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El señor ESCALONA.- Señor Presidente , en el breve tiempo destinado a la fundamentación del voto, quiero señalar que, desde mi punto de vista, lo que se ha propuesto -hemos llegado al fondo de la discusión, más allá de la indicación que se puede votar en corto plazo-, me refiero a la cesión de derechos por 20 años renovables (es decir, por 40 años), constituye no solo un grave error político, porque defrauda profundamente las expectativas del sector de la pesca artesanal, de los grupos ambientalistas del país, de los propios trabajadores del sector industrial y de una gran parte de la opinión pública.
No es solamente un gran error político, sino además un craso error económico, porque se está consagrando un monopolio en un sector productivo del país.
Desde esa perspectiva, sostengo que aquí se está aprobando o se podría aprobar durante esta sesión o en la de mañana, algo que es inconstitucional, pues se va a establecer por ley un monopolio.
En consecuencia, lo que ocurre es, lamentablemente, la cesión de una propiedad perteneciente a todos los chilenos a un conglomerado económico que controla un amplio sector de la economía del país. Y significa otorgarle control por tiempo indefinido, a cambio de nada.
Algunos señalan que serían 1.400 millones de dólares anuales; otros dicen, 1.200 millones. Supongamos que es esta última cifra, que significa 48 mil millones en 40 años. ¿A cambio de qué?
¿Qué es lo que entrega este sector por la concesión que se le hace? Porque seamos claros: la plataforma social la paga el Fisco; la plataforma para los trabajadores industriales, la paga el Fisco; las concesiones que podrían -entre comillas- hacerse al sector de la pesca artesanal, las paga el Fisco. O sea, lo que aquí se hace en relación con otros sectores productivos es una abierta discriminación a favor del industrial.
El país fue capaz de avanzar en el curso de los últimos años estableciendo el royalty. Uno podría decir que, en realidad, no fue todo lo que se pensaba. Partimos el 2005, se mejoró, incluso, en este propio Gobierno. El sector productivo más poderoso del país, el minero, hoy paga el royalty y entrega un ingreso a Chile por la concesión que el Estado le dio para explotar las propiedades mineras.
¿Cuál es la contribución del sector pesquero?
Hay un aumento en las patentes que es irrisorio y absolutamente marginal. Es decir, lo que se entrega aquí es cercano a 50 mil millones de dólares a cambio de nada.
Como bien sostuvo el economista Eduardo Engel , el 1° de enero, cuando la ley entre en vigencia, estos conglomerados económicos aumentarán su valor en varios centenares de millones de dólares. Es muy probable que, por la enorme extensión del tiempo que abarcan estas licencias, aumenten sus activos en miles de millones de dólares.
¿Y qué obtiene Chile a cambio de esta cesión? ¡Nada!
¡Por eso me rebelo contra esta ley! Porque es una expropiación a los derechos de los chilenos a la propiedad colectiva de todos nosotros, a través de un acto legal. Y se le entrega a un puñado de controladores económicos. En consecuencia, ¡es un acto enteramente inconstitucional! Porque, como bien establece el propio ordenamiento jurídico de la Constitución del 80, hay ciertos derechos fundamentales que pueden sufrir restricciones, pero no en su contenido esencial. Y aquí, al entregarse el control de la explotación del sector pesquero, se está afectando el contenido esencial del chileno de participar en la explotación de estas riquezas naturales del país.
Aquí se niega a los ciudadanos de este país, a los empresarios, a los emprendedores, a todos los que no forman parte del sindicato que controla el rubro, la posibilidad de concursar y competir en este sector productivo.
Eso es enteramente inconstitucional.
En todo caso, lamento que se haya configurado una mayoría para aprobar este error garrafal, desde el punto de vista político y económico, para el futuro de la nación chilena.
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
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