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El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, sin duda el tema del agua es sustantivo, relevante.
He escuchado con atención las expresiones de algunos señores Senadores con respecto a cuestiones más de fondo: cómo administrar mejor el agua en un país en que la sequía en cada una de las Regiones, particularmente del centro norte, es una realidad que también se expresa en las Regiones del centro sur. En la del Biobío, entre los meses de octubre y abril, hay vastos sectores precordilleranos en los cuales hay que llevar el agua en camiones aljibes a las distintas comunidades.
Por ende, lo del agua requiere un análisis muy riguroso, una mirada técnica adecuada y llevar adelante soluciones que tengan un efecto positivo en el uso de este recurso.
Lo digo porque muchas veces discutimos una legislación que poco tiempo después hay que modificar, como la norma que hoy día estamos analizando.
El año 2005 el Congreso Nacional estableció la obligación de que todos los derechos de aprovechamiento de aguas deberán estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento del Catastro Público de Aguas (artículo 122, inciso séptimo, del Código de Aguas). ¡En 2005! O sea, hace siete años nosotros tomamos la decisión de que ese registro catastral era básico. Incluso se expresaba con absoluta claridad que si no se encontraban inscritos, no podían realizar diversas actividades fundamentales, particularmente para el mundo agrícola y para cualquier otro; que los programas y proyectos que se llevan adelante con fondos públicos no se podían entregar a los beneficiarios, por no estar en ese registro catastral.
Pero siete años después nos damos cuenta de que el sistema, a lo mejor, presenta trabas o problemas, y hay que ver la manera de resolverlos. Y cómo lo hacemos: entregándole a las organizaciones de aguas la representación de los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas.
De repente, uno siente que es casi lo mismo que entregar representación a una junta de vecinos para regularizar las propiedades de los vecinos. O sea, se trata de una situación extremadamente compleja.
Me gustaría que avanzáramos para saber por qué esto que aprobamos el 2005 ha sido un problema. ¿Por qué lo que el Congreso despachó como ley hace siete años está teniendo tantas dificultades o eventualmente perjudicando a muchas personas? ¿Por qué a los regantes, en particular a los pequeños, se les están presentando inconvenientes?
Si uno analiza el debate de la Comisión de Obras Públicas, advierte que se habla de alrededor de 300 mil pequeños titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que no han podido regularizar su situación en ese lapso.
Algo no se trató bien, por lo tanto, en la discusión legislativa sobre la norma que, en definitiva, aprobamos hace solo siete años.
Por eso, se debe revisar la situación con especial cuidado y rigor técnico. De ahí entonces que me sumo a la proposición del Senador señor García-Huidobro -pese a que no podemos tomar acuerdos en este momento- para que en la discusión en particular también esta materia sea vista por la Comisión de Agricultura, dadas las dificultades de pequeños titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. La mayoría tiene problemas para resolver asuntos relacionados con el mundo agrícola. Por eso, dicho organismo puede tener la experticia necesaria para determinar qué resoluciones hay que tomar o qué camino seguir.
Me parece bien que las organizaciones de aguas y las juntas de vigilancia estén a cargo de la gestión de todas las cuencas y de los cursos de agua -no sé si es algo positivo; no tengo una opinión formada al respecto- y que además asuman la representación de las personas como titulares de un determinado derecho de aprovechamiento de aguas, que no se encuentra perfeccionado para algo tan particular.
Por eso, estimo que este proyecto de ley nos lleva necesariamente a la conclusión de que respecto de una materia tan sensible como el agua debemos tener no solo un debate para analizar temas conceptuales como este, sino también hacerlo desde el punto de vista técnico, para que las soluciones verdaderamente vayan por el camino correcto.
No votaré a favor del proyecto por estar pareado, pero resulta esencial que lo vea la Comisión de Agricultura, por cuanto no se trata solo de un asunto de la Comisión de Obras Públicas, por mucho que la Dirección General de Aguas dependa del Ministerio de Obras Públicas.
Muchas de las dificultades que los señores Senadores han expresado que tienen pequeños regantes se dan en la realidad agrícola. Por ejemplo, cuando quieren pedir subsidios para la ley de fomento a la inversión privada de obras de riego y de drenaje -materia de índole agrícola-o cuando se trata de algo tan fácil como solicitar un cambio de captación de agua, lo que es un elemento esencial para la administración de un recurso tan importante.
El año 2005 expresamos que, si alguien no estaba inscrito en el Registro de Derechos de Aprovechamiento del Catastro Público de Aguas , de la Dirección General de Aguas, no podía hacer una solicitud sobre el particular.
Estoy por la aprobación en general, pidiendo que se discuta en la Comisión de Agricultura; y hago especial mención de que estos temas no son de fácil resolución y tienen que tratarse con rigor técnico, porque hace solo siete años establecimos una obligación que hoy día reconocemos que está generando problemas no a los grandes, sino a los pequeños y medianos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas.
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