, porque me parece que la gente de la región no le está entregando la información precisa. No necesito saber cuáles son las atribuciones que tiene la secretaría ministerial, sino si ese proyecto -que lleva más de un año de uso- tiene la aprobación correspondiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de la Dirección de Vialidad y municipal. Según tengo entendido, no existiría ninguna aprobación. Incluso más, lo que se construyó es más pequeño que lo que estipulaban los planos. ¿Quién se ahorró la plata y puso en riesgo a los ciudadanos? Quiero recibir una explicación del señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones, pero no en relación con las atribuciones, sino para saber si esos proyectos fueron aprobados o no, que dejan a la gente entregada a su propia capacidad de conducir. Asimismo, pido que se envíe copia de ello al intendente de la Región de Los Ríos, al seremi de Transportes y Telecomunicaciones, al alcalde de Valdivia y al director de Vialidad. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a la Mesa. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.16 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 13. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES RINCÓN; ESPINOSA, DON MARCOS; FLORES, FUENTES, MORANO, OJEDA, PILOWSKY, SAFFIRIO Y TORRES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N°19.620, QUE DICTA NORMAS SOBRE ADOPCIÓN DE MENORES, EN PROTECCIÓN DE LA INFANCIA QUE ES DECLARADA SUSCEPTIBLE DE ADOPCIÓN POR INHABILIDAD PARENTAL EN RAZÓN DE POBREZA, MARGINALIDAD Y RIESGOS IMPLICADOS EN ELLA”. (BOLETÍN N° 9959-18) I. Antecedentes del Proyecto La Convención sobre los Derechos de Niño en 1989 reconoce a nivel internacional la existencia de un principio universal de protección especial a la niñez, en razón de encontrarse en una posición de “desventaja y mayor vulnerabilidad” frente a otros sectores de la población, y por enfrentar necesidades específicas. Dicha Convención contiene una serie de principios y disposiciones relativos a la protección de los niños y constituye un paradigma de las nuevas orientaciones que deben regir la materia. Con la mentada Convención se abandonó la antigua doctrina de la situación irregular, que consideraba a los niños incapaces de asumir responsabilidad por sus acciones, los constituía en objetos pasivos de la intervención “proteccionista” o represiva del Estado, y creaba una distinción entre “niños”, que tenían cubiertas sus necesidades básicas, y “menores”, que eran miembros de la población infantil con sus necesidades básicas insatisfechas, y se encontraban por lo tanto, en una “situación irregular”. Para este segundo grupo, el sistema jurídico-político tendía -y aún tiende en nuestro país- a judicializar e institucionalizar cualquier problema vinculado con su condición de menores, y la figura del “juez tutelar” sobresalía -y aún lo hace en Chile- , como una forma de restituir las carencias del niño. No obstante, lo cierto es que esta Convención, junto con otros instrumentos internacionales, acogió la doctrina de la protección integral, que reconoce al niño su condición de sujeto de derecho y le confiere un papel principal en la construcción de su propio destino. En materia jurídica, trajo consigo el surgimiento del Derecho de los niños como una nueva rama del Derecho, que se caracteriza, entre otros rasgos, por: 1. Reconocer a los niños como sujetos de derechos y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección, las cuales deben impedir intervenciones ilegítimas del Estado que vulneren sus derechos, y prever prestaciones positivas que les permitan disfrutar efectivamente sus derechos; 2. Dejar atrás la “judicialización” de asuntos exclusivamente sociales y el internamiento de los niños o jóvenes cuyos derechos económicos, sociales y culturales se encuentran vulnerados; 3. Brindar un trato diferenciado entre los niños cuyos derechos se encuentran vulnerados, y aquellos otros a quienes se les imputa la comisión de un hecho delictivo; 4. Respecto de los niños cuyos derechos se encuentran vulnerados, adoptar las medidas de protección que promuevan los derechos del niño y que de ninguna manera los vulneren, considerando el consentimiento del niño y de su grupo familiar; 5. Respecto de los menores de edad a quienes se les imputa la comisión de un hecho delictivo establecer un sistema de responsabilidad especial para adolescentes, respetuoso de todas las garantías materiales y procesales. 6. Desarrollar políticas públicas universales, así como “focalizadas y descentralizadas”, tendientes a hacer efectivos los derechos de los niños; y 7. Enfatizar la protección a la familia por ser “el lugar por excelencia donde deben efectivizarse en primer lugar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cuyas opiniones deben ser priorizadas para la toma de decisiones familiares”. En particular, esta protección a la familia se basa en los siguientes principios: 1. Importancia de la familia como ente de crianza y principal núcleo de socialización del niño; 2. Derecho del niño a tener una familia y a convivir con ella, de manera que se evite la desvinculación de sus padres biológicos o de su familia extendida; de no ser ello posible, se deben buscar otras “modalidades de ubicación familiar” o, finalmente, recurrir a “entidades de abrigo de la comunidad”; y 3. “Desjudicialización” de los asuntos relativos a cuestiones socioeconómicas y adopción de programas de ayuda social al grupo familiar, tomando en consideración que la simple falta de recursos del Estado no justifica la ausencia de estas políticas. II. Objetivos del Proyecto. Tratándose del derecho del niño a tener una familia y a convivir con ella, de manera que se evite la desvinculación de sus padres biológicos o de su familia extendida; y de no ser ello posible, de su derecho a ser colocado en un plazo razonable y de modo permanente en otra modalidades de vida familiar que garantice su crianza y desarrollo en el principal núcleo de socialización del niño, el Estado de Chile debe urgentemente armonizar su legislación sobre adopción con los principios y normas del Derecho de los Niños actualmente vigente. En términos generales, este proyecto de ley tiene por objeto complementar la ley de adopción vigente con el fin de concordarla con los principios y normas del Derecho Especial de la Infancia positivado en la Convención sobre los Derechos del Niño y, especificado en las Directrices de las Naciones Unidas sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de Niños del año 2010. Y con ello, a la vez, dar cumplimiento al deber del Estado de Chile establecido en el artículo 4° de la Convención sobre los Derechos del Niño de “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”. Así como asumir proactivamente la cuota de responsabilidad que al Poder Legislativo cabe en la responsabilidad que el Estado tiene por todo niño abandonado o que tiene padres que no pueden proveer a su debido cuidado conforme a lo prescrito en el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño y la Directriz N° 5 sobre Modalidades Alternativas de Cuidado Alternativo de Niños. El artículo 20 de la Convención establece que “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tienen derecho a la protección y asistencia especiales del Estado y a éste les garantice otros tipos de cuidado”. La Directriz N° 5 señala que “cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil, o a través de ellas”. Pero su responsabilidad no termina allí, también “corresponde al Estado, por medio de sus autoridades competentes, velar por la supervisión de la seguridad, el bienestar y el desarrollo de todo niño en acogimiento alternativo y la revisión periódica de la idoneidad de la modalidad de acogimiento adoptada”. En términos particulares, este proyecto de ley tiene por objeto adecuar la legislación sobre adopción en nuestro país con los principios rectores en la materia contenidos tanto en la Convención de los Derechos del Niño como especificados en las Directrices de las Naciones Unidas sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de Niños, respecto de los niños carentes de cuidado parental o en riesgo de estarlo. Tales son: 1. El principio de convivencia familiar reconocido a los todos los niños y adolescentes, entre ellos, a los carentes de cuidado parental o en riesgo de estarlo. 2. El principio de efectividad de los derechos. 3. El principio de no discriminación por ninguna condición o circunstancia que les afecte a ellos o sus padres. 4. El principio del interés superior del niño, niña o adolescente. III. Fundamentos de Hecho del Proyecto. La adecuación antes descrita se estima ineludible, al menos, por dos razones de hecho fundamentales. Primero, debido a prácticas judiciales reiteradas en el tiempo que no respetan el carácter subsidiario de la adopción. Estas, algunas veces han sido corregidas por los Tribunales superiores de Justicia de nuestro país, cuando los afectados han logrado interponer un recurso procesal que lo ha hecho posible. Pero ello no siempre ha sido posible. Segundo, debe adecuarse la legislación de adopción debido a vulneraciones de derechos conocidas por esta Cámara de Diputados en el marco de la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Sename, relativas a la declaración de niños niñas y adolescentes como personas susceptibles de ser adoptadas, sin controlar que en un plazo razonable se haga efectivo su derecho a vivir con una familia adoptiva en forma permanente, dejándolo en un estado de completo abandono, por plazos inaceptables, incluso de años. Primero: Irrespeto del carácter subsidiario de la adopción. Diversas sentencias de Tribunales Superiores de Justicia han rechazado solicitudes de susceptibilidad de adopción realizadas por las autoridades administrativas y concedidas inicialmente por jueces de familia de primera instancia, por estimar, como en derecho corresponde que, mantener el vínculo biológico por sobre la adopción del niño responde al respeto del principio del interés superior del niño y a la efectiva vigencia de su derecho a la identidad. Así es posible observarlo, en las siguientes sentencias: La Corte Suprema, en el año 2011, acogiendo un recurso de casación en el fondo, sostuvo que la subsidiariedad de la adopción y la prioridad de la familia biológica constituyen principios fundamentales de la adopción, junto al derecho a la identidad del niño. En efecto, el legislador ha manifestado preferencia por la familia de origen y la consideración de la adopción no como una forma alternativa de filiación, sino de carácter subsidiario. En estrecha concordancia con lo anterior, el artículo 15 de la referida normativa, dispone que debe hacerse todo lo posible para conseguir que el niño conserve su familia de origen, de modo que la resolución judicial que declare al niño en estado o vía de ser adoptado debe dictarse cuando previamente se haya establecido “la imposibilidad de disponer de otras medidas que permitan la permanencia del menor en la familia de origen. (…) Así, el carácter o naturaleza subsidiaria de la adopción, determina que ésta sólo va a poder materializarse ante la inexistencia jurídica de la familia biológica nuclear o extensa o si, siendo ésta determinada, se encuentra impedida de contener en su interior al menor y de proporcionarle las condiciones para su desarrollo o cuando el grupo familiar rechaza al niño o los padres no asumen sus funciones y responsabilidades filiales, pues “en tales situaciones es el propio interés superior del menor el que reclama su inserción en un grupo familiar subsidiario” [1]. ”Que tal conclusión (la invalidación de la sentencia que declara la susceptibilidad del niño para ser adoptado) se ve avalada por el interés superior del niño - principio rector en materia de familia- conforme al cual no puede obviarse la posibilidad que el mismo encuentre la protección y el afecto del que hasta ahora no ha podido gozar en plenitud y al interior de su familia de origen, respetándose su derecho a la identidad, lo que puede y por lo menos debe intentarse cuando, como en este caso, está presente la figura de la abuela materna”. Finalmente, en relación al carácter subsidiario de la adopción, la sentencia comentada, sostiene que el juez tiene la obligación de indagar tanto sobre la imposibilidad de adoptar medidas que permitan al niño permanecer en su familia de origen como de las ventajas que ésta representa para él. Para ello, la ley prevé la citación de los parientes consanguíneos más próximos y su derecho a oponerse a la declaración de susceptibilidad de adopción. Anteriormente, en el año 2009, la Corte Suprema en sentencia de casación en el fondo[2], ya había sostenido el mismo criterio. Adujo que la decisión de los sentenciadores que rechazaron el recurso de apelación interpuesto contra sentencia de primera instancia que no dio lugar a la declaración de susceptibilidad de adopción solicitada por la madre y su nuevo cónyuge, se dictó con pleno respeto de los principios de subsidiariedad de la adopción y prioridad de la familia biológica. Y que si bien, los recurrentes habían justificado el abandono material y afectivo del padre biológico, basados en que éste no ejerció su rol en la forma debida, haciendo extensible dicho abandono a toda la familia paterna arguyendo que tales “aparecen en la vida de la niña sólo ahora, oponiéndose a la solicitud de autos”, la declaración de susceptibilidad “procede sólo y una vez que se ha acreditado la imposibilidad de disponer de otras medidas que permitan la permanencia del menor con ésta, y en el caso sub lite tales circunstancias, sin embargo, no resultaron demostradas”. Y en cambio, “ la propia obligación de velar por el interés superior de la menor, se centra en que se le posibilite a la misma desarrollar una vinculación con su padre y familia paterna, sin prescindir de su filiación de origen, pues ello significa privarla de su propia historia e identidad personal”.[3] A su vez, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en sentencia de 2008[4], confirmó la sentencia apelada que otorgaba la susceptibilidad de adopción, pero lo hizo con el voto en contra de uno de sus ministros quien consideró que, la adopción es una decisión de última ratio, que debe ser tomada “cuando no existe medio posible de mantener a los menores en su familia de origen o, lo que es lo mismo, cuando ello es imposible”. En ese sentido, estimó que, como constaba del dictamen del doctor, “la madre de los menores, no obstante su historia de vida y el hecho de presentar un trastorno del desarrollo de la personalidad, tiene posibilidad de ser tratada, no impidiéndole aquel trastorno ejercer el rol materno, pese a que necesita supervisión, habiendo manifestado similar opinión otra sicóloga, al señalar que la madre ha tenido una evolución favorable y que tiene aptitudes para desempeñarse como madre, bajo la supervisión de un adulto”. En cambio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de 2006[5], revocó la sentencia de primera instancia que declaraba la susceptibilidad de adopción de un niño, por estimar que, para asegurarle un mejor nivel de vida debía entregarse a sus padres asistencia psicológica, social y económica, que les permitiera acceder a una fuente laboral estable y no declarar la susceptibilidad de la adopción. Estimó que ésta última procede cuando la familia de origen no está en condiciones de procurar satisfacer las necesidades espirituales y materiales de los hijos, lo que no fue acreditado en el proceso. Esta sentencia sostuvo que el hecho de que los padres se encontraran en condiciones que les impedía dar atención económica adecuada a su hijo, no constituía causa legal para declarar la susceptibilidad de adopción del mismo. Además, afirmó que la falta de visitas al hogar donde se encontraba el niño, se justificaba porque la internación se había realizado contra la voluntad de los padres y existía prohibición judicial de visitas. La Corte de Apelaciones de Antofagasta en sentencia de 2006 señaló que: “Los artículos 1º, 7º y 15 de la Ley de Adopción, recogen el principio de subsidiaridad del estatuto de la adopción que se manifiesta en que la filiación natural es el estado normal y la filiación adoptiva solo es procedente en carácter supletorio, vale decir, es la familia de carácter biológico la llamada a cobijar al menor y dispensarle la crianza y cuidados necesarios (…)”[6]. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Rancagua, en sentencia de 2004[7] sostuvo que “aunque la madre sea alcohólica y tenga limitantes personales, sociales y económicas, si ha mantenido interés en contactarse y visitar al menor, no procede la declaración de susceptibilidad del menor”. Se impone entonces, clarificar mediante las adecuaciones legales que hagan falta, los principios rectores en la materia, los derechos de los niños y de sus familias de origen, así como los derechos y garantías que les deben ser respetados en el proceso de determinación de la necesidad de cuidados alternativos, en la decisión de ser declarados susceptibles de ser adoptados, y en el caso de que tales derechos y garantías no les sean respetados. Segundo: Vulneraciones de derechos relativas a la declaración de niños, niñas y adolescentes como personas susceptibles de ser adoptadas.[8] Como es sabido, la suspensión del derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir con su familia y a ser cuidado por su padres, sólo puede ser de carácter temporal y motivada en razones de protección de otros derechos del niño que se vean vulnerados al estar al cuidado de sus padres, y siempre y cuando el Estado haya ayudado primero a sus padres a superar las dificultades o carencias que les impiden otorgarles a aquellos un cuidado adecuado, se haya intentado ponerlo al cuidado de su familia extensa, y ambas opciones no haya sido posibles. El “Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile” , realizado por el Poder Judicial y Unicef en el año 2012 permitió reunir información precisa, fidedigna y consistente sobre 6.536 niños, niñas y adolescentes separados de sus familias e ingresados al sistema residencial. En las residencias visitadas en cada región, se encontraron niños y adolescentes ingresados al sistema residencial, no por razones de protección de derechos del niño de mayor envergadura que se viesen vulnerados al estar al cuidado de su familia biológica, sino simplemente por razón de carencias económicas, no obstante que la actual ley de adopción en el inciso segundo del artículo 12 establece que “no constituye causal suficiente para la declaración judicial respectiva, la falta de recursos económicos para atender al menor”. Razón por la cual este proyecto de ley propone reforzar la protección de los niños en este punto, modificando el tenor del inciso segundo de tal artículo 12, lo que en este caso corresponde, es que se active toda la ayuda material y de cualquier tipo que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado, y no ingresarlos al sistema residencial. En estos casos, además, se detectó–para mayor gravedad de los hechos- la práctica del Sename de solicitar en breve plazo que estos niños y adolescentes ingresados al sistema residencial no por razones de protección de derechos sino simplemente por razón de carencias económicas, fuesen declarados susceptibles de ser adoptados, máxime si se trataba de bebés o niños pequeños, y dados en definitiva en adopción. El punto nodal que no puede perderse de vista es que, una vez que el niño, niña o adolescente es declarado susceptible de ser adoptado, como uno de los efectos jurídicos de la sentencia que así lo declara, se produce la entera separación de tales niños de sus familiares, quienes quedan jurídicamente impedidos de mantener relaciones personales directas y regulares con ellos. El estudio realizado por el Poder Judicial da clara cuenta de la distorsión que se produce cuando se declara indiscriminadamente a niños en estado de adoptabilidad sin que exista en la práctica, posibilidad alguna de que el niño sea efectivamente adoptado ni a corto ni a mediano ni en plazo alguno. Se detectó sólo en la V región la existencia de 100 niños que se encontraban en dicho estado de adoptabilidad durante años sin contacto con sus familias de origen ni con familia pre adoptiva alguna, y ningún proyecto de integrarse a vivir en alguna de ellas de un modo permanente. Extendido el estudio en el resto del país se estableció la existencia de una práctica generalizada y sistemática en tal sentido, en virtud de la cual hoy existen en Chile en todas las regiones “niños en un estado de completo abandono”, internados dentro de residencias en las que permanecen sin contacto alguno con personas con las que tenga vinculación afectiva y en una “larga institucionalización”, que llega en algunos casos hasta los 4 y 5 años de duración, tiempo en el que las instituciones que los acogen no han realizado trabajos para reintegrarlos a su familia ni para reintegrarlos a la comunidad ni prepararlos para una vida independiente, si lo primero no fuese posible. En dicho estudio, se consideran niños en completo abandono aquellos que: 1. Fueron declarados como susceptibles de ser adoptado -con lo cual su familia de origen se encuentra impedida jurídicamente de acercarse a ellas- y las instituciones que los tienen a su cuidado no les han procurado una familia adoptiva permanente en un plazo razonable. A esos niños, el estudio del Poder Judicial-Unicef nomina “niños declarados susceptibles de ser adoptados sin enlace”. 2. Se encuentran internados en lugares que se ubican a mas de 150 km. de lugar de su residencia habitual, en larga institucionalización y sin que las instituciones que los acogen hayan realizado trabajos para reintegrarlos a sus familias ni para reintegrarlos a la comunidad o prepararlos para una vida independiente, si lo primero no fuese posible. A partir de tales definiciones, el estudio arroja las siguientes realidades en relación a los niños institucionalizados entre junio y noviembre del 2012: IMAGEN Que un niño se encuentre largamente institucionalizado y, sin contacto con personas con las que tenga un vínculo afectivo, son circunstancias constitutivas de riesgo para ellos. Este, tal como lo define Bascuñán Domínguez[9], es la probabilidad que tiene un niño, niña y/o adolescente de presentar un déficit importante en las necesidades básicas que le garantizan una adecuada supervivencia y desarrollo. Riesgo para la “integridad psicológica” por carecer de todo contacto directo y regular con su familia u otras personas significativas, como es el caso que nos ocupa ; y “riesgo social”, por hallarse desarraigados de su comunidad de origen, con una larga institucionalización, sin haberse establecido plazo en la determinación de la medida de internación que los tiene viviendo en dichas residencias, sin existir planes de intervención adecuados ni trabajo efectivo con sus familias o con una familia adoptiva ni con la comunidad, que posibilite su recuperación, reparación y reinserción familiar y/o comunitaria. Riesgo que los expertos califican como de “nivel alto”, entendiendo por tal, una situación que implica un elevado nivel de peligro de daño para la integridad sicológica y social del niño.[10] El momento de mayor angustia, pena y a veces, terror, para todo niño o niña es la ausencia sin excepción alguna de sus padres y, muy especialmente, de su madre. Todos cual más, cual menos hemos vivido de pequeños alguna situación (en menor escala) de ello y la tenemos gravada aun en nuestra memoria y corazones. Nada por cierto comparable con ser quitado a nuestras madres e internados en un hogar donde pasan los años desgarrando el alma y a veces también lamentablemente los cuerpos. Contar con la información del porcentaje de niños, niñas y adolescentes que en cada región se encuentran no sólo en riesgo, sino en “situación de alto riesgo”, así cómo saber cuáles son las residencias específicas en las que ellos se encuentran viviendo, es una situación de alta responsabilidad para esta Cámara de Diputados. Se trata de una información altamente sensible, de mucha relevancia, que no puede ser soslayada ni olvidada. Y que en este caso, constituye fundamento bastante para modificar a la brevedad la ley de adopción en todos aquellos aspectos que hacen posible y permiten esta realidad vulneradora, so pena de incurrir en una conducta de complicidad en la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescente que viven al interior de nuestro sistema residencial, y exponer a nuestro país a una condena internacional por la responsabilidad estatal directa en tales vulneraciones. IV. Fundamentos Jurídicos del Proyecto. Son razones de derecho que justifican el presente proyecto de ley las siguientes: 1. El Principio de Convivencia Familiar reconocido a todos los niños y adolescentes, entre ellos, a los carentes de cuidado parental o en riesgo de estarlo, en la Convención de Derechos del Niño. Enunciado en forma general comprende: El derecho del niño a tener una familia, a vivir en ella, a ser cuidado y criado por sus padres, a mantener relaciones con sus padres si estos se separan, a la protección y asistencia especiales del Estado, a la colocación en hogares de guarda, en suma, a crecer y desarrollarse en el seno de una familia, entre otros. En específico y en sus diferentes manifestaciones se encuentra consagrado en los artículos 5, 9, 20 y 21 de la Convención. El Artículo 5°, en su inciso primero señala que “los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención (...) “, estableciendo claramente un orden de prelación en cuanto a quienes son las personas encargadas de su cuidado y crianza. El Artículo 9°, en su inciso primero, vuelve a establecer la primacía de la vida del niño junto a sus padres ante que en otro entorno, cuando prescribe, que “los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño”. El Artículo 20°, por su parte, establece el principio de la responsabilidad del Estado por todo niño carente de cuidado parental o alejado de su medio familiar, siendo el Estado el responsable de otorgarle los cuidados alternativos necesarios para su protección, al reconocer que “los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”; que “los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños”. Cuidados entre los que figurarán “la colocación en hogares de guarda(...) la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores”; y prescribiendo . El artículo 21° prescribe que “los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario”. 2. El principio de efectividad de los derechos que les fue reconocido a todos los niños, entre ellos, a los niños y adolescentes carentes de cuidado parental o en riesgo de estarlo, en el artículo 4° de la Convención. El mismo prescribe: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. Y, en particular, añade: “En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.” 3. El derecho que tienen los niños y adolescentes carentes de cuidado parental o en riesgo de estarlo a no sufrir discriminación por razón alguna. El artículo 2°, inciso primero, de la Convención prescribe respecto de todo y cualquier niño, niña o adolescente que: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”. El artículo 2°, inciso segundo, agrega que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. A su vez, y en especial, respecto de los niños carentes de cuidado parental o en riesgo de estarlo, la Directriz N° 10 señala que debe “ponerse especial empeño en la lucha contra la discriminación basada en cualquier condición del niño o de los padres, en particular la pobreza, el origen étnico, la religión, el sexo, la discapacidad mental o física, el VIH/SIDA u otras enfermedades graves, tanto físicas como mentales, el nacimiento fuera del matrimonio, el estigma socioeconómico y todas las demás condiciones y circunstancias que pueden dar lugar a la renuncia a la patria potestad, al abandono del niño y/o a la remoción de su guarda”. 4. El Principio del Interés Superior del Niño, Niña o Adolescente contenido en la Convención. La Convención en su artículo 3° establece esta expresión, cuya finalidad es establecer un límite a la acción del Estado, a las autoridades, de modo que frente a la adopción de una decisión que afecte el desarrollo y bienestar futuro de un niño, se consideren, se respeten y se proteja el ejercicio de sus derechos. Consagrado en particular, en el artículo 3° de la Convención, prescribe que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Por su parte, la Directriz N° 7, tratándose de los niños carentes de cuidado parental , precisa que “(...) el interés superior del niño constituirá el criterio para determinar las medidas que hayan de adoptarse con relación a los niños privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación que sean más idóneas para satisfacer sus necesidades y facilitar el ejercicio de sus derechos, atendiendo al desarrollo personal e integral de los derechos del niño en su entorno familiar, social y cultural y su condición de sujeto de derechos, en el momento de proceder a esa determinación y a más largo plazo. En el proceso de determinación se debería tener en cuenta, en particular, el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta según su edad y grado de madurez”. V. Contenidos o Ideas Matrices del Proyecto 1. Declaración de Susceptibilidad de Adopción como Medio y no como Fin. La declaración de susceptibilidad de adopción es un instituto de naturaleza instrumental. Ésta no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin, que es la adopción. Y siendo la adopción, a su vez, una de las formas de restituir al niño, niña o adolescente carente de cuidado parental su derecho fundamental a vivir en familia de un modo permanente, subsidiaria del derecho que les asiste a vivir en su familia de origen, transcurridos que sea un plazo razonable sin que éstos se encuentren efectivamente enlazados con una familia adoptiva, el objeto, fin o razón de ser de la misma adopción, tampoco se cumple. Como tal, carece de todo sentido, que tal declaración de susceptibilidad de adopción permanezca vigente si no ha producido los efectos para los cuales fue creada, y decretada respecto de un niño en particular. Máxime si lo mantiene a éste en un estado inconstitucional de suspensión indefinida de su derecho a la convivencia familiar. 2. Plazo Razonable. La evidencia internacional es categórica en señalar que la institucionalización causa perjuicios a los niños/as que la sufren y debe ser limitada a casos absolutamente excepcionales y por periodos muy breves. Una regla general, que ha sido señalada, es que por cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución, pierden un mes de desarrollo. Así mismo se ha determinado que “los niños que fueron adoptados o se integraron a familias de acogida, tienen un mejor desempeño, no solo físico y cognitivo, sino en logros académicos e integración social como adultos independientes, que aquellos que crecieron en instituciones.[11] Según Goffman[12] los efectos que produce un internamiento en la persona son ruptura con el exterior, confusión personal entre adulto e internos, pérdida de la vida familiar, desculturalización, promiscuidad e imposición de reglamentos. Casas, sostiene que determinados internamientos pueden resultar contraproducentes, como los que tienen lugar en instituciones que no están preparadas para dar respuesta a las necesidades de los niños e incluso, de su familia. Del resumen de un estudio de Bowly[13] sobre niños separados del ambiente familiar y acogidos en instituciones durante los primeros años de vida, se concluye que una de las características que a menudo presentan estos niños es su retraso en comunicarse socialmente hablando, y una creciente vulnerabilidad conforme más grave es su privación, más tiempo dura y más pequeño es el niño. Se sabe que además las perturbaciones socio emotivas tienden a afectar el desarrollo físico. También se aumenta el riesgo de que, en estado adulto, desarrollen conductas y personalidades psicopáticas o neuróticas. El efecto más nocivo de la privación será la disminución de la capacidad de llevar a cabo, con éxito, las funciones parentales. Si bien, tres meses, de acuerdo con lo antes señalado, es un plazo menos que razonable, en tanto tratándose de un niño de corta edad por cada tres meses que reside en una institución pierde un mes de desarrollo, el proyecto propone establecer ese estándar como el máximo a mantener a un niño de cualquier edad en estado de susceptibilidad sin hacerle efectiva su adopción, con el solo fin de proponer un estándar objetivo. 3. Protección de Derecho Fundamental a la Convivencia Familiar. Que la declaración de susceptibilidad de adopción permanezca vigente sin producir los efectos para los cuales fue creada, y decretada respecto de un niño en particular, constituye un estado inconstitucional de suspensión indefinida de su derecho a la convivencia familiar, que requiere intervención legislativa en protección de su derecho a la convivencia familiar, que permita dejar sin efecto y/ o revocar la decisión de autoridad tomada en tal sentido, reinstalando al niño en la efectiva vigencia de sus derechos. Sin importar al efecto, la fecha o época en la que ocurrió la declaración de susceptibilidad de adopción, o bien, en la que quedó ejecutoriada la sentencia que la dispuso, toda vez que, en este caso, mientras más tiempo ha transcurrido entre tal hecho y el tiempo en que se solicite sea dejada sin efecto o revocada, más necesario se torna sacar al niño de ese esa situación jurídica inconstitucional, y reintegrarlo a alguna forma de vida en familia, de modo permanente. 4. Carácter de Cosa Juzgada Formal de las resoluciones judiciales en materia de familia. Como es sabido, cada vez que en materia de Derecho de Familia existe un cambio de las circunstancias que dieron origen a una resolución judicial que afecta derechos fundamentales de los niños, se impone la modificación de dicha resolución, sobre todo fundado en el deber del juez de dar primacía al interés superior del niño, por sobre otras consideraciones. Eso es lo que ocurre, verbi gracia, en nuestro actual Derecho de Familia, por ejemplo, tratándose del derecho a recibir una pensión alimenticia, a mantener relaciones personales, directas y de regulares con aquél de los padres con el que no vive, y del derecho a residir con el padre o la madre, si éstos se encuentran separados. Sentencias judiciales que determinan el modo en el que los padres harán efectivo el ejercicio de derechos fundamentales de sus hijos, bajo determinadas circunstancias que el juez atiende al momento de dictar su fallo, pueden ser modificadas según lo estipulado en cada legislación específica, y atendiendo al interés superior del niño por sobre otras consideraciones. En particular, en el área de la potestad cautelar y de protección de derechos, el Derecho de Familia nacional también contempla esta posibilidad de modificar o dejar sin efecto una resolución judicial anterior relativa a derechos fundamentales de los niños, cuando las circunstancias lo justifiquen y ello sea necesario precisamente en protección de sus derechos. Esta vez, ante el mismo juez de familia que la adoptó. De acuerdo con la ley N° 19.968 sobre Tribunales de Familia , “cuando ello sea necesario para proteger los derechos del niño, niña o adolescente, el juez podrá adoptar como medida cautelar, entre otras, el ingreso a un programa de familias de acogida o centro de diagnóstico o residencia (Artículo 71); indicando en la sentencia los objetivos que se pretenden cumplir con ella y el tiempo de su duración (Artículo 75); la que en el caso de que haya sido tomada con el fin de procurarle una familia adoptiva, cesará una vez que el niño, niña o adolescente sea adoptado. (Artículo 79).”En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez podrá suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, a solicitud del niño, niña o adolescente, de uno o de ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida”. (Artículo 80) Lo mismo sucede en el caso de que la medida de ingreso de los hijos a un programa de familias de acogida o residencia se adopte en razón de padecer la familia un conflicto de violencia intrafamiliar. Esta medida “podrá ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio”. (Artículo 92) En esa misma línea, y no existiendo una norma armónica con las anteriores en la legislación especial sobre adopción, este proyecto de ley establece la figura de la revocación de la declaración de la susceptibilidad de adopción. 5. Revocación de la declaración de susceptibilidad de adopción de un niño, niña o adolescente. La revocación de la declaración de susceptibilidad de adopción, es un mecanismo que obedece a la naturaleza instrumental de esta declaración. Ésta no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un fin, que es la adopción. No parece acorde con el principio del interés superior del niño, hacer que éste deba ajustarse a las políticas y programas estatales de adopción o a la simple disponibilidad de familias adoptivas, sino todo lo contrario. El niño no puede perder un mes más de su desarrollo dejándolo vivir más tiempo en una institución, a la espera de una familia adoptiva. Si la declaración de susceptibilidad de adopción no produce los efectos para los cuales fue decretada, en un plazo razonable, que se fija en tres meses, queda revocada por el sólo ministerio de la ley. Correspondiéndole al Tribunal de Familia o de Letras que la decretó tomar las resoluciones posteriores que este proyecto de ley prescribe como necesarias para hacer efectivo el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser des-institucionalizados y a vivir en familia. Proyecto de Ley I.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.620, Normas sobre Adopción de Menores: 1) Sustituyese el inciso segundo del número 2 del artículo 12, por el siguiente: “La pobreza económica y material, o las condiciones imputables directa y exclusivamente a esa pobreza, no constituye justificación para separar un niño del cuidado de sus padres, para recibir a un niño en acogimiento alternativo o para impedir su reintegración en el medio familiar, sino que deben considerarse como un indicio de la necesidad de que el Estado proporcione a la familia el apoyo apropiado para ejercer su función cuidadora, debiendo activarse a la brevedad posible la entrega de dicho apoyo, ordenando el juez a las autoridades administrativas que corresponda la efectivización del derecho que tiene el niño a recibirla, rechazando la tramitación del procedimiento destinado a la declaración judicial de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, si ese fuese el único argumento planteado.” 2) Agregase al inciso segundo del artículo 15, a continuación del punto final, lo siguiente: “En particular, el solicitante deberá acreditar específicamente las acciones y programas ejecutados para proporcionar a la familia el apoyo apropiado para ejercer su función cuidadora y las circunstancias concretas que hacen ventajosa la adopción en su caso particular, tales como edad, estado de salud, existencia de hermanos y vinculación entre ellos, entre otras”. 3) Introdúcense al inciso tercero del artículo 15 las siguientes modificaciones: a) Al inicio del inciso, sustitúyese la expresión “Los informes” por la frase “Las pericias”. b) Entre la frase “al respecto” y “solicitarse a alguno”, sustituyese la expresión “deberán” por la voz “podrán”. c) Después de la expresión “el artículo 6°,” sustituyese la frase “pudiendo el tribunal estimar suficientemente acreditados dichas circunstancias sobre su sólo mérito” por la siguiente: “o a otro organismo especializado, público o privado.” 4) Agréguese el siguiente artículo 16 bis nuevo: “Revocación de la declaración de susceptibilidad de adopción. Una vez ejecutoriada la sentencia que declara a una niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado, el tribunal conservará su competencia para los efectos de realizar las diligencias a las que habrá lugar si ocurriese la revocación de la declaración de susceptibilidad de adopción y resolver la solicitud de cuidado personal provisorio del niño, niña o adolescente, si ello fuere procedente de acuerdo a las disposiciones siguientes. “Transcurrido el plazo de tres meses, contado desde que la sentencia que declara la susceptibilidad de adopción de una niña, niño o adolescente, quede firme o ejecutoriada, sin que se haya hecho efectivo su derecho a vivir en familia proporcionándole una familia adoptiva a la cual integrarse, dicha declaración quedará sin efecto , por el sólo ministerio de la ley. Acaecido lo cual, el tribunal, de oficio, citará a una audiencia única de acuerdo con lo prescrito en el artículo 16 ter” “A tal efecto, los Tribunales de Familia y los Juzgados de Letras con competencia en materia de familia, deberán revisar, permanentemente, las causas de susceptibilidad de adopción acogidas. No hacerlo, se considerará una infracción grave al deber de hacer efectivos los derechos del niño, consagrado en el artículo 4° de la Convención de los Derechos del Niño, y su omisión acarreará responsabilidad disciplinaria para el juez o jueces que no cumplan con el deber de revisión.” “Sin perjuicio del deber oficioso del juez, la citación a la audiencia única a que se refiere el artículo 16 ter, también puede ser solicitada por el niño, niña o adolescente afectado, por sí, en la medida que puedan darse a entender por sí mismos, por cualquiera persona de su confianza, a su nombre, por uno o ambos padres , por miembros de su familia extensa o por cualquier persona que tenga interés en ello”. 5) Agréguese el siguiente artículo 16 ter nuevo: “Procedimientos posteriores a la revocación de la declaración de susceptibilidad de adopción. Al quinto día de cumplido que sea el plazo de tres meses a que se refiere el artículo precedente, el Tribunal citará a una audiencia única , al jefe de la Unidad Regional de Adopción del Servicio Nacional de Menores y, al solicitante de la audiencia, si existiese , informándoles de la revocación acaecida ipso iure , disponiendo la certificación de tal hecho en la causa y , ordenando al Servicio Nacional de Menores, la inmediata cancelación de la inscripción del niño, niña o adolescente de que se trate realizadas en el Registro sobre personas que pueden ser adoptados a que se refiere el artículo 5° de esta Ley. “En la misma audiencia, la parte solicitante podrá pedir el cuidado personal provisorio del niño, niña o adolescente, desde el momento en que el Tribunal informa de la revocación y hasta la fecha de realización de la audiencia en la que se resolverá la entrega del cuidado definitivo, en el procedimiento de protección que corresponda, la que deberá programarse en un plazo no superior a treinta días. A tal efecto, deberán acudir a la audiencia correspondiente, con los antecedentes jurídicos, sociales y/o comunitarios que acrediten los vínculos de parentesco, confianza o conocimiento que tienen con las niñas, niños o adolescentes según el caso, así como un informe social que dé cuenta de que poseen un lugar con las condiciones mínimas para recibirlo, y ante todo, las características necesarias para ayudar al niño a superar la condición de abandono en la que se encuentra.” “En la misma resolución en la que se deja constancia de haber informado el acaecimiento de la revocación , se disponga la certificación de tal hecho y , se ordene al Servicio Nacional de Menores la cancelación de la inscripción referida, el juez resolverá sobre el cuidado provisorio con los antecedentes acompañados por el solicitante; y ordenará la remisión de los antecedentes al Tribunal de Familia que se encuentra conociendo la causa de protección en la que se ordenó la separación del niño de su familia de origen, a fin de que retome el conocimiento de la misma. O bien, si ésta no existiese, abrirá, en ese mismo acto, de oficio, una causa de protección a su favor. En ambos casos, oficiará a la defensoría del niño del Servicio Nacional de Menores para que proceda a nombrar un curador ad litem a los niños afectados, que los represente en tales causas de protección para la pronta restitución de su derecho a vivir en familia.” “Las declaraciones de susceptibilidad de adopción de niños, niñas o adolescentes revocadas en mérito de lo dispuesto en el artículo 16 bis, no podrán ser reintentadas por simple transcurso del tiempo. Respecto de los niños, niñas o adolescentes en esta situación, familiares, amigos de la familia, conocidos de confianza del niño o terceros interesados en acogerlos en familia, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, deberán solicitar el cuidado personal provisorio del niño al tribunal, como medida de protección de un niño que tiene derecho a ser restituido en su derecho a vivir en familia. Y podrán posteriormente, iniciar un proceso de cuidado personal. O, en el caso de una familia pre-adoptiva, si el cuidado provisorio del niño ha resultado beneficiosos para él, el Servicio Nacional de Menores podrá reintentar, fundado en tales antecedentes que se declare la susceptibilidad de adopción, con la condición de que se inicie inmediata causa de adopción a favor del niño por parte de tal familia”. 6) Agrégase en el párrafo segundo, del inciso tercero, del artículo 18, entre la palabra “menor, “y la expresión “el juez”, la siguiente frase: “o cuya medida se encuentre en revisión”. II.- Disposición Transitoria Única. “Los Tribunales de Familia y los Jueces de Letras con competencia en materias de familia, de oficio, deberán revisar las causas en las que cada uno de ellos hayan decretado susceptibilidad de adopción de niños, niñas y adolescentes y que permanezcan en dicho estado por un plazo superior al establecido en el nuevo artículo 16 bis, a lo menos, durante el período comprendido entre el año 2010 y la fecha actual. La revisión deberá realizarse en un plazo máximo de 5 meses contados desde la publicación de esta ley. Sin perjuicio de ello, cualquier persona interesada en la revisión de una causa en la que un niño , niña o adolescente haya sido declarado susceptible de ser adoptado, que se encuentre en dicho estado por más de tres meses contados desde de la fecha de dicha declaración, que por cualquier razón, no resultare incluida en la revisión de oficio que llevaran a cabo los jueces, o en la que la declaración de susceptibilidad no se halle comprendida dentro del período señalado en el inciso anterior , por ser anterior al año 2010 , podrá siempre solicitarla ante el Tribunal que corresponda para todos los efectos establecidos en los artículos 16 bis y 16 ter. Entendiéndose como tal, el Tribunal que la decretó la susceptibilidad de adopción. Las audiencias que será necesario realizar deberán llevarse a cabo , cada mes, en fechas previamente avisadas y debidamente anunciadas al público a nivel nacional , tanto por el Poder Judicial como por el Servicio Nacional de Menores por medios de comunicación masiva. Ello, sin perjuicio de ser legalmente notificadas las familias, previa actualización de sus domicilios, la que deberá realizar el Tribunal en colaboración plena del Servicio Nacional de Menores. Actualización que debe constar en autos. Las audiencias deberán realizarse, de modo continuo y sucesivo, hasta completar la totalidad de las causas. El procedimiento aplicable será el establecido en el artículo 16 ter. Para el mejor resultado de las mismas, el Tribunal , sin perjuicio de la notificación legal correspondiente, oficiará previamente al Director Regional, al Jefe de la Unidad Regional de Adopción y de la Unidad Regional de Protección del Servicio Nacional de Menores, a fin de coordinar sus acciones con el Tribunal en orden a identificar , previo a la realización de las audiencias, a todos los niños declarados susceptibles de ser adoptados en la jurisdicción del Tribunal que se encuentran acogidos en el sistema , tanto en hogares de administración directa de ellos, como en organismos colaboradores de carácter privado, la situación jurídica en la que se encuentran, y particularmente, las causas de adopción abiertas a su favor, su situación familiar, de familia extensa, ubicación de su red familiar, situación socio- económica y de salud actual del grupo familiar, tiempo de institucionalización del niño, familias de acogida disponibles en la región, entorno comunitario, situación de salud, educacional y de protección social del niño, niña o adolescente, de modo de garantizar su asistencia -y la de su red familiar- debidamente preparada a las audiencias correspondientes, tanto de información de la revocación como las sucesivas de protección que correspondieren. A efectos de acreditar estas circunstancias ante el Tribunal, los informes de la situación actual de la familia de origen o extensa que presente el SENAME sólo podrán ser estimados cómo base para determinar el plan de intervención proteccional necesario para dicha familia en favor de la reintegración del niño o adolescente a su familia, o la necesidad de desarrollar un determinado plan de preparación para la vida independiente para el niño o adolescente y de reintegración comunitaria. Si el Tribunal estimare que tales informes no son, suficientes, completos o no están basados en antecedentes objetivos, comprobables, serios y científicos, ordenará al Director Regional del Servicio la realización de un peritaje sistémico(social- económico y de salud física, mental y emocional) que proponga un plan de intervención integral de la familia y revinculación con el niño , con cargo a su servicio, que deberá ser cumplida en el plazo de 15 días. Lo dispuesto en los artículos 16 bis y ter, será plenamente aplicable a las causas a que se refiere esta disposición transitoria, aunque las mismas se hayan tramitado conforme a leyes diferentes, y sin que se pueda estimar que se ha producido desasimiento alguno del Tribunal, que las impida.”