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El señor TUMA.- Señor Presidente , durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet se dictó la ley Nº 20.305 con el objeto de aminorar, en parte, el daño sufrido por los trabajadores cuando los obligaron a someterse a un régimen de previsión que no recogió los defectos originados por el hecho de que el propio Estado no pagó las imposiciones correspondientes a las remuneraciones del personal del sector público. Por tanto, lo que hizo la Primera Mandataria fue otorgar un bono para mejorar la situación de bajas pensiones que exhibe el actual sistema.
Los señores Senadores que han intervenido expusieron, en su mayoría, los objetivos de la iniciativa, y no me voy a extender en estos, pues creo que la idea es resolver algunos problemas administrativos que impiden a los trabajadores acceder al beneficio por la brevedad de los plazos, o por haberse cometido errores, o por no acreditarse a tiempo el cumplimiento de los requisitos, en fin.
Sin embargo, aunque todas estas modificaciones son correctas y voy a votar a favor del proyecto, la cuestión de fondo es el daño sufrido por los trabajadores -repito- que se involucraron, en la década de los ochenta, en un modelo que no es de carácter previsional, sino económico: constituye un buen negocio para quienes administran.
Mi querido amigo Carlos Larraín se halla siempre muy entusiasmado con el funcionamiento del sistema, y uno de los puntos en que recaen nuestras divergencias tiene que ver con que Su Señoría lo defiende a ultranza, en circunstancias de que, en mi opinión, tiene que ser revisado.
En estos días se ha acordado la compra de las acciones de Cuprum, una de las administradoras de fondos de pensiones. El precio es de mil millones de dólares. El adquirente es Principal Financial Group.
Pregunto: ¿cuáles son los activos de la entidad objeto de la operación? ¿Tiene una industria, maquinarias, derechos de agua, hectáreas de tierras, bosques, plantaciones, productos?
¡Pero si no tiene nada!
Y, entonces, ¿cuál es el capital de una empresa adquirida en mil millones de dólares?
Después de ser comprada en esa suma, ahora subió un 40 por ciento. ¡Vale mil 400 millones de dólares!
¿Qué tiene? ¿Qué produce?
¡Nada!
Con lo que sí cuenta es con una concesión para administrar recursos, en la medida en que el Estado, a través del decreto ley Nº 3.500, obliga a los trabajadores a permanecer cautivos en una determinada administradora de fondos de pensiones.
Fíjense Sus Señorías que el proyecto que nos ocupa le otorga por primera vez al Estado, a la Tesorería General, la administración de los recursos de que se trata, con cargo a mantener su poder adquisitivo y a utilizarlos de la misma manera que los propios del país, a los cuales cautela por la vía de la colocación en bonos del Tesoro. De la misma manera se va a proteger el Fondo que va a cubrir los bonos de pensiones del sector laboral.
En conclusión, aquí tenemos una alternativa para el beneficio.
¿Y lo que es incipiente en un modelo de administración de un pequeño fondo por qué no podría serlo para administrar los recursos de los trabajadores? ¿Por qué no podría ser una posibilidad?
"¡Ah! Es preciso considerar la libertad de elegir".
Dejemos que se elija con libertad, entonces, si se quiere seguir en el actual sistema previsional. Pero demos la otra alternativa a quienes confíen en la administración de sus recursos por el Estado.
La Comisión formada para estudiar un diagnóstico a fin de hacer un planteamiento de modificación del sistema previsional, la cual me honro en presidir, tiene contempladas entrevistas a toda la industria, a los críticos del modelo; pero el Senado tendrá que terminar con alguna propuesta tendiente a corregir, en definitiva, todas las distorsiones que se observan o a crear también, paralelamente y al mismo tiempo, una posibilidad viable de asegurar pensiones más dignas para los trabajadores.
Ello, sin perjuicio de considerar que es muy baja la cotización de estos últimos. Los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes no se cambiaron y están aportando un 20 por ciento con el sistema antiguo, obtienen pensiones dignas, pero con cargo al déficit del Estado. El resto de la población recibe pensiones indignas y aporta menos, de modo que si se requiere una contribución mayor, entonces también pueden hacer un esfuerzo los empleadores, como antes, y el Estado.
Estimo que el fondo del asunto tiene que ver con la forma en que dejamos de estar haciendo el corte del salame todas las semanas o cada 15 días en el Congreso para mejorar las pensiones indignas de los trabajadores y creamos un sistema previsional de verdad, no del carácter económico a que he hecho referencia.
A mi juicio, la iniciativa corrige algunos vicios y hace justicia al mejorar la situación de los bonos del sector laboral, pero no en cuanto a asegurar pensiones dignas para los trabajadores.
A pesar de ello, me pronunciaré a favor.
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