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El señor SABAG.-
Señor Presidente , no cabe duda de que con la Ley de Quiebras nos hemos quedado atrás: es un ordenamiento anacrónico. Se incentiva la liquidación de empresas y no su reorganización, y se genera, por supuesto, incertidumbre en el empleo. El sistema es caro, ineficiente y poco efectivo, y el procedimiento de convenio no se ajusta al dinamismo de la economía.
Además, hay dos datos muy relevantes. En Chile, la tasa de recuperación de los activos es de 25 por ciento, frente al 68,2 por ciento en los países integrantes de la OCDE. Acá demora 4,5 años un proceso de quiebra, en circunstancias de que en ese otro ámbito, en el peor de los casos, toma 1,7.
Por lo tanto, es oportuno modernizar la legislación para la reorganización efectiva de empresas realmente viables y ayudar a quienes tienen posibilidades de subsistir a superar las dificultades transitorias en que se encuentran, con la colaboración de sus acreedores y siempre con el propósito de salvar la empresa. Se trata de agilizar, al mismo tiempo, la liquidación de aquellas que no sean viables, para que el empresario pueda reiniciar sus actividades y desarrollar nuevas iniciativas.
Es importante considerar las preferencias de los créditos garantizados y los créditos privilegiados. En la actualidad, cuando se produce una quiebra, sus verdaderos dueños son los acreedores. Por eso se celebra una junta, y ellos, que son parte directa, son los más interesados en poder obtener la mayor cantidad de recursos para recuperar el máximo de sus acreencias. Aquí, por supuesto, deben tenerse en cuenta indemnizaciones, remuneraciones, imposiciones, impuestos y, naturalmente, créditos con garantías hipotecarias, que son prioritarios.
Tal cual lo expresa el informe, el proyecto, una vez que se apruebe en general y se fije un plazo para indicaciones, será conocido por las Comisiones de Constitución y de Economía, unidas, así como también por la de Hacienda.
La materia reviste trascendencia y es preciso escuchar a los potenciales sectores involucrados. Conviene conocer la posición de la Cámara Chilena de la Construcción, de la Cámara de Comercio, de la Sociedad Nacional de Agricultura. Nadie sabe quién puede quebrar. Una empresa inmobiliaria, por ejemplo, puede caer mañana en estado de insolvencia.
La iniciativa anduvo muy rápido en la Comisión de Economía, de lo cual me alegro, pero no por eso vamos a dejar de recibir en audiencias especiales a todos los sectores con interés en el asunto. Sé que algunos prestigiosos abogados expresaron su parecer, pero conforman una parte al margen. Los partícipes directos son los empresarios, de modo que espero que en las próximas instancias puedan manifestar su punto de vista los potenciales sujetos de una quiebra, en la medida en que todos podemos ser susceptibles de insolvencia.
Insisto en que estimo positivo modernizar la legislación, por lo que votaré a favor de la idea de legislar, y espero hacer algunos aportes a través de indicaciones cuando se verifique la discusión particular.
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