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El señor NOVOA.-
Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto en contra de la disposición.
El artículo 6° bis, en realidad, fue consensuado por el Gobierno, los parlamentarios que presentaron las distintas mociones y también por el Senador García. No obstante ese acuerdo, yo voté en contra, porque estimo necesario enviar una señal de alerta sobre los posibles efectos negativos que puede acarrear la fijación de tasas de interés.
Lo cierto es que el texto aprobado supone considerar una tasa de mercado referida a operaciones superiores a 200 UF e inferiores a 5 mil, y luego aplicar un factor aditivo fijo.
En mi opinión, al menos, cada vez que se establecen precios -y aquí se está fijando una fracción muy importante de un precio: gran parte de la tasa de interés-, se corre el riesgo de que se produzcan distorsiones importantes. Y la principal, en este caso, podría ser que muchas personas -normalmente las de menos recursos- quedaran al margen del sistema financiero, ya sea del relativo a la banca o del referido al retail, que es, probablemente, el sector que da más crédito a los consumidores de menores ingresos.
Eso me preocupa porque, en definitiva, la ley no puede impedir situaciones indeseadas, como el que gente marginada del sistema financiero formal caiga en manos de prestamistas o de otra vía informal. Ello ya ha ocurrido en muchos países. Por ejemplo, se mencionó lo sucedido en Colombia, donde, debido a una situación similar, se organizaron verdaderas bandas que cobraban cuotas semanales por la plata que prestaban, y quienes no las pagaban sufrían consecuencias bastante dolorosas en el ámbito de sus vidas y sus familias.
Durante la discusión del proyecto el Banco Central hizo presente que numerosas personas podrían quedar al margen del sistema financiero.
Desde ese punto de vista, yo preferí votar en contra de la norma en debate. Además, hice una proposición en la cual, manteniendo un sistema de tasa promedio calculada sobre la base de operaciones donde las partes realmente pueden negociar la tasa -o sea, de 200 a 5 mil UF-, el factor aditivo no fuera un guarismo fijo, sino uno proporcional. Y presenté dos opciones: que el aditivo fuera un porcentaje similar a la variación de otras tasas, o bien fijar un 70 por ciento de la tasa observada. Y esto, considerando lo ocurrido en situaciones pasadas. Por ejemplo, en la crisis económica del año 2009, con la fórmula aprobada se habría llegado a una tasa máxima de 40 por ciento -según creo-; sin embargo, se alcanzó una tasa máxima convencional de 60 puntos.
Pues bien, ese diferencial, de 20 puntos, podría significar que numerosas personas quedaran fuera del mercado financiero, con las consecuencias que describí anteriormente.
Quiero finalizar señalando que hubo un argumento que a mí me pareció francamente inaceptable. Se afirmó que sería bueno que muchas personas no tuvieran acceso al crédito, porque quedan endeudadas y después tienen problemas para su manejo diario.
Creo que si nosotros intentamos regular la vida de la gente desde el Congreso vamos a cometer bastantes más errores que los que pueden cometer personas que voluntariamente quieran endeudarse.
Por eso voté en contra de la disposición, señor Presidente.
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