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El señor TUMA.- Señor Presidente, quiero que sinceremos el debate.
Cuando iniciamos la discusión anteayer del artículo 1° A, que señala que el objetivo de esta ley es "la conservación", yo no lo voté favorablemente porque, habiendo revisado el articulado, me convencí de que nada de "conservación" tiene la ley en proyecto. No se enfoca en ella.
Quiero sincerar qué estoy votando, qué estoy discutiendo y qué estoy aprobando o rechazando.
En el artículo 30 se lee: "Las licencias transables de pesca serán divisibles, transferibles, transmisibles y susceptibles de todo negocio jurídico". Ese es el corazón del proyecto.
¿Por qué no sinceramos el debate?
¿Para qué seguimos conversando respecto de introducir observaciones menores y no vamos a la discusión acerca del contenido de los artículos 1°, 26 y 27, que se encuentran pendientes de información desde las Comisiones unidas?
Una vez que tengamos el informe mencionado hagamos el debate de fondo.
Así iremos ordenando la votación y la concentraremos en cómo definimos cuál es el rol del Estado. Porque aquí, detrás de esto, se halla implicada tal definición.
Y no veo ninguna justificación o razonamiento ante lo que señalan el Ministro , los parlamentarios, o incluso el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y me parece inverosímil que este último sostenga: "Mire, mientras menos actores, hay más competencia".
El señor PÉREZ VARELA.- No es eso.
El señor TUMA.- O "Si no se renueva esto, si es más indefinido el permiso o la autorización, entonces se garantiza mayor competencia".
¡Esto es increíble! El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia me dice: "No recomiendo que se haga una renovación".
El señor PROKURICA .- Lea el fallo.
El señor TUMA.- Por ejemplo, en el caso del Transantiago, ¿a cuántos años se entregaron las concesiones? ¿A cuatro, a ocho, a diez? ¿Y por qué no se entregó el argumento de qué van a hacer los trabajadores cuando terminen las concesiones? ¿Por qué no las otorgamos de manera indefinida o con renovación automática? ¿O si prestan un buen servicio, entonces les renovamos a los veinte años otra vez? ¿Por qué no se actuó igual en transporte? ¿Por qué en este negocio, donde no tienen que hacer inversiones en maquinaria, comprar campos, pagar por la siembra, en que está todo hecho en el mar, que es una de las riquezas naturales del país, les entregamos licencias gratis por veinte años y después se las renovamos, si se portan bien, por otros veinte? ¿Por qué? Con el argumento de que con tales medidas les damos seguridad a los trabajadores. Hay otras formas de garantizar esto último.
No me parece que el Estado deba renunciar a su derecho de administrar los bienes en función del interés común, del interés nacional.
El ejemplo más claro lo vemos en la renuncia que el Estado ha hecho respecto de la administración de los espacios públicos que utilizan los buses privados. No hay fin de semana largo en que alguna autoridad, parlamentaria o del Ejecutivo, no aparezca en la televisión reclamando porque los pasajes subieron y manifestando que eso constituye un abuso. Y es el propio Estado el que ha renunciado a regular el espacio público a través del cual circulan esos buses, permitiendo que las respectivas empresas fijen las condiciones, la frecuencia y el precio, y que lo cambien cuando quieran. ¿Por qué? Porque no hemos regulado de manera adecuada el modo en que han de prestarles servicios a los chilenos con el uso de bienes comunes, como lo son las calles y los caminos.
Lo mismo ocurre con la renuncia que el Estado está haciendo en este caso a un bien de uso público común, un bien nacional de propiedad estatal y, por ende, de todos los chilenos. Me parece que deberíamos regularlo de otra forma.
En resumen, señor Presidente, creo que este debate se ordena en la medida que vamos al fondo del tema. Ojalá llegue pronto el informe de las Comisiones unidas y llevemos adelante la discusión acerca del rol del Estado en esta materia.
He dicho.
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