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Chile no puede esperar más por una profunda reforma global al Sistema de Infancia.
La sociedad se ve reflejada en cómo trata a sus niños y adolescentes, y los niveles de pobreza y abandono de cientos de miles de niños y adolescentes en el Chile de hoy nos deben llevar a la reflexión y, sobre todo, a actuar. Estos niños y adolescentes no pueden seguir esperando.
¿Cómo nos estamos haciendo cargo de la protección de los derechos de los niños y adolescentes en Chile?. Esa es la pregunta que debemos responder. Y, a pesar de los avances que podemos haber tenido, creemos que -lamentablemente- la respuesta sigue siendo negativa.
Diversos hechos noticiosos nos recuerdan la precariedad en que viven muchos niños y adolescentes chilenos: pobreza, mal trato, trabajo infantil, abusos sexuales, constituyen las distintas caras de un panorama que, de tanto repetirse, nos lleva peligrosamente a perder la capacidad de impactarnos.
Los países desarrollados (y Chile aspira a serlo) han avanzado hacia leyes de protección de los derechos de niños y adolescentes. Chile requiere una ley de protección de los derechos de niños y adolescentes.
No basta con haber ratificado la Convención de Derechos del Niño; es necesario concretar en medidas específicas las obligaciones de la Convención:
- Desde luego, tenemos que avanzar en garantías explícitas para nuestros niños. Hoy uno de cada cuatro niños es pobre en Chile. Tenemos que romper el círculo de la pobreza desde su inicio, invertir más recursos, especializar más profesionales para trabajar con niños y adolescentes vulnerables, mejorar la infraestructura pública para atenderlos, los programas, etc.
- Introducir mecanismos judiciales y administrativos especiales para que niños y adolescentes hagan valer sus derechos.
- Crear una instancia de coordinación de la política de infancia, aglutinando áreas del Gobierno tan diversas como Educación, Salud, Justicia, Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte.
- Y, por último, impulsar la creación de una Defensoría de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Una instancia autónoma que controle el cumplimiento de las obligaciones de los distintos organismos del Gobierno con los niños y adolescentes. Y que, por otra parte, se preocupe de promover sus derechos.
El presente proyecto se concentra en impulsar el debate en torno a esta última medida que creemos urgente para efectos de instalar una preocupación central por los derechos de los niños y adolescentes en la agenda pública.
Por su parte, el Gobierno ha anunciado la concreción de un viejo proyecto, cual es separar la institucionalidad de infancia en dos servicios públicos, uno vinculado al área de protección de derechos, con dependencia de Ministerio de Desarrollo Social, y otro circunscrito a los adolescentes infractores de ley penal, con dependencia del Ministerio de Justicia.
Celebramos ese esfuerzo. Sin embargo, no podemos quedarnos sólo en este cambio. En otras palabras, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre pero ahora separado en dos servicios. Eso sería básicamente seguir administrando lo que tenemos.
Tenemos una oportunidad histórica y no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos años.
El gran desafío, más que la separación del trabajo con los niños y adolescentes en dos organismos, lo constituye la revisión permanente de la pertinencia, calidad y recursos que hemos entregado a los diversos programas que inciden en la protección de derechos de los niños y adolescentes. La búsqueda de las mejores prácticas internacionales. Superar las deficiencias en infraestructura para el caso de los adolescentes infractores de ley penal. Terminar con la falta de especialización de jueces y fiscales, etc.
Sabemos que se han hecho esfuerzos. Sin embargo, creemos, responsablemente, que podemos hacer más.
Por eso proponemos la siguiente iniciativa que crea en la Constitución Política de la República una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, que posibilite, posteriormente, que el Ejecutivo patrocine la correspondiente regulación legal.
¿Por qué resulta tan importante impulsar esta medida?. Es importante porque se trata de una institución autónoma, que no depende del Gobierno de turno, que no está sujeta a presiones, y que deberá velar -con esa independencia- por recordarnos permanentemente cómo debemos proteger los derechos de nuestros niños y adolescentes. Hoy nadie defiende de esa manera a nuestros niños y adolescentes y menos a los más vulnerables.
Si Chile es capaz de dotarse de una institución de esta naturaleza, estamos convencidos que habremos dado un gran paso en la mejora de la protección de los derechos de niños y adolescentes.
Atendidas dichas consideraciones, vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Artículo único. Introdúcese un Capítulo XV nuevo en la Constitución Política de la República, pasando el actual Capítulo XV a ser XVI:
“Capítulo XV
Defensor de los niños y adolescentes
Artículo 126 ter.- Existirá una institución autónoma denominada Defensor de los Niños y Adolescentes, que tendrá como misión salvaguardar y promover los derechos de las personas menores de edad, de conformidad con las competencias y en la forma que le encomiende la ley.”
(Fdo.): Patricio Walker Prieto, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.
"