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- rdf:value = " El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , este asunto lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. En los años 2004-2005, hubo unanimidad en el Senado -incluso presentamos un proyecto de acuerdo- para enfrentar el llamado "daño previsional". Y todos los sectores participaron en esa propuesta.
Recuerdo haber estudiado, junto con funcionarios de la Contraloría General de la República, de la ANEF y de otras entidades, un proyecto de ley para crear un Fondo Solidario de Pensiones. No teníamos iniciativa en esa materia, pero igual se presentó al Parlamento y se pidió el patrocinio del Ejecutivo. ¿Cuál era el objetivo de esa propuesta? Reconocer una realidad: la que afecta a todos los funcionarios públicos que en 1982, cuando se instauró el nuevo régimen de pensiones, fueron presionados u obligados a transferirse del sistema solidario previsional entonces existente a otro basado en cuentas de capitalización individual.
¿Y qué sucedía? Algo que sucede hoy día y va a seguir sucediendo: que a los funcionarios fiscales, de todos los sectores, se les efectuaban imposiciones por cantidades bastante inferiores a sus ingresos reales. Muchas veces, para aumentar sus remuneraciones, se les concedían asignaciones u otros beneficios no imponibles.
El efecto que ello ha producido en los trabajadores a quienes se obligó a trasladarse al nuevo régimen de previsión es que, cuando llegan a la edad de jubilar, considerando el bono de reconocimiento que se les entrega para que lo incorporen a su cuenta de capitalización individual, notan que la tasa de reemplazo es del orden del 30 a 40 por ciento del ingreso que realmente perciben.
¿Qué decisión toman esas personas en tal escenario? No se retiran. No ejercen su derecho a pensionarse a la edad legal para tener el descanso que se merecen.
En cambio, las personas que permanecieron en el sistema antiguo -y por ello fueron criticadas en todo sentido- jubilan con tasas de reemplazo mucho mayores.
El señor BIANCHI.- ¡Del 70 por ciento!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Efectivamente, pueden llegar hasta el 70 por ciento de su remuneración.
En todo el mundo los sistemas previsionales establecen, como norma, que el techo de las tasas de reemplazo debe fluctuar entre 60 y 70 por ciento.
Sin embargo, quienes se trasladaron al régimen de las AFP deciden seguir en actividad. Por eso, como bien se ha dicho acá, tenemos funcionarios, tanto en el sector público centralizado y descentralizado como en el municipal -en este caso se hallan los de la salud, agrupados en la CONFUSAM-, que se ven obligados a trabajar hasta que fallecen o hasta que se encuentran absolutamente imposibilitados de seguir laborando, a fin de percibir los ingresos necesarios para subsistir durante el tiempo que les queda de vida.
Nunca se aceptó crear el que yo denominaba "Fondo Solidario de Pensiones", para permitir que los funcionarios que en 1982 fueron presionados y obligados a trasladarse a una AFP retornaran al antiguo sistema. Todas las imposiciones acumuladas en las cuentas de ahorro individual contribuirían a este Fondo, más el aporte del Estado, con lo cual los trabajadores jubilarían dentro de cierto plazo. Propusimos que este fuera de 8 años. En ese lapso la gente podría ir reincorporándose para después acogerse a retiro con una pensión razonable.
Si se hubiera acogido tal disposición hace 7 u 8 años, ya se estaría cumpliendo en los últimos tramos y haciendo justicia.
¿Qué ha ocurrido entonces? Que todos los sectores tratan de presionar -con mucha razón- para que se les otorgue algún tipo de beneficio, como es el caso a que se refiere el texto en debate.
Actualmente hay una mesa de trabajo con la ANEF y otros gremios (siete en total), donde se está negociando una eventual bonificación extraordinaria más el bono de 50 mil pesos que se entregará al momento de jubilar.
Yo voy a aprobar la iniciativa que nos ocupa porque los propios dirigentes la han aceptado.
Sin embargo, no entiendo por qué debe fijarse un cupo. ¿Por qué se habla de 2.100 funcionarios? Un Senador dijo: "Con 200 cupos lo logramos". Si es así, ¿por qué señalar una cantidad? ¿Por qué limitar esto a 200 cupos o a 800? ¿Por qué no se establece que todas las personas que cumplan tales y cuales requisitos, en forma objetiva, accederán al beneficio, como corresponde?
Así se garantizaría el derecho.
No obstante, con la modalidad propuesta, a lo mejor van a quedar 10, 20, 30, 40 o 100 funcionarios -no sé cuántos- fuera del cupo que se ha determinado. ¡Y eso no será justo!
Reitero que votaré a favor del proyecto, pero observo que no establece que los beneficios serán para toda la gente que cumpla las condiciones.
A mi juicio, esta materia -acuérdense de lo que digo- volverá a ser tratada en este Parlamento a propósito de otras iniciativas de ley que soliciten el mismo beneficio para quienes en los próximos años todavía no hayan podido acogerse a la modalidad que ahora se propone. Porque en cada año se irán acumulando empleados públicos que cumplirán con los requisitos para pensionarse.
Mientras no desaparezca ese contingente -en su momento lo calculábamos en al menos 60 mil funcionarios-, este problema va a ser recurrente.
Espero que, cuando se presenten los nuevos proyectos, ya se hayan cumplido las peticiones de los diferentes gremios de trabajadores.
Según se nos ha informado, a los funcionarios acogidos a la ANEF les están ofreciendo un nuevo sistema de indemnización por retiro voluntario, pero los beneficios son muy inferiores a los obtenidos hace dos años. Bueno, aquí habrá que discutir el asunto.
Por ahora, dejo constancia de la situación.
La iniciativa en estudio resuelve en parte el problema, pues persiste la injusticia hacia la gente que en 1982 fue obligada o presionada a traspasarse del antiguo régimen previsional solidario al nuevo sistema. Para esas personas esta solución es solo transitoria. Y la aceptan porque no tienen otra posibilidad.
Lo justo habría sido abordar una legislación que incluyera a todo el universo de funcionarios públicos en condiciones de jubilar y que garantizara una tasa de reemplazo del orden del 60 a 70 por ciento. El Estado de Chile debiera afrontar tal gasto por cuanto es el responsable por el sistema previsional de sus empleados.
--(Aplausos en tribunas).
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