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El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).-
Ruego a las personas que están en las tribunas mantener el orden y guardar silencio.
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, quiero agradecer a la diputada señora Andrea Molina y al diputado señor Sergio Gahona por haber planteado esta materia en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Asimismo, agradezco muy profundamente a la comunidad, la que llevó a cabo un trabajo minucioso, exhaustivo y muy responsable respecto de este proyecto.
(Aplausos)
En la sesión respectiva llevada a cabo en esa comisión nos formularon algunos planteamientos, dieron a conocer denuncias, con antecedentes, y nos mostraron algo que me llamó profundamente la atención, aunque a estas alturas eso no me debiera ocurrir, porque lo que está pasando en este caso se está convirtiendo en una práctica normal en el proceso de evaluación de impacto ambiental: la totalidad de las empresas mineras estaban ubicadas justo debajo de las torres. Es decir, es un proyecto -así quedó demostrado por los antecedentes que nos expusieron- hecho a la medida de las empresas. Está diseñado para que ellas abran la puerta y recojan el beneficio.
Además, la comunidad expuso todos los conflictos de intereses que se generan, el nivel de relación entre las empresas y quien presenta el proyecto, y todos los que serán beneficiados por el mismo.
En los últimos años, Chile ha desarrollado una suerte de “promiscuidad”. El Estado, según establece la Constitución, “... está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible,...”. Sin embargo, por el contrario, hoy el Estado está al servicio de las empresas.
(Aplausos)
Lo que los vecinos y la comunidad denunciaron en esa ocasión también se planteó en la Comisión Investigadora de Hidroaysén, la cual integré. En dicha instancia había claridad de que el sistema de evaluación de impacto ambiental no se preocupaba de si el proyecto afectaba o no a las comunidades, al medio ambiente, pues su interés era que el proyecto se aprobara sí o sí, y que finalmente sirviera a los intereses de la empresa.
(Aplausos)
Suscribí y solicité, junto con la diputada Andrea Molina y a otros diputados, que se realizara la presente sesión especial y que, además, se creara una comisión investigadora, porque, por lo menos en lo personal, esta situación me da vergüenza. Me da vergüenza que una práctica que hemos criticado y expuesto reiteradamente se siga realizando de manera absolutamente normal e impune.
¡Nadie paga los costos! Se vulnera y se prostituye la institucionalidad, sin ninguna consecuencia.
(Aplausos)
La comunidad y los vecinos denunciaron no solo que el trazado está hecho a medida, sino que también existen obras que se iniciaron, pese a que el proceso de evaluación no ha concluido. Sin embargo, nadie hace nada ante ello. En Chile, la empresa y el poder económico actúan como dueños del país, y absolutamente todas las instituciones están a su servicio. Si seguimos en esta línea, iremos a la debacle.
Reitero, es vergonzoso como una y otra vez surgen las denuncias de la comunidad respecto de un sistema que permanentemente se vende, se sobrevende y, además, finge demencia. Es decir, la autoridad sabe que esto está ocurriendo y recibe información al respecto; sin embargo, a pesar de que la propia institucionalidad solicita a las empresas antecedentes adicionales y que aclaren las observaciones, y de que estas no responden o entregan información falsa, el proceso de evaluación continua -jamás se interrumpe- y, generalmente, concluye con su aprobación.
Por lo tanto, los diputados que participamos en la pasada sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitamos que se anule el proceso y que se haga lo que corresponde, esto es, que se invalide todo lo que se ha hecho hasta ahora y que, por una vez, hagamos las cosas en serio en este país.
Si decimos que las instituciones deben funcionar, que funcionen de verdad, es decir, con transparencia, sin servir a las empresas y respondiendo al objetivo para el cual fueron diseñadas y creadas por el Parlamento. De lo contrario, todos seremos cómplices. Si no terminamos con esos procesos, todos seremos cómplices.
Por último, quiero dar a conocer una información que se publicó hoy en la prensa, relativa al llamado que realizó la Presidenta de la República a modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y a hacer una revisión profunda del mismo. ¡Pido que no solo se lleve a cabo esa revisión profunda, sino que también se hagan las cosas como se debe!
He dicho.
-Aplausos.
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