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El señor TUMA.-
Señor Presidente , hoy el Senado inicia el debate de una iniciativa legal que se envió a la Comisión de Economía, la cual la analizó en general. Por acuerdo de la Sala, la discusión en particular va a ser acometida en Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y Economía, unidas.
Durante dos sesiones, la Comisión debatió la materia. Asistieron el Ministro señor Pablo Longueira y la Superintendenta de Quiebras, quien hizo una presentación al respecto. Y quiero destacar la participación que ella ha tenido.
El asunto amerita un análisis profundo, pero también una extremada urgencia.
En los últimos años, hemos conocido el caso de numerosas pequeñas y medianas empresas que han cerrado sus puertas sin acogerse ni siquiera a quiebra y de otras que sí lo han hecho. No obstante, son muy pocas las que han logrado recuperar los recursos.
Con lo anterior, se pierden empleos, inversión y la oportunidad de que algunas industrias con posibilidades de resurgir puedan hacerlo.
Quiero reconocer el mérito del Ejecutivo de enviar el presente proyecto sobre una cuestión que se ha estado debatiendo desde hace muchos años entre el Ministerio de Economía y el Parlamento en distintas iniciativas legales. Pero no habíamos recibido una norma integral que diera cuenta de renovar nuestra legislación referida a todo lo que tiene que ver con la empresa en falencia.
Desde ese punto de vista, las experiencias que hemos tenido han sido muy negativas, ya que, según las exposiciones de la señora Superintendenta y del señor Ministro de Economía , los resultados de la participación en los mecanismos que hoy establece la normativa para salvar o liquidar, en el ámbito de que se trata, han resultado desastrosos.
Hay liquidaciones de bienes que se realizan después de cinco años, lapso tras el cual se hallan absolutamente desvalorizados.
En definitiva, no ayudamos a los emprendimientos: aquel que invierte y le va mal no se vuelve a levantar -aparte de perder todos sus recursos, incluso los familiares-, pues el sistema no da cuenta de un apoyo legislativo encaminado a quien emprende.
Hoy se ha presentado un proyecto de ley con una mirada diferente, con un rol distinto del Estado, para que tales empresas sigan vigentes y para orientar y apoyar su permanencia por la actividad económica y las fuentes laborales que proveen.
Se establecen incentivos a fin de lograr que hagan un gran esfuerzo por mantenerse y para que los acreedores participen con una visión ya no de liquidarlas, sino que con la intención de ayudarlas.
Se disponen los alicientes correctos en orden a que los acreedores se hallen interesados en continuar proveyendo los servicios o los productos que permitan que la empresa no siga con falencias o con falta de liquidez.
A mi juicio, la iniciativa contiene nuevas figuras legales que hacen que el Estado asuma un rol de ayuda hacia el pequeño y mediano empresario. Estimo que permitirá que muchas pymes que pasan por malos momentos puedan resurgir. De no ser así, que se puedan vender como unidad económica. Y si no se consiguen liquidar bajo dicho concepto, que enajenen sus bienes a los efectos de recuperar valores porcentualmente significativos respecto a lo que hoy arriesgan no solo sus acreedores, sino también los trabajadores, porque estos últimos son los que más pierden cuando se cierra una empresa.
Por otra parte, se establecen límites de tiempo a los procedimientos. En la actualidad, el proceso no demora menos de dos a tres años; y algunas empresas han liquidado después de cinco.
Asimismo, se promueve la especialización de los tribunales -algo muy importante- para los efectos de que tengan experticia en resolver lo relacionado con los incentivos que se dispondrán. Y se señala que desempeñarán el rol de declarar los pasos que define la ley.
Asimismo, se instauran procedimientos efectivos de reorganización.
Se protege a los acreedores garantizados. Y hay algo muy novedoso: ningún acreedor está dispuesto a seguir ayudando a un deudor que se halle en procedimiento de quiebra. En ese caso, proveemos un incentivo para que continúe proveyendo a la empresa, mediante una preferencia en la liquidación de los bienes si eventualmente hubiese que vender. Eso permitiría que continúe funcionando. Y no como ocurre hoy, donde, el mismo día en que se da la señal de que se acogerá a la quiebra, se le termina el abastecimiento y se le cortan, incluso, los servicios básicos.
Aquí se garantiza que estos van a estar funcionando, que los proveedores podrán seguir prestándoles servicios. Y tendrán como incentivo la garantía de acceder a créditos preferentes.
Además, se mantiene la preferencia respecto de los trabajadores. En su oportunidad, discutiremos si esta debiera ser más contundente, en qué lugar se ubica el Fisco, ¿antes o después? Este tema tendría que ser materia de debate en la Comisión.
También se mejora la transparencia en cuanto a cómo se realiza la distribución y la liquidación de los bienes.
En suma, creo que nos encontramos ante un proyecto que posee mucho mérito.
En tal sentido, saludo y felicito a la señora Josefina Montenegro , Superintendenta de Quiebras. Y agradezco también la participación en la Comisión del señor Ministro de Economía ; del síndico de quiebras y profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile don Patricio Jamarne; del síndico de quiebras y Asesor Económico de Insolvencias , don Enrique Ortiz ; del asesor del Ministerio de Economía y ex Superintendente de Quiebras don Cristian Palacios; de la síndico de quiebras señora María Loreto Ried ; del síndico de quiebras don José Manuel Edwards , y del árbitro de la Lista de Abogados que pueden ser nombrados árbitros, profesor de Derecho Comercial don Nelson Contador . Todos los invitados nos dieron su visión unánime a favor del proyecto.
Por tal razón, la Comisión de Economía aprobó por unanimidad la iniciativa.
Sin duda, durante el debate en particular en las Comisiones unidas será posible plantear nuestras aprensiones acerca de determinados artículos. Creo que podemos enriquecer el proyecto.
En todo caso, en mi opinión, esta es una de las iniciativas más sustantivas que la Comisión de Economía y el Congreso pueden aprobar en la dirección de permitir la creación de empleo, de defender la competitividad y la existencia de la pequeña y la mediana empresa.
Por ello, así como la Comisión de Economía aprobó el proyecto por unanimidad, solicito a la Sala que lo haga en los mismos términos y cuanto antes, a fin de que se abra un plazo para formular indicaciones que nos permita perfeccionarlo y colocar de mejor manera los incentivos.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable.
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