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A fines de diciembre de 2011, se inició un incendio forestal que aunque se inició en la comuna de Quillón, también afectó a las comunas de Florida, Ranquil y San Rosendo, todas en la Región del Bío-Bío. En este siniestro fallecieron tres personas, quedaron más de mil personas damnificadas, 224 viviendas destruidas y cerca de 28 mil hectáreas de bosque quemadas.
El 5 de enero de 2012, aconteció un hecho paradigmático, muy grave, que demostró la falibilidad del sistema de carreteras concesionadas ante siniestros y desastres, cuando la “Ruta del Itata” se vio afectada por un foco activo del mismo incendio forestal, cuando presentaba ésta una grave congestión en la ruta que une Chillán y Concepción.
El incendio se acercó peligrosamente a la carretera, y las llamas distaban sólo a unos 100 metros de la larga fila de automóviles, cuyos dueños clamaban desesperados por que la empresa concesionaria levantara las barreras del peaje, para huir del lugar. El calor excesivo, la gran cantidad de humo y el fuego, no fueron suficientes para que dicha concesionaria levantara las barreras.
El mismo Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, denunció que habiendo hablado con los representantes de la empresa, esta decidió seguir cobrando el peaje. Lo mismo señaló el Intendente Víctor Lobos, quien manifestó la molestia del mismo Presidente de la República.
Al final, las autoridades, con el apoyo de Carabineros habilitaron un camino alternativo para evitar el peaje, y evitar daños mayores.
Esto nos hace recordar al grave siniestro de un supermercado en Paraguay, el año 2004, en el cual los dueños prefirieron cerrar las puertas del mismo para evitar robos, falleciendo 399 personas entre asfixiadas y quemadas.
Creemos que ante peligros, ante amenazas, emergencias y desastres, de cualquier tipo, las barreras deben abrirse. Una vida humana, no puede ser de menor valor que los $3.000 pesos que cuesta un peaje.
Para que este proyecto de ley no sea declarado inconstitucional, debemos señalar que el peaje será cobrado con posterioridad. Las empresas tienen tecnología suficiente para fotografiar patentes, y comunicarse con el usuario y exigir este cobro.
Todo este mecanismo, está destinado, simplemente, a proteger la vida y la integridad física de los usuarios, garantías constitucionales que todos, incluso las empresas, deben respetar.
Por tanto, venimos en proponer el siguiente:
PROYECTO DE LEY
Agrégase el siguiente nuevo artículo 43 al Decreto 900, del Ministerio de Obras Públicas, que FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DFL MOP N° 164, DE 1991 LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS:
“Ante siniestros, catástrofes o cualquier peligro evidente y manifiesto, que pongan en peligro la vida e integridad de los usuarios, el concesionario de carreteras interurbanas tendrá la obligación de levantar las barreras del peaje respectivo.
La concesionaria habilitará los mecanismos tecnológicos necesarios para identificar fehacientemente a los usuarios a quienes se aplique este artículo, y se comunicará con ellos para el posterior cobro. Los usuarios tendrán 30 días hábiles para efectuar el pago por medios electrónicos o depósito bancario y 60 días presencialmente ante la concesionaria.
La contravención de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo dará lugar a la aplicación de los delitos de homicidio o lesiones según el caso”.
(Fdo.): Alejandro Navarro Brain, Senador.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.
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