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El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , tuvimos la oportunidad de conversar, con bastante antelación, con la Superintendenta de Quiebras, señora Josefina Montenegro , producto de situaciones que nos permitieron comprobar que se requería una importante modificación de todo lo relacionado con la Superintendencia y, en particular, con la actuación de los síndicos.
Está claro que, de las 150 quiebras anuales que se registran en Chile, no todas tienen que terminar así, y que en algunos casos es posible una reorganización, lo que depende, fundamentalmente, de flexibilidades que la ley no contempla.
Si se establece el proceso de reorganización a través del nombramiento de un veedor, y el de quiebra, a través de un liquidador, estaremos dando un paso sustantivo para entender que quebrar no es caer en el precipicio más profundo ni en la estigmatización, sino un tropiezo en el camino de un desarrollo productivo, empresarial, de emprendimiento. Si se actuó de buena fe y de verdad se quiso emprender un negocio y no hacer un montaje o crear una asociación ilícita, ello debiera generar experiencia y lecciones.
El informe da cuenta de que solo se presentaron 47 proposiciones preventivas desde el 2006 hasta el 2011, en contraposición a 855 quiebras.
En Chile hay pavor, temor, terror a la quiebra. Esta termina estigmatizando a los emprendedores y también a los empresarios.
Por lo tanto, el proyecto nos permite iniciar una reformulación profunda -histórica, diría yo- sobre un tema acerca del cual pocas veces se quiere discutir.
Muchas de las empresas con problemas están en manos de los síndicos.
He consultado el ARTÍCULO 37, relativo a cómo se nominarán los liquidadores. Los va a designar la Superintendencia. En ese punto, hay que hacer una evaluación especial y revisar el actual régimen de nombramiento de los síndicos, que presenta complejidades.
Del mismo modo, cuando el veedor propenda a la reorganización, tiene que haber, como señala la propuesta legislativa, condiciones que permitan garantizar la continuidad de la empresa, cuando ello proceda.
Actualmente, como ya señaló el Senador Letelier, hay una compañía en dificultades en mi Región: la Embotelladora Llacolén. Y todo indica que el único que quiere la quiebra es el síndico. No la desean ni los acreedores ni los trabajadores ni los propietarios, pues la empresa está en condiciones especialísimas de vigencia total.
De repente, hay síndicos que lo único que buscan es hacer que una firma quiebre, porque ganan un porcentaje. Yo espero que en el curso del debate de esta iniciativa se termine con los incentivos perversos relacionados con los honorarios. Y, en efecto, el recibir mejores ingresos al establecer la quiebra y hacer la repartición porcentual de los bienes rematados constituye un incentivo perverso.
Eso es lo que ocurre hoy.
Por cierto, los síndicos presentan dificultades. Algunos concentran la totalidad de las causas, al igual como sucede con los martilleros públicos.
Corregir lo relativo al nombramiento de los síndicos, hoy denominados "liquidadores", e incorporar la figura del veedor para reorganizar las empresas, son enmiendas que traerán alivio.
Tales cambios permitirán ver como situaciones lejanas aquellas en las cuales los que pagan los costos de una quiebra no son solo los empresarios, sino también los trabajadores.
Recuerdo el caso de Bellavista Oveja Tomé. Ahí la solicitud de quiebra era por un monto de dinero no superior a los 8 millones de dólares. En aquella oportunidad se ofreció como aval el crédito personal del dueño de la empresa. Sin embargo, hubo presión por liquidar. Y se echó a la calle a 700 trabajadores. Esa quiebra le costó al Estado de Chile -a todos los chilenos- 8 millones de dólares, en circunstancias de que, si se hubiera salvado la compañía, se habría asegurado continuidad de empleo y de producción para una textil maravillosa, que exportaba telas de altísima calidad a más de 80 países.
Con ese ejemplo, uno no lograba comprender cómo funcionaba el sistema, que, en definitiva, no dejaba salida. ¡Era un callejón sin salida! En concreto, había endeudamiento. Y, frente a la falta de liquidez y a las demandas por deudas impagas, no había otra posibilidad que la quiebra.
En mi opinión, al igual que el movimiento, que se demuestra solo andando, durante el proceso que vamos a vivir en el debate en particular deberemos tener a la vista las situaciones que queremos corregir. Eso se hará en las Comisiones, invitando a empresarios exitosos y a otros no tan exitosos, a fin de que nos cuenten su historia. Porque la ley debe reflejar claramente lo que requieren los emprendedores y el desarrollo productivo y no necesariamente lo que desean los abogados o los parlamentarios.
La experiencia está presente en aquellos que se han caído y se han vuelto a levantar, en aquellos que se han caído y han quedado destruidos. A algunos la quiebra les ha destruido la empresa, la vida, la familia.
En consecuencia, señor Presidente , el debate en torno a esta materia -porque muchos quebraron sin tener una oportunidad como la que beneficiará, una vez dictada la ley, a cientos y miles de pequeños, medianos y grandes empresarios- será un llamado de justicia.
Cabe preguntar -no he leído totalmente el texto propuesto- cómo se hará la limpieza de los papeles, ya que el problema de las mipymes y de las pymes es el historial, es la mochila que cargan después de haber quebrado. Sin embargo, el punto no está en limpiarlas, sino en cómo les damos una nueva oportunidad. Y esta es una política que escapa a la Superintendencia de Quiebras y que más bien dice relación, en ese sentido, con el Ministerio de Economía, la CORFO y otros organismos estatales, para lograr que esta normativa funcione, rescatando las lecciones que ha dejado la ley vigente.
Señor Presidente , creo que esta iniciativa va a tener buena acogida.
Su articulado se halla estructurado de manera extraordinariamente pedagógica. Quiero señalarle a la Superintendenta de Quiebras subrogante que la presentación de cada artículo, encabezado con su idea principal, su idea fuerza, facilita mucho el trabajo legislativo. Ello -repito- resulta pedagógico, considerando la complejidad del tema, y traerá mejores condiciones a los emprendimientos empresariales.
Espero que en las Comisiones se escuche a los pequeños y medianos empresarios que quebraron. Habrá que invitar a Roberto Fantuzzi , a los representantes de la CONAPYME, a Iván Vuskovic , quienes tienen experiencia en este ámbito.
Así, esta oportunidad histórica para revisar la legislación sobre la materia se transformará de verdad en un instrumento destinado al fomento y no a liquidar o matar los emprendimientos, como ha sucedido con la actual Ley de Quiebras, que ha causado tanto infortunio a familias completas, no solo a los empresarios -lo reitero-, sino también a miles y miles de trabajadores que han pagado las consecuencias de errores que no son de su responsabilidad.
Asimismo, espero que durante el debate de la iniciativa escuchemos a los trabajadores que han vivido procesos de quiebra. Y ojalá, en el proceso de liquidación, se respeten, se cautelen y se defiendan siempre los intereses previsionales, las remuneraciones, las liquidaciones y los finiquitos que les corresponden.
También confío en que, en el proceso de reorganización de una empresa, llevada a cabo por el veedor, exista la posibilidad de que participen sus propios trabajadores.
En muchas ocasiones, cuando ha habido dificultades serias en una empresa, se ha llegado a acuerdos con el personal, que consiente en que se le baje el sueldo y en renegociar en su propio desmedro. Las preguntas, que dirijo al señor Ministro de Economía , son: ¿Vamos a generar instrumentos para que los trabajadores puedan, en caso de reorganización, asumir parte importante del control de la empresa, con cargo, por ejemplo, a sus indemnizaciones, a fin de permitir la continuidad de giro y evitar la quiebra? ¿Tendrán protección tales acciones? ¿Habrá capacitación y asesoría para ellos?
Hemos conocido buenas y malas experiencias en esta materia.
La iniciativa de ley que nos ocupa busca reformar una legislación vetusta, que establece un procedimiento de quiebra que genera muchas dudas, muchas zonas oscuras. Y, en lo específico, no cumple un elemento básico. Es un instrumento liquidador.
Yo espero que la nueva normativa constituya una herramienta para salvar a los que se pueda salvar; para ordenar a los que se pueda ordenar, y para liquidar, de manera justa, a los que haya que liquidar, siempre y cuando no exista otra opción.
Voto a favor de la idea de legislar, señor Presidente, porque creo que este es un proyecto necesario y urgente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
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