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La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, este proyecto, que es relativamente sencillo, faculta a los directorios de las organizaciones de usuarios para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Creo, por ende, que no vamos a tener problemas para aprobarlo.
Sin embargo, me llama la atención que el Ejecutivo no tome la iniciativa para introducir en el Código de Aguas modificaciones que resultan cada vez más indispensables.
Ese cuerpo de leyes, que data de 1981, tiene un enfoque bastante productivista, que ni siquiera garantiza algo esencial: el derecho al consumo humano.
El agua es un bien esencial. Nosotros podríamos hasta, en un momento de crisis, "prescindir" de la energía. Pero, como seres humanos, no lograríamos sobrevivir sin aquel elemento, que es vital.
Quizás por tal obviedad se da por descontada en las discusiones públicas la importancia que dicho recurso reviste para el desarrollo de la existencia de las personas y, por cierto, de un país.
En tal sentido, resulta indispensable tomar conciencia de que enfrentamos de manera frecuente -para qué hablar de lo que ocurre en las Regiones del norte- una escasez hídrica.
Hace algún tiempo la Región de Atacama debió decretar la escasez hídrica. Al final, ello ha permitido sacar agua de un sector para fortalecer otro y "asegurar el consumo humano" en lugares afectados con asiduidad por cortes en el suministro.
Pero quiero ir al fondo del tema. A mí me parece que debiéramos seguir completamente la línea fundamental, tal como lo expresaba el proyecto de reforma constitucional presentado en su momento por la Presidenta Bachelet , que el Gobierno actual desechó, desgraciadamente:
"Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares".
Ello es tremendamente importante, porque se protegerían en cualquiera de sus estados, incluidos, por cierto, los glaciares, ya que últimamente estamos observando que el desarrollo minero en altura los afecta, muchas veces, con la consiguiente gravedad que ello implica.
Por mi parte, presenté una iniciativa de modificación de la Carta precisamente en el sentido expuesto y en la que, además, señalo:
"Corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, asignando sus usos y modalidades según la diversidad geográfica" -es preciso tener en cuenta que una Región como la que represento, Atacama , nunca va a ser lo mismo que la de Aysén, por poner un ejemplo- "y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos, la situación de las cuencas hidrográficas y la seguridad nacional".
Tales derechos, además, no podrían seguir exhibiendo el carácter de perpetuos. El agua dejó de ser un bien nacional de uso público en la medida en que se contemplaron títulos sin plazo desde 1981 en adelante, los que se transformaron en privados. La privatización se tradujo en la concesión de derechos de aprovechamiento para siempre, de por vida, sin mediar un programa ni un objetivo determinados.
Y no se trata solo de eso, sino de que hoy día incluso existe un mercado especulativo en el que se ha llegado a valores siderales. Por ejemplo, en la Región de Atacama se puede comprar un litro por segundo en 100 mil dólares. Porque, evidentemente, se plantea una necesidad en las empresas mineras.
Entonces, es indispensable considerar el no otorgamiento de futuros derechos de aprovechamiento de agua si no van acompañados de un plan y un objetivo específicos y de un plazo determinado. No puede ser que se sigan concediendo a perpetuidad y que la gente pueda venderlos tranquilamente o heredarlos, y que se entreguen, además, gratuitamente.
También estimo importante en la reforma constitucional que he presentado la norma relativa a que "Corresponderá al legislador reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar siempre la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano". Es decir, se pone nuevamente el énfasis en lo que he expuesto: lo primero que debiéramos hacer es garantizar dicho propósito.
A raíz del Código de Aguas, no solo se plantea hoy la especulación mencionada, sino que ni siquiera es posible hacer referencia a un verdadero mercado, porque la información no es transparente. No hay un registro claro de usuarios. En cuanto a la Región que represento, se señala que la agricultura es la principal consumidora, después la minería y muy abajo, desde luego, el consumo humano. Pero la verdad es que, en el primer caso, se sabe que se han otorgado derechos, mas no se dice cuántos se están ocupando realmente y cuántos no.
Por cierto, sabemos de la presión que están ejerciendo las mineras sobre el recurso hídrico, de lo cual deriva la necesidad, obviamente, de instalar plantas desalinizadoras. Como le acabo de decir al Ministro señor Golborne en la Sala, tampoco podemos caer en la irracionalidad de contar con seis u ocho de estas últimas, según cada uno de los proyectos mineros que se presenten, porque la presión sobre la energía no las haría sostenibles.
Entonces, es preciso abordar de una vez por todas una cierta cantidad de aspectos. Pienso que no hemos tomado conciencia, como nación, de la gravedad de que el elemento escasee cada día más, de lo que ello importa para la vida humana y el desarrollo potencial de un país, de lo que implica la falta de transparencia, de lo que significa la ausencia de un Estado que debiera regular y al menos coordinar.
Al respecto, podemos nombrar unas diez o doce instituciones que mantienen hoy día, sectorialmente, una relación con el recurso, entre ellas la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, en el Ministerio de Obras Públicas; el SAG, por un lado, y la CONAF, por el otro; el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera. Es decir, se observa una total desarticulación, sin que exista un organismo al menos coordinador, regulador, de todas las entidades.
Ello es algo que no se ve en otros países. ¿Qué nos muestran claramente modelos como los europeos o el australiano? Que tiene que existir un organismo con la jerarquía suficiente para coordinar todas las instancias relacionadas con el agua, además de verificarse un manejo integrado de las cuencas. Ese es el nivel en el cual debe trabajarse con la participación de todos los actores.
Afortunadamente, tuvimos la posibilidad de realizar el viernes, en Copiapó, un seminario de mucha calidad en las presentaciones y ponencias, al que llevamos, por ejemplo, a Michael Hantke , quizás uno de los mejores expertos del país en agua, y puedo garantizar, por la concurrencia, que existe inquietud, interés, en la materia, pero temo que, como nación, todavía no hemos adquirido la conciencia suficiente de su importancia.
Por eso, sin perjuicio de consignar que el proyecto es sencillo, me gustaría estar discutiendo más bien el asunto de fondo: cuánto más vamos a seguir sin llevar a cabo una auténtica reforma o las modificaciones necesarias en el Código de Aguas y sin enfrentar el problema de una vez por todas, que al menos en la Región que represento y en todo el macronorte se vuelve cada vez más agudo, evidentemente.
Para qué hablar del cambio climático, que no hace más que intensificar la mala gestión existente, como dije, causada por la dispersión y atomización de la institucionalidad; por la debilidad de los usuarios, que no se hallan suficientemente organizados, lo que hace falta a lo largo del país; por la desconexión entre aguas subterráneas y superficiales, y por la ausencia de un Estado regulador, coordinador y con una política pública clara.
Señor Presidente , creo que la iniciativa en examen, de por sí sencilla, tiene que darnos el espacio para discutir con seriedad, lo que no hemos hecho todavía como país y tampoco como Senado. Llegó la hora de tratar de verdad qué está pasando con el agua.
Y todavía estoy esperando que la Comisión de Constitución nos convoque. Porque señalé en la Sala exactamente lo que ha pasado. En la medida en que se cambió la intervención de la Comisión de Medio Ambiente por la de las Comisiones de Constitución y Medio Ambiente, unidas, jamás nos han citado. Ya ha pasado más de un mes. Y es lo que temía. Es decir, se posterga un debate cada día más importante, imprescindible.
En consecuencia, me gustaría que esta fuera la oportunidad de darle realmente una señal al país y de significar que, como Senadores, sí nos importa la cuestión del agua. Para qué decir si representamos la zona del norte, donde todos advertimos la situación aguda que se está viviendo, ya que ni siquiera podemos afirmar que está garantizado cien por ciento el consumo humano.
He dicho.
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