FACILITACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO DE TÍTULOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
FACILITACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO DE TÍTULOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS El señor ESCALONA ( Presidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que faculta a los directorios de las comunidades de aguas para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento, con informe de la Comisión de Obras Públicas. --Los antecedentes sobre el proyecto (8150-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 91ª, en 18 de enero de 2012. Informe de Comisión: Obras Públicas: sesión 35ª, en 17 de julio de 2012. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LABBÉ (Secretario General).- El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de este proyecto y la calificó de "suma". El objetivo principal de la iniciativa es hacer más expedito y cohesionado el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas, facultando al directorio de las organizaciones de usuarios para representar a los titulares de derechos de aguas sometidos a su control y a los comuneros, ante el tribunal correspondiente o ante la Dirección General de Aguas, en el procedimiento de perfeccionamiento de los señalados títulos. La Comisión de Obras Públicas deja constancia en su informe de que, no obstante tratarse de un proyecto de artículo único, solo lo discutió en general, con el objeto de efectuar un estudio más completo y acabado durante el debate en particular. Dicho órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García-Huidobro, Horvath, Quintana y Sabag. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en el primer informe de la Comisión de Obras Públicas y en el boletín comparado que se incorporó en los computadores de Sus Señorías. El señor ESCALONA (Presidente).- En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra. La señora ALLENDE.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. La señora ALLENDE.- Señor Presidente, este proyecto, que es relativamente sencillo, faculta a los directorios de las organizaciones de usuarios para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. Creo, por ende, que no vamos a tener problemas para aprobarlo. Sin embargo, me llama la atención que el Ejecutivo no tome la iniciativa para introducir en el Código de Aguas modificaciones que resultan cada vez más indispensables. Ese cuerpo de leyes, que data de 1981, tiene un enfoque bastante productivista, que ni siquiera garantiza algo esencial: el derecho al consumo humano. El agua es un bien esencial. Nosotros podríamos hasta, en un momento de crisis, "prescindir" de la energía. Pero, como seres humanos, no lograríamos sobrevivir sin aquel elemento, que es vital. Quizás por tal obviedad se da por descontada en las discusiones públicas la importancia que dicho recurso reviste para el desarrollo de la existencia de las personas y, por cierto, de un país. En tal sentido, resulta indispensable tomar conciencia de que enfrentamos de manera frecuente -para qué hablar de lo que ocurre en las Regiones del norte- una escasez hídrica. Hace algún tiempo la Región de Atacama debió decretar la escasez hídrica. Al final, ello ha permitido sacar agua de un sector para fortalecer otro y "asegurar el consumo humano" en lugares afectados con asiduidad por cortes en el suministro. Pero quiero ir al fondo del tema. A mí me parece que debiéramos seguir completamente la línea fundamental, tal como lo expresaba el proyecto de reforma constitucional presentado en su momento por la Presidenta Bachelet , que el Gobierno actual desechó, desgraciadamente: "Las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares". Ello es tremendamente importante, porque se protegerían en cualquiera de sus estados, incluidos, por cierto, los glaciares, ya que últimamente estamos observando que el desarrollo minero en altura los afecta, muchas veces, con la consiguiente gravedad que ello implica. Por mi parte, presenté una iniciativa de modificación de la Carta precisamente en el sentido expuesto y en la que, además, señalo: "Corresponderá a la ley regular el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos que sobre las aguas se reconozca a los particulares, asignando sus usos y modalidades según la diversidad geográfica" -es preciso tener en cuenta que una Región como la que represento, Atacama , nunca va a ser lo mismo que la de Aysén, por poner un ejemplo- "y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos, la situación de las cuencas hidrográficas y la seguridad nacional". Tales derechos, además, no podrían seguir exhibiendo el carácter de perpetuos. El agua dejó de ser un bien nacional de uso público en la medida en que se contemplaron títulos sin plazo desde 1981 en adelante, los que se transformaron en privados. La privatización se tradujo en la concesión de derechos de aprovechamiento para siempre, de por vida, sin mediar un programa ni un objetivo determinados. Y no se trata solo de eso, sino de que hoy día incluso existe un mercado especulativo en el que se ha llegado a valores siderales. Por ejemplo, en la Región de Atacama se puede comprar un litro por segundo en 100 mil dólares. Porque, evidentemente, se plantea una necesidad en las empresas mineras. Entonces, es indispensable considerar el no otorgamiento de futuros derechos de aprovechamiento de agua si no van acompañados de un plan y un objetivo específicos y de un plazo determinado. No puede ser que se sigan concediendo a perpetuidad y que la gente pueda venderlos tranquilamente o heredarlos, y que se entreguen, además, gratuitamente. También estimo importante en la reforma constitucional que he presentado la norma relativa a que "Corresponderá al legislador reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar siempre la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano". Es decir, se pone nuevamente el énfasis en lo que he expuesto: lo primero que debiéramos hacer es garantizar dicho propósito. A raíz del Código de Aguas, no solo se plantea hoy la especulación mencionada, sino que ni siquiera es posible hacer referencia a un verdadero mercado, porque la información no es transparente. No hay un registro claro de usuarios. En cuanto a la Región que represento, se señala que la agricultura es la principal consumidora, después la minería y muy abajo, desde luego, el consumo humano. Pero la verdad es que, en el primer caso, se sabe que se han otorgado derechos, mas no se dice cuántos se están ocupando realmente y cuántos no. Por cierto, sabemos de la presión que están ejerciendo las mineras sobre el recurso hídrico, de lo cual deriva la necesidad, obviamente, de instalar plantas desalinizadoras. Como le acabo de decir al Ministro señor Golborne en la Sala, tampoco podemos caer en la irracionalidad de contar con seis u ocho de estas últimas, según cada uno de los proyectos mineros que se presenten, porque la presión sobre la energía no las haría sostenibles. Entonces, es preciso abordar de una vez por todas una cierta cantidad de aspectos. Pienso que no hemos tomado conciencia, como nación, de la gravedad de que el elemento escasee cada día más, de lo que ello importa para la vida humana y el desarrollo potencial de un país, de lo que implica la falta de transparencia, de lo que significa la ausencia de un Estado que debiera regular y al menos coordinar. Al respecto, podemos nombrar unas diez o doce instituciones que mantienen hoy día, sectorialmente, una relación con el recurso, entre ellas la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, en el Ministerio de Obras Públicas; el SAG, por un lado, y la CONAF, por el otro; el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera. Es decir, se observa una total desarticulación, sin que exista un organismo al menos coordinador, regulador, de todas las entidades. Ello es algo que no se ve en otros países. ¿Qué nos muestran claramente modelos como los europeos o el australiano? Que tiene que existir un organismo con la jerarquía suficiente para coordinar todas las instancias relacionadas con el agua, además de verificarse un manejo integrado de las cuencas. Ese es el nivel en el cual debe trabajarse con la participación de todos los actores. Afortunadamente, tuvimos la posibilidad de realizar el viernes, en Copiapó, un seminario de mucha calidad en las presentaciones y ponencias, al que llevamos, por ejemplo, a Michael Hantke , quizás uno de los mejores expertos del país en agua, y puedo garantizar, por la concurrencia, que existe inquietud, interés, en la materia, pero temo que, como nación, todavía no hemos adquirido la conciencia suficiente de su importancia. Por eso, sin perjuicio de consignar que el proyecto es sencillo, me gustaría estar discutiendo más bien el asunto de fondo: cuánto más vamos a seguir sin llevar a cabo una auténtica reforma o las modificaciones necesarias en el Código de Aguas y sin enfrentar el problema de una vez por todas, que al menos en la Región que represento y en todo el macronorte se vuelve cada vez más agudo, evidentemente. Para qué hablar del cambio climático, que no hace más que intensificar la mala gestión existente, como dije, causada por la dispersión y atomización de la institucionalidad; por la debilidad de los usuarios, que no se hallan suficientemente organizados, lo que hace falta a lo largo del país; por la desconexión entre aguas subterráneas y superficiales, y por la ausencia de un Estado regulador, coordinador y con una política pública clara. Señor Presidente , creo que la iniciativa en examen, de por sí sencilla, tiene que darnos el espacio para discutir con seriedad, lo que no hemos hecho todavía como país y tampoco como Senado. Llegó la hora de tratar de verdad qué está pasando con el agua. Y todavía estoy esperando que la Comisión de Constitución nos convoque. Porque señalé en la Sala exactamente lo que ha pasado. En la medida en que se cambió la intervención de la Comisión de Medio Ambiente por la de las Comisiones de Constitución y Medio Ambiente, unidas, jamás nos han citado. Ya ha pasado más de un mes. Y es lo que temía. Es decir, se posterga un debate cada día más importante, imprescindible. En consecuencia, me gustaría que esta fuera la oportunidad de darle realmente una señal al país y de significar que, como Senadores, sí nos importa la cuestión del agua. Para qué decir si representamos la zona del norte, donde todos advertimos la situación aguda que se está viviendo, ya que ni siquiera podemos afirmar que está garantizado cien por ciento el consumo humano. He dicho. )------------------( El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Cantero. El señor CANTERO.- Señor Presidente , le solicito a la Mesa recabar la autorización para que la Comisión de Educación pueda sesionar en paralelo con la Sala. Se encuentra invitado al señor Ministro de Economía para analizar lo relativo a los deudores CORFO, a partir de las 19. El señor COLOMA.- Lo mismo pido para la Comisión de Agricultura, señor Presidente, que tiene que tratar el proyecto regulador de las transacciones comerciales de productos agropecuarios. Se podría abrir la votación de la iniciativa en debate. El señor WALKER (don Ignacio).- Conforme. El señor ESCALONA ( Presidente ).- Si no hay objeciones, se abrirá la votación y se autorizará el funcionamiento simultáneo de las Comisiones mencionadas con la Sala. Acordado. )------------------( El señor ESCALONA (Presidente).- En votación. --(Durante la votación). El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. El señor QUINTANA.- Señor Presidente , quisiera justificar la ausencia del señor Ministro de Obras Públicas , quien asistió a la sesión hasta hace poco rato. Entiendo que tuvo que cumplir con un compromiso en Santiago. Deseo precisar que ha estado presente durante toda la discusión del proyecto, junto al Director de Aguas y su equipo legislativo. Por cierto, nos hubiera gustado sostener el debate con su participación, pero vendrán otros proyectos donde seguramente tendremos la oportunidad de hacerlo. Dicho lo anterior, parto por expresar que constituye una información pública que el señor Ministro estuvo sobrevolando algunos días atrás, con el señor Director de Aguas , algunas zonas de la cordillera de los Andes. En particular, pudo observar la situación de nuestros glaciares y constatar la disminución del volumen de hielo en todas estas reservas de agua dulce. Entonces, considero que el planteamiento de mi Honorable colega Allende va en la línea de lo que debiéramos estar tratando acá. Estos proyectos que parecen menores no son nada de inocentes, en verdad. El que nos ocupa busca facultar, como bien se ha señalado, a los directorios de comunidades de agua o de juntas de vigilancia para representar a interesados o asociados en los distintos procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de agua. Lo que puede parecer un sencillo mejoramiento de una política pública tendiente a favorecer a los agricultores refuerza, en la práctica, el derecho de propiedad sobre el recurso. Como todos sabemos, las tres facultades esenciales del dominio son el uso, el goce y la disposición. Y precisamente desde 1981, como se ha manifestado, las aguas se vienen entregando, se vienen inscribiendo, se vienen haciendo objeto de especulación. La venta de litros por segundo ha ido aumentando gradualmente de precio. Hoy día existe prácticamente una propiedad sobre el elemento. Es decir, algo que la Constitución no consagra sí lo está estableciendo la ley. Ello dice relación, en general, con distintos bienes de dominio público. En el caso anterior, tenemos el Código de Aguas; en el de la pesca, la ley respectiva -dicho sea de paso, la iniciativa que la modifica llegará al Senado en pocos días-; en el de la minería, el Código del ramo. ¿Cuál es el común denominador en todos ellos? Que su defensa, en la práctica, no está consagrada en la Carta Fundamental. Por eso también llama la atención que estemos discutiendo proyectos que perfeccionan procedimientos de títulos en circunstancias de que las aguas son del dominio público de la nación. Las estamos entregando hoy día a costo cero y, cuando queramos utilizarlas, el país va a tener que pagar por ellas precisamente debido a lo constatado por el señor Ministro en su sobrevuelo: nos estamos quedando sin reservas. Como decía la Senadora señora Allende, no nos hallamos en condiciones de garantizar el suministro para el consumo humano en muchos sectores del sur y del norte, ni tenemos la posibilidad de hacerlo para proyectos de riego. Entonces, la situación puede favorecer el que muchos de los titulares de derechos de propiedad adquiridos a costo cero sigan aumentando sus inversiones. Pero no nos estamos refiriendo a la cuestión de fondo: la reforma constitucional presentada por la Presidenta Bachelet, retirada por el Gobierno actual apenas asumió. Me parece que ese es el debate al que debiéramos abocarnos. La iniciativa en análisis no es la única presentada por el Ejecutivo en materia de aguas. En la Comisión de Obras Públicas se está discutiendo una nueva, que busca sancionar a quienes realizan una extracción ilegal. Es algo que constituye un delito, por cierto. Aproximadamente, se registran 140 casos anuales, según la estadística entregada. Gran parte de ellos ocurren en la gran minería del norte. Lo anterior, asumido y reconocido por el propio Gobierno. Por lo tanto, si eso es así y son las grandes mineras las que están extrayendo aguas subterráneas o superficiales que necesitan para sus operaciones, cabe plantear en el debate por qué no incorporamos tales acciones en la responsabilidad penal de las empresas, como tiene que ser. Espero que, con motivo del plazo para presentarle indicaciones a ese proyecto, pueda quedar contemplada una norma al respecto, tal como se intentó hacer durante la discusión en la Cámara. Entonces, la iniciativa en examen, que cuenta con la aprobación unánime de la Comisión, a la que asistieron algunas juntas de vigilancia de comunidades de agua que dieron su opinión favorable, representa un cambio bastante menor que reafirma lo preceptuado en el artículo 19, número 24º, de la Constitución -se halla en un lugar bastante especial y el Gobierno le ha dado mucha relevancia-: el derecho de propiedad. En la actualidad -insisto- todavía se pueden seguir inscribiendo derechos de agua, a costa de perjudicar a muchos chilenos que quisieran beneficiarse de ella para consumirla o para utilizarla en obras de riego. En definitiva, voy a votar a favor del proyecto, señor Presidente . Pero anhelo de parte del Ministro señor Golborne y de los demás Secretarios de Estado presidenciables -también está presente en la Sala el señor Longueira - un pronunciamiento sobre los problemas de fondo. O sea, si vamos a ocuparnos en las aguas, que ello no sea para referirnos a un pequeño capítulo, a una cuestión sancionatoria o de perfeccionamiento de títulos de dominio. Considero deseable una definición de los presidenciables respecto de la reforma constitucional. ¿Qué vamos a hacer con los bienes nacionales de uso público? ¿Van a ser para todos los chilenos o para unos pocos? ¿Quedarán para quienes han aprovechado un privilegio que hoy día se consagra y que será muy difícil, en lo sucesivo, modificar en la Carta? Repito que así sucede en la pesca, en la minería. A propósito, en la discusión de la iniciativa sobre la televisión digital terrestre hemos comprobado que el espectro radioeléctrico como bien nacional de uso público no se encuentra reconocido en ninguna ley, a diferencia de lo que parece obvio. El Código Civil dice que los chilenos somos dueños de muchos bienes. Hoy, en la práctica, no hay nada en las leyes y lo único que se reafirma cada vez más es el derecho de propiedad. Reitero que vamos a aprobar la idea de legislar, señor Presidente, pero echamos de menos una discusión mucho más de fondo respecto de las aguas y, en particular, de la reforma constitucional. He dicho. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente , no cabe duda de que el proyecto se halla en la línea adecuada de lograr que el Catastro Público de Aguas se incremente y de que ojalá se inscriban todas las personas con derechos sobre el recurso. Quisiera consignar primero que se trata de un registro administrativo a cargo de la Dirección General de Aguas. Su finalidad es la elaboración de un inventario completo y detallado del elemento hídrico, de manera de contar con los antecedentes necesarios para la preparación de políticas públicas en el sector. Paralelamente, su propósito es garantizar la mayor transparencia posible y poner a disposición del público la información recopilada. Desde esa perspectiva, es preciso aclarar la diferencia entre el Catastro y el Registro de Propiedad , que mantienen los Conservadores de Bienes Raíces. El primero es solo administrativo -reitero- y su finalidad es la que ya señalé, en tanto que el segundo deja constancia verdaderamente del dominio sobre derechos de agua otorgados. Esta es una razón adicional para que se trate de promover la inscripción de los agricultores en el Catastro, aunque, si la idea es agilizar el proceso, se podrían considerar otras alternativas que detallaré más adelante. Cabe hacer presente, además, que el Catastro Público de Aguas comenzó a operar el 25 de julio de 1998, fecha de la publicación en el Diario Oficial del decreto supremo N° l.220, que aprobó su Reglamento. Si bien en el mensaje se expone que la iniciativa podría beneficiar, potencialmente, a 300 mil pequeños agricultores que todavía no perfeccionan sus títulos, otras fuentes expresan que los derechos de agua ya inscritos alcanzan a poco más de 75 mil. De ellos, se han registrado alrededor de 6 mil cambios de propiedad, es decir, poco menos del 10 por ciento, lo que da cuenta del dinamismo en el sector y, por ende, de la necesidad de agilizar la inscripción en el Catastro. Es una materia importante, especialmente en relación con períodos de escasez, cuando el recurso se hace cada vez más requerido. A lo que nos enfrentamos hoy es a definir si es acertada y suficiente la propuesta del Ejecutivo de facultar a los directorios de las organizaciones de usuarios para representar a los titulares de los derechos de agua y a los comuneros ante el tribunal correspondiente o la Dirección General de Aguas a fin de realizar el trámite pertinente, previo acuerdo de los dos tercios de los comuneros con derecho a voto, en junta extraordinaria convocada al efecto. Señor Presidente , ya en el año 2001 se planteó la necesidad de contar con un mecanismo de perfeccionamiento de títulos que funcione y que esté al alcance de todas las personas. Actualmente, el perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento, procedimiento por el cual se completan los títulos de determinado derecho que no contiene todas las características esenciales de este, consiste en un juicio sumario mediante el uso de las presunciones de los artículos 309 a 313 del Código de Aguas. Consideramos que tal juicio se podría simplificar de modo significativo mediante la implementación de un procedimiento no contencioso, con una etapa administrativa ante la Dirección General de Aguas y otra judicial ante el juez de letras del lugar, quien declararía expresamente dichas características, completando el título del derecho. Tal procedimiento sería similar al establecido para las regularizaciones del artículo 2° transitorio del Código de Aguas (es una gestión voluntaria o no contenciosa), con lo que se evita el juicio simulado que hoy se utiliza para el perfeccionamiento, con los problemas y costos que aquel acarrea. Así, la Dirección General de Aguas dejaría de ser demandada en el litigio, lo que la mayoría de las veces lo entorpece, y pasaría a actuar como organismo técnico que emite un informe que el tribunal debe tomar en cuenta para la comprobación de los hechos que dan base a las presunciones respecto del uso, caudal, características, etcétera, del derecho que se perfecciona. Esa es otra alternativa, señor Presidente, aparte de la que hoy estamos discutiendo, que podría constituir una nueva medida de apoyo. Tales exigencias revelan, asimismo, lo sensible del tema. Si se pide un quórum tan alto (dos tercios) para que los dirigentes de una organización realicen un trámite aparentemente simple, es porque la responsabilidad implícita es mayor de la que se puede suponer. En todo caso, el proyecto del Gobierno fue ratificado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Obras Públicas, lo que puede considerarse una clara señal respecto de la pertinencia de la iniciativa. Pero, al mismo tiempo, no se puede ignorar que la Comisión, aun tratándose de un proyecto de artículo único, resolvió votar solo la idea de legislar, para analizar su contenido luego con mayor profundidad. Porque efectivamente hay aspectos que es posible mejorar, como los que ya mencioné. Por ejemplo, si se trata de agilizar la inscripción en el Catastro Público de Aguas, cabe consignar que este se halla regulado por un reglamento. En efecto, el Código de Aguas no habla de ese registro. Es una normativa reglamentaria la que establece la forma de realizar tal procedimiento. Entonces, ¿por qué no se modifica el reglamento, en lugar de tramitar una iniciativa que cuesta despachar? Si así se hiciera, andaríamos mucho más rápido. Además, la principal fuente de información del Catastro Público de Aguas es interna: es la propia Dirección General de Aguas, a través del registro de sus resoluciones de constitución y modificación de derechos de aprovechamiento, autorización de obras, cambios de puntos de captación, traslado de los derechos, etcétera. Toda esa información la aporta la DGA. Pero también pueden usarse fuentes externas, como los antecedentes que proporcionan los tribunales de justicia y el SAG, que es otro órgano que otorga títulos de dominio en este aspecto. Ahora, las personas deben inscribir sus derechos de aprovechamiento en el Catastro Público de Aguas. ¿Cómo el Gobierno sanciona a las que no lo hagan? Prohibiéndoles realizar respecto de ellos acto alguno ante la Dirección General de Aguas o la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Vale decir, si el titular del derecho no lo ha inscrito, no puede solicitar subsidios ni efectuar ningún trámite para una obra menor de riego. Reitero: la exigencia de inscribirse en el Catastro Público de Aguas está contenida en su reglamento, no en la ley, ni siquiera en el Código de Aguas. Pero la aplicación estricta del reglamento implica la suspensión de derechos protegidos por normas de rango superior. Los derechos de propiedad de las aguas están inscritos en el Conservador de Bienes Raíces; en cambio, un reglamento impide el pleno ejercicio de tales derechos. Señor Presidente, sería importante, asimismo, homologar el saneamiento de los títulos de los regantes de un mismo canal o cuenca. Algunas personas ya inscribieron sus derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro Público de Aguas, cumpliendo, por supuesto, con todas las exigencias que el Ministerio les pide: nombre del titular, álveo o ubicación del acuífero, provincia en que se sitúe la captación y restitución, caudal, características de otorgamiento o reconocimiento de acuerdo a la clasificación establecida en el artículo 12 del Código de Aguas (derecho consuntivo o no consuntivo; de ejercicio permanente o eventual, o de ejercicio continuo, discontinuo o alternado). En otras palabras, cuando un titular inscribe su derecho y quedan establecidos esos antecedentes, debiera aplicarse la misma información para los demás regantes del mismo canal. Señor Presidente , a mi juicio, la iniciativa del Ejecutivo es buena, pero podemos mejorarla mucho más a través de indicaciones. Espero que hoy se apruebe la idea de legislar y que se fije un plazo razonable para presentar indicaciones. Voto a favor. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , creo que el proyecto que nos ocupa es bastante más simple que la discusión que se está dando en la Sala. La ley N° 20.017, de 2005, que reformó el Código de Aguas, estableció que cualquiera que sea el origen de los derechos de aprovechamiento de aguas, estos deberán ser inscritos en el Registro de Derechos del Catastro Público de Aguas . Además, el referido Código agrega que no se podrá realizar acto alguno ante la DGA, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego si el derecho de aprovechamiento no se encuentra debidamente inscrito en el respectivo registro. En consecuencia, el titular de un derecho no inscrito se ve perjudicado hoy día al no poder acceder a una serie de beneficios, tales como solicitar el cambio de punto de captación de agua; pedir subsidios por la ley N° 18.450 (Ley de Fomento de la Inversión Privada de Obras de Riego y Drenaje); obtener el pago de bonos, la recepción definitiva de una obra hidráulica, el reconocimiento de una inversión por parte de empresas de servicios sanitarios, entre otros. En tal sentido, el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer un informe elaborado por el Banco Mundial, titulado "Chile: Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos", de 31 de marzo de 2011, que indica lo siguiente: "Se estima que de unos 350.000 derechos de aprovechamiento de aguas legítimos solamente alrededor de 70.000 están inscritos" -no se hallan registrados, fundamentalmente, los derechos de pequeños y medianos agricultores- "lo que demuestra un desfase importante entre el régimen catastral y la realidad". El proyecto pretende regularizar esa situación. Como los trámites son engorrosos y caros, se busca simplificar, sobre todo para el caso de los minifundistas, el procedimiento para la inclusión de los derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro Público de Aguas. Además, la DGA agregó que el 78 por ciento del agua en Chile es consumida por usuarios agrícolas. Asimismo, indicó que casi la totalidad de los derechos de aprovechamiento no inscritos en el Catastro son de propiedad de regantes que poseen títulos otorgados con anterioridad a la vigencia del Código de Aguas. Por lo tanto, el proyecto que nos ocupa tiene por objeto facilitar el perfeccionamiento de títulos de derechos de agua para pequeños agricultores, lo que podría beneficiar a unas 300 mil personas. Me parece un poco exagerada esta cantidad, pero... El señor SABAG.- Es correcta, señor Senador. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- El Diputado Sabag me corrobora el dato. La mayoría de ellos... El señor WALKER (don Patricio).- Es Senador. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Perdón? El señor PROKURICA .- Dijo " Diputado Sabag" . El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡ Senador Sabag ! Disculpe. Es que lo conocí en la Cámara Baja. Fuimos Diputados antes. Doy excusas por la situación. Decía que la mayoría de los regantes son medianos y, en particular, pequeños -el problema no afecta a las grandes empresas, pues ellas tienen (se supone) todos sus derechos inscritos-, y ellos deben invertir tiempo y dinero en regularizar su situación. Según el mensaje, la iniciativa pretende establecer un procedimiento para normalizar al máximo dicha realidad. Señor Presidente , estimo que sería muy importante que el proyecto también lo analizara la Comisión de Agricultura -lo he conversado con algunos de sus integrantes-, porque afecta directamente el saneamiento de derechos de agua de pequeños agricultores. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? Facultar al directorio de las organizaciones de usuarios, de las juntas de vigilancia o de las comunidades de aguas para representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos, previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto. El proyecto propone que la resolución de dicha junta sea aprobada con un quórum de dos tercios de los votos emitidos en ella. A mi juicio, la propuesta legislativa es bastante sencilla. Pero considero importante que se escuche la opinión de los miembros de la Comisión de Agricultura en el siguiente trámite, con el fin de que se presenten las indicaciones necesarias. Ojalá la iniciativa sea ley de la república a la brevedad, porque, sin duda, va en beneficio de los pequeños y medianos regantes, quienes hasta hoy no han podido regularizar su situación. He dicho. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente , no cabe ninguna duda de que el proyecto persigue un gran objetivo: organizar a las comunidades de aguas para los efectos de defender sus derechos y de facilitar, como lo dijo muy bien el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para realizar todo acto ante la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego. En este último caso, con relación a la postulación de proyectos a través de la ley N° 18.450. Algunos señores parlamentarios han manifestado que esta es una pequeña iniciativa. Yo creo que reviste una extraordinaria importancia. Si las comunidades de regantes hubieran estado organizadas, por ejemplo, en la Región de Atacama, la hecatombe que vivimos allí en ese ámbito sin duda no se habría producido. De hecho, en el valle del Huasco, una bien organizada junta de vigilancia se opuso a la entrega de derechos de agua y evitó un sobreotorgamiento como el que se dio en la cuenca del río Copiapó. Y quiero explicar lo anterior. Por el discurso de algunos parlamentarios, pareciera que la culpa siempre es de las leyes o los códigos, y que mediante reformas constitucionales se solucionarán los problemas del agua. En mi opinión, estas pueden ayudar, pero dudo que remedien situaciones generadas por Administraciones que, a mi juicio, fueron irresponsables. ¡El Estado fue irresponsable en la cuenca del Copiapó! ¿Por qué digo esto, señor Presidente ? Porque en el año 1993 la Dirección General de Aguas emitió un informe en el que se señalaba que se había otorgado el uso de 6 mil litros por segundo de aguas subterráneas, y que ello ya constituía el doble de la recarga existente. ¿Sabe cuántos derechos de agua se entregaron desde 1993, con el antecedente de ese informe, hasta 2010, período de la Concertación? Se concedieron 14 mil litros más. ¿Le parece esa una buena Administración? ¡Y se pide que haya más Estado...! ¡Aquí se requiere un Estado más responsable, señor Presidente! No queremos que se repita el escándalo ocurrido en Copiapó, donde se entregaron papeles de derechos de agua que hoy no poseen ningún respaldo. Se publican en el diario avisos para su venta, pero no valen nada, porque no hay agua. Lo que ocurrió allí, a mi juicio, podría haber sido amortiguado con una junta de vigilancia o una junta de regantes organizada, que se hubiese opuesto al otorgamiento excesivo de derechos, generando una señal de alerta hacia las autoridades. Cabe preguntarse: ¿Quién concedió tales derechos de aprovechamiento de agua? ¿Por qué entonces no se declaró ese lugar zona de escasez hídrica, cosa que sí resolvió el actual Gobierno? Y este no siguió entregando más derechos. Creo que esto es lo que había que hacer. Finalmente, pido al Ejecutivo que patrocine un proyecto de mi autoría que busca no aplicar, en las zonas declaradas de escasez hídrica, una disposición legal, aprobada en 2005, que fija una multa por el no uso de los derechos de agua. Si quienes no utilizan tales derechos en zonas como la cuenca del río Copiapó echaran a andar sus bombas, provocarían una catástrofe total. Por lo tanto, hay que aprobar la iniciativa que nos ocupa, que pretende organizar a los regantes para facilitar la inscripción de sus derechos de agua, lo que les permitirá, por supuesto, postular a los beneficios que entrega el Estado y actuar frente a sus organismos. Además, se debe modificar la legislación para los efectos de no aplicar la multa por el no uso de los derechos de agua en lugares donde se declare escasez hídrica. Ello, más que un beneficio, significaría un perjuicio. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente , solicité intervenir motivado por algunas intervenciones de mis colegas respecto al contenido del proyecto, pero también sobre el tema de fondo: la forma en que nuestro país está encarando el tema del agua, recurso sumamente escaso y del cual Chile todavía posee reservorios -y muy importantes-, pero que no servirán de mucho si no los administramos y cuidamos como corresponde. Pido que no confundamos las materias. Una cosa es la iniciativa en análisis, que me parece positiva porque ayuda a resolver un problema que aqueja a los regantes. Por lo menos para los de mi Región, lo propuesto resulta sumamente relevante. Hago presente que en este ámbito hoy tenemos una situación bastante caótica. Cuando el agua falta, más se necesita disponer de organizaciones de regantes fuertes, organizadas, con claridad respecto de sus derechos y de la manera de ejercerlos. Aquí se han planteado varios temas. El Senador señor Prokurica manifestaba recién -y con razón- que las autoridades se veían obligadas a entregar más derechos de los que realmente podían otorgar dada la existencia real de agua. En zonas del norte eso se hacía de manera condicionada, potencial, porque se sabe desde hace años que los recursos hídricos -por lo menos, los de la Cuarta Región- se hallan totalmente entregados. En el fondo, se decía: "Cuando existan excedentes -si es que llegan a haber-, pueden hacer uso de determinados derechos". En definitiva, tales eventualidades en la práctica no llegaban nunca a concretarse. Pero el objetivo principal que plantea el proyecto es permitir que las directivas de las asociaciones de regantes y de las juntas de vigilancia puedan representar a quienes las conforman en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas que les han sido entregados producto de peticiones formuladas con anterioridad. Este elemento, que aparece sencillo, en mi Región resulta de vital importancia -ya se ha mencionado-, porque permite clarificar lo existente y contar con la información exacta respecto de cuántos derechos se han entregado. Tales datos hay que cotejarlos en la práctica con el agua que es posible distribuir de acuerdo a esos derechos. Recuerdo al Honorable Senado que en mi Región llevamos siete años de sequía. Hemos podido subsistir gracias a la buena administración de las juntas de vigilancia y de las organizaciones de regantes, que han sabido hacer buen uso de la infraestructura de riego en la Cuarta Región, que se ha ido construyendo durante decenas de años. Es la que permite que hoy día Coquimbo sea una Región potente desde el punto de vista productivo agrícola, con una agricultura orientada a la agroindustria y a la exportación. Pero eso se debe a un trabajo realizado por décadas y donde ha costado mucho ir organizando a los regantes. En consecuencia, me parece positivo respaldar cualquier facilidad que vaya en esa línea. Otra cuestión es el problema de fondo: qué hará el país frente al desafío de que el agua sea distribuida de manera más equitativa, que sea administrada de modo de garantizar prioridad para el consumo humano, por ejemplo, como lo plantearon algunos Honorables colegas. Con ocasión de las modificaciones al Código de Aguas de años atrás, las discusiones eran enormes, porque los intereses que se tocaban también lo eran. No olvidemos que antiguamente se pedían los derechos de agua sin necesidad de explicar para qué. Simplemente se solicitaban. Y el Estado se encontraba obligado a entregarlos. Un ex Senador pidió derechos de agua casi de Arica a Magallanes. ¿Por qué? Porque le interesaba tenerlos para después hacer quién sabe qué. Nadie sabe: especular, venderlos a los interesados en desarrollar proyectos de energía o mineros. Lo desconocemos. Pero así era la legislación. Costó un mundo lograr incorporar la exigencia de un proyecto en torno de la petición de un derecho de agua, para saber en qué se quiere usar. Nos demoramos doce años en establecer un caudal ecológico mínimo en las modificaciones al Código de Aguas. También nos costó muchísimo disponer que, de no utilizarse esos derechos, se pagaba por lo menos por el no uso. Entonces, considero adecuado todo lo que vaya en la dirección de perfeccionar el funcionamiento del sistema -por lo menos en el caso del uso del agua en la agricultura-, de fortalecer las organizaciones de regantes y de dar las facilidades para proteger a los más pequeños. Porque, seamos claros, los grandes agricultores, los consorcios importantes o los exportadores tienen solucionados todos los problemas de títulos. Si las dificultades se dan con los pequeños, que no poseen la capacidad, el conocimiento ni los recursos para llevar adelante por cuenta propia el perfeccionamiento de sus títulos. Por otra parte, me parece fundamental que el Senado pueda organizar el equivalente a los encuentros que se han venido desarrollando en algunas Regiones -también a nivel global-, relativos al uso del agua y a la forma como el Estado entrega su utilización para determinadas actividades, ya sean económicas, turísticas, productivas o para garantizar el consumo humano. En muchas zonas de nuestro país, eso último no se encuentra garantizado hoy día. Producto de la sequía, en la Región que represento hay importantes sectores de secano donde, si no se distribuye agua para la bebida a través de los camiones aljibes en todos los sistemas de agua potable rural, no hay cómo garantizar el consumo a quienes habitan en esas localidades. Hemos tenido que ligar proyectos de obras de riego, como el futuro embalse Valle Hermoso, en la comuna de Combarbalá, con garantizar que dicha obra permita dotar de agua potable rural a más de 27 localidades de la comuna, en las que hoy se cuenta con sistema de agua potable pero no existe la posibilidad de acceso al recurso hídrico para la bebida, pues las fuentes se encuentran agotadas. Por consiguiente, en el Senado podríamos encargarnos de organizar un evento más de contenido, para adoptar definiciones de Estado, respecto de cómo el país va a administrar este recurso hídrico, que en teoría figura como un bien nacional de uso público, pero que en los hechos prácticamente no existe. ¿Y por qué? Porque está entregado en una cantidad mayor al agua disponible. Al respecto, me parece bien que, por ejemplo, los grandes proyectos mineros, que actualmente se están implementando de manera importante, sobre todo desde la Cuarta Región hacia el norte, hoy tengan como exigencia clara y precisa que deben usar agua de mar. Y ellos han de entender que su desarrollo se tiene que hacer con agua salina, porque lisa y llanamente la dulce no existe. Además, sería un crimen que para llevar adelante ese tipo de proyectos -generan altas rentabilidades- se utilice un recurso tan escaso como el agua dulce. En consecuencia, creo que la Mesa podría recoger los planteamientos de la Senadora señora Allende en cuanto a organizar un seminario y un encuentro en donde convoquemos a la comunidad nacional. Hay enorme cantidad de estudios y de evaluaciones a nivel mundial. Podemos -creo yo- solicitar también la participación de científicos, que cuentan con una visión de más largo aliento. Ello sería un aporte de nuestra Corporación en esa línea. Porque es cierto que, a pesar de poseer tremendas reservas, el agua hoy en el país está muy mal distribuida y pésimamente aprovechada. Tampoco hemos sido capaces de desarrollar políticas de infraestructura de riego o de aprovechamiento de las aguas que nos garanticen un recurso que aspiramos para las futuras generaciones. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente , el proyecto, como se ha planteado, busca agilizar los trámites de perfeccionamiento de títulos de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia respecto de los derechos de agua. Conocemos la historia de lo ocurrido en nuestro país con los derechos de agua, particularmente los no consuntivos. Además se han entregado -en esto hay responsabilidad de todos los sectores políticos- más derechos de los que las cuencas realmente soportan. En esta materia, hay una fórmula clara de solución, que no tiene que ver con la voluntad de la autoridad, sino que ha de hacerse desde cada cuenca, con participación. Y para eso hay un instrumento que se maneja prácticamente en todo el mundo. Nosotros estuvimos ad portas de resolverlo en el Congreso Nacional, con motivo de la última reforma al Código de Aguas, donde, entre otros aspectos, se aprobó el caudal ecológico ambiental. Y se encontraba considerado el instrumento al cual me refiero, que es el manejo integrado de las cuencas. En virtud de él, las distintas organizaciones y las personas que tienen alguna actividad pueden buscar la compatibilidad o la incompatibilidad y definir el buen uso de las aguas, tanto consuntivo como no consuntivo, y particularmente de las subterráneas -hoy en día adquieren cada vez más importancia-, de las cuales también se entregan derechos y no se toma en cuenta que ellas se reponen a veces en períodos no inferiores a 200 años. Respecto al proyecto que nos ocupa, me sumo al llamado a trabajar en un acuerdo político, a fin de llevar adelante un proceso de recuperación de las aguas para su uso potencial en Chile, tanto consuntivo como no consuntivo. Particularmente un sector que está muy constreñido y no puede desarrollarse es el de las energías renovables no convencionales y el de las energías intermedias -por así decirlo-; o sea, no necesariamente los megaproyectos. La iniciativa en análisis en sí tiene la facultad de que, una vez obtenidos de manera más rápida los títulos de los derechos de agua, se pueda garantizar -lo ha manifestado, entre otros, el profesor Ludwig Stowhas , que se ha dedicado toda su vida al tema- que las minorías el día de mañana no se vean sobrepasadas. Porque en la actualidad, como se ha mencionado, la necesidad de agua es tan grande que finalmente se puede transformar en una transacción de carácter comercial; es decir, dejar de hacer agricultura o turismo, porque la oferta que plantea el sector minero en este minuto es más alta. Y la idea es que esa minoría que quiere desarrollar la agricultura, que desea seguir en una actividad consuetudinaria, tradicional, que posee una identidad y un valor que no solo se mide desde el punto de vista económico, sea debidamente resguardada. Pienso que en este particular punto debemos tener mucho cuidado. Al respecto, se ha propuesto que la iniciativa sea también revisada por la Comisión de Agricultura. Ahora bien, los canales de riego que requieren de este perfeccionamiento de títulos también tienen un enorme potencial, no solamente para regar, pues se ha calculado que entre la Región de Atacama y la de La Araucanía, si se consideran caudales superiores a 4 metros cúbicos por segundo y potenciales superiores a 2 megavatios, hay 866,2 megavatios posibles de desarrollo. Hoy día conversábamos con el Ministro de Agricultura . La Comisión Nacional de Riego ha hecho una evaluación del potencial completo de esos canales y estamos hablando de 1.400 megavatios, que están ahí, a la mano. Es decir, los que poseen títulos perfeccionados tienen la posibilidad, además de regar, de generar energía y hacer un mejor negocio para esas comunidades. Por esas razones, entre otras cosas que se han manifestado en la Sala, como bien señaló el Senador Prokurica, justamente las juntas de vigilancia son las que primero reaccionan cuando se intenta adquirir un caudal que supera lo que verdaderamente da la cuenca, cualquiera sea el sector de esta, si se pretende especular con ello o desviar las aguas para otros fines que vulneran esta actividad. Así que, por tales motivos, voto a favor. El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez. El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda el tema del agua es sustantivo, relevante. He escuchado con atención las expresiones de algunos señores Senadores con respecto a cuestiones más de fondo: cómo administrar mejor el agua en un país en que la sequía en cada una de las Regiones, particularmente del centro norte, es una realidad que también se expresa en las Regiones del centro sur. En la del Biobío, entre los meses de octubre y abril, hay vastos sectores precordilleranos en los cuales hay que llevar el agua en camiones aljibes a las distintas comunidades. Por ende, lo del agua requiere un análisis muy riguroso, una mirada técnica adecuada y llevar adelante soluciones que tengan un efecto positivo en el uso de este recurso. Lo digo porque muchas veces discutimos una legislación que poco tiempo después hay que modificar, como la norma que hoy día estamos analizando. El año 2005 el Congreso Nacional estableció la obligación de que todos los derechos de aprovechamiento de aguas deberán estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento del Catastro Público de Aguas (artículo 122, inciso séptimo, del Código de Aguas). ¡En 2005! O sea, hace siete años nosotros tomamos la decisión de que ese registro catastral era básico. Incluso se expresaba con absoluta claridad que si no se encontraban inscritos, no podían realizar diversas actividades fundamentales, particularmente para el mundo agrícola y para cualquier otro; que los programas y proyectos que se llevan adelante con fondos públicos no se podían entregar a los beneficiarios, por no estar en ese registro catastral. Pero siete años después nos damos cuenta de que el sistema, a lo mejor, presenta trabas o problemas, y hay que ver la manera de resolverlos. Y cómo lo hacemos: entregándole a las organizaciones de aguas la representación de los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas. De repente, uno siente que es casi lo mismo que entregar representación a una junta de vecinos para regularizar las propiedades de los vecinos. O sea, se trata de una situación extremadamente compleja. Me gustaría que avanzáramos para saber por qué esto que aprobamos el 2005 ha sido un problema. ¿Por qué lo que el Congreso despachó como ley hace siete años está teniendo tantas dificultades o eventualmente perjudicando a muchas personas? ¿Por qué a los regantes, en particular a los pequeños, se les están presentando inconvenientes? Si uno analiza el debate de la Comisión de Obras Públicas, advierte que se habla de alrededor de 300 mil pequeños titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que no han podido regularizar su situación en ese lapso. Algo no se trató bien, por lo tanto, en la discusión legislativa sobre la norma que, en definitiva, aprobamos hace solo siete años. Por eso, se debe revisar la situación con especial cuidado y rigor técnico. De ahí entonces que me sumo a la proposición del Senador señor García-Huidobro -pese a que no podemos tomar acuerdos en este momento- para que en la discusión en particular también esta materia sea vista por la Comisión de Agricultura, dadas las dificultades de pequeños titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. La mayoría tiene problemas para resolver asuntos relacionados con el mundo agrícola. Por eso, dicho organismo puede tener la experticia necesaria para determinar qué resoluciones hay que tomar o qué camino seguir. Me parece bien que las organizaciones de aguas y las juntas de vigilancia estén a cargo de la gestión de todas las cuencas y de los cursos de agua -no sé si es algo positivo; no tengo una opinión formada al respecto- y que además asuman la representación de las personas como titulares de un determinado derecho de aprovechamiento de aguas, que no se encuentra perfeccionado para algo tan particular. Por eso, estimo que este proyecto de ley nos lleva necesariamente a la conclusión de que respecto de una materia tan sensible como el agua debemos tener no solo un debate para analizar temas conceptuales como este, sino también hacerlo desde el punto de vista técnico, para que las soluciones verdaderamente vayan por el camino correcto. No votaré a favor del proyecto por estar pareado, pero resulta esencial que lo vea la Comisión de Agricultura, por cuanto no se trata solo de un asunto de la Comisión de Obras Públicas, por mucho que la Dirección General de Aguas dependa del Ministerio de Obras Públicas. Muchas de las dificultades que los señores Senadores han expresado que tienen pequeños regantes se dan en la realidad agrícola. Por ejemplo, cuando quieren pedir subsidios para la ley de fomento a la inversión privada de obras de riego y de drenaje -materia de índole agrícola-o cuando se trata de algo tan fácil como solicitar un cambio de captación de agua, lo que es un elemento esencial para la administración de un recurso tan importante. El año 2005 expresamos que, si alguien no estaba inscrito en el Registro de Derechos de Aprovechamiento del Catastro Público de Aguas , de la Dirección General de Aguas, no podía hacer una solicitud sobre el particular. Estoy por la aprobación en general, pidiendo que se discuta en la Comisión de Agricultura; y hago especial mención de que estos temas no son de fácil resolución y tienen que tratarse con rigor técnico, porque hace solo siete años establecimos una obligación que hoy día reconocemos que está generando problemas no a los grandes, sino a los pequeños y medianos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas. El señor ESCALONA (Presidente).- Hemos cumplido con la lista de oradores. El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor ESCALONA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y un pareo). Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.