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El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , no cabe ninguna duda de que el proyecto persigue un gran objetivo: organizar a las comunidades de aguas para los efectos de defender sus derechos y de facilitar, como lo dijo muy bien el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para realizar todo acto ante la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego. En este último caso, con relación a la postulación de proyectos a través de la ley N° 18.450.
Algunos señores parlamentarios han manifestado que esta es una pequeña iniciativa. Yo creo que reviste una extraordinaria importancia.
Si las comunidades de regantes hubieran estado organizadas, por ejemplo, en la Región de Atacama, la hecatombe que vivimos allí en ese ámbito sin duda no se habría producido. De hecho, en el valle del Huasco, una bien organizada junta de vigilancia se opuso a la entrega de derechos de agua y evitó un sobreotorgamiento como el que se dio en la cuenca del río Copiapó.
Y quiero explicar lo anterior.
Por el discurso de algunos parlamentarios, pareciera que la culpa siempre es de las leyes o los códigos, y que mediante reformas constitucionales se solucionarán los problemas del agua. En mi opinión, estas pueden ayudar, pero dudo que remedien situaciones generadas por Administraciones que, a mi juicio, fueron irresponsables.
¡El Estado fue irresponsable en la cuenca del Copiapó!
¿Por qué digo esto, señor Presidente ? Porque en el año 1993 la Dirección General de Aguas emitió un informe en el que se señalaba que se había otorgado el uso de 6 mil litros por segundo de aguas subterráneas, y que ello ya constituía el doble de la recarga existente. ¿Sabe cuántos derechos de agua se entregaron desde 1993, con el antecedente de ese informe, hasta 2010, período de la Concertación? Se concedieron 14 mil litros más. ¿Le parece esa una buena Administración?
¡Y se pide que haya más Estado...!
¡Aquí se requiere un Estado más responsable, señor Presidente!
No queremos que se repita el escándalo ocurrido en Copiapó, donde se entregaron papeles de derechos de agua que hoy no poseen ningún respaldo. Se publican en el diario avisos para su venta, pero no valen nada, porque no hay agua.
Lo que ocurrió allí, a mi juicio, podría haber sido amortiguado con una junta de vigilancia o una junta de regantes organizada, que se hubiese opuesto al otorgamiento excesivo de derechos, generando una señal de alerta hacia las autoridades.
Cabe preguntarse: ¿Quién concedió tales derechos de aprovechamiento de agua? ¿Por qué entonces no se declaró ese lugar zona de escasez hídrica, cosa que sí resolvió el actual Gobierno? Y este no siguió entregando más derechos. Creo que esto es lo que había que hacer.
Finalmente, pido al Ejecutivo que patrocine un proyecto de mi autoría que busca no aplicar, en las zonas declaradas de escasez hídrica, una disposición legal, aprobada en 2005, que fija una multa por el no uso de los derechos de agua. Si quienes no utilizan tales derechos en zonas como la cuenca del río Copiapó echaran a andar sus bombas, provocarían una catástrofe total.
Por lo tanto, hay que aprobar la iniciativa que nos ocupa, que pretende organizar a los regantes para facilitar la inscripción de sus derechos de agua, lo que les permitirá, por supuesto, postular a los beneficios que entrega el Estado y actuar frente a sus organismos.
Además, se debe modificar la legislación para los efectos de no aplicar la multa por el no uso de los derechos de agua en lugares donde se declare escasez hídrica. Ello, más que un beneficio, significaría un perjuicio.
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