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El señor QUINTANA.-
Señor Presidente , quisiera justificar la ausencia del señor Ministro de Obras Públicas , quien asistió a la sesión hasta hace poco rato. Entiendo que tuvo que cumplir con un compromiso en Santiago. Deseo precisar que ha estado presente durante toda la discusión del proyecto, junto al Director de Aguas y su equipo legislativo. Por cierto, nos hubiera gustado sostener el debate con su participación, pero vendrán otros proyectos donde seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo.
Dicho lo anterior, parto por expresar que constituye una información pública que el señor Ministro estuvo sobrevolando algunos días atrás, con el señor Director de Aguas , algunas zonas de la cordillera de los Andes. En particular, pudo observar la situación de nuestros glaciares y constatar la disminución del volumen de hielo en todas estas reservas de agua dulce. Entonces, considero que el planteamiento de mi Honorable colega Allende va en la línea de lo que debiéramos estar tratando acá.
Estos proyectos que parecen menores no son nada de inocentes, en verdad. El que nos ocupa busca facultar, como bien se ha señalado, a los directorios de comunidades de agua o de juntas de vigilancia para representar a interesados o asociados en los distintos procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de agua.
Lo que puede parecer un sencillo mejoramiento de una política pública tendiente a favorecer a los agricultores refuerza, en la práctica, el derecho de propiedad sobre el recurso. Como todos sabemos, las tres facultades esenciales del dominio son el uso, el goce y la disposición. Y precisamente desde 1981, como se ha manifestado, las aguas se vienen entregando, se vienen inscribiendo, se vienen haciendo objeto de especulación. La venta de litros por segundo ha ido aumentando gradualmente de precio. Hoy día existe prácticamente una propiedad sobre el elemento. Es decir, algo que la Constitución no consagra sí lo está estableciendo la ley.
Ello dice relación, en general, con distintos bienes de dominio público. En el caso anterior, tenemos el Código de Aguas; en el de la pesca, la ley respectiva -dicho sea de paso, la iniciativa que la modifica llegará al Senado en pocos días-; en el de la minería, el Código del ramo. ¿Cuál es el común denominador en todos ellos? Que su defensa, en la práctica, no está consagrada en la Carta Fundamental.
Por eso también llama la atención que estemos discutiendo proyectos que perfeccionan procedimientos de títulos en circunstancias de que las aguas son del dominio público de la nación. Las estamos entregando hoy día a costo cero y, cuando queramos utilizarlas, el país va a tener que pagar por ellas precisamente debido a lo constatado por el señor Ministro en su sobrevuelo: nos estamos quedando sin reservas. Como decía la Senadora señora Allende, no nos hallamos en condiciones de garantizar el suministro para el consumo humano en muchos sectores del sur y del norte, ni tenemos la posibilidad de hacerlo para proyectos de riego. Entonces, la situación puede favorecer el que muchos de los titulares de derechos de propiedad adquiridos a costo cero sigan aumentando sus inversiones.
Pero no nos estamos refiriendo a la cuestión de fondo: la reforma constitucional presentada por la Presidenta Bachelet, retirada por el Gobierno actual apenas asumió. Me parece que ese es el debate al que debiéramos abocarnos.
La iniciativa en análisis no es la única presentada por el Ejecutivo en materia de aguas. En la Comisión de Obras Públicas se está discutiendo una nueva, que busca sancionar a quienes realizan una extracción ilegal. Es algo que constituye un delito, por cierto. Aproximadamente, se registran 140 casos anuales, según la estadística entregada. Gran parte de ellos ocurren en la gran minería del norte. Lo anterior, asumido y reconocido por el propio Gobierno. Por lo tanto, si eso es así y son las grandes mineras las que están extrayendo aguas subterráneas o superficiales que necesitan para sus operaciones, cabe plantear en el debate por qué no incorporamos tales acciones en la responsabilidad penal de las empresas, como tiene que ser.
Espero que, con motivo del plazo para presentarle indicaciones a ese proyecto, pueda quedar contemplada una norma al respecto, tal como se intentó hacer durante la discusión en la Cámara.
Entonces, la iniciativa en examen, que cuenta con la aprobación unánime de la Comisión, a la que asistieron algunas juntas de vigilancia de comunidades de agua que dieron su opinión favorable, representa un cambio bastante menor que reafirma lo preceptuado en el artículo 19, número 24º, de la Constitución -se halla en un lugar bastante especial y el Gobierno le ha dado mucha relevancia-: el derecho de propiedad. En la actualidad -insisto- todavía se pueden seguir inscribiendo derechos de agua, a costa de perjudicar a muchos chilenos que quisieran beneficiarse de ella para consumirla o para utilizarla en obras de riego.
En definitiva, voy a votar a favor del proyecto, señor Presidente . Pero anhelo de parte del Ministro señor Golborne y de los demás Secretarios de Estado presidenciables -también está presente en la Sala el señor Longueira - un pronunciamiento sobre los problemas de fondo. O sea, si vamos a ocuparnos en las aguas, que ello no sea para referirnos a un pequeño capítulo, a una cuestión sancionatoria o de perfeccionamiento de títulos de dominio.
Considero deseable una definición de los presidenciables respecto de la reforma constitucional. ¿Qué vamos a hacer con los bienes nacionales de uso público? ¿Van a ser para todos los chilenos o para unos pocos? ¿Quedarán para quienes han aprovechado un privilegio que hoy día se consagra y que será muy difícil, en lo sucesivo, modificar en la Carta? Repito que así sucede en la pesca, en la minería.
A propósito, en la discusión de la iniciativa sobre la televisión digital terrestre hemos comprobado que el espectro radioeléctrico como bien nacional de uso público no se encuentra reconocido en ninguna ley, a diferencia de lo que parece obvio.
El Código Civil dice que los chilenos somos dueños de muchos bienes. Hoy, en la práctica, no hay nada en las leyes y lo único que se reafirma cada vez más es el derecho de propiedad.
Reitero que vamos a aprobar la idea de legislar, señor Presidente, pero echamos de menos una discusión mucho más de fondo respecto de las aguas y, en particular, de la reforma constitucional.
He dicho.
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