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El señor PIZARRO.-
Señor Presidente , solicité intervenir motivado por algunas intervenciones de mis colegas respecto al contenido del proyecto, pero también sobre el tema de fondo: la forma en que nuestro país está encarando el tema del agua, recurso sumamente escaso y del cual Chile todavía posee reservorios -y muy importantes-, pero que no servirán de mucho si no los administramos y cuidamos como corresponde.
Pido que no confundamos las materias.
Una cosa es la iniciativa en análisis, que me parece positiva porque ayuda a resolver un problema que aqueja a los regantes. Por lo menos para los de mi Región, lo propuesto resulta sumamente relevante.
Hago presente que en este ámbito hoy tenemos una situación bastante caótica. Cuando el agua falta, más se necesita disponer de organizaciones de regantes fuertes, organizadas, con claridad respecto de sus derechos y de la manera de ejercerlos.
Aquí se han planteado varios temas.
El Senador señor Prokurica manifestaba recién -y con razón- que las autoridades se veían obligadas a entregar más derechos de los que realmente podían otorgar dada la existencia real de agua. En zonas del norte eso se hacía de manera condicionada, potencial, porque se sabe desde hace años que los recursos hídricos -por lo menos, los de la Cuarta Región- se hallan totalmente entregados. En el fondo, se decía: "Cuando existan excedentes -si es que llegan a haber-, pueden hacer uso de determinados derechos". En definitiva, tales eventualidades en la práctica no llegaban nunca a concretarse.
Pero el objetivo principal que plantea el proyecto es permitir que las directivas de las asociaciones de regantes y de las juntas de vigilancia puedan representar a quienes las conforman en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas que les han sido entregados producto de peticiones formuladas con anterioridad.
Este elemento, que aparece sencillo, en mi Región resulta de vital importancia -ya se ha mencionado-, porque permite clarificar lo existente y contar con la información exacta respecto de cuántos derechos se han entregado. Tales datos hay que cotejarlos en la práctica con el agua que es posible distribuir de acuerdo a esos derechos.
Recuerdo al Honorable Senado que en mi Región llevamos siete años de sequía. Hemos podido subsistir gracias a la buena administración de las juntas de vigilancia y de las organizaciones de regantes, que han sabido hacer buen uso de la infraestructura de riego en la Cuarta Región, que se ha ido construyendo durante decenas de años. Es la que permite que hoy día Coquimbo sea una Región potente desde el punto de vista productivo agrícola, con una agricultura orientada a la agroindustria y a la exportación. Pero eso se debe a un trabajo realizado por décadas y donde ha costado mucho ir organizando a los regantes.
En consecuencia, me parece positivo respaldar cualquier facilidad que vaya en esa línea.
Otra cuestión es el problema de fondo: qué hará el país frente al desafío de que el agua sea distribuida de manera más equitativa, que sea administrada de modo de garantizar prioridad para el consumo humano, por ejemplo, como lo plantearon algunos Honorables colegas.
Con ocasión de las modificaciones al Código de Aguas de años atrás, las discusiones eran enormes, porque los intereses que se tocaban también lo eran. No olvidemos que antiguamente se pedían los derechos de agua sin necesidad de explicar para qué. Simplemente se solicitaban. Y el Estado se encontraba obligado a entregarlos. Un ex Senador pidió derechos de agua casi de Arica a Magallanes. ¿Por qué? Porque le interesaba tenerlos para después hacer quién sabe qué. Nadie sabe: especular, venderlos a los interesados en desarrollar proyectos de energía o mineros. Lo desconocemos. Pero así era la legislación. Costó un mundo lograr incorporar la exigencia de un proyecto en torno de la petición de un derecho de agua, para saber en qué se quiere usar. Nos demoramos doce años en establecer un caudal ecológico mínimo en las modificaciones al Código de Aguas. También nos costó muchísimo disponer que, de no utilizarse esos derechos, se pagaba por lo menos por el no uso.
Entonces, considero adecuado todo lo que vaya en la dirección de perfeccionar el funcionamiento del sistema -por lo menos en el caso del uso del agua en la agricultura-, de fortalecer las organizaciones de regantes y de dar las facilidades para proteger a los más pequeños. Porque, seamos claros, los grandes agricultores, los consorcios importantes o los exportadores tienen solucionados todos los problemas de títulos. Si las dificultades se dan con los pequeños, que no poseen la capacidad, el conocimiento ni los recursos para llevar adelante por cuenta propia el perfeccionamiento de sus títulos.
Por otra parte, me parece fundamental que el Senado pueda organizar el equivalente a los encuentros que se han venido desarrollando en algunas Regiones -también a nivel global-, relativos al uso del agua y a la forma como el Estado entrega su utilización para determinadas actividades, ya sean económicas, turísticas, productivas o para garantizar el consumo humano.
En muchas zonas de nuestro país, eso último no se encuentra garantizado hoy día.
Producto de la sequía, en la Región que represento hay importantes sectores de secano donde, si no se distribuye agua para la bebida a través de los camiones aljibes en todos los sistemas de agua potable rural, no hay cómo garantizar el consumo a quienes habitan en esas localidades. Hemos tenido que ligar proyectos de obras de riego, como el futuro embalse Valle Hermoso, en la comuna de Combarbalá, con garantizar que dicha obra permita dotar de agua potable rural a más de 27 localidades de la comuna, en las que hoy se cuenta con sistema de agua potable pero no existe la posibilidad de acceso al recurso hídrico para la bebida, pues las fuentes se encuentran agotadas.
Por consiguiente, en el Senado podríamos encargarnos de organizar un evento más de contenido, para adoptar definiciones de Estado, respecto de cómo el país va a administrar este recurso hídrico, que en teoría figura como un bien nacional de uso público, pero que en los hechos prácticamente no existe. ¿Y por qué? Porque está entregado en una cantidad mayor al agua disponible.
Al respecto, me parece bien que, por ejemplo, los grandes proyectos mineros, que actualmente se están implementando de manera importante, sobre todo desde la Cuarta Región hacia el norte, hoy tengan como exigencia clara y precisa que deben usar agua de mar. Y ellos han de entender que su desarrollo se tiene que hacer con agua salina, porque lisa y llanamente la dulce no existe. Además, sería un crimen que para llevar adelante ese tipo de proyectos -generan altas rentabilidades- se utilice un recurso tan escaso como el agua dulce.
En consecuencia, creo que la Mesa podría recoger los planteamientos de la Senadora señora Allende en cuanto a organizar un seminario y un encuentro en donde convoquemos a la comunidad nacional. Hay enorme cantidad de estudios y de evaluaciones a nivel mundial. Podemos -creo yo- solicitar también la participación de científicos, que cuentan con una visión de más largo aliento. Ello sería un aporte de nuestra Corporación en esa línea. Porque es cierto que, a pesar de poseer tremendas reservas, el agua hoy en el país está muy mal distribuida y pésimamente aprovechada.
Tampoco hemos sido capaces de desarrollar políticas de infraestructura de riego o de aprovechamiento de las aguas que nos garanticen un recurso que aspiramos para las futuras generaciones.
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