REP�BLICA DE CHILE

    
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

    
PUBLICACI�N OFICIAL

    
LEGISLATURA 360�

    
Sesi�n 37�, en martes 31 de julio de 2012

    
Ordinaria

    
(De 16:21 a 19:38)

    
PRESIDENCIA DE LOS SE�ORES CAMILO ESCALONA MEDINA, PRESIDENTE,

    
Y JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL

    
SECRETARIO, EL SE�OR MARIO LABB� ARANEDA, TITULAR

    
____________________

  
  
    
� N D I C E

    
Versi�n Taquigr�fica

    
		P�g.

    
    
					I.	ASISTENCIA.........................................................................................................

    
				II.	APERTURA DE LA SESI�N...............................................................................

    
				III.	TRAMITACI�N DE ACTAS..........................................................................�.

    
				IV.	CUENTA...............................................................................................................

    
			Acuerdos de Comit�s.................................�����������.

    
			Vindicaci�n ante expresiones de Presidente de Comisi�n de �tica y Transparencia, Senador se�or Hern�n Larra�n...................................................................................

    
    
				V.	ORDEN DEL D�A:

    
    
			Proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el art�culo 23 del decreto ley N� 3.551, de 1981 (8333-06) (se aprueba en general).........................................

    
    
			Proyecto, en tr�mite de Comisi�n Mixta, que modifica el C�digo Org�nico de Tribunales y la ley N� 19.665, en las materias que indica (6244-07) (se aprueba el informe)......................................................................................................................

    
    
			Proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusi�n social de personas con discapacidad, en la forma que indica (7988-11) (se aprueba en general y en particular).........................

    
    
			Proyecto de ley, en primer tr�mite constitucional, que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de t�tulos de derecho de aprovechamiento de aguas (8150-09) (se aprueba en general)..................................

    
			Peticiones de oficios (se anuncia su env�o)�������������..

  
  
  
			VERSI�N TAQUIGR�FICA

  
  
    
I. ASISTENCIA

    
    
				Asistieron los se�ores:

    
    
    
			--Allende Bussi, Isabel

    
			--Alvear Valenzuela, Soledad

    
			--Bianchi Chelech, Carlos

    
			--Cantero Ojeda, Carlos

    
			--Chahu�n Chahu�n, Francisco

    
			--Coloma Correa, Juan Antonio

    
			--Escalona Medina, Camilo

    
			--Espina Otero, Alberto

    
			--Frei Ruiz-Tagle, Eduardo

    
			--Garc�a Ruminot, Jos�

    
			--Garc�a-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

    
			--Girardi Lav�n, Guido

    
			--G�mez Urrutia, Jos� Antonio

    
			--Horvath Kiss, Antonio

    
			--Kuschel Silva, Carlos

    
			--Lagos Weber, Ricardo

    
			--Larra�n Fern�ndez, Hern�n

    
			--Larra�n Pe�a, Carlos

    
			--Mu�oz Aburto, Pedro

    
			--Novoa V�squez, Jovino

    
			--Orpis Bouch�n, Jaime

    
			--P�rez San Mart�n, Lily

    
			--P�rez Varela, V�ctor

    
			--Pizarro Soto, Jorge

    
			--Prokurica Prokurica, Baldo

    
			--Quintana Leal, Jaime

    
			--Rinc�n Gonz�lez, Ximena

    
			--Rossi Ciocca, Fulvio

    
			--Sabag Castillo, Hosa�n

    
			--Tuma Zedan, Eugenio

    
			--Uriarte Herrera, Gonzalo

    
			--Von Baer Jahn, Ena

    
			--Walker Prieto, Ignacio

    
			--Walker Prieto, Patricio

    
			--Zald�var Larra�n, Andr�s

    
    
    
			Concurrieron, adem�s, los Ministros Secretario General de la Presidencia, se�or Cristi�n Larroulet Vignau; de Econom�a, Fomento y Turismo, se�or Pablo Longueira Montes; de Justicia, se�or Teodoro Ribera Neumann, y de Obras P�blicas, se�or Laurence Golborne Riveros.

			Actu� de Secretario el se�or Mario Labb� Araneda, y de Prosecretario, el se�or Jos� Luis Alliende Leiva.

  
    
II. APERTURA DE LA SESI�N

    
		--Se abri� la sesi�n a las 16:21, en presencia de 19 se�ores Senadores.

El se�or ESCALONA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesi�n.

  
    
III. TRAMITACI�N DE ACTAS

    
El se�or ESCALONA (Presidente).- Las actas de la sesiones 34�, ordinaria, en 11 de julio; 35�, ordinaria, en 17 de julio, y 36�, ordinaria, en 18 de julio, todas del presente a�o, se encuentran en Secretar�a a disposici�n de los se�ores Senadores, hasta la sesi�n pr�xima, para su aprobaci�n.

  
  
  
    
IV. CUENTA

    
El se�or ESCALONA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretar�a.

    
El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

    
Mensajes

    
		Nueve de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica: 

    
		Con el primero comunica que no har� uso de la facultad que le confiere el inciso primero del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica respecto al proyecto de ley que ampl�a el plazo que se concedi� a los sostenedores de establecimientos educacionales para ajustarse a las exigencias prescritas en el literal a) del art�culo 46 del decreto con fuerza de ley N� 2, de 2010, del Ministerio de Educaci�n (bolet�n N� 8.191-04).

    
		--Se toma conocimiento y se mand� comunicar al Excelent�simo Tribunal Constitucional.

    
		Con el siguiente da inicio al proyecto que modifica la ley N� 19.799, sobre documentos electr�nicos, firma electr�nica y servicios de certificaci�n de dicha firma, y otros textos legales que indica (bolet�n N� 8.466-07). 

    
		--Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso, y se manda ponerlo en conocimiento de la Excelent�sima Corte Suprema.

    
		Con  el tercero comunica el retiro de la urgencia a la tramitaci�n del proyecto de ley que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalizaci�n y sanciones (bolet�n N� 8.149-09).

    
		--Queda retirada la urgencia y se manda agregar el documento a sus antecedentes. 

    
		Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, calificada de "discusi�n inmediata", al proyecto que elimina el inciso cuarto del art�culo 32 de la ley N� 18.556, sobre sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral, que establece la obligaci�n de publicar en su sitio web el padr�n electoral y la n�mina auditada de inhabilitados (bolet�n N� 8.345-06).

    
		Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", para el despacho de las siguientes iniciativas:

    
		1.- Proyecto que sustituye el r�gimen concursal vigente por una ley de reorganizaci�n y liquidaci�n de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (bolet�n N� 8.324-03).

    
		2.- Proyecto de ley que modifica regulaci�n de las �reas de manejo y explotaci�n de recursos bent�nicos y franquea inscripci�n en el Registro Artesanal de los recursos que indica (bolet�n N� 8.389-03).

    
		3.- Proyecto de ley que crea el Ministerio del Deporte (bolet�n N� 8.085-29).

    
		4.- Proyecto que modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el art�culo 8� de la ley N� 18.985 (bolet�n N� 7.761-24).

    
		5.- Proyecto que anticipa el pago del bono de la ley N� 20.506, "bono bodas de oro", para los matrimonios que se indican (bolet�n N� 8.443-05).

    
		6.- Proyecto que introduce modificaciones en el C�digo Civil y en otros cuerpos legales con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados (boletines N�s 5.917-18 y 7.007-18, refundidos).

    
		7.- Proyecto de ley que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de t�tulos de derecho de aprovechamiento de aguas (bolet�n N� 8.150-09).

    
		8.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Acuerdo sobre Tr�nsito Vecinal Fronterizo entre la Rep�blica de Chile y la Rep�blica Argentina", suscrito en Buenos Aires el 6 de agosto de 2009 (bolet�n N� 8.154-10).

    
		Con el octavo hace presente la urgencia, en el car�cter de "simple", al proyecto de ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (bolet�n N� 4.426-07).

    
		Con el �ltimo retira y hace presente la urgencia, en el car�cter de "simple", para la tramitaci�n del proyecto que modifica, en el �mbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiol�gicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigaci�n y fiscalizaci�n, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N� 18.892 y sus modificaciones (bolet�n N� 8.091-21).

    
		--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

    
Oficios

    
		Tres de la Honorable C�mara de Diputados:

    
		Con el primero informa que aprob� las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la ley N� 19.327, que contiene normas para la prevenci�n y sanci�n de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasi�n de espect�culos de f�tbol profesional (bolet�n N� 4.864-29).

    
		--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.

    
		Con el segundo comunica que prest� su aprobaci�n al proyecto que modifica, en el �mbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiol�gicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigaci�n y fiscalizaci�n, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N� 18.892 y sus modificaciones (bolet�n N� 8.091-21) (con urgencia calificada de "simple").

    
		--Pasa a la Comisi�n de Intereses Mar�timos, Pesca y Acuicultura, y a la de Hacienda, en su caso.

    
		Con el tercero comunica que aprob� la proposici�n formulada por la Comisi�n Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasi�n de la tramitaci�n del proyecto que modifica el C�digo Org�nico de Tribunales y la ley N� 19.665 en las materias que indica (bolet�n N� 6.244-07).

    
		--Queda para tabla.

    
		Del Excelent�simo Tribunal Constitucional:

    
		Remite copia de la sentencia definitiva dictada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminaci�n (bolet�n N� 3.815-07).

    
		--Se toma conocimiento y se manda archivar el documento junto con sus antecedentes.

    
		Env�a copia de resoluci�n dictada en la tramitaci�n del reclamo formulado por un grupo de Senadores respecto a la promulgaci�n de la ley N� 20.595, efectuada por Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, por contener un t�tulo diverso del que constitucionalmente corresponde, y adem�s, de escritos presentados por la parte requerida.

    
		--Se toma conocimiento y se remiten los documentos a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

    
		Remite copia autorizada de la resoluci�n reca�da en la acci�n de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del art�culo 6� de la ley N� 20.545, que modifica las normas sobre protecci�n a la maternidad e incorpora el permiso posnatal parental.

    
		--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

    
		Expide copia autorizada de cinco sentencias definitivas dictadas en acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del art�culo 41, inciso final, del decreto con fuerza de ley N� 850, de 1997, del Ministerio de Obras P�blicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N� 15.840, de 1964, y del decreto con fuerza de ley N� 206, de 1960, sobre construcci�n y conservaci�n de caminos.

    
		--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.

    
		Del se�or Presidente de la Excelent�sima Corte Suprema:

    
		Responde, en su calidad de Presidente del Consejo Superior de la Corporaci�n Administrativa del Poder Judicial, a una petici�n de informaci�n, enviada en nombre del Senador se�or Uriarte, referente a la posibilidad de establecer un nuevo sistema de remuneraciones y de carrera funcionaria. 

    
		Del se�or Contralor General de la Rep�blica:

    
		Da a conocer, atendiendo una petici�n enviada en nombre de la Senadora  se�ora Rinc�n, que el se�or Ministro de Desarrollo Social y el se�or Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversi�n Social le han informado que se instruye un sumario administrativo con el fin  de verificar si un funcionario del servicio mentado ha incurrido en conductas de proselitismo pol�tico.

    
		Env�a, para conocimiento de la Corporaci�n, copia del informe de seguimiento al Informe Final N� 76, de 2011, sobre auditor�a a las operaciones correspondientes a los contratos en consignaci�n del a�o 2010 de la Editorial Jur�dica de Chile.

    
		Del se�or Ministro de Econom�a, Fomento y Turismo:

    
		Remite, en respuesta a petici�n cursada en nombre del Senador se�or Mu�oz Aburto, el Informe de Ejecuci�n del Programa especial de emergencia para micro y peque�as empresas afectadas por el desborde del r�o Las Minas, en la ciudad de Punta Arenas, elaborado por el Servicio de Cooperaci�n T�cnica.

    
		Del se�or Ministro de Desarrollo Social:

    
		Contesta solicitud, cursada en nombre del Senador se�or Cantero, en orden a que se autorice la recomendaci�n favorable por la Secretar�a Regional Ministerial del ramo de la Regi�n de Antofagasta al nuevo proyecto de relleno sanitario en la capital regional y se propicie la realizaci�n de la evaluaci�n de impacto ambiental en paralelo al dise�o de aquel.

    
		Remite informe del se�or Director Nacional de la Corporaci�n Nacional de Desarrollo Ind�gena, en respuesta a petici�n de antecedentes hecha en nombre del Senador se�or Navarro, relativa al Proyecto de Revitalizaci�n de Lenguas Ind�genas, impulsado por la Unidad de Cultura y Educaci�n de la mencionada entidad. 

    
		Del se�or Ministro de Justicia:

    
		Responde solicitud de informaci�n, formulada en nombre del Senador se�or Navarro, relativa a la existencia de estudios, anteproyectos o proyectos definitivos de construcci�n de un recinto penitenciario en la comuna de Cabrero.

    
		Del se�or Ministro de Obras P�blicas:

    
		Informa sobre posibilidad de mejorar el acceso al sector Lago Largo, en la localidad de �irehuao, comuna de Coyhaique, materia consultada en nombre del Senador se�or Horvath.

    
		Da respuesta a solicitud de informaci�n, cursada en nombre del Senador se�or Kuschel, referente al estudio del trazado de la ruta entre Caleta Pichanco y Caleta Gonzalo, tramo pendiente de terminaci�n en la carretera Austral.  

    
		Responde consulta, formulada en nombre del Senador se�or Navarro, relativa a solicitudes de Enerplus S. A., ante esa Secretar�a de Estado, en materia de obras de embalse en el r�o �uble, Regi�n del Biob�o.

    
		Previene que una solicitud de informaci�n, enviada en nombre del Senador se�or Quintana, concerniente a obras de mejoramiento de puente sobre el r�o Caut�n, en la comuna de Lautaro, est� comprendida en el oficio de respuesta N� 1.117 de esa Secretar�a de Estado, que adjunta.

    
		Contesta petici�n, cursada en nombre del Senador se�or G�mez, atinente al env�o a tramitaci�n legislativa de un proyecto que autorice para destinar la recaudaci�n fiscal a la Regi�n en que est� ubicada la plaza de peaje correspondiente.

    
		Del se�or Ministro de Salud:

    
		Expresa el agradecimiento institucional por nota, enviada en nombre del Senador se�or Garc�a-Huidobro, que destaca la entrega gratuita de la droga trastuzumab a pacientes de c�ncer de mamas.

    
		Atiende diversas peticiones, enviadas en nombre del Senador se�or Navarro, relativas a los asuntos que se enuncian a continuaci�n:

    
		1.- Situaci�n que afecta a pacientes con enfermedades de alta complejidad a ra�z del cierre de la Unidad de Endosonograf�a del Hospital Regional de Concepci�n.

    
		2.- Resultado de fiscalizaciones, en los dos �ltimos a�os, respecto al nivel de contaminaci�n ambiental en la comuna de Chill�n en lo que ata�e a calidad del aire y manejo de vertederos y rellenos sanitarios, materia respondida directamente por la Autoridad Sanitaria de la Regi�n del Biob�o a Su Se�or�a.

    
		3.- Fiscalizaciones practicadas en el caso del vertedero ilegal de residuos existente en Chiguayante, consulta respondida, tambi�n directamente, por el se�or Secretario Regional Ministerial del Biob�o.

    
		Contesta petici�n de antecedentes, remitida en nombre de la Senadora se�ora Rinc�n, respecto a la construcci�n, bajo la modalidad de concesi�n, del nuevo hospital de la ciudad de Linares.

    
		De la se�ora Ministra de Bienes Nacionales:

    
		Contesta petici�n de informaci�n, expedida en nombre del Senador se�or Navarro, sobre estado de tramitaci�n de la declaraci�n como �rea protegida de los g�iseres del Tatio, en la Regi�n de Antofagasta.

    
		De la se�ora Ministra del Medio Ambiente:

    
		Informa, atendiendo a una petici�n, enviada en nombre del Senador se�or Navarro, sobre las acciones adoptadas por la Secretar�a Regional Ministerial correspondiente en materia de calidad del aire y manejo de vertederos y rellenos sanitarios en la comuna de Chill�n.

    
		Del se�or Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo:

    
		Contesta una solicitud de informaci�n, cursada en nombre del Senador se�or Navarro, sobre avance del proyecto "Soluci�n integral de extensi�n de la red de alcantarillado, agua potable y pavimentaci�n Poblaci�n Estero Manco", en la comuna de Coronel.

    
		Del se�or Subsecretario para las Fuerzas Armadas:

    
		Informa haber remitido al se�or Comandante en Jefe del Ej�rcito los antecedentes de la consulta, formulada en nombre del Senador se�or Navarro, referente a diversos aspectos del funcionamiento y costos del sistema de salud de los pensionados de esa instituci�n castrense.

    
		Del se�or Subsecretario de Miner�a:

    
		Atiende petici�n de antecedentes, formulada en nombre del Senador se�or Navarro, respecto a los estudios considerados por esa Secretar�a de Estado para implementar los contratos especiales de operaci�n del litio anunciados por el Gobierno.

    
		Del se�or Subsecretario de Telecomunicaciones:

    
		Contesta consulta, cursada en nombre del Senador se�or Navarro, relativa al resultado de presentaciones que atribuyen a VTR una situaci�n eventualmente abusiva derivada de una supuesta negativa a permitir el ingreso de otros operadores de cable a condominios y edificios.

    
		Del se�or Secretario General de Carabineros de Chile:

    
		Responde solicitud de antecedentes, enviada en nombre del Senador se�or Garc�a-Huidobro, sobre factibilidad de aumentar las rondas policiales en el sector Pedro de Miranda, localidad de Lo Miranda, comuna de Do�ihue, con el prop�sito de reforzar la fiscalizaci�n para la seguridad de la poblaci�n. 

    
		Del se�or Subdirector de Racionalizaci�n y Fiscalizaci�n, Direcci�n de Presupuestos:

    
		Da respuesta a un acuerdo del Senado, adoptado a proposici�n de los Honorables se�ores Girardi, G�mez, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Patricio Walker, relativo a la remisi�n de un proyecto de ley en materia de incentivo al retiro para los asistentes de la educaci�n en t�rminos iguales a los aprobados para el sector de la salud municipal (bolet�n N� S 1.492-12).

    
		Del se�or Jefe de Divisi�n de Planificaci�n y Presupuesto, Ministerio de Educaci�n:

    
		Remite informaci�n, solicitada en nombre del Senador se�or Mu�oz Aburto, referente a gastos realizados por esa Secretar�a de Estado y por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en publicidad o difusi�n, durante los a�os 2010, 2011 y 2012.

    
		Del se�or Superintendente de Salud:

    
		Anuncia, refiri�ndose a petici�n de informe sobre evoluci�n de los excedentes de cotizaciones de salud en las isapres, formulada en nombre de la Senadora se�ora Alvear, que est� en desarrollo la revisi�n de aquel proceso, desde 2005 a la fecha, y que el resultado se enviar� a Su Se�or�a tan pronto est� disponible.

    
		De la se�ora Secretaria Ejecutiva de la Comisi�n Nacional de Seguridad del Tr�nsito:

    
		Absuelve consulta, remitida en nombre del Senador se�or Navarro, concerniente a las metodolog�as para determinar el n�mero de fallecidos en accidentes de tr�nsito, seg�n los criterios estad�sticos usados por Carabineros y el Ministerio de Salud.

    
		Del se�or Presidente del Consejo Directivo del BancoEstado:

    
		Atiende solicitud de informaci�n, formulada en nombre del Senador se�or Kuschel, referente al estado de avance del sistema de seguro de vida para pescadores artesanales y su implementaci�n en las comunas de la Regi�n de Los Lagos.

    
		De la se�ora Directora del Servicio de Salud Araucan�a Sur:

    
		Responde solicitud de informaci�n, enviada en nombre del Senador se�or Garc�a, sobre estado de avance en la gesti�n de los Convenios con Financiamiento Plan Araucan�a y fecha m�s probable de su total tramitaci�n.

    
		Del se�or Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanizaci�n Regi�n del Biob�o:

    
		Da respuesta a petici�n de antecedentes, formulada en nombre del Senador se�or Navarro, referente a conformaci�n de la Plataforma Log�stica del Biob�o.

    
		Del se�or Alcalde de Coronel:

    
		Informa, en respuesta a petici�n de antecedentes enviada en nombre del Senador se�or Navarro, estado de avance del proyecto "Soluci�n integral de extensi�n de la red de alcantarillado, agua potable y pavimentaci�n Poblaci�n Estero Manco", en lo referente a la pavimentaci�n de las calles Ongolmo y Estero Manco, en esa comuna.

    
		Del se�or Alcalde de Temuco:

    
		Informa sobre el estado del proyecto educativo institucional de la Escuela Llaima para la jornada escolar completa y acerca de la desafectaci�n del �rea verde contigua a la actual edificaci�n, para facilitar su materializaci�n, cuesti�n consultada en nombre del Senador se�or Garc�a.

    
		--Quedan a disposici�n de Sus Se�or�as.

    
Informes

    
		De la Comisi�n de Trabajo y Previsi�n Social, reca�do en el oficio con que Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica requiere el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Consultivo Previsional, por el per�odo que se indica, a los se�ores Andras Uthoff Botka y Ricardo Paredes Molina (bolet�n N� S 1.493-05) (con la urgencia del inciso segundo del n�mero 5) del art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica).

    
		Informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y certificado de la Comisi�n de Hacienda reca�dos en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el art�culo 23 del decreto ley N� 3.551, de 1980 (bolet�n N� 8.333-06) (con urgencia calificada de "suma").

    
		De las Comisiones de Educaci�n, Cultura, Ciencia y Tecnolog�a y de Hacienda, sendos informes reca�dos en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que otorga beneficios a los deudores del cr�dito con garant�a estatal y modifica la ley N� 20.027 (bolet�n N� 7.898-04) (con urgencia calificada de "suma").

    
		De la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones, informe reca�do en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de polic�a local, para prohibir el env�o de citaciones en caso de que las infracciones sean registradas con el veh�culo en movimiento (bolet�n N� 7.292-15).

    
		--Quedan para tabla.

    
Mociones

    
		De los Senadores se�or Bianchi, se�ora Rinc�n y se�ores Cantero, Horvath y Mu�oz Aburto, con la que se da inicio a un proyecto que sustituye el inciso primero del art�culo 18 de la ley N� 19.628, sobre  protecci�n de la vida privada, para prohibir en los casos que indica la comunicaci�n de obligaciones impagas (bolet�n N� 8.458-03).

    
		--Pasa a la Comisi�n de Econom�a.

    
		Del Senador se�or Chahu�n, con la que inicia un proyecto de ley que incorpora como causal de cesaci�n en los cargos de Senador y Diputado la dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotr�picas ilegales (bolet�n N� 8.468-07).

    
		--Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

    
		De los Senadores se�oras Alvear y Allende y se�ores Mu�oz Aburto y Patricio Walker, con la que se da inicio a un proyecto que modifica el C�digo de Justicia Militar y la ley N� 20.477 en materia de competencia de los tribunales militares (bolet�n N� 8.472-07).

    
		--Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento y se manda poner en conocimiento de la Excelent�sima Corte Suprema.

    
Proyectos de acuerdo

    
	De los Senadores se�or Navarro, se�oras Alvear y Rinc�n y se�ores Girardi, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag y Tuma, con el que piden a esta Corporaci�n expresar su reconocimiento al se�or Juan Somav�a por su notable gesti�n como Director General de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, cargo desde el que ha dado un impulso sostenido al concepto de "trabajo decente" en el marco de la globalizaci�n de los procesos productivos (bolet�n N� S 1.499-12).

    
		--Queda para el Tiempo de Votaciones de la sesi�n ordinaria respectiva.

    
		Del Honorable se�or Escalona, con el que propone un conjunto de enmiendas al Reglamento del Senado al objeto de adecuarlo a la ley N� 19.447, que modific� la Ley Org�nica Constitucional del Congreso Nacional (bolet�n N� S 1.500-09).

    
		--Pasa a la Comisi�n de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

    
Comunicaci�n

    
		De Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Ind�genas Autoconvocados, con la que requieren el cumplimiento del Convenio N� 169 de la OIT, en materia de consulta a los pueblos interesados, durante la tramitaci�n en esta Corporaci�n del proyecto que modifica, en el �mbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiol�gicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigaci�n y fiscalizaci�n, la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenida en la ley N� 18.892 y sus modificaciones, correspondiente al bolet�n N� 8.091-21.

    
		--Pasa a la Comisi�n de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadan�a.

    
Solicitud de permiso constitucional

    
		Del Senador se�or Tuma, para ausentarse del territorio de la rep�blica a contar del 5 de agosto pr�ximo.

    
		--Se accede a lo solicitado.

    
El se�or ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa el informe de la Comisi�n de Hacienda reca�do en el proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que anticipa el pago del bono de la ley N� 20.506 ("bono bodas de oro") para los matrimonios que se indican (bolet�n N� 8.443-5) (con urgencia calificada de "discusi�n inmediata").

    
El se�or ESCALONA (Presidente).- Queda para tabla.

		Terminada la Cuenta.

  
    
ACUERDOS DE COMIT�S

    
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario General.

    
El se�or LABB� (Secretario General).- Los Comit�s, en reuni�n de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

    
		1.- Tratar en esta sesi�n, como si fuera de F�cil Despacho, el proyecto que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el art�culo 23 del decreto ley N� 3.551, de 1980.

    
		2.- Discutir a continuaci�n la iniciativa que modifica el C�digo Org�nico de Tribunales y la ley N� 19.665 en las materias que se�ala.

    
		3.- Colocar en F�cil Despacho de la sesi�n ordinaria de ma�ana el proyecto que anticipa el pago del bono de la ley N� 20.506, denominado "bono bodas de oro", para los matrimonios que se indican.

    
		4.- Considerar en el primer lugar del Orden del D�a de la sesi�n ordinaria de ma�ana la iniciativa que otorga beneficios a los deudores del cr�dito con garant�a estatal y modifica la ley N� 20.027.

    
		5.- En cuanto al proyecto que enmienda la ley N� 19.799, sobre documentos electr�nicos, firma electr�nica y servicios de certificaci�n de dicha firma, y otros textos legales que se�ala, enviarlo primero a la Comisi�n de Econom�a, y en seguida, a la de Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento.

    
		6.- Suspender la actividad de la Sala y de las Comisiones entre los d�as 12 y 16 de noviembre pr�ximo para los efectos de la tramitaci�n y despacho del proyecto de Ley de Presupuestos por la Comisi�n Especial Mixta.

		7.- Tocante al proyecto que establece incentivos especiales para las zonas extremas del pa�s, remitirlo, una vez despachado por la C�mara de Diputados, a las Comisiones de Hacienda y Especial de Zonas Extremas, unidas.

  
)---------(

  
El se�or ESCALONA (Presidente).- Ha solicitado el uso de la palabra el Honorable se�or Rossi.

  
		Puede intervenir, Su Se�or�a.

  
    
VINDICACI�N ANTE EXPRESIONES DE PRESIDENTE DE COMISI�N DE �TICA Y TRANSPARENCIA, SENADOR SE�OR HERN�N LARRA�N

    
      
El se�or ROSSI.- Se�or Presidente, quiero hacer uso de mi derecho a vindicaci�n, consagrado en el art�culo 114 de nuestro Reglamento, b�sicamente para rechazar de manera categ�rica las descalificaciones y los juicios de valor que realiz� el Presidente de la Comisi�n de �tica y Transparencia de la C�mara Alta, Senador Hern�n Larra�n, sobre mi honorabilidad, luego de dar una entrevista a prop�sito de mi opini�n respecto a la legalizaci�n del autocultivo de la marihuana y, adem�s, entregar un testimonio personal que ha generado, a mi parecer, un sano debate en nuestra sociedad.

      
		Las sustancias psicoactivas o drogas se han utilizado desde los albores de la Humanidad con diversos prop�sitos.

      
		Tan antiguo como el uso de las drogas ha sido tambi�n el intento de las sociedades humanas por controlar y fiscalizar su utilizaci�n.

      
		Durante siglos solo existi� un control social y cultural sobre las drogas, y es reci�n a mediados del siglo pasado cuando surge con fuerza la visi�n prohibicionista que criminaliza penalmente el consumo.

      
		La llamada "guerra a las drogas" y el paradigma prohibicionista, entonces, son relativamente recientes. De hecho, la Convenci�n �nica sobre Estupefacientes data de 1961.

      
		Pues bien, desde la d�cada pasada ha comenzado a surgir un fuerte cuestionamiento a ese enfoque criminal y represivo. 

      
		Seg�n esta nueva visi�n, la llamada "guerra contra las drogas" ha fracasado no solo porque el consumo ha seguido subiendo, sino asimismo porque ha generado mayor da�o, m�s violencia, corrupci�n, lavado de dinero; incluso, algunos hablan de la conformaci�n de verdaderos "narcoestados".

      
		Uno de los hitos m�s destacables de esta nueva visi�n se plasm� en la llamada "Declaraci�n de Viena", del a�o 2010, suscrita no solo por importantes l�deres pol�ticos, como Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y C�sar Gaviria, sino tambi�n por relevantes miembros de la comunidad cient�fica, como la premio nobel de medicina Fran�oise Barr�-Sinoussi, e intelectuales, como Mario Vargas Llosa.

      
		En lo esencial, la Declaraci�n de Viena es una proclama que llama a los pa�ses a debatir y a cambiar sus pol�ticas de control de drogas basadas en la ley penal y en la criminalizaci�n por otras que, asentadas en la evidencia cient�fica, impliquen un mayor grado de integraci�n social y avances reales en materia de salud p�blica.

      
		Seg�n se�ala el propio Fernando Henrique Cardoso, "Las pol�ticas represivas est�n firmemente basadas en prejuicios, miedos y en posturas ideol�gicas. La manera de salvaguardar los derechos humanos, la seguridad y la salud est� relacionada con estrategias de paz y no de guerra".

      
		En ese contexto, el consumo personal y privado de marihuana no constituye falta ni delito alguno y es, a mi juicio, una materia que no afecta la honorabilidad de quien libremente ejerce ese derecho, m�s all� de los prejuicios y miedos que otros puedan tener al respecto. Y, aun, pienso que la legalizaci�n del autocultivo controlado puede constituir un mecanismo eficaz contra el consumo de drogas m�s nocivas, ya que implicar�a que los consumidores de marihuana no tuvieran contacto con los traficantes. Todo esto, sumado al uso terap�utico de la marihuana, por ejemplo, en casos de c�ncer terminal.

      
		Por intermedio de la Mesa, debo decirle al se�or Presidente de la Comisi�n de �tica del Senado que el tema planteado es parte de la �tica social, que en una democracia no es absoluta, sino diversa y cambiante en el tiempo.

      
		En Chile, hasta hace pocos a�os la homosexualidad era un delito, y hoy estamos protegiendo la diversidad, e incluso, regulando las relaciones de pareja entre personas de un mismo sexo.

      
		Desde mi perspectiva �tico-social, resulta indispensable que cada persona pueda, en la esfera de su intimidad, consagrada en el art�culo 19, n�mero 4�, de la Constituci�n, gozar en este tema de un �mbito de libertad.

      
		Se�or Presidente de la Comisi�n de �tica del Senado -de nuevo por intermedio de la Mesa-, sus descalificaciones, e incluso algunas amenazas, se acercan m�s a una visi�n autoritaria de la democracia, ya que buscan imponer a partir de las sanciones determinada visi�n del mundo, y en este caso espec�fico, del consumo de drogas.

      
		El que un Senador de la Rep�blica reconozca una conducta individual que no constituye delito ni falta alguna, y que adem�s lo haga como forma de promover un debate necesario y urgente en nuestro pa�s, no es ni con mucho una falta a la �tica que debe regir a las autoridades p�blicas. Creo que la mentira y la hipocres�a son infinitamente peores. 

      
		La libertad, como parte esencial de la dignidad humana, debe ser defendida en todas sus formas, ya que su vulneraci�n constituye la destrucci�n de la personalidad del hombre.

      
		La Constituci�n de un pa�s hermano, muy similar a la nuestra, se�ala: "Las acciones privadas de los hombres que de ning�n modo ofendan al orden y a la moral p�blica, ni perjudiquen a un tercero, est�n s�lo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ning�n habitante de la naci�n ser� obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no proh�ba".

      
		Por lo expuesto, solicito la inhabilidad del Senador Hern�n Larra�n, en cuanto Presidente de nuestra Comisi�n de �tica y Transparencia, para ver cualquier materia referente a mi persona en este caso, si es que as� alguien lo estimase conveniente, ya que sus declaraciones constituyen abiertamente un prejuicio que lo implica y recusa en forma evidente.

		He dicho.

    
El se�or ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Honorable se�or Hern�n Larra�n.

    
      
El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, en primer lugar, quiero puntualizar que el derecho a vindicaci�n establecido por el Reglamento tiene un alcance bastante preciso, ya que dice relaci�n con las referencias a un miembro de la Corporaci�n que un orador haga en forma indebida, impropia, en el Hemiciclo. No recuerdo haber empleado ninguna expresi�n que hiciera aplicable dicho ordenamiento o que permitiese al Senador se�or Rossi formular un alegato en tal sentido.

      
		Mas esa es una formalidad. En lo sustantivo, he escuchado lo expuesto por Su Se�or�a, quien se ha extendido latamente acerca de declaraciones que habr�an afectado su honorabilidad, y, sin embargo, no ha mencionado ninguna, precisa y concreta, de la cual se pudiera desprender esa conclusi�n. Si quien habla fuera consciente de haber dicho algo en ese orden de cosas -ciertamente, en ning�n momento ha abrigado la intenci�n, en el debate, de afectar la honra del se�or Senador-, ser�a el primero en disculparse; pero como no se ha especificado nada que pudiese interpretarse en esa forma, por no mediar ninguna cita de palabras que lleven a inferirlo, me parece que tal planteamiento se halla completamente fuera de lugar.

      
		He consignado expresamente, adem�s, que el que nos ocupa no es un problema moral, como tampoco legal. Lo que he aseverado es que se trata de una cuesti�n de responsabilidad, porque -y repito la argumentaci�n- si un pa�s como el nuestro ha contemplado como pol�tica de Estado, tanto en el Gobierno anterior como en el actual, impedir el consumo de drogas sobre todo en los m�s j�venes, por estimarse da�ino, y ha contemplado normas para que todas las autoridades, excepto los parlamentarios, se abstengan de recurrir a ellas y se sometan a controles peri�dicos, es necesario que estas, mientras exista tal directriz, sean un ejemplo, un modelo. Y nosotros no podemos encontrarnos excluidos, porque, en tal caso, estar�amos amparando, de alguna manera, conductas que van contra lo que ha sido la pol�tica de Estado en la materia durante muchos a�os.

      
		Eso es lo que me parece una irresponsabilidad pol�tica. No estoy emitiendo un juicio de valor: estoy expresando una opini�n probablemente contraria a la del Senador se�or Rossi. Pero entiendo que en una democracia podemos discrepar, podemos mantener diferencias, podemos emitir juicios respecto de lo que significa la acci�n de una persona o de otra. No pretendo que me asisten la raz�n �ltima ni la verdad, pero s� tengo derecho a decir lo que pienso.

      
		Tampoco he invocado mi condici�n de Presidente de la Comisi�n de �tica, porque no corresponde, aunque, por cierto, si un periodista me la cuelga, no tengo como evitarlo, por ser la calidad que invisto. Pero, consultado respecto de si pensaba llevar a ese �rgano t�cnico a mi Honorable colega por sus declaraciones, respond� en forma negativa, por no parecerme lo procedente. Insisto en que no he observado en sus palabras algo que constituya un motivo para someterlo a esa instancia, ni estimo que haya cometido alg�n tipo de ilicitud, porque nuestras normas permiten el consumo privado de drogas como la marihuana. De manera que no ha sido eso lo que me ha motivado a hablar.

      
		Lo que s� he manifestado es que se est� trabajando en un C�digo de Pr�cticas de Buena Conducta Parlamentaria, en donde pienso que deber�an incorporarse disposiciones de esta naturaleza. Pero eso no va a definirlo quien habla, sino la Comisi�n, primero, y luego la Sala, cuando le propongamos el compendio de normas que creemos que deben contemplarse para una mayor claridad en la materia.

      
		Por lo tanto, se�or Presidente, estimo que las expresiones del se�or Senador, no solo no se ajustan al Reglamento, sino tampoco a la realidad, porque, manteniendo diferencias muy profundas, a lo mejor, en la materia, respeto su opci�n. Lo que no comparto es que una conducta de esta �ndole sea responsable, desde un punto de vista pol�tico, en una naci�n que no quiere el consumo de drogas.

      
		Ahora, si se quiere convertir a Chile en el para�so de la marihuana, si se quiere legalizar su consumo, abrirlo y que ella sea adquirida como los cigarrillos, esa es una discusi�n que tenemos que llevar a cabo. Si el Senador se�or Rossi u otro o cualquier persona se hallan en una posici�n distinta, estimo que ejercen su leg�timo derecho al promoverla. Pero reclamo el m�o, no solo de estar en desacuerdo, sino tambi�n de manifestar por qu� es as� y de se�alar, con gran respeto, mas con la mayor fuerza posible, que una pol�tica de esa naturaleza me parecer�a extraordinariamente inconveniente para Chile, para su juventud, para sus escolares, �mbito en el cual se ha incrementado notablemente en el �ltimo tiempo el consumo de la hierba.

      
		Y, m�s all� de cualquier consideraci�n m�dica, �rea en la que carezco de competencia, puedo se�alar que el grueso de los pa�ses la tiene prohibida. En Estados Unidos, Alaska, por ejemplo, que la legaliz�, a los cinco a�os tuvo que repenalizar -es lo que textualmente ocurri�- por el incremento masivo del consumo y sus da�os complementarios o anexos.

      
		Se trata de una discusi�n pol�tica que no guarda relaci�n alguna con problemas de honorabilidad. Por lo menos hasta este minuto, no he escuchado proferir ninguna expresi�n en ese sentido.

		He dicho.

    
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Allende.

    
      
La se�ora ALLENDE.- Se�or Presidente, ser� muy breve.

      
		Juzgo que este no es el momento de entrar en el debate de fondo. He escuchado atentamente tanto al Senador se�or Rossi como al Senador se�or Larra�n y, claro, aqu� se est�n planteando aspectos que tienen que ver m�s bien con esa etapa. Imagino que, en la medida en que se presente la moci�n respectiva, tendremos la oportunidad de entrar a una discusi�n como la que les corresponde a los parlamentarios, con toda la altura de miras necesaria para saber cu�l va a ser, en definitiva, la votaci�n de un proyecto de tales caracter�sticas o la adhesi�n que genera.

      
		Ped� intervenir simplemente para decir lo siguiente. Me alegro, por un lado, de escuchar al Senador se�or Larra�n puntualizar que no ha pensado en alg�n momento en plantear la invitaci�n al Honorable se�or Rossi de concurrir a la Comisi�n de �tica; pero tengo que exponer, por el otro, que si bien es cierto que puede haber actuado a t�tulo personal -y lo entiendo-, no puede negarse el hecho de que es Presidente de ese �rgano t�cnico, y me parece que tiene que ser extraordinariamente prudente en cualquier declaraci�n p�blica en que exhiba esa calidad, ya que, l�gicamente, inhabilita bastante la emisi�n de juicios antes de que la Comisi�n, como tal, incluso se haya reunido.

      
		Porque no fueron las �nicas expresiones. La verdad es que conocimos varias, de distintos parlamentarios, algunas de ellas formuladas en t�rminos bastante cautos, y otras, casi beligerantes, dir�a, lo que me parece que no corresponde, por ser leg�timos, en democracia, distintos puntos de vista, opciones y posiciones, y el tema resulta absolutamente debatible. Cuando empezamos con las descalificaciones, vamos bastante mal.

      
		Entonces, quer�a hacer la presente prevenci�n, porque, formando parte de la Comisi�n de �tica, estimo que si algo tenemos que resguardar es el debido proceso, lo que significa que no se pueden emitir de antemano declaraciones p�blicas en una cierta l�nea contraria a una posici�n, m�s all� de la opini�n personal que se sostenga, porque, claramente, el primero no queda bien resguardado.

      
		As� que, como integrante de la Comisi�n, se�or Presidente, quer�a hacer hincapi�, por si tomamos ma�ana la decisi�n de tratar el asunto, en que tengamos mucho cuidado en la forma, justamente, ya que no puede ser -repito- que se hagan declaraciones previas p�blicamente. Ser�a muy distinto si se resolviera abordarlo a ra�z de distintas expresiones en la materia: obviamente, corresponder�a invitar al Honorable se�or Rossi para que diera sus argumentos y las razones por las cuales ha cre�do conveniente dar un testimonio personal. Pero insisto en la gran precauci�n que es preciso mantener en la manera de expresarse.

		He dicho.

    
El se�or ESCALONA (Presidente).- Su intervenci�n se halla fuera de Reglamento, se�ora Senadora.

  
  
)------------------(

  
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- �Me permite, se�or Presidente?

  
El se�or ESCALONA (Presidente).- S�, Su Se�or�a.

  
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Pido dar m�s plazo para presentar indicaciones al proyecto que reforma la Ley de Quiebras, pues venci� el fijado para tal efecto. Habiendo conversado con otros miembros de la Comisi�n de Econom�a y con algunos se�ores Senadores, ser�a deseable extenderlo hasta el d�a 10 de agosto.

  
El se�or ESCALONA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acceder�.

  
		--As� se acuerda.

  
    
V. ORDEN DEL D�A

    
      
MODIFICACI�N DE ESCALA DE SUELDOS BASE PARA PERSONAL DE MUNICIPALIDADES

      
        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Conforme a lo acordado por los Comit�s, corresponde tratar, como si fuera de F�cil Despacho, el proyecto de ley, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las municipalidades por el art�culo 23 del decreto ley N� 3.551, de 1980, con informe de la Comisi�n de Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n y certificado de la Comisi�n de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "suma".

        
	--Los antecedentes sobre el proyecto (8333-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Proyecto de ley:

        
	En segundo tr�mite, sesi�n 33�, en 10 de julio de 2012.

        
	Informes de Comisi�n:

        
	Gobierno, Descentralizaci�n y Regionalizaci�n: sesi�n 37�, en 31 de julio de 2012.

        
	Certificado de la Comisi�n de Hacienda: sesi�n 37�, en 31 de julio de 2012.

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario.

        
El se�or LABB� (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es aumentar progresivamente las remuneraciones de los funcionarios municipales de manera que en el plazo de cuatro a�os homologuen sus sueldos base con los de los funcionarios p�blicos del nivel central.

        
		La Comisi�n de Gobierno, por la unanimidad de sus miembros, Senadores se�ores Bianchi, Coloma, Rossi, Sabag y Zald�var, acogi� la idea de legislar.

        
		Por su parte, la Comisi�n de Hacienda la aprob� por 3 votos a favor, de los Honorables se�ores Garc�a, Lagos y Novoa, y 2 abstenciones, de los Senadores se�ora Rinc�n y se�or Frei.

        
		El texto que se propone sancionar en general se transcribe en el bolet�n comparado que Sus Se�or�as tienen a su disposici�n en los computadores.

El se�or ESCALONA (Presidente).- En discusi�n general el proyecto.

      
		Tiene la palabra el Honorable se�or Frei.

      
        
El se�or FREI (don Eduardo).- Se�or Presidente, en la �ltima reuni�n de la Comisi�n de Hacienda antes de la semana regional se pidi� aprobar la iniciativa que ahora nos ocupa a fin de que pasara de inmediato a la Sala en la sesi�n del mi�rcoles 18 de julio.

        
		Nosotros pedimos recibir a la Asociaci�n Chilena de Municipalidades y contar con la opini�n tambi�n de los empleados del sector, ya que se trata de una normativa importante y de una nivelaci�n obtenida por estos �ltimos con el Gobierno y la entidad mencionada.

        
		El proyecto lleg� sin financiamiento a dicho �rgano t�cnico. Seg�n lo logrado, el costo ascender�a a 24 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno aportar�a dos cuotas de 6 mil millones cada una, correspondientes al segundo semestre en curso y a 2013, y la Asociaci�n cubrir�a la diferencia, de 12 mil millones. Desde ese punto de vista, lo consideramos algo factible. Pero el problema radica en que, a partir de 2014, el monto total va a recaer ciento por ciento en los municipios. Sobre esa base formulamos nuestras observaciones.

        
		Deseo reiterar lo que advert� en la Comisi�n: desde hace muchos a�os venimos escuchando a los alcaldes quejarse de los parlamentarios, quienes aprueban iniciativas cuyo alto financiamiento no puede ser enfrentado por los municipios. Y el pato de la boda lo pagan las comunas peque�as.

        
		En el caso concreto de las dos Regiones que represento, dos comunas no enfrentar�n dificultades, pero s� otras 13, por vivir del Fondo Com�n Municipal y carecer de recursos adicionales. Y las cantidades que nos ocupan son importantes para ellas.

        
		Por esa raz�n, despu�s de escuchar a representantes de la Asociaci�n Chilena de Municipalidades y a dirigentes de distintas entidades gremiales, el proyecto se aprob� por tres votos a favor y dos abstenciones. Una de ellas fue la m�a, para facilitar su paso a la Sala. No estoy en condiciones de pronunciarme a favor de un articulado que significa una carga de ese volumen para las municipalidades, sobre todo en un plazo largo. Si fuera por un a�o o un a�o y medio, se podr�a comprender que hiciesen un esfuerzo por 12 mil millones de pesos, pero no por 24 mil millones en forma definitiva, a menos que en el Presupuesto fiscal de 2013 o 2014 se subsanara de alguna manera la situaci�n. Tal es el motivo por el cual tomamos esa decisi�n el d�a de ayer.

        
		Y reitero mi disposici�n.

        
		El Presidente de la Asociaci�n de Municipalidades, que particip� con su equipo, manifest� claramente que entend�a nuestra oposici�n o reflexi�n sobre el financiamiento.

        
		Alrededor de 50 comunas -podr�a extenderse el n�mero hasta 100 de ellas, correspondientes a cabeceras regionales o provinciales y a las m�s grandes- se encuentran en condiciones, sin duda, de asumir los montos respectivos, pero no las dem�s, en su mayor�a rurales, porque, como dije, viven ciento por ciento del Fondo Com�n Municipal y las obras que ejecutan se llevan a cabo con proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, pues carecen de plata para inversi�n.

        
		Subrayo que hemos escuchado reiteradamente a los municipios quejarse de que los parlamentarios aprobamos iniciativas que representan para ellos un d�ficit que despu�s deben seguir absorbiendo.

        
		Se plantearon distintas posiciones, pero insist� en mi postura. Y as� lo hice saber en la Comisi�n de Hacienda. Me parece que no es bueno -repito que por una sola vez se entiende, pero no en forma definitiva- cargarles estos montos a las municipalidades.

		He dicho.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable se�or Pizarro asuma como Presidente accidental.

      
		Acordado.

      
El se�or PIZARRO (Presidente accidental).- Puede intervenir el Senador se�or Coloma.

      
        
El se�or COLOMA.- Se�or Presidente, me parece que el proyecto de ley ha sido largamente esperado, no solo por los funcionarios del sector -aqu� tengo un punto de inflexi�n con el Honorable colega que me antecedi� en el uso de la palabra-, sino tambi�n por los municipios y las personas.

        
		Al funcionar bien las instituciones, todos funcionan bien. Y, obviamente, cuando se van registrando distorsiones remuneracionales en el mundo de que se trata, que es el que se halla m�s cerca de la gente, ello va afectando tanto la labor de los municipios como a los ciudadanos que forman parte de la comunidad.

        
		De ah� que la cuesti�n diera lugar a una aspiraci�n muy sentida, en virtud de la cual las asociaciones respectivas y los municipios coincidieron, con raz�n, en una iniciativa que subsanar�, aunque sea parcialmente, los desniveles que se han ido presentando. La compensaci�n tendr� lugar a trav�s de un bono no imponible ni tributable por las diferencias mensuales que se han ido verificando, sobre la base del a�o 2012.

        
		En la Comisi�n de Gobierno preguntamos espec�ficamente por el financiamiento, que formaba parte de las preocupaciones del �rgano t�cnico, y los representantes de la Asociaci�n Chilena de Municipalidades nos explicaron que se hab�a llegado a un acuerdo mediante el cual el Estado pondr�a 6 mil millones de pesos en el a�o en curso, y ellos, el saldo restante. �Hasta cu�ndo? Hasta que en la discusi�n presupuestaria se pueda ojal� coincidir en una respuesta m�s continua.

        
		Se ha expresado que el sistema no es bueno. Lo �nico que digo es que mucho peor ser�a no efectuar la nivelaci�n. Y, desde una perspectiva de ordenamiento econ�mico, espero que en los Presupuestos de 2013 y de 2014 se puedan considerar estos fondos como una realidad permanente. Pero no me cabe duda de que el paso intermedio, discutido en la Comisi�n de Gobierno, en orden a generar un acuerdo para que tanto al Estado como a los municipios les correspondan partes iguales, constituye un avance muy relevante en ese �ltimo �mbito. Por eso, la iniciativa gener� unanimidad al menos en dicho �rgano t�cnico.

        
		Y me parece bien que el proyecto se haya tratado en primer lugar en la presente sesi�n, pues una postergaci�n carecer�a de sentido. Es preciso apuntar a una nivelaci�n para que, de esa manera, los municipios puedan trabajar de mejor forma.

        
		En consecuencia, vamos a apoyar el texto en estudio, porque nos parece justo y necesario.

		He dicho.

      
El se�or PIZARRO (Presidente accidental).- Les recuerdo a Sus Se�or�as que estamos discutiendo la materia como si fuera de F�cil Despacho. Se han inscrito ocho se�ores Senadores para intervenir, m�s el se�or Ministro.

      
		Si procedemos en forma r�pida, podr�amos acomodarnos...

      
El se�or LARRA�N.- En ese caso, pedir� la palabra.

      
El se�or PIZARRO (Presidente accidental).- Su Se�or�a puede sentirse representado por su colega de bancada que integra la Comisi�n de Gobierno.

      
El se�or G�MEZ.- Se puede abrir la votaci�n y quienes lo deseen podr�n fundamentar el voto.

      
	El se�or PIZARRO (Presidente accidental).- Eso es m�s razonable. 

      
			Si hay acuerdo -veo muy entusiasmados a los se�ores Senadores-, abrir� la votaci�n.

      
			Acordado.

      
			Pero antes ofrezco la palabra al se�or Ministro, pues, reglamentariamente, no podr� otorg�rsela una vez que se inicie la votaci�n.

      
			Puede intervenir, se�or Ministro.

      
        
El se�or LARROULET (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Muchas gracias, se�or Presidente.

        
			Ser� breve.

        
			Este proyecto, sin lugar a dudas, es muy relevante, por cuanto propone eliminar la brecha de salarios entre los funcionarios municipales y los empleados del mismo grado regidos por la Escala �nica de Sueldos.

        
			Recordemos que en el a�o 2007 se dict� la ley N� 20.198, que permiti� acortar esa distancia. Y ahora la estamos eliminando.

        
			Respecto del tema de fondo planteado aqu�, relativo al financiamiento para terminar con esa brecha, creo que ya se han dado suficientes antecedentes. Pero quiero agregar otro que me parece esencial para que los Senadores tomen una decisi�n adecuada. 

        
			La iniciativa en debate va acompa�ada tambi�n de una pol�tica del Gobierno orientada a aumentar los recursos para los municipios, en especial, como se ha dicho en esta sesi�n, para los m�s vulnerables, los que pertenecen a comunidades rurales, los cuales se financian en gran parte -casi en el cien por ciento- con el Fondo Com�n Municipal.

        
			Hemos subido el aporte a dicho fondo en una cantidad significativa de recursos en los �ltimos dos a�os.

        
			Adem�s -y esto es una novedad-, el a�o pasado se aprob� en la Ley de Presupuestos una compensaci�n a las municipalidades por las exenciones del impuesto territorial. Este es uno de los problemas de financiamiento m�s delicados que aqueja a los municipios. Y ahora el Gobierno los est� compensando por las exenciones del referido tributo.

        
			�Cu�les son las municipalidades m�s beneficiadas con dicha medida? Precisamente las que integran comunidades donde hay un porcentaje mayor de poblaci�n vulnerable.

        
			De esa manera se est� mejorando el financiamiento permanente que requieren tales municipios.

			Muchas gracias, se�or Presidente.

      
	El se�or PIZARRO (Presidente accidental).- A usted, se�or Ministro.

      
			En votaci�n la idea de legislar. 

      
			--(Durante la votaci�n).

      
	El se�or PIZARRO (Presidente accidental).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador se�or Andr�s Zald�var.

      
        
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Se�or Presidente, como se�al� el Honorable se�or Coloma, este proyecto, que fue discutido en la Comisi�n de Gobierno, cumple con una aspiraci�n que los funcionarios municipales plantean desde hace mucho tiempo.

        
			Como se record�, ya se dio un paso para lograr la finalidad de nivelar la escala de sueldos de los funcionarios municipales con la escala �nica fiscal. En 2007 se dio ese primer paso. Pero queda pendiente -lo estar�, mientras no aprobemos el proyecto- esta segunda fase.

        
			Efectivamente en la Comisi�n se nos indic� que hubo una negociaci�n entre las organizaciones gremiales de los municipios, la Asociaci�n Chilena de Municipalidades y el Gobierno para lograr el referido objetivo.

        
			La iniciativa propone nivelar las escalas de sueldos en cuatro a�os. 

        
			En la Comisi�n de Gobierno se analiz� tambi�n, como ya se precis�, lo relativo al financiamiento para llevar a cabo lo que se propone. Si bien es cierto que se est� aumentando el Fondo Com�n Municipal, cabe consignar que en este Parlamento, cuando se aprueban proyectos que imponen cargas a las municipalidades, normalmente reclamamos por no entregar los recursos necesarios para cumplirlas.

        
			Ya vimos este problema aqu� hace poco tiempo, cuando se posibilit� la creaci�n de una serie de juzgados de polic�a local sin otorgar el financiamiento respectivo. De ese modo, se hac�a casi ilusa la autorizaci�n para crear tales tribunales.

        
			En el caso que nos ocupa, el Gobierno solo va a entregar dos cuotas de 6 mil millones de pesos durante dos a�os. Despu�s, por supuesto, ese costo incidir� en los presupuestos municipales. Sin embargo -y por eso dimos nuestro voto de apoyo al proyecto-, creemos que no por eso se debe impedir que los funcionarios municipales logren un objetivo que han perseguido durante tanto tiempo.

        
			El Ejecutivo tendr� que responder despu�s por el posible desfinanciamiento municipal que se produzca a ra�z de la aplicaci�n de esta futura ley. 

        
			�Pero por ning�n motivo debe dejar de aprobarse esta iniciativa! Hay que respaldarla porque es de justicia para los funcionarios municipales: deben tener una escala de sueldos similar a la de los empleados p�blicos.

        
			Por otra parte, me parece muy bien que se haya propuesto abrir un plazo para presentar indicaciones hasta el pr�ximo lunes. Ahora, de acuerdo con la normativa constitucional, el �nico que puede formularlas en este caso es el Gobierno. Por lo tanto, si este no presenta ninguna hasta esa fecha, el Presidente del Senado, luego de que el Secretario d� cuenta de ello, tendr� que dar por aprobado el proyecto en particular, quedando cumplido su tr�mite en esta Corporaci�n, con lo cual se concretar� una aspiraci�n de los funcionarios municipales, que me parece -insisto- de toda justicia.

        
			Por ello, voto que s�.

			--(Aplausos en tribunas).

      
	El se�or PIZARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador se�or Garc�a.

      
        
El se�or GARC�A.- Se�or Presidente, los Senadores de Renovaci�n Nacional vamos a votar favorablemente esta iniciativa por varias razones.

        
			La primera es porque se hace cargo de una sentida aspiraci�n de los funcionarios municipales: completar el proceso de homologaci�n de sus sueldos con los del sector p�blico; es decir, a mismo grado, igual renta.

        
			En segundo lugar, porque tenemos la convicci�n de que los municipios (chicos, medianos y grandes) contar�n con los recursos para hacerse cargo del mayor gasto que representa este incremento, el cual, adem�s, es gradual: parte en 2012 y termina en 2015.

        
			�Por qu� afirmo que las municipalidades dispondr�n de los recursos necesarios? Porque durante el Gobierno del Presidente Pi�era el Fondo Com�n Municipal ha pasado de 628 mil millones de pesos en el a�o 2011 a 711 mil millones de pesos este a�o. O sea, los municipios est�n administrando alrededor de 90 mil millones de pesos m�s, recursos que sirven para financiar, entre otras materias, esta important�sima enmienda legal: la homologaci�n de renta de todos los funcionarios. 

        
			Adem�s, se suman otros 20 mil millones de pesos, que, tal como dijo el Ministro Larroulet, se destinan a paliar los menores ingresos que obtienen los municipios m�s pobres, debido a que recaudan mucho menos en materia de impuesto territorial.

        
			Esos 20 mil millones se entregaron durante 2011. Para el presente a�o, esa compensaci�n superar� los 35 mil millones de pesos.

        
			Adicionalmente, hay que recordar que el Fisco efectuar� un aporte de 12 mil millones de pesos para contribuir al financiamiento de este proyecto: 6 mil millones para este a�o y 6 mil millones para el 2013.

        
			Se�or Presidente, en lo central, aqu� se busca materializar un principio de igualdad: al mismo grado, la misma renta. Porque todos son servidores del Estado. 

        
			Ello permite completar un proceso que, como se ha se�alado, se inici� en 2007. 

        
			Ahora, los funcionarios municipales, a trav�s de sus dirigentes, han sido muy claros en se�alar que, con lo propuesto, no se cierran las brechas existentes entre el sector p�blico y el municipal. En efecto, ocurre que frente a iguales responsabilidades, normalmente los funcionarios municipales tienen grados inferiores a los que ocupan los de la Administraci�n del Estado. Por lo tanto, aquellos aspiran, leg�timamente, a que el paso siguiente sea la homologaci�n total: que a id�nticas obligaciones correspondan grados equivalentes.

        
		Se�or Presidente, el proyecto -�qu� duda cabe!- es un avance. Por eso lo votamos favorablemente.

		--(Aplausos en tribunas).

      
El se�or PIZARRO (Presidente accidental).- Les pido a los asistentes en las tribunas que guarden silencio. 

      
		�Estando transitoriamente en la testera, imag�nense lo que pasar�a si hago desalojar las tribunas...!

      
		Tiene la palabra el Senador se�or Bianchi.

      
        
El se�or BIANCHI.- Se�or Presidente, sin duda la iniciativa que nos ocupa constituye una leg�tima aspiraci�n de nuestros queridos funcionarios municipales de todo el pa�s, quienes han luchado por eliminar la brutal diferencia que existe con sus colegas del sector p�blico. A los municipales se los consideraba p�blicos, dependiendo de la conveniencia de la situaci�n. Por lo tanto, la homologaci�n propuesta, la igualaci�n no solo es justa, sino tambi�n necesaria. 

        
		Me alegra participar en esta sesi�n para, una vez m�s, apoyar, respaldar y respetar la funci�n y la carrera de dichos funcionarios.

        
		El Senador se�or Frei, quien me antecedi� en el uso de la palabra, tiene raz�n en algo que es importante recalcar -tambi�n lo manifest� el Honorable se�or Zald�var-: el plazo para presentar indicaciones ser� hasta el pr�ximo lunes, y el �nico que puede formularlas en esta l�nea es el Ejecutivo. Yo quiero valerme de tal situaci�n para pedirle al Gobierno que incluya una norma que haga que el Estado de Chile deje de ser el peor empleador. Hoy tenemos una oportunidad para ello.

        
		Si bien vamos a votar favorablemente la idea de legislar, llamo la atenci�n sobre lo que se�ala el art�culo 2� de la iniciativa: "Ot�rgase un bono no imponible ni tributable, equivalente a la suma de las diferencias mensuales que represente la aplicaci�n del aumento de los sueldos bases para el a�o 2012 dispuesto en el art�culo 1�". Repito: "Ot�rgase un bono no imponible". 

        
		El da�o previsional de los funcionarios municipales, como el de tantos otros -hace unos d�as me reclamaba lo mismo la gente de la salud, �con mucha raz�n!-, implica que jubilar�n con pensiones con las cuales no podr�n vivir. �Esto lo hemos dicho incansablemente! Por eso tal vez a las se�oras Senadoras y a los se�ores Senadores no les asombre lo que estoy se�alando.

        
		�Este asunto lo hemos reclamado mucho, se�or Presidente!

        
		Si el Gobierno quiere hoy pasar "la prueba de la blancura" y avanzar para dejar de ser un muy mal empleador, bueno, �que haga que el bono mencionado sea imponible! De ese modo, el d�a de ma�ana aquellos a los que hoy estamos defendiendo percibir�n jubilaciones que les permitir�n subsistir.

        
		Felicito a las directivas de los funcionarios municipales, porque esta ha sido una gran lucha. Por muchos a�os, ellos estuvieron en una condici�n distinta, por debajo de los empleados p�blicos. Hoy, con esta homologaci�n, con esta igualaci�n, se est� haciendo justicia. 

        
		Pero el Gobierno ser�a tremendamente injusto si no acogiera lo indicado para el art�culo 2�. Solo �l puede modificar dicha norma; nosotros no poseemos facultad para ello. El bono no debiera perjudicar a los funcionarios municipales, como s� lo hace la redacci�n propuesta, que lo considera no imponible. Si bien ello les va a servir en un primer momento, lo deseable es que la iniciativa tambi�n permita recuperar la dignidad del trabajador, a fin de que, cuando las mujeres y los hombres de la estructura municipal deban jubilar, no se vean perjudicados por el detrimento se�alado.

        
		Voy a votar que s�, saludando a los funcionarios municipales de mi pa�s. Y voy a seguir colaborando con ellos. Pero ojal� el Ejecutivo acoja la petici�n que le hemos formulado. No obstante saber que es poco probable que as� ocurra, vamos a apoyar el presente proyecto de ley.

        
		He dicho.

		--(Aplausos en tribunas).

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable se�ora Rinc�n.

      
		--(Manifestaciones en tribunas).

      
        
La se�ora RINC�N.- Se�or Presidente, s� que a veces nuestro rol no es "monedita de oro" para todos. Lo digo porque escuch� pifias desde arriba.

        
		Hago presente que esta iniciativa es tremendamente importante para los funcionarios municipales; que todos los miembros de la Comisi�n de Hacienda -sin excepci�n- nos hallamos absolutamente de acuerdo con la propuesta legislativa; que esta nos parece justa; que responde a una vieja aspiraci�n de los trabajadores municipales, y que, sin duda, cualquier empleado p�blico debe percibir la misma remuneraci�n si cumple igual funci�n.

        
		Pero el punto que discutimos -y se lo explicamos a los funcionarios municipales (yo lo hice en mi Regi�n y a nivel nacional)-, es que no podemos seguir imponi�ndoles mediante leyes obligaciones a los municipios, a los servicios p�blicos o a las distintas reparticiones sin darles los recursos para que las cumplan.

        
		El Senador se�or Frei lo ha explicado en detalle. Estamos hablando de pedirles a los municipios un esfuerzo adicional pero con los mismos recursos. Y eso nos parece grave. 

        
		Es m�s, el proyecto de ley -lo se�al� el Honorable se�or Bianchi- establece que durante los meses en que no habr� incremento de remuneraci�n para los funcionarios municipales se otorgar� un bono equivalente a la suma de las diferencias mensuales, el cual no va a ser imponible.

        
		�Cu�ntas veces hemos escuchado, en las Comisiones y en la Sala, el reclamo de los funcionarios p�blicos por el da�o previsional que se les causa por este tipo de normativas!

        
		Se�or Presidente, nosotros recorremos las comunas de nuestras circunscripciones, y en ellas escuchamos la queja de concejales, alcaldes y, tambi�n, de funcionarios municipales por la falta de recursos en los municipios m�s pobres del pa�s. 

        
		�En Regiones, la inequidad se nota! 

        
		Hoy d�a estamos legislando para hacer una reparaci�n que parece justa, pero a costa del presupuesto de las municipalidades en que laboran los hombres y las mujeres que buscamos beneficiar. �Por qu� digo esto? Porque los municipios deber�n responder a la obligaci�n legal que les imponemos con los mismos recursos con que cuentan, en una cifra importante.

        
		Algunos han indicado que se deben considerar ciertos montos relevantes: 90 mil millones de pesos adicionales, por una parte; 20 mil millones de pesos, por otra. Sin embargo, todos sabemos que las municipalidades, en la mayor�a de los casos, administran necesidades. 

        
		Los 20 mil millones de pesos a los que hizo menci�n el Honorable colega Jos� Garc�a, Presidente de la Comisi�n de Hacienda, tienen que ver con recursos que los municipios requer�an para cumplir con obligaciones ya establecidas. �No son dineros adicionales de libre disposici�n! �Son recursos que se necesitaban!

        
		Se�or Presidente, nos estamos equivocando una vez m�s, no en legislar sobre la homologaci�n -la creemos necesaria y fundamental-, sino en establecerla sin otorgar recursos frescos a los municipios para cumplir con las nuevas obligaciones.

        
		Finalmente, en el art�culo 4� del proyecto se se�ala: "El mayor gasto que irrogue la aplicaci�n de esta ley ser� de cargo exclusivo de los municipios". Creo que el Ejecutivo debe cambiar la forma de legislar en esta materia. Y no lo digo por el actuar de este Gobierno. El problema se arrastra desde siempre.

        
		No resulta sano imponer nuevas obligaciones y no conceder los recursos para cumplirlas. 

        
		Ese es el punto. 

        
		No estamos en contra -que lo sepan las asociaciones que escuchamos en la Comisi�n de Hacienda- de que se homologuen las rentas de los funcionarios, ni de que se repare una injusticia. Estamos a favor de ello. Y por eso no rechazamos la iniciativa en dicha instancia. Pero creemos que debemos cambiar la forma de legislar. Y cuando hay nuevas obligaciones y m�s compromisos, han de entregarse otros recursos. Si no, tendremos menos �reas verdes, menos luminarias, menos remedios, menos profesores, menos especialistas, porque los municipios no contar�n con los fondos para dar satisfacci�n a su primer compromiso: satisfacer los requerimientos a la autoridad comunal que hombres y mujeres hacen a trav�s de los funcionarios municipales.

		Por eso hemos hecho el punto. Y una vez m�s no ha sido acogida una aspiraci�n que viene de la ciudadan�a, a la cual nosotros representamos.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Me permito hacer presente que se ha cumplido el designio de que los proyectos de "f�cil despacho" son de m�s "largo despacho".

      
El se�or LAGOS.- �Pero no "dif�cil"...!

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Pero "largo despacho".

      
El se�or LAGOS.- �Hay que decir "de f�cil y largo despacho..."!

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or P�rez Varela.

      
        
El se�or P�REZ VARELA.- Se�or Presidente, en verdad, expresar que por aprobar este proyecto, habr� menos m�dicos y especialistas y menor cantidad de remedios, me parece absolutamente fuera de lugar y sin fundamento.

        
		--(Aplausos en tribunas).

        
		Comparto en parte el argumento del Senador se�or Frei. Hemos planteado en esta Sala, en reiteradas oportunidades, que cuando a los municipios se les entregan nuevas funciones o tareas y hay m�s exigencias relacionadas con la labor educacional, debemos otorgarles mayor financiamiento. 

        
		Mediante la ley en proyecto, estamos regulando las remuneraciones de los trabajadores municipales, las cuales deben pagarse con el presupuesto de las corporaciones edilicias. Y muchas, o gran parte de ellas, podr�an haber reajustado los sueldos de sus funcionarios, pero no les era posible, por faltar la legislaci�n adecuada.

        
		Por lo tanto, estamos haciendo referencia a una acci�n municipal propiamente tal. No existe otra mayor que el mantener en buen lugar a sus trabajadores, con remuneraciones acordes a la labor fundamental que ellos realizan en la comuna.

        
		Aqu� no se habla de que les estamos entregando nuevas responsabilidades, obligaciones, tareas y funciones a los municipios. Les estamos planteando que, con los recursos municipales -estos se reajustan a�o a a�o (as� sucede con el Fondo Com�n Municipal, con las patentes municipales); nunca han estado estancados- paguen a sus empleados una remuneraci�n digna, lo que significa la homologaci�n con los funcionarios de la Administraci�n P�blica.

        
		Por lo tanto, la argumentaci�n para abstenerse: porque estar�amos colocando en riesgo la funci�n municipal, creo que no posee fundamento ni raz�n alguna. No cabe duda de que el cancelar las remuneraciones de los funcionarios constituye la tarea principal del presupuesto municipal. Y no me parece que eso deba ser financiado con recursos distintos, menos aun cuando el presupuesto municipal y el Fondo Com�n Municipal son reajustados todos los a�os.

        
		Yo asumir�a el argumento del Senador se�or Frei si se les colocaran nuevas funciones a las municipalidades, como mencionaba el Senador se�or Zald�var respecto de los jueces de polic�a local. Ah� estar�amos entregando una nueva tarea. Y en la Comisi�n de Gobierno le expresamos al Ejecutivo que deb�a otorgar el financiamiento pertinente a los municipios. 

        
		Tambi�n debe mencionarse que, cuando el Gobierno de la Presidenta Bachelet present� un bono de retiro voluntario para todos los profesores, no se pusieron  nuevos recursos para las municipalidades. De hecho, estas deb�an cubrir el gasto con dineros de la subvenci�n a futuro. En esas situaciones, claramente el argumento adquiere validez.

        
		En el proyecto que nos ocupa, se les est� planteando que asuman la responsabilidad de cancelarles a sus funcionarios, los cuales hacen sus tareas, desempe�an su funci�n, cumplen las obligaciones municipales. En  este sentido, no considero adecuado el argumento expresado para abstenerse y criticar.

        
		Una larga lucha de los funcionarios municipales -y tambi�n de la Asociaci�n Chilena de Municipalidades- est� convirti�ndose en realidad en el d�a de hoy. Y tendremos en esta homologaci�n el resultado de una necesidad y de una justicia hacia los funcionarios municipales que hace mucho tiempo estaban reclamando. Y me parece muy importante que el Gobierno haya podido llegar a acuerdo con esos trabajadores.

        
		Se ha hablado tambi�n del bono establecido en el art�culo 2�. Este sirve para anticipar, de una u otra manera, el reajuste que se empezar� a aplicar desde septiembre, octubre o noviembre del presente a�o. Y significar� una compensaci�n para los funcionarios a partir de enero del a�o en curso. Por lo tanto, en este caso tampoco se est� generando da�o previsional a nadie. Si la futura ley hubiera estado vigente el 1� de enero, ello se habr�a regulado en r�gimen. En consecuencia, se trata de una buena norma que, adem�s, ha sido utilizada por Gobiernos anteriores.

        
		Se�or Presidente, a mi juicio, nos encontramos ante un buen proyecto, pues considera un adecuado mecanismo de financiamiento. Debemos preocuparnos permanentemente de reajustar los presupuestos de las municipalidades y tambi�n de otorgarles recursos extras cuando les establecemos funciones, tareas u obligaciones adicionales. Mediante esta iniciativa les estamos diciendo que con sus recursos propios paguen lo que es clave: las remuneraciones de sus funcionarios.

        
		Reitero: me parece que este es un buen proyecto.

		--(Aplausos en tribunas).

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Agradecemos al Senador se�or Lagos que se haya retirado de la lista de inscritos, en beneficio del...

      
El se�or LAGOS.- Del "f�cil despacho".

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Ciertamente.

      
		Tambi�n saludamos a los dirigentes de la Confederaci�n Nacional de Funcionarios Municipales, que se encuentran en las tribunas.

      
		--(Aplausos en tribunas).

      
		Tiene la palabra el Senador se�or Tuma.

      
        
El se�or TUMA.- Se�or Presidente, estamos frente a un proyecto que ha sido largamente acariciado por los gremios municipales del pa�s. Y dif�cilmente podr�amos negarnos a aportar nuestra votaci�n para que los funcionarios municipales -que son la cara m�s cercana del Estado a la gente- tengan una homologaci�n en sus remuneraciones con el sector p�blico.

        
		Si se revisan las cifras de los incrementos a los que van a acceder, considerando, adem�s, que han luchado tantos a�os por lograrlo, cualquiera pensar�a que ser�an muy significativas. Y en verdad estamos hablando de 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos. Se trata de sumas miserables.

        
		Felicito a los gremios por su tenacidad para defender este reajuste. Pero en realidad es bastante menor comparado con los esfuerzos y el trabajo que lleva a cabo el personal municipal frente a la comunidad.

        
		Los municipios m�s peque�os deben ser compensados de mejor manera. No solo como lo se�al� el se�or Ministro, al indicar que se est� estudiando un mejoramiento para los que tienen sectores m�s vulnerables. As� ocurre en comunas donde hay exenci�n tributaria para tierras que tienen la calidad de ind�genas, como es el caso de la mayor�a de los municipios de la Novena Regi�n. No solo son vulnerables per se, sino tambi�n porque poseen tierras ind�genas. Entonces, como poseen esa calidad, no tributan, y el municipio no recibe el porcentaje correspondiente a esas contribuciones, por lo que no est�n en condiciones de prestar servicios a la comunidad a la altura de los de otras comunas donde no hay exenci�n.

        
		En consecuencia, creo que deber�a aplicarse una doble compensaci�n en comunas vulnerables y en aquellas en que, adem�s, por decisi�n legislativa y por una cuesti�n de justicia social, rige una exenci�n del pago de contribuciones territoriales, lo que no permite a los municipios donde hay tierras ind�genas obtener fondos adicionales. 

        
		Digo lo anterior porque se plantea, con raz�n, que parte de los recursos para incrementar las remuneraciones de los funcionarios municipales saldr� de las arcas municipales, cuando deber�a ser totalmente de cargo del Fisco. 

        
		No obstante, frente a este proyecto, y atendido el hecho de que los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia presupuestaria, no me queda otra alternativa que aprobar el aumento de remuneraciones para los trabajadores municipales, con el objeto de homologarlos con los funcionarios del sector p�blico. 

        
		Sin embargo, debo se�alar que vamos a seguir insistiendo en cualquiera de las iniciativas legales que se presenten a futuro o durante la discusi�n presupuestaria para que los municipios puedan recibir de verdad una compensaci�n frente a la exenci�n tributaria mencionada y al esfuerzo que deber�n realizar ahora para un justo incremento de las rentas de sus funcionarios. 

        
		Voto a favor, se�or Presidente. 

		--(Aplausos en tribunas).

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or G�mez. 

      
        
El se�or G�MEZ.- Se�or Presidente, aunque haya mucho apuro, creo que los temas de fondo son importantes de abordar en situaciones como esta, en la que discutimos algo que los funcionarios municipales vienen pidiendo desde hace mucho tiempo: percibir la misma remuneraci�n de los trabajadores p�blicos, objetivo que han perseguido por muchos a�os, lo cual no quiere decir que tal renta sea la que merecen los empleados p�blicos.

        
		En definitiva, estamos debatiendo ahora si el incremento de remuneraciones va a ser financiado por el Fisco o por los municipios. Ya se explic� que los municipios deber�n contar con los recursos necesarios para ello. 

        
		�Por qu� digo que se trata de una materia de fondo? Porque lo que necesita el Estado de Chile, en el entendido de  que las municipalidades forman parte de �l, es tener eficientes funcionarios, con muy buenos sueldos, porque tanto los del sector p�blico como los municipales se preocupan de los problemas que el ciudadano necesita resolver. 

        
		Por lo tanto, no puede ser que estemos discutiendo desde hace largo tiempo la adecuaci�n de los municipios a los organismos p�blicos, cuando debi�semos contar con una pol�tica que nos permita un Estado fuerte, con capacidades y posibilidades ciertas de atender a los ciudadanos que van a los municipios, los cuales deben contar con los elementos necesarios y la tecnolog�a que les permitan realmente asumir su responsabilidad. 

        
		Pero siempre se ha pretendido que el Estado sea peque�o; que los municipios dispongan de escasas condiciones de funcionamiento; que los funcionarios est�n mal pagados, con horarios de trabajo que muchas veces exceden de lo que corresponde legalmente. 

        
		Por lo tanto, yo planteo que de una vez por todas se discuta la existencia de un Estado -por eso digo que es un tema de fondo- con las condiciones que la sociedad chilena requiere para atender sus necesidades. 

        
		No hay otro lugar donde los ciudadanos de clase media o los m�s pobres vayan a buscar defensa y protecci�n que no sea el municipio, pudiendo tambi�n concurrir a los gobiernos regionales o a la Administraci�n central. 

        
		En consecuencia, debemos lograr desarrollar una pol�tica que posibilite fortalecer al Estado, para que se haga cargo de los problemas y proteja al ciudadano. Esa funci�n ser� posible, sin duda alguna, si los funcionarios p�blicos reciben la suficiente capacitaci�n y conocimiento; si gozan de buenas remuneraciones; si laboran en horarios decentes y si disponen de instrumentos, capacidad y tecnolog�a. 

        
		Todo ello permitir� la formaci�n de un muy buen Estado, que es lo que espera la ciudadan�a. 

        
		Por eso, votar� a favor de la idea de legislar. Pero hago el punto en el sentido de que la situaci�n no se resolver� en el Senado, si se aborda pol�ticamente. Pero el Ejecutivo podr� solucionarla con las facultades de que dispone, cuando llegue a la convicci�n de que nuestra institucionalidad, a la cual accede la ciudadan�a para resolver sus problemas, no tiene las condiciones suficientes de infraestructura y de remuneraciones para realizar los trabajos pertinentes de buena manera. De lo contrario, nunca podremos tener lo que la ciudadan�a espera: un Estado fuerte y responsable hacia sus ciudadanos. 

        
		Los funcionarios p�blicos y municipales hacen un tremendo esfuerzo, que es valorado y reconocido por la gente. Pero es nuestra obligaci�n introducir un cambio profundo y hacernos responsables del Estado que hemos construido, el cual hay que modificar desde la ra�z. 

        
		Se�or Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto. 

		--(Aplausos en tribunas).

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica. 

      
        
El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, por muchos a�os los funcionarios municipales han venido plante�ndonos la aspiraci�n leg�tima de equipararse al sector p�blico. No hay raz�n alguna para que ello no ocurra. Por lo dem�s, se trata de un justo anhelo y un beneficio que se merecen. 

        
		Pero, adem�s de eso -lo digo con total claridad-, resulta indispensable que el Estado se modernice, porque el pa�s ha crecido, le ha ido bien, y porque en Regiones, como la de Atacama, la gente del sector p�blico se compara con la del privado, al cual le mejoran sus remuneraciones, pero a aquella no le llega nada.	Esto no solo perjudica a los funcionarios p�blicos, sino tambi�n al empresario o a un emprendedor que desea iniciar alguna gesti�n o tr�mite en la Administraci�n P�blica o a nivel municipal -que es indispensable-, porque se encuentra con personas poco incentivadas producto de sus malas remuneraciones, que terminan demorando el proceso. En definitiva, en la pr�ctica, la gesti�n se va debilitando, porque las municipalidades administran patrimonios y actividades econ�micas diez veces superiores a las de hace quince a�os; sin embargo, sus funcionarios contin�an ganando lo mismo. 

        
		Por eso, quiero felicitar a �scar Y��ez Pol, Presidente de la ASEMUCH, y a Alejando Halles, Presidente de la Federaci�n Regional de Atacama de la ASEMUCH,...

        
		--(Aplausos en tribunas).

        
	... porque han planteado con insistencia y en forma seria, durante varios a�os, estas materias. 

        
		Es cierto lo que algunos se�ores Senadores han manifestado aqu� en cuanto a que los bonos propuestos no son imponibles y de que muchos elementos son factibles de mejorar. Pero debo se�alar con claridad que por largo tiempo pedimos a los Gobiernos de la Concertaci�n el env�o de este proyecto, sin tener respuesta. 

        
		Por lo tanto, aplicando el dicho de que lo mejor es enemigo de lo bueno, ahora nos encontramos frente a un proyecto de ley que equipara la condici�n de los trabajadores municipales a la de los p�blicos. 

        
		Sin embargo, es indispensable entender que las remuneraciones son b�sicas para lograr la modernizaci�n y agilidad del Estado, incluido el sector municipal, como una forma de hacerlo atractivo a nuevos profesionales, al contrario de lo que ocurre hoy d�a en aquellas regiones donde las condiciones econ�micas han mejorado, en las que se produce la partida al sector privado de los mejores funcionarios, por estar menos "camiseteados". 

        
		Por lo anteriormente expuesto, votar� a favor de la iniciativa. 

		--(Aplausos en tribunas).

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Rossi. 

      
        
El se�or ROSSI.- Se�or Presidente, por cierto, quiero saludar a los dirigentes que nos acompa�an y felicitarlos tambi�n por la persistencia que han mostrado, aunque esa es su labor. 

        
		Entiendo, en primer t�rmino, que hay problemas econ�micos en muchos municipios. Pero la verdad es que yo no pondr�a el foco, por as� decirlo, en dicho aspecto, que deber�n resolver los alcaldes con el Gobierno, sino en que finalmente se les hace justicia a los trabajadores. 

        
		Adem�s, creo que la iniciativa constituye una se�al t�mida de descentralizaci�n, porque cuando en la Comisi�n vimos las brechas existentes entre los funcionarios de la Administraci�n centralizada del Estado y los de las municipalidades -estas conforman el poder local, que es la primera instancia con la que el ciudadano se relaciona, por su vida cotidiana, por sus problemas habituales en el d�a a d�a-, nos dimos cuenta de que aquellas son una expresi�n m�s del centralismo que queremos resolver. Y para ello la Comisi�n de Gobierno tiene en estudio un proyecto sobre fortalecimiento de la regionalizaci�n del pa�s.

        
		Por eso, pienso que estamos avanzando t�midamente en la descentralizaci�n, a trav�s de la presente iniciativa, al igualar en forma progresiva los sueldos base de los funcionarios del poder local, de los municipios, con los de los trabajadores de la Administraci�n P�blica centralizada. Y estamos haciendo justicia.	

        
		Por lo dem�s, cuando uno observa las cifras, se percata de que ninguna es demasiado gigantesca. Sin embargo, los sueldos de los grados m�s bajos se incrementan un poco m�s. De modo que en esto hay tambi�n  un principio de equidad, de proporcionalidad, al subir en una cantidad mayor los sueldos base de los funcionarios ubicados en grados inferiores, que ganan menos.

        
		Asimismo, es cierto esto de la transferencia a que se refiri� el Ministro Larroulet. Est�n los 90 mil millones de pesos, m�s los otros 20 mil millones que se anunciaban. 

        
		En r�gimen, el costo del proyecto ascender� a 24 mil millones de pesos. Por lo tanto, es completamente financiable.

        
		Entonces, el tema, como lo dijo en forma muy clara el Senador G�mez, no radica solo en  aumentar en una luca m�s o una luca menos las remuneraciones de los funcionarios municipales y en homologarlas con las de los trabajadores de la Administraci�n centralizada, sino tambi�n en c�mo mejorar la infraestructura, el recurso humano, la capacidad de gesti�n de los municipios, para que sirvan de manera m�s eficiente a la comunidad en la cual est�n insertos.

        
		Se�or Presidente, yo estoy muy contento de poder votar a favor este proyecto. Y ojal� que lo podamos despachar pronto, como esperan tantos funcionarios municipales de Arica a Magallanes.

        
		He dicho.

		--(Aplausos en tribunas).

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Se encuentra inscrita a continuaci�n la Senadora se�ora Allende.

      
		Puede intervenir Su Se�or�a.

      
        
La se�ora ALLENDE.- Se�or Presidente, por cierto, quiero saludar a los funcionarios y dirigentes que nos acompa�an, que han luchado desde hace tanto tiempo por esta reivindicaci�n leg�tima, y decirles que los Senadores socialistas vamos a apoyar esta posibilidad de homologaci�n, pues nos parece justa y necesaria. 

        
		Pero no puedo dejar de referirme a algo que aqu� se ha se�alado: que antes esto no se hab�a hecho. Ello no corresponde a la verdad.

        
		El 2007 s� se efectu� un avance. Por lo tanto, es necesario que en esta Sala digamos las cosas como son. Ese a�o se dio un paso muy importante. Y ahora estamos dando el otro paso que se requer�a. Reconozc�moslo, como debe ser.		

        
		He querido intervenir, no solo para reafirmar mi voto positivo al proyecto, sino tambi�n -repito- para que las cosas se digan como son: el a�o 2007 hubo un importante incremento en las remuneraciones del personal de las municipalidades para reducir el diferencial existente respecto de los empleados p�blicos. Y hoy estamos dando el paso definitivo. 

        
		Espero que con esta iniciativa se compense de una vez la diferencia que pueda haber con la Escala �nica. Y que nos comprometamos, como Parlamento -y ojal� tambi�n lo entienda el Ejecutivo, por intermedio de su representante, que se halla presente-, a que futuros proyectos no puedan seguir significando m�s y m�s desfinanciamiento para los municipios, porque eso atenta contra la calidad de la atenci�n y del servicio que brindan a la comunidad.

        
		He dicho.

		--(Aplausos en tribunas).

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- El �ltimo inscrito es el Senador se�or Quintana. 

      
		No se encuentra en la Sala.

      
		Se�or Secretario.

      
El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto?

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Terminada la votaci�n.

      
        
			--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo), y se fija plazo para formular indicaciones hasta el lunes 6 de agosto, a las 12.

        
		Votaron por la afirmativa las se�oras Allende, Alvear, P�rez (do�a Lily) y Von Baer y los se�ores Bianchi, Chahu�n, Coloma, Escalona, Espina, Garc�a, Garc�a-Huidobro, Girardi, G�mez, Horvath, Kuschel, Larra�n (don Hern�n), Larra�n (don Carlos), Mu�oz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zald�var (don Andr�s).

        
		Se abstuvieron la se�ora Rinc�n y los se�ores Frei (don Eduardo) y Lagos.

		No vot�, por estar pareado, el se�or P�rez Varela.

    
    
      
MODIFICACI�N DE C�DIGO ORG�NICO DE TRIBUNALES EN MATERIA DE REASIGNACI�N DE JUECES. INFORME DE COMISI�N MIXTA

      
        
El se�or ESCALONA (Presidente).- De acuerdo con lo resuelto por los Comit�s, corresponde ocuparse a continuaci�n en el informe de Comisi�n Mixta reca�do en el proyecto que modifica el C�digo Org�nico de Tribunales y la ley N� 19.665 en las materias que indica.

        
			--Los antecedentes sobre el proyecto (6244-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
			Proyecto de ley:

        
			En segundo tr�mite, sesi�n 31�, en 7 de julio de 2009.

        
			En tr�mite de Comisi�n Mixta, sesi�n 2�, en 14 de marzo de 2012.

        
			Informes de Comisi�n:

        
		Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento: sesi�n 19�, en 18 de mayo de 2011.

        
			Constituci�n, Legislaci�n, Justicia y Reglamento (segundo): sesi�n 91�, en 18 de enero de 2012.

        
			Hacienda: sesi�n 91�, en 18 de enero de 2012.

        
			Mixta: sesi�n 37�, en 31 de julio de 2012.

        
			Discusi�n:

        
			Sesiones 26�, en 15 de junio de 2011 (se aprueba en general); 93�, en 31 de enero de 2012 (se aprueba en particular).

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario.

        
El se�or LABB� (Secretario General).- Se�ores Senadores, las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso derivan del rechazo por parte de la C�mara de Diputados de algunas de las enmiendas introducidas por el Senado en el segundo tr�mite constitucional.

        
		La Comisi�n Mixta, como forma de resolver las divergencias, efect�a una proposici�n que comprende las normas de los incisos primero, segundo, tercero, quinto (sexto del Senado) y octavo (del Senado) del art�culo 101 que se incorpora al C�digo Org�nico de Tribunales en el art�culo 1� del proyecto, y del p�rrafo primero del n�mero 4 ter) que se agrega al art�culo 1� transitorio de la ley N� 19.665, contenido en la letra c) del art�culo 2�. 

        
		La Comisi�n deja constancia de que algunas de las enmiendas propuestas no tienen origen en discrepancias surgidas entre las dos C�maras sino que dicen relaci�n directa con las ideas matrices contenidas en el mensaje que dio origen a la iniciativa, pero posibilitaron alcanzar un acuerdo para la aprobaci�n de esta.

        
		Dicha proposici�n se acogi� por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n Mixta, Senadores se�ores Espina, Hern�n Larra�n y Patricio Walker y Diputados se�ores Ceroni, Eluchans y Saffirio, salvo en lo relativo al inciso primero del art�culo 101, aprobado por la unanimidad consignada, m�s los votos de los Senadores se�ora Alvear y se�or Carlos Larra�n, respecto del cual la inclusi�n de la palabra "preferentemente" se acord� con la oposici�n de los Diputados se�ores Ceroni y Saffirio.

        
		Cabe hacer presente que las disposiciones contenidas en la propuesta indicada tienen el car�cter de normas org�nicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobaci�n de 22 votos favorables.

        
		Finalmente, corresponde informar que la C�mara de Diputados, en sesi�n de hoy, aprob� la proposici�n de la Comisi�n Mixta.

        
		En el bolet�n comparado que Sus Se�or�as tienen en su poder figuran, en la cuarta columna, la propuesta de la referida Comisi�n, y en la quinta, el texto como quedar�a si ella fuera acogida.

El se�or ESCALONA (Presidente).- En discusi�n el informe de la Comisi�n Mixta.

      
      
		Tiene la palabra al Senador se�or Hern�n Larra�n.

      
        
El se�or LARRA�N.- Se�or Presidente, quiero informar acerca del tr�mite que cumpli� en la Comisi�n Mixta -que me toc� presidir- este proyecto, tratado por el Senado en el segundo tr�mite constitucional, que es de gran inter�s y de mucha antig�edad. Tiene seis a�os de tramitaci�n y, curiosamente, a pesar de su importancia, no se hab�a logrado despachar.

        
		El prop�sito fundamental de la iniciativa es facultar a la Corte Suprema para destinar, transitoriamente, a jueces integrantes de distintos tribunales (de garant�a, de juicio oral en lo penal, de familia, laborales, de cobranza laboral y previsional, y de algunos juzgados con competencia com�n) a desempe�ar sus funciones en otro tribunal, y, al mismo tiempo, con relaci�n a los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, diferir, de conformidad con un calendario espec�fico que se establece, el nombramiento de determinado n�mero de jueces de tribunales de garant�a y de tribunales de juicio oral en lo penal en dichos territorios.

        
		Para lograr el primero de los prop�sitos, se busca autorizar a la Corte Suprema de manera tal que pueda cumplir su mandato de administrar y gestar debidamente el funcionamiento de los tribunales, pero bajo ciertas condiciones. 

        
		Lo que se pretende es que la Corte Suprema redestine en forma transitoria a uno o a m�s integrantes de los tribunales mencionados a desempe�ar sus funciones en otros, pero, preferentemente, que sean de su misma especialidad, por un plazo m�ximo de seis meses y siempre que se cumplan las siguientes condiciones copulativas: 

        
		1) Que haya, efectivamente, notorios desequilibrios entre las dotaciones de jueces y las cargas de trabajo.

        
		2) Que se trate de territorios jurisdiccionales contiguos. Es decir, que est�n dentro de un mismo sector, para no tener que trasladar transitoriamente a un juez lejos de su jurisdicci�n o de donde vive su familia. Estamos hablando de un traslado que, como acabo de se�alar, no durar� m�s de seis meses.

        
		3) Que no implique menoscabo de las condiciones funcionarias, remuneracionales, personales o familiares del juez involucrado. 

        
		4) En especial, que no se utilice en forma reiterada este mecanismo respecto de un juez y que no se trate de una encubierta medida disciplinaria. Hemos visto que muchos jueces son enviados, como castigo, a regiones, lo cual, obviamente, es una ofensa dentro de un recto concepto de regionalismo. Vivir en ellas no significa un castigo. Y, en todo caso, los traslados de jueces no deben ser utilizados como mecanismo para sancionar a un magistrado, tal como qued� expresamente establecido.

        
		En la Comisi�n Mixta aprobamos, pr�cticamente, el grueso de las propuestas que antes hab�a acordado el Senado.

        
		Y algunas de las nuevas modificaciones fueron incorporadas a expresa sugerencia del Presidente de la Corte Suprema, a quien invitamos a participar en la discusi�n con bastante frecuencia, con el prop�sito de tener debidamente clara la posici�n de los tribunales. Por cierto, tambi�n escuchamos en su momento a los funcionarios judiciales, para poder conocer tambi�n sus puntos de vista y sus inquietudes respecto de una cuesti�n que los afecta directamente, como son los traslados.

        
		En particular, uno de los elementos que incorporamos fue la sugerencia del titular del M�ximo Tribunal, Rub�n Ballesteros, en el sentido de no modificar el sistema de remuneraciones, de calificaciones o el r�gimen estatutario de los jueces, as� como el hecho de que los traslados no importen deterioro en su condici�n funcionaria, personal o familiar. Tambi�n a instancias del Presidente de nuestro m�s alto tribunal de justicia se estableci� que el magistrado que estime que su destinaci�n le significa un menoscabo en las mencionadas condiciones podr� solicitar, con fundamento, la revocaci�n de la medida a la propia Corte Suprema.

        
		Pensamos que, de esta manera, se garantiza el cumplimiento de los objetivos de los tribunales y la necesaria flexibilidad en el ejercicio de la facultad que se le entrega a la Corte Suprema y, al mismo tiempo, se resguardan los derechos de los magistrados trasladados.

        
		El proyecto actualiza el calendario de nombramiento para las Cortes de Apelaciones de San Miguel y de Santiago, con el prop�sito de que las vacantes de 131 jueces de garant�a y miembros del tribunal de juicio oral en lo penal en dichos territorios jurisdiccionales se llenen de la siguiente forma:  24 este a�o; 30, el pr�ximo; 30, el 2014, y 47, el 2015,

        
		Finalmente, una �ltima consideraci�n.

        
		En un minuto dado, en la Comisi�n Mixta tuvimos alguna inquietud respecto al financiamiento de estas medidas, que se supon�a iban a ser cubiertas con el presupuesto judicial. Sin embargo, la Corte Suprema nos inform� que no contaba con los recursos necesarios. Por eso, suspendimos la tramitaci�n hasta que se lleg� a un acuerdo entre el Gobierno, representado por el Ministerio de Justicia, y la Corte Suprema, con lo cual no se requerir�n aportes adicionales para este a�o, y los que falten para el pr�ximo ser�n implementados en la correspondiente Ley de Presupuestos.

        
		Luego de lograrse acuerdo en cuanto al financiamiento del proyecto, la Comisi�n Mixta que resolvi� las distintas diferencias que hab�a entre ambas C�maras lleg� a pleno entendimiento, por lo que propone al Senado que apruebe, tal como lo hizo la C�mara de Diputados en la ma�ana de hoy, el texto legal contenido en su informe.

		He dicho.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Est� inscrita a continuaci�n la Senadora se�ora Rinc�n, quien no se encuentra presente en este momento.

      
		Ha pedido la palabra el se�or Ministro, pero, antes de ced�rsela, se proceder� a tocar los timbres, dado el alto n�mero de parlamentarios que se halla fuera de la Sala.

      
El se�or LARRA�N.- Pida el acuerdo para abrir la votaci�n, se�or Presidente.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- �Habr�a acuerdo en ese sentido?

      
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- S�, claro.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Muy bien.

      
		Se abrir� una vez que hable el se�or Ministro, a quien le cedo el uso de la palabra.

      
        
El se�or RIBERA (Ministro de Justicia).- Se�or Presidente, este proyecto proviene de la denominada Agenda Judicial que surgi� en 2007, por acuerdo entre el entonces Presidente de la Rep�blica, don Ricardo Lagos, y la Corte Suprema.

        
		Quiero destacar este hecho, porque es muy significativo que iniciativas legales originadas en acuerdos alcanzados por Gobiernos anteriores se sigan tramitando y lleguen a un punto de aprobaci�n. Eso demuestra que, m�s all� de las permanentes cr�ticas que se hacen, se observa cierta continuidad hist�rica que estimo importante resaltar. Reitero que estamos ante un proyecto iniciado el 2007, cuya tramitaci�n, tras un largo per�odo, est� llegando a su fin, sin perjuicio de que a�n falta ser enviado al Tribunal Constitucional para su control previo y obligatorio de constitucionalidad.

        
		Como se�al� el Senador informante, el proyecto presenta dos �mbitos de tratamiento distintos. En uno regula el tiempo de destino de determinada cantidad de jueces que quedaron disponibles con la reforma procesal penal. Lo que se hace, en definitiva, es diferir el plazo de provisi�n de esos cargos y la realizaci�n de los nombramientos correspondientes, a fin de que estos se efect�en en forma gradual, hasta completarlos el 2015.

        
		Por tanto, tenemos una cierta reserva de jueces que se calcul� que pod�an estar en Santiago y cuyos cargos no fueron implementados, pero que podr�an utilizarse en materia procesal penal, como lo establece la ley, y, quiz�s con una discusi�n legal m�s profunda, incluso ser considerados para otras circunstancias.

        
		El segundo elemento que aborda el proyecto tiene que ver con un tema de eficiencia y eficacia en el uso de los jueces. Se trata de personas que, primero, tienen estudios de Leyes; que han ido a la Academia Judicial; que hacen carrera, y que se transforman en profesionales especializados. Sin embargo, se producen desequilibrios en la demanda de magistrados, porque a veces se registran cambios repentinos en las estructuras demogr�ficas de las zonas. Algunas experimentan una gran explosi�n poblacional, mientras en otras la carga demogr�fica disminuye; o bien, mientras el nivel de conflictividad aumenta en ciertos sectores, en otros �l baja considerablemente. Todo esto conlleva mayores o menores requerimientos de servicios judiciales.

        
		Por lo tanto, al haber desequilibrios en la carga de trabajo de los tribunales, en el largo plazo se genera la necesidad de revisar si los que hoy existen est�n bien instalados y son suficientes, pero, en el corto plazo, se necesita una reacci�n m�s r�pida de las respectivas Cortes de Apelaciones -y Suprema, en su caso- para suplir la carencia de jueces, ya sea por razones coyunturales, por mayor conflictividad, por encontrarse algunos enfermos o porque un n�mero de juezas se halla gozando del pre o posnatal.

        
		Ahora bien, el proyecto, que se inici� en la Honorable C�mara de Diputados, ha tenido una larga tramitaci�n, llegando, finalmente, a la instancia de Comisi�n Mixta, donde se asumieron, en t�rminos muy amplios, dir�a yo, las propuestas efectuadas por el Senado.

        
		La C�mara hab�a aprobado un texto que no consideraba normas limitativas en cuanto al ejercicio de la atribuci�n por parte de las Cortes de Apelaciones y Suprema. El Senado, en cambio, las incorpor�, llamando la atenci�n de los miembros de la otra rama legislativa, que pidieron ampliarlas a�n m�s.

        
		En definitiva, es posible afirmar que el informe de la Comisi�n Mixta recoge en gran parte las observaciones formuladas en su oportunidad por la C�mara Alta.

        
		En seguida, deseo dejar constancia, en la historia fidedigna de la ley, acerca de las principales ideas del proyecto.

        
		En primer lugar, tanto en la C�mara de Diputados como en esta Corporaci�n existi� la certeza de que la atribuci�n de trasladar jueces no deber�a ser utilizada, bajo ning�n respecto, como un instrumento de presi�n o de castigo. El Senador Prokurica coment� que no ve�a por qu� las Regiones ten�an que recibir a los jueces que exhiben mal comportamiento.

        
		Por tanto, se plante� que la facultad de destinaci�n de jueces deb�a ser excepcional, fundada y en ning�n caso usada como instrumento disciplinario por parte de las Cortes de Apelaciones o Suprema. Por eso, el proyecto establece condiciones m�s objetivas y verificables. En definitiva, no se trata de enviar a un juez a servir a otro tribunal por mera disposici�n de la Corte de Apelaciones respectiva o de la Corte Suprema, sino que se requieren antecedentes cabales que confirmen la necesidad de dicha medida, dada la sencilla raz�n de que es imprescindible contar con mayor n�mero de jueces en el lugar correspondiente.

        
		Otro punto que se discuti� dice relaci�n con que la destinaci�n de los magistrados tendr� un plazo m�ximo de seis meses. Nuevamente se pens� en la excepcionalidad de esta norma, por cuanto no est� hecha para solucionar problemas estructurales en forma permanente, sino, m�s bien, para suplir desequilibrios coyunturales provenientes principalmente de enfermedades u otras circunstancias que afecten a los jueces.

        
		En tercer lugar, el Honorable Senado introdujo en su oportunidad diversas normas con el objeto de resguardar la situaci�n laboral, familiar y personal de los magistrados destinados a otro tribunal y el informe de la Comisi�n Mixta, junto con recoger estas observaciones, agreg� otras salvaguardias.

        
		En el articulado propuesto en el informe se exige el consentimiento del juez si la destinaci�n es lejana a la de su tribunal de origen, se establece un procedimiento para solicitar a la Corte Suprema la revocaci�n de la destinaci�n y se proh�be expresamente emplear esta facultad como mecanismo de sanci�n o menoscabo, o utilizarla reiteradamente respecto de un mismo juzgador.

        
		Si bien el proyecto contempla una norma que se�ala que el ejercicio de esta facultad no podr� importar deterioro en la condici�n funcionaria, personal o familiar del juez, esta disposici�n debe ser entendida como un detrimento que va m�s all� de lo que, indudablemente, conlleva el traslado para cumplir funciones a un lugar distinto.

        
		En resumen, el deterioro debe ser de nivel tal que efectivamente cause un perjuicio desmedido o impropio a la funci�n que se solicita al juez, porque entendemos que la nueva destinaci�n donde la persona se radique siempre puede significar un cierto menoscabo en su situaci�n personal o familiar.

        
		Por �ltimo, agradezco a la Comisi�n Mixta, especialmente a los se�ores Senadores que participaron en ella, y tambi�n a esta Corporaci�n, por la  disposici�n de poner esta iniciativa en la tabla de la sesi�n de hoy para su discusi�n y votaci�n.

		Muchas gracias.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Recuerdo a la Sala que estamos ante un proyecto de qu�rum especial, el cual, conforme a la presencia de Senadores en la Sala, a�n no se alcanza.

      
		A continuaci�n, est� inscrita la Honorable se�ora Rinc�n.

      
La se�ora RINC�N.- No intervendr�, se�or Presidente.

      
		Gracias.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).-Ruego a los Comit�s que hagan presente a sus parlamentarios que a�n no se alcanza el qu�rum constitucional requerido para la aprobaci�n del informe.

      
		En votaci�n el informe de la Comisi�n Mixta.

      
		--(Durante la votaci�n).

      
El se�or WALKER (don Patricio).- Pido la palabra, se�or Presidente.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Se�or�a.

      
        
El se�or WALKER (don Patricio).- Se�or Presidente, este es un proyecto bien importante que hace mucho tiempo debimos aprobarlo.

        
		La iniciativa establece que cuando existan desequilibrios entre las dotaciones de los jueces y la carga de trabajo en tribunales de una misma jurisdicci�n, la Corte Suprema, a solicitud de la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de factibilidad de la Corporaci�n Administrativa del Poder Judicial en que consten datos objetivos para su procedencia y siempre que lo permita la disponibilidad presupuestaria del Poder Judicial, se podr� disponer el traslado de los jueces en los tribunales de garant�a, tribunales de juicio oral en lo penal, tribunales de familia, tribunales laborales, tribunales de cobranza laboral y previsional y en juzgados con competencia com�n.

        
		B�sicamente, los cambios que introdujo la Comisi�n Mixta dicen relaci�n con que el texto original establec�a el traslado por el plazo de un a�o, mientras que ahora qued� en seis meses.

        
		Asimismo, se requerir� el acuerdo expreso del juez cuando sea destinado a un tribunal de territorio jurisdiccional no contiguo y, naturalmente, la Corte Suprema lo designar� dando preferencia a aquellos que manifiesten su inter�s en ser destinados transitoriamente.

        
		Asimismo, me parece muy relevante destacar que, para no perjudicar a los magistrados que sean objeto de esta medida, el ejercicio de esta facultad no modificar� el sistema de remuneraciones, de calificaci�n o el r�gimen estatutario de los jueces destinados ni tampoco podr� importar deterioro en su condici�n funcionaria, personal o familiar. Sin embargo, en caso de que el juez sea destinado a un tribunal que por su ubicaci�n le corresponda una mayor remuneraci�n, ser� aplicable, mientras dure su destinaci�n, la escala de remuneraciones correspondiente a dicho tribunal.

        
		Por otra parte -y esto es muy importante-, se consagra que el juez que estime que su destinaci�n le significa un menoscabo en aquellas condiciones, podr� solicitar fundadamente la revocaci�n de la medida a la Corte Suprema, dentro de los cinco d�as siguientes a su notificaci�n.

        
		Se establece que, en ning�n caso, la facultad dispuesta en este articulado podr� ser empleada como mecanismo de sanci�n o menoscabo en contra de los jueces destinados ni tampoco utilizarse reiteradamente respecto de un mismo juez.

        
		Lo anterior es muy relevante porque se trasladaba a jueces a algunas ciudades del norte del pa�s -hemos conocido reclamos en Vallenar, Arica y otras- como una medida de sanci�n y sus habitantes ten�an que acatar o tolerar el hecho de que magistrados mal evaluados fueran enviados a esas comunas como una forma de castigarlos, naturalmente con el subsiguiente perjuicio que ello ocasionaba a la gente de esas Regiones.

        
		En consecuencia, este es un buen proyecto de ley.

        
		Por otro lado, ten�amos preocupaci�n por el financiamiento de esta iniciativa. Hablamos sobre el particular con el Presidente de la Corte Suprema, con los funcionarios de la Corporaci�n Administrativa del Poder Judicial, con la Direcci�n de Presupuestos y, naturalmente, al quedar salvadas tales aprensiones y preocupaciones, procedimos a aprobar por unanimidad el informe en cuesti�n.

        
		Debo recalcar tambi�n que trabajamos en la Comisi�n Mixta con el Ministro de Justicia, con la Subsecretaria del ramo, con la Asociaci�n Nacional de Magistrados del Poder Judicial y tomamos todos los resguardos necesarios para aprobar esta iniciativa legal con tranquilidad, sin que ella signifique -insisto- un menoscabo o detrimento a los jueces que sean objeto de traslados.

		Por las razones expuestas, voto a favor.

      
El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto?

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Terminada la votaci�n.

      
        
		--Se aprueba el informe de la Comisi�n Mixta (26 votos a favor y una abstenci�n), dej�ndose constancia de que se cumpli� con el qu�rum constitucional exigido.

        
		Votaron por la afirmativa las se�oras Allende, Rinc�n y Von Baer y los se�ores Bianchi, Coloma, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), Garc�a, Garc�a-Huidobro, Girardi, G�mez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larra�n (don Hern�n), Mu�oz Aburto, Novoa, Orpis, P�rez Varela, Pizarro, Quintana, Rossi, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zald�var (don Andr�s).

		Se abstuvo el se�or Chahu�n.

    
    
      
RECONOCIMIENTO DE LENGUAJE DE SE�AS COMO MEDIO DE COMUNICACI�N NATURAL PARA PERSONAS SORDAS

      
        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Proyecto, en segundo tr�mite constitucional, que modifica la ley N� 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusi�n social de personas con discapacidad en la forma que indica, con informe de la Comisi�n de Salud y urgencia calificada de "simple".

        
--Los antecedentes sobre el proyecto (7988-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Proyecto de ley:

        
	En segundo tr�mite, sesi�n 19�, en 22 de mayo de 2012.

        
	Informe de Comisi�n:

        
	Salud: sesi�n 35�, en 17 de julio de 2012.

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario.

        
El se�or LABB� (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es confirmar el reconocimiento del lenguaje de se�as como el medio de comunicaci�n natural que utiliza la comunidad sorda de nuestro pa�s, consagrado en el art�culo 26 de la ley N� 20.422.

        
		Para ello, se deroga la obligaci�n contemplada en el inciso sexto del art�culo primero transitorio de dicho cuerpo legal, el cual establece un plazo de tres a�os para definir un lenguaje de se�as chileno y que vence el 10 de febrero de 2013.

        
		La Comisi�n de Salud discuti� el proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de art�culo �nico y lo aprob� por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores se�ores Chahu�n, Girardi y Uriarte), en los mismos t�rminos en que fue despachado por la C�mara de Diputados.

        
		El texto que se propone a la Sala se consigna en el bolet�n comparado que Sus Se�or�as tienen a su disposici�n.

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Se�oras y se�ores Senadores, solicito el asentimiento un�nime de la Sala para que ingrese un joven voluntario, que es profesor del lenguaje de se�as, con el objeto de que pueda traducir a su comunidad el debate de este proyecto de ley.

        
		Si no hay objeci�n, se autorizar�.

        
		--As� se acuerda.

El se�or ESCALONA (Presidente).- En discusi�n general la iniciativa.

      
		Tiene la palabra la Honorable se�ora Allende.

      
        
La se�ora ALLENDE.- Se�or Presidente, la verdad es que el proyecto en s� es muy simple: su objetivo es derogar el inciso sexto del art�culo primero transitorio de la ley N� 20.422, que establece un plazo de tres a�os para normar lo que ser�a el lenguaje de se�as, en circunstancias de que todos reconocemos que ese es el lenguaje universal que permite efectivamente la comunicaci�n a la comunidad de personas con d�ficit auditivo o sordas.

        
		Sin embargo, junto con se�alar que estamos por entero de acuerdo con lo anterior y reiterar que la iniciativa es muy sencilla, no quisiera dejar escapar la oportunidad para referirme a ciertos aspectos.

        
		Ante todo, debo manifestar que tengo el orgullo de haber sido una de las que, desde el inicio, en la C�mara de Diputados, en la Comisi�n Especial de la Discapacidad que creamos, trabajaron por muchos a�os en esta materia. Y durante ese tiempo logramos, entre otras cosas, que la televisi�n abierta transmitiera, en cierto horario repartido, las noticias a trav�s del lenguaje de se�as, porque ten�amos claro que hab�a esa falta de igualdad de oportunidades. Se argument�, aparte de otros aspectos, que las personas con d�ficit auditivo, o simplemente con sordera, no eran capaces de seguir las noticias dadas a conocer por la televisi�n puesto que no estaba incorporado dicho lenguaje.

        
		Tambi�n conseguimos que se estableciera un formulario �nico para las COMPIN, ya que nos dimos cuenta de que podr�an ser distintos en cada Regi�n; en algunos casos de una p�gina, y en otros, hasta de ocho, lo cual generaba much�simos problemas. Y creo que ese fue otro de los logros que alcanzamos en a�os de funcionamiento de la Comisi�n Especial de la Discapacidad.

        
		Asimismo, incorporamos lo relativo a los perros gu�as, que despu�s se introdujo en la nueva normativa que reemplaz� a la anterior ley sobre discapacidad.

        
		Al respecto, se�or Presidente, quisiera se�alar que en nuestro pa�s todav�a sigue siendo un cierto eufemismo el que haya igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Todos sabemos que estas, lamentablemente, contin�an sufriendo discriminaci�n. Es cosa de ver en nuestra vida urbana c�mo no todas las veredas se encuentran preparadas para que ellas puedan deslizarse en sillas de ruedas. Peor a�n, podemos observar c�mo los edificios p�blicos no cumplen la normativa de implementar el acceso universal. Es m�s, a veces presenciamos incluso, lo que es contrario a la ley, el levantamiento de edificios o la restauraci�n de otros antiguos sin que se preserve ese tipo de acceso para las personas con discapacidad.

        
		Hace poco sali� en la prensa la queja, leg�tima, de una persona no vidente a la que simplemente no la dejaron subirse a un transporte p�blico por el hecho de andar con su perro gu�a. 

        
		Es triste, se�or Presidente -y por eso lo se�alo-, saber que todav�a, como sociedad, no hemos asimilado el concepto de la verdadera y real igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. No solo no les garantizamos eso, sino que adem�s las discriminamos, lo cual las hace sentirse doblemente afectadas, pues su vida es m�s compleja que la del resto de la gente.

        
		Por otro lado, deseo expresar, como testimonio a t�tulo personal, que hace muchos a�os que participo en el directorio de una fundaci�n solidaria que crearon los ciegos de Espa�a: la ONCE (Organizaci�n Nacional de Ciegos Espa�oles), que es una entidad �nica, en solidaridad con los ciegos de Am�rica Latina. Y uno de los principales proyectos que ha venido desarrollando por mucho tiempo es tremendamente importante, porque ha permitido, mediante cierta capacitaci�n, la inserci�n laboral real de esas personas, es decir, con contrato de trabajo y bajo condiciones normales de empleo.

        
		Es preciso reconocer, en consecuencia, lo significativo que ha sido ese programa para diversos pa�ses de Am�rica Latina, pues ha posibilitado en Chile y en otras naciones de nuestra regi�n la incorporaci�n al mundo laboral de no videntes, de personas ciegas, a trav�s de determinada capacitaci�n.

        
		Y, en ese sentido, espero que el actual Gobierno y las futuras Administraciones, cualesquiera que sean y del signo que fueren, reconozcan que estamos siempre en d�ficit en cuanto a contar con una verdadera pol�tica de Estado sobre el particular, y que muchas veces nos ha costado      -�nos ha costado!- conseguir que el FONADIS tenga m�s recursos, o que los eleve. Por ejemplo, durante a�os el mencionado proyecto se llev� a cabo sin cargo alguno para el Gobierno, y hoy d�a lo �nico que conseguimos fue la m�dica suma de 12 millones de pesos. Ello es nada comparado con lo que significan las m�s de 500 personas que han logrado incorporarse en el �ltimo tiempo a trav�s de aquel programa de inserci�n laboral.

        
		Se�or Presidente, deseo terminar se�alando que esta -como dije al comienzo- es una iniciativa muy sencilla y que, naturalmente, corresponde aprobarla, porque el lenguaje de se�as lo entendemos como el lenguaje natural de comunicaci�n de la comunidad de personas sordas, y punto. No debe tener ning�n otro alcance. Es por eso que estamos de acuerdo en derogar la norma. 

        
		Sin embargo, quisiera volver a reiterar lo que manifest� en su momento: dar�amos un paso como sociedad si fu�semos capaces de acabar con la discriminaci�n que, por desgracia, todav�a existe en el mundo de los discapacitados. 

        
		Ojal� podamos ir realmente progresando en hacer cumplir la ley. Y no solo esto, sino tambi�n en ir ampliando cada vez m�s las oportunidades.

		He dicho.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Sabag.

      
        
El se�or SABAG.- Se�or Presidente, el proyecto de ley que nos ocupa se origin� en una moci�n de los Diputados se�oras Cristi, Molina, Zalaquett y Kort y se�ores Accorsi, Carmona, Eluchans y Torres.

        
		 La iniciativa contempla un art�culo �nico, y la Comisi�n de Salud por supuesto que la aprob� en general y en particular por unanimidad.

        
		Su prop�sito es eliminar una discordancia que existe en la ley    N� 20.422, cuerpo legal que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusi�n social de personas con discapacidad y que reconoce expresamente el lenguaje de se�as como medio de comunicaci�n de la comunidad de personas sordas. Pero su art�culo primero transitorio dispone que "El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definir�, en un plazo de tres a�os, el lenguaje de se�as chileno.". 

        
		Y, como una forma de solucionar dicha discrepancia, se propone mediante la iniciativa en an�lisis derogar el mencionado p�rrafo de aquel precepto.

        
		Durante la discusi�n del proyecto, el Director Nacional subrogante del Servicio Nacional de la Discapacidad explic� que la norma cuestionada apuntaba a homogeneizar el lenguaje de se�as que se emplea en el pa�s, aunque luego aclar� que, a juicio de las propias personas con discapacidad auditiva, solo hay leves diferencias entre los distintos c�digos, por lo que no se requerir�a de una normativa absoluta.

        
		Del mismo modo, se�al� que las comunidades de personas sordas han manifestado su acuerdo con la derogaci�n propuesta en la presente iniciativa.

        
		Por lo tanto, se�or Presidente, habiendo sido ella aprobada en forma un�nime por la Comisi�n de Salud, naturalmente que mi voto tambi�n es favorable aqu�, en esta Sala.

		Gracias.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Bianchi.

      
        
El se�or BIANCHI.- Nos sorprendi�, se�or Presidente. Iba a comenzar mi exposici�n formulando un reclamo a la Mesa e, incluso, contra nosotros mismos, en el sentido de que el Senado discutir�a el proyecto de ley sobre lenguaje de se�as sin que hubiese una traducci�n para las personas sordas respecto de la materia que se est� tratando.

        
		�As� que estoy gratamente sorprendido!

        
		De verdad, felicito al Congreso Nacional por comenzar a dar el ejemplo en la materia y permitir que este tipo de discusiones lleguen a todas las personas, al margen de la capacidad distinta que puedan tener.

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Perm�tame puntualizar, se�or Senador, que debemos agradecer por ello a don Melit�n Bustinza, Presidente de la Asociaci�n Nacional de Int�rpretes e Instructores de Lengua de Se�as Chilena, quien nos manifest� su disposici�n a contribuir en tal sentido.

        
El se�or BIANCHI.- Sin duda, se�or Presidente. Y, como dije, felicito la medida adoptada, porque la creo absolutamente necesaria.

        
		Ahora, m�s all� de concurrir a la aprobaci�n de este proyecto de ley, deseo se�alar que, a mi juicio, el Estado tendr�a que incluir el lenguaje de se�as en las mallas curriculares de los colegios. Ah�, a trav�s del financiamiento fiscal que se entregue a la educaci�n p�blica con tal finalidad, debiera ense�arse esa forma de expresi�n, de manera optativa, a quienes quieran aprenderla o a quienes tengan necesidad de hacerlo. Pienso que esa es la mayor demostraci�n que puede hacer el Estado de que desea integrar de verdad a las personas con capacidades diferentes.

        
		Ahora, se�or Presidente, quiero hablar de otros proyectos que he llevado adelante.

        
		Entre ellos se encuentra uno que ser� necesario debatir pronto en nuestro pa�s: el relativo al teletrabajo.

        
		En el resto del mundo el teletrabajo constituye hoy una posibilidad para que las personas con capacidades distintas, y fundamentalmente las impedidas de desplazarse, trabajen desde su hogar. Y ya hay profesores y profesionales diversos que desempe�an una labor desde su casa.

        
		Desgraciadamente, tenemos una deuda pendiente en esta materia.

        
		Hace algunos a�os present� un proyecto de ley en tal l�nea, pero no ha logrado avances. Y entiendo que el propio Gobierno se hab�a comprometido a incentivar una forma distinta de trabajo, orientada fundamentalmente a aquellos que tienen capacidades diferentes.

        
		Pero una de las situaciones m�s injustas que viven las personas con discapacidad es la relativa a las pensiones.

        
		Cuando una criatura nace con un grado de discapacidad, reci�n puede acceder a una pensi�n por ese concepto al cumplir 18 a�os, salvo -y est� consagrada la excepci�n- en caso de discapacidad mental, en que la recibe desde el momento de nacer.

        
		�Pero todas las pensiones son iguales! �No hay diferenciaci�n de acuerdo al grado de discapacidad!

        
		Ah� se aprecia una situaci�n brutal, que no debiera existir. Las pensiones tendr�an que guardar relaci�n con el grado de discapacidad. Porque los costos son distintos en cada caso. Como es obvio, una discapacidad en que la persona est� paralizada por completo, no puede desplazarse o no es autovalente le irroga a su familia un enorme gasto. Y este problema a�n no est� resuelto.

        
		Otro de los proyectos que hicimos en su momento -lo vimos ac�, y despu�s qued� como indicaci�n- ten�a por finalidad colocar en los remedios una anotaci�n en braille -estoy hablando de una patolog�a como la diabetes, en la que es muy habitual, desgraciadamente, que la persona pierda la vista- para que los no videntes pudieran conocer el nombre de cada f�rmaco y su fecha de vencimiento.

        
		En esa l�nea tambi�n avanzamos, se�or Presidente.

        
		Sin embargo, falta establecer, por ejemplo, la existencia del bast�n amarillo (existe el blanco). Porque mucha gente pierde la vista gradualmente; o sea, no tiene ceguera total, pero ve muy borrosamente. Entonces, con respecto a esas personas se necesita una diferenciaci�n, como la del bast�n amarillo, que planteamos en alg�n momento.

        
		Y, as�, podr�amos seguir.

        
		Se�or Presidente, me alegro de concurrir a la aprobaci�n de esta iniciativa de ley. Pero le exigimos al Estado de Chile no solo que asuma una responsabilidad por v�a de ella, sino tambi�n que financie, a trav�s de la educaci�n p�blica, el lenguaje de se�as. Eso es absolutamente posible. Y con eso s� estar�amos avanzando como deseamos.

		He dicho.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Chahu�n.

      
        
El se�or CHAHU�N.- Se�or Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley que nos ocupa, iniciado en moci�n de diversos Diputados, de distintas bancadas, reconoce plenamente el lenguaje de se�as que utiliza la comunidad de personas con discapacidad auditiva en nuestro pa�s; y para ello deroga el plazo de tres a�os contemplado en el art�culo 1� transitorio de la ley N� 20.422, la que establece normas para la igualdad de oportunidades e inclusi�n social de las personas con discapacidad.

        
		Esta iniciativa posibilitar� alcanzar la uniformidad en aquella forma de expresi�n, que les permite a quienes adolecen de discapacidad auditiva comunicarse adecuadamente.

        
		Como el plazo de tres a�os que se fij� en dicho cuerpo legal est� pr�ximo a vencer y no se ha verificado la unificaci�n del lenguaje de se�as, es necesario derogarlo, pues constituye una limitaci�n para tal efecto.

        
		Seg�n expres� durante el debate en la Comisi�n de Salud, se necesita establecer como obligaci�n de los concesionarios de se�ales televisivas la incorporaci�n de ese sistema de comunicaci�n, que hasta ahora es voluntaria.

        
		En mi calidad de Presidente de la Comisi�n de Transportes y Telecomunicaciones, donde se tramita el importante proyecto sobre televisi�n digital, instar� para que esa disposici�n quede materializada adecuadamente, como ha planteado un grupo importante de Senadores.

        
		Felicito a los parlamentarios autores de la moci�n que origin� este proyecto, dado que era menester modificar la ley mencionada.

        
		Por tanto, emitir� entusiastamente mi voto favorable.

		He dicho.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Prokurica.

      
        
El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, Honorable Senado, en primer lugar, felicito a los autores de esta iniciativa, que efect�a un cambio simple, peque�o, pero indispensable para los discapacitados de la audici�n.

        
		La ley en proyecto, al posibilitar la uniformidad del lenguaje de se�as, establecer� un lenguaje com�n para la comunicaci�n de aquellas personas.

        
		Se trata, sin duda, de un paso importante.

        
		Hace mucho tiempo, con el entonces Diputado Arturo Longton insistimos -es una legislaci�n vigente- en que los canales de televisi�n contaran obligatoriamente en sus informativos con un espacio para la traducci�n en lenguaje de se�as a fin de que las personas con dificultades auditivas pudieran conocer las noticias. Sin embargo, eso no ha sido f�cil. Las estaciones televisivas se han mostrado m�s bien reacias a implementar tal medida. Algunas han cooperado; hay que reconocerlo. Pero el tema est� pendiente.

        
		Por tanto, quiero hacer un llamado a las autoridades para que, una vez que haya uniformidad en el lenguaje de se�as, se les exija a los canales de televisi�n el cumplimiento irrestricto de la referida obligaci�n.

        
		En segundo lugar, sobre la base de que este proyecto generar� una mayor integraci�n de las personas con discapacidad auditiva a la comunidad, quiero hacer un llamado a la Comisi�n de Salud en t�rminos de que tramite un proyecto de ley -lo present� hace bastante tiempo- que apunta, corrigiendo una situaci�n que ocurre hoy, a permitirles a los discapacitados conseguir lo que es m�s importante para ellos: su incorporaci�n a la sociedad por la v�a del trabajo y no como carga del Estado, o de su familia, o de la gente que les da limosnas en las calles. 

        
		En tal sentido, la mayor barrera que tenemos que derrumbar, curiosamente, se halla en el Estado. Porque el sector privado ha incorporado en �reas donde son competentes -en restoranes, en actividades culturales, en supermercados- a personas con discapacidad; y lo propio han hecho Carabineros y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la Administraci�n P�blica se exige salud compatible y se impone un n�mero de requisitos que implica levantar respecto a esa gente una barrera de entrada.

        
		El proyecto que present� tiene por objeto obligar a que en los llamados a concurso p�blico un porcentaje de las vacantes sea llenado por discapacitados. La idea es generar un espacio de competencia entre ellos a fin de determinar qui�n tiene las mejores condiciones para desempe�arse en el sector p�blico.

        
		Creo que eso originar�a a la vez una mejor comprensi�n ciudadana. Porque nadie entiende que le hagamos tales exigencias al sector privado y que, sin embargo, el Estado sea el m�s intolerante con los discapacitados, el que menos los acoge.

		Ahora, se�or Presidente, no se trata de un invento nuestro. La medida se aplica en los pa�ses desarrollados: en los llamados p�blicos para proveer cargos de la Administraci�n se fijan porcentajes destinados a los discapacitados; es decir, se abren espacios para ellos. Y esto, a mi juicio, tambi�n debiera existir en Chile.

      
      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Uriarte.

      
        
El se�or URIARTE.- Se�or Presidente, junto con felicitar a los autores de esta moci�n -entre ellos, a la Diputada Andrea Molina-, quiero decir que esta es una gran oportunidad para el Congreso, en particular para el Senado, al efecto de acercarnos a una realidad marcada por el silencio, la desolaci�n, la incomprensi�n; por la dificultad para comunicarse, y por una infinidad de experiencias muy duras que uno dif�cilmente puede entender si no ha pasado por ellas o no las ha conocido muy de cerca.

        
		Por lo mismo, creo que estamos ante una gran iniciativa, que vale la pena respaldar.

        
		Ella es simpl�sima; tiene una t�cnica legislativa elemental, pero se hace cargo de un problema que existe en la ley vigente, relacionado con el plazo de tres a�os fijado para definir "el lenguaje de se�as chileno".

        
		Obviamente, la f�rmula empleada por dicha legislaci�n no es la m�s feliz. Establece una pretensi�n bastante discutible en orden a definir un lenguaje para Chile, en circunstancias de que todos sabemos que los lenguajes, los idiomas, los dialectos y los medios de comunicaci�n son por esencia din�micos: cambian, van mutando. Por eso, no es conveniente quedarse aferrado a tal f�rmula.

        
		Adem�s, la ley en vigor fija un plazo, que vence en febrero del pr�ximo a�o.

        
		Para sanear los problemas en comento surge este proyecto, de f�cil comprensi�n y tramitaci�n, y que, sobre todo, tiene la gran virtud de ratificar con rango legal el reconocimiento del lenguaje de se�as como el medio de comunicaci�n de las personas privadas del don de hablar.

		Por todo lo dicho, votar� favorablemente esta iniciativa, que fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n de Salud.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- No hay m�s oradores inscritos.

      
		Cerrado el debate.

      
		En votaci�n.

      
El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto? 

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Terminada la votaci�n.

      
        
		--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y un pareo).

        
		Votaron por la afirmativa las se�oras Allende, Alvear, Rinc�n y Von Baer y los se�ores Cantero, Chahu�n, Escalona, Espina, Garc�a, Garc�a-Huidobro, Girardi, G�mez, Horvath, Kuschel, Larra�n (don Hern�n), Mu�oz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zald�var (don Andr�s).

        
		No vot�, por estar pareado, el se�or P�rez Varela.

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Corresponde el pronunciamiento en particular.

        
		�Alguna se�ora Senadora o alg�n se�or Senador quiere presentar indicaciones?

        
El se�or ZALD�VAR (don Andr�s).- Delo por aprobado en general y en particular, se�or Presidente.

        
La se�ora ALLENDE.- Con la misma votaci�n.

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- No podemos proceder as� porque se incorporaron Senadores que no participaron en la votaci�n anterior.

        
		En votaci�n particular la iniciativa.

        
El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto?

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Terminada la votaci�n.

        
		--Se aprueba en particular el proyecto (27 votos a favor y un pareo), y su discusi�n queda terminada en este tr�mite. 

        
		Votaron por la afirmativa las se�oras Allende, Alvear, Rinc�n y Von Baer y los se�ores Bianchi, Chahu�n, Escalona, Espina, Garc�a, Garc�a-Huidobro, G�mez, Horvath, Kuschel, Larra�n (don Hern�n), Mu�oz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zald�var (don Andr�s).

		No vot�, por estar pareado, el se�or P�rez Varela.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Agradecemos de nuevo al se�or Melit�n Bustinza, Presidente de la Asociaci�n Nacional de Int�rpretes e Instructores de Lengua de Se�as Chilena, por su contribuci�n durante el estudio del proyecto que el Senado acaba de despachar.

		--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

    
      
FACILITACI�N DE PERFECCIONAMIENTO DE T�TULOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

      
        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la Rep�blica, en primer tr�mite constitucional, que faculta a los directorios de las comunidades de aguas para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de t�tulos de derechos de aprovechamiento, con informe de la Comisi�n de Obras P�blicas.

        
--Los antecedentes sobre el proyecto (8150-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

        
	Proyecto de ley:

        
	En primer tr�mite, sesi�n 91�, en 18 de enero de 2012.

        
	Informe de Comisi�n:

        
	Obras P�blicas: sesi�n 35�, en 17 de julio de 2012.

        
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el se�or Secretario.

        
El se�or LABB� (Secretario General).- El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de este proyecto y la calific� de "suma". 

        
		El objetivo principal de la iniciativa es hacer m�s expedito y cohesionado el procedimiento de perfeccionamiento de los t�tulos de derechos de aprovechamiento de aguas, facultando al directorio de las organizaciones de usuarios para representar a los titulares de derechos de aguas sometidos a su control y a los comuneros, ante el tribunal correspondiente o ante la Direcci�n General de Aguas, en el procedimiento de perfeccionamiento de los se�alados t�tulos.

        
		La Comisi�n de Obras P�blicas deja constancia en su informe de que, no obstante tratarse de un proyecto de art�culo �nico, solo lo discuti� en general, con el objeto de efectuar un estudio m�s completo y acabado durante el debate en particular.

        
		Dicho �rgano t�cnico aprob� la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores se�ores Garc�a-Huidobro, Horvath, Quintana y Sabag.

        
		El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisi�n de Obras P�blicas y en el bolet�n comparado que se incorpor� en los computadores de Sus Se�or�as.

El se�or ESCALONA (Presidente).- En discusi�n general el proyecto.

      
		Ofrezco la palabra.

      
La se�ora ALLENDE.- �Me permite, se�or Presidente?

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra Su Se�or�a.

      
        
La se�ora ALLENDE.- Se�or Presidente, este proyecto, que es relativamente sencillo, faculta a los directorios de las organizaciones de usuarios para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de t�tulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Creo, por ende, que no vamos a tener problemas para aprobarlo. 

        
		Sin embargo, me llama la atenci�n que el Ejecutivo no tome la iniciativa para introducir en el C�digo de Aguas modificaciones que resultan cada vez m�s indispensables.

        
		Ese cuerpo de leyes, que data de 1981, tiene un enfoque bastante productivista, que ni siquiera garantiza algo esencial: el derecho al consumo humano.

        
		El agua es un bien esencial. Nosotros podr�amos hasta, en un momento de crisis, "prescindir" de la energ�a. Pero, como seres humanos, no lograr�amos sobrevivir sin aquel elemento, que es vital.

        
		Quiz�s por tal obviedad se da por descontada en las discusiones p�blicas la importancia que dicho recurso reviste para el desarrollo de la existencia de las personas y, por cierto, de un pa�s.

        
		En tal sentido, resulta indispensable tomar conciencia de que enfrentamos de manera frecuente -para qu� hablar de lo que ocurre en las Regiones del norte- una escasez h�drica.

        
		Hace alg�n tiempo la Regi�n de Atacama debi� decretar la escasez h�drica. Al final, ello ha permitido sacar agua de un sector para fortalecer otro y "asegurar el consumo humano" en lugares afectados con asiduidad por cortes en el suministro.

        
		Pero quiero ir al fondo del tema. A m� me parece que debi�ramos seguir completamente la l�nea fundamental, tal como lo expresaba el proyecto de reforma constitucional presentado en su momento por la Presidenta Bachelet, que el Gobierno actual desech�, desgraciadamente:

        
		"Las aguas son bienes nacionales de uso p�blico, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que est�n depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares".

        
		Ello es tremendamente importante, porque se proteger�an en cualquiera de sus estados, incluidos, por cierto, los glaciares, ya que �ltimamente estamos observando que el desarrollo minero en altura los afecta, muchas veces, con la consiguiente gravedad que ello implica.

        
		Por mi parte, present� una iniciativa de modificaci�n de la Carta precisamente en el sentido expuesto y en la que, adem�s, se�alo:

        
		"Corresponder� a la ley regular el procedimiento de constituci�n, reconocimiento, ejercicio y extinci�n de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, asignando sus usos y modalidades seg�n la diversidad geogr�fica" -es preciso tener en cuenta que una Regi�n como la que represento, Atacama, nunca va a ser lo mismo que la de Ays�n, por poner un ejemplo- "y clim�tica del pa�s, la disponibilidad efectiva de los recursos h�dricos, la situaci�n de las cuencas hidrogr�ficas y la seguridad nacional".

        
		Tales derechos, adem�s, no podr�an seguir exhibiendo el car�cter de perpetuos. El agua dej� de ser un bien nacional de uso p�blico en la medida en que se contemplaron t�tulos sin plazo desde 1981 en adelante, los que se transformaron en privados. La privatizaci�n se tradujo en la concesi�n de derechos de aprovechamiento para siempre, de por vida, sin mediar un programa ni un objetivo determinados.

        
		Y no se trata solo de eso, sino de que hoy d�a incluso existe un mercado especulativo en el que se ha llegado a valores siderales. Por ejemplo, en la Regi�n de Atacama se puede comprar un litro por segundo en 100 mil d�lares. Porque, evidentemente, se plantea una necesidad en las empresas mineras.

        
		Entonces, es indispensable considerar el no otorgamiento de futuros derechos de aprovechamiento de agua si no van acompa�ados de un plan y un objetivo espec�ficos y de un plazo determinado. No puede ser que se sigan concediendo a perpetuidad y que la gente pueda venderlos tranquilamente o heredarlos, y que se entreguen, adem�s, gratuitamente.

        
		Tambi�n estimo importante en la reforma constitucional que he presentado la norma relativa a que "Corresponder� al legislador reservar caudales de aguas superficiales o subterr�neas, para asegurar siempre la disponibilidad del recurso h�drico para el consumo humano". Es decir, se pone nuevamente el �nfasis en lo que he expuesto: lo primero que debi�ramos hacer es garantizar dicho prop�sito.

        
		A ra�z del C�digo de Aguas, no solo se plantea hoy la especulaci�n mencionada, sino que ni siquiera es posible hacer referencia a un verdadero mercado, porque la informaci�n no es transparente. No hay un registro claro de usuarios. En cuanto a la Regi�n que represento, se se�ala que la agricultura es la principal consumidora, despu�s la miner�a y muy abajo, desde luego, el consumo humano. Pero la verdad es que, en el primer caso, se sabe que se han otorgado derechos, mas no se dice cu�ntos se est�n ocupando realmente y cu�ntos no.

        
		Por cierto, sabemos de la presi�n que est�n ejerciendo las mineras sobre el recurso h�drico, de lo cual deriva la necesidad, obviamente, de instalar plantas desalinizadoras. Como le acabo de decir al Ministro se�or Golborne en la Sala, tampoco podemos caer en la irracionalidad de contar con seis u ocho de estas �ltimas, seg�n cada uno de los proyectos mineros que se presenten, porque la presi�n sobre la energ�a no las har�a sostenibles.

        
		Entonces, es preciso abordar de una vez por todas una cierta cantidad de aspectos. Pienso que no hemos tomado conciencia, como naci�n, de la gravedad de que el elemento escasee cada d�a m�s, de lo que ello importa para la vida humana y el desarrollo potencial de un pa�s, de lo que implica la falta de transparencia, de lo que significa la ausencia de un Estado que debiera regular y al menos coordinar.

        
		Al respecto, podemos nombrar unas diez o doce instituciones que mantienen hoy d�a, sectorialmente, una relaci�n con el recurso, entre ellas la Direcci�n General de Aguas y la Direcci�n de Obras Hidr�ulicas, en el Ministerio de Obras P�blicas; el SAG, por un lado, y la CONAF, por el otro; el Ministerio del Medio Ambiente, etc�tera. Es decir, se observa una total desarticulaci�n, sin que exista un organismo al menos coordinador, regulador, de todas las entidades.

        
		Ello es algo que no se ve en otros pa�ses. �Qu� nos muestran claramente modelos como los europeos o el australiano? Que tiene que existir un organismo con la jerarqu�a suficiente para coordinar todas las instancias relacionadas con el agua, adem�s de verificarse un manejo integrado de las cuencas. Ese es el nivel en el cual debe trabajarse con la participaci�n de todos los actores.

        
		Afortunadamente, tuvimos la posibilidad de realizar el viernes, en Copiap�, un seminario de mucha calidad en las presentaciones y ponencias, al que llevamos, por ejemplo, a Michael Hantke, quiz�s uno de los mejores expertos del pa�s en agua, y puedo garantizar, por la concurrencia, que existe inquietud, inter�s, en la materia, pero temo que, como naci�n, todav�a no hemos adquirido la conciencia suficiente de su importancia.

        
		Por eso, sin perjuicio de consignar que el proyecto es sencillo, me gustar�a estar discutiendo m�s bien el asunto de fondo: cu�nto m�s vamos a seguir sin llevar a cabo una aut�ntica reforma o las modificaciones necesarias en el C�digo de Aguas y sin enfrentar el problema de una vez por todas, que al menos en la Regi�n que represento y en todo el macronorte se vuelve cada vez m�s agudo, evidentemente.

        
		Para qu� hablar del cambio clim�tico, que no hace m�s que intensificar la mala gesti�n existente, como dije, causada por la dispersi�n y atomizaci�n de la institucionalidad; por la debilidad de los usuarios, que no se hallan suficientemente organizados, lo que hace falta a lo largo del pa�s; por la desconexi�n entre aguas subterr�neas y superficiales, y por la ausencia de un Estado regulador, coordinador y con una pol�tica p�blica clara.

        
		Se�or Presidente, creo que la iniciativa en examen, de por s� sencilla, tiene que darnos el espacio para discutir con seriedad, lo que no hemos hecho todav�a como pa�s y tampoco como Senado. Lleg� la hora de tratar de verdad qu� est� pasando con el agua.

        
		Y todav�a estoy esperando que la Comisi�n de Constituci�n nos convoque. Porque se�al� en la Sala exactamente lo que ha pasado. En la medida en que se cambi� la intervenci�n de la Comisi�n de Medio Ambiente por la de las Comisiones de Constituci�n y Medio Ambiente, unidas, jam�s nos han citado. Ya ha pasado m�s de un mes. Y es lo que tem�a. Es decir, se posterga un debate cada d�a m�s importante, imprescindible.

        
		En consecuencia, me gustar�a que esta fuera la oportunidad de darle realmente una se�al al pa�s y de significar que, como Senadores, s� nos importa la cuesti�n del agua. Para qu� decir si representamos la zona del norte, donde todos advertimos la situaci�n aguda que se est� viviendo, ya que ni siquiera podemos afirmar que est� garantizado cien por ciento el consumo humano.

		He dicho.

      
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El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Cantero.

      
El se�or CANTERO.- Se�or Presidente, le solicito a la Mesa recabar la autorizaci�n para que la Comisi�n de Educaci�n pueda sesionar en paralelo con la Sala. Se encuentra invitado al se�or Ministro de Econom�a para analizar lo relativo a los deudores CORFO, a partir de las 19.

      
El se�or COLOMA.- Lo mismo pido para la Comisi�n de Agricultura, se�or Presidente, que tiene que tratar el proyecto regulador de las transacciones comerciales de productos agropecuarios.

      
		Se podr�a abrir la votaci�n de la iniciativa en debate.

      
El se�or WALKER (don Ignacio).- Conforme.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Si no hay objeciones, se abrir� la votaci�n y se autorizar� el funcionamiento simult�neo de las Comisiones mencionadas con la Sala.

      
		Acordado.

      
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El se�or ESCALONA (Presidente).- En votaci�n.

      
		--(Durante la votaci�n).

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Quintana.

      
        
El se�or QUINTANA.- Se�or Presidente, quisiera justificar la ausencia del se�or Ministro de Obras P�blicas, quien asisti� a la sesi�n hasta hace poco rato. Entiendo que tuvo que cumplir con un compromiso en Santiago. Deseo precisar que ha estado presente durante toda la discusi�n del proyecto, junto al Director de Aguas y su equipo legislativo. Por cierto, nos hubiera gustado sostener el debate con su participaci�n, pero vendr�n otros proyectos donde seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo.

        
		Dicho lo anterior, parto por expresar que constituye una informaci�n p�blica que el se�or Ministro estuvo sobrevolando algunos d�as atr�s, con el se�or Director de Aguas, algunas zonas de la cordillera de los Andes. En particular, pudo observar la situaci�n de nuestros glaciares y constatar la disminuci�n del volumen de hielo en todas estas reservas de agua dulce. Entonces, considero que el planteamiento de mi Honorable colega Allende va en la l�nea de lo que debi�ramos estar tratando ac�.

        
		Estos proyectos que parecen menores no son nada de inocentes, en verdad. El que nos ocupa busca facultar, como bien se ha se�alado, a los directorios de comunidades de agua o de juntas de vigilancia para representar a interesados o asociados en los distintos procedimientos de perfeccionamiento de t�tulos de derechos de aprovechamiento de agua.

        
		Lo que puede parecer un sencillo mejoramiento de una pol�tica p�blica tendiente a favorecer a los agricultores refuerza, en la pr�ctica, el derecho de propiedad sobre el recurso. Como todos sabemos, las tres facultades esenciales del dominio son el uso, el goce y la disposici�n. Y precisamente desde 1981, como se ha manifestado, las aguas se vienen entregando, se vienen inscribiendo, se vienen haciendo objeto de especulaci�n. La venta de litros por segundo ha ido aumentando gradualmente de precio. Hoy d�a existe pr�cticamente una propiedad sobre el elemento. Es decir, algo que la Constituci�n no consagra s� lo est� estableciendo la ley.

        
		Ello dice relaci�n, en general, con distintos bienes de dominio p�blico. En el caso anterior, tenemos el C�digo de Aguas; en el de la pesca, la ley respectiva -dicho sea de paso, la iniciativa que la modifica llegar� al Senado en pocos d�as-; en el de la miner�a, el C�digo del ramo. �Cu�l es el com�n denominador en todos ellos? Que su defensa, en la pr�ctica, no est� consagrada en la Carta Fundamental.

        
		Por eso tambi�n llama la atenci�n que estemos discutiendo proyectos que perfeccionan procedimientos de t�tulos en circunstancias de que las aguas son del dominio p�blico de la naci�n. Las estamos entregando hoy d�a a costo cero y, cuando queramos utilizarlas, el pa�s va a tener que pagar por ellas precisamente debido a lo constatado por el se�or Ministro en su sobrevuelo: nos estamos quedando sin reservas. Como dec�a la Senadora se�ora Allende, no nos hallamos en condiciones de garantizar el suministro para el consumo humano en muchos sectores del sur y del norte, ni tenemos la posibilidad de hacerlo para proyectos de riego. Entonces, la situaci�n puede favorecer el que muchos de los titulares de derechos de propiedad adquiridos a costo cero sigan aumentando sus inversiones.

        
		Pero no nos estamos refiriendo a la cuesti�n de fondo: la reforma constitucional presentada por la Presidenta Bachelet, retirada por el Gobierno actual apenas asumi�. Me parece que ese es el debate al que debi�ramos abocarnos. 

        
		La iniciativa en an�lisis no es la �nica presentada por el Ejecutivo en materia de aguas. En la Comisi�n de Obras P�blicas se est� discutiendo una nueva, que busca sancionar a quienes realizan una extracci�n ilegal. Es algo que constituye un delito, por cierto. Aproximadamente, se registran 140 casos anuales, seg�n la estad�stica entregada. Gran parte de ellos ocurren en la gran miner�a del norte. Lo anterior, asumido y reconocido por el propio Gobierno. Por lo tanto, si eso es as� y son las grandes mineras las que est�n extrayendo aguas subterr�neas o superficiales que necesitan para sus operaciones, cabe plantear en el debate por qu� no incorporamos tales acciones en la responsabilidad penal de las empresas, como tiene que ser.

        
		Espero que, con motivo del plazo para presentarle indicaciones a ese proyecto, pueda quedar contemplada una norma al respecto, tal como se intent� hacer durante la discusi�n en la C�mara.

        
		Entonces, la iniciativa en examen, que cuenta con la aprobaci�n un�nime de la Comisi�n, a la que asistieron algunas juntas de vigilancia de comunidades de agua que dieron su opini�n favorable, representa un cambio bastante menor que reafirma lo preceptuado en el art�culo 19, n�mero 24�, de la Constituci�n -se halla en un lugar bastante especial y el Gobierno le ha dado mucha relevancia-: el derecho de propiedad. En la actualidad -insisto- todav�a se pueden seguir inscribiendo derechos de agua, a costa de perjudicar a muchos chilenos que quisieran beneficiarse de ella para consumirla o para utilizarla en obras de riego.

        
		En definitiva, voy a votar a favor del proyecto, se�or Presidente. Pero anhelo de parte del Ministro se�or Golborne y de los dem�s Secretarios de Estado presidenciables -tambi�n est� presente en la Sala el se�or Longueira- un pronunciamiento sobre los problemas de fondo. O sea, si vamos a ocuparnos en las aguas, que ello no sea para referirnos a un peque�o cap�tulo, a una cuesti�n sancionatoria o de perfeccionamiento de t�tulos de dominio.

        
		Considero deseable una definici�n de los presidenciables respecto de la reforma constitucional. �Qu� vamos a hacer con los bienes nacionales de uso p�blico? �Van a ser para todos los chilenos o para unos pocos? �Quedar�n para quienes han aprovechado un privilegio que hoy d�a se consagra y que ser� muy dif�cil, en lo sucesivo, modificar en la Carta? Repito que as� sucede en la pesca, en la miner�a.

        
		A prop�sito, en la discusi�n de la iniciativa sobre la televisi�n digital terrestre hemos comprobado que el espectro radioel�ctrico como bien nacional de uso p�blico no se encuentra reconocido en ninguna ley, a diferencia de lo que parece obvio.

        
		El C�digo Civil dice que los chilenos somos due�os de muchos bienes. Hoy, en la pr�ctica, no hay nada en las leyes y lo �nico que se reafirma cada vez m�s es el derecho de propiedad.

        
		Reitero que vamos a aprobar la idea de legislar, se�or Presidente, pero echamos de menos una discusi�n mucho m�s de fondo respecto de las aguas y, en particular, de la reforma constitucional.

		He dicho.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Sabag.

      
        
El se�or SABAG.- Se�or Presidente, no cabe duda de que el proyecto se halla en la l�nea adecuada de lograr que el Catastro P�blico de Aguas se incremente y de que ojal� se inscriban todas las personas con derechos sobre el recurso.

        
		Quisiera consignar primero que se trata de un registro administrativo a cargo de la Direcci�n General de Aguas.

        
		Su finalidad es la elaboraci�n de un inventario completo y detallado del elemento h�drico, de manera de contar con los antecedentes necesarios para la preparaci�n de pol�ticas p�blicas en el sector.

        
		Paralelamente, su prop�sito es garantizar la mayor transparencia posible y poner a disposici�n del p�blico la informaci�n recopilada.

        
		Desde esa perspectiva, es preciso aclarar la diferencia entre el Catastro y el Registro de Propiedad, que mantienen los Conservadores de Bienes Ra�ces. El primero es solo administrativo -reitero- y su finalidad es la que ya se�al�, en tanto que el segundo deja constancia verdaderamente del dominio sobre derechos de agua otorgados. Esta es una raz�n adicional para que se trate de promover la inscripci�n de los agricultores en el Catastro, aunque, si la idea es agilizar el proceso, se podr�an considerar otras alternativas que detallar� m�s adelante.

        
		Cabe hacer presente, adem�s, que el Catastro P�blico de Aguas comenz� a operar el 25 de julio de 1998, fecha de la publicaci�n en el Diario Oficial del decreto supremo N� l.220, que aprob� su Reglamento.

        
		Si bien en el mensaje se expone que la iniciativa podr�a beneficiar, potencialmente, a 300 mil peque�os agricultores que todav�a no perfeccionan sus t�tulos, otras fuentes expresan que los derechos de agua ya inscritos alcanzan a poco m�s de 75 mil. De ellos, se han registrado alrededor de 6 mil cambios de propiedad, es decir, poco menos del 10 por ciento, lo que da cuenta del dinamismo en el sector y, por ende, de la necesidad de agilizar la inscripci�n en el Catastro.

        
		Es una materia importante, especialmente en relaci�n con per�odos de escasez, cuando el recurso se hace cada vez m�s requerido.

        
		A lo que nos enfrentamos hoy es a definir si es acertada y suficiente la propuesta del Ejecutivo de facultar a los directorios de las organizaciones de usuarios para representar a los titulares de los derechos de agua y a los comuneros ante el tribunal correspondiente o la Direcci�n General de Aguas a fin de realizar el tr�mite pertinente, previo acuerdo de los dos tercios de los comuneros con derecho a voto, en junta extraordinaria convocada al efecto.

        
			Se�or Presidente, ya en el a�o 2001 se plante� la necesidad de contar con un mecanismo de perfeccionamiento de t�tulos que funcione y que est� al alcance de todas las personas.

        
			Actualmente, el perfeccionamiento de t�tulos de derechos de aprovechamiento, procedimiento por el cual se completan los t�tulos de determinado derecho que no contiene todas las caracter�sticas esenciales de este, consiste en un juicio sumario mediante el uso de las presunciones de los art�culos 309 a 313 del C�digo de Aguas. Consideramos que tal juicio se podr�a simplificar de modo significativo mediante la implementaci�n de un procedimiento no contencioso, con una etapa administrativa ante la Direcci�n General de Aguas y otra judicial ante el juez de letras del lugar, quien declarar�a expresamente dichas caracter�sticas, completando el t�tulo del derecho. 

        
			Tal procedimiento ser�a similar al establecido para las regularizaciones del art�culo 2� transitorio del C�digo de Aguas (es una gesti�n voluntaria o no contenciosa), con lo que se evita el juicio simulado que hoy se utiliza para el perfeccionamiento, con los problemas y costos que aquel acarrea. As�, la Direcci�n General de Aguas dejar�a de ser demandada en el litigio, lo que la mayor�a de las veces lo entorpece, y pasar�a a actuar como organismo t�cnico que emite un informe que el tribunal debe tomar en cuenta para la comprobaci�n de los hechos que dan base a las presunciones respecto del uso, caudal, caracter�sticas, etc�tera, del derecho que se perfecciona.

        
			Esa es otra alternativa, se�or Presidente, aparte de la que hoy estamos discutiendo, que podr�a constituir una nueva medida de apoyo.

        
			Tales exigencias revelan, asimismo, lo sensible del tema.

        
			Si se pide un qu�rum tan alto (dos tercios) para que los dirigentes de una organizaci�n realicen un tr�mite aparentemente simple, es porque la responsabilidad impl�cita es mayor de la que se puede suponer.

        
			En todo caso, el proyecto del Gobierno fue ratificado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisi�n de Obras P�blicas, lo que puede considerarse una clara se�al respecto de la pertinencia de la iniciativa.

        
			Pero, al mismo tiempo, no se puede ignorar que la Comisi�n, aun trat�ndose de un proyecto de art�culo �nico, resolvi� votar solo la idea de legislar, para analizar su contenido luego con mayor profundidad. Porque efectivamente hay aspectos que es posible mejorar, como los que ya mencion�.

        
			Por ejemplo, si se trata de agilizar la inscripci�n en el Catastro P�blico de Aguas, cabe consignar que este se halla regulado por un reglamento. En efecto, el C�digo de Aguas no habla de ese registro. Es una normativa reglamentaria la que establece la forma de realizar tal procedimiento. Entonces, �por qu� no se modifica el reglamento, en lugar de tramitar una iniciativa que cuesta despachar? Si as� se hiciera, andar�amos mucho m�s r�pido.

        
			Adem�s, la principal fuente de informaci�n del Catastro P�blico de Aguas es interna: es la propia Direcci�n General de Aguas, a trav�s del registro de sus resoluciones de constituci�n y modificaci�n de derechos de aprovechamiento, autorizaci�n de obras, cambios de puntos de captaci�n, traslado de los derechos, etc�tera. Toda esa informaci�n la aporta la DGA.

        
			Pero tambi�n pueden usarse fuentes externas, como los antecedentes que proporcionan los tribunales de justicia y el SAG, que es otro �rgano que otorga t�tulos de dominio en este aspecto.

        
			Ahora, las personas deben inscribir sus derechos de aprovechamiento en el Catastro P�blico de Aguas. �C�mo el Gobierno sanciona a las que no lo hagan? Prohibi�ndoles realizar respecto de ellos acto alguno ante la Direcci�n General de Aguas o la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Vale decir, si el titular del derecho no lo ha inscrito, no puede solicitar subsidios ni efectuar ning�n tr�mite para una obra menor de riego.

        
			Reitero: la exigencia de inscribirse en el Catastro P�blico de Aguas est� contenida en su reglamento, no en la ley, ni siquiera en el C�digo de Aguas. Pero la aplicaci�n estricta del reglamento implica la suspensi�n de derechos protegidos por normas de rango superior.

        
			Los derechos de propiedad de las aguas est�n inscritos en el Conservador de Bienes Ra�ces; en cambio, un reglamento impide el pleno ejercicio de tales derechos.

        
			Se�or Presidente, ser�a importante, asimismo, homologar el saneamiento de los t�tulos de los regantes de un mismo canal o cuenca. 

        
			Algunas personas ya inscribieron sus derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro P�blico de Aguas, cumpliendo, por supuesto, con todas las exigencias que el Ministerio les pide: nombre del titular, �lveo o ubicaci�n del acu�fero, provincia en que se sit�e la captaci�n y restituci�n, caudal, caracter�sticas de otorgamiento o reconocimiento de acuerdo a la clasificaci�n establecida en el art�culo 12 del C�digo de Aguas (derecho consuntivo o no consuntivo; de ejercicio permanente o eventual, o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado). 

        
			En otras palabras, cuando un titular inscribe su derecho y quedan establecidos esos antecedentes, debiera aplicarse la misma informaci�n para los dem�s regantes del mismo canal.

        
			Se�or Presidente, a mi juicio, la iniciativa del Ejecutivo es buena, pero podemos mejorarla mucho m�s a trav�s de indicaciones.

        
			Espero que hoy se apruebe la idea de legislar y que se fije un plazo razonable para presentar indicaciones.

			Voto a favor.

      
	El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Garc�a-Huidobro.

      
        
El se�or GARC�A-HUIDOBRO.- Se�or Presidente, creo que el proyecto que nos ocupa es bastante m�s simple que la discusi�n que se est� dando en la Sala.

        
			La ley N� 20.017, de 2005, que reform� el C�digo de Aguas, estableci� que cualquiera que sea el origen de los derechos de aprovechamiento de aguas, estos deber�n ser inscritos en el Registro de Derechos del Catastro P�blico de Aguas.

        
			Adem�s, el referido C�digo agrega que no se podr� realizar acto alguno ante la DGA, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisi�n Nacional de Riego si el derecho de aprovechamiento no se encuentra debidamente inscrito en el respectivo registro.

        
			En consecuencia, el titular de un derecho no inscrito se ve perjudicado hoy d�a al no poder acceder a una serie de beneficios, tales como solicitar el cambio de punto de captaci�n de agua; pedir subsidios por la ley N� 18.450 (Ley de Fomento de la Inversi�n Privada de Obras de Riego y Drenaje); obtener el pago de bonos, la recepci�n definitiva de una obra hidr�ulica, el reconocimiento de una inversi�n por parte de empresas de servicios sanitarios, entre otros.

        
			En tal sentido, el Ministerio de Obras P�blicas dio a conocer un informe elaborado por el Banco Mundial, titulado "Chile: Diagn�stico de la gesti�n de los recursos h�dricos", de 31 de marzo de 2011, que indica lo siguiente: "Se estima que de unos 350.000 derechos de aprovechamiento de aguas leg�timos solamente alrededor de 70.000 est�n inscritos" -no se hallan registrados, fundamentalmente, los derechos de peque�os y medianos agricultores- "lo que demuestra un desfase importante entre el r�gimen catastral y la realidad".

        
			El proyecto pretende regularizar esa situaci�n. 

        
			Como los tr�mites son engorrosos y caros, se busca simplificar, sobre todo para el caso de los minifundistas, el procedimiento para la inclusi�n de los derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro P�blico de Aguas.

        
			Adem�s, la DGA agreg� que el 78 por ciento del agua en Chile es consumida por usuarios agr�colas. Asimismo, indic� que casi la totalidad de los derechos de aprovechamiento no inscritos en el Catastro son de propiedad de regantes que poseen t�tulos otorgados con anterioridad a la vigencia del C�digo de Aguas.

        
		Por lo tanto, el proyecto que nos ocupa tiene por objeto facilitar el perfeccionamiento de t�tulos de derechos de agua para peque�os agricultores, lo que podr�a beneficiar a unas 300 mil personas. Me parece un poco exagerada esta cantidad, pero...

        
El se�or SABAG.- Es correcta, se�or Senador.

        
El se�or GARC�A-HUIDOBRO.- El Diputado Sabag me corrobora el dato.

        
		La mayor�a de ellos...

        
El se�or WALKER (don Patricio).- Es Senador.

        
El se�or GARC�A-HUIDOBRO.- �Perd�n?

        
El se�or PROKURICA.-  Dijo "Diputado Sabag".

        
El se�or GARC�A-HUIDOBRO.- �Senador Sabag! Disculpe.

        
		Es que lo conoc� en la C�mara Baja. Fuimos Diputados antes.

        
		Doy excusas por la situaci�n.

        
		Dec�a que la mayor�a de los regantes son medianos y, en particular, peque�os -el problema no afecta a las grandes empresas, pues ellas tienen (se supone) todos sus derechos inscritos-, y ellos deben invertir tiempo y dinero en regularizar su situaci�n. Seg�n el mensaje, la iniciativa pretende establecer un procedimiento para normalizar al m�ximo dicha realidad.

        
		Se�or Presidente, estimo que ser�a muy importante que el proyecto tambi�n lo analizara la Comisi�n de Agricultura -lo he conversado con algunos de sus integrantes-, porque afecta directamente el saneamiento de derechos de agua de peque�os agricultores.

        
		�Cu�l es el objetivo de la iniciativa? Facultar al directorio de las organizaciones de usuarios, de las juntas de vigilancia o de las comunidades de aguas para representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente en los procedimientos de perfeccionamiento de t�tulos, previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto. 

        
		El proyecto propone que la resoluci�n de dicha junta sea aprobada con un qu�rum de dos tercios de los votos emitidos en ella.

        
		A mi juicio, la propuesta legislativa es bastante sencilla. Pero considero importante que se escuche la opini�n de los miembros de la Comisi�n de Agricultura en el siguiente tr�mite, con el fin de que se presenten las indicaciones necesarias. 

        
		Ojal� la iniciativa sea ley de la rep�blica a la brevedad, porque, sin duda, va en beneficio de los peque�os y medianos regantes, quienes hasta hoy no han podido regularizar su situaci�n.

		He dicho.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable se�or Prokurica.

      
        
El se�or PROKURICA.- Se�or Presidente, no cabe ninguna duda de que el proyecto persigue un gran objetivo: organizar a las comunidades de aguas para los efectos de defender sus derechos y de facilitar, como lo dijo muy bien el Senador que me antecedi� en el uso de la palabra, el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para realizar todo acto ante la Direcci�n General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisi�n Nacional de Riego. En este �ltimo caso, con relaci�n a la postulaci�n de proyectos a trav�s de la ley N� 18.450.

        
		Algunos se�ores parlamentarios han manifestado que esta es una peque�a iniciativa. Yo creo que reviste una extraordinaria importancia. 

        
		Si las comunidades de regantes hubieran estado organizadas, por ejemplo, en la Regi�n de Atacama, la hecatombe que vivimos all� en ese �mbito sin duda no se habr�a producido. De hecho, en el valle del Huasco, una bien organizada junta de vigilancia se opuso a la entrega de derechos de agua y evit� un sobreotorgamiento como el que se dio en la cuenca del r�o Copiap�.

        
		Y quiero explicar lo anterior. 

        
		Por el discurso de algunos parlamentarios, pareciera que la culpa siempre es de las leyes o los c�digos, y que mediante reformas constitucionales se solucionar�n los problemas del agua. En mi opini�n, estas pueden ayudar, pero dudo que remedien situaciones generadas por Administraciones que, a mi juicio, fueron irresponsables. 

        
		�El Estado fue irresponsable en la cuenca del Copiap�! 

        
		�Por qu� digo esto, se�or Presidente? Porque en el a�o 1993 la Direcci�n General de Aguas emiti� un informe en el que se se�alaba que se hab�a otorgado el uso de 6 mil litros por segundo de aguas subterr�neas, y que ello ya constitu�a el doble de la recarga existente. �Sabe cu�ntos derechos de agua se entregaron desde 1993, con el antecedente de ese informe, hasta 2010, per�odo de la Concertaci�n? Se concedieron 14 mil litros m�s. �Le parece esa una buena Administraci�n? 

        
		�Y se pide que haya m�s Estado...!

        
		�Aqu� se requiere un Estado m�s responsable, se�or Presidente!

        
		No queremos que se repita el esc�ndalo ocurrido en Copiap�, donde se entregaron papeles de derechos de agua que hoy no poseen ning�n respaldo. Se publican en el diario avisos para su venta, pero no valen nada, porque no hay agua.

        
		Lo que ocurri� all�, a mi juicio, podr�a haber sido amortiguado con una junta de vigilancia o una junta de regantes organizada, que se hubiese opuesto al otorgamiento excesivo de derechos, generando una se�al de alerta hacia las autoridades.

        
		Cabe preguntarse: �Qui�n concedi� tales derechos de aprovechamiento de agua? �Por qu� entonces no se declar� ese lugar zona de escasez h�drica, cosa que s� resolvi� el actual Gobierno? Y este no sigui� entregando m�s derechos. Creo que esto es lo que hab�a que hacer.

        
		Finalmente, pido al Ejecutivo que patrocine un proyecto de mi autor�a que busca no aplicar, en las zonas declaradas de escasez h�drica, una disposici�n legal, aprobada en 2005, que fija una multa por el no uso de los derechos de agua. Si quienes no utilizan tales derechos en zonas como la cuenca del r�o Copiap� echaran a andar sus bombas, provocar�an una cat�strofe total. 

        
		Por lo tanto, hay que aprobar la iniciativa que nos ocupa, que pretende organizar a los regantes para facilitar la inscripci�n de sus derechos de agua, lo que les permitir�, por supuesto, postular a los beneficios que entrega el Estado y actuar frente a sus organismos. 

		Adem�s, se debe modificar la legislaci�n para los efectos de no aplicar la multa por el no uso de los derechos de agua en lugares donde se declare escasez h�drica. Ello, m�s que un beneficio, significar�a un perjuicio.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Pizarro.

      
        
El se�or PIZARRO.- Se�or Presidente, solicit� intervenir motivado por algunas intervenciones de mis colegas respecto al contenido del proyecto, pero tambi�n sobre el tema de fondo: la forma en que nuestro pa�s est� encarando el tema del agua, recurso sumamente escaso y del cual Chile todav�a posee reservorios -y muy importantes-, pero que no servir�n de mucho si no los administramos y cuidamos como corresponde. 

        
		Pido que no confundamos las materias. 

        
		Una cosa es la iniciativa en an�lisis, que me parece positiva porque ayuda a resolver un problema que aqueja a los regantes. Por lo menos para los de mi Regi�n, lo propuesto resulta sumamente relevante. 

        

		Hago presente que en este �mbito hoy tenemos una situaci�n bastante ca�tica. Cuando el agua falta, m�s se necesita disponer de organizaciones de regantes fuertes, organizadas, con claridad respecto de sus derechos y de la manera de ejercerlos.

        
		Aqu� se han planteado varios temas.

        
		El Senador se�or Prokurica manifestaba reci�n -y con raz�n- que las autoridades se ve�an obligadas a entregar m�s derechos de los que realmente pod�an otorgar dada la existencia real de agua. En zonas del norte eso se hac�a de manera condicionada, potencial, porque se sabe desde hace a�os que los recursos h�dricos -por lo menos, los de la Cuarta Regi�n- se hallan totalmente entregados. En el fondo, se dec�a: "Cuando existan excedentes -si es que llegan a haber-, pueden hacer uso de determinados derechos". En definitiva, tales eventualidades en la pr�ctica no llegaban nunca a concretarse.

        
		Pero el objetivo principal que plantea el proyecto es permitir que las directivas de las asociaciones de regantes y de las juntas de vigilancia puedan representar a quienes las conforman en los procedimientos de perfeccionamiento de t�tulos de derechos de aprovechamiento de aguas que les han sido entregados producto de peticiones formuladas con anterioridad.

        
		Este elemento, que aparece sencillo, en mi Regi�n resulta de vital importancia -ya se ha mencionado-, porque permite clarificar lo existente y contar con la informaci�n exacta respecto de cu�ntos derechos se han entregado. Tales datos hay que cotejarlos en la pr�ctica con el agua que es posible distribuir de acuerdo a esos derechos.

        
		Recuerdo al Honorable Senado que en mi Regi�n llevamos siete a�os de sequ�a. Hemos podido subsistir gracias a la buena administraci�n de las juntas de vigilancia y de las organizaciones de regantes, que han sabido hacer buen uso de la infraestructura de riego en la Cuarta Regi�n, que se ha ido construyendo durante decenas de a�os. Es la que permite que hoy d�a Coquimbo sea una Regi�n potente desde el punto de vista productivo agr�cola, con una agricultura orientada a la agroindustria y a la exportaci�n. Pero eso se debe a un trabajo realizado por d�cadas y donde ha costado mucho ir organizando a los regantes.

        
		En consecuencia, me parece positivo respaldar cualquier facilidad que vaya en esa l�nea.

        
		Otra cuesti�n es el problema de fondo: qu� har� el pa�s frente al desaf�o de que el agua sea distribuida de manera m�s equitativa, que sea administrada de modo de garantizar prioridad para el consumo humano, por ejemplo, como lo plantearon algunos Honorables colegas.

        
		Con ocasi�n de las modificaciones al C�digo de Aguas de a�os atr�s, las discusiones eran enormes, porque los intereses que se tocaban tambi�n lo eran. No olvidemos que antiguamente se ped�an los derechos de agua sin necesidad de explicar para qu�. Simplemente se solicitaban. Y el Estado se encontraba obligado a entregarlos. Un ex Senador pidi� derechos de agua casi de Arica a Magallanes. �Por qu�? Porque le interesaba tenerlos para despu�s hacer qui�n sabe qu�. Nadie sabe: especular, venderlos a los interesados en desarrollar proyectos de energ�a o mineros. Lo desconocemos. Pero as� era la legislaci�n. Cost� un mundo lograr incorporar la exigencia de un proyecto en torno de la petici�n de un derecho de agua, para saber en qu� se quiere usar. Nos demoramos doce a�os en establecer un caudal ecol�gico m�nimo en las modificaciones al C�digo de Aguas. Tambi�n nos cost� much�simo disponer que, de no utilizarse esos derechos, se pagaba por lo menos por el no uso.

        
		Entonces, considero adecuado todo lo que vaya en la direcci�n de perfeccionar el funcionamiento del sistema -por lo menos en el caso del uso del agua en la agricultura-, de fortalecer las organizaciones de regantes y de dar las facilidades para proteger a los m�s peque�os. Porque, seamos claros, los grandes agricultores, los consorcios importantes o los exportadores tienen solucionados todos los problemas de t�tulos. Si las dificultades se dan con los peque�os, que no poseen la capacidad, el conocimiento ni los recursos para llevar adelante por cuenta propia el perfeccionamiento de sus t�tulos.

        
		Por otra parte, me parece fundamental que el Senado pueda organizar el equivalente a los encuentros que se han venido desarrollando en algunas Regiones -tambi�n a nivel global-, relativos al uso del agua y a la forma como el Estado entrega su utilizaci�n para determinadas actividades, ya sean econ�micas, tur�sticas, productivas o para garantizar el consumo humano.

        
		En muchas zonas de nuestro pa�s, eso �ltimo no se encuentra garantizado hoy d�a.

        
		Producto de la sequ�a, en la Regi�n que represento hay importantes sectores de secano donde, si no se distribuye agua para la bebida a trav�s de los camiones aljibes en todos los sistemas de agua potable rural, no hay c�mo garantizar el consumo a quienes habitan en esas localidades. Hemos tenido que ligar proyectos de obras de riego, como el futuro embalse Valle Hermoso, en la comuna de Combarbal�, con garantizar que dicha obra permita dotar de agua potable rural a m�s de 27 localidades de la comuna, en las que hoy se cuenta con sistema de agua potable pero no existe la posibilidad de acceso al recurso h�drico para la bebida, pues las fuentes se encuentran agotadas.

        
		Por consiguiente, en el Senado podr�amos encargarnos de organizar un evento m�s de contenido, para adoptar definiciones de Estado, respecto de c�mo el pa�s va a administrar este recurso h�drico, que en teor�a figura como un bien nacional de uso p�blico, pero que en los hechos pr�cticamente no existe. �Y por qu�? Porque est� entregado en una cantidad mayor al agua disponible.

        
		Al respecto, me parece bien que, por ejemplo, los grandes proyectos mineros, que actualmente se est�n implementando de manera importante, sobre todo desde la Cuarta Regi�n hacia el norte, hoy tengan como exigencia clara y precisa que deben usar agua de mar. Y ellos han de entender que su desarrollo se tiene que hacer con agua salina, porque lisa y llanamente la dulce no existe. Adem�s, ser�a un crimen que para llevar adelante ese tipo de proyectos -generan altas rentabilidades- se utilice un recurso tan escaso como el agua dulce.

        
		En consecuencia, creo que la Mesa podr�a recoger los planteamientos de la Senadora se�ora Allende en cuanto a organizar un seminario y un encuentro en donde convoquemos a la comunidad nacional. Hay enorme cantidad de estudios y de evaluaciones a nivel mundial. Podemos -creo yo- solicitar tambi�n la participaci�n de cient�ficos, que cuentan con una visi�n de m�s largo aliento. Ello ser�a un aporte de nuestra Corporaci�n en esa l�nea. Porque es cierto que, a pesar de poseer tremendas reservas, el agua hoy en el pa�s est� muy mal distribuida y p�simamente aprovechada. 

		Tampoco hemos sido capaces de desarrollar pol�ticas de infraestructura de riego o de aprovechamiento de las aguas que nos garanticen un recurso que aspiramos para las futuras generaciones.

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or Horvath.

      
        
El se�or HORVATH.- Se�or Presidente, el proyecto, como se ha planteado, busca agilizar los tr�mites de perfeccionamiento de t�tulos de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia respecto de los derechos de agua.

        
		Conocemos la historia de lo ocurrido en nuestro pa�s con los derechos de agua, particularmente los no consuntivos. Adem�s se han entregado -en esto hay responsabilidad de todos los sectores pol�ticos- m�s derechos de los que las cuencas realmente soportan.

        
		En esta materia, hay una f�rmula clara de soluci�n, que no tiene que ver con la voluntad de la autoridad, sino que ha de hacerse desde cada cuenca, con participaci�n. Y para eso hay un instrumento que se maneja pr�cticamente en todo el mundo. Nosotros estuvimos ad portas de resolverlo en el Congreso Nacional, con motivo de la �ltima reforma al C�digo de Aguas, donde, entre otros aspectos, se aprob� el caudal ecol�gico ambiental. Y se encontraba considerado el instrumento al cual me refiero, que es el manejo integrado de las cuencas. En virtud de �l, las distintas organizaciones y las personas que tienen alguna actividad pueden buscar la compatibilidad o la incompatibilidad y definir el buen uso de las aguas, tanto consuntivo como no consuntivo, y particularmente de las subterr�neas -hoy en d�a adquieren cada vez m�s importancia-, de las cuales tambi�n se entregan derechos y no se toma en cuenta que ellas se reponen a veces en per�odos no inferiores a 200 a�os.

        
		Respecto al proyecto que nos ocupa, me sumo al llamado a trabajar en un acuerdo pol�tico, a fin de llevar adelante un proceso de recuperaci�n de las aguas para su uso potencial en Chile, tanto consuntivo como no consuntivo. Particularmente un sector que est� muy constre�ido y no puede desarrollarse es el de las energ�as renovables no convencionales y el de las energ�as intermedias -por as� decirlo-; o sea, no necesariamente los megaproyectos.

        
		La iniciativa en an�lisis en s� tiene la facultad de que, una vez obtenidos de manera m�s r�pida los t�tulos de los derechos de agua, se pueda garantizar -lo ha manifestado, entre otros, el profesor Ludwig Stowhas, que se ha dedicado toda su vida al tema- que las minor�as el d�a de ma�ana no se vean sobrepasadas. Porque en la actualidad, como se ha mencionado, la necesidad de agua es tan grande que finalmente se puede transformar en una transacci�n de car�cter comercial; es decir, dejar de hacer agricultura o turismo, porque la oferta que plantea el sector minero en este minuto es m�s alta. Y la idea es que esa minor�a que quiere desarrollar la agricultura, que desea seguir en una actividad consuetudinaria, tradicional, que posee una identidad y un valor que no solo se mide desde el punto de vista econ�mico, sea debidamente resguardada. Pienso que en este particular punto debemos tener mucho cuidado. Al respecto, se ha propuesto que la iniciativa sea tambi�n revisada por la Comisi�n de Agricultura.

        
		Ahora bien, los canales de riego que requieren de este perfeccionamiento de t�tulos tambi�n tienen un enorme potencial, no solamente para regar, pues se ha calculado que entre la Regi�n de Atacama y la de La Araucan�a, si se consideran caudales superiores a 4 metros c�bicos por segundo y potenciales superiores a 2 megavatios, hay 866,2 megavatios posibles de desarrollo. 

        
		Hoy d�a convers�bamos con el Ministro de Agricultura. La Comisi�n Nacional de Riego ha hecho una evaluaci�n del potencial completo de esos canales y estamos hablando de 1.400 megavatios, que est�n ah�, a la mano. 

        
		Es decir, los que poseen t�tulos perfeccionados tienen la posibilidad, adem�s de regar, de generar energ�a y hacer un mejor negocio para esas comunidades. 

        
		Por esas razones, entre otras cosas que se han manifestado en la Sala, como bien se�al� el Senador Prokurica, justamente las juntas de vigilancia son las que primero reaccionan cuando se intenta adquirir un caudal que supera lo que verdaderamente da la cuenca, cualquiera sea el sector de esta, si se pretende especular con ello o desviar las aguas para otros fines que vulneran esta actividad. 

		As� que, por tales motivos, voto a favor.

      
      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador se�or P�rez. 

      
        
El se�or P�REZ VARELA.- Se�or Presidente, sin duda el tema del agua es sustantivo, relevante. 

        
		He escuchado con atenci�n las expresiones de algunos se�ores Senadores con respecto a cuestiones m�s de fondo: c�mo administrar mejor el agua en un pa�s en que la sequ�a en cada una de las Regiones, particularmente del centro norte, es una realidad que tambi�n se expresa en las Regiones del centro sur. En la del Biob�o, entre los meses de octubre y abril, hay vastos sectores precordilleranos en los cuales hay que llevar el agua en camiones aljibes a las distintas comunidades. 

        
		Por ende, lo del agua requiere un an�lisis muy riguroso, una mirada t�cnica adecuada y llevar adelante soluciones que tengan un efecto positivo en el uso de este recurso. 

        
		Lo digo porque muchas veces discutimos una legislaci�n que poco tiempo despu�s hay que modificar, como la norma que hoy d�a estamos analizando. 

        
		El a�o 2005 el Congreso Nacional estableci� la obligaci�n de que todos los derechos de aprovechamiento de aguas deber�n estar inscritos en el Registro P�blico de Derechos de Aprovechamiento del Catastro P�blico de Aguas (art�culo 122, inciso s�ptimo, del C�digo de Aguas). �En 2005! O sea, hace siete a�os nosotros tomamos la decisi�n de que ese registro catastral era b�sico. Incluso se expresaba con absoluta claridad que si no se encontraban inscritos, no pod�an realizar diversas actividades fundamentales, particularmente para el mundo agr�cola y para cualquier otro; que los programas y proyectos que se llevan adelante con fondos p�blicos no se pod�an entregar a los beneficiarios, por no estar en ese registro catastral. 

        
		Pero siete a�os despu�s nos damos cuenta de que el sistema, a lo mejor, presenta trabas o problemas, y hay que ver la manera de resolverlos. Y c�mo lo hacemos: entreg�ndole a las organizaciones de aguas la representaci�n de los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas. 

        
		De repente, uno siente que es casi lo mismo que entregar representaci�n a una junta de vecinos para regularizar las propiedades de los vecinos. O sea, se trata de una situaci�n extremadamente compleja. 

        
		Me gustar�a que avanz�ramos para saber por qu� esto que aprobamos el 2005 ha sido un problema. �Por qu� lo que el Congreso despach� como ley hace siete a�os est� teniendo tantas dificultades o eventualmente perjudicando a muchas personas? �Por qu� a los regantes, en particular a los peque�os, se les est�n presentando inconvenientes? 

        
		Si uno analiza el debate de la Comisi�n de Obras P�blicas, advierte que se habla de alrededor de 300 mil peque�os titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que no han podido regularizar su situaci�n en ese lapso. 

        
		Algo no se trat� bien, por lo tanto, en la discusi�n legislativa sobre la norma que, en definitiva, aprobamos hace solo siete a�os. 

        
		Por eso, se debe revisar la situaci�n con especial cuidado y rigor t�cnico. De ah� entonces que me sumo a la proposici�n del Senador se�or Garc�a-Huidobro -pese a que no podemos tomar acuerdos en este momento- para que en la discusi�n en particular tambi�n esta materia sea vista por la Comisi�n de Agricultura, dadas las dificultades de peque�os titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. La mayor�a tiene problemas para resolver asuntos relacionados con el mundo agr�cola. Por eso, dicho organismo puede tener la experticia necesaria para determinar qu� resoluciones hay que tomar o qu� camino seguir. 

        
		Me parece bien que las organizaciones de aguas y las juntas de vigilancia est�n a cargo de la gesti�n de todas las cuencas y de los cursos de agua -no s� si es algo positivo; no tengo una opini�n formada al respecto- y que adem�s asuman la representaci�n de las personas como titulares de un determinado derecho de aprovechamiento de aguas, que no se encuentra perfeccionado para algo tan particular. 

        
		Por eso, estimo que este proyecto de ley nos lleva necesariamente a la conclusi�n de que respecto de una materia tan sensible como el agua debemos tener no solo un debate para analizar temas conceptuales como este, sino tambi�n hacerlo desde el punto de vista t�cnico, para que las soluciones verdaderamente vayan por el camino correcto. 

        
		No votar� a favor del proyecto por estar pareado, pero resulta esencial que lo vea la Comisi�n de Agricultura, por cuanto no se trata solo de un asunto de la Comisi�n de Obras P�blicas, por mucho que la Direcci�n General de Aguas dependa del Ministerio de Obras P�blicas. 

        
		Muchas de las dificultades que los se�ores Senadores han expresado que tienen peque�os regantes se dan en la realidad agr�cola. Por ejemplo, cuando quieren pedir subsidios para la ley de fomento a la inversi�n privada de obras de riego y de drenaje -materia de �ndole agr�cola-o cuando se trata de algo tan f�cil como solicitar un cambio de captaci�n de agua, lo que es un elemento esencial para la administraci�n de un recurso tan importante. 

        
		El a�o 2005 expresamos que, si alguien no estaba inscrito en el Registro de Derechos de Aprovechamiento del Catastro P�blico de Aguas, de la Direcci�n General de Aguas, no pod�a hacer una solicitud sobre el particular. 

		Estoy por la aprobaci�n en general, pidiendo que se discuta en la Comisi�n de Agricultura; y hago especial menci�n de que estos temas no son de f�cil resoluci�n y tienen que tratarse con rigor t�cnico, porque hace solo siete a�os establecimos una obligaci�n que hoy d�a reconocemos que est� generando problemas no a los grandes, sino a los peque�os y medianos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas.

      
      
El se�or ESCALONA (Presidente).-Hemos cumplido con la lista de oradores. 

      
El se�or LABB� (Secretario General).- �Alg�n se�or Senador no ha emitido su voto?

      
El se�or ESCALONA (Presidente).- Terminada la votaci�n.

      
        
		--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y un pareo). 

        
		Votaron por la afirmativa las se�oras Allende, Rinc�n y Von Baer y los se�ores Cantero, Chahu�n, Coloma, Escalona, Espina, Garc�a, Garc�a-Huidobro, Girardi, G�mez, Horvath, Kuschel, Larra�n (don Hern�n), Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zald�var (don Andr�s).

		No vot�, por estar pareado, el se�or P�rez Varela.

    
    
El se�or ESCALONA (Presidente).- Ha concluido el Orden del D�a.

  
		Por no haber qu�rum para tomar acuerdos, se levanta la sesi�n. Pero, en todo caso, se dar� curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Secretar�a. 

  
    
PETICIONES DE OFICIOS

    
			--Los oficios cuyo env�o se anunci� son los siguientes: 

    
		De la se�ora ALLENDE:

    
			Al se�or Director General de Aguas, requiri�ndole INFORMACI�N SOBRE USO DE DERECHOS DE AGUAS DESGLOSADA POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y POR REGI�N, Y EN EL CASO DE ATACAMA, POR PROVINCIA.

    
			Del se�or BIANCHI:

    
			Al se�or Ministro de Energ�a, a fin de que se informe acerca de SUBSIDIO DE ENAP A GAS DOMICILIARIO EN REGI�N DE MAGALLANES Y PROYECTO DE LEY SOBRE VALOR DE DICHO COMBUSTIBLE, y al se�or Presidente de la Honorable C�mara de Diputados, solicit�ndole antecedentes sobre SESI�N ESPECIAL DE COMISI�N DE SALUD EN PUNTA ARENAS PARA OBSERVAR EN TERRENO SITUACI�N DE CEMENTERIO PARQUE CRUZ DE FROWARD.

    
			Del se�or CHAHU�N:

    
			Al se�or Superintendente de Valores y Seguros, para consultarle sobre razones de NO LIQUIDACI�N DE SINIESTRO DENUNCIADO POR DON CARLOS IBACACHE GUTI�RREZ A COMPA��AS ACE SEGUROS Y CARDIF.

    
			Del se�or MU�OZ ABURTO:

    
			Al se�or Ministro de Hacienda, a fin de requerir informaci�n sobre RESTRICCI�N DE FRANQUICIA TRIBUTARIA DE IVA A LA CONSTRUCCI�N EN T�RMINOS DE MENOR GASTO PRODUCIDO EN CADA A�O DE VIGENCIA. Al se�or Ministro de Justicia y a la se�ora Ministra del Trabajo y Previsi�n Social, con el objeto de que entreguen antecedentes acerca de EVALUACIONES RESPECTO DE FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNALES DE COBRANZA PREVISIONAL EN ESPECIAL REFERIDA A DURACI�N PROMEDIO DE CAUSAS.

    
			De la se�ora RINC�N:

			Al se�or Director de Obras Hidr�ulicas de la Regi�n del Maule, con el objeto de requerirle informaci�n sobre el ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LLEPO, COMUNA DE LINARES; a la se�ora Superintendenta de Seguridad Social, pidi�ndole que se resuelva lo relativo a C�LCULO DE MONTOS DE LICENCIAS M�DICAS PARA TRABAJADORES CON RENTA VARIABLE, y a la se�ora Ministra del Trabajo y Previsi�n Social, a fin de obtener un pronunciamiento sobre SOLICITUD DE AUDIENCIA CON RELACI�N A SITUACI�N LABORAL DE PERSONAL DE JARDINES INFANTILES V�A TRANSFERENCIA DE FONDOS.

  
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		--Se levant� la sesi�n a las 19:38.

  
								Manuel Oca�a Vergara, 

  
								 Jefe de la Redacci�n