REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 19ª, en martes 5 de mayo de 2015 (Ordinaria, de 11.12 a 14.45 horas) Presidencia del señor Vallespín López, don Patricio, y la señora Pascal Allende, doña Denise. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VIII.- INCIDENTES IX.- ANEXO DE SESIÓN X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL I.- ASISTENCIA21 II.- APERTURA DE LA SESIÓN25 III.- ACTAS25 IV.- CUENTA25 ACUERDOS DE LOS COMITÉS25 ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN27 V.- FÁCIL DESPACHO27 ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DEL SUPLEMENTERO DE CHILE (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8668-04) (S)27 VI.- ORDEN DEL DÍA35 PRÓRROGA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CASINOS MUNICIPALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9891-05)35 INCORPORACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO MUSICAL Y EN ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 9819-24) [CONTINUACIÓN]44 RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL OBLIGATORIA DE AUTORIDADES DEL CONGRESO NACIONAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8624-07) (S)58 VII.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN69 ELIMINACIÓN DE REAJUSTE REAL DE REMUNERACIONES DE SECTOR PÚBLICO A MILITARES O CIVILES CONDENADOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, JUBILADOS O PENSIONADOS CON FONDOS PÚBLICOS69 SANCIONES PARA CIVILES Y MILITARES QUE BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA O RÉGIMEN POLÍTICO COMETAN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS73 VIII.- INCIDENTES77 REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE COMUNA DE PUENTE ALTO (OFICIO)77 INFORMACIÓN SOBRE REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE RÍO BUENO Y LA UNIÓN (OFICIOS)78 PREOCUPACIÓN POR DEMANDAS ECONÓMICAS DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA (OFICIOS)78 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE LA COSTA Y MANTENCIÓN DE RUTA T-350 CURIÑANCO-TOROBAYO (OFICIOS)79 INFORMACIÓN SOBRE FISCALIZACIÓN Y CIERRE DE VERTEDEROS EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS)80 REPARACIÓN DE CAMINOS EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIO)80 INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN ADOPCIONES DE MENORES DE HOGAR MADRE ELEONORA GIORGI, DE PUERTO AYSÉN (OFICIOS)80 INFORMACIÓN SOBRE PUESTA EN MARCHA DE TERCERA ETAPA DE NORMALIZACIÓN DEL HOSPITAL HIGUERAS, DE TALCAHUANO (OFICIOS)81 INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DE ESTEROS Y RÍOS DE LOCALIDADES DE COYA Y MACHALÍ (OFICIOS)82 SOLIDARIDAD CON DEMANDAS DE EXPRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE83 SOLIDARIDAD CON DEMANDAS DE EXPRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE84 INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE VIVIENDAS FISCALES EN LOCALIDAD DE MONTE ÁGUILA, COMUNA DE CABRERO (OFICIOS)84 INFORMACIÓN SOBRE CORTES DE CAMINOS, TALAJE DE ÁRBOLES Y DETONACIONES A CONSECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN COMUNA DE SAN FABIÁN (OFICIOS)85 IX.- ANEXO DE SESIÓN87 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES87 INYECCIÓN DE RECURSOS PARA ENFRENTAR DAÑOS EN COMUNAS DE PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT A CONSECUENCIA DE ERUPCIÓN DE VOLCÁN CALBUCO (OFICIOS)87 MEDIDAS ADOPTADAS POR AUTORIDAD DE EDUCACIÓN ANTE IRREGULARIDADES ACADÉMICAS EN FACULTAD DE DERECHO DE UNIVERSIDAD CENTRAL (OFICIO)88 LICITACIÓN SIMULTÁNEA DE PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES TIPO 4 EN COMUNAS DE HUASCO Y DIEGO DE ALMAGRO (OFICIO)89 ESTUDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE COSTO Y CALIDAD DE VIDA EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS)90 X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA92 1.- MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA LA CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN MATERIA TRIBUTARIA. (BOLETÍN N° 10023-10)92 2.- MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL INTERNACIONAL PASO LAS LEÑAS”. (BOLETÍN N° 10024-10)100 3.- MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL II PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA ARGENTINA RELATIVO A LA ENTIDAD BINACIONAL PARA EL PROYECTO “TÚNEL DE BAJA ALTURA-FERROCARRIL TRASANDINO CENTRAL”. (BOLETÍN N° 10025-10)105 4.- MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL II PROTOCOLO COMPLEMENTARIO AL TRATADO DE MAIPÚ DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE ARGENTINA RELATIVO AL PROYECTO “TÚNEL INTERNACIONAL PASO DE AGUA NEGRA”. (BOLETÍN N° 10026-10)109 5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9766-04)117 6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9369-03)117 7.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9845-14)118 8.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9896-07)118 9.- OFICIO DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9539-07)119 10.- OFICIO DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9276-07)119 11.- OFICIO DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 5857-13)120 12.- OFICIO DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 8624-07)120 13.- OFICIO DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9372-07)120 14.- OFICIO DE S.E. EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 8026-11)121 15.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9252-15)121 16.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 6829-01)122 17.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9640-15)122 18.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9819-24)123 19.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9835-13)123 20.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9566-29)123 21.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL “ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA QUE CREA UN MARCO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE EN LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA”, SUSCRITO EN BRUSELAS, BÉLGICA, EL 30 DE ENERO DE 2014. (BOLETÍN N° 9967-10-1)124 22.- INFORME DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASUNTOS INTERPARLAMENTARIOS E INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA, SOBRE EL PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL “CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL DE LOS SISTEMAS ANTIINCRUSTANTRES PERJUDICIALES EN LOS BUQUES”, SUSCRITO EN LONDRES, REINO UNIDO, EL 5 DE OCTUBRE DE 2001. (BOLETÍN N° 9968-10-1)130 23.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA QUINCE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATALES. (BOLETÍN N° 9766-04)134 24.- INFORME DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y BIENES NACIONALES RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA DISPOSICIÓN INTERPRETATIVA DEL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N° 19.537, EN MATERIA DE ESPACIOS QUE SEAN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO Y LOS DE DOMINIO COMUNITARIO EN EL RÉGIMEN DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA. (BOLETÍN N° 9845-14) (S)153 25.- INFORME DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN RECAIDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 19.712, DEL DEPORTE, Y LA LEY N° 20.686, QUE CREA EL MINISTERIO DEL DEPORTE, CON EL OBJETO DE INCORPORAR EL DEPORTE ADAPTADO Y PARALÍMPICO. (BOLETÍN N° 9837-29-1)160 26.- INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA CONJUNTA DE: A) “LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS EN RELACIÓN CON LA FISCALIZACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS PENTA Y SUS SOCIOS CONTROLADORES, LAS DONACIONES A LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Y LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Y B) LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO ELECTORAL FRENTE A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES”.174 27.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FUENTES, BORIC, ESPINOZA, DON FIDEL; FLORES, GONZÁLEZ, MACAYA, MORANO, OJEDA Y SANDOVAL, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA, QUE “DECLARA A LAS JINETEADAS PATAGÓNICAS COMO DEPORTE NACIONAL”. (BOLETÍN N° 10021-29)281 28.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; PÉREZ, DON JOSÉ, Y ROBLES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OTORGA COMPETENCIA A TRIBUNALES ESPECIALES EN MATERIA DE CONCESIONES MINERAS.”. (BOLETÍN N° 10022-07)282 29.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, BELLOLIO, HERNÁNDEZ, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, MORALES, NORAMBUENA, SILVA;, URRUTIA, DON IGNACIO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HOFFMANN, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°1224, DE 1975, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO, ESTABLECIENDO LA PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REGISTRADOS.”. (BOLETÍN N° 10028-03)284 30.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HERNÁNDEZ, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, SILVA Y ULLOA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, NOGUEIRA Y TURRES, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.974, SOBRE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO Y CREA LA AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA, RESPECTO DEL INFORME ANUAL QUE SU DIRECTOR DEBE PRESENTAR ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS”. (BOLETÍN N° 10029-02)286 31.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR BECKER SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLATINO, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE MARZO DE 2015, EN CIUDAD DE PANAMÁ.288 32.- INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR KORT SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO LATINOAMERICANO PÚBLICO- PRIVADO SOBRE ENERGÍAS SUSTENTABLES, LLEVADO A CABO EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL, LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2015.306 33.- INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARLAMENTARIA INTEGRADA POR EL DIPUTADO SEÑOR NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO, Y LA DIPUTADA SEÑORA NOGUEIRA, EN LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE UNASUR.309 34.- INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015.312 35.- OFICIO DE LA CORTE SUPREMA POR EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO DEL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “REGULA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES.”. (BOLETÍN 9895-11)318 36.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2776-15-CPR.330 XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Notas: -Del diputado señor Kort, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 34 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 24 de abril de 2015, para dirigirse a Estados Unidos. -Del diputado señor Teillier, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 34 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días a contar del 1 de mayo de 2015, para dirigirse a La Haya, Holanda. -Del diputado señor Vallespín por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 25 de abril de 2015, para dirigirse a Estados Unidos. -Del diputado señor Jiménez por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 27 de abril de 2015, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina. -Del diputado señor Jarpa por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 5 de mayo, para dirigirse a Holanda. 2. Comunicaciones: -Del diputado señor De Mussy por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 23 de abril de 2015 por impedimento grave. -Del diputado señor Arriagada por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 5 de mayo, por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Gahona por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 5 de mayo, por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual se informa que el diputado señor Silva reemplazará a la diputada señora Hoffmann en la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. -Del jefe de bancada de diputados del Partido Por la Democracia por la cual informa que el diputado señor Campos reemplazará al diputado señor Jaramillo en la Comisión de Revisora de Cuentas. 3. Oficios: -De la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación por el cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el Código del Trabajo y la ley N° 18.600, para establecer la paridad de salarios en beneficio de los trabajadores en situación de discapacidad”, actualmente radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. boletín N° 9789-13. -Del Director General del Consejo para la Transparencia, por el cual remite propuestas de perfeccionamiento normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública. (2621) -De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se comunica que la diputada señora Nogueira y el diputado señor Urrutia, don Ignacio, integrarán la delegación que concurrirá al “Encuentro Anual del Grupo de Mujeres Parlamentarias” y a la “37° Reunión del Consejo de Administración”, de Parlamentarios por las Américas, ParlAmérica, a llevarse a cabo entre los días 11 y 14 de junio de 2015, en Buenos Aires, Argentina.(46). -De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se comunica que los diputados señores Carmona; Espinoza, don Fidel; León; Pérez, don Leopoldo, y Ulloa, integrarán la delegación que concurrirá a la IX Reunión del Comité de Diálogo Político Congreso Nacional de Chile-Asamblea Popular Nacional de China, desde el 22 al 31 de mayo de 2015. (55). -De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se comunica que la participación de los diputados señores Jarpa; Núñez, don Marco Antonio; Tarud y Teillier en las sesiones de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia en el caso de la demanda de Bolivia en contra de Chile, que tendrán lugar en La Haya entre los días 4 y 8 de mayo de 2015, ha sido calificada de “misión oficial”, para los efectos de la asistencia en la Sala y en las sesiones de Comisiones. (56). -Del Alcalde (S) de la Municipalidad de Illapel por el cual remite el decreto alcaldicio exento N° 511, de 10 de marzo de 2015, que adjudica la licitación pública correspondiente al servicio denominado “Convenio de Suministro de Restaurant, para la I. Municipalidad de Illapel”, a la Sociedad de Inversiones y Gastronomía Ríos Ltda., en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 4° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. Respuestas a Oficios Contraloría General de la República -Diputada Núñez doña Paulina, situación funcionaria que afecta a la señora Andrea Oyarzo Francke, profesional de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana. (31374 al 4300). (31374 al 4300). -Diputado Gutiérrez don Hugo, Informar si en la bases para postular al concurso del fondo de cultura financiado con el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del gobierno regional de Tarapacá se encuentra el requisito de participar por primera vez y, en caso de no ser así, y de haber mérito para ello, instruir se inicien los sumarios correspondientes debido a que en el último concurso al mencionado fondo se habría privilegiado a gestores culturales que concursaban por primera vez. (31994 al 5665). (31994 al 5665). Ministerio de Interior -Diputado Chahin, Proyecto de mejoramiento de abasto de agua para la comunidad Manuel y Samuel Queupo de la localidad de Marimenuco Alto de la comuna de Lonquimay. (1020 al 7357). (1020 al 7357). -Diputado Rocafull, Informar sobre el proyecto de construcción del edificio Consistorial de la Región de Arica y Parinacota que forma parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, indicando los plazos de construcción, las etapas consideradas, las bases de licitación y los costos generales. (311 al 7225). (311 al 7225). -Diputado Urrutia don Osvaldo, Informar sobre las razones por las que el Intendente de la Región de Valparaíso retiró, en noviembre del año pasado, el proyecto de control de micro basurales en los sectores altos de la comuna de Valparaíso, no obstante encontrarse recomendado técnica y económicamente por el Ministerio de Desarrollo Social. (392 al 7479). (392 al 7479). Ministerio de Relaciones Exteriores -Diputado Gutiérrez don Hugo, Remitir carta u oficio rogatorio al Departamento de Justicia y a la Comisión de Mercado de Valores (U.S. Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos de América, con el propósito que informen si están en conocimiento que la Sociedad Química y Minera de Chile S. A. (SQM), con operaciones bursátiles en ese país, ha vulnerado la ley de prácticas corruptas extranjeras, en el que se conoce como caso PENTA - SQM, de conformidad con lo expuesto en la intervención que se adjunta; e informar lo obrado sobre el particular a esta cámara. (4527 al 7522). (4527 al 7522). Ministerio de Economía, Fomento Y Turismo -Diputada Álvarez doña Jenny, Remita antecedentes respecto del Fondo de Desarrollo de Negocios Crece, que se ha puesto a disposición de los emprendedores de la provincia de Chiloé. (059 al 7859). (059 al 7859). -Diputado Robles, Posibilidad de disponer una investigación acerca de las actuaciones de la señora Directora Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Tarapacá, denunciada por posible acoso laboral contra su personal. (2054 al 7896). (2054 al 7896). -Diputado Sandoval, Existencia de un proyecto para dotar de un laboratorio de detección de marea roja a la localidad de Melinka, comuna de Guaitecas, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (65188 al 7947). (65188 al 7947). -Proyecto de Resolución 217, “Expresar a S.E. la Presidenta de la República, la necesidad de contar de la manera más expedita con un reglamento de ejecución de la ley N° 20.606, sobre “Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad”.” (1026). 1026. -Proyecto de Resolución 55, “Solicita a S.E. la Presidenta de la República una iniciativa de ley para el establecimiento de una zona franca alimentaria para la Región de Antofagasta.” (1130).1130. -Proyecto de Resolución 235, “Solicita a S.E. la Presidenta de la República, que analice y genere una nueva política de subsidio habitacional rural.” (248). 248. -Proyecto de Resolución 259, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas en beneficio de las comunidades indígenas. (251). 251. -Diputada Álvarez doña Jenny, Informe sobre la posibilidad de adoptar medidas para evitar situaciones que afecten el libre acceso a la justicia. (218 al 7428). (218 al 7428). -Diputada Girardi doña Cristina, Informe sobre las razones por las cuales el Servicio Nacional de Menores adoptó la decisión de terminar con el funcionamiento de programas preventivos comunales a nivel nacional y, si las Oficinas de Protección de Derechos cuentan con capacidad técnica suficiente para enfrentar los casos que correspondían a los programas preventivo comunales en sus proyectos. (3355 al 7263). (3355 al 7263). -Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre el número de trabajadores a honorarios contratados por suma alzada, el número de trabajadores a honorarios contratados a través de la compra de servicios o licitaciones y el número de trabajadores a honorarios contratados para proyectos. (642 al 7190). (642 al 7190). Ministerio de Defensa Nacional -Diputado Sabag, Gestionar, en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo, la instalación de señalética adecuada en ríos, lagos y demás sitios turísticos destinados a la práctica y desarrollo de actividades de esparcimiento y deportes acuáticos, destinada a evitar accidentes por inmersión en lugares no aptos para el baño y, por otra parte, promover una campaña de difusión con el mismo propósito. (1605 al 665). (1605 al 665). -Diputado Jaramillo, Informar sobre el eventual traslado del Regimiento de Artillería N° 2, Maturana, ubicado actualmente en la comuna de La Unión, en la provincia del Ranco. (1660 al 7554). (1660 al 7554). Ministerio de Obras Públicas -Diputado Sandoval, Informar en detalle sobre las condiciones en que se encuentra el camino que une a Cochrane con el paso fronterizo internacional Roballos, a través del Valle Chacabuco, en la comuna de Cochrane; y, además, remita el informe técnico de las acciones de conservación de la mencionada ruta. (1121 al 6328). (1121 al 6328). -Diputado Sandoval, Informar en detalle sobre las condiciones en que se encuentra el camino que une a Cochrane con el paso fronterizo internacional Roballos, a través del Valle Chacabuco, en la comuna de Cochrane; y, además, remita el informe técnico de las acciones de conservación de la mencionada ruta. (1121 al 6329). (1121 al 6329). -Diputado Sandoval, Informar en detalle sobre las condiciones en que se encuentra el camino que une a Cochrane con el paso fronterizo internacional Roballos, a través del Valle Chacabuco, en la comuna de Cochrane; y, además, remita el informe técnico de las acciones de conservación de la mencionada ruta. (1121 al 6330). (1121 al 6330). -Diputado Fuentes, Estado de avance del proyecto denominado construcción del puente “las Orquetas”, comuna de Chile Chico, indicando los montos involucrados, fechas de entrega, especificaciones técnicas, financiamiento, empresa adjudicataria y, en general, toda la información respecto a éste, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (1123 al 5092). (1123 al 5092). -Diputado Jarpa, Informar sobre la eventual contaminación del río Trilaleo, en la comuna de Yungay, el que según las autoridades comunales presenta en su caudal aguas turbias impidiendo el normal desarrollo de la actividad estival en su rivera. (1126 al 7162). (1126 al 7162). -Diputado Jaramillo, Remitir los estudios sobre embalses de riego en las comunas de Río Bueno, y La Unión y Paillaco en conjunto. (1128 al 7525). (1128 al 7525). -Diputado Jaramillo, Remitir los estudios sobre embalses de riego en las comunas de Río Bueno, y La Unión y Paillaco en conjunto. (1128 al 7526). (1128 al 7526). -Diputado Melo, Informe sobre los Fondos Concursables del año 2015, indicando fecha de postulación, requisitos, condiciones, contacto y demás información que considere relevante. (1131 al 7397). (1131 al 7397). -Diputado Farcas, Remitir el listado completo de las expropiaciones proyectadas realizar para las obras de la autopista Costanera Norte en la comuna de Renca, especialmente en Apóstol Santiago y en las intersecciones de Vespucio, en Huechuraba. (1132 al 6897). (1132 al 6897). -Diputado Fuenzalida, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con todas las obras concesionadas del país, con especial referencia del túnel El Melón. (1133 al 6957). (1133 al 6957). -Diputada Nogueira doña Claudia, Estado actual de los proyectos que digan relación con intervenciones urbanas para transporte público en la Avenida Independencia, ubicada en la comuna de Conchalí, en los términos que se indican en la petición adjunta. (1134 al 6829). (1134 al 6829). -Diputado Fuenzalida, Remitir información relacionada con la resolución del Consejo de Concesiones que declaró de interés público la iniciativa privada N° 412 denominada “Concesión Vial Rutas de Acceso a Valdivia”. (1135 al 7058). (1135 al 7058). -Diputado Soto, Posibilidad de construir la continuidad de la caletera poniente de la Autopista Central, entre el sector de Avenida Las Acacias y la entrada de Avenida Colón. Asimismo, indique la factibilidad de instalar un paradero de alto estándar de seguridad y realizar los estudios y ampliaciones de vialidad para establecer la bidireccionalidad en la Autopista Central, entre el sector de La Capilla y Río Maipo, en los términos que se indican en la petición adjunta. (1136 al 6965). (1136 al 6965). -Diputado Gahona, Informar sobre el nuevo estudio para la construcción de un embalse en Estero Derecho, en la Región de Coquimbo, y el monto al que ascienda la contratación del mencionado estudio. (609 al 7070). (609 al 7070). Ministerio de Agricultura -Diputado Santana, Ejecución de los programas Prodesal y PDTI financiados con recursos provenientes del Instituto de Desarrollo Agropecuario y aporte municipal, al interior de las municipalidades de Quinchao y Curaco de Vélez en el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2014. (21963 al 3421). (21963 al 3421). -Diputado Espinoza don Fidel, Copia de su intervención, en la que valora la decisión del Gobierno de declarar como zonas de emergencia agrícola a diecinueve comunas de la Región de Los Lagos, afectadas por un grave déficit hídrico. (292 al 823). (292 al 823). -Diputado Sabag, Posibilidad de instar por la declaración de zona de emergencia agrícola para las comunas de Ranquil y Quillón. (293 al 7472). (293 al 7472). -Diputado Chahin, Disponer que se realice una exhaustiva investigación, coordinadamente con el Ministerio Público, destinada a esclarecer las causas y eventuales responsables de los incendios forestales que han asolado en el último tiempo a la Región de La Araucanía: y, en los incendios de origen intencional, si los hubiere, iniciar las causas judiciales correspondientes. (294 al 831). (294 al 831). -Diputado Flores, Representar el error que significa la omisión de la Región de Los Ríos, particularmente de la comuna de Panguipulli, en la declaratoria de zona de emergencia agrícola, a consecuencias de la erupción del volcán Villarrica, que agrava aún más la situación de una región seriamente afectada por la sequía. (297 al 814). (297 al 814). -Diputado García don René Manuel, Informar sobre el universo de pequeños agricultores beneficiados a consecuencias de la declaración de zona de emergencia agrícola en la Región de La Araucanía, y si para su determinación hubo coordinación con los alcaldes de la región; y, asimismo, respecto de los planes de contingencia, la manera y la fecha u oportunidad en se concretará la ayuda a los agricultores afectados por la erupción del volcán Villarrica y por la sequía que afecta a la mencionada región. (300 al 7294). (300 al 7294). -Diputado Letelier, Colaborar en la creación, conformación y articulación, bajo la dirección y dependencia del Ministerio de Agricultura, de una unidad específica que trate integralmente el problema de la apicultura en Chile, unificando y orientando coordinadamente las acciones y medidas que impulsan el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), sin perjuicio de otros servicios que se estime competentes, que tenga por tareas, entre otras, proponer, aprobar y ejecutar un protocolo que determine la elaboración de un plan de calendarización de fumigaciones regionales, que aporte información y permita la fiscalización en el uso de pesticidas cerca de predios dedicados a la producción apícola. (301 al 808). (301al 808). Ministerio de Salud -Diputada Carvajal doña Loreto, Informar sobre las causas de la eventual negativa a la incorporación al consultorio de la comuna de San Carlos de dos médicos cirujanos de nacionalidad cubana. (1003 al 7837). (1003 al 7837). -Diputado Urízar, Situación que afecta a 27 trabajadores del hospital San Agustín de La Ligua, quienes se encuentran sometidos a un régimen de trabajo denominado “compra de servicios”, el que se encontraría al margen de la legalidad vigente, disponiendo la investigación que corresponda y adoptando la solución que se amerite, a la brevedad. (1055 al 5163). (1055 al 5163). -Diputado Berger, Remitir información relacionada con la no consideración de los tecnólogos médicos en los equipos de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR). (1056 al 6287). (1056 al 6287). -Diputado Bellolio, Remitir información relacionada con la atención médica dispensada en el Hospital Barros Luco al señor Hugo Efraín Bustamante Grossmann. (1057 al 7069). (1057 al 7069). -Diputado Kort, Reiterar el oficio No. 7027 de esta Corporación, de fecha 28 de Enero del año 2015, en los términos que se indican en las solicitudes adjuntas. (1107 al 7552). (1107 al 7552). -Diputado Sandoval, Funcionamiento del subsidio a los cuidadores de pacientes postrados, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (1461 al 6506). (1461 al 6506). -Diputado Robles, Operativos de salud que se han efectuado en su territorio jurisdiccional durante los últimos 5 años. (2204 al 7339). (2204 al 7339). -Diputada Cariola doña Karol, Informar sobre las medidas adoptadas para proteger la vida y la salud de los habitantes de la comuna de Petorca, afectados por las fumigaciones aéreas realizadas en predios agrícolas, con eventual infracción del decreto alcaldicio N° 1213, de 30 de agosto de 2011, de la municipalidad de Petorca, que en su artículo 3° prohíbe precisamente tales procedimientos en toda la comuna y, además, ejerza las facultades fiscalizadoras de su competencia para impedir las mencionadas prácticas. (695 al 6740). (695 al 6740). -Diputado Robles, Operativos de salud que se han efectuado en su territorio jurisdiccional durante los últimos 5 años. (796 al 7328). (796 al 7328). -Diputado Robles, Operativos de salud que se han efectuado en su territorio jurisdiccional durante los últimos 5 años. (973 al 7350). (973 al 7350). -Proyecto de Resolución 217, “Expresar a S.E. la Presidenta de la República, la necesidad de contar de la manera más expedita con un reglamento de ejecución de la ley N° 20.606, sobre “Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad”.” (1026). 1026. -Proyecto de Resolución 259, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la adopción de diversas medidas en beneficio de las comunidades indígenas. (251). 251. -Diputado Chahin, Remitir información relacionada con todos los proyectos de centrales de paso en la comuna de Curacautín, particularmente, respecto de aquellos que están en desarrollo, los que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental y los que no lo están, y sobre los derechos de aguas asociados a los mencionados proyectos. (554 al 6754). (554 al 6754). Ministerio de Vivienda Y Urbanismo -Diputado Sandoval, Posibilidad de desarrollar una plan integral de desarrollo para la comuna de Guaitecas, especialmente en las localidades de Melinka y Repollal, con la participación del Gobierno Regional y los ministerios de Educación y Salud. (240 al 7649). (240 al 7649). -Diputado Espinoza don Fidel, Agradecer la disposición tenida en avanzar en el proceso que permitirá destinar terrenos hoy en manos del Ejército de Chile, en Osorno, a la construcción de viviendas sociales y a los Planes Maestros de Intervenciones Urbanas Integrales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la vez que solicitar se intensifiquen las gestiones para la concreción del proceso en cuestión. (247 al 833). (247 al 833). -Diputado Ojeda, Realizar gestiones para que, en definitiva, se concrete el traspaso de aproximadamente ciento siete hectáreas pertenecientes al Regimiento Reforzado N° 9 “Arauco”, de Osorno, con el propósito de destinarlas a fines habitacionales; y, además, una vez realizado el traspaso, disponga se dé prioridad a los comités de vivienda de Ovejería Alto. (249 al 891). (249 al 891). -Proyecto de Resolución 235, “Solicita a S.E. la Presidenta de la República, que analice y genere una nueva política de subsidio habitacional rural.” (248). 248. -Diputado Cornejo, Proceso de licitación de Plantas de Revisión Técnica para la Región de Valparaíso. (2831 al 6917). (2831 al 6917). -Diputado Cornejo, reiterar el oficio N° 6917de esta Corporación, de fecha 23 de Enero de 2015. (2831 al 7720). (2831al 7720). -Diputado Sabag, Cobro por reliquidación de consumo eléctrico que están efectuando las empresas del rubro en el país, fijando cuotas en las boletas respectivas sin precisar su fundamento ni la forma de determinar el monto. (5060 al 7645). (5060 al 7645). -Diputado Rathgeb, Reiterar el oficio N° 1904 de esta Corporación, de fecha 18 de junio de 2014; y, en definitiva, informe a esta Cámara respecto de la fecha en que se realizará la licitación de los recorridos subsidiados para los sectores rurales de la Región de La Araucanía. (641 al 6891). (641 al 6891). Ministerio Secretaría General de Gobierno -Diputado Melo, Informe sobre los Fondos Concursables del año 2015, indicando fecha de postulación, requisitos, condiciones, contacto y demás información que considere relevante. (1955 al 7400). (1955 al 7400). Ministerio Secretaría General de la Presidencia -Proyecto de Resolución 218, “Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la creación de una Subsecretaría del Adulto Mayor.” (789). 789. Ministerio de Desarrollo Social -Diputada Molina doña Andrea, remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el cumplimiento por parte de los canales de televisión de lo dispuesto en el artículo 4° del decreto supremo N°32, de 2011, del Ministerio de Planificación, en lo referido a la implementación de mecanismos de comunicación audiovisual que permita el acceso a la programación televisiva a personas con discapacidad auditiva. (1514 al 7583). (1514 al 7583). Ministerio Medio Ambiente -Diputado Rocafull, Informe sobre el estado en que se encuentra el proceso de acreditación, establecido en el artículo 4° transitorio del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, del proyecto Termoeléctrica Parinacota, el plazo que este servicio dispone para dictar una resolución de caducidad y, en caso de existir dicha resolución, se remita una copia. (150759 al 7418). (150759 al 7418). -Diputada Rubilar doña Karla, Adoptar las medidas para que se abran las resoluciones de calificación ambiental (RCA) de los galpones que acopian cargas mineras a granel en Antofagasta, y dictar todas las resoluciones necesarias para sacar esos productos de aquella ciudad. (150773 al 758). (150773 al 758). -Diputado Espinoza don Fidel, Instruir para que se avance en el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, por ser precisamente esta evaluación necesaria para la aprobación del proyecto “Modificación al Plan Regulador Comunal de Puerto Octay, Sector Las Cascadas”. (151471 al 855). (151471 al 855). -Diputada Fernández doña Maya, Informar sobre los fondos concursables dependientes del ministerio a su cargo, quiénes pueden acceder a ellos, los requisitos, plazos de postulación y montos asignados, así como, cualquiera otra información relevante para los eventuales postulantes. (151473 al 7251). (151473 al 7251). -Diputado Melo, Informe sobre los Fondos Concursables del año 2015, indicando fecha de postulación, requisitos, condiciones, contacto y demás información que considere relevante. (151473 al 7392). (151473 al 7392). -Diputado Berger, Informar sobre la situación en la Región de Los Ríos del programa para el recambio de calefactores; asimismo, respecto de la eventual descoordinación entre los servicios públicos encargados de su ejecución, y la fecha en que estos problemas serán superados y el programa se llevará a cabo en definitiva. (151517 al 8109). (151517 al 8109). -Diputado Robles, Ingreso al sistema de determinación de impacto ambiental de algún proyecto de instalación de un vertedero de residuos en el kilómetro 291 de la ruta 5 Sur, en el lado norte del puente de Los Patos en la Región del Maule. (189 al 7898). (189 al 7898). Ministerio de Cultura y de Las Artes -Diputado Gutiérrez don Hugo, Informar sobre las razones por las que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al artículo 19 de la ley N° 20.675, que modifica la ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8º de la ley Nº18.985, que establece la obligación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de informar anualmente y por escrito a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acerca del uso de los beneficios tributarios contenidos en esta ley y del número de proyectos aprobados por el Comité; sin perjuicio de remitir a la brevedad la señalada información. (700 al 7971). (700 al 7971). Intendencias -Diputado Sandoval, Informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra el convenio mediante el cual se continuará la construcción del camino entre el Puente San Lorenzo y el Lago Brown, en la comuna de Cochrane. (1129 al 5902). (1129 al 5902). -Diputado Chahin, Disponer que se realice una exhaustiva investigación, coordinadamente con el Ministerio Público, destinada a esclarecer las causas y eventuales responsables de los incendios forestales que han asolado en el último tiempo a la Región de La Araucanía; y, en los incendios de origen intencional, si los hubiere, iniciar las causas judiciales correspondientes. (679 al 830). (679 al 830). -Diputado Rocafull, Informar sobre el número de fiscalizaciones que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Arica y Parinacota ha realizado en las cercanías del Puerto de Arica, con el objeto de velar por la mantención de las condiciones mínimas de salubridad de dicho sector y, además, en su caso, disponer se realicen las fiscalizaciones que sea menester. (687 al 7221). (687 al 7221). -Diputado Rocafull, Informe sobre el traslado de minerales considerados peligrosos desde Antofagasta al puerto de Arica. (691 al 7732). (691 al 7732). -Diputado Van Rysselberghe, Acciones adoptadas para agilizar la ejecución del proyecto de construcción de la Comisaría de Carabineros de Chile de la comuna de Chiguayante. (787 al 7364). (787 al 7364). -Diputado Campos, Emanaciones y situación de emergencia que se produjo en el día de hoy en la planta Petroquim de la comuna de Hualpén, precisando las coordinaciones y medidas adoptadas para evitar su reiteración. (788 al 6716). (788 al 6716). Servicios -Diputado Rocafull, Informar en primer lugar, sobre los montos de inversión involucrados en la construcción de un nuevo centro de reparación especializada de administración directa en la Región de Arica y Parinacota, los plazos de construcción, el número de beneficiarios y su ubicación, en seguida, la necesidad local para disponer del centro, orientaciones técnicas, características particulares, definición de políticas de atención a la infancia y funcionarios que formaran parte del equipo multidisciplinario de trabajo para la reinserción. (083 al 7248). (083 al 7248). -Diputada Álvarez doña Jenny, Proyecto de doble tratamiento asfáltico que se está ejecutando en el sector de Yaldad, en la comuna de Quillón. Asimismo, remita el estudio realizado para la construcción del camino ubicado entre las localidades de Cocauque y Piedra Blanca, en los términos que se indican en la petición adjunta. (1122 al 6962). (1122 al 6962). -Diputado Carmona, informe a esta Cámara respecto de la mantención, seguridad y limpieza de las vías en donde transitan los camiones que transportan mineral, en la rotonda ubicada en el acceso a la población Luis Uribe, comuna de Tierra Amarilla. (1125 al 5677). (1125 al 5677). -Diputado Jaramillo, Posibilidad de mejorar el camino que se encuentra entre Traitraico y Alto Pocura, de la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, en los términos que se indican en la petición adjunta. (1130 al 4928). (1130 al 4928). -Diputado Sabag, Posibilidad de establecer un programa especial vitivinícola, para ir en ayuda de los pequeños y medianos viñateros, que considere la entrega de un bono productivo inserto en un plan de mejoramiento de la calidad de la uva. (21256 al 7475). (21256 al 7475). -Diputado Santana, Reiterar el oficio No. 3421 de esta Corporación, de fecha 30 de Julio del año 2014, en los términos que se indican en las solicitudes adjuntas. (21963 al 7455). (21963 al 7455). -Diputado Boric, Informar sobre el número de afiliaciones y renuncias a los partidos políticos a nivel nacional, desde enero del año 2011 a la fecha. (662 al 7614). (662 al 7614). Varios -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de estudiar el crédito de consumo otorgado por la Caja de Compensación Los Héroes, a la señora María Galaz Gómez, cédula nacional de identidad N° 8.406.433-4, en los términos que se indican en la petición adjunta. (25605 al 6991). (25605 al 6991). -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de revisar el crédito de consumo otorgado en el mes de julio de 2009 por la Caja de Compensación Los Héroes al señor Augusto Muñoz Gómez. (25653 al 6813). (25653 al 6813). -Diputado Robles, Informar sobre el estado en que se encuentra el sumario iniciado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a consecuencias de la denuncia por plagio presentada por el bioquímico señor William Marcos Acevedo Muñoz en contra de la doctora María Antonieta Guzmán. (334 al 7150). (334 al 7150). -Diputado Flores, Remitir información relacionada con la decisión del Gobierno de autorizar el inicio de un proceso de reliquidación tarifaria y el consecuente aumento en las cuentas por consumo de energía eléctrica. (4817 al 7218). (4817 al 7218). -Diputado De Mussy, Informar sobre el proceso de alzas realizadas de forma retroactiva en las cuentas de energía eléctrica, que afectan a la Región de Los Lagos y, los fundamentos por los cuales se realizaron. (4818 al 7553). (4818 al 7553). -Diputado Núñez, Informar sobre el estado del sumario destinado a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades de funcionarios de Carabineros, en los incidentes ocurridos el miércoles próximo pasado en la localidad de Caimanes, en el marco de las movilizaciones de protesta contra la empresa minera Los Pelambres S.A., en la resultaron varias personas lesionadas, algunas de gravedad. (484 al 7300). (484 al 7300). Empresas del Estado -Diputada Cicardini doña Daniella, Informar sobre la realidad económica del sector de la pequeña minería del país, en relación con los bajos precios que experimenta el cobre a nivel internacional. (076 al 7240). (076 al 7240). Municipalidades -Diputada Fernández doña Maya, Remita a esta Cámara la información detallada en la intervención adjunta, relacionada con el destino de la Pérgola Odeón, ubicada en la Plaza Ñuñoa. (898 al 7417). (898 al 7417). XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. -Diputado Kort, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el avance y fecha final de entrega del proyecto Paso Inferior Ferroviario de Avenida República de Chile de la comuna de Rancagua. (8432 de 24/04/2015). A intendente de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins. -Diputado Kort, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el avance y fecha final de entrega del proyecto Paso Inferior Ferroviario de Avenida República de Chile de la comuna de Rancagua. (8433 de 24/04/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Kort, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el avance y fecha final de entrega del proyecto Paso Inferior Ferroviario de Avenida República de Chile de la comuna de Rancagua. (8434 de 24/04/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Paulsen, Remita a esta Cámara el listado de profesores que se acogieron al mecanismo de incentivo al retiro y recibieron el pago del bono de incentivo e indemnización por años de servicio. (8436 de 24/04/2015). A alcalde de la Municipalidad de Reinaco. -Diputado Paulsen, Informe a esta Cámara sobre el estado del proyecto de construcción de Odeón de la plaza Malalcahuello de la comuna de Curacautín. (8454 de 24/04/2015). A director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía. -Diputado Fuentes, Informe a esta Cámara sobre el número y ubicación de cada uno de los cajeros automáticos autorizados para funcionar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y el listado de los que actualmente se encuentran operativos. (8456 de 28/04/2015). A Ministerio de Hacienda. -Diputado Fuentes, Remita a esta cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con la instalación de barreras de protección en lugares peligrosos, espejos panorámicos en curvas cerradas y señaleticas adecuada en la ruta 7 sur, que une a la comuna de Cochrane con la capital de la Región de Coyhaique (8457 de 28/04/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Walker, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de instruir una investigación sumaria en la Empresa Conafe S.A. para aclarar las causas de los reiterados cortes de energía eléctrica ocurridos en la comuna de La Serena el día 23 de abril del año 2015, afectando a 40 mil clientes. (8458 de 28/04/2015). A varios. -Diputado Coloma, Informe a esta Cámara sobre las condiciones en que se encuentran los cruces Bajada autopista del Sol con 21 de Mayo, y el de Avenida Jaime Guzmán con camino Carampangue. (8459 de 28/04/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Farcas, Informe a esta Cámara sobre la situación del señor Jaime Paz Aguilera, de la comuna de Conchalí, quien espera ser operado de una hernia inguinal en el Hospital San José. (8460 de 28/04/2015). A servicios. -Diputado Farcas, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el eventual traslado de la feria libre ubicada en Avenida Vicuña Mackenna de la comuna de Renca. (8461 de 28/04/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Farcas, Informe a esta Cámara sobre la situación de la señora Blanca Martínez Fernández de la comuna de Conchalí, quien espera atención dental. (8462 de 28/04/2015). A servicios. -Diputado Farcas, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el mal estado en que se encuentran algunos paraderos de trasporte público en la comuna de Conchalí. (8463 de 29/04/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputado Jackson, Remita esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el eventual cierre del Centro de Formación Técnica Insec. (8464 de 29/04/2015). A Ministerio de Educación. -Diputado Santana, Informe a esta Cámara sobre el envío del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.464, para mejorar las condiciones laborales y remuneraciones de los asistentes de la educación, en el periodo previo a la instalación de la nueva institucionalidad, futura desmunicipalización y reforma en la educación. (8465 de 30/04/2015). A Ministerio de Educación. -Diputada Hoffmann doña María José, Diputado Coloma, Reiterar el oficio N°7866 de esta Corporación, de fecha 08 de Abril del año 2015. (8476 de 30/04/2015). Al señor presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile. -Diputado Ward, Remita a esta Cámara, la información detallada en la petición adjunta, relacionada con los contratos y boletas emitidas por todas aquellas personas que hayan prestado servicios a la Corporación Nacional del Cobre desde el año 2005 a la fecha. (8478 de 30/04/2015). A empresas del Estado. -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Reiterar el oficio N° 7699 de fecha 1 de abril del año 2015. (8479de 30/04/2015). A Ministerio de Interior. -Diputada Núñez doña Paulina, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el nuevo Servicio de Reinserción Nacional de Gendarmería de Chile. (8480 de 30/04/2015). A Ministerio de Justicia. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Insunza Gregorio de las Heras, Jorge -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kast Sommerhoff, Felipe -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón González. -Se contó con la asistencia, también, del senadora señor Juan Antonio Coloma Correa. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: El diputado señor Marco Antonio Núñez Lozano. -Con permiso constitucional: Los diputados señores Issa Kort Garriga, Jorge Tarud Daccarett y Guillermo Teillier del Valle.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.12 horas. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 11ª se declara aprobada. El acta de la sesión 12ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. -o- El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Antes de dar lectura de los acuerdos de los Comités, quiero informar que hemos recibido las diez primeras urgencias con firma electrónica de parte de la señora Presidenta de la República, lo cual constituye una excelente noticia para mejorar nuestra eficiencia como Corporación. Aprovecho la oportunidad para saludar y felicitar a la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón, que hoy nos acompaña, quien fue una gran promotora de la iniciativa. -Aplausos. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del diputado señor Vallespín y con la asistencia de las diputadas señoras Cariola, doña Karol; Cicardini, doña Daniella; Hernando, doña Marcela; Hoffmann, doña María José; Molina, doña Andrea, y Pascal, doña Denise, y de los diputados señores Barros, Browne, Coloma, Espinosa, don Marcos; Flores, Rincón y Santana, acordaron: 1.- Fijar las tablas de las sesiones ordinarias de la semana, documento que se encuentra a disposición en los pupitres electrónicos de las señoras diputadas y los señores diputados, en conformidad al artículo 108 del Reglamento. 2.- Limitar la discusión del proyecto de ley que establece el Día Nacional del Suplementero de Chile (boletín N° 8668-04) a seis discursos, de cinco minutos cada uno. 3.- En la discusión del proyecto que modifica la ley N° 19.995 y prorroga el funcionamiento de los casinos municipales (boletín N° 9891-05), limitar los discursos a uno por bancada, con un límite máximo de cinco minutos. 4.- Fijar para la sesión de mañana el siguiente procedimiento para la discusión y votación del proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales (boletín N° 9766-04): a) Suspender el tiempo de Incidentes. b) Rendidos los informes de las comisiones, otorgar diez minutos por bancada para la discusión de las ideas globales. A continuación, el saldo restante de ochenta minutos se distribuirá en forma proporcional por bancada. c) Fijar hasta las 12.00 horas el plazo para renovar indicaciones y solicitar división de la votación. 5.- Trasladar a la Tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria del jueves 7 de mayo el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, encomendando a una ordenanza la regulación de la utilización de bolsas plásticas (boletín N° 9878-06). 6.- Considerar el proyecto de resolución N° 337, que solicita a su excelencia la Presidenta de la República la reinstauración del Programa de Atención y Apoyo a Madres Adolescentes ejecutado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, para proteger el embarazo vulnerable, en la sesión ordinaria del martes 13 de mayo próximo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra su señoría. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero hacer notar un detalle con respecto a los acuerdos de los Comités, en cuya última reunión no estuvo presente ningún representante del Partido por la Democracia, por lo que no pudimos opinar acerca de la limitación de las intervenciones en la discusión del proyecto que modifica la ley N° 19.995 y prorroga el funcionamiento de los casinos municipales, que se encuentra en tercer trámite constitucional. Al respecto, considero que se podría discutir más sobre él. Dejo planteada mi inquietud para que en una próxima oportunidad, cuando no esté presente algún representante en una reunión de Comités, se establezca alguna fórmula para que esa bancada pueda dar a conocer su opinión. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se dejará constancia de su observación, para tomar las prevenciones del caso, pero es responsabilidad de cada Comité que asistan sus representantes a las reuniones correspondientes. ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición formulada por la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, por la cual solicita el acuerdo de la Sala para que le sea remitido el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código del Trabajo y la ley N° 18.600, para establecer la paridad de salarios en beneficio de los trabajadores en situación de discapacidad, actualmente radicado en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social (boletín N° 9789-13). ¿Habría acuerdo? Acordado. V. FÁCIL DESPACHO ESTABLECIMIENTO DEL DÍA NACIONAL DEL SUPLEMENTERO DE CHILE (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8668-04) (S) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En Fácil Despacho, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que establece el Día Nacional del Suplementero de Chile. Diputada informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es la señora Maya Fernández. Antecedentes: -Proyecto del Senado, sesión 34ª de la legislatura 362ª, en 12 de junio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 2. -Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 107ª de la legislatura 362ª, en 16 de diciembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Saludo a los representantes y a los asociados de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile que nos acompañan en las tribunas. Doy a todos una cordial bienvenida. Es muy positivo que puedan ser testigos de la discusión de este proyecto de ley que va en su beneficio. (Aplausos en la Sala y en las tribunas) Tiene la palabra la diputada informante. La señora FERNÁNDEZ, doña Maya (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, saludo afectuosamente a las suplementeras y a los suplementeros que hoy nos acompañan en las tribunas. En nombre de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción de los senadores señores Carlos Bianchi, Antonio Horvath y Baldo Prokurica, y de la entonces senadora señora Ximena Rincón, que establece el 25 de mayo de cada año como el Día Nacional del Suplementero de Chile. La iniciativa tiene como idea matriz o fundamental efectuar un reconocimiento al trabajo que desde el siglo XIX realizan los suplementeros del país, quienes con su esfuerzo y compromiso diario contribuyen al acceso a la información y a la entretención de los chilenos. Los integrantes de la comisión presentes en el debate, señores Claudio Arriagada, Marcos Espinosa, Issa Kort, Roberto Poblete, Jorge Rathgeb, Guillermo Teillier y quien habla, Maya Fernández, coincidieron plenamente con los fundamentos de la iniciativa y la legítima aspiración de sus impulsores, en orden a contar prontamente con una ley que les permita rendir homenaje a las generaciones pasadas y presentes de tantos suplementeros que, con trabajo y sentido de responsabilidad, han contribuido significativamente a que cada mañana las personas puedan acceder desde su hogar o desde su lugar de trabajo a la oportuna información. Igualmente, destacaron como valor social el sentido de orgullo con el trabajo que realizan y que los alienta a continuar con su labor, hoy mermada por las nuevas tecnologías, pero no por eso menos importante y requerida por quienes continúan con la tradición de leer en papel las noticias y también la entretención. Por otra parte, a la comisión le hizo mucha fuerza el dejar plasmado en una ley la importancia de reconocer el valor de los oficios que han permanecido en el tiempo y que forman parte de la historia, cuya relevancia, en este caso, está dada por el compromiso de un personaje típico y apreciado en los pueblos y ciudades del país desde hace dos siglos. Por lo anterior, las señoras diputadas y los señores diputados antes mencionados compartieron plenamente los objetivos y los fundamentos tenidos en consideración por la moción. Por ello, se procedió a dar su aprobación a la iniciativa en los mismos términos propuestos por el Senado, que establece el 25 de mayo de cada año como el Día Nacional del Suplementero de Chile. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En discusión el proyecto. De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados hoy, se dará el uso de la palabra a seis señoras diputadas o señores diputados, cuyas intervenciones tendrán una duración máxima de cinco minutos. Tiene la palabra el diputado señor Juan Enrique Morano. El señor MORANO.- Señor Presidente, hoy culmina el trabajo de muchos años de diversos dirigentes de los suplementeros del país. En particular, quiero destacar a don Luis Bórquez, presidente del Sindicato de Suplementeros de Magallanes, el más austral del país. Hoy nos acompaña junto a otros dirigentes nacionales de todo el país. Don Luis Bórquez ha sido un permanente gestor de esta iniciativa. Hoy votaremos el establecimiento del 25 de mayo de cada año como el Día Nacional del Suplementero de Chile. Esta iniciativa se propuso el 5 de abril de 2012 y su trámite se originó en una moción de la entonces senadora Ximena Rincón y de los senadores Bianchi, Horvarth y Prokurica. Hoy, después de tres años de tramitación, los diputados estamos en condiciones de aprobarla. ¿Por qué se eligió el 25 de mayo? En plena Guerra del Pacífico, los días 23 y 24 de mayo de 1879 cientos de voces recorrieron el país de norte a sur. Traían noticias inquietantes acerca de los combates navales. El interés por conocer la suerte de la escuadra nacional y de los participantes en los combates obligó a los periódicos de Iquique y de Santiago a informar sobre el hecho mediante hojas sueltas anexas a sus ediciones, a las que se llamó suplementos. Así, el 25 de mayo de 1879 vieron la luz los primeros suplementos informativos y, obviamente, junto a ellos nace el suplementero, el canillita, el diarero. Esta noble iniciativa, que nace y se nutre de la historia del país, responde a la necesidad imperiosa de informarse. Con viento, sol o lluvia, el suplementero sale a la calle a trabajar. Solo descansa dos días al año. En la actualidad, hay 9.000 suplementeros en el país. Esta actividad, que exige tanta constancia y sacrificio, ellos la realizan con mucha dignidad. Por cierto, han vivido tiempos mejores, épocas que añoran y que esperan recuperar. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Leonardo Soto. El señor SOTO.- Señor Presidente, en los inicios de la Guerra del Pacífico, la ciudadanía chilena esperaba con enorme interés y angustia conocer las novedades del lejano frente de batalla. Todos presentían que el 21 de mayo la Esmeralda y la Covadonga, que bloqueaban el entonces puerto peruano de Iquique, se podían enfrentar a la poderosa escuadra del Perú. El deseo imperioso de la ciudadanía por conocer la suerte chilena en Iquique llevó a la creación de un sistema de informaciones periodísticas impresas que debían ser entregadas a la ciudadanía. Un suplemento extraordinario del diario La Patria informó acerca de la gesta heroica de Prat y Condell en Iquique. Surgió espontáneamente la necesidad de distribuir ese suplemento, lo que gatilló, de manera no premeditada, la acción de cientos de ciudadanos que pusieron la noticia en contacto con el pueblo chileno. El 25 de mayo de 1879, cuatro días después de los combates navales de Iquique y de Punta Gruesa, cientos de niños y de trabajadores cesantes corrían por las calles y voceaban el primer suplemento de guerra. De esa manera, nacía el noble oficio de suplementero. Con el tiempo, dichos boletines rápidamente fueron llamados por el pueblo como suplementos. Suplementeros y canillitas no fueron ajenos al despertar del movimiento obrero en los inicios del siglo pasado y participaron activamente en la primera huelga general, en 1890. También lucharon por sus derechos y ya en 1902 protagonizarían una recordada lucha con el entonces circulante Diario Ilustrado en demanda de mejoras económicas. Por ello, la aprobación de este proyecto de ley, que consagra el 25 de mayo como el Día Nacional del Suplementero de Chile, constituye un justo reconocimiento a estos esforzados trabajadores de nuestra patria. Sin embargo, no podemos limitarnos a establecer una fecha de conmemoración y de reconocimiento, pues ellos también necesitan protección. Nuestros suplementeros, al igual que el conjunto del mundo del trabajo, sufrieron con particular rudeza la pérdida de derechos al inicio de la dictadura. Así, la ley N° 17.793 les aseguraba la exclusividad en la venta de diarios y revistas, derecho que vieron perder con la derogación de esta norma en 1974, lo que asestó un golpe casi mortal a nuestros suplementeros. Además, en nuestros días sufren de una gravísima discriminación, por cuanto las grandes cadenas de periódicos y de revistas nacionales limitan la entrega de revistas y -valga la paradoja- de suplementos de los fines de semana solo a los suscriptores. Durante la discusión de esta iniciativa en el Senado, prácticamente todos se comprometieron a avanzar en un proyecto de ley que restituya la normativa que establecía la exclusividad a los suplementeros como canales de distribución de diarios, revistas y afines. Quiero comprometer mi apoyo a esta iniciativa. Creo que se lo debemos a los más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de este rubro, que no solo permiten mantener viva y vigente la prensa impresa, sino que también acarrean nuestra tradiciones, recuerdos e historia. La figura del quiosco de la esquina, donde se compran diarios, revistas, álbumes y tantas otras cosas, y el saludo amable de la o del suplementero del barrio siempre nos hará sentir que ya estamos cerca de casa. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, nuestro país tiene que ser fiel al reconocimiento de instituciones que con su sacrificio han hecho posible la presencia de la información y la entretención en nuestros hogares. Hoy, con este proyecto de ley que establece el 25 de mayo como el Día Nacional del Suplementero de Chile, se está haciendo justicia con ellos, pues no solamente se han esforzado durante la Guerra del Pacífico y en los grandes conflictos del país. Permítanme rendir un homenaje especial al Sindicato de Suplementeros de la provincia de Concepción, que cuenta con una organización que quisiera cualquier institución, porque ha hecho posible el desarrollo de sus asociados, con una gran sede, con visión de futuro y comprensión de que en el siglo XXI está muy presente la tecnología. Hago un reconocimiento a esa organización sindical, que hoy es dirigida por su líder Ramón López. Hace algunos días estuve con ellos, pero siempre he sido parte de la vida de ese sindicato. Para el terremoto se les cayó el gimnasio, que fue el lugar principal para que todas las visiones políticas y de país estuvieran presentes cuando ellos lo necesitaban, en las correspondientes reuniones. Hemos hecho esfuerzos -por supuesto, su esfuerzo ha sido mayor-, y en los próximos días comenzará la reconstrucción del gimnasio y de su sede, gracias a la organización de ese gran gremio. Me siento feliz y realizado, porque en mis largos años de vida siempre he visto a los amigos suplementeros, a los que cariñosamente llamamos “canillitas”, porque han sido parte del desarrollo y formación de nosotros como servidores públicos. ¡Bienvenido sea el Día Nacional del Suplementero de Chile! He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. El señor BORIC.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, son importantes los actos simbólicos. Hoy, la Cámara de Diputados hace un reconocimiento a los suplementeros, que, con mucho esfuerzo, realizan su trabajo a lo largo y ancho del país. Hago especial mención a los de Magallanes, que lo hacen en condiciones climáticas adversas que hacen más destacable su labor. Como bien dijo el diputado Leonardo Soto, esta iniciativa tiene poco sentido si no es acompañada de medidas efectivas que cambien para bien las condiciones materiales en las que desarrollan su trabajo los suplementeros. En la actualidad, el 80 por ciento de los trabajadores de ese rubro no supera el ingreso mínimo mensual y no cuentan con previsión en ningún sistema. Como bien destacó el diputado Soto, el mercado desgarrador se ha encargado de aplastarlos poco a poco. Así, la pérdida de la exclusividad de venta de periódicos, y la venta que de estos se hace en supermercados y grandes tiendas comerciales los ha perjudicado y ha reducido al mínimo su labor. Cualquiera de nosotros puede conversar con un suplementero en una plaza del país y se dará cuenta de cuánto ha bajado la venta de periódicos. Además, hay que considerar el fenómeno digital, que entiendo es bienvenido por todos. La exclusividad de venta de periódicos es una demanda muy sentida por ellos. Como pasa en muchas otras cosas, estamos acostumbrados a mirar al otro lado de la cerca. En 2010, en Argentina, los suplementeros tuvieron la alegría de ser reconocidos legalmente y se les otorgó la calidad de trabajadores, al derogar un decreto de 2000, que permitía editar, distribuir y vender diarios y revistas en un régimen de libre competencia, sin más restricciones que aquellas destinadas a garantizar la tutela de los derechos laborales, etcétera. Ello implicó que la exclusividad de la distribución de periódicos pasara nuevamente a los suplementeros. ¿Por qué los supermercados o grandes cadenas comerciales quieren seguir diversificando sus áreas de negocios, en circunstancias de que ya ganan suficiente dinero? ¿Por qué no repartimos mejor la torta? Al igual que el diputado Soto, manifiesto mi apoyo al proyecto de ley que, entiendo, está durmiendo en el Senado, para retomarlo y para que este reconocimiento simbólico, el establecimiento del Día Nacional del Suplementero de Chile -que, sin duda, vamos a aprobar-, sea acompañado de una medida real y eficaz que mejore las condiciones laborales y la vida cotidiana de más de 10.000 trabajadores a lo largo y ancho del país. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, dado lo escaso del tiempo, felicito a los autores de esta moción que hoy cristaliza en la Cámara de Diputados, que espero cuente con la aprobación de la mayoría de los diputados y diputadas. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han dado a conocer la historia de la actividad del suplementero y que esta iniciativa pretende establecer el Día Nacional del Suplementero de Chile, asunto que ha sido muy esperado por ese gremio. Me sumo a lo que planteó el diputado Soto, vecino de distrito, en el sentido de que hoy los suplementeros enfrentan la modernidad, que, a mi parecer, ha sido su enemiga permanente durante los últimos 15 años. Pero también hay que considerar elementos respecto de cómo se trabaja en el rubro de la distribución de diarios, revistas u otro tipo de publicaciones. Por eso, como parlamentarios, tenemos la responsabilidad no solo de aprobar la iniciativa que propone la celebración de una actividad que tiene muchos años, sino también de preocuparnos del presente y futuro de los miles de familias que dependen de esta actividad. Se habla de 10.000 trabajadores a nivel nacional; pero detrás de ellos hay familias, por lo que estamos hablando de muchas más personas. Quiero representar a los suplementeros de mi distrito -particularmente a los de la comuna de Puente Alto-, gremio que ha dado muestras de valentía, sacrificio y apoyo a la comunidad en distintas ocasiones y durante muchísimos años, para que, al menos, en la estructura comercial que tienen los grandes consorcios periodísticos en la distribución de las suscripciones, consideren a los suplementeros locales de las suscripciones y no a empresas que vienen de otras partes a repartir los periódicos. Por lo tanto, me sumo a esa iniciativa y espero que próximamente debatamos mejoras laborales para los suplementeros de Chile. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, estoy disponible para votar a favor este proyecto de ley, tal como lo hice en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, de la cual formo parte. Lo cierto es que, a pesar de que gracias a los avances tecnológicos hoy es mucha la gente que se informa de la actualidad nacional e internacional a través de otros medios de comunicación, el trabajo que realizan los suplementeros sigue siendo importante. Quiero hacer un reconocimiento especial a todos los suplementeros de mi Región de La Araucanía, particularmente a los de Renaico, Angol, Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguén, Ercilla y Collipulli, que son las comunas que represento en esta Corporación. Hago un recuerdo y una mención especial a una persona que ya no se encuentra entre nosotros, pues falleció: el señor José Levimán Cañulao, quien ejerció como suplementero por más de cuarenta años, tiempo durante el cual atendió a mi familia. Él realizaba un tremendo trabajo en toda la ciudad para llevar a los vecinos las noticias y la información de actualidad, pero también para entregar alegría y dar compañía cada vez que era necesario. En consecuencia, reitero mi disponibilidad para votar a favor este proyecto de ley que establece el Día Nacional del Suplementero de Chile, en reconocimiento al trabajo que realizan a diario los integrantes de ese gremio en servicio de nuestra patria. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Finalmente, tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, junto con saludar a los suplementeros que nos acompañan en las tribunas, quiero recordar a los presentes que la Cámara de Diputados tuvo el honor de contar entre sus integrantes a la gran Mireya Baltra, quien ejerció el oficio de suplementera y representó a ese gremio durante muchos años. Voté con mucho gusto a favor este proyecto en la Comisión de Cultura, de la cual formo parte, y lo volveré hacer en esta ocasión, en la Sala. Pero junto con ello, expreso la disposición de todos los parlamentarios de la Democracia Cristiana no solo para votar a favor del establecimiento de un día en que honremos y celebremos a quienes realizan este trabajo, sino también para otorgarles los derechos previsionales, a la salud y a la seguridad, como los que benefician al resto de los trabajadores de nuestro país. Este es un día importante para los suplementeros de Chile, pero debemos ir más allá y reconocerles todos esos derechos, como ocurre con el resto de los trabajadores. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece el Día Nacional del Suplementero de Chile. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Despachado el proyecto. VI. ORDEN DEL DÍA PRÓRROGA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CASINOS MUNICIPALES (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9891-05) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.995 y prorroga el funcionamiento de los casinos municipales. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, sesión 18ª de la presente legislatura, en 23 de abril de 2015. Documentos de la Cuenta N° 4. La señora PASCAL doña Denise (Vicepresidenta).- De conformidad a los acuerdos adoptados hoy por los Comités, para el tratamiento de esta iniciativa se destinará a cada bancada un tiempo de cinco minutos. Antes de iniciar la discusión del proyecto, saludo a los alcaldes de las comunas que cuentan con casinos municipales, muchos de los cuales nos acompañan en las tribunas. (Aplausos) Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a los alcaldes que nos acompañan en las tribunas, entre ellos la alcaldesa de Viña del Mar, señora Virginia Reginato, quien ha sido una gran impulsora de este proyecto. (Aplausos) También se encuentra presente el alcalde de Iquique y varios otros alcaldes, concejales y otras autoridades municipales de diversas comunas, así como dirigentes de juntas de vecinos, que han sido el gran motor de apoyo para este proyecto, cuya aprobación beneficiará a más de un millón de chilenos de las comunas favorecidas por esta iniciativa, que aprobaremos en el que será -espero- su último trámite constitucional, porque de esa forma se evitará lo que sería una verdadera privatización de los casinos municipales. Gracias a esta iniciativa, se prorrogará la tuición de las municipalidades respectivas sobre esos casinos por 45 años más. Saludo especialmente a un alcalde que no pudo acompañarnos hoy en las tribunas, el doctor Galleguillos, alcalde de Coquimbo, quien a esta hora encabeza la ceremonia de celebración de un nuevo aniversario de dicha ciudad. Sin duda alguna, el mejor regalo que le podemos hacer a esa ciudad, como bien sabe el señor Prosecretario, que es coquimbano, es aprobar este proyecto de ley. (Aplausos) Considero que las modificaciones introducidas por el Senado, a las que voy a referirme en los breves minutos que me quedan, van en la dirección correcta. En efecto, la Cámara Alta modificó el procedimiento para otorgar los permisos de operación, de manera que para conseguir uno, además de presentar la mejor oferta económica, se deberá alcanzar un puntaje ponderado mínimo, el que se obtendrá de la oferta técnica que presenten los postulantes. Por tanto, se restablecen los factores de puntuación que fija la ley vigente, adecuándolos al nuevo procedimiento. El texto que habíamos aprobado en la Cámara de Diputados establecía que mandaba siempre la mejor oferta económica, tal como habían solicitado los alcaldes. Era algo que nos interesaba, porque -es conveniente recordarlo- un 10 por ciento adicional va al resto de las comunas de la región, por lo cual no solo se ven favorecidos los municipios en que se encuentra el casino respectivo. La modificación introducida por el Senado establece que junto con la mejor oferta económica deben considerarse otros factores de la oferta técnica, que dicen relación también con la vocación y el carácter turístico, que siempre es importante preservar en las ciudades que hoy tienen la tuición de los casinos municipales. Respecto de las causales que impiden que una sociedad solicitante pueda continuar el proceso de evaluación, estas se objetivizan, en el sentido de que se impide que un operador obtenga un permiso, y además se incorpora como nueva causal el que algunos de sus accionistas, sean personas jurídicas o naturales, hayan sido sancionados por delitos de lavado de activos, terrorismo o cohecho, en Chile o en el extranjero. Ello es muy importante, porque se vincula con la agenda de probidad y transparencia que estamos impulsando en el Congreso Nacional, presentada por la Presidenta de la República como resultado del trabajo de la respectiva comisión asesora presidencial. Respecto de las facultades de la Superintendencia de Casinos, como se sabe, en el segundo trámite constitucional se incorporó a los casinos municipales a su supervigilancia, por lo cual por primera vez quedarán sujetos a su tuición. En ese sentido, las modificaciones introducidas por el Senado incorporan -y nos parece bien- la facultad de la mencionada superintendencia para requerir y poner a disposición del público la información estrictamente necesaria para que pueda conocer el funcionamiento de la industria y, de este modo, los operadores desafiantes puedan formular propuestas reales sobre el modelo de negocio. Queremos que exista competencia real en las licitaciones por las operaciones. También se incorpora un artículo transitorio que otorga a la superintendencia la facultad de requerir información a los casinos municipales mientras no se incorporen al régimen general establecido en la ley N° 19.995, lo que regirá de inmediato. Por lo tanto, esta es una gran noticia para todos los casinos municipales y las ciudades casino, por cuanto se les reconoce, de una vez por todas, que quedarán dentro de su patrimonio, entre las cuales cabe mencionar la de Coquimbo, que hoy está de aniversario. He dicho. -Aplausos. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González. El señor GONZÁLEZ.- Señora Presidenta, agradezco que este proyecto haya terminado su tramitación en el Senado, ya que estábamos un poco nerviosos por la demora que había tenido su tramitación en esa Cámara. Hoy tenemos una propuesta definitiva para la prórroga de las actuales concesiones de casinos municipales, así como para que estos puedan permanecer, durante 45 años, en las ciudades que les han dado origen. Creo que eso hace justicia a las ciudades que han tenido casinos durante gran parte de su historia, porque constituía un derecho adquirido de sus municipalidades. Finalmente, a través de esta iniciativa hemos logrado que las ciudades que actualmente poseen casinos municipales tengan derecho permanente a mantenerlos y a seguir recibiendo los beneficios para su desarrollo. No hay obra más importante en esas ciudades que la prórroga de los casinos municipales, sobre todo porque las concesiones han significado un considerable aumento de los ingresos, como ocurrió con el casino de Viña del Mar, puesto que en épocas pasadas recibía alrededor de 4.000 millones de pesos, cifra que se elevó a 22.000 millones o 24.000 millones de pesos para obras de desarrollo de la ciudad. Saludo a la alcaldesa de Viña del Mar, al alcalde de Iquique, a los trabajadores municipales presentes en las tribunas, a los asistentes de la educación y a todos los habitantes de la ciudad de Viña del Mar, que han defendido su casino con dientes y uñas, como corresponde a una ciudad turística que ha obtenido los beneficios que todos conocen. Ahora se consultará a las intendencias y a los municipios la forma en que se van a concesionar los próximos casinos y se considerará el impacto de estos en el turismo y en el desarrollo de las ciudades, lo que es muy positivo. Este fue un agregado del Senado. Nuestra bancada aprobará íntegramente tales modificaciones, que van en beneficio de todo el país, especialmente para las comunas que tengan casino. He dicho. -Aplausos. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, en este corto tiempo solo puedo pensar en que por fin se llegó a una realidad muy esperada. Me gustaría que el Ejecutivo también analizara la situación de las ciudades en que no existen casinos municipales, a fin de que se realice un aporte que permita que Chile sea un poco más parejo e igualitario. Este logro se ha producido gracias a la tremenda lucha desarrollada por las alcaldesas y los alcaldes de las comunas que tienen casinos municipales. Por eso aprobé el proyecto en el primer trámite constitucional, y hoy lo haré con las modificaciones del Senado, con más fuerza, porque cuando se lucha por algo en la vida, pero no se logra, se produce una gran decepción en la comunidad. Hoy, las comunidades de todas las comunas y regiones favorecidas deben estar felices. Aunque las modificaciones introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional son adecuadas, no se debió llegar a un tercer trámite constitucional, porque estaba en juego el presupuesto de las municipalidades. No se les puede quitar ese tremendo plus que significa tener casinos municipales, puesto que sus beneficios llegan a toda la comunidad. Por lo tanto, una vez más, vayan mis felicitaciones a los alcaldes y vecinos de esas comunas. Finalmente, anuncio que aprobaré las modificaciones del Senado. He dicho. -Aplausos. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señora Presidenta, por su intermedio saludo a los alcaldes de Iquique, señor Jorge Soria; de Puerto Natales, señor Fernando Paredes; a la alcaldesa de Viña del Mar, señora Virginia Reginato; a las concejalas y los concejales, y a todos los dirigentes de organizaciones territoriales y funcionales de Viña del Mar que nos acompañan en las tribunas. Para contextualizar la presentación de este proyecto de ley, es pertinente señalar que las concesiones de los siete casinos municipales e históricos del país caducarían el 31 de diciembre de 2015 y el nuevo proceso de otorgamiento de permisos de operación debe empezar durante el primer bimestre de 2016, teniendo una duración estimada no menor a los 18 meses, lo que significaría que los casinos de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales no operarían por un plazo aproximado de dos años. El proyecto presentado por el Ejecutivo tenía nueve objetivos fundamentales: primero, asegurar la continuidad operacional de los casinos históricos o municipales; segundo, incorporar dichos casinos a la regulación de la superintendencia del ramo; tercero, establecer la obligación de un aporte del 10 por ciento de los ingresos brutos al respectivo gobierno regional, para ser destinados a proyectos de inversión entre las comunas de la región; cuarto, garantizar un mecanismo de otorgamiento de permisos vía licitaciones públicas, con el objeto de maximizar la recaudación; quinto, perfeccionar la regulación de la industria; sexto, modificar el sistema de adjudicación; séptimo, aumentar las facultades para que las futuras licitaciones sean efectuadas por la Superintendencia de Casinos; octavo, mejorar las facultades de fiscalización y supervisión de dicha institución, y noveno, perfeccionar el régimen de sanciones y multas. Durante la tramitación de la iniciativa en el primer y segundo trámites constitucionales, en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente, se formularon diversas indicaciones para resguardar el debido proceso y simplificar el mecanismo de otorgamiento de permisos, para disminuir la discrecionalidad de la Superintendencia de Casinos de Juegos y para incorporar el lavado de dinero como causal para no continuar con la evaluación de un postulante. Como sabemos, la iniciativa significará mayores ingresos para los gobiernos regionales, a consecuencia del aporte del 10 por ciento, que se calcula en una cifra superior a los 13.000 millones de pesos. Adicionalmente, a partir de 2018, se incrementarán los ingresos fiscales, debido a que se comenzará a aplicar el impuesto por entradas en los siete casinos históricos, del cual hoy están exentos. Las modificaciones incorporadas por el Senado perfeccionan el proceso de licitación y evaluación de las ofertas y adjudicación de los contratos para explotar casinos de juego. Los senadores incorporaron variables técnicas, además de las económicas, para dirimir un proceso de adjudicación. Junto con lo anterior, se pretende regular de manera más exhaustiva las etapas de precalificación de las sociedades postulantes a un permiso de operación para un casino de juego, consignando condiciones o requisitos de manera expresa y regulando sus efectos y condiciones. Del mismo modo, se agregan nuevas facultades y atribuciones a la Superintendencia de Casinos de Juego, que quedará habilitada, entre otras facultades, para requerir cualquier documento, libro o antecedente necesario para fines de fiscalización. Por otra parte, el Senado introdujo el artículo 27 bis, que permite a los oferentes que consideren verse afectados en un proceso de licitación interponer un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sin embargo, este nuevo artículo incorpora solo una norma de carácter procedimental, pero que no modifica o altera el proyecto en su idea matriz. Hay que tener presente que, por tratarse de un artículo que tiene rango de ley orgánica constitucional, necesariamente será revisado por el Tribunal Constitucional, por lo cual, con el objeto de no dilatar más la aprobación del proyecto de ley, invito a las señoras diputadas y a los señores diputados a votar favorablemente el artículo 27 bis. Recomendamos la aprobación de las modificaciones realizadas por el Senado, ya que mejoran sustancialmente el procedimiento de otorgamiento de los permisos de operación y mantienen un criterio técnico para la elección del adjudicatario, en desmedro de lo que planteaba el proyecto original de solo velar por el aspecto económico de la oferta. Finalmente, felicito a los alcaldes de las comunas que mediante esta iniciativa ven solucionada su situación presupuestaria municipal y porque termina con la incertidumbre. Quiero destacar que, encabezados por la alcaldesa de Viña del Mar, señora Virginia Reginato, han librado una incansable cruzada para lograr esta solución. He dicho. -Aplausos. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón. La señora RINCÓN, doña Ximena (ministra secretaria general de la Presidencia).- Señora Presidenta, estimados diputados y diputadas, queridos alcaldes: Hoy se encuentran en las tribunas la alcaldesa de Viña del Mar y los alcaldes de Puerto Natales y de Iquique, quienes representan también a los alcaldes de Arica, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas. Asimismo, quiero saludar a las concejalas señoras Laura Giannici y Mafalda Reginato, y al concejal señor Jaime Varas, de la ilustre municipalidad de Viña del Mar, quienes también nos acompañan en las tribunas. Además, envío un saludo a cada uno de los concejales y concejalas, así como a los funcionarios y funcionarias de esos municipios, a quienes hoy se les aclara una duda. También agradezco a cada uno de los diputados y diputadas de esta Corporación, pues cuando empezamos a trabajar este tema planteado por su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, luego de haber recibido la petición de los alcaldes y alcaldesas, lo abordamos en un trabajo prelegislativo que fue muy extenso, en el que nos juntamos, en más de una oportunidad, con las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores que representan a los distritos y circunscripciones, respectivamente, en los que se encuentran los siete casinos municipales. Efectuamos reuniones con los equipos jurídicos y profesionales de los municipios, viajamos a terreno y sostuvimos reuniones en las oficinas de la alcaldesa de Viña del Mar. El trabajo prelegislativo y legislativo con todos ustedes finalmente dio frutos. Algunas modificaciones del Senado fueron de forma y otras de fondo. El equipo del Ministerio de Hacienda, encabezado por el ministro Alberto Arenas y el subsecretario Alejandro Micco, más el superintendente de Casinos de Juego, señor Renato Hamel, y el equipo de mi ministerio han sido capaces de acoger los planteamientos reales y sentidos de los alcaldes y de sus comunidades. Esa es la forma en que debemos trabajar en el Congreso Nacional y en el gobierno. Debemos ser capaces de superar aquellos escollos que nos han impuesto la historia y ciertos momentos, y de recoger las demandas de la comunidad. Creo sinceramente que ese trabajo serio, responsable e incansable da cuenta de una forma de proceder que debiéramos instalar en el Parlamento y en el país. En momentos en que la desconfianza cruza todo el país y se instala en sus instituciones y en sus líderes, podemos afirmar que esta es la forma de recuperar la confianza, algo que es tan importante para el país y para la comunidad. Agradezco al Congreso Nacional, particularmente a la Cámara de Diputados, y a los alcaldes por el trabajo realizado, porque hemos terminado con una incertidumbre que acompañaba a los municipios, especialmente a la comunidad, a los trabajadores y a sus familias. Esta es una muestra de la forma en que debemos hacernos cargo de los desafíos que nos imponen tanto el país como la comunidad. He dicho. -Aplausos. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley N° 19.995 y prorroga el funcionamiento de los casinos municipales, con la salvedad del nuevo número 13) del artículo único, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votó por la negativa el diputado señor Jackson Drago Giorgio. -Se abstuvieron los diputados señores: Andrade Lara Osvaldo; Boric Font Gabriel; Girardi Lavín Cristina; Melo Contreras Daniel; Robles Pantoja Alberto; Soto Ferrada Leonardo. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el nuevo número 13) del artículo único introducido por el Senado. Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere del voto favorable de 66 señoras diputadas y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Andrade Lara Osvaldo; Girardi Lavín Cristina; Jackson Drago Giorgio; Melo Contreras Daniel; Robles Pantoja Alberto; Soto Ferrada Leonardo. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Despachado el proyecto. INCORPORACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN CON CONTENIDO MUSICAL Y EN ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN Nº 9819-24) [CONTINUACIÓN] La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica las leyes Nºs 20.422 y 19.928, para incorporar la lengua de señas en los programas de televisión con contenido musical y en espectáculos musicales en vivo. Hago presente a la Sala que el informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones fue rendido en la sesión 17ª, del 22 de abril pasado. Antecedentes: -El informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, se rindió en la sesión 17ª de la presente legislatura, en 22 de abril de 2015. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Roberto Poblete. El señor POBLETE.- Señora Presidenta, la cultura es de todos y para todos, y su fomento -como tan bien quedó explicitado en los cuerpos normativos que hace una década dieron vida al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y a la Ley de Fomento de la Música Nacional, entre otros- hoy guarda relación con un aspecto que nos hace encontrarnos como país y como comunidad, en que todos cabemos y en donde todos tenemos derecho a cumplir un rol, ya sea como espectador o como artista. También sabemos que la Ley que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad sentó las bases de sus cruciales disposiciones sobre los principios de vida independiente, accesibilidad universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Pues bien, de la mano de las normas legales que rigen la cultura, pero también del principio de accesibilidad, el cual conlleva las características que deben tener los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles para todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, esta iniciativa trata de poner en perspectiva una necesidad ineludible en el tema de las comunicaciones. En cuanto al acceso a contenidos de información, la legislación establece la obligación de los canales de televisión de incluir mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva acceder a su programación. En ese sentido, la música es el arte de acceso auditivo por antonomasia. Su representación se hace por medio del sonido y bajo muy diferentes sistemas de composición. Por ello, tomando como base lo mucho que hemos avanzado en materia de inclusión, hoy es un imperativo ético y político proporcionar la ejecución de esta disciplina a quienes no tienen acceso a la música por limitaciones o por distinción de capacidades de carácter personal, específicas y particulares. Como país debemos darnos una herramienta que obligue a los emisores de señal audiovisual que ocupan el espacio radioeléctrico de todos los chilenos, a hacer posible que las personas con discapacidad auditiva accedan a la experiencia musical por la vía de recibir los contenidos o letras de las canciones mediante la lengua de señas. La necesidad de modificar las normas vigentes para garantizar de manera amplia la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad auditiva es un hecho que debemos afrontar con las herramientas que la tecnología nos entrega y con la voluntad política de quienes pensamos que toda forma de inclusión en favor de quienes no están en igualdad de condiciones para acceder a una vida digna, saludable, armónica y de calidad, es una condición sine qua non de una nación que se precia de tener estándares democráticos en la toma de decisiones. Por ello, la modificación que el proyecto hace a las normas pertinentes, que dispone que en la emisión de los programas culturales y de eventos o espectáculos musicales en vivo, en los conciertos y festivales de la canción, los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción o de servicios limitados de televisión de carácter nacional deberán siempre incluir el correspondiente subtitulado oculto o lengua de señas para ser visualizado por personas con discapacidad auditiva, es un paso de gran relevancia, no solo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad que limita su acceso a los bienes culturales, sino también para todo el país. Como ciudadanos, nos hace bien contar con modificaciones legales de esta magnitud; no solo a nosotros, sino también a las generaciones venideras, las que deberán comprender y asumir que botar las barreras que nos dividen unos a otros en materia de acceso a la cultura no es algo dado; por el contrario, es una conquista que demanda la voluntad política de todos. Por lo expuesto, anuncio que votaremos favorable y alegremente este proyecto de ley. He dicho. -Aplausos. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señora Presidenta, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas, promulgada a través del decreto supremo N° 201, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece en su artículo 9, sobre Accesibilidad, que, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes deben adoptar medidas pertinentes para asegurar a estas personas el acceso a la información y a las comunicaciones. En nuestro país, más de dos millones de personas sufren algún tipo de discapacidad. De esa cantidad, más de 9 por ciento tiene discapacidad auditiva. En otras palabras, casi 200.000 personas no escuchan bien. Frente a esta realidad, hay leyes -como las nombradas correctamente en el informe- que pretenden contribuir al desarrollo de esos compatriotas. Sin embargo, no son suficientes. En la actualidad, se busca acortar la brecha. Para ello, el proyecto dispone que en caso de que se emitan programas culturales y de eventos, o espectáculos musicales en vivo; conciertos y festivales de la canción, los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción o permisionarios de servicios limitados de televisión, de carácter nacional, deberán siempre incluir el correspondiente subtitulado oculto o lengua de señas para ser visualizado especialmente por personas con discapacidad auditiva. Por otro lado, establece que, tratándose de conciertos, espectáculos o eventos musicales en vivo de carácter masivo, según lo determine la autoridad pertinente, corresponderá siempre la utilización de los mecanismos de comunicación audiovisual de lengua de señas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad auditiva. En la comisión se generó una discusión en torno a cómo hacer efectivo el proyecto, es decir, a cómo lograr que las personas con discapacidad auditiva logren entender los programas de televisión musicales o culturales, o logren entender lo que dicen o lo que cantan los artistas en el escenario en los grandes espectáculos musicales en vivo. Es una materia que, reitero, motivó una larga discusión. En dicha instancia escuchamos a quienes realizan traducción mediante lengua de señas. De hecho, en este momento, mientras estoy hablando, una persona está traduciendo mis palabras para las personas con discapacidad auditiva que ven esta sesión por el canal de televisión de la Cámara. La pregunta que surgió en el debate en la comisión fue si esta medida se puede extender a los espectáculos musicales. ¿Qué ocurre si viene a nuestro país una banda de rock o un solista que canten en inglés? ¿Cómo lograr que la misma persona haga, a la vez, la traducción del inglés y la lengua de señas? ¿Cómo lograr que en un concierto organizado por una pequeña municipalidad haya una persona que traduzca en lengua de señas para los discapacitados auditivos? Por eso, llegamos a varias conclusiones. En primer lugar, que la lengua de señas se utilizara solo en eventos o espectáculos masivos. De lo contrario, la ley no se cumpliría. En un proyecto anterior ya definimos que los eventos masivos son aquellos a los que asisten desde tres mil espectadores. En segundo lugar, que el proyecto motivará que aumente la cantidad de personas dedicadas a la traducción en lengua de señas -en este momento vemos a una de ellas en la pantalla del canal de televisión de la Cámara de Diputados-, que constituye una actividad relativamente nueva y que tiene gran expansión. Es importante que más personas se dediquen a esta actividad, a fin de lograr el objetivo final, cual es que todos los programas de televisión sean traducidos en lengua de señas. Sería lo ideal. Ahora, si los canales no pudiesen implementar este sistema, la idea es que posean, al menos, el sistema de closed caption, que consiste en la traducción en texto, en forma simultánea, de lo que se va diciendo en un programa de televisión. Generalmente, aparece como una cinta negra con letras blancas en la parte inferior de la pantalla. Ese sistema también sirve. En la actualidad, está incluido en algunos noticiarios y también se extiende a transmisiones sobre situaciones de riesgo o de emergencia nacional. Estamos ante un primer avance importante en la dirección de que todos los habitantes de este país seamos cada vez más iguales en términos de oportunidades, y de que todos tengamos las mismas posibilidades de acceder y de disfrutar de todo lo que el país nos entrega en distintos ámbitos. Por ello, anuncio que votaremos a favor el proyecto, tal como fue despachado por la Comisión de Cultura después de una ardua y larga discusión. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señora Presidenta, anuncio nuestro voto favorable a este proyecto, que incorpora la traducción en lenguaje de señas en todos los programas de contenido musical. En este momento, en la transmisión de esta sesión por el canal de televisión de la Cámara de Diputados, se puede ver al costado derecho de la pantalla a una persona traduciendo mis palabras mediante lengua de señas. Como dijo el diputado Farías, la discusión de la iniciativa no fue fácil, debido a los alcances que tiene. Por supuesto, se necesita la inclusión de los discapacitados en diversos ámbitos. Chile se está quedando atrás en términos de considerar a las personas con capacidades diferentes como corresponde, de modo que puedan recibir toda la información en forma adecuada. La moción original señalaba: “Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá siempre la utilización de los mecanismos de comunicación audiovisual de lenguaje de señas o subtítulos ocultos a la programación de contenido musical.”. Esta disposición originó cierta discusión, pues afectaría a todos los canales regionales y locales, que, con mucho esfuerzo, entregan información de las respectivas regiones y comunas, ya que les significaría un costo adicional que muchos de ellos no podrían asumir. En consecuencia, muchos espectáculos musicales en vivo no podrían ser transmitidos por las pantallas de esos medios. Finalmente, se presentó una indicación, que contó con la aprobación de todos los integrantes de la comisión, que estipula lo siguiente: “En caso de que se emitan programas culturales y de eventos o espectáculos musicales en vivo; conciertos y festivales de la canción, los concesionarios de servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción o permisionarios de servicios limitados de televisión, de carácter nacional, deberán siempre incluir el correspondiente subtitulado oculto o lengua de señas para ser visualizado especialmente por personas con discapacidad auditiva.”. El proyecto constituye un tremendo avance, pues establece la obligación de que todos aquellos espectáculos importantes, transmitidos por canales de carácter nacional, cuenten con traducción mediante lengua de señas -tal como está apareciendo en este momento en la transmisión televisiva de esta sesión, al lado derecho de la pantalla-, de modo que todas las personas con discapacidad auditiva pueden acceder a ellos. Manifestamos desde ya nuestro voto favorable a la iniciativa, como también lo hicimos en la Comisión de Cultura. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señora Presidenta, estaba conversando con el diputado Marcelo Schilling, quien en su momento entregó el informe sobre esta moción, porque de su exposición me surgieron algunas dudas, que dicen relación con la existencia de un fondo para estimular las medidas que establece el proyecto en discusión. Pedí hacer uso de la palabra para felicitar a los autores de esta moción, pues se hace cargo de una omisión en el reglamento dictado en su oportunidad, cual es la de no tomar en cuenta al sector de las personas con discapacidad auditiva. De esta forma, cumpliremos con el principio por el que hemos luchado tantas veces en la Cámara de Diputados: que exista universalidad, inclusión y accesibilidad para las personas con capacidades diferentes. En Chile existen más de dos millones de personas con discapacidad, de las cuales el 8,74 por ciento tienen discapacidad auditiva. A través de esta moción queremos que exista acceso universal, a lo menos a los canales nacionales, de modo que las personas con capacidades diferentes también puedan disfrutar de eventos musicales y culturales. Quiero referirme al Fondo de Discapacidad Auditiva, que desapareció hace un par de años -sobre esta materia conversábamos con el diputado Schilling-, y a la posibilidad de reincorporarlo. La presente moción rige solo para canales de carácter nacional. Al respecto, me pregunto qué pasará en las regiones si los canales de televisión regionales quieren transmitir eventos masivos propios de las regiones, que, además, poseen una identidad cultural muy particular. Por ello, quizás con ocasión de la tramitación de esta moción, deberíamos reactivar el Fondo de Discapacidad Auditiva, de modo que en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos se consideren recursos para que los distintos medios de comunicación regionales tengan la posibilidad -del mismo modo como la tendrán los medios nacionales en Santiago- de incorporar la lengua de señas, lo que permitirá a las personas con discapacidad auditiva disfrutar de espectáculos regionales. Por lo expuesto, anuncio que concurriremos con el voto favorable a esta iniciativa. Espero -haremos fuerza para ello- que en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos se reincorpore, en el capítulo sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad, el Fondo de Discapacidad Auditiva, a fin de entregar a las regiones un suplemento en algo tan importante como el acceso a la cultura para las personas con capacidades especiales. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar. El señor SALDÍVAR.- Señora Presidenta, el proyecto que hoy discutimos tiene por finalidad incorporar instrumentos para hacer accesibles a las personas con discapacidad auditiva los contenidos televisivos concernientes a géneros musicales y a eventos musicales, dos aspectos muy importantes de la sociedad contemporánea. Desde sus orígenes, la televisión ha sido una ventana al mundo, y como medio de comunicación ha permitido el acceso a la información y a contenidos de entretención de manera instantánea. Además, el desarrollo de esta tecnología ha sido un agente de cohesión social, pues ha facilitado un sentimiento de pertenencia y ha adquirido un lugar muy importante en nuestro país. La ciudadanía es la que le ha dado ese lugar, porque, según estudios del Consejo Nacional de Televisión, los chilenos ven tres horas de televisión al día. Es el medio de comunicación más accesible; a muchos compatriotas les permite conocer el acontecer nacional. A su vez, la televisión ha cumplido el rol de ser fuente de entretención para todos los chilenos, con un amplio repertorio de programas. Sin embargo, un importante número de chilenos no ha tenido acceso a ellos. Es el caso de las personas con discapacidad auditiva, quienes, según la encuesta Casen de 2011, corresponden al 0,87 por ciento de nuestra población. Ello equivale a 147.588 personas; es decir, prácticamente la población total de una comuna como Ovalle. Esas personas, mediante una incansable lucha, han logrado ser incluidas por nuestra sociedad, que se ha caracterizado por silenciar e invisibilizar a quienes, por una u otra razón, se encuentran en situación de discapacidad. Muchos se han visto obligados a adaptarse a la sociedad desde una posición de desventaja. Sin embargo, es la sociedad la que no ha sabido hacer esfuerzos para acogerlos e integrarlos, y debe ser ella la que busque los caminos para que esos ciudadanos se incorporen con mayor facilidad. Por años, las personas con capacidades distintas vieron mermados sus derechos, muchas veces autocensurándose y postergando sus sueños porque no existían los medios para su inclusión. Es el caso de estudiantes que no podían rendir la PSU porque no existía una versión de ella en sistema Braille. Pero la tenacidad de esas personas fue abriendo camino, hasta alcanzar un triunfo que se plasmó en la promulgación de la ley N° 20.422, promulgada en 2010, cuyo artículo 25 establece la obligación de los canales de televisión y sus concesionarios de hacer accesibles sus contenidos a quienes se encuentran en situación de discapacidad auditiva. Sin embargo, su redacción no consideró los eventos musicales. Por ello, la moción que hoy discutimos viene a solucionar ese problema. La música es una de las expresiones más hermosas del ser humano y ha estado presente en la televisión desde los orígenes de ese medio, hace ya varias décadas; pero no había estado al alcance de todos. El proyecto tiene el mérito de permitir el acceso de las personas con discapacidad auditiva a esos contenidos, por la vía de establecer la obligación de transmitirlos con traducción en lengua de señas. Existe consenso en que los principales procedimientos de accesibilidad para personas con trastornos de audición son la lengua de señas y el subtitulado (closed caption). Este último es el método con mejores resultados porque permite traducir a texto los diálogos, sonidos ambiente y la descripción de escenas, lo que no es posible con otros medios. Además de la modificación a la ley N° 20.422, la iniciativa modifica la Ley sobre Fomento de la Música Chilena, en orden a incorporar la obligación de contar con lengua de señas en los eventos de difusión de música masivos, como conciertos y festivales, con la finalidad de incorporar a las personas con discapacidad auditiva a la industria del entretenimiento. En el caso de los subtítulos, estos beneficiarán no solo a las personas en situación de discapacidad auditiva, sino también al público en general, pues entregan la oportunidad de seguir la letra de las canciones, lo que favorece, incluso, el desarrollo de bandas emergentes. En fin, el proyecto tiene más alcances que los contemplados, por lo que seguramente contará con el apoyo de esta Corporación. Su aprobación significará un paso más hacia la integración de nuestra sociedad, por lo que anuncio mi voto a favor. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Pedro Browne. El señor BROWNE.- Señora Presidenta, me parece que este proyecto es sumamente necesario. Debemos apoyar, con mucha fuerza, cualquier proyecto que contribuya a la integración de las personas con capacidades diferentes. Por eso, suscribimos y patrocinamos esta iniciativa, porque nos parece que va absolutamente en la línea correcta: dar a todas las personas con discapacidad auditiva la posibilidad de integrarse y conocer de mejor manera lo que ocurre en la cultura de nuestro país, a través de espectáculos masivos en vivo y también a través de la televisión. Quienes hemos conocido de cerca la situación de personas o de familiares con discapacidad auditiva nos damos cuenta de que en nuestro país las barreras y los problemas que sufren son terribles. Muchos no tienen una familia que pueda darles el apoyo que requieren para salir adelante; tampoco vemos que el Estado efectivamente les permita desarrollarse de buena manera. En efecto, esa falta de oportunidades, que no ha sido suplida desde el Estado, ha provocado que muchas de esas personas queden en el camino. Por ello, con esta iniciativa estamos haciendo una contribución concreta. Me parece que en el artículo 1° hay una situación que no ha sido considerada y que debemos corregir, por lo que pido, señora Presidenta, que recabe la unanimidad de la Sala para presentar una indicación en el siguiente sentido. La iniciativa establece que cuando se emitan programas culturales, una película o alguna producción nacional en televisión, se incluya el subtitulado oculto o la lengua de señas. La indicación dispone que deban ser incorporados ambos mecanismos, porque quienes tienen problemas auditivos pueden desarrollar su comunicación por dos caminos. Algunos manejan la lengua de señas, pero hay otros que tienen la capacidad de leer los labios o de leer textos. Por lo tanto, para los primeros no serían suficientes los subtítulos y para los segundos no sería suficiente la lengua de señas. Por ello, señora Presidenta, pido que recabe la unanimidad de la Sala para presentar una indicación que establezca la obligación de utilizar ambos mecanismos de traducción durante la exhibición de programas culturales en la televisión. La idea es disponer la inclusión del subtitulado y de la lengua de señas en dichas transmisiones, de modo que todas las personas con discapacidad auditiva tengan la posibilidad de seguir los espectáculos culturales y queden incluidas de manera real en el proyecto. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señora Presidenta, este proyecto realmente está en la línea que todos queremos: que no haya discriminación de ninguna especie. Obviamente, debemos incluir a todas las personas en las diferentes actividades de la vida cotidiana. El proyecto propone incorporar la lengua de señas en todos los programas de televisión con contenido musical y en espectáculos musicales en vivo, lo que me parece tremendamente significativo, toda vez que es posible transmitir a través de esa lengua una actividad artística, con sus diversos elementos, como el sonido de la voz, el canto y también el sentimiento que produce la música. Insisto, el proyecto va en la línea correcta. En el mismo sentido, en la Comisión de Constitución aprobamos el proyecto que elimina la prohibición -espero que el Senado lo apruebe- que establece el Código Orgánico de Tribunales de que puedan ser jueces o notarios aquellas personas que sean ciegas, sordas o mudas. Con los avances tecnológicos que hoy existen, las personas que están en esa situación pueden ocupar dichos cargos. No queremos que se discrimine a nadie, sino que se incluya a todas las personas. Por consiguiente, anuncio que vamos a aprobar este proyecto de ley tan importante. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, al iniciar mi intervención, deseo solicitar que la Secretaría consulte a los colegas autores de esta iniciativa -quienes fueron cordialmente invitados por su principal autor y promotor, el diputado Marcelo Schilling, a participar de ella- si quieren hacer uso de la palabra. Agradezco públicamente el gesto del diputado Schilling, autor de la iniciativa, de invitar a otros diputados a ser coautores de ella, pues aborda una materia que debe interesar transversalmente a ambas corporaciones del Congreso Nacional. De hecho, gracias al gesto del diputado Schilling, figuran como coautores del proyecto los diputados de nuestra bancada Matías Walker y Claudio Arriagada. Obviamente, me sumo al apoyo que daremos como bancada, y entiendo que también como Corporación, a una iniciativa que hace justicia a la adecuada y correcta inclusión que debe existir en nuestra sociedad de las personas con capacidades diferentes. Sin perjuicio de ello, hago presente que aún subsisten algunas dudas, que entiendo que el Ministerio de Educación está aclarando, en el sentido de si dicha inclusión se logró a cabalidad en virtud de una de las leyes despachadas en el marco de la reforma educacional, como es la Ley de Inclusión. El ministro Eyzaguirre nos ha anticipado que, en una correcta interpretación jurídica, ello es así. No obstante, se ha producido una duda en ese punto. Por eso, este tipo de proyectos va en la línea correcta de generar una adecuada inclusión social, en este caso, por la vía de permitir que las personas con capacidades diferentes, por ejemplo, con problemas auditivos, también puedan disfrutar de la música. Como muy bien la define el informe, la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya sea tristemente. Alguien podría preguntar de qué manera, mediante un proyecto, que esperamos que sea aprobado, promulgado y publicado en el Diario Oficial, se va a lograr ese objetivo. Ello es perfectamente posible. Los canales de televisión de señal abierta y de cable, como lo informó muy bien el diputado Marcelo Schilling, generan lo que el colega Ramón Farías señaló que se produce en nuestro canal de televisión: una persona traduce lo que los parlamentarios decimos en la Sala mediante el lenguaje de señas. De la misma forma, el contenido de las canciones también puede ser traducido, de modo que pueda ser asimilado a cabalidad por quienes tienen algún problema auditivo. Lo que se hace en el canal de televisión de la Cámara puede ser replicado en los canales de televisión abierta o por cable. Quiero destacar que el proyecto va más allá, pues, como muy bien señala el informe, se han desarrollado diversos estudios que demuestran que las vibraciones del sonido pueden ser captadas por las personas, lo cual incluso ha dado lugar, tanto en Chile como en otros países, a la realización de espectáculos musicales orientados a este importante grupo de personas, en los cuales se combina la interpretación con la lengua de señas. Por eso, en la medida en que esta cuestión sea recogida en los proyectos de ley y se incorpore a nuestra legislación, posibilitaremos que la palabra “inclusión” adquiera un sentido concreto para esa parte de conciudadanos y hermanos que quieren verla hecha realidad. Esta es la razón por la cual quiero hacer pública la bondad de la iniciativa del diputado Marcelo Schilling, a la que nos convocó transversalmente, que se orienta a hacer carne, en forma concreta y precisa -en este caso, respecto de la música-, la inclusión social de las personas con capacidades diferentes. Por lo tanto, invito a mis colegas a aprobar la iniciativa, en lo posible por unanimidad, a fin de despacharla para que cumpla su segundo trámite constitucional. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señora Presidenta, por su intermedio, aprovecho de saludar a los asistentes de la educación de Viña del Mar, presentes en las tribunas. Probablemente, en esta sesión se aprobará la modificación que prorroga el funcionamiento de los casinos municipales. Espero que el beneficio que les llegue a las municipalidades lo hagan extensivo a los trabajadores de la educación. Señora Presidenta, este es un proyecto que ha suscitado el apoyo prácticamente unánime de la Cámara de Diputados y también del gobierno, por cuanto es casi autoexplicativo: busca un bien que todos deseamos, cual es aumentar la inclusión en nuestra sociedad. En este caso, se trata de hacer posible que quienes padecen sordera puedan disfrutar de espectáculos musicales o de festivales, como el de Viña del Mar, a través de los medios audiovisuales. Por lo mismo, me pareció oportuno invitar a todo el espectro político a suscribirlo, de modo que nadie se sienta autor especial de algo que conmueve a todos los actores del sistema político chileno. Y qué bueno que haya sido así. En los hechos, mi confianza se ha visto ratificada, pues, por ser un proyecto autoexplicativo, ha logrado la adhesión de la mayoría. Sin embargo, el altruismo que hemos visto en la Cámara de Diputados no necesariamente lo hemos advertido en el conjunto de la sociedad. Frente a estos proyectos de interés general, de bien común evidente, también quedan reflejados, en el curso del debate, pequeños hechos que hablan de la mezquindad de algunos actores de la economía y de la sociedad, que se guían solamente por sus especiales y particulares intereses. Sé que cuando leí el informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones -agradezco que la comisión me haya designado como diputado informante- se criticó que dijera que la Cámara de Diputados es una institución que vela por el interés común, pues no se fija en gastos para permitir que sus debates sean transmitidos con la lengua de señas para hacerlo accesible a la población sorda del país, a diferencia de lo que ocurre con algunos canales de televisión, que no practican la misma generosidad. Ahora, ¿qué vinieron a decir los canales de televisión, que, por lo demás, se benefician del uso y goce, casi a perpetuidad, de la concesión de un bien nacional de uso público como es el espectro radioeléctrico? Pues bien, vinieron a decir que, porque se les imponía una carga en favor de la inclusión de las personas sordas del país, iban a quebrar. Señora Presidenta, esos canales han obtenido ganancias pingües a lo largo de su existencia, gracias, entre otras cosas, a la gratuidad de la concesión, que se interrumpe cuando alguien renuncia a ella y la vende, como lo hizo el señor Piñera. ¿Recuerdan cuando vendió Chilevisión? ¿Cuántos milloncejos de dólares se echó al bolsillo gracias a una concesión gratuita? ¿Después de favorecerse con una concesión gratuita, esos canales nos vienen a decir que no se les puede imponer una carga de bien común? Qué bueno que todos los parlamentarios hayan desmentido esa pretensión, y que con su manifestación de voluntad de apoyar el proyecto señalen a esos canales con su mezquindad -aunque no les guste a los señores Issa Kort y Jorge Rathgeb-, que deberán sobrellevar la carga que les imponga el Congreso Nacional. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señora Presidenta, durante mucho tiempo hemos estado a la espera del proyecto que hoy debatimos. Para quienes defendemos la inclusión real y concreta, este es un tema importante. En su momento, en la Comisión de Superación de la Pobreza, impulsamos de manera transversal el proyecto que define y reconoce la lengua de señas como medio de comunicación para la comunidad sorda del país. En esa línea queremos seguir avanzando. Por eso este proyecto nos parece adecuado y que va en la línea correcta. Por supuesto, más allá de lo dicho por el diputado Schilling, y de los nombres que mencionó, creo que debemos trabajar con todos los chilenos, sin mirar colores políticos; lo contrario le hace mal al país. Somos nosotros quienes debemos propiciar que aquellas personas que no pueden escuchar o hablar se sientan parte de esta sociedad; somos nosotros quienes debemos generar los espacios para que eso suceda. ¡Cuánto nos costó que en la transmisión del canal de televisión de Cámara de Diputados se incorporara la traducción por lengua de señas! En este momento esa lengua no se utiliza en todos los canales de televisión, por lo que muchas personas con discapacidad auditiva no saben lo que acontece en el país. Hoy, a la luz de los hechos, ¡por Dios que hace falta! Es importante que en los canales de televisión la lengua de señas no sea utilizada de vez en cuando, o cuando a los canales les parezca. Me parece relevante impulsar y apoyar de manera unánime este tipo de iniciativas. Por lo menos, quien habla votará favorablemente el proyecto. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señora Presidenta, siempre hemos señalado que tenemos una tremenda deuda con el mundo de la discapacidad. Por lo tanto, se hace necesario que el Estado, pero especialmente el Congreso Nacional -no obstante sus facultades limitadas- trabaje en torno a las reivindicaciones históricas de la sociedad. Quiero recordar cómo se ha celebrado cuando algunos canales de televisión dispusieron que se entregara la traducción de sus programas mediante lengua de señas. Lamentablemente, aún quedan muchos medios de comunicación que no han adoptado ese sistema que permite transmitir información a quienes tienen dificultades para acceder a ella. Hace poco tiempo en esta Sala hice mención del rol que debe cumplir el Estado en esta materia. En aquella oportunidad pregunté: ¿Cuántas instituciones del Estado tienen personal capacitado para atender a personas con capacidades diferentes? Es una tremenda deuda que aún tenemos con ellas. Este proyecto, que modifica las leyes N° 20.422 y N° 19.928, constituye un verdadero aporte para avanzar en esta tarea. Sin duda, los discursos que he escuchado de quienes me antecedieron en el uso de la palabra apuntan en esa dirección, sobre todo en lo que respecta a los medios de comunicación, que tienen una tremenda deuda con este sector de la sociedad. Quiero medios que contribuyan con valores y que dediquen un poco de su tiempo al aspecto social-solidario. Por las razones expuestas, anuncio que vamos a respaldar el proyecto. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señora Presidenta, quiero felicitar a los autores del proyecto y hacer una reflexión. En el caso de esta iniciativa, estamos hablando de temas culturales, es decir, de cómo integrar a una población específica, con capacidades diferentes, a actividades culturales o recreativas. Sin embargo, hay algunas actividades que son vitales en el quehacer diario de las personas con discapacidad, en las que no están siendo integradas como se debería. Por ello, me gustaría que el Parlamento tuviera sensibilidad para legislar en orden a que todos los servicios públicos tengan funcionarios capacitados para atender a personas con discapacidad auditiva mediante lengua de señas. La idea es que todas las oficinas de información o de reclamos de los organismos públicos y de los ministerios cuenten con este servicio. Por ejemplo, en el área de la salud, es especialmente notorio que una persona con capacidades diferentes de tipo auditivo encuentra enormes dificultades para comunicarse con el profesional de la salud que la atiende. Hay algunos servicios en los cuales ni siquiera pueden aspirar a tener algún tipo de atención, como los de psicología, de psiquiatría, etcétera. Me parece que en todas las reparticiones públicas se debe avanzar hacia un modelo de atención que incluya a funcionarios capacitados para comunicarse mediante lengua de señas con personas con discapacidad auditiva. Reitero mis felicitaciones a los autores del proyecto y anuncio el voto favorable de la bancada del Partido Radical Social Demócrata. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica las leyes N° 20.422 y N° 19.928, para incorporar la lengua de señas en los programas de televisión con contenido musical y en espectáculos musicales en vivo. Hago presente a la Sala que sus normas tratan materias propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. El señor MELO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra su señoría. El señor MELO.- Señor Presidente, me pronuncié a favor del proyecto, pero el voto no quedó consignado. Pido que quede registrado. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, se dejará constancia de su voto a favor, al igual que los de las diputadas señoras Paulina Núñez y Jenny Álvarez, de los diputados señores José Antonio Kast, Iván Norambuena, Patricio Melero, José Manuel Edwards, Pedro Álvarez-Salamanca y de todos los diputados que así lo están manifestando. ¿Habría unanimidad para tratar la indicación de los diputados señor Browne, señora Fernández, doña Maya, y señores Schilling, Insunza y Poblete, que es del siguiente tenor: “Para reemplazar en el artículo 1°, después de la frase “subtitulado oculto”, la conjunción “o” por “y”.”.? Acordado. En votación el proyecto de ley con la indicación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Rathgeb Schifferli Jorge. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Despachado el proyecto. RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL OBLIGATORIA DE AUTORIDADES DEL CONGRESO NACIONAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N°8624-07) (S) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto. Antecedentes: -Proyecto del Senado, sesión 49ª de la legislatura 362ª, en 23 de julio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 4. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 17ª de la presetne legislatura, en 22 de abril de 2015. Documentos de la Cuenta N° 9. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor SOTO (de pie).- Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, el cual se originó en una moción de los senadores señores Larraín, don Hernán, y Zaldívar, don Andrés, y de los exsenadores señores Escalona, don Camilo, y Novoa, don Jovino. La idea matriz o fundamental del proyecto de reforma constitucional es la de establecer que el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados deberán dar, el día 4 de julio de cada año, cuenta pública ante el país de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden. Asimismo, que cada parlamentario estará obligado a dar, ante sus electores, cuenta de las labores realizadas en el ejercicio de su cargo. Los autores de la moción señalan que una de las modernizaciones del Estado más amplias y profundas que han tenido lugar en nuestro país en los últimos años se refiere a la aplicación del principio de probidad y transparencia en los diversos órganos públicos. Explican que las últimas reformas legales emprendidas han permitido a los ciudadanos ejercer un necesario y mayor control sobre la gestión pública. Indican que el incremento en la mayor transparencia contribuye al actuar democrático de las autoridades, facilita una mayor participación ciudadana y ayuda a prevenir actos irregulares o de corrupción. Manifiestan que estos principios se han incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley N° 19.653, de 1999, que incluyó el principio de probidad administrativa y de transparencia en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley N° 20.050, que consagró en el artículo 8° de la Constitución Política los referidos principios, y la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. Hacen presente que la idea de rendición de cuentas a la ciudadanía ya ha sido consagrada en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. En este sentido, mencionan el artículo 24 de la Ley Fundamental, que establece la obligación del Presidente de la República en el sentido de que el 21 de Mayo de cada año “dará cuenta al país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.”. Agregan que el Código Orgánico de Tribunales impone similar obligación al Presidente de la Corte Suprema, quien anualmente, el primer día hábil de marzo, debe rendir cuenta de la labor desarrollada por los tribunales de justicia. Manifiestan que a lo anterior se suma la última modificación al artículo 72 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, disposición que impone a los órganos de la Administración la obligación de rendir cuenta pública de su labor. No obstante lo anterior, afirman que no deja de sorprender que el Congreso Nacional y los parlamentarios no estén legalmente sometidos a similar obligación de rendir cuenta de sus gestiones. Sostienen que para enmendar esta situación es indispensable subsanar este vacío e imponer a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, así como a todos los senadores y diputados, el deber de rendir cuenta pública de su gestión. Durante la discusión general del proyecto, la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón, señaló que el Ejecutivo estima correcta la línea de dar cuenta del trabajo realizado por los congresistas a sus electores, lo que respalda la línea de lo que Chile ha hecho en la materia, ratificado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Finalizada la discusión, el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados presentes. Durante la discusión particular, sometido a votación el número 1 del artículo único del proyecto, con la sustitución, en el inciso segundo del artículo 56 bis que se propone, de la frase “del Congreso Nacional”, por la frase “de cada Cámara” -ya que no existe un reglamento único del Congreso Nacional, sino uno por cada una de las cámaras-, y el número 2, fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA (don Ignacio).- Señora Presidenta, desde que soy parlamentario, me he fijado en que la gran mayoría de los diputados y senadores rendimos cuenta al país sin tener la obligación de hacerlo. Algunos lo hacen en forma anual; otros lo hacen cada cuatro años. Siempre los diputados hemos publicado folletos o diarios en los que damos cuenta de la labor que realizamos, con el propósito de que la ciudadanía conozca nuestro trabajo no solo en el distrito, sino también en el Congreso Nacional. Por lo tanto, lo que hará esta obligación, que me parece bien -no estoy en desacuerdo con ella-, será reeditar públicamente algo que ya hemos venido haciendo. Cada cuatro años, cuando postulamos a la reelección, publicamos un diario, un boletín o algún informativo para contarle a la ciudadanía sobre el trabajo que hemos realizado durante el tiempo que hemos ejercido como diputados. Por lo tanto, no creo que esta moción cambie mucho una práctica que algunos llevamos a cabo cada cuatro años y otros en forma anual. De acuerdo con la iniciativa, deberemos hacerlo en forma anual y el Reglamento fijará las fechas para aquello. Quiero manifestar una duda con respecto a la fecha fijada para que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado realicen su cuenta pública ante el país. En el caso del resto de los parlamentarios, el Reglamento fijará las fechas correspondientes para hacerlo, pero en el caso de los presidentes de ambas cámaras se fija el 4 de julio de cada año. Mi aprensión en esta materia es qué pasará cuando el 4 de julio corresponda a un día domingo. El proyecto señala que el 4 de julio se citará a Congreso Pleno para escuchar ambas cuentas públicas. No me gustaría que a futuro, en vísperas del primer 4 de julio que corresponda a un domingo, estemos apurados tratando de cambiar la fecha mediante una moción. Por eso, he presentado una indicación para que los presidentes de ambas cámaras rindan cuenta pública al Congreso Pleno en la primera semana de julio. La idea es no fijar una fecha determinada que provoque que en el futuro deban presentarse mociones para cambiarla porque corresponde a un sábado o a un domingo, lo cual complica sobremanera no a los parlamentarios que viven cerca del Congreso Nacional en Valparaíso, sino a los que viven lejos y deben trasladarse en avión. A ellos les complicará viajar un domingo a Valparaíso. Por eso, me parece adecuado dejar para la primera semana del mes de julio de cada año la cuenta pública de los presidentes de ambas cámaras, quienes pueden concordar la fecha que sea más adecuada, ojalá un día legislativo y no un fin de semana. De lo contrario, lo único que lograremos será complicar las cosas, lo que provocará -reitero- que debamos cambiar la fecha por una que consideremos en su momento la más adecuada. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señora Presidenta, todos estamos de acuerdo en que mientras más información otorguemos como autoridad en el ejercicio de nuestro mandato, más potenciamos nuestro propio rol y más empoderamos a la ciudadanía en el conocimiento de nuestras facultades, de nuestras atribuciones y de aquellas que no tenemos, pues existe mucho mito urbano respecto de supuestas atribuciones o facultades que se piensa que tenemos, pero que en verdad no tenemos. Por lo tanto, realizar una cuenta pública contribuye en esa línea. Sin embargo, a pesar de que la moción va en el sentido correcto -no dudo del buen espíritu de sus autores-, estimo que requiere un sentido más concordante con nuestros mandatos y nuestras funciones. Me explico: se sostiene que no es dable que tengamos una diferencia con los alcaldes, que ya tienen la obligación de rendir cuenta pública. Ellos son los representantes de la corporación municipal; pero la obligación de rendir cuenta pública no se les exige a los concejales. Se sostiene que el Poder Judicial también tiene esa obligación. El presidente de la Corte Suprema, que representa a la judicatura, la tiene; pero no la tiene cada uno de los ministros que integran el tribunal supremo. Entonces, la primera parte de la moción es concordante con lo anterior respecto de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en tanto son quienes representan a las dos corporaciones. Al respecto, no puedo sino estar en total acuerdo con que ambos tengan la misma obligación que ya cumplen otras entidades. Sin embargo, en cuanto a la fecha fijada para tal finalidad, me surge la misma duda que al colega Ignacio Urrutia, porque en algún año el 4 de julio corresponderá a un domingo, o podrá coincidir con otra convocatoria a sesión de Congreso Pleno. Creo que la fecha es un punto que deberá aclarar en debida forma la Comisión de Constitución, porque la frase cerrada que propone puede generarnos un problema. Anticipándonos a constatar ese problema, o a lo menos esa duda razonable, lo lógico es que solucionemos el punto y aprobemos el proyecto, y no que lo salvemos cuando ya sea ley. Lo planteo porque puede ocurrir lo que muy bien manifestó el colega Ignacio Urrutia: que enfrentados a la situación, hagamos un proyecto de ley en forma rápida, a última hora, es decir, corriendo contra el tiempo para salvar el problema, en circunstancias de que ahora lo estamos constatando, o por lo menos tenemos una duda razonable al respecto. Por otra parte, nuestro mandato es por períodos legislativos; tiene fechas de inicio y de término. Por ejemplo, nuestro mandato vigente corresponde al período 2014-2018. Así ha ocurrido con cada uno de los mandatos de los diputados en épocas pretéritas, y así seguirá sucediendo a futuro. Lo mismo corre respecto del Senado, cuyos períodos, a diferencia de los nuestros, son de ocho años. En lo personal -creo que varios colegas comparten mi parecer-, pienso que lo lógico es que rindamos cuenta de nuestro período legislativo. Ello, a diferencia de los presidentes de ambas corporaciones, que ejercen mandatos anuales por acuerdo y, a veces, por votación de las respectivas Salas, y que tienen además una función de administración que va mucho más allá de la función que tenemos el resto de los legisladores por mandato, acuerdo, votación, sanción de la Sala. A diferencia de los presidentes de ambas corporaciones, cuyo mandato es de carácter anual y que, además, representan a las respectivas cámaras, los diputados no tenemos un mandato anual, pues de acuerdo con la Constitución nuestro período es de cuatro años, y no representamos a la institución. Es más, la norma no va en el correcto sentido constitucional del mandato legislativo, sino que choca abiertamente con el mandato legislativo de rango constitucional. Dado lo anterior, presenté una indicación no para suprimir la moción, sino para reforzarla, en el sentido de que los presidentes de las corporaciones rindan cuenta anual de su mandato -está la duda de la fecha; y parece que la presidencia también la tiene- y que los parlamentarios rindamos cuenta de nuestra gestión en función de nuestro período legislativo, porque los diputados no representamos a la corporación Cámara de Diputados y los senadores no representan a la corporación Senado de la República. Es más, si alguien pretendiera que la rendición de cuentas fuera un acto de campaña, expresamente deberemos establecer un plazo para desacoplarla de esa instancia para que no se pretenda hacerla parte de ella, es decir, un plazo poscampaña. Por lo demás, esa fue una de las dudas surgidas en el debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Entonces, tenemos una situación en cuanto a la fecha de rendición de cuenta pública: una diferencia entre la función de representación de los presidentes de las corporaciones, por lo que creemos que la rendición debe ser anual, y la no anualidad de dicho acto administrativo por parte de los parlamentarios en su conjunto, porque tenemos un mandato por un período legislativo. Ello, además, partiendo de la base de que el control, la aprobación o el rechazo al ejercicio de la labor parlamentaria solo tiene un espacio de definición democrática. Lo digo porque de repente vemos que aquí se citan informes del BID, del Banco Mundial. Entonces, es bueno recordarles a esos señores que el único espacio de sanción, de control, de aprobación o rechazo de la función parlamentaria es el voto legítimamente emitido en urna. Como a los legisladores nos gusta interactuar con la ciudadanía, y por eso defendemos con tanta fuerza las semanas distritales, en el caso de los diputados, y las semanas regionales, en el de los senadores, como la única forma de tener espacio para ejercer el derecho y la obligación de representación, pues no solo tenemos el mandato para legislar y, en el caso de esta Cámara, fiscalizar, sino también para representar, obviamente no tenemos ningún problema para, dentro de esas funciones, rendir además cuenta pública respecto del cumplimiento de nuestro mandato en el correspondiente período legislativo. Pero como además esto se basa en los principios de publicidad y de transparencia, lo que nos parece bien, creemos que si un parlamentario, diputado o senador, en el ejercicio de sus facultades suministra determinado material audiovisual, también debe existir para las corporaciones la obligación de incluirlo en las correspondientes cuentas públicas y de exhibir aquellas a través de sus respectivos canales de televisión, porque eso va en la línea de los principios mencionados. Como no podemos revivir el ágora griega, donde el pueblo se reunía para conversar de la polis, ya que con los millones de habitantes que tiene Chile es imposible hacerlo, convocaremos a quienes podamos a las rendiciones de cuentas públicas. El Salón de Honor tiene espacios limitados y nunca podrán asistir todos. Es más, los diputados deberemos escoger una comuna, pues no podremos rendir nuestra cuenta pública en todas -son 365-, y muchas quedarán fuera de dicho acto, lo que no es justo. Lo anterior se compensará con la publicidad que daremos a la rendición de cuenta pública a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados y del canal TV Senado. Alguien podrá decir que estamos incorporando a la Constitución Política una serie de normas que no le son propias. Pero, ¡por favor!, si esto no es propio de la Constitución. Si en algo se equivocaron quienes hicieron este proyecto, pese la buena intención que tenían, fue en no haber agregado las normas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo demás, esto no lo estoy diciendo solo yo. Si los colegas revisan el debate del proyecto en el informe de la comisión, lo constatarán. No se trata de normas propias de rango constitucional. Basta con pedirle un informe a cualquier constitucionalista para que lo acredite. Pero, bueno, estamos enfrentados a la discusión de normas de rango constitucional; entonces, tengo que hacer indicaciones con ese rango, salvo que -y no tengo ningún problema para ello; me estoy anticipando al debate sobre el punto- facultemos a la Secretaría para que haga las enmiendas o las correcciones respectivas en función de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Ahora, a mi juicio, lo más práctico es que con un mandato preciso, que está señalado por varios parlamentarios en función de las indicaciones presentadas, en una sesión la Comisión de Constitución armonice las respectivas indicaciones con el texto originalmente propuesto por el Senado y lo despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara. Ello, para poder dar viabilidad a la moción de varios senadores y, junto con ello, recoger las legítimas inquietudes que diversos diputados hemos planteado en esta Sala. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero señalar que valoro esta iniciativa. Soy de los que consideran importante -más allá de lo señalado por el diputado Ignacio Urrutia, de que cada cuatro años entregamos un diario, un boletín, un informativo con nuestro trabajo legislativo- situarnos en la categoría de lo que ocurre en otras democracias del mundo. Si estamos avanzando en las tareas de democracia, de transparencia, a raíz de todos hechos que han escandalizado al país, que guardan relación con el financiamiento ilegal de la política, es superimportante hacer lo propio también respecto materias que vayan en la línea de transparentar la labor que efectúan los parlamentarios en sus respectivos distritos. Creo que esto puede ser un gran paso y la ayuda necesaria para que la ciudadanía conozca el real trabajo que cada parlamentario realiza en el día a día, en el mes a mes y en el año calendario del trabajo legislativo. Uno de los principales reclamos de la ciudadanía es que no conoce verdaderamente cuál es la labor que llevan a cabo los parlamentarios. Muchas acciones de los parlamentarios en regiones se ven diluidas por el trabajo del Ejecutivo. Pero también -hay que decirlo- existen oficinas parlamentarias que cumplen una tremenda labor de apoyo justamente para representar los intereses de la ciudadanía en diferentes materias que no son abordadas por los gobiernos regionales o por el gobierno central y que forman parte de su quehacer. Cuando las oficinas parlamentarias realmente cumplen una función al servicio de la ciudadanía, ejecutan un trabajo de inconmensurable significado. Desde ese punto de vista -aquí se mencionó-, así como los alcaldes deben rendir cuenta pública de las labores que realizan en sus respectivas comunas, por el bien de la democracia sería muy relevante que aquí ocurriera lo mismo que en otros países, donde los parlamentarios deben rendir cuenta de su gestión ante su electorado, y sus agendas de trabajo son de carácter público, para que sean los propios electores quienes puedan constatar si verdaderamente corresponden al trabajo legislativo y de terreno que realizan sus parlamentarios. Creo que esos pasos: agenda de trabajo pública y, en este caso, cuenta pública de la labor parlamentaria, contribuyen a lo que tanto hemos venido discutiendo en el Parlamento. Eso sí, quiero hacer algunas precisiones. Comparto lo señalado con relación a las cuentas públicas que deberán rendir los presidentes de ambas cámaras: que sea en la primera semana de julio y no en un día perentorio. No comparto el que la cuenta pública de los parlamentarios se deba rendir anualmente. En tal sentido, anuncio que presentaré una indicación para establecer que dicha cuenta pública se rinda una sola vez en el período legislativo, ojalá como plazo máximo un año antes de la próxima elección. Tampoco tiene sentido hacerla, como algunos lo plantearon, en el entretanto, es decir, luego de que se cumpla el período legislativo y antes de que se inicie el nuevo, porque quien pierda la elección no se sentirá con la obligación de rendir cuenta pública de su labor. No obstante, si se establece dicha obligación del modo que planteé: una sola vez en el período legislativo, un año antes del nuevo proceso eleccionario, obviamente todos los parlamentarios que vayan a la reelección, incluso quienes decidan no hacerlo, tendrán la obligación constitucional de rendir cuenta pública de su gestión. Reitero que valoro la iniciativa. No es efectivo lo que algunos han pretendido establecer aquí: que la presentación de un boletín informativo, cada cuatro años, en una campaña eleccionaria se ajuste al corazón del proyecto. Todos quienes hemos buscado la reelección en una nueva campaña, comunicamos ahí, en ese momento, cuál ha sido nuestro trabajo. El proyecto busca algo mucho más profundo y que valoro como parlamentario, porque constituye un avance. Las democracias más modernas del mundo hace varios años establecieron el mecanismo que plantea la iniciativa, y ha sido un éxito porque le da mayor transparencia a la labor legislativa. En resumen, estoy a favor de la iniciativa, pero insisto en que presentaré una indicación -ojalá otros colegas la suscriban- para establecer la obligación de rendir cuenta de la gestión parlamentaria solo una vez en el período legislativo, en el tercer año, esto es, un año antes del nuevo proceso eleccionario. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que la iniciativa en discusión va en la dirección correcta en cuanto a lograr mayor transparencia del trabajo parlamentario y que la ciudadanía se informe debidamente de la labor que realizamos. En este sentido, es muy importante que a la rendición de nuestras cuentas públicas también asistan los medios de comunicación para que socialicen el trabajo real que hacemos, que muchas veces es absolutamente desconocido para la ciudadanía, más allá de los distritos que representamos. Ojalá ello ocurra así. Comparto la opinión de que es necesario introducir algunas modificaciones al proyecto. En primer lugar, me parece más que atendible que la fecha señalada para la rendición de cuentas no sea tan fija, sino que se establezca un mes dentro del cual los parlamentarios tengamos mayor flexibilidad para cumplir con dicha obligación sin chocar con las demás tareas legislativas que debemos realizar. Asimismo, considero más que atendible lo que aquí se propuso: que la rendición de cuentas se deba cumplir solo una vez en el correspondiente período legislativo, sin perjuicio de que, como parlamentario, en la práctica uno siempre le está informando a la comunidad la labor que se encuentra realizando. Todo eso lo podemos aclarar, discutir y corregir en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esta Corporación. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, esta es, por decir lo menos, una modificación novedosa. El asunto es: cuenta pública de qué. Se rinde cuenta pública cuando uno se obliga a algo, cuando se autoimpone una obligación. En el debate de la modificación al sistema electoral, junto con otro parlamentario presenté una indicación para establecer que los candidatos a cargos de elección popular, incluidos por supuesto los de diputado y de senador, presentaran un pequeño programa de trabajo respecto de cuáles serían sus iniciativas y qué postura tendrían frente a ciertas materias durante el desempeño de sus funciones. Pues bien, esa indicación fue rechazada en la comisión. Intenté renovarla en la Sala, pero no obtuve los respaldos necesarios para ello. La indicación apuntaba justamente en ese sentido: que los parlamentarios rindieran cuenta pública respecto de algo que ofrecieron o que dijeron que harían. Insisto, hoy cuenta pública de qué. ¿De las votaciones que se hacen acá? Y si uno vota en contra de todos los proyectos, ¿qué cuenta púbica rendirá? Además, puede tratarse de iniciativas que ni siquiera sean propias, o que todos los proyectos que uno presente sean rechazados. Por tanto, si no existe un programa, no hay una obligación anterior respecto de la cual se deba rendir cuenta. Cuando se entrega un mandato, la persona está obligada a ejecutar ciertas acciones y, finalmente, a rendir cuenta. Nuevamente, la pregunta es: rendir cuenta de qué si no hay un programa, una agenda de lo que se pretende realizar. En todo caso, me parece bien la iniciativa. Si la comisión hubiese aprobado la indicación que presenté en su oportunidad en cuanto a que todos los candidatos a cargos de elección popular deban presentar un programa al momento de postularse, la cuenta pública que hoy se propone tendría sentido, porque sería respecto de algo a lo que el propio candidato se obligó y que motivó a la gente a darle su voto y, con ello, un mandato y su confianza para que la representara. Por lo expuesto, votaré favorablemente el proyecto. Pero creo que quedará cojo, pues no hay claridad respecto de qué se deberá rendir cuenta si no existe un programa, una agenda que el parlamentario pretenda llevar adelante. He dicho. -Aplausos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo. La señorita VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, valoro esta iniciativa. A pesar de ser un proyecto que, desde mi punto de vista, llegó tarde, de todas maneras lo hizo en un momento oportuno, dado el contexto político de desconfianza, de descrédito del sistema político y sus representantes y del débil ejercicio de nuestra democracia. Desde hace mucho tiempo la ciudadanía está sintiendo que el ejercicio democrático y la toma de decisiones se encuentran bastante alejados de su propia realidad. La participación ciudadana ha sido débil. La gente siente que no basta con que la democracia se reduzca simplemente a votar en una elección cada cuatro años ni con que las autoridades que eligieron, utilicen la campaña para reelegirse como único momento para dar cuenta de su gestión. Considero que el proyecto es coherente y claro en señalar la necesidad de que la rendición de cuenta pública sea anual. El trabajo legislativo es complejo. Pero la labor de los parlamentarios, diputados y senadores, no consiste solo en legislar, sino también en representar, y en el caso de los diputados, en fiscalizar diariamente. La rendición de cuentas no es una obligación que se deba cumplir cada cuatro años, porque nuestro ejercicio es cotidiano. Las organizaciones sociales, juntas de vecinos, sindicatos, en fin, todas las organizaciones comunitarias, constantemente les piden a sus representantes que fiscalicen los servicios públicos, los hospitales, los centros de salud, el trabajo de las autoridades para conocer cómo se están llevando a cabo los proyectos comprometidos por el gobierno de turno y si los distintos servicios públicos están cumpliendo sus deberes. Al respecto, el diputado tiene la responsabilidad de fiscalizar cuando la comunidad que representa se lo pide. Se pregunta de qué se debe rendir cuenta pública. ¡Es obvio!: de lo que hace un parlamentario, lo que en nuestro caso, por mandato constitucional, es fiscalizar, representar y legislar. El hecho de dar cuenta de cómo se avanza en los proyectos de ley que se propusieron a la ciudadanía durante una campaña no obsta a que de repente en la tramitación no se logre avanzar en ellos, porque, por ejemplo, no se reunieron las mayorías necesarias. Pero el dar cuenta ante la ciudadanía de que no se obtuvieron los votos suficientes y que por eso no se logró avanzar en las iniciativas comprometidas -estas pudieron ser propuestas por el candidato respectivo o construidas junto con la gente- también es un ejercicio democrático necesario que la ciudadanía exige por una cuestión de transparencia, de probidad para tener claridad respecto de la labor que está realizando el parlamentario por el que votó. En el caso de los diputados, ese ejercicio democrático sirve para que la gente conozca cuál ha sido el ejercicio de nuestra facultad fiscalizadora. Por eso, creo que esta es una buena iniciativa, que se inserta además en el marco de una profunda regulación del ejercicio de la actividad política y del financiamiento público de las campañas electorales para que se controle y se regule el gasto, las campañas sean equitativas, la información de los proyectos y programas de los parlamentarios sea bien distribuida entre la población, al igual que el resto de los elementos que contribuyen a dar transparencia y profundizar el ejercicio democrático y, por cierto, de otras materias que deberemos discutir, como las iniciativas populares de ley y los plebiscitos vinculantes, que nos permitan robustecer y profundizar nuestra democracia. Ahora bien, a modo de observación, la fecha fijada en el proyecto -el 4 de julio- como día en el que todos los parlamentarios y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado deben rendir cuenta pública, me parece algo estricta; podría flexibilizarse, por ejemplo, estableciendo el cumplimiento de dicha obligación en el marco de una semana. Ello, como una modificación a considerar. De todas maneras, pienso que el proyecto va en la línea correcta y es necesario en el contexto actual, pero sobre todo en una perspectiva de futuro, para que nuestra democracia considere elementos de mayor transparencia y participación. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio. El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a la alcaldesa, a los alcaldes, a los funcionarios municipales y a los suplementeros que se encuentran presentes en las tribunas. Todos ellos son servidores públicos. Creo que estamos en una situación de crisis, entendida esta como aquel momento entre el fin de un ciclo que aún no termina completamente y el inicio de otro que todavía no nace. Nos encontramos en esa nebulosa, en ese limbo. Algunos de los proyectos que hoy discutimos tienen que ver con cómo poder salir de esa nebulosa o de ese limbo. Hoy estamos en una crisis de poder y de confianza. Con respecto al poder, lo que ha evolucionado es su esencia y, por ende, obviamente la forma en que este se lleva a cabo. Pero parece que no todos nos hemos ajustado. El poder no es lo que solía ser; cambia porque cambian los valores subyacentes que lo soportan. En consecuencia, Chile y el resto del mundo están viviendo un desajuste: se ha producido un rompimiento en la confianza de las instituciones del pasado, que terminan por alimentar y acelerar aún más este sentimiento de crisis. En mi opinión, la sociedad que se halla organizada en cuerpos intermedios está a la vanguardia de ese cambio; pero ni la política ni para qué decir la empresa tradicional se han ajustado a este nuevo poder. Entonces, no bastan las respuestas antiguas basadas en la autoridad de quien las emita, sino que hay que convencer al receptor y a los ciudadanos. Tampoco basta con cumplir la ley, sino que también hay que cumplir con su espíritu. Un reciente artículo de dos profesores, publicado en Estados Unidos de América, llamado “Nuevo Poder” (“New Power”, Heimans and Timms), dice que hay un nuevo poder que nace empujado por un nuevo sistema de valores en el que la antigua forma de gobernar una institución, una gobernanza puramente representativa, ha quedado obsoleta, dando paso a un poder mucho más informal, que descansa, por ejemplo, en la autoorganización y en la gobernanza de redes. El antiguo poder era el exclusivo. Conceptos como “competencia”, “autoridad” y “consolidación estratégica” eran una pura norma; el nuevo poder descansa en plataformas abiertas, en colaboración, en inteligencia colectiva, en compartir. El antiguo poder se ejercía puramente con discreción y confidencialidad, mientras que el nuevo poder exige transparencia radical, sobre todo cuando las esferas públicas y privadas se entremezclan. Creo que hoy estamos conversando sobre eso. Qué duda puede caber de que para volver a ganar la confianza de los ciudadanos necesitamos ser más transparentes y tener un estándar ético todavía mucho más alto. No cabe ninguna duda. Por tanto, considero que debemos rendir cuenta a los ciudadanos no solo una vez en el período, sino muchas más. Aquí se dice que necesitamos hacerlo formalmente una vez al año. Ojalá que en la discusión -ello deberá establecerse en los respectivos reglamentos- se incorpore la idea de que hay otras vías además para rendir cuenta que la estrictamente antigua: un parlamentario sentado en un escritorio o de pie en un ambón frente a la ciudadanía que lo escucha. Reitero: hay otras formas de rendir cuenta. Hoy los políticos lo hacemos de distinta manera: cuando nos reunimos con las juntas de vecinos, cuando vamos a las ferias libres, cuando repartimos nuestros propios boletines. Yo rendí mi cuenta pública en enero del año pasado, y quiero entregar una cada tres meses. Creo que esa es la forma en que cada uno de nosotros puede explicar a la ciudadanía cuáles son nuestras labores y qué estamos haciendo en cuanto a representación, a legislación y para aumentar la participación ciudadana. Me parece que no solo se trata de una buena idea, por lo cual tenemos que aprobar el proyecto, ojalá por unanimidad. Sin embargo, es evidente que se le pueden hacer algunas mejoras. ¿Por qué razón se fijó el 4 de julio para la rendición de cuentas de ambas corporaciones? Creo que la razón no es antojadiza: porque el 4 de julio de 1811 se instaló nuestro primer Congreso Nacional. Por tanto, no es una fecha que se sacó del sombrero. Más aún -entiendo que hay un proyecto en ese sentido-, la cuenta pública anual que la Presidenta de la República rinde ante el Congreso Pleno, en vez de ser el 21 de Mayo, perfectamente podría ser el 4 de julio. Por tanto, en esa ocasión se podría comenzar con la cuenta pública de la Presidenta de la República y continuar con las cuentas públicas de los presidentes de las dos cámaras. Me parece mucho más lógico que se cumpla esa obligación en un único día, aunque sea domingo, en sesión de Congreso Pleno. De lo contrario, como lo señaló el diputado Ignacio Urrutia, para los efectos de este proyecto de ley será problemático celebrar una sesión de Congreso Pleno en un día de julio que puede caer fin de semana. Pero, de nuevo, los diputados y senadores no podemos pensar que porque es domingo no debemos rendir cuenta pública. Creo que la forma en que se rinde cuenta no debe ser exclusivamente la antigua, la tradicional, sino también la nueva. O sea, podemos rendir cuenta todos los meses si publicamos el trabajo que hemos realizado en nuestras respectivas páginas web, en Facebook, en un video de YouTube o en otras redes sociales. Algunos podrán considerar que eso es muy informal; pero les tengo una mala noticia: el poder nuevo es informal, es distinto, ya no es controlable. Por tanto, a pesar de que los parlamentarios estamos en una institución más formal y de que debemos valorar algunas de nuestras tradiciones, hay otras que debemos ajustarlas a esa nueva realidad. Si no evolucionamos hacia el sentido correcto, corremos el serio riesgo de pasar a ser una especie en extinción. Por lo expuesto, anuncio que votaré favorablemente el proyecto. Creo que el Reglamento de cada cámara deberá permitir que haya distintas formas de rendir cuenta. Es una muy buena idea establecer el cumplimiento de dicha obligación el 4 de julio tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado en la medida que la Presidenta de la República rinda cuenta pública ese mismo día. De no ser así, encuentro muy razonable que se consigne que dicha obligación podrá cumplirse hasta el 4 de julio o durante la primera semana de ese mes, pero predominantemente el día 4. Insisto, no se trata de una fecha antojadiza, y creo que eso se puede arreglar. Entiendo que se presentarán algunas indicaciones en tal sentido. Por último, espero que exista un apoyo mayoritario en la Sala en cuanto a que nosotros rindamos cuenta pública con un estándar más alto, para volver a ganar la confianza de la ciudadanía. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Los diputados que se encuentran inscritos para intervenir en este proyecto podrán hacerlo en una próxima sesión ordinaria, puesto que ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN ELIMINACIÓN DE REAJUSTE REAL DE REMUNERACIONES DE SECTOR PÚBLICO A MILITARES O CIVILES CONDENADOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, JUBILADOS O PENSIONADOS CON FONDOS PÚBLICOS El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Informo a la Sala que, según lo establece el Reglamento, se destinarán 20 minutos a la discusión de proyectos de acuerdo o de resolución. Posteriormente, se someterán a votación los proyectos de las tablas cuyo debate se haya cerrado. El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 274. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 274, de los diputados señores Felipe Letelier y Roberto Poblete; de la diputada señorita Karol Cariola; de los diputados señores Guillermo Ceroni y Claudio Arraigada; de las diputadas señora Marcela Hernando y señorita Daniella Cicardini, y de los diputados señores Hugo Gutiérrez, Cristián Campos y Juan Luis Castro, que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, patrocine un proyecto de ley o bien se incluya dentro del proyecto de reajuste anual de remuneraciones a los trabajadores del sector público la eliminación, exclusión o supresión del reajuste real para los militares y civiles condenados por violaciones a los derechos humanos que reciban jubilaciones con fondos públicos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. -Manifestaciones en la Sala. El señor LETELIER.- Señor Presidente, da gusto hablar en esta Corporación cuando no se tiene ningún compromiso con el pasado ni con el presente, con lucas ni con violaciones a los derechos humanos. Así que quienes están silbando, pueden continuar. Ahora bien, es necesario que se elimine o se congele el reajuste anual real del sector público para los militares o civiles condenados por violaciones a los derechos humanos que reciban jubilaciones o pensiones con fondos públicos El año pasado tuvimos una gran polémica por los “hoteles de cinco estrellas”, privilegio del que gozaban muchos presos en este país. Lo más curioso es que se trataba de condenados por crímenes de lesa humanidad, por atropellos permanentes a los derechos fundamentales de la persona. Con ello quiero decir que no puede haber dos categorías de reclusos: por un lado, jóvenes como los que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel, donde se encontraban hacinados, y por el otro, personas instaladas en “hoteles de cinco estrellas”, gozando de reajustes y beneficios que el resto de los presos de Chile no recibe. Por eso presentamos este proyecto de resolución: para que no exista esa enorme diferencia en nuestro sistema carcelario. No queremos reos de primera, de segunda y de tercera categorías. Quienes están presos, se encuentran privados de libertad, y debe haber una misma norma para todos. Por tal razón, pedimos a la Presidenta de la República que considere esta propuesta. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra a algún señor diputado que quiera apoyar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, tanto el proyecto de resolución en comento como el que veremos posteriormente, que dicen relación con la misma materia, son clara y objetivamente inconstitucionales y generan otra dificultad, que, sin duda, no ha sido percibida por quienes lo suscribieron: querer castigar más todavía, con penas distintas, que no existen hoy, por delitos ya cometidos, lo que, por supuesto, en el derecho penal está más que sancionado. Es decir, no se pueden inventar penas posteriores a los delitos; eso lo sabe cualquier estudiante, ya ni siquiera de primer año de derecho, sino de cuarto medio. Pero, aún más, este ensañamiento -porque eso es lo que constituye lo que se está pidiendo con este proyecto de resolución: un ensañamiento- tiene aristas mucho más complejas, ya que señalar hoy que no se deben dar reajustes, que hay que quitar pensiones o hacer degradaciones claramente daña no solo a la persona, sino también a su familia. Parto de la base de que los señores diputados que firmaron el proyecto de resolución, sin duda alguna, no quieren ni ha estado en sus mentes perjudicar a las respectivas familias. Porque la ley vigente dispone que jamás se podrá atentar contra la previsión y los sistemas de protección social de las personas, por más delitos que hayan cometido. Reitero: aquí, sin duda alguna, estamos frente a la idea de querer aplicar penas nuevas a delitos que ya se cometieron y que incluso se sancionaron. Si tratamos esto hacia adelante, creo que puede haber acuerdos. Pero, evidentemente, el Congreso Nacional no puede borrar con el codo lo que escribe con la mano. Es más, respecto de los argumentos que se emplean -”delitos de lesa humanidad”, “derechos humanos conculcados”-, ninguna de las normas vigentes en la materia en nuestra legislación existían en los tiempos en que se cometieron tales delitos. Si alguien quiere discutir hoy, pero en serio, si respecto de esas personas se respetó o no el debido proceso, estoy disponible para hacerlo. Creo que los argumentos presentados en los dos proyectos de resolución, que son básicamente lo mismo, objetivamente carecen de sustento jurídico y lógico; pero, lo que es más grave, afectan a las familias de personas que con o sin razón, justificada o injustificadamente -por cierto, los delitos siempre son injustificados-, cometieron delitos, y por tanto, no podemos sancionarlas también a ellas. Por esa razón, es necesario que la Sala vote como corresponde, pensando en el fin último de las penas, materia que también se ha discutido en esta Corporación. El fin último de las penas es precisamente la recuperación de las personas, y con este tipo de proyectos lo único que se logra es hacer lo contrario. Por último, porque no quiero entrar en otro tipo de argumentaciones, es necesario votar en contra este proyecto. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se ha cumplido el tiempo destinado a la discusión del proyecto de resolución. El señor BORIC.- Señor Presidente, pueden intervenir dos diputados que impugnen el proyecto. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, se cumplieron los cinco minutos dispuestos para ello. El señor BORIC.- Pero se tiene que respetar el derecho a hacer uso de la palabra a quien esté en contra de un proyecto. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, según Reglamento, estamos en el tiempo de Proyectos de Acuerdo y de Resolución. Al respecto, la norma es bastante clara: cinco minutos para apoyar un proyecto y cinco para impugnarlo. No hay otra posibilidad para replicar. El señor BORIC.- Señor Presidente, quiero hacer una pregunta reglamentaria respecto del proyecto de resolución presentado. En él se pide a la Presidenta de la República que patrocine un proyecto de ley para eliminar el reajuste real del sector público para militares y civiles que reciban jubilaciones con fondos públicos. Mi pregunta es: ¿Las pensiones reciben reajustes? -Hablan varios diputados a la vez. El señor BORIC.- Quiero tratar de entender bien el proyecto. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, el Reglamento no establece espacios para aclaraciones, dudas o precisiones respecto de los proyectos de acuerdo y de resolución. En función de los antecedentes y los fundamentos expuestos en los proyectos tratados, cada diputado debe emitir su voto cuando corresponda. Y, de acuerdo al Reglamento, que ahora estamos aplicando en rigor, los proyectos discutidos en esta sesión se votarán en el momento correspondiente. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 274. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 9 abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Coloma Alamos Juan Antonio; De Mussy Hiriart Felipe; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Chávez Velásquez Marcelo; Espejo Yaksic Sergio; Jiménez Fuentes Tucapel; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario. SANCIONES PARA CIVILES Y MILITARES QUE BAJO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA O RÉGIMEN POLÍTICO COMETAN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución Nº 275. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 275, de los diputados señores Felipe Letelier, Roberto Poblete; de la diputada señora Marcela Hernando; de los diputados señores Guillermo Ceroni, Juan Luis Castro; de la diputada señorita Karol Cariola; del diputado señor Hugo Gutiérrez; de la diputada señorita Daniella Cicardini, y de los diputados señores Cristián Campos y Claudio Arriagada, en cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que patrocine un proyecto de ley que castigue a los militares y civiles, activos o jubilados, que incurran en conductas directas e indirectas que lleven a la violación de los derechos humanos bajo cualquier régimen, sea este democrático o no, y que sean condenados por los tribunales de justicia con las penas accesorias de degradación y de pérdida de todos los beneficios asociados a la pertenencia a la institución, incluyendo sueldos y pensiones pagadas con fondos públicos. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo cuando en la Corporación algunos se oponen a este tipo de proyectos. Hoy están muy preocupados por las familias, pero ayer no se preocuparon por nadie. La violación a los derechos humanos fue masiva en este país, y ningún familiar o pariente de las víctimas recibió auxilio de quienes hoy defienden los derechos de aquellas. Por esa razón, solicitamos a la Presidenta de la República patrocinar un proyecto de ley que establezca sanciones para civiles y militares que bajo cualquier circunstancia o régimen político cometan violación a los derechos humanos, con penas accesorias como la de degradación. Lo pedimos porque todavía se les trata de “mi general”, “mi coronel”, “mi capitán”; incluso hay fotos de violadores de derechos humanos exhibidas en cuarteles, etcétera. Eso tiene que terminar. La democracia debe ser la democracia y no el recuerdo permanente con nostalgia de aquellos a quienes les encantó participar en la dictadura que violó tantos derechos humanos en este país. Asimismo, el proyecto debe sancionar a quienes violan derechos humanos con la pérdida de todos los beneficios asociados a la pertenencia a la institución, incluyendo sueldos y pensiones pagados con fondos públicos. Entiendo -lo señalaron quienes se oponen en esta materia- que el proyecto en discusión y el anterior se encuentran vinculados. Con mucha altura de miras, también entiendo que quienes participaron activamente en la dictadura militar y que, a veces, escucharon los alaridos de los torturados o de los perseguidos, se sigan oponiendo. Además, entiendo que les sigan prendiendo velas a los violadores de los derechos humanos y que incluso haya fotos de ellos en los cuarteles. Solicito a esta Corporación respaldar el proyecto de resolución. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, aquí ya se dieron argumentos sobre la materia; sin embargo, deseo agregar otros. Creo que violar los derechos humanos no es patrimonio de un sector. Hay que mirar quiénes son las víctimas; y lamentablemente, en Chile hemos tenido víctimas en los dos bandos. Esas víctimas hoy exigen reparación. Estamos disponibles para ello, y lo hemos hecho. Pero no lo estamos para argumentar con falacias; con hechos vistos con un solo ojo, tapando el otro. En esta misma Corporación hoy hay personas que participaron o que dieron órdenes en hechos de violencia que costaron vidas de personas. Y debemos aceptar esas reglas del juego. Entonces, sugiero que quienes están patrocinando estos proyectos se quiten la venda del ojo que tienen tapado para que de verdad revisemos estas materias, pero intentando ser justos, lo que significa dar a cada uno lo que le corresponde. Mientras no logremos consolidar una visión como la que estoy señalando, será muy difícil que lleguemos a acuerdos, precisamente porque aquí solo se está buscando ensañamiento. Lo reitero: aquí hay ensañamiento. Y en un sector no solo hay dudas, sino muchas certezas de que en muchos juicios no ha estado presente el debido proceso. Desde ese punto de vista, no sin antes reiterar todos los argumentos que di respecto del proyecto de resolución que vimos con anterioridad, llamamos con tranquilidad, pero con la justicia de saber que estamos diciendo lo que corresponde, a votar en contra un proyecto que, en términos prácticos, no ayuda en nada y que claramente se aleja de todas las disposiciones constitucionales y sobre derechos humanos que también son válidas para las personas que se encuentran privadas de libertad. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Boric. El señor BORIC.- Señor Presidente, tengo la firme convicción de que los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos tienen que sufrir todas las sanciones que estipula el derecho tanto nacional como internacional. Asimismo, estoy de acuerdo en que a esos militares se les debe degradar. Sin embargo, quienes defendemos la causa de los derechos humanos en estos puntos debemos ser serios. La manera de defender la causa, en particular respecto de las violaciones de los derechos humanos realizadas por civiles y militares durante la dictadura cívico-militar, debe ser presentando proyectos serios. Entonces, el proyecto que pide la eliminación del reajuste real a las pensiones es poco serio y le hace un flaco favor a la causa de los derechos humanos, porque no hay reajuste real a las pensiones. Así, responsablemente, llamo a votar en contra ese proyecto, porque no es real nomás. Porque al final se terminan presentando proyectos para figurar y decir que se hicieron en favor de los derechos humanos, pero con ello -reitero- solo se le termina haciendo un flaco favor a la causa y a quienes queremos defender los derechos humanos. En los casos de violaciones a los derechos humanos no puede haber, pero bajo ningún contexto, beneficios para quienes las cometieron. Entonces, insisto: responsablemente llamo a votar en contra el primer proyecto de resolución que tratamos, porque me parece irresponsable y que se hizo solo para posar para la foto, lo que le hace sumamente mal a la causa de los derechos humanos en Chile. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Proyectos de Acuerdo y de Resolución. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto de resolución N° 275. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 7 abstenciones. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Cornejo González Aldo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Torres Jeldes Víctor; Urízar Muñoz Christian; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Barros Montero Ramón; Berger Fett Bernardo; Coloma Alamos Juan Antonio; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Núñez Urrutia Paulina; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Sabat Fernández Marcela; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Browne Urrejola Pedro; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Jiménez Fuentes Tucapel; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabag Villalobos Jorge; Tuma Zedan Joaquín. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VIII. INCIDENTES REITERACIÓN DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE COMUNA DE PUENTE ALTO (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Renovación Nacional. Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, quiero reiterar la solicitud de información efectuada mediante oficio N° 0687, de 6 de enero de 2015, dirigido a la Contraloría General de la República, en relación con la responsabilidad administrativa que corresponde a funcionarios de la Administración del Estado, en el marco de la ceremonia de proclamación de las elecciones internas de un partido político realizada el día 27 de diciembre de 2014, en la sede de la Gobernación Provincial Cordillera, ubicada en la comuna de Puente Alto. Hasta la fecha no se ha recibido antecedente alguno. Por consiguiente, pido reenviar el oficio al contralor general de la República, a fin de reiterar la solicitud de información. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE RÍO BUENO Y LA UNIÓN (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, pido oficiar a la ministra de Salud, señora Carmen Castillo, con copia a los alcaldes de Río Bueno y La Unión, en la Región de Los Ríos, para que informe sobre el estado en que se encuentra la reevaluación de los proyectos de construcción de los hospitales de Río Bueno y La Unión, dado que no ha habido claridad de esa cartera para dar certeza a la población de ambas comunas respecto de la ejecución de las obras, que habían sido comprometidas en un convenio de programación del Gobierno Regional de la Región de Los Ríos. Los habitantes de La Unión y Río Bueno, además de tener recintos hospitalarios inadecuados, deben sufrir la permanente derivación hacia Valdivia u otras ciudades, por no contar con suficientes especialidades médicas. Mientras se resuelve la construcción de uno o de los dos hospitales pactados, se debe reforzar sustantiva y urgentemente la atención primaria, con aportes especiales del Ministerio de Salud. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PREOCUPACIÓN POR DEMANDAS ECONÓMICAS DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA (OFICIOS) El señor BERGER.- Por otra parte, pido que se oficie a la ministra de Salud, con copia al director del Instituto de Salud Pública, al subsecretario de Redes Asistenciales, al director de Presupuestos y a la presidenta de la Fenats Unitaria de la Región de Los Lagos, a fin de expresarles mi profunda preocupación por la situación que atraviesan los funcionarios del Instituto de Salud Pública de Chile, quienes han estado movilizados toda esta semana y anunciaron un paro indefinido si no son escuchados por la autoridad sectorial. El ISP es la institución de salud más prestigiada de Chile, una de las más reconocidas a nivel internacional y la segunda más antigua en el mundo; sin embargo, paradójicamente, sus rentas son las más bajas del ministerio y no se condicen con el prestigio y la excelencia que han demostrado. A diferencia de las demás reparticiones, sus trabajadores no gozan del bono por atención a usuarios que percibe el resto del sistema, y pese a que en 2014 se les traspasó la función fiscalizadora, tampoco reciben compensación económica por ello. Llama la atención que se les niegue la justa compensación económica por su trabajo, en circunstancias de que en 2014 se dejaron de ejecutar más de 2.500 millones de pesos por equipamiento no adquirido y proyectos postergados. La lista de problemas es larga y la ausencia de un director, desde el año pasado, complica aún más alcanzar soluciones. Por lo anterior, solicito a la ministra de Salud y al director de Presupuestos que reciban, de una vez por todas, a los dirigentes del Instituto de Salud Pública, antes de que las movilizaciones empiecen a afectar a los usuarios. Asimismo, pido al subsecretario de Salud que cumpla con la palabra empeñada y visite el instituto, a fin de que conozca en terreno la verdadera problemática. El trato y las evasivas que han recibido hasta ahora los funcionarios del ISP no se condicen con el prestigio y el aporte hecho por ese servicio al país y al mundo a lo largo de 123 años. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE LA COSTA Y MANTENCIÓN DE RUTA T-350 CURIÑANCO-TOROBAYO (OFICIOS) El señor BERGER.- Finalmente, pido que se oficie al director nacional de Vialidad, con copia al alcalde de Valdivia, a fin de que me informe sobre el estado en que se encuentra el diseño de la carretera de la costa y cuándo estará en condiciones de llamar a licitación para el asfaltado del tramo correspondiente a la ruta T-350, comuna de Valdivia. Solicito esta actualización, dado que he recibido múltiples denuncias de los vecinos que acusan total falta de mantención de la red de alcantarillas en la ruta T-350 Curiñanco-Torobayo, en la actualidad de ripio, y que por las lluvias presenta un progresivo y peligroso estado de erosión que podría hacerla colapsar. Es tiempo de poner el pie en el acelerador, apurar el asfaltado de la ruta y adelantar, si es posible, la construcción de la carretera de la costa desde ese tramo, dado que es la única vía de comunicación para cientos de familias que viven en sus inmediaciones. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE FISCALIZACIÓN Y CIERRE DE VERTEDEROS EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el tiempo que resta al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, solicito que se oficie al seremi de Salud de la Región de La Araucanía y al seremi del Medio Ambiente de la misma, a fin de que me informen sobre el estado de avance del cierre de los vertederos de la región, por ejemplo, el de Boyeco, en la ciudad de Temuco, y el de la ciudad de Traiguén. Asimismo, para que fiscalicen los vertederos clandestinos y microbasurales, como el que se ubica en el centro de la ciudad de Angol, donde estaba la antigua estación de ferrocarriles de Angol, que presenta una situación muy compleja. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. REPARACIÓN DE CAMINOS EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIO) El señor RATHGEB.- De la misma forma, dados los constantes reclamos de vecinos, solicito que se oficie al director de Vialidad de la Región de La Araucanía, a fin de que me informe cuándo se iniciarán las obras de mantención y reparación de la ruta entre la localidad de Pidima, en la comuna de Ercilla, y la comuna de Los Sauces, camino que pasa por el sector de Nupangue y San Carlitos; del camino que comunica el sector de Colpi -comunidad indígena- con la comunidad mapuche de Temulemu, en Traiguén, que también se encuentra en mal estado, y del camino que conecta la comunidad indígena de Molco, en Traiguén, con el sector de Paillahue, en la comuna de Galvarino. En este tramo, la comunidad de Molco solicita la construcción de una vía, pues solo existe un sendero, lo cual les permitiría acceder de manera directa a la comuna de Galvarino. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN ADOPCIONES DE MENORES DE HOGAR MADRE ELEONORA GIORGI, DE PUERTO AYSÉN (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, en mi calidad de diputado, y desde hace algunos años, me he visto fuerte y fielmente comprometido con la adopción. Desde fines del año pasado, he tenido el privilegio de trabajar en la tramitación del proyecto de reforma integral de la adopción en Chile. Desde marzo de este año, fecha en que asumí la presidencia de la Comisión de Familia y Adulto Mayor, mi compromiso ha aumentado aún más. También es importante establecer que cuando hablamos de adopción nos referimos a niños, niñas y adolescentes a los cuales se les han vulnerado derechos -especialmente el de vivir en familia- y que necesitan con la mayor urgencia y celeridad del restablecimiento de tales derechos. Es por lo anterior que me preocupo cuando se habla de posibles irregularidades, pues una cosa es que la ley sea antigua o tenga defectos, y otra distinta las irregularidades y transgresiones de todo tipo de normas, como aquella que me plantearon respecto de adopciones realizadas en estos últimos años en la Región de Aysén, en particular aquellas en que se han visto involucrados niños y niñas del Hogar Madre Eleonora Giorgi, de Puerto Aysén, en donde, según se me ha informado, el Sename requiere que los menores sean declarados susceptibles de adopción sin haber terminado la etapa proteccional; no se busca ni fomenta la reinserción familiar; se dificulta o niega las visitas a los niños y niñas, ordenadas por el tribunal, y donde la mayoría de los niños son adoptados por extranjeros, en circunstancias de que la adopción internacional debería ser la última opción. Bastaría la mitad de los hechos relatados para llamar a alerta máxima. ¿Qué está pasando con los pequeños al cuidado de ese hogar? ¿Es cierta esta grave situación? ¿Por qué sigue ocurriendo? Sin ir más lejos, en diciembre pasado una madre estuvo en huelga de hambre luego de ser despojada de sus hijos. Si buscamos en la prensa de Aysén, podemos descubrir que son muchas las familias que denuncian públicamente estos actos. Algo está pasando y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Por lo tanto, solicito que se oficie a la directora del Sename, con copia al ministro de Justicia, a fin de que informen a esta Corporación sobre lo siguiente: 1. Número, edades y fundamentos de internación de los niños y niñas que tiene bajo su cuidado el Hogar Madre Eleonora Giorgi, ubicado en Puerto Aysén, Undécima Región; 2. Estadísticas y/o registros de ingresos y egresos consignados por el hogar en los últimos diez años, indicando especialmente las causales y el lugar o país de destino de los niños y niñas egresados; 3. Número de niños y niñas entregados en adopción en la Región de Aysén, señalando edades, casa de acogida de la cual egresaron, nacionalidad de sus adoptantes y país de destino, y 4. Un pronunciamiento, tanto del Sename como del Ministerio de Justicia, sobre las irregularidades que se habrían cometido en el hogar mencionado, además de aportar cualquier otro dato que permita el cabal conocimiento de la situación. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE PUESTA EN MARCHA DE TERCERA ETAPA DE NORMALIZACIÓN DEL HOSPITAL HIGUERAS, DE TALCAHUANO (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el tiempo que resta al Partido por la Democracia, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Cristián Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, hace algunas semanas tuve la oportunidad de participar en la acreditación que el Ministerio de Salud realizó en los hospitales Higueras, de Talcahuano, y de Penco Lirquén. Cabe señalar que es el primer servicio de Salud que lo hace en el país. Ahora bien, como se trata de una noticia realmente positiva para el sector, quiero aprovechar la oportunidad de saludar al director del Servicio de Salud de Talcahuano, don Mauricio Jara. Sin embargo, esa buena noticia se ha visto mermada debido a la postergación de la tercera etapa de normalización del hospital Higueras. Como sabemos, se trata de un importante proyecto que cuenta con todas las recomendaciones técnicas para ser financiado por el Ministerio de Salud; no obstante, el anuncio de su puesta en marcha se ha venido postergando durante las últimas semanas. Podemos entender que han ocurrido ciertas situaciones y catástrofes en el sur de nuestro país, pero también es importante entregar una buena noticia a los habitantes de la provincia de Concepción y para la red hospitalaria de la Región del Biobío. Por ello, solicito oficiar a la ministra de Salud, al director del Servicio de Salud Talcahuano y al intendente de la región a fin de saber si durante este semestre o el próximo se realizará el anuncio de la puesta en marcha de la tercera etapa de normalización del hospital Higueras, tan esperada por todos los usuarios de la Región del Biobío. De no ser así, pido que las autoridades señaladas indiquen las razones por los cuales no se entregará financiamiento para llevar a cabo ese proyecto. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN DE ESTEROS Y RÍOS DE LOCALIDADES DE COYA Y MACHALÍ (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el tiempo que resta al Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, el sábado recién pasado tuve la oportunidad de concurrir a una reunión en la comuna de Machalí. A ella asistieron distintos dirigentes sociales y medioambientales de la localidad de Coya. Ellos hicieron presente su preocupación y malestar debido a los niveles de contaminación de las aguas -incluso de la que se bebe- en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Me preocupa enormemente que Codelco -muchos ríos nacen a los pies del mineral El Teniente- no tenga una política clara y transparente respecto de las aguas que circulan por esteros y ríos. Con justa razón, los habitantes reclaman por su alto contenido de arsénico y otros contaminantes. También es importante señalar que las aguas de regadío en la comuna de Machalí y en el sector de Coya reciben aguas servidas. Estamos hablando de una contaminación no menor. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Medio Ambiente y a la ministra de Salud, a fin de que nos remitan todos los estudios y antecedentes que tengan sobre la materia, como asimismo al presidente de Codelco y al director de Essbio. Repito, no se trata de una situación menor; al contrario, es muy grave, sobre todo si no sabemos qué aguas se utilizan para el riego de hortalizas o qué tipo de agua estamos bebiendo. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada Loreto Carvajal y de los diputados José Miguel Ortiz, José Pérez y Hugo Gutiérrez. SOLIDARIDAD CON DEMANDAS DE EXPRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el turno correspondiente al Comité del Partido Comunista, tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉREZ (don Hugo).- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Comunista-Izquierda Ciudadana, quiero expresar mi claro compromiso y solidaridad con las demandas que hoy dan a conocer los expresos políticos. Mi convicción más profunda; los objetivos de verdad, justicia y reparación, en el entendido de que son legal y moralmente irrenunciables y que exigen su satisfacción por parte del Estado de Chile, concurren a los sentimientos de solidaridad de que doy cuenta en esta intervención por el drama que han vivido en sus cuerpos los expresos políticos y víctimas de la tortura durante la dictadura militar. Debieron transcurrir más de trece años para que el entonces Presidente Lagos anunciara la formación de una comisión responsable para reconocer y identificar, de manera rigurosa, a aquellas personas que habían sido víctimas de prisión política y torturas durante la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. Esa misma comisión estableció que los expresos políticos recibirían una indemnización simbólica y austera. Sin duda, fue una buena noticia que esa comisión determinara quiénes habían sido víctimas del gran drama de la prisión política y la tortura. Sin embargo, nos parecía altamente inconveniente que una indemnización fuera solo simbólica y austera, como si la tortura y la prisión política, en el caso de algunos durante muchos años, hubiesen sido también simbólicas y austeras. Como sabemos, no fue así; al contrario, fue un drama que se extendió por todo Chile. Hoy, esas mismas víctimas de esta tragedia se encuentran en huelga de hambre para pedir y exigir al Estado igualar los montos de las pensiones asignadas por la comisión Valech con aquellas derivadas del informe Rettig; terminar con la incompatibilidad de las pensiones establecidas para los exonerados políticos y las que benefician a las víctimas de prisión política; exigir una indemnización justa por los días de detención; crear una instancia de calificación permanente para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que se levante el secreto de cincuenta años que pesa respecto de los antecedentes proporcionados por las víctimas a esa comisión creada en su oportunidad por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Asimismo, que el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior asuma las querellas por torturas, respecto de las cuales hasta hoy no se hace cargo. Señor Presidente, creemos que estas demandas y reivindicaciones son mínimas. Por las razones expuestas, pido que esas demandas sean satisfechas por el Estado. ¡Nos parece inaceptable que hasta el día de hoy esas víctimas de torturas tengan que recurrir a una huelga de hambre y exponer nuevamente sus cuerpos para exigir una demanda que el Estado debió haber satisfecho desde que se inició la transición democrática y no haber tenido que esperar trece años, ni menos treinta, como sucede ahora, para reparar como corresponde, en verdad, en justicia, las correspondientes indemnizaciones, catalogadas de simbólicas y austeras, para que se establezcan proporcionalmente al daño sufrido. He dicho. SOLIDARIDAD CON DEMANDAS DE EXPRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el tiempo adicional de cinco minutos a que tiene derecho cada bancada una vez cada tres semanas, tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal, del Partido por la Democracia. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención haciéndome cargo de las palabras expresadas por el diputado Hugo Gutiérrez. Justamente ayer tuve la oportunidad de reunirme con las dirigentes de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Chile, María Candelaria Acevedo, y de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Concepción, Yolanda Concha. Entendemos esta legítima petición, en el sentido de que el Estado debe hacerse cargo de sus demandas; solidarizamos absolutamente con todos los huelguistas de hambre que hoy se encuentran en la Catedral de Concepción, siete chilenos que han sufrido tortura. En mi calidad de parlamentaria de la Región del Biobío, concuerdo y solidarizo con cada una de sus peticiones. Espero que los compromisos adquiridos por nuestra Presidenta Bachelet, señalados en su programa de gobierno, se concreten con carácter de urgencia. INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN DE VIVIENDAS FISCALES EN LOCALIDAD DE MONTE ÁGUILA, COMUNA DE CABRERO (OFICIOS) La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, en la localidad de Monte Águila, comuna de Cabrero, desde hace 35 o 40 años funcionarios públicos habitan, en calidad de arrendatarios, ocho viviendas fiscales pertenecientes al FNDR de Bienes Nacionales. Hoy, el destino de esas viviendas es incierto. Por ello, solicito que se oficie al ministro de Bienes Nacionales y, por su intermedio, al seremi de Bienes Nacionales de la Octava Región para que informe qué destino tienen esas ocho viviendas fiscales ubicadas en la localidad de Monte Águila, comuna de Cabrero, cuyos arrendadores se ven impedidos de hacer mejoras en las viviendas, porque no tienen dominio sobre ellas. En este mismo sentido, pido que se oficie al intendente de la Región del Biobío, porque en 2006 esos funcionarios recibieron una carta en la que se les proponía adquirir esas viviendas. Han pasado nueve años y la incertidumbre es total, por lo que han solicitado información sobre este caso a la Intendencia de la Región del Biobío. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Hugo Gutiérrez. INFORMACIÓN SOBRE CORTES DE CAMINOS, TALAJE DE ÁRBOLES Y DETONACIONES A CONSECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN COMUNA DE SAN FABIÁN (OFICIOS) La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, quiero exponer la situación catastrófica que hoy vive la comuna de San Fabián, a raíz de la construcción de una central hidroeléctrica. En oficios anteriores he mencionado que dicha central en principio iba a ser de paso, pero hoy tiene todas las características de una central hidroeléctrica. La ciudadanía se ha visto perjudicada, por ejemplo, con cortes de caminos o de vías principales. Por lo anterior, solicito que se oficie al director de Vialidad de la Región del Biobío para que informe si existen las autorizaciones correspondientes para que se realicen esos cortes de camino, que entorpecen el tránsito de los vecinos y que van en directo beneficio de la construcción de esa central hidroeléctrica. Al parecer, la empresa Hidroñuble, a cargo de la obra, está incumpliendo todas las normativas medioambientales y afectando la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, pido que se oficie al ministro de Agricultura y, por su intermedio, al director nacional de Conaf, puesto que la empresa Hidroñuble ha talado no solo pinos, sino también especies autóctonas, y ello no está siendo reparado. Esos árboles talados han sido ocultados en las quebradas y en la zona cordillerana de San Fabián. Al respecto, quiero denunciar que esos árboles talados han contaminado canales que la gente del sector y los animales utilizan para beber. Hoy, a esas personas les es imposible acceder a esos canales. Al parecer, a raíz de lo anterior, los cinco integrantes de una familia de San Fabián se encuentran enfermos, sin poder determinarse si se trata del virus hanta o de otra enfermedad. De manera urgente pido conocer cuáles son las sanciones por esta tala al parecer ilegal. Por último, solicito que se oficie al ministro de Defensa Nacional y, por su intermedio, al jefe de la Octava Zona de Carabineros de la Región del Biobío, puesto que la empresa Hidroñuble está ejecutando detonaciones en una de las laderas del río Ñuble. En mi calidad de diputada, como representante de los habitantes del lugar, pido que Carabineros y el Ministerio de Defensa Nacional informen si estas detonaciones cuentan con las autorizaciones correspondientes y si han sido fiscalizadas, debido al riesgo que producen entre nuestros vecinos. He dicho. El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado Hugo Gutiérrez. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.45 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones IX. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 14.21 horas. El señor CERONI (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. INYECCIÓN DE RECURSOS PARA ENFRENTAR DAÑOS EN COMUNAS DE PUERTO VARAS Y PUERTO MONTT A CONSECUENCIA DE ERUPCIÓN DE VOLCÁN CALBUCO (OFICIOS) El señor CERONI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, solicito que se oficie a la Presidenta de la República, al ministro de Economía, Fomento y Turismo; a la ministra de Vivienda y Urbanismo, y a los ministros de Agricultura, de Transportes y Telecomunicaciones, del Inte- rior y de Obras Públicas, con el objeto de que atiendan en profundidad la situación que nos afectó como región en los últimos días, conocida por todo el país, en relación con la erupción del volcán Calbuco y todo lo que ello implica. Para nadie es un misterio que nuestra región, en particular las comunas de Puerto Varas y Puerto Montt, ha sufrido efectos devastadores luego de la erupción del volcán. Se ha trabajado arduamente en los albergues, tanto de Puerto Montt como en el instalado en el Liceo Pedro Aguirre Cerda, en Puerto Varas, que aloja a más de doscientas familias. Quiero agradecer a todos los voluntarios del Gobierno Regional, de la intendencia, del Cuerpo Militar del Trabajo y de todos los organismos municipales, los que han jugado un rol importante en la atención de los miles de damnificados de ambas comunas, algunos instalados en albergues oficiales y otros allegados en casas de familiares. Quiero señalar que los efectos devastadores a consecuencia de la erupción del volcán Calbuco han significado pérdidas millonarias. A la fecha, solo en el ámbito de infraestructura vial, los daños ascienden a 30.000.000.000 de pesos, lo cual implica que el Ministerio de Obras Públicas deberá llevar adelante un gran plan de acción que abarque todos los sectores incluidos en el radio de 20 kilómetros de exclusión en Puerto Varas y sectores como Colonia Tres Puentes, Colonia Cuatro de Septiembre y Colonia Río Sur, que han sido directamente afectados por la erupción, sin desconocer los efectos directos que ha sufrido Ensenada y sus alrededores. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, con el fin de que nos dé a conocer un plan integral de trabajo que permita llegar con soluciones efectivas y reales a los miles de familias rurales de la comuna de Puerto Varas, que tiene precarios niveles de conectividad y que, a consecuencia de esta crisis -paradójicamente-, tendrá la oportunidad de desarrollarse. Las familias campesinas han debido paralizar todas sus actividades productivas, por lo que, aparte del bono anunciado por el gobierno, me parece necesario buscar mecanismos que permitan recuperar los terrenos, contaminados con alrededor de 50 centímetros de material expulsado por el volcán; los campos están absolutamente devastados. Aparte de este millonario aporte, que se valora tremendamente, porque serán más de dos mil familias las que recibirán un bono de 1.500.000 pesos para sus actividades agrícolas y productivas, es importante profundizar en aquellas materias. Además, pido que se oficie al ministro de Economía, Fomento y Turismo, con el fin de que solicite todos los recursos necesarios para ir en ayuda de cientos de microempresarios, pymes, medianas empresas, pequeñas empresas y grandes empresas que han visto afectada su economía local. Sin el turismo, Ensenada y sus alrededores, así como Puerto Varas, no son nada. Por lo tanto, solicito no solamente el apoyo de un Capital Abeja Emprende o Capital Semilla Emprende de 10.000.000 de pesos, sino buscar todos aquellos recursos necesarios -lo señaló el ministro del Interior en su visita a la zona- para reconstruir el sector desde el punto de vista económico. En cuanto a Vivienda, estamos muy contentos con lo que ha hecho la ministra, pero solicito que se oficie a la titular de esta cartera con el propósito de que incorpore a todas las familias que están en calidad de allegadas y que quedaron sin nada, por cuanto eran arrendatarios apatronados, es decir, inquilinos agrícolas. También debemos ayudar a los transportistas que realizan recorridos diarios entre Puerto Varas y los sectores afectados, como Ralún, Ensenada, Cayutué, Cochamó, etcérera. Esas personas no están trabajando y los bancos los presionan para que paguen las letras que han firmado para adquirir vehículos nuevos. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que elabore un plan integral que vaya en beneficio de los transportistas, de los guías turísticos y de los boteros del lago Todos los Santos. Para finalizar, vecinos me pidieron que agradeciera en la Cámara de Diputados el rol fundamental de los medios de comunicación radial, en particular de Radio Gratíssima, de Puerto Varas, que desde el primer minuto han jugado un rol de compañía y de solidaridad con la gente, al igual que otros medios de comunicación de la capital regional. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. MEDIDAS ADOPTADAS POR AUTORIDAD DE EDUCACIÓN ANTE IRREGULARIDADES ACADÉMICAS EN FACULTAD DE DERECHO DE UNIVERSIDAD CENTRAL (OFICIO) El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. La señorita VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, como es de público conocimiento, académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Central denunciaron ante la excelentísima Corte Suprema una serie de irregularidades académicas, como la disposición de comisiones de exámenes simuladas y la falsificación de aprobaciones de cursos de pregrado. Según expresaron en su denuncia, estos hechos consistían en procedimientos fraudulentos destinados a recibir “actas de examinación aprobadas previamente” de ramos de Derecho realizados durante años anteriores por alumnos que convalidaron estudios en la Universidad Central. Adicionalmente, la Corte Suprema resolvió invalidar algunas convalidaciones realizadas por la Universidad Central, disponiendo rechazar expedientes de titulación que estaban en trámite, a fin de que se realizaran nuevamente los exámenes impugnados. Esta situación, por cierto, solo perjudica a los estudiantes que estaban ad portas de obtener su título profesional, en circunstancias de que el origen del problema es de exclusiva responsabilidad de las autoridades de la facultad y de la Universidad Central. Al respecto, especial atención merecen las declaraciones de la exdirectora de Memorias y Títulos de la institución, señora Giannella Sonatore, quien aseguró que los máximos directivos del plantel sabían del tema y que, al conocerse públicamente el escándalo, “la solución ideada para corregir y justificar las irregularidades que se habían cometido fueron llevadas desde la Facultad y Escuela, tratadas y confirmadas en sedes de las máximas unidades responsables de la Universidad.”. Todos estos antecedentes amenazan el efectivo ejercicio del derecho a la educación de los estudiantes convalidados que actualmente cursan estudios en la Universidad Central, pues carecen de toda certeza respecto del cumplimiento de requisitos mínimos para la obtención de su título profesional de abogado. Por lo tanto, solicito que se oficie al jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, con el fin de que nos informe sobre las medidas que ha adoptado o las que adoptará respecto de esta grave situación que afecta a la institución denunciada. He dicho. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien preside. LICITACIÓN SIMULTÁNEA DE PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES TIPO 4 EN COMUNAS DE HUASCO Y DIEGO DE ALMAGRO (OFICIO) La señorita VALLEJO, doña Camila (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señora Presidenta, como es de público conocimiento, hace aproximadamente treinta días la Región de Atacama sufrió una grave tragedia, que la ha dejado con secuelas importantes que requieren ser atendidas. Una de las cosas que necesariamente debemos hacer, a mi juicio, es apurar lo más posible las obras públicas que están en proceso de licitación o construcción en la región, principalmente las del área de salud, de educación, etcétera. En este sentido, el convenio de programación de la región incluye la construcción de dos hospitales: uno en Huasco y otro en Diego de Almagro. Sin embargo, según el procedimiento normal de adjudicación y construcción de un hospital, primero se licita el diseño del proyecto y luego se requiere un nuevo proceso de licitación para adjudicar su construcción. En suma, todo el proceso demora entre tres y cuatro años. No obstante, la actual administración ha desarrollado un procedimiento que me parece interesante, sobre todo para esta clase de hospitales, los tipo 4, que son más fáciles y rápidos de construir. Dicho procedimiento consiste en que el diseño y la construcción del proyecto se licitan en un solo acto, por lo que, si se ocupa para estos dos hospitales, se podría llamar a licitación en el más breve plazo, quizá durante el presente año, y adjudicarse a principios del próximo, de modo que la construcción podría comenzar a mediados de 2016. Esto es muy importante, porque de ser así, dado que se trata de hospitales de menor tamaño, incluso podría alcanzar a inaugurarlos la Presidenta Michelle Bachelet. En consecuencia, solicito oficiar a la ministra de Salud a fin de que se pronuncie al respecto y se inicien las acciones tendientes a que haya una sola licitación para adjudicar el diseño y la construcción de ambos hospitales. La señorita VALLEJO, doña Camila (Presidenta accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. ESTUDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE COSTO Y CALIDAD DE VIDA EN REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS) El señor ROBLES.- En otro orden de cosas, el señor intendente de la Región de Atacama se comprometió a que a principios del presente año el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizaría un estudio sobre el costo de la vida en la región, con el fin de que haya antecedentes claros que permitan entregar un bono a los funcionarios públicos, relacionado con la calidad y el costo de la vida en Atacama. Es importante que se realice dicho estudio, por cuanto después del desastre ocurrido hace un mes el costo de la vida se ha incrementado mucho en la región, al punto de que si antes un kilo de pan costaba poco más de mil pesos, hoy cuesta casi el doble. Todos los insumos han subido de precio, dado que como hay menos posibilidades de contar con comercio, quienes se dedican a esa actividad han aumentado los precios. Las leyes del mercado actúan inexorablemente, sobre todo en situaciones de emergencia. Ante estas circunstancias, solicito que se oficie a la directora del Instituto Nacional de Estadísticas para que me envíe una clara respuesta en relación a si ya se inició el estudio sobre el costo de la vida en Atacama y así dar cumplimiento al compromiso que el Ministerio del Interior, a través del señor intendente de la Región de Atacama, adquirió con los funcionarios públicos de esa región. Pido que se envíe copia del oficio al ministro de Economía y al intendente de Atacama, y copia del texto de mi intervención a todos los gremios del sector público que forman parte de la llamada mesa del Sector Público de Atacama. He dicho. La señorita VALLEJO, doña Camila (Presidenta accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.36 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 26. INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA CONJUNTA DE: A) “LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS EN RELACIÓN CON LA FISCALIZACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS PENTA Y SUS SOCIOS CONTROLADORES, LAS DONACIONES A LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO Y LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS[1], Y B) LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO ELECTORAL FRENTE A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES[2]. “Honorable Cámara. Vuestra Comisión Investigadora Conjunta, pasa a informaros sobre la materia del epígrafe. I.- COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA CONJUNTA, AL TENOR DE LOS ACUERDOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ORDENARON LA CREACIÓN. La Cámara de Diputados, en su sesión 77ª, de 8 de octubre de 2014, acordó crear dos comisiones especiales investigadoras: Una, ante la petición formulada por cincuenta y cuatro diputados y diputadas, de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República para “conocer las acciones de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos al grupo de empresas Penta durante el período en que se cometieron los ilícitos tributarios denunciados a la justicia; las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos en relación con las donaciones efectuadas a la Universidad del Desarrollo por el citado grupo y sus socios controladores, Carlos Alberto Délano Abott y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro; la información recabada por el mismo Servicio acerca de las sociedades y empresas relacionadas con la mencionada casa de estudios; las acciones de fiscalización y la información recabada por la Superintendencia de Seguros y Valores respecto de las empresas Penta, y las contribuciones financieras hacia partidos políticos efectuadas por éstas y sus socios controladores. Asimismo, se encomienda a esta Comisión Especial Investigadora la determinación de las eventuales responsabilidades políticas involucradas.” (Oficio N° 11.519). Otra, ante la petición formulada por cuarenta y ocho diputados y diputadas, , de conformidad con lo preceptuado en la letra c) del número 1 del artículo 52 de la Constitución Política de la República para “analizar las presuntas anomalías relativas a los aportes privados a las campañas parlamentarias y presidenciales desde que este método de financiamiento electoral entró en vigencia; el tratamiento, la sistematización y las formas de control del Servicio Electoral; el modo en que los partidos políticos captan recursos y en que son distribuidos entre sus candidatos, así como también determinar cómo opera este sistema de aportes en las candidaturas presidenciales y la participación del Estado en apoyo de una u otra candidatura, precisando, a vía ejemplar, si las inauguraciones de infraestructura pública, viviendas sociales u otras en tiempo de campaña se podrían cuantificar como aporte al candidato de Gobierno.” (Oficio N° 11.520).- II. ANTECEDENTES GENERALES. Breve resumen de antecedentes expuestos por los diputados solicitantes en cada una de las Comisiones Investigadoras, que funcionaron en conjunto. Comisión que investiga actuaciones de SII y SVS por grupo Penta. Los diputados solicitantes hacen presente que la opinión pública fue informada el 26 de agosto de 2014, de la denuncia ante el Ministerio Público interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos en contra de los socios del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para que los investigue como presuntos autores de delitos tributarios, que habrían ocasionado un perjuicio fiscal de unos $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos). Tales hechos se habrían verificado entre 2009 y 2014. El caso, a su vez, se desprende de otro referido con fraude al denominado FUT (Fondo de Utilidades Tributables), en que aparecen involucrados ex altos ejecutivos del mismo grupo económico. El extenso período en que se habrían cometido los ilícitos revela debilidades en la actividad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, que coinciden con la flexibilidad para condonar grandes deudas a contribuyentes, como aconteció en el caso Johnson's. El Grupo Penta, nacido del proceso de privatizaciones de empresas del Estado durante la dictadura militar, participa en diversos mercados tales como el financiero, los seguros, la salud y el negocio de la educación. Dicho holding cuenta entre sus empresas a la Universidad del Desarrollo (UDD), según se lee en su página web corporativa, cuyo control lo ejerce a través de la propiedad de empresas relacionadas con esa casa de estudios, en la cual designa a dos de sus miembros del Consejo Directivo. No obstante participar de su propiedad, el Grupo Penta efectúa habitualmente millonarias donaciones a la Universidad, alcanzando éstas un monto de mil millones de pesos durante el año 2013. Resulta indispensable dilucidar si estas donaciones constituyen o no una forma encubierta de lucro. Cabe señalar que la UDD, está mencionada en el Informe de la Comisión Investigadora sobre funcionamiento de la Educación Superior en Chile y cumplimiento de las normas que prohíben el lucro en las universidades, como también es una de las instituciones investigadas por lucro por el Ministerio Público. Por lo anterior, se solicita -en términos generales- que la Comisión Investigadora que se cree investigue especialmente lo siguiente: a) Las acciones de fiscalización efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos al grupo de Empresas Penta durante el período en que se cometieron los ilícitos tributarios denunciados a la Justicia, y la información que posea en torno a la eventual comisión de otros hechos constitutivos de delitos; b) Las actuaciones de dicho Servicio en relación a las donaciones efectuadas a la UDD por las Empresas Penta y sus socios controladores Carlos Alberto Délano Aboot y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, y de las empresas relacionadas con dicha casa de estudios. c) Las acciones de fiscalización y la información recabada por la Superintendencia de Seguros y Valores (SVS) respecto del mismo grupo de empresas y sometidas a su fiscalización; d) Las contribuciones financieras hacia partidos políticos efectuadas por esas empresas y sus socios controladores Carlos Délano Aboot y Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro; y e) Determine las eventuales responsabilidades políticas y administrativas involucradas. Comisión que investiga actuaciones del Servel a las campañas electorales. Los diputados solicitantes apuntan a la necesidad de analizar las presuntas anomalías relativas a los aportes privados a las campañas parlamentarias y presidenciales desde que este modo de financiamiento electoral entró en vigencia, y conocer cómo esta modalidad de financiamiento se ha ido realizando a lo largo de las distintas campañas políticas, el tratamiento, sistematización y formas de control del servicio electoral, la forma en cómo los partidos políticos captan recursos y cómo se distribuyen entre sus candidatos, el modo cómo opera en la candidaturas presidenciales y la participación del Estado en apoyo de una u otra candidatura. III. RELACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA COMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO. La Comisión, para el cumplimiento de su cometido, destinó 21 sesiones ordinarias y especiales, en las que procedió a escuchar las opiniones y las declaraciones de las personas invitadas y citadas, cuya nómina es la siguiente: IMAGEN Cada uno de ellos expuso sus particulares puntos de vista en relación a los temas, tanto de carácter general como particular, que fueron objeto de su invitación y/o citación, que se les señaló específicamente, así como manifestaron su punto de vista sobre la situación investigada. Por acuerdo unánime de la Comisión, se deja constancia que fueron invitadas las siguientes otras autoridades y personas, las cuales no concurrieron: IMAGEN IV. EXTRACTO DE LAS EXPOSICIONES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS INVITADAS A LA COMISIÓN. A continuación, las intervenciones serán agrupadas en base a los servicios públicos e instituciones que expusieron: Servicio de Impuestos Internos. a. Director del Servicio de Impuestos Internos, señor Michel Jorratt. El Director del SII concurrió a la Comisión en dos oportunidades: 1) Se refirió a las actuaciones que tuvo el Servicio de Impuestos Internos en la fiscalización del grupo de empresas Penta. Sobre el particular expresó que todo lo que se refiere al denominado caso Penta, está en reserva y, por lo tanto, no puede referirse en detalle sobre el tema (a la fecha de su primera citación: 15 de diciembre de 2014). 2) Fue citado con posterioridad a que se había levantado el secreto de la investigación, y concurrió el 21 de enero de 2015. En la primera oportunidad declaró, lo que en términos generales se pasa a exponer en esta primera parte. Cronología de los hechos que tienen que ver con el denominado caso FUT-Penta. Recordó que este caso se inicia el año 2012, específicamente el 28 de septiembre de ese año, por medio de un aviso entregado por una de sus direcciones regionales, respecto de un posible fraude vinculado al FUT, que consistía básicamente en que, con la clave de algunos contribuyentes, se procedía a intervenir las declaraciones antiguas de algunas empresas, alterando información relativa al FUT, lo que posibilitaba que posteriormente esas mismas empresas o personas tuvieran derecho a una devolución denominada: “devolución por pago provisional por utilidades absorbidas”, que se produce cuando las empresas tienen una pérdida y han pagado impuestos en años anteriores, entonces la ley actual permite recuperar el impuesto pagado anteriormente. Explicó que esta figura consistía -básicamente- en modificar las declaraciones anteriores de los contribuyentes para generar una pérdida y posteriormente solicitar una devolución, cuestión que se hacía con conocimiento de los contribuyentes y en donde también estaban involucrados un par de funcionarios del SII. Con fecha 12 de octubre del año 2012, la Subdirección de Fiscalización remitió los antecedentes al Departamento de Delitos Tributarios, respecto de 122 contribuyentes que habrían obtenido estas devoluciones indebidas de Impuesto a la Renta, por concepto de pérdidas por utilidades absorbidas, lo que se hizo durante los años 2007 al 2010, precisó. Conforme lo establecido en el Código Tributario, en el artículo 161 N° 10, el Departamento de Investigación de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos (Didet) inició un proceso de recopilación de antecedentes, a través del cual se notificó y se interrogó a sesenta contribuyentes para que aportaran los antecedentes respecto a esas figuras. A raíz de dicho proceso -agregó- diez meses después, el 12 de agosto del año 2013, se emitió un informe por parte de la Asesoría Jurídica del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios, en donde se determinó que hubo participación en esta gestión de seis contadores más dos funcionarios del Servicio; el señor Iván Álvarez Díaz y la señora Mitzi Carrasco Rioseco, ambos de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, que involucraba un grupo de 122 contribuyentes que habían obtenido devoluciones maliciosas de impuesto a través de la figura ya indicada. Aclaró que todas esas operaciones se llevaron a cabo durante los años 2009 al 2012, pero decían relación con declaraciones tributarias del año 2007 al año 2010. Dos días después, es decir, el 14 de agosto del año 2013, el SII denunció ante el fiscal adjunto, jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa de la época, señor Carlos Gajardo Pinto, las irregularidades que constituían delitos tributarios, previstos en los artículos 97 N°4 y el 100 del Código Tributario. Agregó que, el 13 de septiembre de 2013, el Servicio interpuso una querella criminal en contra de uno de los contadores, don Iván Álvarez Díaz quien, a esas alturas, era ex funcionario del SII y de otros siete contribuyentes, y en contra de todos los que resultaren responsables en la comisión de esos delitos, querella que fue acogida a tramitación ese mismo día. En paralelo -dijo- el Consejo de Defensa del Estado, el 13 de noviembre de 2013 presentó una querella en contra de Sergio Díaz Córdova e Iván Álvarez y en contra de todos aquellos que resultaren responsables por la comisión de delitos de cohecho, fraude al fisco e infracción al artículo 3° de la ley N° 19.223. Posteriormente, el 2 de diciembre de 2013, se presentó una ampliación de la querella por el Servicio en contra de otras 42 personas, contadores y contribuyentes, que también habían participado de los hechos. Por último -dijo- el 25 de julio de este año, el Servicio de Impuestos Internos presentó una nueva ampliación en contra de otras 76 personas involucradas en estos ilícitos, dentro de las cuales se incluía a una exfuncionaria: señora Mitzi Carrasco Rioseco. Indicó que el perjuicio fiscal de este fraude al FUT se estimó, en su minuto, en un monto equivalente a 2.700 millones de pesos. Arista política del caso Penta. Señaló que es una derivación del caso principal, que es el fraude al FUT. El Servicio de Impuestos Internos no persigue la arista política, sino que solo lo que tiene que ver con fraudes tributarios. Se hizo una denuncia y no una querella, porque a esa altura no estaban todos los antecedentes necesarios para configurar una querella, básicamente porque el delito investigado decía relación con el uso indebido de boletas falsas. Luego se hizo cargo de algunos cometarios como es relación a que en casos de boletas falsas, lo que correspondería es rechazar el gasto. Ante ello, aclaró que eso es completamente errado. ¿Cuándo se aplica rechazo de un gasto? Ocurre cuando en una empresa se incurre en un gasto, en una prestación de servicios que realmente existió. Por ejemplo, un empresario que le paga un sueldo a su cónyuge por un trabajo que realmente se prestó. Eso se rechaza porque la ley no admite que el dueño de una empresa pague remuneraciones a su cónyuge. Cosa muy distinta es cuando la operación que está detrás de esa boleta de honorarios es una operación que no existe, una operación falsa. En esas situaciones -dijo- lo que hizo el Servicio es denunciar, pues hay un fraude tipificado en el Código Tributario. Hizo hincapié que el Servicio actuó en este caso igual como lo ha hecho en otros casos. Reiteró que esta arista denominada caso Penta surge a partir del fraude al FUT y producto de las declaraciones que presentaron algunos de los imputados en el caso, particularmente, un señor de nombre Jorge Valdivia y el propio Iván Álvarez, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, a través de lo cual se tomó conocimiento que el exdirector de Banco Penta, señor Hugo Bravo, habría tenido una participación indebida en devoluciones de impuestos de empresas con pérdidas. Añadió que esto opera normalmente así, cuando hay una investigación que está radicada en el Ministerio Público, cualquier antecedente que diga relación con un posible delito tributario tiene que ser enviado por el fiscal al SII. Entonces, el fiscal envió estos antecedentes al SII, el cual los analizó y determinó que había mérito para presentar una denuncia. Es así como el 29 de julio de este año, el SII presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente en contra del exdirector del Banco Penta, señor Hugo Bravo López, para que se le investigara como presunto autor de delito tributario por obtención indebida de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades que eran de su propiedad. Luego, hubo una segunda denuncia derivada de nuevos antecedentes que envía el fiscal al Servicio de Impuestos Internos y, esos antecedentes una vez analizados, el SII consideró que era pertinente presentar una segunda denuncia, en este caso, en contra de los fundadores del Grupo Penta por el presunto delito de rebaja indebida de la renta líquida imponible en las sociedades Inversiones Penta III Limitada, toda vez que registraron como gasto dentro de su contabilidad boletas de honorarios falsas de sus cónyuges por servicios que nunca fueron prestados. Esta misma acción -dijo- se dirigió en contra de determinadas personas que fueron mencionadas: empresas y personas naturales, en particular en contra de su calidad de socios y representantes legales de las empresas de inversiones Penta Tres Limitada; de las personas antes mencionadas, de Samuel Irarrázaval Larraín, representante legal de la inmobiliaria Los Estancieros S.A, en contra de Hugo Bravo López, representante legal de otras empresas involucradas y en contra de todos aquellos que resultaran responsables. Tercera denuncia del Servicio de Impuestos Internos, ocurrida el 8 de octubre de 2014. A raíz de nuevos antecedentes enviados por el fiscal es cuando surge la arista política. Señaló que se presentó contra una serie de empresas, Grupo Penta, donde se detectaron el uso de boletas presumiblemente, falsas ideológicamente vinculas a una serie de contribuyentes; algunos de carácter permanente y otros en situaciones más puntuales. Destacó que para el SII no surge un tema necesariamente político. Ellos están detrás de boletas ideológicamente falsas. De hecho, la denuncia es en contra de las empresas y de algunas personas en calidad de emisores reiterados de boletas sin que hubiera una contraprestación real de servicios y también en contra de quienes resultaran responsables. Reiteró que los tres casos relatados son denuncias, no querellas, que habilitan al fiscal para investigar y determinar si finalmente existe delito tributario que amerite una querella por parte del SII. Consultado sobre qué acciones adoptará el Servicio de Impuestos Internos en el caso sobre fraude al FUT para que esto no vuelva a ocurrir, señaló que desde que se detectaron los fraudes al FUT -los originales- el Servicio comenzó a implementar una serie de medidas. Primero, se suspendieron momentáneamente las devoluciones por PPUA (Pago Provisional por Utilidades Absorbidas). Además, se revisaron los algoritmos del cruce de información de la Operación Renta y se realizaron las correcciones para evitar que volviera a pasar. Asimismo -dijo- se están desarrollando -y ya se han hecho- algunos sumarios internos para detectar la responsabilidad de funcionarios que pudieran estar involucrados. Consultado sobre cuándo se da el uso indebido de pérdidas tributarias, explicó que ello ocurre cuando los datos de la pérdida son falsos. O sea, se intervenía la declaración para incrementar el costo directo de los bienes y de esa forma poner una pérdida ficticia; por lo tanto, el valor de pérdida era falso. Aclaró que no es un tema interpretativo, sino que se falsearon los antecedentes de la declaración. Respecto de las restricciones para las personas que prestan servicios a empresas familiares, entiende que hoy la ley de la Renta establece que se considera un gasto rechazado cualquier remuneración pagada al cónyuge o a los hijos del empresario. Tal es la restricción, dijo. O sea, eso no se puede considerar un gasto para fines tributarios, precisó. Preguntado si ¿ello implica que está prohibido que trabaje un familiar, el hijo o la cónyuge en la empresa de su esposo? Respondió que No. Afirmó que pueden trabajar, pero la remuneración no se considera gasto. Representa una especie de retiro de utilidades en manos del dueño. No está prohibido; el gasto se rechaza, acotó. Destacó que el concepto de gasto rechazado no significa que la empresa esté n falta. Hay una serie de gastos que legítimamente la empresa puede hacer. Por ejemplo, puede poner un automóvil a disposición del gerente, pero el gasto por dicho concepto se rechaza. No se permite su rebaja con fines tributarios. Lo mismo se aplica para cualquier otro gasto que no sea necesario para producir la renta: se rechaza. Luego hizo hincapié que el gasto rechazado no es un delito. El delito consistiría en que la prestación del servicio no fuera real. Consultado si ¿existe algún delito tributario desde el punto de vista político?, indicó que su misión es investigar delitos tributarios. Las denuncias se hicieron por el uso de boletas y facturas ideológicamente falsas, es decir, que representaban montos de gastos y erogaciones sin que hubiera existido una prestación real. Ahora, si en teoría ese gasto se vincula con una donación política, se estaría frente a un delito tributario. A la pregunta de ¿quiénes son los responsables de la falsificación ideológica? el Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señor Christian Vargas, respondió que sus denuncias están basadas en el artículo 97,N° 4°, inciso primero y final, del Código Tributario. Precisó que las conductas analizadas, por las cuales se persiguen delitos tributarios, son respecto de quien facilita el uso de facturas o boletas falsas. El emisor de la factura también puedo ser objeto de sanción penal si participó con dolo en tal hecho. Por parte de la empresa, o quien recibe, registra y usa la boleta o factura de servicios ficticios, con el objeto de deducirlo como gasto en forma indebida -solo para reducir la real carga tributaria- también comete un delito. El que incita también puede ser objeto de sanción penal si es autor, pero esa participación es materia de la investigación y es el fiscal quien debe establecerlo, acotó. Consultado sobre las fechas en que fueron emitidas las facturas presumiblemente falsas, el señor Jorratt expresó que ello es parte de la investigación y, por tanto, no es un dato que pueda revelar. Si, dijo que se trata de boletas de varios años; no hay fechas precisas. Lo mismo se aplica para los montos involucrados. Consultado por los nombres de las cónyuges involucradas, comentó que ello es información pública y que no recuerda los nombres. Respecto de cómo consta que las boletas de las cónyuges eran falsas, dijo que ello tiene relación con los antecedentes que surgen en la investigación. Comentó que en términos generales puede ser producto de declaraciones, de la no existencia de contratos, pero es parte del secreto de la investigación. A las consultas de ¿qué pasa con los dineros negros, es decir, aquellos que son sin boleta? y ¿cuál es el rol del Servicio en dichos casos? Dijo que además de investigar dichas situaciones deben entregar los antecedentes a la Unidad de Análisis Financiero para que investigue el origen de esos dineros. A la pregunta: ¿Al Servicio de Impuestos Internos le importa la falta de insinuación en una donación? El Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señor Cristian Vargas explicó que si es evadido el impuesto de donaciones, desde luego que también puede ser objeto de fiscalización. Si la evasión configura un delito, puede ser perseguido penalmente. Tal es la tarea del Servicio, añadió. Agregó que el director del Servicio de Impuestos Internos en Chile tiene la facultad de deducir la acción penal y para eso el artículo 161, N°10, del Código Tributario, establece la posibilidad de hacer recopilación de antecedentes, los que surgen de la fiscalización o de la noticia que da al Servicio el Ministerio Público, como ocurrió en el caso que es analizado en esta Comisión. Aparte de ello -dijo- otros antecedentes son detectados por el propio Servicio. Todos los casos, por ejemplo de donaciones que configuran delitos o en otros casos de delitos tributarios, siempre son objeto de una recopilación de antecedentes por parte del Servicio. En el caso que se consulta, se trata de una donación que configura delito de todas maneras. Además -dijo- la ley de impuesto sobre herencias y donaciones en su artículo 63, establece desde fines de los años 60 una norma antielusión que permite al servicio investigar con un principio de prevalencia de la sustancia sobre la forma, pudiendo incluso analizar contratos y ver si son efectivos, si las obligaciones fueron o no cumplidas, etcétera. Eso es parte de la labor que debe cumplir el Servicio reiteró. ¿Qué ocurre con la ley de beneficios tributarios para donaciones políticas? El señor Jorratt, aseveró que esta ley determina que el beneficio tributario consiste en que la donación que hacen las empresas con fines políticos se puede deducir solo como gasto. No hay derecho a crédito como en otras leyes de donación. Existe un tope en el monto de la donación permitida por todas las leyes de donaciones, que piensa es el 2,5% de la renta líquida -por el global-, y también existen topes individuales. Sobre el concepto de factura falsa, explicó que se entiende que existen dos tipos de facturas: las materialmente falsas, que es cuando no tienen timbre o tienen un timbre falso y las ideológicamente falsas, que son facturas que fueron timbradas por un contribuyente en Impuestos Internos, pero que describen transacciones que en la realidad no existieron. El señor Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señor Cristian Vargas ahondó sobre el particular y señaló que esta distinción entre facturas materialmente falsas y facturas ideológicamente falsas no es reciente, sino que viene desde hace tiempo. Cualquiera que conozca derecho tributario o la legislación tributaria lo sabe. De hecho, hay sentencias condenatorias emanadas de la Corte Suprema, donde personas que han usado y registrado boletas de honorarios maliciosamente falsas han sido objeto de sanción penal. Dio como ejemplo el denominado caso Inverlink, donde el Servicio ejerció la acción penal por el registro malicioso y uso de boletas de honorarios ideológicamente falsas. Agregó que han existido otros casos, este no es el único, y conviene precisarlo porque también se ha dicho públicamente que el caso Penta ha mostrado un cambio de criterio por parte del Servicio, lo cual es completamente falso. El Servicio ha denunciado y ha ejercido acción penal en distintas épocas por situaciones similares a la actual. El caso Inverlink es el más famoso de todos. La única diferencia con los casos anteriores es que el caso actual involucra a personas importantes, pero los criterios históricos del Servicio son los que han aplicado en el denominado caso Penta. Consultado si ¿en esos casos las condenas han sido penas de carácter aflictivo?, respondió que ha habido condenas con penas aflictivas en algunos casos y en otros no. Aclaró que lo que inspira su accionar como servicio público, es el respeto al principio de igualdad ante la ley. No podrían dejar de accionar solo por consideración de las personas de que se trata. Esa consideración no la tiene el Servicio de Impuestos Internos, por lo menos en esta administración, precisó. A la consulta de ¿qué otras formas hay de beneficiarse, además de las figuras ya explicadas? El señor Jorratt señaló que hasta el momento no se ha identificado otro tipo de beneficiarios. En una situación como esta normalmente solo hay dos partes: el que recibe y quien entrega el dinero rebajándolo de impuestos. ¿No hay otras empresas relacionadas con esto? Dijo que ello es parte del secreto de la investigación. A la pregunta ¿a qué se refieren con el concepto de contribuyentes permanentes o reiterados? Explicó que simplemente, en estas boletas que se presumen ideológicamente falsas aparecen algunas personas que otorgaban boletas en forma reiterada, todos los meses. A eso se refiere la expresión. Hay otras que son puntuales, figuran solo una o dos veces, en forma esporádica. Agregó que no pueden descartar que este mecanismo se haya usado antes. Consultado sobre la sanción civil por delitos tributarios en el caso eventual de un diputado, señaló que no tienen limitaciones para investigar ese tipo de situaciones. En términos generales, cuando hay una boleta ideológicamente falsa, si hay un tercero que recibió un dinero que no tributó, están todas las facultades y la obligación de que se paguen los impuestos no tributados. A la afirmación de un diputado sobre que la jurisprudencia señala que muchas veces esto se resuelve por la vía administrativa, manifestó que el Servicio puede perseguir la sanción pecuniaria o la sanción penal y podrían tener una lista larga de casos en donde se persigue la sanción penal. Por qué razón en algunos casos la sanción penal y en otros la pecuniaria, esto depende de una serie de criterios que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Pero no es cierto que estén innovando, porque hay una larga lista de casos perseguidos, acotó. El señor Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señor Cristián Vargas, profundizó el tema y señaló que desde el punto de vista legal, el director del Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad, ante la evidencia de un delito tributario, de ejercer la acción penal o de perseguir la sanción pecuniaria, es decir, las multas accesorias al delito. Ahora, la toma de una u otra decisión, no es arbitraria. El director del Servicio, para tomar la decisión, aplica ciertos criterios, que son históricos, como la gravedad de las irregularidades detectadas, la reiteración en la comisión de los ilícitos, la suficiencia de la prueba recopilada para efectos de acreditar el delito, el efecto ejemplificador en la sociedad que pudiese tener el actuar en sede penal, el perjuicio fiscal involucrado en los ilícitos detectados y el uso de asesorías tributarias para llevar a cabo el delito. Todos esos son los criterios históricos que el Servicio ha considerado para evaluar y fundar su decisión de ejercer la acción penal o solo perseguir la sanción pecuniaria. Esos criterios históricos son los que se han aplicado también en este caso y no ha habido ninguna excepción. Desde luego que, tratándose de grandes empresas que cuentan con asesoría tributaria y jurídica especializada y, además, sofisticada, la gravedad del tipo de ilícitos que conocen y de los cuales tienen antecedentes importantes -por eso ejercieron la acción penal-, resulta todavía más grave que si se tratara, por ejemplo, de un pequeño contribuyente que no cuenta con tal asesoría. Solo para traer a colación uno de los elementos que se consideran, pero son criterios históricos que siempre el Servicio ha tenido en cuenta para decidir cuándo se ejerce la acción penal o cuándo sólo se persigue la sanción pecuniaria. Cosa distinta es el cobro de los impuestos, que siempre el Servicio lo hace. Ejerza o no ejerza la acción penal; es una cuestión absolutamente diferente: el cobro de los impuestos se hace de todas maneras. Pero cuando se evidencia la comisión de un delito, surge esta obligación del Servicio de ejercer la acción penal o solo perseguir la sanción pecuniaria, de acuerdo con los criterios históricos que se mencionaron. Consultado sobre las filtraciones y las acciones legales que el Servicio puede ejercer respecto de ellas, el señor Jorratt, dijo que hasta donde entiende, en el Servicio no han existido filtraciones. En este minuto existe en fiscalía una investigación por las filtraciones, pero el Servicio no está preparando ninguna denuncia por el tema de filtraciones. Consultado por el caso de sobresueldos en la época de Juan Toro, señaló que no está al tanto de cómo fue esa decisión, pero son cosas muy distintas. Agregó que ahora están en el tema de boletas ideológicamente falsas. Preguntado por el tiempo que transcurrió entre que se conocieron los hechos y que se presentó la querella, que fue de 10 meses, mencionó que ese tiempo no es suficiente para argumentar que haya habido alguna irregularidad. O sea, hay situaciones en las que el Servicio se toma su tiempo. Por ejemplo -dijo- en este caso hubo que interrogar a más de 50 o 60 personas. Entonces, no han encontrado nada que permita avalar que haya existido alguna irregularidad en esos plazos. Luego agregó que respecto de los 125 contribuyentes querellados, en su mayoría corresponde a personas naturales, aun cuando también hay algunas sociedades pequeñas y medianas. Aclaró que están hablando del caso original de fraude al FUT, no de la arista política. El señor Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señor Cristián Vargas precisó el tema de los gastos rechazados, en término e que no se trata de una interpretación del SII. Lo que ha señalado el director del Servicio es algo que establece expresamente la ley, el artículo 21 de la ley Sobre Impuesto a la Renta. Ahí aparece muy claro el efecto tributario cuando se trata de parientes, cónyuges o hijos. Este artículo es de muy larga data. Precisó que fuera de esa norma, la del artículo 21, que ya es una sanción desde el punto de vista tributario, que permite rechazar el gasto en las circunstancias que señala, porque la ley ha estimado, no el Servicio de Impuestos Internos, que se trata de retiros presuntos, fuera de estos casos lo que la ley permite es que el SII pueda rechazar los gastos en todos aquellos casos que se estime que no son necesarios para producir la renta. Eso es lo que ocurre desde el punto de vista legal. Otra cosa distinta es cuando esos hechos u otros, permiten evidenciar la comisión de un delito de aquellos que figuran en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, donde el Servicio no solo cobra los impuestos, sino que además tiene la obligación de ejercer la acción penal o de perseguir la sanción pecuniaria. En la segunda oportunidad que concurrió el Director del SII, señor Michel Jorratt, declaró lo que en términos generales se pasa a exponer en esta segunda parte. Mencionó los hitos procesales del caso Penta. Recordó que esto comienza el 20 de junio de 2014, cuando el señor Jorge Valdivia Rodríguez y el señor Iván Álvarez Díaz, exfuncionario del Servicio de Impuestos Internos, declararon ante el Ministerio Público en el marco del caso FUT. En esa oportunidad dieron a conocer ciertas irregularidades tributarias que se habrían cometido en las empresas del señor Hugo Bravo. El 2 de julio de 2014, el Ministerio Público, en función de lo que establece el artículo Nº 162, del Código Tributario, informó al Servicio de los posibles delitos tributarios que estarían dentro de los antecedentes recogidos en esas declaraciones. El 29 de julio de 2014, el Servicio de Impuestos Internos interpone una denuncia criminal en contra del señor Hugo Bravo López, exgerente de Empresas Penta. La denuncia fue en calidad de representante legal de dos empresas de su propiedad, Inversiones y Asesorías Challico Limitada y Administración e Inversión Santa Sarella Limitada, por los delitos previstos en el artículo 97, número 4, incisos primero y tercero del Código Tributario. El 7 de agosto de 2014, el señor Hugo Bravo presenta declaración ante el Ministerio Público, en la cual reconoce la existencia de irregularidades tributarias en ambas empresas, Inversiones y Asesorías Challico Limitada y Administración e Inversión Santa Sarella Limitada, y también respecto de algunas irregularidades tributarias en las empresas Penta. Posterior a esa declaración, y habiendo el fiscal enviado los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, conforme a lo que dispone el artículo Nº 162, del Código Tributario, el 26 de agosto de 2014 el Servicio de Impuestos Internos interpone una denuncia criminal en contra de los representantes legales de las empresas Inversiones Penta III Limitada, Inmobiliaria Los Estancieros Sociedad Anónima, Inversiones y Asesorías Challico Limitada y Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada, por los delitos previstos en el artículo 97, número 4, inciso primero y final del Código tributario. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2014, el señor Hugo Bravo prestó otra vez declaración ante el Ministerio Público y aportó nuevos antecedentes respecto de ilicitudes tributarias cometidas por las empresas Penta, las que dicen relación con el pago de facturas y boletas de honorarios por servicios que nunca fueron prestados a las empresas, entre otras irregularidades. Es así que el 8 de octubre de 2014, el Servicio interpuso una nueva denuncia criminal, ahora en contra de los representantes legales de Inversiones Penta III, Inversiones y Asesorías Challico Limitada, Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada, Inversiones Perkita Limitada, empresas Penta Sociedad Anónima e Inmobiliaria Duero Limitada, por los delitos previstos en el artículo 97, número 4, incisos primero y final del Código Tributario. Por lo tanto -dijo- son tres las denuncias que efectuó el Servicio de Impuestos Internos producto de los antecedentes que el fiscal fue entregando, y que analizaron, para luego concluir que había mérito para interponer las denuncias. El 31 de diciembre de 2014, se levanta el secreto de la carpeta investigativa y el 2 de enero de este año (2015) el Servicio pudo acceder a tal carpeta. Tras conocerla carpeta y analizar otros antecedentes, el 9 de enero de 2015 el Servicio interpuso una querella criminal en contra del señor Pablo Wagner San Martín y de la señora María Carolina de la Cerda, por los delitos previstos en el artículo 97, número 4, incisos primero, tercero y final del Código Tributario. Señaló que el 8 de enero de 2015, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía audiencia de formalización en contra de los siguientes imputados: Carlos Délano, Carlos Lavín García-Huidobro, Manuel Tocornal, Pablo Wagner, Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal. Posterior a esta solicitud, el 9 de enero de 2015, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago fijó audiencia de formalización para el 4 de marzo de 2015. Luego hizo referencia a los delitos establecidos en el artículo 97, número 4, incisos primero, tercero y final del Código Tributario, con el objeto de señalar qué establece cada uno de los incisos. El inciso primero se refiere a “Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda”. Este delito se configura cuando los contribuyentes presentan declaraciones anuales de impuesto a la renta -formulario 22- maliciosamente falsas, en las que se registran gastos superiores a los reales o en las que se incorporan boletas o facturas falsas y que, en definitiva, terminan por ocasionar un pago de impuesto de primera categoría, o de impuesto a la renta, en general, inferior al que correspondería. Agregó que el inciso tercero se refiere a cuando una persona simula una operación tributaria, mediante cualquier otra maniobra fraudulenta, que termina con una devolución indebida, es decir, una devolución de impuestos superior a la que correspondía. Señaló que el delito que se establece en el inciso tercero es de mayor gravedad que el del inciso primero. Por último se refirió al inciso final que sanciona a aquella persona que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas falsas, con o sin timbre del Servicio -eso significa materialmente falsas o ideológicamente falsas-, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en este número. Este inciso final, que se aplica en algunas situaciones, se relaciona con las boletas falsas materiales o ideológicas, ya sea que se facilite a título gratuito u oneroso. Luego el señor Jorratt, entregó algunos antecedentes adicionales respecto de las denuncias y la querella que ha presentado el Servicio. La primera denuncia, efectuada el 29 de julio de 2014, respondió a que la empresa Inversiones y Asesorías Challico Limitada, propiedad del señor Hugo Bravo, en los años tributarios 2007, 2009, 2010, 2011 y 2013, obtuvo devoluciones indebidas. Es la figura que se venía usando en el caso FUT. Son casos particulares de los imputados por el caso FUT. Afirmó que lo mismo ocurrió con la segunda empresa, Administración e Inversiones Santa Sarella Limitada, que también obtuvo devoluciones indebidas en los años tributarios 2010 y 2013. La falta dice relación con el artículo 97, número 4, inciso tercero, del Código Tributario, que se vincula con devoluciones indebidas. Los antecedentes que dieron origen a esta denuncia fueron los proporcionados por el Ministerio Público, en virtud de lo que establece el artículo 162, del Código Tributario, que obliga al fiscal a informar cuando existe la posibilidad de que constituya un delito, y las declaraciones prestadas por el martillero Jorge Valdivia y el exfuncionario Iván Álvarez. Pero esta denuncia también se basa en información contenida en las propias bases del Servicio de Impuestos Internos, pues una vez que el Servicio recibe los antecedentes proporcionados por el fiscal, la información se complementa con los datos de su base de datos. ¿Por qué se interpuso una denuncia y no una querella? Básicamente -dijo- porque los antecedentes que proporcionó el Ministerio Público, sumados a los que estaban en poder del Servicio de Impuestos Internos, no eran suficientes para fundar una querella. Es decir, los antecedentes del Ministerio Público consistían en meras declaraciones, que si bien eran consistentes con los datos de la base de datos del SII, no eran suficientes para fundar una querella. También se opta por esta denuncia como una manera de mantener la reserva de los antecedentes y, por tanto, asegurar el éxito de las diligencias. Agregó que lo importante es que la denuncia faculta al fiscal para iniciar la investigación de delito tributario y, en consecuencia, permitió ejercer acciones investigativas, muchas de las cuales, como Servicio, no pueden realizar. La segunda denuncia, del 26 de agosto de 2014, se funda en los siguientes hechos: Verónica Méndez, María de la Luz Chadwick y Samuel Irarrázaval, entre los años tributarios 2009 y 2014, facilitaron un conjunto de boletas de honorarios falsas a Inversiones Penta III Limitada y a la Inmobiliaria Los Estancieros Sociedad Anónima. A su vez, se demostró que dichas empresas habían registrado esas boletas como gasto en la contabilidad, con el objeto de rebajar la base imponible y pagar menos impuesto de primera categoría en los años tributarios mencionados, del 2009 al 2014. De igual manera, las sociedades Challico Limitada y Santa Sarella Limitada, entre los años tributarios 2009 a 2014, también registraron como gasto en su contabilidad el pago de remuneraciones a nombre de la señora Paula Restovic, por trabajos que nunca se realizaron, en otras palabras, boletas ideológicamente falsas, que tenían el mismo propósito, rebajarlas como gastos en la contabilidad de las empresas y pagar menos impuestos. Nuevamente se hizo la pregunta de por qué se interpuso una denuncia y no una querella; a ello el mismo señaló que, fundamentalmente, por las mismas razones. En este caso -dijo- se agrega que el Servicio, a esa fecha, no contaba con acceso a la totalidad de la carpeta de investigación, por lo cual los antecedentes que se tenían no eran suficientes para fundar una querella, pero sí para hacer una denuncia, y con eso habilitar al fiscal para realizar la investigación. La tercera denuncia, de 8 de octubre de 2014, es en donde aparece en forma directa la arista política. Los hechos fueron los siguientes: las sociedades Penta S.A., Inversiones Penta III Limitada, Inmobiliaria Duero Limitada, Inversiones y Asesorías Challico Limitada, Inversiones Perkita Limitada y Santa Sarella Limitada, registraron como gasto en su contabilidad 258 documentos falsos, boletas o facturas ideológicamente falsas. De hecho, había facturas no afectas a IVA, o exentas de IVA, y boletas de honorarios, por un monto estimado, en ese minuto, en 615 millones de pesos. Estas boletas fueron contabilizadas, rebajándose como gastos, generando una menor base imponible y un menor pago de impuestos. En este caso, los antecedentes que originaron la denuncia eran los puestos en conocimiento del Servicio por el fiscal y también la información contenida en las bases de datos del Servicio. Nuevamente, fue una denuncia y no una querella, con objeto de asegurar el éxito de la investigación, ya que los antecedentes no eran suficientes para fundar una querella. La última acción, de parte del Servicio, fue la querella criminal presentada el 9 de enero de 2015. Los hechos en cuestión se refieren a que la señora María Carolina de la Cerda, a instancias del señor Pablo Wagner, facilitó boletas de honorarios por servicios que jamás se prestaron, conducta que permitió omitir ingresos en la declaración del señor Wagner y obtener devoluciones indebidas por parte de ambas personas. Por tanto, se presentó una querella por infracción a lo dispuesto en el artículo 97, número 4, incisos primero, tercero y final del Código Tributario, referidos a la facilitación de documentos falsos. Los antecedentes en que se funda la querella son los que proporcionó el fiscal, pero también dos informes del departamento de delitos tributarios, que contienen el análisis de nuestras bases de datos, y algunas otras acciones investigativas que llevó a cabo este departamento. En este caso fue una querella y no una denuncia, por dos razones: en primer lugar, porque el Servicio contaba con acceso a la totalidad de la carpeta investigativa, hecho que facilitó el proceso de recopilación de antecedentes y, en segundo lugar, porque no existían diligencias de investigación pendientes que pudieran afectar la presentación de la querella. Por lo tanto, se optó por la vía de la querella, acotó. Adelantó que en el futuro el SII va a deducir querella criminal por los hechos denunciados durante el 2014. Además, es posible, en función del análisis de los antecedentes que existen, que el Servicio pudiera ejercer acción penal respecto de otros hechos relacionados con este caso. Es decir, el Servicio sigue recopilando y analizando antecedentes y en virtud de ello, eventualmente, podría ejercer otras acciones. Consultado si hacen alguna verificación de datos respecto de aquel contribuyente que hace inicio de actividades, respondió que cuando se trata de un contribuyente de IVA, hacen una verificación de domicilio y de actividad. En otros casos, por supuesto que solicitan antecedentes que verifiquen el domicilio, pero la verdad es que ocurre mucho que en una misma dirección pueden operar distintos contribuyentes. De hecho, actualmente existen empresas que incluso se dedican a dar servicios de domicilios de empresas, y uno puede encontrar veinte empresas en un mismo domicilio. El subdirector del Servicio, señor Cristián Vargas complementó la respuesta señalando que en virtud de una modificación que se hizo al Código Tributario en 2010, se posibilitó a los contribuyentes -se les da el derecho- para solicitar al Servicio la emisión o el timbraje inmediato de facturas cuando no dan derecho a crédito fiscal, por ejemplo, por hechos exentos o no grabados al Impuesto de Valor Agregado. Entonces, ahí los controles del Servicio son menores, pero eso por una disposición legal que posibilita la situación. Antes de esa modificación legal de 2010 sí se hacía el timbraje de documentos, aun cuando se tratara de facturas no exentas o por hechos no grabados de IVA. De todas maneras se hacía una revisión previa, pero la situación cambió a partir de la disposición legal que introdujo al Código Tributario el artículo 8° quáter. Consultado el señor Vargas si el tener una dirección falsa la sociedad pasaba a ser falsa, indicó que las sociedades nunca pasan a ser falsas. Las sociedades existen o no existen. Consultado por el hecho de que si un contribuyente da una dirección falsa por ese solo hecho el servicio puede declarar como una organización que no puede seguir ejerciendo su rol, expresó que el Servicio de Impuestos Internos no tiene facultades para eso. Tiene que verificar el domicilio, sobre todo el de sociedades o empresas afectas a IVA. Pero no es el caso que se consulta, porque entiende que esa entidad no emite boletas o facturas afectas a IVA. En todo caso, se trata de antecedentes que el Servicio está analizando en el marco de la recopilación de antecedentes relacionados con el caso que aquí se está analizando. Es más, con todos esos antecedentes se están haciendo las diligencias que la ley faculta al Servicio realizar. A la pregunta ¿Ustedes recibieron esos antecedentes de parte de la Fiscalía? Respondió el señor Vargas que algunos los recibieron de la Fiscalía. Lo que hay en la carpeta de investigación del fiscal en relación con eso, es muy poco. Por lo tanto, una vez que los conocieron, que fue el 2 de enero de 2015, como Servicio dispusieron la realización de las diligencias y actuaciones que están en el marco de sus facultades, y así recopilar antecedentes para fundar la decisión del curso de acción a seguir; decisión que puede pasar por deducir acción penal o no. El señor Jorratt, respecto de la misma pregunta señaló que el Servicio de Impuestos Internos actúa cuando tiene antecedentes suficientes que funden las acciones. En este caso se está investigando, pero también podrían decir lo mismo de un montón de otra gente que ha aparecido y respecto de quienes el Servicio no se ha querellado todavía. Por lo tanto, cuando haya antecedentes que permitan fundar una acción de este tipo, se procederá. Consultado respecto de la presentación que algunos diputados hicieron al servicio, sobre la factura de la señora María Inés Fernández, dijo que esos antecedentes fueron remitidos a la Subdirección de Fiscalización, es decir, se está investigando. De hecho, se han efectuado algunos análisis de los datos y hasta el momento no ha aparecido nada irregular. Este caso trata de una sociedad que presta servicios y contrata gente. Consultado de qué manera se pueden fiscalizar facturas ideológicamente falsas, el subdirector de fiscalización, señor Víctor Villalón, respondió que en este caso se utilizan distintas estrategias para analizar y caracterizar el comportamiento de los facturadores. Indicó que en Chile tienen alrededor de 1.100.000 empresas, de las cuales casi 80% son contribuyentes que normalmente emiten este tipo de documentos. Ahora, en un año corriente, se trata de varios miles de millones de documentos emitidos, principalmente en medios electrónicos y, una porción importante, en papel. La regla general para hacer este análisis de caracterización consiste en analizar y estudiar, con herramientas informáticas que lo permiten, las propias declaraciones que los contribuyentes van presentando. Se evalúa si algunos indicadores de crédito, débito o rentabilidad son normales o están dentro de un rango esperado para el tipo de contribuyente, en relación con un grupo de referencia. En concreto -dijo- se podría decir que si tal distribuidora de licores tiene un margen determinado, y si las otras distribuidoras tienen un margen muchísimo más amplio, ello constituye un indicador de que tiene una situación tributaria que podría ser representativa de una brecha de cumplimiento tributario. Además de eso, el Servicio de Impuestos Internos recibe periódicamente declaraciones juradas, en las que los contribuyentes hacen llegar la información de sus libros de compra y venta electrónicos. Esta información se recibe de manera semestral y, evidentemente, al utilizar las plataformas electrónicas que posee el servicio, se realiza cruce de información que les permite determinar si los folios de los documentos informados están dentro de los rangos autorizados, según las bases del servicio. Como ejemplo dijo que si un cliente dice haber recibido una factura de un folio determinado, el sistema cruza ese dato y si ese folio no está en los sistemas, se realiza una marca. Hasta ahí siguen en un ambiente de análisis de riesgo, porque no pueden determinar si esa es una factura falsa. Además, a través de esos enfoques se puede establecer qué contribuyentes son no declarantes, subdeclarantes o que han estado recibiendo facturas que potencialmente podrían ser ajenas al giro del negocio, como también se produce un subconjunto de operaciones que presentan variados criterios de riesgo. Una vez que se ha hecho la identificación, vienen las acciones de tratamiento. Comenta que la regla general para ellos, y dada la limitación de recursos que tienen, es que van a comenzar con procesos de contacto masivo, porque suele ocurrir que la información que las ha entregado los propios contribuyentes no es precisa, debido al volumen de la misma. Cabe tener presente la modificación al artículo 60 del Código Tributario, para permitirle al Servicio realizar el denominado contacto expedito, que es el que les permite aclarar la información sin tener que abrir auditorías, las que resultan costosas para los contribuyentes y para el Servicio. A través de ese tratamiento comienzan a despejarse aquellos casos que presentan situaciones concretas de riesgo, los que van pasando a las auditorías, que pueden ser ordenadas por la Dirección Nacional -en el contexto de análisis de caracterización- o bien, pueden ser solicitadas por las direcciones regionales, cuando ellas detectan y corroboran de manera directa ese tipo de incumplimiento tributario. En términos generales, concluyó, esa es la estrategia: hay una parte de análisis y otra de tratamiento, que depende de los riesgos observados. Consultado si hay más empresas que estén en la misma situación que las de Penta, esto es, que hayan rectificado declaraciones de impuesto con el fin de obtener devoluciones ilegales, el señor Jorratt dijo que efectivamente se identificaron alrededor de 122 contribuyentes que estaban en una situación similar. Vinculado a la pregunta de qué medidas de procedimiento existen para evitar que esto suceda, explicó que el Servicio ha estado haciendo algunas correcciones en su sistema. Mencionó que el Servicio tiene una capacidad limitada de fiscalización. Hay antecedentes de 2007, año en que hubo más de 10.000 declaraciones con solicitudes de Pago Provisional por Utilidades Absorbidas (PPUA) -que es el caso del fraude al FUT- de las cuales 2.000 fueron impugnadas y revisadas. Reiteró que para el Servicio no es posible fiscalizar todos los casos, porque eso sería demasiado caro; además, no tienen gente para hacerlo. Por lo tanto, se establecen cruces de información que permiten minimizar los riesgos y, finalmente, fiscalizar solo aquellas situaciones más riesgosas. Fue a partir de esos casos que se detectó que el sistema estaba siendo vulnerado, y se comienzan a hacer las correcciones. A lo largo de estos años se han venido realizando diversas correcciones en los cortes, que determinan a quién hay que fiscalizar y qué cruces de información hay que hacer. Y hoy están bastante más preparados. Este año incorporan una nueva observación, que tiene que ver con cruzar la declaración del contribuyente con la de años anteriores, con sus registros en el FUT, en fin, con una serie de otros datos. Lo que también han hecho, respecto de esta figura que se utilizó durante estos años, ha sido verificar o revisar las declaraciones para saber si el patrón de comportamiento se repite y, si eso sucede, abordarlo de inmediato. Consultado por la querella contra Pablo Wagner y cuáles serían los delitos, mencionó que éstos son los del artículo 97 N°4, inciso primero, del Código Tributario, que tiene que ver con la Declaración de Renta maliciosamente incompleta o falsa. En este caso, al omitir ingresos, se está declarando menos base imponible de la que corresponde. El inciso tercero de este mismo número tiene que ver con devoluciones indebidas. Las boletas falsas originaban devolución en la persona que actuaba como emisora de las mismas y, también, en el propio señor Wagner; en el fondo, devoluciones que no correspondían, de haberse declarado las rentas de la manera correcta. Por último, se aplica el inciso final, que tiene que ver con la facilitación de documentos falsos. En este caso, los facilitaba la señora De la Cerda. Consultado si la sanción de una boleta falsa es solo para quien la suscribe o también para quien la encomienda, señaló que el Código Tributario, cuando hace referencia a la facilitación, se refiere al que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho o boletas falsas, entre otras. Este concepto de facilitación se aplica tanto a quien emite la factura como a quien la proporciona. Por ejemplo, podría conseguirme una boleta con otra persona y, una vez que esta me la entregue, yo se la facilito a otro contribuyente. En ambos casos podría aplicar esta figura de delito, acotó. El señor Vargas complementó la respuesta señalando que el artículo 97 N° 4 del Código Tributario, inciso final, es el que sanciona estos hechos: si el que maliciosamente confecciona, vende o facilita a cualquier título, documentos falsos -entre ellos boletas falsas- con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de un delito tributario. Entonces, facilitar no se restringe al hecho de emitir una boleta materialmente, sino que facilitar significa -y hay jurisprudencia de los tribunales de justicia-, proporcionar o entregar. En este caso, la facilitación de los documentos falsos -boletas, en este caso-; pero puede incurrir también en este delito no solo el que lo emite materialmente, sino también aquel que proporciona o entrega ese documento falso a la empresa que lo registra. Agregó que en el caso del señor Wagner se pide que se investigue su participación y responsabilidad penal también en el delito de facilitación, según el inciso final del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, conjuntamente con la señora De la Cerda, quien emitió materialmente la boleta. También aclaró que el delito de facilitación no solo se comete cuando se registra el documento falso en la contabilidad y se consuma el delito para rebajar la base imponible. Si se lee el artículo, se aprecia que aparece la situación de potencialidad; es decir, lo que sanciona la ley es que sea con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos tributarios; o sea, basta con que lo posibilite, aun cuando el delito tributario no se consume. A la pregunta de si existían facultades para delegar en el Consejo de Defensa del Estado la querella, explicó que solamente el Servicio puede determinar cuándo se debe efectuar una querella, pero puede delegar la presentación de la misma. El señor Vargas complementa la respuesta señalando que de acuerdo con el Código Tributario, la decisión de ejercer la acción penal le corresponde al Director del Servicio de Impuestos Internos. La decisión de deducir acción penal por delitos tributarios es indelegable. Lo que puede hacer el Servicio, una vez tomada la decisión de ejercer la acción penal, es presentar la denuncia o querella respectiva mediante sus abogados o solicitar al Consejo de Defensa del Estado que presente o deduzca la acción correspondiente. Eso es lo que puede delegar, no la decisión. Aclaró que el director no determina si hay ilícito o no. Lo que hace el Servicio es recopilar antecedentes de hechos que presentan características de delito tributario, y si el director, basado en esos antecedentes, llega a la convicción de que configuran delito, entonces tiene que deducir la acción penal. El director tiene también la opción -dijo- basado en criterios objetivos, de no ejercer la acción penal y solo perseguir la sanción pecuniaria. Consultado por la magnitud del perjuicio fiscal, el señor Jorratt expresó que el perjuicio fiscal total aún no es posible de determinar, dado que todavía se están recopilando antecedentes. Hasta ahora, es lo que se ha dicho en forma pública: 600 millones de pesos, en caso de una denuncia; 2.700 millones de pesos, en el caso de la otra. A la pregunta de si el director señor Julio Pereira fue diligente en su actuar, en particular, si fiscalizó a Penta, aclaró que el Servicio tiene planes de fiscalización que se determinan a principios de año y que operan, más o menos, de manera independiente. En el caso de Penta, son empresas que están clasificadas en “grandes contribuyentes”. Normalmente, están siendo revisadas. Dijo no disponer de información que le permita afirmar que se dejó de fiscalizar. Tampoco ha recogido la información de cuántas fiscalizaciones hubo hacia Penta. Dijo presumir, por la forma de operar del Servicio, que la fiscalización hacia los grandes contribuyentes opera de manera bastante autónoma. A la pregunta de si existen querellas contra otras corporaciones, como Soquimich. Respondió que no, porque no hay antecedentes que permitan fundar una denuncia o querella. Precisó que en el caso de la querella contra Pablo Wagner, en el que fue de público conocimiento que se solicitó información de Soquimich, la causa fue una boleta que una persona habría dado a nombre de esa empresa, y se requirieron los antecedentes para verificar si esa boleta había sido rebajada como gasto. Consultado si el Servicio habría decidido no querellarse en contra del Ministro Undurraga, en función de lo que salió en la prensa, reiteró que no hay una declaración del Servicio respecto de este caso. De hecho, lo dicho por la prensa decía: según fuentes del Servicio de Impuestos Internos, pero no era oficial. Consultado por la afirmación que dice que la razón por la cual el Servicio de Impuestos Internos no dedujo querella contra el Ministro Undurraga atendido que se trata solo de una boleta y por tanto no había reiteración, explicó que salvo el caso de Pablo Wagner, el Servicio no se ha querellado ni ha denunciado a ninguna persona de la arista política. No es que se haya hecho una excepción con el Ministro Undurraga; tampoco está diciendo que no pueda ocurrir que el Servicio se querelle en contra de algún político. Todo dependerá de los antecedentes y de los fundamentos que existan para seguir alguna acción en todos esos casos. El señor Vargas, complementó la respuesta expresando que el ilícito de facilitar boletas falsas se comete aunque sea una la boleta falsa. Si se comprueba que la boleta es falsa y se cumplen los otros requisitos del tipo penal, el delito se configura. Las atribuciones que le otorga el Código Tributario al Servicio de Impuestos Internos dicen relación con una política en materia criminal de delitos tributarios. Por lo tanto, no está fijado por el Servicio de Impuestos Internos, sino que está establecido en el Código Tributario desde hace muchos años. O sea, esta facultad que se le otorga al Servicio de decidir si deduce o no acción penal o solo persigue la sanción pecuniaria asociada al delito, es una atribución muy antigua del Servicio de Impuestos Internos y que tiene que ver con un asunto de política criminal en materia de delitos tributarios. Probablemente, el legislador lo estableció así porque es imposible perseguir todos los delitos tributarios y, tal vez, es inconveniente para acciones o situaciones menores. Lo mismo ocurre en otras materias, dijo. En el ámbito penal general, el Ministerio Público tiene la posibilidad de no perseverar en la investigación en algunos casos o de buscar salidas alternativas, como son los acuerdos reparatorios, etcétera, sobre situaciones que estimen pertinentes, y que tienen que ver con asuntos de política criminal. Pero no es que el delito no se configure, porque el delito se configura de todas maneras. ¿Cuáles son los criterios que el Servicio siempre ha aplicado para ejercer esa atribución? Desde luego, el Servicio no puede operar de manera arbitraria, sino que tiene que estar fundada. Por eso que, para justificar las decisiones que toma, se han desarrollado determinados criterios a lo largo de los años. Las decisiones que se toman se basan en antecedentes, toda vez que el Código Tributario faculta al Servicio para recopilar estos antecedentes. Esta es una de las vías por las cuales el Servicio conoce de hechos que pueden configurar un delito. Otra vía es la información que le proporcionan los fiscales del Ministerio Público -antiguamente, los tribunales de Justicia-. Cuando un fiscal del Ministerio Público investiga delitos comunes, que no son tributarios, y aparecen hechos que pueden configurar un delito tributario, entonces está obligado, por el Código Tributario, a ponerlos en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos. Esas son las dos vías por las cuales conocen delitos tributarios: Una, a través de la recopilación de antecedentes que hacen internamente, facultados por el Código Tributario, toda vez que a través de las fiscalizaciones también se detectan delitos tributarios, y la otra, a través del fiscal. ¿Cuáles son los criterios para decidir si se deduce acción penal, sea denuncia o querella, o si solo se persigue la sanción pecuniaria? Explicó que son varios los criterios que el Servicio de Impuestos Internos ha aplicado durante muchos años. Es la interrelación de ellos, es la conjugación de todos ellos. No se trata de que si no existe una situación reiterada, el Servicio de Impuestos Internos no se querella. ¿Cuáles son esos criterios o variables, que son objetivos? Una es la reiteración de la conducta, amén del monto del perjuicio fiscal involucrado; la gravedad de los hechos; si el contribuyente contó o no con asesoría jurídica o tributaria para la comisión del ilícito. También el efecto del impacto que pueda haber generado la situación en el medio donde se cometió el ilícito. Estos son algunos de los criterios objetivos más importantes y que el Servicio de Impuestos Internos siempre ha aplicado para decidir si deduce o no acción penal. Consultado por la norma donde se establece el deber de poner en conocimiento del Ministerio Público cada hecho que reviste carácter de delito. El señor Vargas, expresó que son situaciones distintas. Una, es la obligación que tienen todos los funcionarios de denunciar los delitos que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones y sus cargos; pero esta obligación no es respecto de delitos tributarios, sino de otro tipo de delitos. Por ejemplo, en el delito de cohecho, que puede cometer un funcionario, sí existe obligación de denunciarlo en un plazo inferior a 24 horas. Y así, de cualquier otro delito del que tome conocimiento en el ejercicio del cargo. Ese plazo y esa obligación no son lo mismo para delitos tributarios. El SII no solo no está obligado a denunciarlo en ese plazo, sino que no está obligado a hacerlo. Por eso que tiene esta atribución, esta facultad de poder decidir si ejerce o no la acción penal, previa recopilación de antecedentes, para lo cual el Código Tributario, en su artículo 162, lo faculta. La situación ahí es distinta pues no rige un plazo respecto de los delitos tributarios, para los que el Servicio tiene la facultad de recopilar antecedentes y decidir si ejerce o no la acción penal o solo persigue la sanción pecuniaria asociada al delito, las multas asociadas al delito y, desde luego, siempre el cobro de los impuestos. Esto ocurre en cualquiera de las situaciones. Consultado por el monto pagado o devuelto por Hugo Bravo y las empresas Penta, el señor Jorratt, precisó que se realizaron directamente en Tesorería y, por tanto, no tiene el detalle. A la pregunta de qué pasa cuando se brinda un servicio, pero la boleta se entrega a una empresa distinta de la que prestó ese servicio, explicó que detrás de este actuar también hay una factura falsa. La factura ideológicamente falsa es la que se emite sin que haya habido una prestación, es decir, cuando se entrega una boleta a una empresa sin que ésta haya prestado el servicio. Desde el punto de vista netamente financiero, en ambas situaciones hay un perjuicio fiscal, porque esa boleta se usa para rebajar gastos. En caso contrario, al ser un servicio que si se prestó, verdaderamente, fue a una persona natural, que no llevaba contaduría completa y, por lo tanto, no habría sido posible rebajarlo como un gasto. Entonces el perjuicio fiscal se da igual, precisó. Aclaró que en ambos casos se trata de boletas o facturas ideológicamente falsas. Un diputado expresó que el señor Hugo Bravo habría señalado que el señor Délano le ordenó entregar 100 millones de pesos, en dos pagos de 50 millones de pesos, al señor Longueira. ¿Ese dinero debió ser declarado por parte del señor Longueira?, el señor Jorratt afirmó que si ese pago constituye un ingreso para la persona que recibe esta donación, sin duda, debe ser declarado, porque es un ingreso. ¿El egreso debe ser declarado, también?, El señor Jorratt señaló que va a depender, porque del momento en que se recibe un aporte, de equis cantidad de dinero, es un ingreso, pero también podría haber un gasto. Ahora, si la persona que está realizando ese gasto no es un contribuyente de primera categoría, entonces, no tiene la posibilidad de rebajarlo y, por lo tanto, debería ser declarado el ingreso. En definitiva -dijo- depende de la situación concreta, de quién recibe ese ingreso, porque hay casos alternativos donde podría ser una empresa en donde habría un ingreso y después si ello se gasta habría un gasto. En términos generales, yendo al caso concreto de una persona que recibe un aporte para una campaña, si ello no está en el marco de esos aportes, es un ingreso. El señor Vargas complementó la respuesta señalando que habría que tener más antecedentes de por qué se realiza el pago, en el sentido de si hubo una contraprestación o si fue una donación. Si fue una donación, tendría que haber cumplido con todas las normas y disposiciones con respecto a las donaciones. Tendría que haber una insinuación, o haberse pagado el Impuesto de Herencia y Donaciones, según el caso. Ahora, por disposiciones de la ley sobre Impuesto a la Renta, las donaciones así efectuadas legalmente son ingresos no constitutivos de renta. Por eso, habría que determinar por qué se efectuó el pago. A la consulta de cómo tributa una sociedad de inversión, el señor Jorratt explicó que la sociedad de inversión no es un tipo especial de sociedad. Puede ser una sociedad limitada o una sociedad anónima, cuyo giro de actividad económica es sociedad de inversión. En general, este tipo de sociedades administran fondos que invierten en fondos mutuos, acciones, etcétera. Aclaró que en Chile tienen una gran cantidad de sociedades de inversión ligadas a su sistema tributario del FUT. Entonces, muchos empresarios constituyen estas sociedades de inversión con el fin de acumular ahí los dividendos que reciben de las empresas o las utilidades distribuidas y postergan el pago de los impuestos personales en la medida en que se mantenga dentro de ese FUT. En su opinión, es por eso que en Chile existen tantas sociedades de inversión (60.000) que cumplen este fin. b. Exjefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, señora Marisa Navarrete. Dio inicio a su intervención comentando cómo ingreso al Servicio de Impuestos Internos. Recordó que después de nueve años de ser fiscal adjunto en el Ministerio Público, en la especialidad de delitos económicos, postuló al cargo, por concurso público, de jefa de Oficina de Litigación Penal, que depende de la Subdirección Jurídica de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos, el cual ganó. Tal cargo lo empezó a ocupar el 6 de febrero de 2012; a contrata, no era de exclusiva confianza ni de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, expiraba el 31 de diciembre de cada año. Explicó que su labor era revisar todas las acciones penales del Servicio de Impuestos Internos a lo largo de todo el país. Es decir, todas las querellas y denuncias pasan, primero, por el departamento jurídico de cada Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos y, posteriormente, son derivabas a su unidad, para ser revisadas antes de que llegaran al subdirector jurídico, quien firmaba y tenía la facultad de ejercer esa acción penal. Precisó que entre las acciones que correspondían a su oficina de litigación penal estaba la revisión de informes de recopilación de antecedentes, una suerte de investigaciones administrativas destinadas a analizar algunas irregularidades tributarias que tienen algunas empresas o contribuyentes. Agregó que estos informes eran elaborados por el departamento de Delitos Tributarios, que es un departamento paralelo al de Defensa, y luego eran derivados a su unidad para analizar la existencia de un posible delito tributario. Finalmente, si se estimaba que había una acción que ejercer, se derivaba, ya redactada, al subdirector jurídico. Precisó que estos informes de recopilación de antecedentes venían con fecha, con un número ya asignado por ese departamento de Delitos Tributarios quienes eran precisamente los emisores. En ese departamento existen muchos fiscalizadores, entre ellos, contadores auditores, que hacen estos análisis. Añadió que cuando se requería aclarar algún punto que estaba dudoso en ese informe, antes de ejercer la acción penal, ese departamento lo modificaba, pero conservaba el mismo número y fecha. Si eran necesarias varias diligencias, entonces se emitía un nuevo informe que se llamaba informe complementario a aquel informe original. Hizo hincapié que jamás se realizó dentro de ese departamento, mientras ella estuvo en ejercicio, un informe con número y fecha distintos y con un contenido similar. Precisó que cada informe debía culminar, ya sea por acción de denuncia o querella o debía culminar con un informe jurídico que recomendaba, por ejemplo, no ejercer la acción penal al considerar que los hechos la ameritaban. Relató que el 29 de mayo de 2013 recibió el informe N° 11 de fecha 17 de mayo de 2013 emitido por el departamento de Delitos Tributarios a cargo de don Dixel Carrasco y lo asignó a la abogada de su dependencia, doña Carolina Rey. La asignación fue el 29 de mayo, acotó. El 26 de junio de 2013, ésta abogada le devuelve ese informe señalándole que no había alcanzado a revisarlo, toda vez que había sido nombrada jefa de gabinete del subdirector jurídico, señor Gonzalo Torres. El 1 de julio de 2013, unos días después, asignó ese informe -sin revisión- a la abogada Carola Valdés, también de su dependencia. Con fecha 23 de julio de 2013, la abogada Valdés le informa que había detectado, en algunas declaraciones de contribuyentes, que había funcionarios del Servicio de Impuestos Internos involucrados en devoluciones de impuestos indebidas, todo ello a cambio de dinero. La abogada Carola Valdés se refería específicamente a los funcionarios Iván Álvarez y Mitzi Carrasco. Agregó que sobre el señor Iván Álvarez había una declaración: “Me contactó con Iván Álvarez - dice el contribuyente-; fuimos con él y mi sobrino, todos juntos, al banco a cobrar el cheque por veinticinco millones de pesos. De esa cantidad, dijo que solo se quedó con un millón trescientos mil pesos, que depositó a plazo en el Banco Estado. El resto se lo llevó, en efectivo, el funcionario inspector que trabajaba en el piso tres”. Respecto de Mitzi Carrasco, también existía una declaración de un contribuyente que operó con un contador de nombre Sergio Díaz Córdoba, pareja de esta funcionaria activa del Servicio de Impuestos Internos, Mitzi Carrasco. Este contribuyente señala que conoció a este contador precisamente por la recomendación que hace esta funcionaria de su asesoría contable. En esa oportunidad obtienen una devolución de treinta millones de pesos, entregando la mitad al contador Sergio Díaz Córdoba. Atendida la contundencia de esos antecedentes decide, el mismo día de conocidos, enviarle un correo electrónico al entonces subdirector jurídico, don Gonzalo Torres, representándole que a su juicio existían antecedentes suficientes para interponer una denuncia criminal por el delito de cohecho. Le cito las declaraciones y la norma de los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal que obliga a todo funcionario público a denunciar, dentro de 24 horas, todos aquellos hechos que fueren constitutivos de delito y que tomare conocimiento en el ejercicio de su cargo, especialmente aquellos que notaren en la conducta de sus subalternos. Agregó que ese mismo día, con la abogada Valdés, tomaron contacto con los fiscalizadores que realizaron el informe N° 11 a fin de que les pudieran explicar la operatoria tributaria del caso que estaban conociendo. Estos funcionarios, Juan Valdés y Víctor Reyes, les exhibieron una presentación en power point y les hicieron referencia al informe N° 11 ya citado. Este caso tributario hacía referencia a la obtención indebida de pagos provisionales por utilidades absorbidas, conocido también como los PPUA, no el caso FUT, como se ha conocido por la prensa, que consistía en la rectificación del formulario N° 22, que es la declaración anual de impuestos, vía internet, modificando algunos ítems, específicamente créditos, haciendo aparentar créditos inexistentes para obtener una devolución indebida de impuestos, toda vez que era absolutamente ficticio ese monto que se consignaba vía internet. Intuye que no se pudo detectar por el Servicio de Impuestos Internos porque había un monto hasta el cual el Servicio revisaba estas devoluciones que se hacían por internet. Todas ellas, con conocimiento de los funcionarios, no excedían ese monto. Por eso que ellos pudieron hacer esto sin revisión, acotó. Señaló que ese informe N° 11 hacía referencia a 122 contribuyentes, que habrían obtenido estas devoluciones de esta forma, auxiliados por contadores y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos; un total de perjuicio de 2.706.332.393 pesos. Reiteró que la obligación de denuncia a que alude es la obligación de denuncia de un delito funcionario, ya que es la única que puede ser objeto de esta obligación, toda vez, que según la ley, el delito tributario es de iniciativa exclusiva del director del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, cuando se trata de un delito tributario, en general se demora bastante tiempo la interposición de una querella o una denuncia, toda vez que son operatorias complejas a fin de redactar correctamente la demanda. Sin embargo, cuando se trata de un delito funcionario la situación es distinta; es un delito -en este caso de cohecho- y rige la obligación del artículo 175. Indicó que ese mismo día, el 23 de julio, asumiendo que el subdirector jurídico, don Gonzalo Torres, iba a dar cumplimiento al mandato legal, tomó contacto telefónico con el fiscal Carlos Gajardo, con quien tenía un acercamiento bastante cotidiano, toda vez que estaban constantemente en contacto producto de que había otras causas que estaban conociendo con el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía, como el de las universidades y el caso de La Polar, aunque era con otro fiscal, y también el caso Fragata que teníamos con el fiscal Carlos Gajardo. Agregó que se contacta con el señor Gajardo y le pregunta si quería la denuncia por todos los casos que estaba siendo objeto esta revisión. Le explica de qué trata el caso y le dice que había funcionarios públicos involucrados, que existe un alto perjuicio fiscal y que la denuncia y la querella se estarían presentando próximamente. Como no tuvo respuesta del correo que le había enviado al subdirector jurídico, al día siguiente le envía un borrador de denuncia por delito funcionario, por delito de cohecho, en la cual se manifestaban los hechos donde figuran involucrados el señor Iván Álvarez y Mitzi Carrasco, con el objeto de que pudiera revisarla y firmarla. Sin embargo, ni ese día ni en los inmediatamente posteriores tuvo respuesta alguna sobre la situación que estaba denunciando. Por ello, concurre a la oficina del subdirector jurídico, don Gonzalo Torres, quien se encontraba con el jefe de Defensa, el señor Andrés Vío, y les pregunta por la denuncia que les había planteado algunos días antes. Ellos le señalan que era el director, el señor Alejandro Burr, quien no quería denunciar para no enemistarse con los gremios. En ese minuto les representa lo equivocado de esa decisión, debido a las consecuencias no solo públicas que podía tener la omisión de esta denuncia, sino que la omisión penal configuraba un delito y había que exponérselo de esa forma al director. Sin embargo, no tuvo respuesta, indicó. Insiste, más tarde, en la oficina de don Andrés Vío y le dice que, si bien, el informe tenía fecha de mayo, ésta se podía manejar así como el número del informe. Eso le pareció bastante más grave de lo que ya había advertido y, entonces, decide tomar la iniciativa. Con fecha 7 de agosto de 2013 concurre personalmente a la oficina del fiscal Carlos Gajardo, quien se encontraba en ese tiempo en Ñuñoa, y le informa lo ocurrido. Le entrega todos los antecedentes que tenía hasta ese momento para que fuera el propio fiscal quien solicitara directamente los antecedentes al subdirector jurídico, lo que ocurre al día siguiente de esa conversación. Con fecha 13 de agosto, a las 22.15 horas, el subdirector decide finalmente enviar la denuncia por correo electrónico al fiscal Carlos Gajardo. Le pareció extraña la urgencia, toda vez que a las 22.15 horas la llaman a su domicilio para que concurra a firmar la denuncia. Concurre a firmarla en la oficina del subdirector Jurídico. Afirmó que nunca antes había firmado una denuncia a esa hora. Bastante tiempo después se dio cuenta que, cuando estaba redactando el reclamo a sus calificaciones, el informe que se acompañó a esa denuncia no era el informe Nº 11, al que se ha referido, sino que otro informe, el Nº 27, y que prácticamente era igual al Nº 11, solo había una modificación en un párrafo, pero que tenía la fecha justo del día anterior a la denuncia. Evidentemente -dijo- para cualquier persona, esto se hizo para hacer calzar el día de este informe con la denuncia. Agregó que esta denuncia es hecha posteriormente, toda vez que el fiscal estaba en conocimiento del delito funcionario y, además, ya había mandado a pedir los antecedentes. Posteriormente, se refirió a la forma cómo se produjeron estos hechos, destacando lo siguiente: primero, que los informes Nº 11 y Nº 27 son prácticamente iguales. Solo se modifica un párrafo relativo a la operatoria tributaria, pero en relación con el delito funcionario, que es el objeto de la denuncia, no se incorpora ningún antecedente adicional en el informe Nº 27 respecto al Nº 11. Reiteró y destacó que cuando se modificaba algún párrafo de un informe de recopilación, se conserva siempre su número y fecha, pues tal es su número de ingreso el que tiene que terminar con alguna acción penal o con un informe legal. Del mismo modo, agregó que cuando se trataba de una complementación en el informe se señalaba tal situación. Lo anterior, la hace concluir que se realizó una conducta no regular al haber cambiado la fecha y número del informe Nº 11. Segundo, sostiene que para ella no tiene ninguna explicación la actitud que adoptó el subdirector jurídico, Gonzalo Torres, y el jefe de Defensa, ya que un mes antes de los hechos, en una visita que hicieron los tres a la Dirección Regional de Rancagua, realizaron, en ese mismo acto, un escrito de denuncia basada exclusivamente en la declaración de una persona que, por un formulario de reclamo en la Dirección Regional de Rancagua, señaló que había un funcionario que estaba recibiendo dinero. De todos esos hechos -dijo- la única respuesta oficial que dio el SII fue un comunicado, con fecha 10 de diciembre de 2013, tras aparecer estos hechos en el diario La Segunda, donde se dijo: “El SII, antes de efectuar denuncia criminal que pudiera afectar a un funcionario de la institución o a cualquier contribuyente, lleva a cabo las indagatorias correspondientes con el objetivo de corroborar sus fundamentos y en función de ello actuar.”. Resaltó lo equivocado de aquella publicación, ya que ellos igualmente denuncian con fecha 13 de agosto en horas de la noche. Agregó que no obstante haber puesto en conocimiento estos antecedentes ante el Director Alejandro Burr, en la carta que envió reclamando por sus calificaciones con fecha 14 de noviembre, jamás se le llamó para consultar sobre la grave denuncia que estaba haciendo, como tampoco se le dio respuesta alguna del reclamo a sus calificaciones. Indicó que a partir del envío de ese correo con la representación de la denuncia al subdirector jurídico y la posterior solicitud de antecedentes al fiscal Carlos Gajardo, comienzan una serie de acciones desplegadas en su contra, que no tienen otra explicación que la causa referida, ya que antes de aquellos hechos tuvo una participación activa en todas las decisiones, reuniones y actividades relativas a temas penales. Ello cambió drásticamente a partir de estos hechos, porque Gonzalo Torres advierte que es ella quien interviene ante el fiscal Carlos Gajardo con la entrega de los antecedentes. Por otra parte, afirmó que no se siguió, respecto de su desempeño, ninguno de los protocolos acostumbrados por el Servicio de Impuestos Internos para el término a las contratas. Así no se le avisó con 30 días de anticipación, como se hacía normalmente. El 4 de diciembre don Lucio Martínez, jefe de Asesoría Jurídica, le informó verbal e indirectamente que no se le renovaría su contrata. Por lo tanto, no se cumplió el oficio circular 31, de fecha 29 de noviembre de 2013 -antes dictado- que señala que las eventuales no renovaciones de las contratas debían entenderse en forma restrictiva y limitada a casos debidamente fundados en criterios objetivos, como la evaluación de desempeño y continuidad de planes o programas. Como su caso no estaba dentro de las anteriores hipótesis -siempre estuvo en lista 1 en el Servicio de Impuestos Internos y en la Fiscalía donde, además, obtuvo las más altas calificaciones-, evidentemente es posible concluir que su salida del Servicio de Impuestos Internos se debió, única y exclusivamente, a la denuncia que efectuó, en contraposición a lo que quería el subdirector jurídico. ¿Qué tiene que ver este caso con el caso Penta? Dijo que varios meses después, ya fuera del Servicio, se enteró por la prensa de la relación que existía entre este caso y el denominado caso Penta, y que Iván Álvarez era el funcionario que habría tenido como clientes a Hugo Bravo y al martillero Valdivia (QEPD), quien también habría sido fiscalizador de las empresas Penta cuando se desempeñó en la Dirección Regional Oriente. Añadió que el funcionario Iván Álvarez pudo renunciar al Servicio de Impuestos Internos a fines de 2012 -cuando ya el Servicio conocía los hechos y antes de que se denunciaran a la Justicia. El señor Álvarez no tuvo ningún impedimento para dejar el Servicio de Impuestos Internos, lo que no podría haber hecho si es que hubiese estado sujeto a sumario. Indicó no compartir lo señalado por el director el lunes pasado, cuando dijo que durante los 10 meses consecutivos al conocimiento del caso FUT, es decir, desde septiembre del 2012 hasta que se denunció en agosto del 2013, no se detectó ninguna irregularidad y que era el plazo relativamente habitual. Dijo que es verdad que dicho plazo rige para delito tributario, pero no para el delito funcionario. Cree que no es posible sostener que no hubo, al menos, irregularidades, toda vez que existió una causa penal por omisión de denuncia investigada por la Fiscalía, que se puso en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, y en la que, además, para financiar la defensa privada del señor Gonzalo Torres se pagaron 10 millones de pesos a un abogado particular. Por lo tanto, no se puede decir que no hubo irregularidades. Señaló ignorar si se realizó algún sumario en el Servicio para determinar las responsabilidades administrativas, luego de que se conocieran estos hechos. Finalmente, expresó que este caso no tiene absolutamente nada que ver con boletas o facturas falsas; no son boletas falsas, sino formularios adulterados. Se trata de un delito contemplado en el artículo 97 N° 4°, inciso tercero, del Código Tributario, que trata de la obtención indebida de devoluciones de impuestos. Es el delito más grave que contempla el Código Tributario, porque no se trata de personas que dejan de pagar impuestos, sino de personas que extraen dinero de las arcas fiscales. Tiene pena de crimen, de cinco años y un día hacia arriba. Consultada por una declaración realizada en el The Clinic, expresó que en dicho diario aparece un extracto de su declaración, la que no se contrapone a la que está dando ahora. Afirma que efectivamente, fue a la oficina del señor Carlo Gajardo, pero lo había llamado previamente. Preguntada si ese era el protocolo, dijo que no, y que lo sabía. Además, dijo conocer las consecuencias que le podía ocasionar el hecho de hacer lo que hizo. Por lo tanto, lo que se hizo fue concurrir saltándose los protocolos, toda vez que pareciera ser que las instituciones no estaban funcionando. Esa fue la apreciación que tuvo en ese minuto y fue la que también tuvo el fiscal Carlos Gajardo cuando le contó, de primera mano, que el subdirector jurídico no quería denunciar. A la pregunta: si tenía conocimiento de otros funcionarios involucrados en el informe, expresó que solo los dos que denunció, Iván Álvarez y Mitzi Carrasco. Hubo otro, Marcela Rodríguez, pero no había muchos antecedentes en ese informe. A la pregunta de si Penta estaba entre los 122 contribuyentes, dijo que no lo recordaba, aunque le parece que no. Reiteró que ignora, absolutamente, el detalle del caso FUT, pero la prensa sostiene que el señor Hugo Bravo trabajaba con el funcionario señor Iván Álvarez, y que el martillero Valdivia era uno de los reclutadores de esos 122 contribuyentes. Añadió que ese procedimiento fue posible mediante la alteración de ciertos montos en los formularios 22, pero no se trataba de adulteraciones en contra de los contribuyentes, porque para realizarlas se requería la clave de los mismos. Por lo tanto, no había allí una alteración informática, porque necesitaba el consentimiento del contribuyente. Podría sostener que, prácticamente, todos esos 122 contribuyentes estaban en conocimiento de la situación. Se le indicó por algunos diputados que el Servicio de Impuestos conoce la password de todos los usuarios, por tanto, dicho servicio, sin tener la clave entregada por el contribuyente, la puede obtener igual. Sobre tal comentario la señora Navarrete expresó que la devolución era a favor de una persona determinada, el cheque que emite la Tesorería General de la República es a nombre de esa persona determinada. Por lo tanto, es ella la que interviene en el cobro del cheque; es decir, se habla de personas que estaban de acuerdo en esta devolución de impuestos. Más adelante se verá si sabían o no, pero el hecho de entregar la mitad o más de estos impuestos a la persona que hizo la operatoria no se condice con los honorarios que normalmente cobran los contadores. Esto lo hacían contadores y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, acotó. A la pregunta de cómo operó el sistema en el Servicio de Impuestos Internos respecto de la denuncia, indicó que no existe un protocolo de cómo denunciar delitos aunque, si se toma conocimiento, hay que denunciar. ¿Cuál es su interpretación? Dijo no querer arriesgarse a realizar acusaciones sin fundamento, pero es evidente que no se quería denunciar. Se dieron excusas a través de la prensa en el sentido de que no había antecedentes suficientes para denunciar; sin embargo, indicó haber leído parte de las declaraciones, que son bastante contundentes. Por lo tanto, piensa que se protege algo. ¿Por qué el señor Iván Alvarez no fue objeto de sumario el año anterior? Respondió ignorar dicha información. Por qué renuncia libremente, no obstante haber defraudado al Estado con una cantidad enorme de dinero. También -dijo- por lo que ha visto en la prensa, esta persona tenía muchos bienes, que hoy ya no están. Si la denuncia se hubiera hecho oportunamente, se hubieran recuperado los bienes que compró o todos los que adquirió con el dinero de todos los chilenos. En definitiva, eso hace la denuncia. Además, faculta a la fiscalía para tener pruebas que, probablemente, tras tres meses de omisión de denuncias esto no habría pasado, porque hubiesen tenido mayores elementos investigativos. A la pregunta sobre la vinculación entre el señor Iván Álvarez y el caso Penta, reiteró que no tuvo conocimiento al momento que hizo la denuncia, sino que posteriormente, por la prensa, ve que Iván Álvarez es el mismo funcionario del Servicio de Impuestos Internos que es cliente del señor Hugo Bravo, quien le facilitaba el cumplimiento tributario al grupo que lideraba y, además, era el funcionario que tenía el vinculo con el martillero señor Valdivia. También por la prensa se enteró que el señor Valdivia era reclutador. Recordó que requerían de RUT, claves de contribuyentes; por lo tanto, debía haber una persona que conversara con ellos, explicarles que tenía un negocio beneficioso para ellos, y esta labor la realizaba el señor Valdivia. Consultada sobre qué otros jefes tuvieron información, mencionó que la tuvieron los señores Gonzalo Torres, subdirector jurídico, Alejandro Burr. También tuvieron conocimiento los señores Andrés Vío, jefe de Defensa, y el jefe de Delitos Tributarios, quienes aún permanecen en su cargo. Ellos son los que primero tomaron conocimiento de los hechos, precisó. Consultada sobre lo que la motivo a denunciar, expresó que esperaba que la investigación del Ministerio Público por omisión de denuncias hubiera arrojado luces sobre eso, pero esa causa fue archivada provisionalmente. Consultada si hoy existe un protocolo de denuncias, afirmó que no existía tal protocolo hasta el momento en que ella se fue del servicio. A la pregunta de ¿por qué el servicio no detectaba las adulteraciones que se hacían al formulario 22 para obtener devoluciones indebidas de impuestos? Explicó que ello se debía a que había montos que iban variando en el tiempo desde los cuales no se fiscalizaba, que era una información calificada que solo la tenían algunos funcionarios del SII. Como ejemplo dijo que hasta 10 millones de pesos no se fiscaliza, por tanto, hasta 9 millones 900 mil se puede obtener la devolución sin que se detecte. Dijo que esto no solo lo pueden hacer funcionarios del SII, sino que se requiere conocer la operatoria, en cooperación con funcionarios del SII, porque los contadores que conocen este procedimiento y el monto, sin duda que lo pueden hacer desde cualquier computador. Se le preguntó si esto era un delito tributario. Aseveró que si lo es, y es uno de los delitos más graves. Agregó que esto es un medio de comisión de un delito, es decir, al igual que las facturas y las boletas falsas, no es que haya un delito de boletas ni de facturas falsas como tal, lo que pasa es que se utilizan facturas o boletas falsas para cometer una defraudación al fisco. Sin embargo, podría no utilizar ninguno de esos medios y también se puede estar en presencia de un delito tributario. Por ejemplo, en la obtención indebida de devoluciones de impuesto, aquí se utilizó un formulario, datos en internet, pero en otras oportunidades se han utilizado boletas o facturas falsas con el objeto de hacer aparecer devoluciones de impuesto. Agregó que dentro de este informe, no estaban analizados 122 casos, sino solo 49 y no 60 como lo dijo el director, que fueron los que alcanzaron a revisar y todavía se pretendía seguir analizando. Sin embargo, cuando el fiscal manda a pedir los antecedentes, manda a pedir todos ellos. Reiteró que los funcionarios involucrados en el informe son Iván Álvarez y Mitzi Carrasco. Luego se le consulta si descarta que se trate de un mecanismo que ya se venía utilizando, a lo que responde que no lo puede descartar porque tendría que tener algún antecedente para hacer tal afirmación, y no lo tiene. Agregó que solo podía revisar datos objetivos e informes, por lo que no puede suponer si esto se estaba haciendo con anterioridad. Respecto de la circunstancia de su salida, reconoció que su aporte era bastante importante para potenciar el área penal dentro del servicio y era lo que efectivamente se pretendía, de haber incorporado en un cargo de jefatura a una persona que venía de afuera del servicio. Añadió que usualmente, los cargos se van ocupando desde adentro, por lo que esta situación era, de alguna manera, una extrañeza de que viniera alguien de afuera a ocuparse del área penal. Agregó que del momento que pasan estos hechos, todo esto cambia en un minuto; cuando Gonzalo Torres ya no la cita a reuniones y un día simplemente le pide el cargo y le dice que se fuera a cualquier dirección regional. En ese minuto -dijo- uno tiene que tomar la decisión de quedarse y aceptar lo que se le está diciendo, en el sentido de que se vaya a cualquier lado, o no. Su respuesta fue que ingresó por concurso público, y no es cargo de exclusiva confianza, por lo que se quedará ahí hasta que lo disponga la ley, que es hasta el 31 de diciembre de 2013, como jefa de la oficina de litigación penal, porque es al cargo al que postuló, subrayó. Finalmente decide ir a hablar con el director nacional, a quien le explica la situación. Él le dice que ya no ocupa el cargo de jefa y le informa la nueva jefatura. Consultada quiénes estaban en conocimiento de estos hechos, responde que el director Alejandro Burr. Agregó que esto sucede cuando el señor Burr está como director. Era subrogante en ese minuto. Posteriormente, ya ocupa el cargo en propiedad cuando es nombrado por alta dirección pública, después de que salió don Julio Pereira. Actualmente no está en el servicio, apuntó. A la pregunta de ¿quién designó a Gonzalo Torres?, señaló que primero estaba don Julio Pereira y don Mario Vila. Luego, se fue don Mario Vila y ahí quedó como subrogante el señor Torres, pero dejó al señor Pereira, y posteriormente, salió el señor Pereira y fue designado don Alejandro Burr, quien confirma al señor Gonzalo Torres en la Subdirección Jurídica. Sobre la nueva y actual dirección del servicio expresó que esperaba que el director nuevo pudiera arrojar algunas luces de alguna investigación de lo ocurrido. Sin embargo, cuando hace su relato el día lunes solo habla del informe de agosto. No habla del informe de mayo, y también dice que fueron diez meses en que no hubo nada irregular. En estos diez meses, ellos pudieron hacer algún análisis al respecto, afirmó. Algunos diputados señalaron que la causa de fraude al FUT estuvo en secreto, porque existían antecedentes de lavado de dinero conforme a la ley N° 19.913. ¿Existe informe de la Unidad de Análisis Financiero por el Servicio sobre estas materias? ¿Existiría algo respecto de este fraude? Expresó que no tuvo mayor conocimiento de esta causa y tal secreto fue porque se estaba investigando el delito de cohecho, que es un delito base del delito de lavado. Señaló lo mismo respecto del caso Penta: no tiene absolutamente ningún conocimiento. Respecto de las facturas falsas, reiteró que, en términos generales, tener facturas falsas no es un delito. Explicó que un delito es presentar declaraciones maliciosamente falsas o incompletas. Eso quiere decir que en una declaración de impuestos uno puede incluir algunos antecedentes que son falsos. ¿Cuáles podrían ser esos antecedentes falsos? Que coloque un ítem como gastos y esos gastos den cuenta de montos sustentados en operaciones ficticias que solo se sustentan en facturas que, a lo mejor, son materialmente falsas. Distinguimos que todo documento puede ser material o ideológicamente falso; materialmente cuando son adulterados en su materialidad y son ideológicamente falsos cuando las operaciones o el contenido son mentirosos, es decir, digo que presté asesorías por lavandería y yo jamás gasté en lavandería porque no tengo eso dentro de mi empresa. El objetivo que se tiene cuando uno hace esa operatoria, tener facturas falsas por lavandería, es defraudar al fisco. Puedo haber hecho facturas para otro efecto, por ejemplo, para aparentar tener un buen patrimonio ante un banco. Pero si esas facturas no tuvieron por objeto rebajar el impuesto, no hay delito tributario. Agregó que dentro de la multiplicidad de delitos que ha visto en el Servicio de Impuestos Internos, durante los dos años, diría que la mayor cantidad de delitos en el SII son facturas falsas, es como la spécialités qui nous sommes, eso es lo que se hace, ese es el rubro, las facturas falsas. Hay mucho análisis y mucha jurisprudencia respecto de esto. Evidentemente, el hecho de contener un dato falso una factura, por sí no la califica de falsa. Estoy diciendo que es falsa porque las operaciones que se consignan en ellas son falsas. El domicilio puede estar errado, puede ser un problema puntual. Pero si todo esto es falso, porque existen contribuyentes que otorgan facturas que son inexistentes, Juan Pérez, quien está domiciliado en tal parte, que prestó servicios de lavandería y sucede que vamos a ese domicilio y no vive Juan Pérez y este nunca ha tenido lavandería, esa factura es falsa; la totalidad de ella. Reiteró que el mero hecho de un domicilio falso no es un delito tributario. Los delitos tributarios, y la sanción, si fuera una factura falsa destinada a evadir impuestos depende básicamente de si se trata de un delito de una declaración falsa que va de los 541 a los cinco años de privación de libertad o si, por ejemplo, esa factura o facturas permitieron obtener una devolución de impuestos; ahí habría un delito que tiene una pena de crimen de cinco años y un día hacia arriba, es un delito más grave. A la pregunta de ¿cuándo comenzaron a aparecer los antecedentes de delitos tributarios en el caso FUT? Indicó que comenzaron a aparecer desde el momento en que se inicia, en septiembre de 2012, los antecedentes por un oficio que envía la Subdirección de Fiscalización al Departamento de Delitos Tributarios porque habían efectuado previamente una revisión y detectaron que había ciertas irregularidades en estas devoluciones de impuestos. Allí empieza a conocer e investigar en un procedimiento que se llama recopilación de antecedentes donde se hacen algunas diligencias como citar a los contribuyentes y pedirles información. Una vez que tienen y han podido hacer una parte de esta investigación, elaboran un informe que concluye el 17 de mayo de 2013, diciendo: “se cometió o hay estas irregularidades, ustedes vean si hay un delito tributario.” A la pregunta de si ¿sabe si se han tomado acciones administrativas y judiciales respecto de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos? Respondió que No. c. Exsubdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señor Jorge Gonzalo Torres Zúñiga. Hizo presente que asumió el 10 de mayo de 2013, después del conocido desastre del caso Johnson’s. Respecto de la situación con la señora Marisa Navarrete (invitada por esta Comisión en sesión anterior a la exposición de este invitado), relató que la Subdirección de Fiscalización envió al Departamento de Delitos Tributarios, el 12 de octubre de 2012, la situación de los 122 contribuyentes que dieron origen -inicialmente- al caso que ocupa a la Comisión Investigadora. El patrón común: fraude al FUT. Esas eran las pérdidas de utilidad absorbidas 2007-2010. Aseveró que la Subdirección de Fiscalización adoptó todas las medidas respectivas. Por su parte, el Departamento de Delitos Tributarios inició el proceso de recopilación de antecedentes. Agregó que su sorpresa fue que el fiscal, señor Gajardo, ya sabía de esta situación. Precisó que ello ocurrió en 2012, donde el fiscal aludido recibió al abogado, señor Cortés (de la defensa) con quién habría conversado sobre las graves anomalías. Recordó que en aquella época el era jefe de Defensa, pues asumió como subdirector el 10 de mayo. Posteriormente -dijo- la señora Marisa Navarrete le envió un correo electrónico, el cual acompañó a la Fiscalía. Sin embargo, agregó, la denuncia era tan mala, y a la señora Mitzi Carrasco, por ser pareja del señor Iván Álvarez, no la iba a denunciar. A la señora Marcela, por ser esposa o pareja de Sergio Díaz, tampoco la iba a denunciar. Dijo que esto empieza a ocurrir cuando asumió y nombró a Andrés Vío. Añadió que llevaba 25 años en el Servicio de Impuestos Internos, en el momento en que el director, señor Michel Jorratt, le pide el cargo, que es de absoluta confianza, para conformar sus equipos de trabajo[3]. Volviendo al tema de la señora Marisa Navarrete, afirmó que ella habría dicho [en esta comisión] que le entregó antecedentes al fiscal del Ministerio Público, de los cuales -señaló- no hay constancia en ninguna parte. Luego, el fiscal decreta el secreto de la investigación utilizando la ley de lavado de activos. Añadió que dicho secreto se extendió por seis meses, donde hubo filtraciones, el 23, 24 y 26 de octubre. Al respecto -dijo- la Fiscalía Nacional abrió una causa en la unidad de La Florida, ignorando su resultado. Después agregó el 2 de diciembre, el fiscal dejó sin efecto esto para que se hicieran todas las publicaciones en el diario La Segunda y en otros medios de prensa. De allí salió todo: fraude al FUT, jefa denuncia fraude al FUT, etcétera. Afirmó que con esto el fiscal no los dejó trabajar. Alcanzaron a tomar 46 o 47 declaraciones; podrían haber llegado a más. Iván Álvarez y Sergio Díazse habían denunciado, pero no frente a Gajardo. Indicó que tales actuaciones del señor fiscal fueron imprudentes. Él decreta el secreto por seis meses y se lo envía a Sergio Rodríguez, Carlos Cortés, Ingrid Robles y Pablo Norambuena, y adjunta los correos de ellos, luego vino el alzamiento. El 2 de diciembre lo levantó, y lo decretó el 10 de septiembre, por tanto, duró poco menos de tres meses. Luego, señaló que en grandes titulares en los periódicos, él aparece aclarando todo, pero nadie le creía. Después, cuando se archivó su causa, salió solo una breve información. Agregó que lo curioso de todo esto es que el fiscal Gajardo, en el caso FUT, dice que le va a iniciar causa al abogado Carlos Cortés, con el que conversó e intercambiaba emails. En el diario La Segunda, con fecha 21 de julio, dice: Consejo legal en la mira del fiscal. Lo dijo en la Corte de Apelaciones, apuntó.[4] Volviendo al tema de Marisa Navarrete, exhibe un correo en que ella le pone su cargo a disposición. Indicó que él no trabajaba directamente con ella, por tanto, él no tiene que ver con la jefa de oficina de ese momento. Es más -dijo- él le ofreció que se quedara como su asesora o eligiera una dirección regional, la que quisiera, manteniendo su mismo grado, el 6 (3.5 millones aproximadamente). Piensa que ella se fue porque no quiso dejar la jefatura, pero eso no dependía de él. Su problema eran los continuos conflictos con los fiscalizadores y su jefe directo, acotó. Añadió que cuando nombró al señor Andrés Vío le señaló que quiere renunciar, no aceptando la propuesta de quedarse. Mencionó que la Cámara de Diputados solicita un informe, el cual no pudo enviar por el secreto, pero cuando éste se levantó, informó el 12 de diciembre. Después, el fiscal le abre una causa por los dichos en la prensa, pero ya se sabía todo. Agregó que luego, se presentó a declarar ante el fiscal y le dice: “Tú eres amigo de Marisa Navarrete”. Se puso nervioso y contestó: “Mira, eso no es así; lo que pasa es que esto, etcétera. Voy a derivar la causa a otra persona”. Y así fue, acotó. El fiscal Jacir lo citó de inmediato como imputado junto a todos los que supuestamente habían conocido esto. Le acompañó todos los antecedentes. Añadió que el 27 de noviembre de 2012, el jefe del Departamento de Delitos Tributarios envió al subdirector jurídico de la época los mismos antecedentes que tenía Marisa Navarrete. Acto seguido exhibe y acompaña a la comisión una rectificatoria de Sergio Díaz Córdova. Dijo que lo conoció a través de su pareja, Mitzi Carrasco, funcionaria del Servicio de Impuesto Internos. Además, indicó que fue compañera de curso de su esposa Clara Pedrero Godoy. Mitzi sabía que su señora estaba a cargo de los colegios. Es decir, él tenía que denunciar porque era señora de un caballero que todavía enfrenta un proceso. ¿Qué hace el subdirector de la época? Lo envía a la Subdirección de Contraloría Interna, el 27 de noviembre, el mismo día ¿Se hizo sumario en ese momento? No. Será el contralor interno del Servicio, señor Mario Moren, al cual cesó en sus funciones don Julio Pereira, y que posteriormente fue recontratado el que tendrá que responder por qué no se hizo sumario si le entregaron los antecedentes. La nueva contralora, que designó el señor Julio Pereira, empezó inmediatamente un sumario porque encontró estos papeles guardados en un cajón, acotó. Después, le siguieron la causa penal, donde el Consejo no se hace parte. Los informes, tanto de asesoría jurídica como de contraloría interna, señalan la no existencia de la obligación de denunciar a un señor que ya estaba autodenunciado, y por los mismos hechos. Manifestó que posteriormente y por consejo de diversas personas solicitó que le representara un abogado, porque la señora Marisa Navarrete era fiscal, su pareja es fiscal; y ella conoce absolutamente a todos. Luego, el Servicio le siguió un sumario, porque pensaban que se había autocontratado un abogado. De inmediato se fue a notificar y salió absuelto, precisó. Recordó que la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, quien manifestó que es plenamente procedente su derecho a defensa. Luego se refirió al caso FUT y expresó que aquí también hay víctimas del caso FUT. Hay contribuyentes que fueron víctimas, aseveró. Muchos contribuyentes presentaron querellas en Concepción, en Santiago y en varias otras ciudades, por ser víctimas de estas personas. Les decían a las víctimas que la investigación se encontraba en un estado de toma de decisión de término, es decir, de archivo provisional. En cuanto al sumario administrativo que le hacen, se le consulta: ¿cuándo se produce, bajo qué circunstancia y qué cargos se formularon? A lo que el señor Torres respondió que el sumario administrativo se le siguió en momentos que hacía uso de sus vacaciones. Se fundaba en que él habría autocontratado un abogado. Luego se le pidió que explicara, de mejor manera, la relación entre el fiscal Gajardo y Marisa Navarrete. Sobre el particular afirmó que Marisa, frente a los demás, señalaba que era amiga de todos los fiscales y que tenía gran confianza con el fiscal Gajardo. Ahora, del fiscal Gajardo nunca escuchó que fuera amigo de alguien. Pero sí Marisa le enviaba recados, en los que le decía: Gajardo está enojado contigo, porque le ganaste el caso Fragatas, en la cual impuse el criterio del Servicio de Impuestos Internos, que se podía seguir con los acuerdos reparatorios. Al parecer eso le molestó a la fiscalía; porque a ningún abogado le gusta perder las causas. Consultado por el caso del señor Moren, que habría sido recontratado por el Servicio, se le pidió aclarar por qué fue exonerado, bajo qué circunstancias y si fue exclusivamente producto de no realizar el sumario administrativo que él mismo indicó. Respondió que en cuanto a la situación del señor Mario Moren, no sabe el motivo por qué él salió; pero sí sabe que ante la información remitida a la subdirección jurídica, no se hizo absolutamente nada. Consultado por la emisión de facturas por parte de la esposa del señor Carcavilla, que aparentemente fueron emitidas por un servicio que no se prestó, expresó que, si uno contrata con una persona determinada, el contratado es quien debe emitir la factura o boleta. Ahora, evidentemente, si eso fue lo que hizo la esposa de este señor, es una factura ideológicamente falsa. Entonces, quien comete el delito tributario es la señora de este caballero, precisó. Agregó que, si esa factura o boleta se recibe por parte de un candidato político, delito tributario no hay. Explicó que el político no hace declaraciones de impuestos, sino que hace una rendición de cuenta ante el Servel. Ni la Presidenta de la República ni ningún candidato que haya incluido estos documentos, comete delito tributario. Afirmó que, en el caso consultado, el delito tributario es de la señora de Carcavilla. Ella es la que comete un delito tributario, porque emitió una factura ideológicamente falsa. A la pregunta de qué hizo con la información que le entregó la señora Marisa Navarrete, señaló que se reunió con los jefes de delito tributario y de defensa judicial. Se dio cuenta que esto se encontraba en Contraloría Interna, que se había iniciado el sumario, el 20 o 22 de mayo de 2013, que se habían autodenunciado, que se habían realizado todas las diligencias por parte de los directores, en cuanto a fiscalizar toda esta situación y colocar las anotaciones respectivas, y el departamento de delitos tributarios estaba tomando todas las declaraciones juradas. La autodenuncia, que supone es ante la Fiscalía de Las Condes, la hacen los señores Iván Álvarez y Sergio Díaz Córdoba y es muy anterior a la presentación de la señora Marisa Navarrete. Recordó que ellos dos, (Iván Álvarez y Sergio Díaz Córdoba) se autodenunciaron después que el señor Sergio Díaz Córdova fue al departamento de Delito Tributario y no declaró nada. Entonces, ahí se fueron a denunciar a la Fiscalía de Las Condes, en enero de 2013. Allí señalaron -dijo- que se repartían el 20%. A la pregunta de ¿qué cargo tenía antes el señor Torres y en qué departamento se desempeñaba antes de asumir el cargo? Indicó que su primer cargo fue de procurador, en 1989: hacía los escritos, servía café, etcétera. Luego, se recibió de abogado y ejerció como tal; después pasó a ocupar una jefatura, en la Fiscalía de Facturas Falsas. Agregó que su jefe era el señor Bernardo Lara Berríos. Luego, fue jefe de la Fiscalía de Facturas Falsas; después, jefe del departamento de Defensa Judicial y llegó al cargo más alto, que fue el de subdirector jurídico del Servicio de Impuesto Internos. Pasó por todos los cargos, acotó. A la consulta: ¿sabía que en 2009, ante la contingencia tributaria, el señor Délano solicitó a don Ricardo Escobar, directamente, una rebaja de alrededor de 8 o 9 mil millones de pesos de sus contribuciones? Respondió que No. Consultado si denunció formalmente las irregularidades e imprudencias que aquí afirma, respecto de la actuación del Fiscal Gajardo, expresó que se trata de un fiscal de la República, que recibe a un abogado que le dice que tiene cosas graves que denunciarle. Afirmó que no sabe lo que conversaron en esa reunión. Luego agrega que no tiene conocimiento de esos antecedentes anteriores. Todos esos antecedentes salen después de que el fiscal Gajardo le abre causa por la entrevista de la señora Marisa Navarrete en el diario La Segunda. Eso fue el 10 de diciembre. Sin perjuicio, fue a la Fiscalía Nacional y a la Fiscalía Regional a reclamar, pero no hizo denuncia. Consultado por el sumario administrativo que no se hizo ¿Por qué ilícito administrativo debió haberse hecho y quién debió haber ordenado ese sumario? Respondió que el sumario lo debió haber ordenado el señor Mario Moren por lo que señalaba el contribuyente. La infracción es falta de probidad administrativa, de parte de la señora Mitzi Carrasco porque el señor Iván Álvarez Díaz había renunciado al Servicio de Impuestos Internos, el 26 de diciembre. Precisó que los funcionarios no pueden recomendar a nadie. No pueden recomendar ni a abogados ni a contadores. Frente a otra pregunta, aclaró que el que decreta el sumario y abre el sumario es el Subdirector de Contraloría Interna. A la pregunta de quién es la carga de cerciorarse de que quien presta el servicio contenido en la factura tenga dicho giro o no, explicó que, efectivamente, el contribuyente que adquiere un servicio tiene la obligación, conforme al artículo 21 del Código del Tributario, que la persona que le vende o le presta un servicio, le envíe el documento legal respectivo. Consultado si acaso al comprador o al contratante le correspondía verificar si el documento legal que recibía era correspondiente a la entidad o al emisor que lo entregaba, indicó que el Servicio de Impuestos Internos tiene en su página web una consulta de terceros. En esa consulta de terceros, la recomendación del Servicio de Impuestos Internos es que los contribuyentes la utilicen y vean si ese contribuyente tiene inicio de actividades o si tiene alguna situación tributaria pendiente. Por lo tanto, a su juicio, es responsabilidad del contribuyente averiguar esa situación. De hecho, eso se hace en todas las empresas. Consultado por el plazo para la recopilación de antecedentes o para pronunciarse sobre delitos tributarios, mencionó que este Congreso Nacional aprobó las modificaciones al artículo 59 del Código Tributario, y el procedimiento de recopilación de antecedentes no tiene plazo. Podría demorarse tres años, cuatro años,… Ahora, lo prudente -señaló- debiera ser entre un año y un año y medio. Son investigaciones de carácter administrativo, que involucran una gran cantidad de contribuyentes, y el Servicio de Impuestos Internos y sus fiscalizadores deben trabajar tranquilos. Fiscalía Nacional del Ministerio Público. d. Director de la Unidad Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández. Explicó que el rol de la Unidad que dirige es de asesoría, de colaboración, de apoyo a las investigaciones en las materias que el mismo nombre de la Unidad señala. Hizo presente que las unidades especializadas de la Fiscalía Nacional son entes netamente colaboradores y, al igual que el fiscal nacional, no pueden dar ningún tipo de instrucciones particulares. Las decisiones de toda investigación las adopta el fiscal regional y los fiscales a cargo de la investigación. Por lo tanto, una pregunta más específica en relación con decisiones o criterios respecto de una investigación determinada debe formularse directamente al fiscal regional a cargo de la investigación. Consultado por el reporte de operaciones sospechosas, explicó que la Cámara de Diputados impulsó un cambio muy relevante en su sistema de detección, sospecha y prevención. Tal cambio es la incorporación de todos los organismos públicos con la obligación de tratar y encauzar las sospechas. Hasta ahora, el sistema de detección descansa en el mundo privado; en la obligación de entes privados -muy importantes en materia de detección, como son bancos y otros- de reportar operaciones sospechosas. Este organismo público se llama Unidad de Análisis Financiero, que depende del Ministerio de Hacienda. Actualmente el sistema funciona sobre la base de la obligación que tienen 40 tipos de empresas distintas de reportar. Además, a partir de la reforma recién aprobada, se incorpora a los organismos públicos en este deber de reportar y de canalizar sospechas, sin riesgo de demandas, querellas o responsabilidades de ningún tipo, aclaró. En caso que un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, conozca de una situación sospechosa, aunque no pueda calificarla de delito, tiene la obligación de canalizar esa sospecha a la Unidad de Análisis Financiero y, cuando no logran desarmarla o aclararla, deben enviarla a la fiscalía y de esa forma se inicia una investigación. Añadió que sí hay cambios relevantes que van en la línea de un mejor tratamiento de las sospechas de lavado y de lavado asociado a los delitos. Hasta ahora, la legislación permite generar lavado. Dentro de eso está, históricamente, el narcotráfico, que corresponde a la mayoría de las investigaciones con condena por lavado. De las 71 condenas por lavado que hay hasta ahora, cerca del 90% son por lavado asociado al narcotráfico. Sin embargo, hay un número menor asociado a corrupción pública y a otros delitos económicos, acotó. En relación con Penta, comentó que hay investigaciones asociadas a delitos económicos y tributarios, fundamentalmente. Por ende, la unidad que dirige es de delitos económicos, que asesora a los fiscales en las investigaciones más complejas en esta materia, dentro de los cuales están los delitos tributarios. Luego, señaló que en materia de lavado de dinero, en la prensa se ha mencionado que se levantó el secreto decretado por lavado en la investigación asociado al fraude al FUT. Incluso, hay una acusación por delitos tributarios presentada en contra de algunos exfuncionarios del SII y de algunos contadores y contribuyentes por algunos delitos tributarios y de corrupción pública, cohecho y soborno y, con relación a alguno de los acusados, por lavado de dinero asociado a esos delitos de corrupción pública, porque el delito tributario no es delito precedente de lavado. Eso va a cambiar una vez que se publique la ley, pero no será retroactiva, por lo tanto, no se aplicará en este caso. Obviamente, dijo, esta unidad de delitos económicos y de lavado apoya a los fiscales en las investigaciones de lavado de dinero y de delitos tributarios que tengan alguna envergadura. Consultado si está prestando asesoría en el Caso Penta, dijo que sí. Respecto a la pregunta de si su Unidad, para llevar a cabo una investigación, debe hacerlo previa orden del Ministerio Público o pueden actuar de oficio, explicó que ellos no actúan de forma autónoma, sino que son un ente asesor y están solo si el fiscal los requiere. No pueden obligarlo; siempre ofrecen su colaboración en función de la complejidad del caso. Consultado si el lavado de dinero puede ser considerado también un blanqueo de activos o de capitales, un proceso ilícito para legitimar dinero, se le consultó si la Unidad que dirige puede enfocarse en detectar este tipo de acciones que pudieran darse en períodos electorales para apoyar alguna campaña. Respondió que toda sospecha en períodos sensibles, en el futuro, va a poder ser materia de análisis reservado, de depuración, para saber si hay algo realmente investigable criminalmente, no solo, hasta ahora, por lo que los privados puedan reportar a este organismo público llamado Unidad de Análisis Financiero -el banco, el notario que vio que algo era raro-, sino que a partir de la reforma también lo pueden hacer los organismos públicos, Servel, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, una municipalidad en el evento, por ejemplo, de un acto de corrupción. Todos ellos van a tener la obligación de reportar esas sospechas en un entorno secreto, protegido, que no implica prensa y en el caso de que no se logre aclarar, es lo que determina la investigación, que es una parte bastante menor, porque muchas veces operaciones aparentemente sospechosas tienen una explicación no visible. Ese es el rol de la Unidad de Análisis Financiero, precisó. Consultado sobre los delitos base, de los delitos tributarios y de las personas jurídicas, señaló que efectivamente el estándar internacional respecto del lavado lo impulsa un organismo llamado GAFI, y en el ámbito latinoamericano se llama Gafilat, que les demanda que tengan a todos los delitos tributarios como delitos base de lavado, así también los aduaneros y otros. Por lo tanto, indicó que para todos los hechos cometidos a partir de febrero, no hacia atrás, se va a poder imputar lavado de dinero en el caso de operaciones de ocultamiento, de simulación, asociados al que simula una operación tributaria o que de otra manera fraudulenta obtiene devoluciones de impuesto que no corresponden. Ese delito tributario, en particular, va a ser perseguible por lavado. El resto de los delitos tributarios también deberían ser incorporados. Agregó que la responsabilidad penal de las personas jurídicas está reconocida en nuestra legislación para ciertos delitos de corrupción pública y es donde más se ha aplicado. El cohecho y el soborno de funcionarios públicos es un delito que permite la imputación adicional de responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por lo tanto, siempre que haya una imputación de ese delito, también puede existir la imputación de responsabilidad por la ley N° 20.393 en contra de la persona jurídica, por la que actúa quien ha sido imputado por el delito de corrupción pública de cohecho o soborno. Indicó que en el caso Penta todavía no ha habido formalizaciones sobre las cuales pronunciarse, pero si se formalizara por delito de corrupción pública respecto de alguien, es un delito base de lavado. Servicio Electoral (Servel). e. Director Nacional del Servicio Electoral, señor Eduardo Charme. Consultado sobre las atribuciones del Servel, en cuanto a la posibilidad efectiva de sancionar faltas o delitos observados en el proceso de revisión de gastos electorales, precisó que la ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral solo establece un procedimiento para aplicar sanciones de carácter administrativo, donde la máxima sanción es una multa. El Servicio Electoral, dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades, no puede investigar figuras de carácter penal o delictivo. Sin embargo, precisó que si en el desempeño de las funciones o de las atribuciones propias del Servicio Electoral se observare la comisión de un ilícito penal, existe la obligación de poner aquellos antecedentes a disposición del Ministerio Público. Consultado si el Servicio Electoral, dentro de sus funciones, puede detectar si, producto de un ingreso no declarado, se ha excedido el límite de gastos, explicó que el servicio, de acuerdo con las facultades que hoy le entrega la ley, realiza un análisis de consistencia contable respecto de los ingresos y de los gastos que cada uno de los candidatos o administradores electorales presenta para su aprobación. Por lo tanto, el servicio Electoral no puede considerar un ingreso no declarado para efectos de analizar si una determinada candidatura se ha excedido o no en los límites de gastos. Consultado si el Servicio Electoral tiene atribuciones o facultades para sancionar aportes al margen de la ley, dijo que definitivamente, no. El Servel no tiene ninguna posibilidad para fiscalizar y sancionar esa situación. Es una situación de hecho que no está a su alcance pesquisar y, por tanto, tampoco fiscalizar ni sancionar. Consultado sobre las metodologías que se aplican para efectuar el control de los ingresos y gastos de las campañas electorales, solicitó que dicha respuesta sea contestada por la Subdirectora del Servicio Electoral. La Subdirectora del Servicio Electoral señora Elizabeth Cabrera, en respuesta a la consulta sobre la metodología para el control y la fiscalización de las campañas electorales, señaló que antes va a contextualizar la actividad del Servicio Electoral: en la ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Es posible establecer que si se considera que todos están obligados a entregar una contabilidad simplificada de sus cuentas, son muy pocos los antecedentes que llegan al Servicio Electoral para hacer un análisis contable con mayor rigurosidad. Agregó que en las normas está establecida una contabilidad simplificada que, básicamente, significa una cuenta de ingreso, una cuenta de gastos, con el detalle del origen y del destino. Eso viene en todas las cuentas, en los formularios 87 y 88, y hasta ahí llega la posibilidad de una contabilidad más acabada. En consecuencia -dijo- cuando se les pregunta sobre la metodología para controlar esto, ¿de qué metodología se habla cuando además el examen que hacen es ex post? Es decir, finalizado el proceso electoral, treinta días para los parlamentarios para efectuar rápidamente sus contabilidades, a través de administradores electorales, que no son expertos en la materia. Agregó que normalmente, el administrador electoral es un mandatario con obligaciones y responsabilidades, usualmente personas afines, parientes, que no tienen conocimientos contables. Tal es el escenario acotó. A la consulta de si el Servicio Electoral hace manuales o metodologías distintas para la aplicación de la ley en las distintas elecciones, la respuesta es no. Aclaró que elaboraron un manual a partir del 2004, cuando aplicaron por primera vez esta normativa, que es el mismo que han ido adecuando en relación con los montos relacionados con los límites, porque eso es lo que va cambiando. La norma para todas las elecciones, sean municipales, parlamentarias, presidenciales, es la misma respecto del Servel. A la pregunta de si tienen una visión global para efectos de hacer un mejor control, dijo que está relacionado con lo que el Servicio Electoral ha hecho presente a la Secretaría General de la Presidencia, en orden a definir las materias que necesariamente deben regularse de una mejor forma, sobre todo en lo que dice relación con los administradores electorales, es decir, personas con conocimientos contables, capaces de asumir responsabilidades, porque cuando tienen el conocimiento lo hacen de mejor manera; además, deben acotarse muchas cosas que hoy tiene la ley del control del gasto y que no son buenas. Por ejemplo, indicó, el artículo 2º, define gasto electoral, pero en forma tan amplia que dentro de la casuística que pone el articulado caben muchas cosas ¿no será mejor acotar lo que se entiende por gasto electoral para permitir que el Servicio pueda controlar de mejor manera? Hoy, dijo, cualquier cosa puede ser gasto. Señaló que hay doce puntos que indicaron en relación con los administradores: limitación de lo que significa gasto electoral propiamente tal; que exista un registro de proveedores y no como hoy que llegan boletas con numeración 002 y 001. Sobre el particular se ha dicho que la ley no señala que la empresa para proporcionar el servicio debe tener dos años de antigüedad. Dicha exigencia evitaría que surjan empresas de la nada para efectos de campañas electorales. El Director del Servicio Electoral, señor Eduardo Charme (continúa con su exposición), consultado sobre las facultades que tendría el Servicio Electoral, más allá de los plazos que establece la ley para la presentación y aprobación de las cuentas, comentó, a modo ilustrativo -sobre las elecciones de 2013- que si las elecciones fueron el 17 de noviembre de ese año, todo el procedimiento de revisión, de rechazo y de formulación de observaciones a las cuentas expiró el 14 de marzo del año 2014, incluyendo en esto el plazo que tienen los partidos y los candidatos para presentar sus cuentas, que son treinta días posteriores a la elección propiamente tal; los plazos que existen para recibir las denuncias están establecidos en el artículo 6°, y expiran treinta días después de lo anterior; los plazos de quince días que tienen los observados para responder a sus observaciones, incluyendo un plazo de quince días que la ley le otorga al Director para ampliar todo este proceso. Luego de ese período, afirmó, en todo lo que tiene que ver con el proceso de revisión y aprobación de cuentas, el Servicio Electoral ya se encuentra totalmente inhibido de actuar. Después de ello, hay un período posterior para que en aquellas cuentas que hayan sido rechazadas el afectado pueda interponer los recursos de segunda instancia al Tribunal Calificador de Elecciones. Pero más allá de esos plazos, dijo, el Servicio Electoral se encuentra absolutamente inhibido de ejercer cualquier otra facultad respecto de las cuentas de gastos. Consultado sobre las herramientas que serían necesarias para hacer de una manera más efectiva el examen de las cuentas por parte del Servicio Electoral, señaló que lo que representa un obstáculo mayor es que el Servicio Electoral solamente ejerce sus facultades a partir de aquellos antecedentes que se le presentan, y de alguna manera el vacío más importante es la no existencia de facultades que permitan contrastar si aquello que está declarado efectivamente se condice con lo que ocurrió en el transcurso de la campaña. En consecuencia, un primer perfeccionamiento o la necesidad de una nueva herramienta tiene que ver con todo aquello que permita hacer el contraste entre lo declarado y lo efectivamente realizado en las campañas. Eso admite múltiples modalidades. De hecho, el proyecto de ley recientemente ingresado incluye algunas de ellas, precisó. Comentó que en la legislación comparada se pueden ver algunas medidas que permiten este control, en algunos casos ex ante y durante la campaña, de manera de ir contrastando que lo declarado tiene coincidencia con lo que se ha efectuado. Tal es la principal carencia que hoy tiene el Servicio Electoral, acotó. Consultado si después de un año de las elecciones el Servicio Electoral tiene facultades para ejercer alguna clase de fiscalización. Respondió señalando que en el período que transcurrió, en el caso de las últimas elecciones, entre el 14 de marzo de 2014, que se terminó todo lo que tiene que ver con la revisión de cuentas, y el año que se cumplió el 17 de noviembre de este año, transcurrido ese período de un año ya las facultades del Servicio Electoral han expirado o han prescrito de manera absoluta. Consultado por el hecho de que hayan transcurrido todos los plazos y que cualquier infracción pudiera quedar en la impunidad, expresó que lo que va a quedar en la impunidad, es la posibilidad de revisar y de aplicar una sanción administrativa dentro del ámbito de la normativa propiamente electoral. ¿Esta imposibilidad de revisar alcanza a aquellos casos que están judicializados dentro del año de plazo? Respondió que la opinión pública entiende por casos judicializados aquellos que están radicados en sede penal o en sede tributaria, y por mucho que esas investigaciones avancen o incluso el día de mañana se transformen en una imputación o en una condena, eso no toca el ámbito electoral. Dio como ejemplo que si alguien presenta una factura, revisan que corresponda a un contribuyente que tenga inicio de actividades; si es un documento tributario, que esté timbrado o autorizado por el Servicio de Impuestos Internos; que los servicios que se están declarando dentro de esas facturas correspondan al giro del contribuyente que acompañó ese documento tributario como respaldo. Luego, si la glosa de lo que está declarado coincide con el giro; si corresponde esa glosa declarada a un gasto de campaña, de aquellos que establece el artículo 2º de la ley, y finalmente, si el gasto que se declara y que se respalda con ese documento corresponde a un gasto realizado dentro del periodo electoral. Más allá, las facultades del Servicio se agotan, aclaró. Por tanto, si alguien dice que no tiene nada que explicar respecto de sus cuentas desde el momento que el Servicio Electoral las aprobó, tal afirmación -dijo- es efectiva, desde el punto de vista de la normativa electoral. Consultado si cree que la reducción del tope de gasto electoral propuesto, va a solucionar o impedir el tipo de situaciones que se han observado, afirmó categóricamente que no. Agregó que una disminución de los topes de los gastos se podría traducir en un esquema de fiscalización más efectivo si necesariamente va asociada a otro tipo de facultades de fiscalización. ¿Qué elementos claves detectaron y que podrían servir de avances o perfeccionamientos efectivos de la normativa para los efectos de mejorar el sistema? Hizo presente que en el contexto del trabajo prelegislativo que realizó la Segpres, antes de enviar el proyecto de ley, el Servicio Electoral aportó una serie de observaciones o comentarios que iban en la línea de levantar aquellas deficiencias que se habían observado con el paso de los años y que se habían manifestado como temas que ameritaban un perfeccionamiento. Recordó que la ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto tiene diez años de aplicación. Mencionó algunos elementos aportados tales como: precisar el concepto de gasto y la figura del administrador electoral. También la existencia de plazos fatales, que son sumamente estrechos (30 días para parlamentarias y presidenciales) para efectos de proceder a realizar la revisión. En el caso de las municipales, es un plazo de sesenta días. Dio como ejemplo las elecciones de 2013, donde las cuentas para las campañas de Presidente, senadores, diputados y Cores, al Servicio Electoral le fueron presentadas 1.353 cuentas de campaña. Afirmó que solo 29 no fueron presentadas. Hizo presente que hoy el artículo 42 de la ley establece que ante el silencio del Servel la cuenta se entiende aprobada. Eso le impone al proceso de revisión un factor adicional de presión, porque para el Servicio sería una situación muy incómoda si producto de la premura de tiempo no se pronunciara y la cuenta queda inmediatamente bajo la condición de aprobada. Por tanto, -dijo- tal vez valga la pena revisar el efecto de este silencio por parte del Servicio. Agregó que el artículo 44 también limita o circunscribe las posibilidades del Servicio de rechazar una cuenta. Hoy, la facultad de aprobar o rechazar una cuenta, que radica en el director del Servicio, contempla la opción de aprobarla, no obstante existan algunas observaciones que se estimen no graves. En consecuencia, la facultad de rechazar una cuenta queda circunscrita a situaciones de una gravedad tal que, además, debe ser fundada por el director del Servicio. Por otro lado, el Servicio Electoral puede solicitar información a otros organismos, lo cual le permite hacer cruces y cotejar la veracidad. Además, puede incorporar dichos antecedentes a su análisis siempre que sea dentro de los brevísimos plazos para actuar. Por ello, es imposible aplicar esa facultad declarada en la ley. Añadió que las posibilidades más efectivas de cruce de información son con el Servicio de Impuestos Internos, porque se está en interlocución con un Servicio que tiene un aparataje informático y tecnológico que no solo está disponible para la revisión de las cuentas de campañas, sino también para todos los otros temas del país. Consultado acerca de cómo interpreta el Servel la solicitud de recursos para financiar campañas, una vez concluido el proceso electoral, indicó que desde el punto de vista electoral, la solicitud de recursos no constituye, ni siquiera potencialmente, infracción a la ley de gasto electoral. En otras palabras, cualquier persona puede solicitar recursos; sin embargo, para que tenga impacto en la ley deben ser efectivamente otorgados y traducidos en un gasto de campaña determinado por la ley y que conste acreditado de esa forma, dentro del periodo correspondiente. Concluye que todo antecedente vinculado con la mera solicitud de recursos -anterior al proceso electoral, coetáneo o posterior-, no tiene ninguna connotación de infracción, desde el punto de vista electoral. A la pregunta de si un candidato o partido puede afirmar con certeza que, dentro de sus aportes reservados, no contó con la contribución de una determinada persona natural o jurídica, expresó que no. Para el candidato es una situación imposible de determinar. Consultado, si la Fiscalía, cuando trabaja con el Servel, ¿tiene esa posibilidad? Mencionó que la mecánica de los aportes reservados está sujeta, de acuerdo a la legislación actual, a las mismas normas del secreto bancario. Por lo tanto, un tribunal habilitado podría disponer el alzamiento de la reserva, es decir, puede solicitar al Servicio Electoral que levante la información y dé cuenta de un monto, o de la identidad concreta de quien realizó el aporte. A la pregunta de si ¿hay sanción si, terminado el proceso electoral, un parlamentario o un candidato solicita recursos que exceden el cupo que para su distrito, circunscripción o comuna, le había sido asignado, afirmó que hoy no está contemplada en la ley la posibilidad de reabrir la revisión de las cuentas si, transcurrido el año, existe un antecedente adicional. La Subdirectora del Servicio Electoral, señora Elizabeth Cabrera, complementa que, ante la pregunta de si el Servel constató la existencia de ilícitos en las campañas de las elecciones de 2013, insistió en que si detectan ilícitos durante una campaña, el Servicio Electoral nada puede hacer. En la rendición de la campaña de 2013 no encontraron ilícitos, apuntó. Sin embargo -dijo- observaron trasgresiones a la normativa administrativa, lo que se traducen en un oficio de observaciones, muy largo en algunos casos, de situaciones que requerían aclaración, corrección o modificación. Aclaró que eso se hizo con una gran cantidad de cuentas (454 cuentas, de un total de 1.382), tanto de presidentes, senadores, diputados y Cores. Recordó que la norma le permite al director del Servicio Electoral establecer discrecionalmente si la gravedad de la observación amerita el rechazo o la aprobación. Hizo presente que una gran cantidad de contribuyentes espera que las cuentas sean aprobadas y den derecho a reembolso para que les paguen sus facturas. Entonces, hay que asociar la situación que se produce con lo que está esperando la persona que prestó servicio a la candidatura, personas que esperan hasta tres o cuatro meses por el pago. Precisó que no se trata solo de aprobar o rechazar una cuenta, sino que hay mucha gente que está tocando la puerta para que se les pague. El Director del Servicio Electoral, señor Eduardo Charme señaló que, en cuanto a la detección de ilícitos y al alcance de la aprobación, hace algún tiempo expresó que con motivo de las candidaturas presidenciales de 2013, las cuentas estaban impecables. Precisó aquello porque cuando se refirió a que una determinada cuenta se encuentra impecable, es que respecto de esas cuentas, las nueve presidenciales de 2013, se siguió de manera impecable el procedimiento de revisión que, desde luego, de acuerdo con la normativa actual, contempla la posibilidad de decirle a un determinado candidato que se necesita un antecedente adicional porque en su planilla hizo mención a una factura que no está acompañada, o que viene solo una fotocopia, o que lo que está declarado en la planilla no corresponde a la suma, o que no hay una coincidencia entre las planillas y los antecedentes, etcétera. Luego aclaró que el hecho de que una cuenta haya sido aprobada de manera impecable, significa que se han seguido de manera rigurosa los procedimientos establecidos en la ley, incluso considerando la posibilidad de que se hayan formulado observaciones, pero que fueron subsanadas de manera adecuada. A la pregunta de si debe contratar personal adicional en el período electoral, respondió que sí. A la pregunta de si ¿tienen el tiempo suficiente para preparar a esas personas para que realicen el trabajo de manera idónea o, habría que aumentar la planta permanente? el señor Charme aclaró que el tipo de financiamiento que tienen es un poco perversa, porque obliga a hacer frente, con una estructura de base constante, a ese tipo de requerimientos. Ahora bien -dijo- para el proceso de revisión de cuentas se suman alrededor de cien profesionales, que no son parte de la planta permanente del Servicio Electoral. Con esos plazos y condiciones, es difícil garantizar que los procesos de selección de personal sean suficientemente rigurosos y acabados. Además, se produce una situación posterior muy nociva, que es que toda esa gente que se contrató especialmente, que fue entrenada, capacitada y que adquirió conocimientos, es personal a honorario que al día siguiente de terminado el período emigra del Servicio. Por lo tanto, el esfuerzo para el próximo período comienza de cero, es decir, se pierde el conocimiento adquirido. Dicho personal adicional está compuesto por contadores generales y contadores auditores, que deben acatar las normas del personal de Servel, que son la reserva y el secreto estricto. Para ello hacen una declaración jurada, que es controlada por ellos. Luego, precisó que las cuentas son revisadas individualmente, no es un procedimiento muestral. Consultado por las donaciones reservadas y la importancia de su tratamiento, explicó que desde el punto de vista de control de los aportes por parte del Servel, lo reservado es lo que mayor control tiene. Tienen un sistema establecido en relación con aportantes, candidatos, límites, semáforos, etcétera. Además, de la información oportuna al administrador electoral para efectos de que sepa lo que ingresa a su cuenta por concepto de donaciones reservadas. Indudablemente -dijo- cada candidato puede rechazar un aporte reservado, y lo hace por escrito. En la práctica, han tenido rechazos, señaló. Ahora, ellos no pueden, a priori y motu proprio, si es que alguien hace una declaración en el sentido que no va a recibir aportes reservados, entregar ese aporte reservado cuando ha sido hecho, sino que sigue una mecánica normal. Al término del proceso se le indica al candidato que tiene ese aporte y él puede rechazarlo. En su cuenta ellos colocan: Usted, por aporte reservado, recibió cinco. Si él les dice que rechaza los cinco, debe señalarlo en su cuenta, y no se considera. Por lo tanto, ese aporte que entró al proceso se devuelve al aportante, que ellos saben quién es. Respecto de abrir la reserva o el secreto bancario, afirmó que solamente pueden hacerlo a requerimiento de los tribunales, ni siquiera del Ministerio Público, porque para este efecto requieren de autorización judicial. A la pregunta de ¿qué pasa si uno tiene copado el aporte, pero recibió uno por fuera. ¿Qué pasa en ese caso en el Servicio Electoral? La señora Cabrera precisó que cuando no se pudo hacer la distribución, sea porque se rechazó o por otras razones, el aporte lo devuelven al aportante una vez finalizado el período de revisión, cuando ya está sancionado todo el proceso de aprobación o rechazo. A la pregunta de qué pasa en los períodos no electorales con el gasto, es decir, si afiches, dípticos, volantes y lienzos corresponden a gasto electoral o no. Y en el caso que correspondieran, ¿podría ser objetado este gasto?, aclaró que gasto electoral es el que se desarrolla en período de campaña electoral y la ley lo señala expresamente: desde el vencimiento del plazo para declarar candidatura hasta el día de la elección inclusive. Eso significa que todo lo que es aporte y gasto debe estar en el período de campaña -y no propaganda, porque la propaganda es la especie dentro del género de campaña-. Luego, todo lo que se hace fuera del período tiene carácter ilegal. En este punto es importante advertir que en la ley de gasto electoral existe una disposición que señala que si un candidato o un partido político tiene conocimiento de que se están haciendo gastos fuera de campaña, o que están sobrepasando el límite, tiene 15 días para hacer la denuncia al Servel. Desde 2004 a la fecha no hay denuncias al respecto, y ellos, como Servicio Electoral, no tienen ninguna posibilidad de conocer aquello, porque no tienen el control in situ de lo que ocurre, sino que a posteriori. ¿Qué pueden hacer si les llega una denuncia?, afirmó que para ese caso, la norma es contundente. Hay que actuar con el procedimiento administrativo sancionatorio y considerar esos gastos como gastos de campaña y meterlo en la cuenta. Está establecido en la norma todo lo que Servel debe hacer frente a esa denuncia, pero en la práctica no ha ocurrido jamás. Consultado si ello no es evidencia de que tal situación no tiene cómo comprobarse en términos prácticos? respondió que como Servicio Electoral, las cuentas de cada candidato deben publicitarlas de forma inmediata cuando son presentadas. Si alguien tiene conocimiento de que en esa cuenta no va un gasto que ellos saben que alguien hizo por equis razón, se hace presente. Para eso es la publicidad de la cuenta que se hace respecto de cada candidato. ¿Qué pasaría si en una candidatura equis llega una denuncia para decir que tal candidato ha excedido el límite de gasto electoral por tales o cuales razones? ¿Qué herramientas podrían tener para esto? Señaló que esa es la dificultad que hoy están advirtiendo en la nueva normativa que se está propiciando. ¿Cómo van a controlar exactamente la ejecución de una propaganda o campaña que esté fuera de los rangos legales? Dijo que les preocupa y están haciendo los análisis para también hacer una aporte en orden a cómo el Servicio Electoral puede enfrentar un tema de esa naturaleza. Agregó que en el país hay que desplegar un sistema completo; no se trata solo de regiones o distritos específicos. El Director del Servicio Electoral, señor Charme, ante la consulta sobre las candidaturas presidenciales y el efecto o posibilidad de detectar documentos ideológicamente falsos, y si estos darían cuenta o no de servicios efectivamente prestados, expresó que la posibilidad que tiene el Servicio Electoral de llegar a la conclusión de que un determinado documento no da cuenta de manera efectiva de lo que declara -estamos hablando del ámbito de lo que hoy se plantea como falsedad ideológica-, en el ámbito electoral, es definitivamente nula esa posibilidad de hacerlo. Si hubiese una falsedad ideológica que tuviese un alcance, ya sea en el ámbito penal o tributario, o incluso en el ámbito de fraude al Fisco, es algo que escapa y excede totalmente a las facultades que la ley actual le ha entregado al Servicio Electoral. La señora Cabrera, agregó que en cuanto al derecho comparado, hay experiencia en dos áreas. En el tema de fiscalización, México es un hito, porque contratan miles de personas, lo que significa que puede haber millones de posibles casos problemáticos. Han estudiado su situación y consideran que es una buena alternativa respecto de la fiscalización, sin embargo, hay que aterrizarlo a nuestra situación particular. Por otro lado, en el derecho comparado, respecto de lo que significa la vulneración por parte de los candidatos de las normas de gastos de campaña, hay un caso específico que ocurre en Ecuador, en el que se pierde el escaño y, además, a los aportantes se les dejan sin efecto sus derechos políticos. Por lo tanto, hay posibilidades de sanciones extremas en esta materia. Piensa que es más bien un tema no técnico la decisión respecto de qué tipo de sanciones es la que conviene para tratar de sacar de la mentalidad actual sobre la situación política, unas sanciones más extremas. Sin embargo, ello excede a lo propio del Servicio Electoral. f.Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral señor Patricio Santamaría. Estuvo acompañado de la señora Andrea González, jefa del Departamento Jurídico del Servel, y la señora Daniela Hormazábal, investigadora del Consejo Directivo del Servel. Da inicio a su intervención, aludiendo a la autonomía legal del Servel, cuya expresión se manifiesta en la creación de un consejo directivo integrado por cinco miembros, nombrados por el Presidente de la República, con el acuerdo de tres quintos del Senado. Señaló que el Consejo Directivo no tiene las facultades de dirigir el Servicio en lo administrativo. Sí tiene radicada la dirección superior del Servicio, y a partir de eso, se dictan los lineamientos y fiscalizan los actos del Servicio. En esa línea, corresponde a la dirección ejercer la función de revisar las declaraciones de ingreso y actos electorales, aprobarlas, rechazarlas, aplicar multa, denegar o aprobar rembolsos con fondos públicos de las campañas parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales de 2013. Añadió que el consejo directivo resuelve la declaración de candidaturas presidenciales y parlamentarias, quedando en la dirección la resolución de la aceptación o rechazo de candidaturas a nivel de consejeros regionales y las elecciones de carácter municipal. Apuntó que no está definido el organismo del Servicio que debiera cumplir el rol de fiscalizar y de controlar. En cuanto a la propaganda electoral, señaló que sólo pueden intervenir en la medida que haya reclamos, donde hay sujetos activos que están muy determinados en conjunto con los municipios y los jueces de policía local. En cuanto al financiamiento, señaló que básicamente pasan a través del Servicio Electoral los aportes reservados, que son aquellos que hacen las personas jurídicas con fines de lucro. Existe un mecanismo regulado y que tiene por finalidad que el candidato no conozca quién le está haciendo directamente el aporte. Este mecanismo se estructuró a partir de la ley N° 19.884, dictada durante el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos. Respecto de la revisión de balances, ingresos y gastos, como consejo fueron estrictos -dijo- fundamentalmente porque al asumir, el 18 de febrero de 2013, se dieron cuenta de una serie de temas que estaban pendientes. Así se planteó al inicio de su gestión, en la presidencia del Consejo, la necesidad de trabajar en un código electoral. A su vez, en el proyecto enviado por la Presidenta Bachelet hace un par de semanas al Congreso se piden facultades para hacer esa codificación, que debiera ser igual a como se hizo en su momento respecto del Código del Trabajo. Recordó que junto con la directora subrogante del Servicio, la actual subdirectora, una persona de mucha experiencia, trabajó directamente con el señor Juan Ignacio García-, donde pidieron que se revisara el ciento por ciento de las facturas, de las boletas, con la posibilidad de aplicar un vínculo con otros organismos o instituciones del Estado para conseguir una mirada más o menos clara, dentro de las facultades que tienen para fiscalizar el gasto. Se pidió, de ser necesario, que se justipreciara en algunos casos, en una aplicación que hace extensiva una norma que permite al director del Servicio Electoral, si se establece que hay gastos no declarados, tasar esos gastos. Sobre esa base pudieron justipreciar y rechazar algunas declaraciones, o al menos pedir aclaración, porque se arrendaban camionetas por valores superiores a lo que hubiese costado comprarlas; se pagaban sueldos enormes a algunas secretarias. Dijo desconocer lo que gana la secretaria de Ban Ki-moon o de otra autoridad, pero les parecía, de acuerdo con los precios de mercado, que no eran pagos razonables. En esos casos, hubo aclaraciones, y si no las hubo se rechazaron las cuentas. Comentó que se requieren cien contadores para empezar a hacer las revisiones en los 30 o 60 días que establece la ley para las elecciones municipales; 15 días, para algunas observaciones, etcétera. Pero se cumplió ese trámite y se rechazaron las cuentas que debían rechazarse; se aprobaron las que debían aprobarse; se autorizó, con la certificación del Tribunal Calificador de Elecciones, respecto del número de votos obtenidos por cada uno de los candidatos, los reembolsos con fondos públicos, que operaron en esa oportunidad. Añadió que a mediados de septiembre, se enteraron por la prensa de determinadas situaciones. En un momento determinado se puso reserva en las investigaciones. Como consejo no se quedaron tranquilos, porque sabían que alguien les iba a preguntar. Por lo tanto, pidieron especialmente, y dieron instrucciones al señor director, que hicieran las gestiones necesarias para ver si efectivamente existía una arista electoral en lo que hoy conocemos como el caso Penta. Recordó que en esa oportunidad se tomaron algunos contactos extraoficiales con otras autoridades. Oficialmente, se envió una solicitud a la Fiscalía Nacional, y el fiscal nacional les contestó que derivaba esa solicitud. Pidieron formalmente que se les entregaran antecedentes de alguna investigación, pero hasta la fecha no han tenido respuesta y el plazo caducó, venció, prescribió, el 17 de noviembre de 2014. Indicó que como ellos habían hecho la revisión de manera muy acuciosa, estaban absolutamente disponibles para haber iniciado también la investigación, dentro de sus facultades, para aplicar las atribuciones administrativas y las sanciones de multas que establece la ley. Señaló que se han acostumbrado a preocuparse de los problemas mientras están en los medios de comunicación, luego cambia el eje de la noticia y los problemas quedan olvidados. Así, explicó que hubo dos iniciativas del gobierno del Presidente Piñera y la idea es que el actual gobierno de la Presidenta Bachelet también ponga urgencia para que como Servicio puedan recuperar facultades para depurar el padrón de militantes. Por ejemplo, 550 mil personas tienen 80 años o más; un poco más de 100 mil personas hace once años que no obtienen sus documentos de identidad y que a la fecha tendrían más de 100 años; existen personas que en esa oportunidad tenían 141 años y aparecen como vivos en una mesa de votación. Y está la vergüenza de que haya aparecido el Presidente Allende pudiendo votar en Estación Central. Tales temas han ido desprestigiando y contribuyen a una cosa más general, acotó. ¿Cuál es la idea concreta respecto de la fiscalización? Lo primero, separar lo relacionado con la fiscalización, el control del gasto electoral, de lo que es el Servel. No tiene por qué ser el Servel. Una institución fortalecida que se haga cargo de los diferentes temas, apuntó. Así se propusieron fijar el 15 de abril próximo el momento para ingresar al Congreso un proyecto de ley que considere esa nueva institución. ¿Cómo imaginan esa nueva institución? Expresó que no imagina un Servicio Electoral tan fortalecido, mirando solo la realidad de las últimas elecciones. Recordó que cuando se habló de los cinco millones y medio de jóvenes, entre 18 y 28 años, que no se inscribían, se pensó que la gran solución sería la inscripción automática. Algunos dijeron en ese entonces que las encuestas mostraban que los jóvenes no votaban porque debían hacer una fila, firmar un libro o un registro, sino por un tema mayor, que dice relación con el prestigio de la actividad política, con el rol de los ciudadanos, etcétera. Resultado: votaron menos personas, es decir, hubo mayor abstención, precisó. Chile el segundo país con voto voluntario en América Latina; Colombia fue el primero y primero también en la región con mayor abstención. Entonces, el debate inmediatamente es el mismo: voto obligatorio. Sobre el voto obligatorio, hizo ver que junto con ejercer la presidencia del Consejo Directivo del Servicio Electoral, le corresponde -por estatutos- la presidencia pro tempore de la Unión interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), en conjunto con el ministro de la Corte Suprema, señor Patricio Valdés, actual presidente del Tribunal Calificador de Elecciones. En dicha Unión participan 24 países, 31 organismos electorales: 12 tienen voto obligatorio y 12 voluntarios. Cuatro puntos de diferencia hay en la participación electoral; 69% es el promedio de participación de los países con voto obligatorio y 64% con voto voluntario. Dijo creer que el tema no se resuelve pensando que el voto obligatorio va a llevar a una participación mayor. Sobre el particular reflexionó y dijo que la democracia requiere, en primer lugar, de un organismo con autonomía constitucional. Esto dice relación con la autonomía presupuestaria, con una cierta delegación de la soberanía en los términos del artículo 5° de la Constitución Política, que no solo está entregada a raíz de las elecciones populares, y también con recuperar la interacción de este organismo con la ciudadanía, que se perdió por la falta de educación cívica y ciudadana. Espera que el debate sobre la reforma educacional no se centre solo en copago, los recursos y la gratuidad, sino también en la calidad, y que en esta calidad se considere la posibilidad de formar en lo sucesivo a ciudadanos y ciudadanas comprometidos, que participen y que se sientan parte de una comunidad, y no que el Estado contribuya, de manera gratuita y en condiciones de igualdad, a seguir formando consumidores, competidores, en una mirada de la sociedad, que es la que ha llevado a todos a avanzar en una línea determinada. Entonces, ven una institución con posibilidades de trabajar en los temas de educación cívica y de participación ciudadana; de interactuar con ese mundo tan rico de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de los independientes. Todavía quedan personas que creen en el servicio público y que quisieran vincularse con algún órgano del Estado no dependiente del gobierno de turno que tuviera estas tareas y, también, con los partidos políticos, que son fundamentales en cualquier democracia. Junto con ello, se imagina, en este nuevo servicio, la administración y la organización de esas elecciones. El año pasado se vieron complicados cuando legítimamente los estudiantes se tomaron algunos colegios. Finalmente lograron, por diferentes vías, contar con esos colegios, que eran locales de votación; pero allí observaron una debilidad, un punto que deben prever. El 2016 y el 2017 serán años hiperelectorales, tendrán por primera vez primarias para alcaldes, elecciones municipales, tal vez, elecciones de intendentes, elecciones presidenciales y parlamentarias. Añadió que cuando un paro de los funcionarios municipales -legítimo o ilegítimo-, pone en riesgo la posibilidad de implementar los locales, y donde al mirar la estructura del sistema electoral no ve un organismo que tenga la responsabilidad en sus manos, o donde, más bien, lo que existe es una cierta posibilidad de trabajo, como un primus inter pares[5], que es lo que ocurrió en ese momento y que les permitió ir salvando, como consejo y servicio, algunos problemas que se planteaban. Entonces, en este punto también tienen que poner atención, en cómo siguen estableciendo y regulando la administración del servicio. Pero tampoco van a escabullir la posibilidad de fiscalizar y controlar. Consultado por las facultades que se requieren como Servicio, mencionó que la experiencia comparada sirve mucho. Por ejemplo, le parece la posibilidad de Brasil, de contar u obligar a plantear un presupuesto previo al momento de la declaración de la candidatura, un presupuesto indicativo, sin entrar en el detalle, pero sí los mecanismos de propaganda electoral que van a utilizar los candidatos. Dijo que esto podría ser un avance, pues sirve en otros países. También, la facultad de fiscalizar en terreno. Actualmente, lo que hacen es ver si coinciden los ingresos declarados, con lo que se dice haber gastado. Ese es el certificado de la blancura que podría dar el Servicio Electoral. Entonces, concluye, se requiere la posibilidad de revisar, incluso, en forma aleatoria. Comentó que se les está asignando fijar las calles, plazas y parques de todas las comunas del país en donde se podrá colocar propaganda, en conjunto con los concejos, así viene planteada la propuesta de Gobierno. Dijo que ellos no tienen problema en hacerlo, pero en la medida en que se defina qué se entiende por propaganda, porque si tener un monumental de 40 por 60 donde no diga “vote por”… se entiende que no es propaganda, entonces es un chiste. Esto se viene discutiendo desde la recuperación de la democracia, acotó. Insistió en que es necesario definir qué es propaganda electoral, y eso es importante, porque dice relación con el financiamiento, con los ingresos y con las facultades de fiscalizar el ejercicio. Un mecanismo que destacó, y que está en la ley, es la intermediación de la propaganda radial. Una nueva tarea para el Servel será recibir las tarifas de las radios e intermediar los pagos. De esa manera, les va a quedar constancia y nadie va a poder decir que tuvo más o menos tiempo en una radio, que pagó un tanto en la radio, etcétera, porque esto se va a transparentar. Añadió que esto podría llevarse también a otros medios de comunicación donde se permita la propaganda. Por otra parte, señaló que sería bueno revisar el registro de proveedores. Allí se plantea, por ejemplo, que llegan las facturas uno y dos, con unos montos equis, que indican que la empresa está recién partiendo. También llegan facturas que no están timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. En esto llega de todo, y por eso hay períodos de observación. Ese es un tema que, a lo mejor, se ordena si, al igual como se hace con las organizaciones de la sociedad civil, se exige que para prestar una asesoría haya que tener un año de antigüedad o de experiencia en la materia. Insistió en que se requiere un mayor plazo para las revisiones. Dice que no es serio pensar en treinta días, dar un plazo de quince días para resolver las observaciones y otros treinta días para resolver, y que si no se resuelve en esos 60 días, se entiende aprobada la cuenta y, por ende, aprobado el reembolso de fondos públicos. Otro aspecto que destacó es la necesidad de subir el rango del administrador electoral. El administrador electoral siempre es el primo, el sobrino del candidato. A lo mejor se establecer la necesidad de que tuviera alguna formación y una cierta responsabilidad posterior. Otro tema son las sanciones. Dijo que el 21% de los países de Oceanía, tiene el control de gastos y fiscalización, y cuando se avanza hacia países más desarrollados, el cambio es ostensible, es importante. En los casos del 21%, la explicación está en que el grupo electoral no pasa de 500.000, y en algunos casos, porque ni siquiera importa, por lo cultural, es la compra de votos. Las sanciones, van desde multas hasta la nulidad de la elección, pasando por la pérdida del escaño y sanción a los aportantes con la pérdida de derechos ciudadanos. Es decir, existe una gama importante de sanciones, pero este tema es más de decisión política, precisó. Hizo ver que hoy no se puede pensar en revisar los doce mil candidatos de la elección municipal, pero sí hay algunos mecanismos, es decir, sanciones ejemplarizadoras que eviten o tiendan a evitar ciertas situaciones, a pesar de que “hecha la ley, hecha la trampa”. Por eso -dijo- entre otras cosas, tiene sentido reponer la asignatura de educación cívica y recibir algunas facultades para trabajar sobre estos temas. A propósito de una solicitud de cesación del cargo del senador Alejandro Navarro, pudieron constatar cómo la Constitución de 1980 creó nuevas y más causales de caducidad o de cesación en el cargo, respecto de la Constitución del 25. Además, hizo un cambio que fue complejo y que puede traer cierta discusión: sacó de la Cámara de origen la facultad de destituir o de aplicar la cesación y se la entregó al Tribunal Constitucional, que es el tribunal que a requerimiento del Presidente de la República y a lo menos diez de los diputados, puede, en su momento, en caso que algún parlamentario sea acusado por algún delito que merezca pena aflictiva (más de tres años y un día) y se vea suspendida su ciudadanía, en ese evento, perder el escaño. Afirmó que hoy son meros receptores de la información que les llega de otros servicios y no les queda más que incorporarlo en una nómina. Se van a ver obligados a introducir en el próximo padrón electoral a personas que, de estar vivas, tendrían 143 años, y va a venir el reclamo, la denuncia y el dedo acusador apuntando hacia el Servicio Electoral, que es una institución que ha mantenido su prestigio, pero que lo ha visto en riesgo. Recordó que cuando asumieron, la primera tarea fue recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía. El informe de Auditoría de la Democracia de 2012, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mostró cómo de 8% a 38% subía la percepción de los ciudadanos respecto de la posibilidad de corruptibilidad en los procesos electorales. Es un sistema bien especial, porque se le consulta a un número determinado de personas con tres opciones, pero había aumentado. ¿Cuál era el problema? El problema había sido el manejo de la elección municipal en 2012. Ese millón de votos perdidos, entre el alcalde y los concejales, una o dos actas que aparecieron en un basural; donde, si uno lo mira desde una mirada política, puede quedarse apuntando el dedo hacia la autoridad de ese momento. Pero para ser justos, el problema con el que se vieron enfrentadas las autoridades del gobierno pasado fue que, al momento de dictar la ley, no se determinó qué pasaba con las mesas descuadradas. Este problema no se repitió en 2013, porque esta misma Cámara y el Senado aprobaron una norma que mandaba qué hacer con las mesas descuadradas. A la consulta: cómo ayudar, cómo colaborar, para que las personas acudan a votar y resolver el tema de la abstención, explicó que se trata de un problema que ha venido preocupando hace bastante tiempo y que se relaciona con la crisis de confianza que vive nuestra sociedad. A fines de la década de los ochenta -basta ver el primer informe de desarrollo humano para darse cuenta-, a la pregunta cree que lo que está diciendo el otro, es verdad. Siete de cada diez contestaban que “no”. Si la pregunta era “piensa que el otro es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir un objetivo material”, siete de cada diez respondía: “sí”. Esta realidad no se tuvo presente en su momento, lo que redundó en la grave crisis que hoy estamos viviendo. Además -dijo- a finales de los ochentas, el país estaba bastante quebrado. Lamentablemente, no han encontrado la manera de resolver esos temas y, en consecuencia, en la actualidad existe una tremenda crisis de representatividad, por un lado, y un descrédito de lo público, por el otro. Asimismo, vivimos un modelo individualista, de competencia descarnada y sin límites, basado fundamentalmente en logros personales y materiales, en el cual se ha perdido el sentido de comunidad, de colaboración. Esta es la sociedad que hemos construido, apuntó. Por lo tanto, es difícil pedirle a una persona que crea, “si siete de cada diez personas no creen en el otro y lo consideran capaz de hacer cualquier cosa…”. Agregó que en una sociedad que experimenta el descrédito de la función pública, se cuestiona a una persona que dice: “Vengo a presentarme, porque tengo muy buenas ideas”. El informe de Auditoría de la Democracia aborda aquello, es decir, el descrédito de la política, de lo público, que de cierta manera se vincula con la idea de que el abogado es “malulo”, es ladrón. Probablemente los hay, como también los hay en otras carreras, como médicos, o políticos, porque es parte de la naturaleza humana. Pero cuando alguien plantea la posibilidad de servir y ejercer esa vocación pública, es razonable que el otro cuestione. Además, la ciudadanía, los electores, están sentados en sus casas, alentados por un modelo que fundamentalmente los obliga a consumir, y quieren que se les resuelva todos los problemas del hogar. Piensa que a grandes problemas, grandes soluciones. Por eso, plantean la necesidad de hacer un cambio en el enfoque. Hoy, es indispensable la educación cívica, revalorizar lo público, porque hay pruebas de que tales medidas tienen resultados siempre que las apliquen las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están dando la batalla, están trabajando en la escuela, en los colegios, fundamentalmente, en las universidades, valorizando lo público. Imagina que deben ser más sancionadores con las actuales generaciones, pero no deben renunciar al compromiso de ir formando a las nuevas. Consultada su opinión respecto del envió de una carta a los electores, en forma previa a una elección, explicando sus derechos y la importancia de concurrir a votar, señaló que dicha misiva por motivadora que sea, no va a resolver el problema. Afirmó que hoy tienen el domicilio que las personas declararon en su momento en la junta inscriptora, o sea, aquellos 8 millones y medio de personas. En el caso de los que fueron inscritos automáticamente, el domicilio es el que está consignado en su última cédula de identidad, el que les envió el Registro Civil. A propósito de los mismo indicó que se les está pidiendo, como Servicio Electoral, que georeferencien, y lo están haciendo. Pero la última modificación legal, aprobada por el Congreso Nacional, abrió espacio para tres domicilios distintos y, por tanto, no hay coherencia. Así me puedo domiciliar donde estudio, trabajo, o duermo, tendremos que llamar o mandar una carta, para saber dónde va a estar el día anterior. En El Salvador establecieron como domicilio electoral el lugar donde duerma el votante la noche anterior. Indicó que pudo constatar a familias completas, desde la abuela hasta el nieto de 18 años, ir a votar a la escuela que está al frente del lugar donde habían dormido la noche anterior a la votación. Lo lógico, si se quiere georeferenciar, es dejar un solo domicilio, el de la residencia o donde se pernocta la noche anterior a la votación. Este concepto parece más lógico, sentenció. A la consulta de ¿cuántos funcionarios tienen para controlar? Afirmó que tienen 280, de los cuales 13 o 14% son profesionales. Son personas, que se han formado, muchas de ellas durante el largo feriado de 17 años que tuvo el Servicio Electoral, y que hoy conforman un equipo humano que hace todo el esfuerzo y que crece en períodos de elecciones. En época de elecciones y con el presupuesto de elecciones, se llega a contratar 12.000 personas. Dos, tres o cuatro personas por local de votación, lo que permite que se den rápidamente los resultados. Su presupuesto es cercano a 7.000 millones de pesos. En México, el Instituto Nacional Electoral azteca, tiene 12.000 funcionarios y llega a 70.000 en época de elecciones, con 2.000 millones de dólares de presupuesto. Obviamente dijo no pretender aquello, pero con solo 280 personas trabajando, no se da abasto. Son 12.000 en tiempo de elecciones y 100 contadores. Consultado por el cotejo con otras instituciones de las facturas y demás rendición de cuentas de los administradores electorales, aseveró que ello hoy está en la ley. Comentó que se entrevistó con los directores de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Les pidió que formaran una mesa de trabajo, para poder contar con la información que requerían. Se armó dicha mesa y les pidieron por escrito la información, pero hasta el día de hoy no les han contestado los documentos. Cree que la razón de esta inactividad radica en una suerte de celo en el manejo de la información confidencial de los contribuyentes. ¿Cómo lo hicieron entonces? Entraron como cualquier chileno que está al otro lado, o sea, que supera la brecha digital y que puede entrar a un computador, para revisar factura por factura, empresa por empresa, con estos 100 contadores, para verificar si se trataba de talonarios que habían sido timbrados. Es decir, como cualquier chileno que entra a la página del Servicio de Impuestos Internos. Por eso nos interesa, entre otras cosas, la autonomía constitucional. Consultado por la relación entre dinero y política, expresó que este es un tema que debería ampliarse un poco más. Él hablaría de la perversidad de la influencia del dinero en las relaciones sociales, en relación con la comunidad y la sociedad. Explicó que en otros países lo han resuelto con sistemas mixtos, sistemas donde se valora el aporte que pueden hacer las personas naturales. En la actualidad se ha escuchado la necesidad de terminar con los aportes anónimos; en Estados Unidos incluso hay un fallo de las Corte Suprema al respecto. El sentido del aporte anónimo de pequeños montos tiene que ver con evitar que una persona pueda ser perseguida por revelarse la idea política que está apoyando. De alguna manera, es como una extensión del secreto del voto. Así como existe secreto del voto, debe existir la posibilidad de aportar 20 UF, 450.000 pesos, y pedir que haya reserva, para que el empleador o el sindicato no comiencen a presionar. En un sistema mixto, el aporte público es muy importante y relevante. Los países entienden -aproximadamente el 70% de los países de América Latina- que esto es un tema de Estado, que deben ser financiados los partidos políticos y las campañas, pero también entienden que se deben establecer mecanismos, como el que viene en el proyecto de ley presentado por la Presidenta, de manera de canalizar los aportes a través del Servicio Electoral. Todos los aportes deberán hacerse a través del Servicio Electoral. Van a tener que definir las calles, las plazas, las avenidas donde se pueda colgar propaganda, van a tener que intermediar entre las radios y los medios de comunicación, van a tener que recibir todos los aportes privados que se hagan, los que van a pasar por una cuenta y van a poder controlarlos. Cree que las sanciones ejemplarizadoras son fundamentales, como perder el escaño, sancionar a quién pueda eventualmente corromper, etcétera. Consultado sobre la autonomía constitucional, comentó que cuando este Congreso estableció la inscripción automática decidió la eliminación de las setecientas cuarenta y tantas juntas inscriptoras. El Servicio Electoral era el organismo público que tenía mayor presencia territorial en el país. Pero, ¿cómo vamos a registrar los cambios de domicilio? Alguien debe haber propuesto: por internet. ¿Y la brecha digital? ¿Todos tenemos acceso a internet? Y alguien dijo no, las direcciones Regionales del Servicio Electoral, que son 15. Entonces en Chile Chico, el ciudadano o ciudadana tiene que programar un viaje de 2 o 3 días, incluyendo quedarse a dormir en Coihaique, para ir a cambiar el domicilio electoral. Un ciudadano de Puente Alto o de Paine tiene que venir a Miraflores. ¿Qué hicieron? Suscribieron convenios con ChileAtiende, por lo que en las 167 comunas donde está ChileAtiende se puede realizar el cambio de domicilio. ¿Que se fijaron como metas estratégicas? Resolver los problemas que están viendo. Primero, para facilitar el voto, se debe georeferenciar el padrón, para lo cual hay que abrir nuevas circunscripciones electorales. Hace una semana y media, abrieron Bajos de Mena. 200.000 personas que les preguntaban por qué no abren un colegio, si tengo uno aquí al frente. Les respondían que no podían abrir el colegio porque ese ciudadano aparecía inscrito en Gabriela poniente, o en el centro de Puente Alto. Bueno, a partir de hoy, están en plazo y pueden cambiarse a su domicilio actual en Bajos de Mena, gracias a lo cual van a tener un electorado en Bajos de Mena y van a contar con el colegio. Pero tienen que hacerlo ellos, porque el Servel no tiene las atribuciones para ello. Tienen que incentivarlos. Que les permitan la georeferenciación es la manera de acercar los locales de votación. No es tan simple. Les gustaría que las personas no perdieran el tiempo ese día. Consultado sobre las posibilidades de votar donde uno esté. Dijo que lo están analizando. Lo piensan más bien como una forma de remover obstáculos que impiden el ejercicio del derecho a sufragio de algunas personas, como los chilenos que están en el exterior. Se hizo la reforma constitucional y hoy se permite que los compatriotas voten en el extranjero, en la medida en que se dicte una ley de quórum calificado. En esa misma línea señaló que hoy se ve a treinta y tantas mil personas presas que tienen su derecho ciudadano y que podrían votar, pero les están vulnerando un derecho humano, como es el derecho a sufragio. El Estado, por no haber dictado una norma legal que se hiciera cargo de esa situación -como existe en otros países- está agravando una pena. Incluso, esto llevó a que un magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictara un fallo, en septiembre del año pasado, obligando al Servicio Electoral a abrir mesas de votación en los dos penales de su jurisdicción. Fui a hablar con el magistrado, le plantee el problema que tenían por no contar con una legislación, por lo que no había forma de garantizar la presencia de apoderados y la propaganda, dónde abrían el escrutinio público, cómo hacían todo eso. ¿Cómo facilitan el voto a distancia o electrónico, por ejemplo, en los casos de las personas o de los trabajadores que están en faenas pesqueras y mineras? Tales son temas que tienen dentro de las metas estratégicas. No obstante, afirmó que el Servicio Electoral nunca va a aplicar ese sistema de un día para otro. No van a arriesgar un sistema que hasta hoy ha funcionado y a una institución que tiene absoluto prestigio. Verán algún modelo o prototipo de voto electrónico a modo de prueba. A Brasil le llevó 20 años implementarlo, cuyo mecanismo tampoco es aplicable a Chile, porque se vota con un número. Las personas deben ir con un número respectivo, no está abierta la cédula como en el sistema argentino, de la provincia de Salta, que es un poco más amigable y que tiene que ver con la idiosincrasia y la costumbre. Consultado por qué el director planteó exclusivamente el caso de la cuenta de la Presidenta Bachelet, señaló imaginar que fue porque le estaban preguntando por esa cuenta. Habitualmente, cuando no se tiene mucha facilidad o costumbre de interactuar con los medios de comunicación, trata de contestar lo que preguntan y si puede evitarlo, lo evita. Le da la impresión que así lo hizo el director, pero las nueve cuentas presidenciales fueron rendidas de manera impecable. Dentro de las facultades y atribuciones que tiene el Servicio Electoral, expresó creer que no hubo ninguna mala intención, conoce y da fe de la honorabilidad de su nuevo director, nombrado en septiembre. A la pregunta de si ¿ustedes digitan en alguna base de datos las rendiciones para automatizar este cruce de información? Señaló que no solo se digitan, sino que además se publican en la página del Servel y cualquier persona puede acceder a la rendición completa. ¿Están disponibles también las copias de las rendiciones y los documentos que puedan avalar la rendición? El señor Santamaría dijo desconocer ese detalle. De hecho, por transparencia, si se pide, se entrega. Lo único en que tienen limitaciones, amén del secreto bancario, es dar información respecto de las personas que hacen donaciones o aportes. Tienen prohibición, con el alcance jurídico del secreto bancario. Es decir, si una autoridad judicial o la fiscalía les envía la orden o la instrucción, pueden levantar ese secreto bancario respecto de quién hizo la donación. Sobre la posibilidad de modificar el padrón electoral, señaló que no pueden hacerlo, pues se mueven en un Estado de Derecho, y no tienen facultades para modificar el padrón, aunque hubieran advertido la presencia del ex Presidente Salvador Allende, porque el mecanismo que establece la ley es, precisamente, recibir la información de diferentes organismos como el Registro Civil, la Fiscalía, la Corte Suprema y Extranjería. Una vez recibida, tomarla e incorporarla a una base de datos que conforma el registro electoral y, a partir de eso, conformar el padrón electoral, con aquellos que están en el registro, pero que tienen 18 años. El registro se inicia a partir de los 17 años. Una vez que tienen ese padrón, publican el primero, un padrón provisorio. Agregó que para resolver ese problema, supuestamente administrativo, se va a tener que tomar una decisión respecto de las personas detenidas desaparecidas, porque así como hubo voluntad para resolver los problemas patrimoniales de las personas con ausencia forzada, no se ve por qué no se puede llegar a un gran acuerdo que permita, por ejemplo, que aquellas personas detenidas desaparecidas, que desde el punto de vista jurídico están en secuestro permanente, se mantengan en un padrón especial, en una solución como en Uruguay, en lo que viene a constituir un reconocimiento de personas que en su momento vieron violados sus derechos humanos por agentes del Estado. Mencionó que tienen un padrón que registra los domicilios de ocho millones y medio de personas, que los fijaron en su momento, y si no lo han renovado, probablemente, no corresponden a ellos, y de cinco millones y medio que los tenían inscrito en el Registro Civil. Muchas veces no coinciden, y son cientos de miles de pesos la pérdida para el Servicio Electoral por la cantidad de cartas que llegan devueltas, que no llegan a su destino porque no corresponden a los domicilios respectivos. ¿Por qué no operó el registro de proveedores? En la ley N° 19.884 se aprobó el registro de proveedores, y antes de que se implementaran las elecciones de 2004, hubo una modificación que lo eliminó. Señaló desconocer el argumento de ese entonces. Sin embargo, destacó que ahora se puede restablecer el registro de proveedores. Por otra parte hizo referencia a que hay cuestiones tan evidentes que cree que el Congreso tiene o debiera tener la capacidad de buscar los acuerdos, sobre todo en la legislación electoral, pero no basta con hacer acuerdos ni fijar reglas del juego sino que debe hacerse de manera oportuna. A veces, las cosas no se han fijado de manera oportuna. Cuando se tuvo que implementar las elecciones primarias, dos meses antes no sabían qué voto se iba a utilizar. Algunos decían que cuando llegara el elector iba a pedir el voto de la Alianza, o de la Concertación o Nueva Mayoría o de los pactos políticos que estén utilizando en el sistema de primarias. Otros decían que no, porque eso afectaba el secreto del voto. Finalmente se refirió a los aportes reservados, expresando que pueden, en términos generales, señalar la cantidad de RUT, que le parece son 203 los que hicieron aportes reservados en el proceso 2013. El 93 o 94% son empresas, pero también hubo personas naturales. Añadió que hay todo un mecanismo en que, incluso, se tiene cómo esconder el monto de los aportes reservados y no están obligados a depositar en las cuentas personales de cada uno de los candidatos el total del aporte. ¿Usted puede señalar cuánto fue el total de aporte reservado en 2013? Santamaría indicó no tener la cifra. Agregó que no se va a pronunciar respecto del aporte o no de las empresas, porque se trata de un tema político que debe resolverse, pero le parece que el argumento de que las empresas no votan debe mejorarse ya que con eso, a veces, se intenta desacreditar los aportes para la superación de la pobreza o los aportes culturales. Lo que hay ahí es una responsabilidad social de las empresas, pero que lo importante en eso -a su juicio- es también retomar el compromiso. Si las empresas no votan, habría que preguntarse si corresponde en una democracia que empresas determinadas aporten a través de una fundación o una corporación para un bien de carácter público, pero si tiene esas mismas motivaciones y fundamentaciones el hecho de que aporten a una persona determinada, en lo que es un emprendimiento político determinado. Respecto de si el Servicio Electoral hubiese conocido a tiempo los hechos que aún hoy se investigan, independiente de las situaciones que están quedando más claras, habrían actuado, con el mismo rigor que aplican el control de las cuentas, con la misma manera y acciones que asumen para conocer si efectivamente existían esos supuestos fraudes hoy en investigación, de la manera más rigurosa posible y, como lo han hecho hasta ahora, dentro de sus facultades. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. g. Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, señor Eric Parrado. Inicia su intervención expresando que desea ilustrar cuál es la situación del Banco Penta y cuál es el rol de la superintendencia y cuáles son las competencias de esa Superintendencia de acuerdo a la Ley General de Bancos. Sostuvo que el mandato que tiene la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras es fiscalizar a las empresas bancarias y otras instituciones financieras con el objeto de velar por su estabilidad financiera, mandato que está enfocado a resguardar a los depositantes, el interés público, la fe pública y la confianza. Por tanto, cuando se pregunta a quién defiende la Superintendencia, la respuesta es simple: defiende a los depositantes, en dos ámbitos. El primero es contar con un marco regulador prudencial, que oriente a limitar las actividades y riesgos de las entidades financieras y a verificar que los estados financieros representen su real situación económica. Es decir, se trata de regulación, de normativa, de leyes que rayan la cancha de lo que pueden hacer y siempre con el enfoque de ir limitando riesgos, amén de velar por la estabilidad financiera. En algunos casos tienen una normativa propia. En otros, la legislación viene desde el Poder Ejecutivo, a través de las leyes. Dio como ejemplo, la reforma a la Ley General de Bancos, que incluye, entre otros temas, adecuaciones respecto del capital, todo lo referente a los Acuerdos de Basilea III, discusiones respecto del gobierno corporativo de la Superintendencia y temas de resolución bancaria. Otro ejemplo adicional reciente sobre el marco regulatorio prudencial, se refiere a la emisión de una normativa respecto de las provisiones de crédito hipotecario. Simplemente, lo que se hace es ir revisando los riesgos que están en el mercado y, por tanto, colocando ciertas normas y principios para que los bancos sigan con esas regulaciones. La segunda parte está enfocada en la supervisión, la cual está basada en riesgos, es decir, orientada a verificar que las entidades financieras cumplan con el marco regulatorio que mencionó y se adhieran a sanas prácticas de gestión de los riesgos. Una de las buenas noticias que tuvo la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -comentó- es que el Comité de Basilea, les ha invitado a ser observadores. Afirmó que hoy son observadores del Comité de Basilea, dada la experiencia y el trabajo que ha hecho la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en los últimos años. Por tanto, tienen acceso a la discusión internacional sobre las mejores prácticas en supervisión bancaria. Respecto del grupo Penta, señaló que cuenta con 25 años de operación, con distintas actividades en Chile, Perú y Colombia, en industrias de seguros, salud, ahorro, inversiones, sector inmobiliario, agrícola, tecnología y recientemente energía. Hitos importantes de este grupo, está el año 1992, cuando los controladores toman el control de Cuprum, alcanzando un 63,4% de las acciones, e ingresa a la propiedad del Banco de Chile. Se crea la Administradora de Fondos de Inversión Las Américas (AFI), hoy, Penta Las Américas. Otro hito importante del Grupo Penta es que en el año 2000 vende el Banco de Chile al Grupo Luksic e ingresa a la propiedad de Banmédica con un 26,7%. Después se crea Penta Inmobiliaria. La creación del Banco Penta es en 2004 y por último, destaca la venta de la AFP Cuprum, que generó ingresos por casi 1.000 millones de dólares en 2012. Explicó que en esta lámina, lo que está en fondo amarillo son las áreas de negocio sujetas a algún tipo de fiscalización. Obviamente -dijo- los bancos entran bajo su supervisión. Las administradoras de fondos están bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El Banco Penta está dentro de Empresas Penta, donde están las sociedades matrices, que son Inversiones Penta III Limitada, Inversiones Penta Sociedad Anónima e Inversiones Penta V Limitada. Afirmó que este cuadro solo es un resumen de todas las empresas, puesto que son mucho más de 100 en términos de distintas sociedades. IMAGEN Mencionó que la lámina siguiente tiene por finalidad dimensionar la importancia del Banco en activos y resultados, tomando las principales empresas del Grupo, que pueden abarcar activos casi en un 95%. Si se toma el año 2014, que serían las dos últimas columnas, se puede ver que el Banco Penta, en términos consolidados, representa un poco más del 30% de los activos del Grupo, los cuales equivalen a 6.741 millones de dólares. Por tanto, el Banco Penta tiene una importancia relativa del 30%. En el caso de Banmédica, la importancia relativa llega casi al 19%, y así sucesivamente. Una de las empresas importantes en tamaño de activos es Penta Vida Compañía de Seguros de Vida, S.A., con 41%. En los resultados se aprecia -dijo- que el Grupo Penta, al 30 de septiembre de 2014, tiene acumulado en resultados 77 millones de dólares, que se descompone de la siguiente forma. Banco Penta: 18 millones de dólares, esto es, casi el 24% de los resultados del grupo total. En términos de activos, el Banco representa el 31%, y en resultados, el 23%. IMAGEN A continuación, analizó la evolución del Banco. Este gráfico es el típico balance de un banco. En este caso, en un balance particular del Banco Penta, y se observa que el patrimonio llega a unos 265 millones de dólares; pasivos, por 1.820 millones de dólares, y activos, por 2.085 millones de dólares. En otras palabras, el patrimonio es el capital que ponen los dueños del Banco y con él hacen un gran negocio de más de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo pueden hacer un negocio con poco capital, pero con bastantes activos? Simplemente, porque aquí hay pasivos. ¿Y de qué están compuestos los pasivos? De depósitos de personas, en algunos casos, y de empresas y fondos mutuos, en otros. Por lo tanto, los bancos hacen negocio con los depósitos. A la pregunta de, a quién defendemos, sostiene que defienden al cuadrito verde, que representa a los depositantes. Sin esos depósitos, no existe negocio bancario, porque en los activos está el crédito. Por lo tanto, la confianza y la fe pública son importantes para que los bancos funcionen, ya que esta es una de las pocas industrias donde el patrimonio es más bajo que cualquier otro tipo de industria. IMAGEN Agregó que esta lámina contiene una descomposición de cada una de las partidas, al lado izquierdo están los activos y al lado derecho los pasivos. Se observa que la evolución ha sido bastante fuerte en término de esta barra azul que representa las colocaciones comerciales. Es decir, ha habido un incremento muy fuerte en colocaciones en créditos a empresas. La parte de color rojo representa a otros instrumentos financieros, o sea, otro tipo de inversiones. Pero la contrapartida de ese activo, que estaba enfocada en créditos, se encuentra por el lado de los depósitos a plazo, es decir, de gente o de empresas que depositan en el banco. En 2014 los depósitos llegan a 1.223 millones de dólares, mientras que en el caso de los créditos, a 1.104 millones de dólares. En este caso particular, están casi en perfecto calce, acotó. IMAGEN En la lámina de las colocaciones, mencionó que el porcentaje de los créditos totales que hace esta empresa llega a 0,87%. En otras palabras, los créditos que hace esta empresa representan menos del 1% de todos los créditos comerciales que tiene el sistema bancario; o sea, es relativamente pequeño. Esto es monto, cantidad, plata. Si se compara con los bancos grandes, se está hablando de casi un 60% del mercado en lo que se refiere a crédito. En términos de activos, se ve que el tamaño del Banco está en 0,70% de todo el sistema bancario, es decir, menos del 1% y los grandes representan igualmente el 60%. En resumen, apuntó, en lo que se refiere a créditos comerciales, es bastante bajo. Añadió que Penta no entrega créditos hipotecarios o de consumo a personas. IMAGEN En esta lámina, indicó, se aprecia la composición de las colocaciones del sistema bancario en Chile, que equivale a 200 mil millones de dólares. En la barra de la izquierda del gráfico, se podrá observar que hay una gran parte, casi 60%, que representa las colocaciones comerciales; después hay otra parte que representa los créditos hipotecarios, vivienda, mientras que la parte más alta de color rojo representa a los créditos de consumo. Aquí la escala es bien distinta. Se está hablando de 1.100 millones de dólares solo en colocaciones comerciales y nada en hipotecario ni en consumo. En otras palabras, este Banco entrega crédito a empresas y no a personas. IMAGEN Señaló que si se revisa la evolución de estas colocaciones, en términos del crédito hacia empresas, ha crecido fuerte y constantemente. Al analizar el crédito comercial se puede observar que, desde noviembre del 2013, las tasas de crecimiento están sobre dos dígitos y son altísimas. Por ejemplo, en noviembre de 2013, el crecimiento de las colocaciones comerciales llegó a 86% y, en noviembre de 2014, a 67%, porcentaje bastante grande si se compara con el 4,95 del sistema a igual fecha. En otras palabras, hoy, en créditos, el sistema está creciendo en 5%, mientras que el Banco Penta casi en 70%. La contrapartida podría ser los riesgos. No obstante, los indicadores demuestran lo contrario. IMAGEN Uno de los índices es el indicador de provisiones, el que se vincula con analizar los riesgos y contar con un colchón en la eventualidad de que alguien no pague. En términos simples, se trata de revisar la pérdida esperada y acumular cierto colchón por si alguien no paga. El indicador de provisiones del Banco Penta es de 1,11%, lo cual es bastante bajo si, nuevamente, se compara con el sistema bancario, que llega a 2,45%. Similar al anterior es el índice de morosidad, es decir, la gente y las empresas que no pagan. En el caso de Penta el índice de morosidad es de 0,32% y en el sistema bancario alcanza 2,04%. En síntesis, hay un crecimiento bastante significativo en términos de colocaciones, pero que no ha implicado perjuicio en el aumento de provisiones o de morosidad. IMAGEN Explicó que el indicador de Basilea se refiere a la adecuación de capital, es decir, cuánto capital, cuántas “espaldas” tiene el banco para soportar riesgos inesperados. Se observa que, en el caso del Banco Penta, el índice de Basilea llega a 18,16%, mientras que el promedio del sistema bancario está en 13,38%. Por lo tanto, el mensaje es que se trata de un banco solvente y que hoy se compara favorablemente con el sistema bancario. Asimismo, interesantes son los datos vinculados con las operaciones con relacionados. Cabe señalar que la regulación es bastante estricta y señala que está permitido hasta una vez el patrimonio efectivo. En millones de dólares, el total de créditos relacionados del Banco Penta llega a 29, mientras que su posibilidad de hacerlo es de 265. Se puede sostener que la holgura es bastante amplia en términos del uso del límite normativo, pues solo están utilizando un 10,88% del total, lo cual es un buen signo. En cuanto la composición de depósitos, señaló que en los activos la singularidad es que los créditos están asociados a empresas y, en los depósitos, muchos de ellos son institucionales, es decir, de fondos mutuos, de compañías de seguros, de corredoras y de AFP. En otras palabras, no hay depósitos de personas, sino, mayoritariamente, son institucionales. El total de depósitos a plazo de instituciones de Penta llega a casi 92%, mientras que en el sistema bancario está en torno a un 34%. Por tanto, se observa una diferencia bastante notable en la composición de depósitos de Penta en el sistema bancario. IMAGEN Luego se refirió al tema de la liquidez. Es decir, cuán líquido es el banco para soportar retiros de depósitos. La idea es contar con efectivo para pagar un depósito en caso de retiro. La holgura de liquidez, mensual y semanal de Penta, es bastante alta, en comparación con el sistema bancario completo. En la lámina, la línea roja representa Penta y la negra el sistema bancario y, como se observa, la holgura de liquidez, a 30 días y semanal, es bastante grande. IMAGEN En conclusión -dijo- Penta es un banco solvente y líquido, según los datos que tienen al día de hoy. Además, es importante compartir con la Comisión que el Banco Penta se ha ido capitalizando y ha hecho emisiones de deuda. En la presentación, las líneas azules son las capitalizaciones realizadas por los controladores del banco. Por ejemplo, en marzo de 2013 pusieron un capital de 54 millones de dólares y, en enero de 2014, de 65,9 millones de dólares; está todo suscrito y pagado. Asimismo, en 2013, tienen emisiones de deuda por 76 millones de dólares y, en marzo de 2014, por 121,8 millones de dólares. En ese escenario, se puede sostener que Penta es un banco activo, porque si uno quiere crecer, por ejemplo, por el lado de dar más activos, se debe tener capital. No se puede crecer inorgánicamente y, por lo tanto, se debe aumentar el capital para seguir prosperando en términos de provisión de colocaciones. Consultado si las emisiones de deuda se realizaron mediante la emisión de bonos. Respondió que sí. Precisó que al 30 de noviembre de 2014, el 57% -casi un 60 - de los instrumentos emitidos por el banco estaban en fondos mutuos. Por su parte, las AFP mantenían solo el 8% y el 35% restante estaba en las carteras de otros tenedores. Si se realiza una descomposición, detrás de los depósitos a plazos, están los fondos mutuos, los siguen otros tenedores y, por último, los fondos de pensiones. Ahora, considerando los bonos la composición es: aproximadamente 60% en fondos mutuos, 35% en carteras de otros tenedores y 8% en la cartera de los fondos de pensiones. Si bien son institucionales, al final del día, se trata de los depósitos de todos nosotros, a través de fondos mutuos, de fondos de pensiones, etcétera. Es decir, no hay que entenderlo como algo etéreo, sino como el dinero de nuestro bolsillo, pese a que no hay depósitos directos de las personas. Consultado por las clasificaciones de riesgo, indicó que las clasificaciones son bastantes altas para depósitos de corto plazo, de largo plazo y bonos corrientes. Como ejemplo señaló que en el caso de depósitos de corto plazo se consigna el nivel uno, uno de los más altos y, en el caso de los depósitos de largo plazo y bonos corrientes, la clasificación es A+, que es alta, pues hay más arriba, pero también hay mucho más abajo. Por lo tanto, tienen un buen nivel de clasificación de riesgo. Por otra parte, mencionó que les ocupa la exposición mediática a que se ha visto expuesto el banco Penta en este último tiempo. Al respecto la SBIF lo que hace es supervisar en terreno, es decir, se instalan en los bancos por muchos meses para hacer la revisión respectiva, de acuerdo con el mandato que les otorga la Ley General de Bancos. En este caso en particular están haciendo un seguimiento permanente de la situación del banco, por los alcances que ha tenido este caso en toda la población. ¿De qué se ha tratado este seguimiento permanente? Desarrollan una supervisión en terreno, que van a extender para estar presentes dentro del banco. También hacen un monitoreo diario de la liquidez. Han revisado cómo se comporta la liquidez del banco, cuál ha sido el impacto sobre el mercado y cómo se comporta éste. Han visto que el mercado, de alguna manera, ha castigado al banco a través de una elevación de las tasas de interés de los depósitos y de los bonos. Por eso, deben observar distintos aspectos que muestren señales que pueden afectar al banco. Asimismo, mucho contacto con los directores y la alta administración, constantemente requiriéndoles para que den explicaciones e informen acerca del estado de las finanzas, cómo está la liquidez, cuáles son los planes de acción, etcétera. También, dijo, hay un monitoreo de la situación judicial de los accionistas, pues dado el riesgo reputacional tienen que revisar permanentemente lo que está pasando a las personas, a los dueños. También tienen estrecha coordinación y cooperación con otros organismos reguladores para avanzar en las distintas etapas de la supervisión. Frente a diversas consultas de los diputados, el señor Parrado se refirió a ellas de la siguiente manera: ¿qué considera la Ley General de Bancos respecto de los procesos judiciales que pueden tener directores o dueños del Banco Penta? Planteó que Chile tiene una de las regulaciones más exigentes en materia de supervisión de bancos e instituciones financieras. Se aprendió mucho con la crisis bancaria de los años 80. Dio como ejemplo, en términos de la solvencia del sistema bancario chileno en su totalidad, según el Foro Económico Mundial, Chile se encuentra en la décima posición respecto a solvencia bancaria. Explicó que lo que la Ley General de Bancos hace, es establecer una serie de restricciones a los accionistas fundadores, en términos de la constitución de empresas bancarias, pero que no son extensivas a una entidad ya en operación. Es decir, hay restricciones bastante fuertes en términos no solo de solvencia, sino también de integridad en la conformación del banco, pero esto es restrictivo y no extensivo respecto de un banco en operación. Ese es el matiz y la gran diferencia que actualmente tiene la Ley General de Bancos. Es decir, pueden no entregar una licencia a personas con antecedentes judiciales, pero no pueden quitar una licencia a alguien que reciba una condena. Aclaró que hoy, ninguna persona que está en un proceso judicial, está en los directorios. Lo que ellos mencionan es que se van a dedicar al proceso judicial, a defenderse, razón por la cual se salen de los directorios. Si bien esto puede ser plausible, una de las interpretaciones que el regulador bancario tiene, en ese caso, es que este famoso riesgo reputacional daña más si tenemos a los directores en proceso judicial dentro del banco. Por lo tanto, la decisión de estos directores de salirse del directorio ayuda a aminorar el riesgo reputacional, porque hay otros directores independientes, que no están en estos procesos, que se pueden concentrar y dedicar a la administración del banco. Esta es la interpretación que uno debiera darle, apuntó. La ley es bastante explícita respecto de los directores con una condena: simplemente, no pueden ser directores. Sin embargo, esto no ocurre con los dueños de los bancos, y es la diferenciación que uno debiera hacer. Respecto del porcentaje del crédito, que en el caso del Banco Penta es bastante bajo, de 0,89 y el perfil de tales clientes, expresó que tales clientes son medianas y grandes empresas; no tanto pymes. En general, su estadística más agregada, no solo respecto del banco, sino del sistema, es que mientras las empresas sean más grandes, tienen más relaciones con los bancos. Respecto de si las acciones se transan en la Bolsa, respondió que no. El banco no tiene acciones que se coticen en la Bolsa. En cuanto a los pasivos, estos se componen de depósitos, que son institucionales, y de bonos, que son bastante pocos a nivel del sistema. Hablamos del orden de 200 millones de dólares. Relacionado con esto, se consultó sobre el impacto del riesgo reputacional, a lo que señaló que las tasas asociadas a los instrumentos financieros del Banco Penta han ido aumentando en los últimos días. Esto simplemente porque el mercado de alguna manera castiga lo que está pasando en el ámbito judicial por parte de los dueños. El capital reputacional es importante para un banco, y si un banco no tiene confianza es difícil que sea banco, porque tiene que atraer depósitos para hacer intermediación financiera, razón por la cual debe haber confianza para hacer la administración de fondos de terceros, para luego hacer préstamos. En cuanto al impacto que puede tener en los depósitos el aumento del riesgo reputacional, reiteró que la liquidez es suficientemente alta en este banco y ello constituye un resguardo de los depositantes. A la consulta: en qué consiste el riesgo reputacional, aclaró que este es un riesgo que se identifica particularmente a nivel financiero, y tiene que ver con que a veces algunas instituciones no tienen ningún problema inherente a la institución, pero son contagiadas por sus dueños o por otra empresa. En Chile, esto ha ocurrido varias veces, y se puede reflejar en los efectos que puede tener, como es, el aumento de la tasa de interés en los depósitos. A la pregunta de si existe algún delito corporativo del Banco Penta, reiteró que su responsabilidad, como Superintendencia de Bancos, está en el ámbito bancario, pero si observan alguna falta, por ley tienen la obligación de denunciarlo al Ministerio Público. Respecto a la pregunta de si hay delitos tributarios, indicó que ello está en manos del Servicio de Impuestos Internos. La diferenciación que intentan hacer entre el grupo y el Banco, es que pueden pasar cosas en distintas instituciones del grupo, pero no en el caso del banco, al menos en la revisión que han hecho. A la consulta de si es posible una adulteración del balance, señaló que en este momento no se advierte que haya una adulteración de ese tipo en el caso del Banco, y eso es una preocupación mayor para la superintendencia. Existe una alta coordinación con los distintos supervisores financieros. Obviamente, dado que acá ven conglomerados financieros bastante importantes, también entran a regular a este grupo las Superintendencias de Valores y Seguros, y de Pensiones. Debe existir una coordinación muy grande entre los distintos superintendentes y, obviamente, también con el Banco Central, que es el otro regulador financiero, y con el Ministerio de Hacienda. Sobre la posibilidad de contar con un inspector delegado, explicó que, en general, se llega a la instancia de intervención de un banco, donde la Superintendencia toma un rol más activo, cuando existen graves incumplimientos normativos, cuando hay inestabilidad económica o problemas de insolvencia, y esto no existe hoy. Respecto de las transgresiones normativas dentro del ámbito bancario, puede haber sanciones en términos de llamados de atención o multas, pero si no está dentro de esos aspectos deben denunciarlo a la institución correspondiente, como puede ser, el Ministerio Público. A la consulta de qué acción podría tomar la Superintendencia en el evento de que judicialmente se sancione a los propietarios, o a la personalidad jurídica del Banco, reiteró que en ese caso, la ley es bastante restrictiva, y no es extensiva, en términos de que se pone condiciones al origen de la creación de los bancos, y no es permanente. En consecuencia, hay una diferencia entre las restricciones que uno puede tener para dar licencia versus para quitar licencia. En la eventualidad de que alguien cometa ilícitos, delitos que transgredan la Ley de Bancos, ¿ese hecho pone en riesgo la licencia del banco? Respondió que no. Acto seguido se le concede la palabra al señor Prieto, fiscal y director jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera, quien se refiere a los requisitos que establece el artículo 28 de la Ley General de Bancos, señalando que ellos deben concurrir respecto de los accionistas del banco que se crea, porque ellos no tienen un banco, tienen un proyecto, y lo que hacen es presentar su proyecto. Frente a este proyecto, lo que se examina es su capacidad, desde el punto de vista de la solvencia, para abordar el desafío de un banco. No es cualquier negocio; es un negocio donde está comprometido el interés público y la protección a los depositantes. En consecuencia, se requiere tener espaldas, y se mira hacia ese objetivo. Recientemente, en la creación del Comité de Estabilidad Financiera se introdujo una modificación en que se estableció como requisito para los accionistas -ya de forma permanente, no solo en la entrada- mantener una relación entre su capacidad de salir a apoyar al banco frente a una situación especial y el capital que está invertido en el banco. Otro aspecto que destacó respecto del artículo que se examina es el de integridad, y que dice relación con la conducta, con la fama que tienen aquellas personas que quieren entrar en este negocio como accionistas, como dueños del negocio. En este caso, se pasa revista a una serie de aspectos que señala el artículo 28, entre ellos, el que hubiesen sido condenados o acusados por alguno de los delitos que se señalan, entre los cuales se encuentran delitos relacionados con actividades económicas o tributarias. Sin embargo, en este caso, a diferencia del otro, estos requisitos no son permanentes. Se exigen en el momento de la constitución. Una vez que se constituye la entidad bancaria, si por un hecho sobreviniente fuesen acusados o condenados por uno de aquellos delitos, eso, en sí mismo, no es una causal que tiene prevista la propia ley para revocar o quitar la autorización al banco. Finalmente aclaró que los delitos que actualmente investiga el Ministerio Público son respecto de ciertas personas en particular, no al Banco Penta. Sin embargo, si el Banco hubiera tenido alguna implicancia en todo esto, ellos tienen el deber de informar si están ante un delito tributario o de otro ámbito y de denunciarlo. Tal es su obligación insistió. Superintendencia de Valores y Seguros. h. Superintendente de Valores y Seguros, señor Carlos Pavez.- Dio inicio a su exposición refiriéndose al rol de la Superintendencia. En tal contexto destacó que la Superintendencia es una institución autónoma, un servicio descentralizado, que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, y su principal función es la fiscalización superior de las entidades que forman parte de los mercados de Valores y Seguros. Dentro de tal función les ocupa, particularmente, cautelar la solidez financiera y patrimonial de las entidades sometidas a la fiscalización de la Superintendencia y también velar por la transparencia de los mercados. Tales elementos les permiten generar las condiciones de confianza que deben estar presentes para un adecuado desarrollo de estos mercados, donde están depositadas una buena parte de los recursos de inversión o de ahorro de los chilenos, particularmente los que se canalizan a través de las compañías de seguros y de los fondos de pensiones. Indicó que el enfoque de fiscalización al cual estamos propendiendo, desde un tiempo a esta parte, es un enfoque de supervisión basado en riesgos, que preferentemente está destinado a hacer un mejor uso de los recursos de fiscalización, con el objeto de establecer cuál es la calidad de los gobiernos corporativos de cada una de las entidades que están sometidas a su fiscalización. Agregó que tal supervisión basada en riesgos ha ido complementando de manera creciente un enfoque más bien de supervisión de cumplimiento normativo. Señaló que en el ejercicio de esta potestad fiscalizadora y sancionadora cuando acreditan la ocurrencia de infracciones, cumplen con el deber de denuncia, traspasando tales antecedentes, que también están tipificados como delitos, al Ministerio Público. Estructura general del grupo Penta. IMAGEN Indicó que en la parte superior del cuadro está Empresas Penta, de la cual dependen una serie de entidades, algunas de las cuales hacen de holding de las entidades financieras que están sujetas a la fiscalización. De hecho, las entidades que están bajo la fiscalización de la Superintendencia dependen o cuelgan de la sociedad denominada Inversiones Banpenta II, la cual es la matriz del Banco Penta, la que a su vez es la matriz de Penta Corredores de Bolsa y de Penta Administradora General de Fondos. De Inversiones Banpenta II también depende o cuelga Penta Vida Compañía de Seguros, Administradora de Mutuos Hipotecarios y Penta Financiero. Agregó que como parte del grupo, pero con participaciones menores y de otros socios relevantes, está la Compañía de Seguros Generales, que se denomina Penta Security, donde adicionalmente a la participación del Grupo Penta hay una importante participación accionaria, de casi un 30%, del Grupo Security, y está la administradora de fondos de inversión Penta Las Américas. IMAGEN Señaló que a nivel de ingresos y de utilidad, los montos más significativos provienen de los negocios de las compañías de seguros, tanto de vida como generales. También del Banco Penta. Respecto de Banmédica indicó que se deja un poco de lado, porque tiene una participación de un grupo equivalente al Grupo Penta, que es el Grupo Fernández León, que tiene un porcentaje de participación igualitario de casi 29%. Entre los dos tienen un poco más del 57% de Banmédica, precisó. IMAGEN En cuanto al directorio, mencionó que hay una participación importante de representantes del Grupo Penta y también de accionistas que fueron elegidos con votos de otros accionistas. En el cuadro aparecen algunos directores que han sido incorporados como directores independientes, de acuerdo con la denominación establecida en la ley. Están Alfredo Moreno y José Ramón Valente, que se han incorporado en el último tiempo. También está participando Patricio Parodi, que es parte del Grupo Consorcio, pero aquí está en calidad de representante de otros accionistas. Desde el punto de vista de los seguros, destacó que hace pocos días hubo un cambio importante en la conformación de los directorios de las dos compañías de seguros, tanto en Penta Security como en Penta Vida. Se retiraron de los directorios de ambas compañías de seguro los señores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín e ingresó José Ramón Valente. En algunas de las compañías entraron algunos de los hijos de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y se incorporó también, como presidente de ambas compañías, el señor Alfredo Moreno Charme. Indicó que en la parte inferior del cuadro se aprecia la participación de propiedad de Empresas Penta, que casi llega al ciento por ciento de las acciones con Inversiones Banpenta. En el caso de las compañías de seguros generales hay una participación del Grupo Security. En caso del banco, señaló que Inversiones Banpenta II tiene casi el ciento por ciento de las acciones del mismo, y como filiales están la Administradora General de Fondos y Penta Corredores de Bolsa. Indicó que los directorios también han sufrido algunas modificaciones, particularmente en el caso del Banco, en el que se incorporó, a fines de diciembre, el señor Alfredo Moreno como presidente del directorio. Además, se retiraron o renunciaron al directorio del Banco los señores Délano y Carlos Eugenio Lavín. Descomposición de los ingresos más relevantes del grupo Penta IMAGEN Señaló que las compañías de seguro son las que representan o tienen mayor importancia, desde el punto vista de la generación de ingresos. En el caso de las compañías de seguros de vida, más del 93% de los ingresos tienen que ver con rentas vitalicias, mirado desde el concepto de la prima directa, lo que es venta en términos muy gruesos, de la compañía de seguros de vida, el mayor porcentaje o el porcentaje más importante de los ingresos tiene que ver con la venta de rentas vitalicias, con el negocio del seguro de invalidez y sobrevivencia y en menor medida, en un porcentaje un poco superior a 5%, con lo que tiene que ver con algunos programas de APV o de seguros con ahorros. Destacó que en el caso de rentas vitalicias y de seguros de invalidez y sobrevivencia son una actividad que tiene garantía estatal, y que una vez firmados los contratos con los asegurados éstos se mantienen ahí. No hay posibilidad de traspasar los recursos de la compañía de seguros. La persona que firma una renta vitalicia se queda con la compañía y, por lo mismo, es la importancia que dan a la fiscalización de este tipo de entidades, porque lo más importante es asegurar y evaluar todos los mecanismos de control que tienen las compañías de seguros de vida, para efectos de garantizar o evaluar la suficiencia de los sistemas de gestión de riesgo, de inversiones, de tesorería, de controles internos que tienen cada una de estas entidades. A nivel de participación de mercado, Penta Vida es la séptima compañía de vida en el mercado. Tiene un 6,6% de participación de mercado, medido desde el punto de vista de las primas. La mayor participación la tiene Metlife y Consorcio. Aseveró que Penta es una compañía mediana, mediana grande, pero bastante lejos de las dos o tres primeras compañías, particularmente de Metlife. IMAGEN En el caso de Penta Security, las principales líneas de negocio de la compañía de seguros generales son seguros en el área de protección de vehículos, de terremoto, de ingeniería y de incendio. Destacó que estos indicadores están sobre las primas brutas. Desde el punto de vista de la participación de mercado, señaló que Penta Security es la tercera compañía a nivel de prima, con casi un 11% de prima directa. Es una compañía relevante desde el punto de vista de la participación de mercado. La superan BCI y RCA. Penta corredores de Bolsa. Afirmó que Penta Corredores de Bolsa es bastante pequeña. Muy cercana al 1% de los activos del mercado a nivel global. Las más importantes son BancoEstado, Banchile, BBVA y BCI Corredores de Bolsa. En cuando a los resultados por intermediación, que es la principal actividad de las corredoras de bolsa, señaló que es corredora muy pequeña -está en el número 11 del ranking- comparado con Larraín Vial, que es la primera que tiene alrededor de un 26% de participación de mercado. Respecto de las utilidades al ejercicio, que considera no solo los resultados por intermediación, sino que también a todas las otras líneas de negocios, lo que significa la rentabilidad, prestación de otros servicios, asesorías o rentabilidad de activos, indicó que está relativamente estable en un nivel que es bastante bajo comparativamente con el resto de las corredoras de bolsa, en términos de participación de mercado. Lo mismo en utilidades del ejercicio. Desde el punto de vista del cumplimiento de los indicadores o de las exigencias normativas, mencionó que la corredora de bolsa cumple holgadamente con todas las exigencias que se presentan, a nivel de razón de endeudamiento, en términos de cuántas veces representa la deuda en función del patrimonio neto de la corredora, siempre ha estado bajo 3%, y actualmente está en una cifra muy baja, que es menos del 1%, cercano al 0,6%, que, comparativamente, es un indicador de gran solvencia patrimonial. Desde la perspectiva de la cobertura patrimonial señaló que, en general, está alrededor del 5%. Esto cumple con creces lo que es el indicador de cobertura patrimonial en el caso de la corredora. En relación con la administradora de fondos del Grupo Penta, que es la GF, sostuvo que es una administradora pequeña, que tiene alrededor de 340 millones de dólares en activos, representa menos del 1% del total de la industria de fondos. La más grande del mercado es Banchile, administradora general de fondos, que representa más del 22% de la industria. Desde el punto de los activos bajo administración, señaló que también han realizado un monitoreo en el último tiempo, a partir de mediados del año pasado hasta ahora, en comparación, tanto en términos de activos y más adelante de partícipes, la industria está bastante estable, y en el caso de Penta existe una disminución en las últimas semanas del año pasado, en términos del número de activos, en general, con una tendencia relativamente estable. En cuanto al número de partícipes, indicó que hay una disminución. Respecto del comportamiento de los inversionistas institucionales, sostuvo que la situación es bastante estable, pues hay una variación que es propia del tipo de inversionistas institucionales, que son inversionistas mucho más sofisticados. Por tanto, están en búsqueda de mejores alternativas de inversiones y tienen una mayor actividad en términos de traspasos y de adecuación de sus carteras e inversiones, por lo tanto, de traspaso entre las distintas entidades. Otro tema que destacó, es la baja participación de los distintos inversionistas institucionales o los distintos operadores de nuestro mercado a nivel de compañía de seguros y de administradora de fondos en las entidades del Grupo Penta. En el caso de las compañías de seguros de vida, de toda la industria, las inversiones más relevantes están concentradas en bonos emitidos por Banmédica y en bonos de las entidades de leasing. En el caso de compañías de seguros generales, básicamente en bonos del Banco Penta. Hay una participación de las compañías de seguros en depósitos a plazo, tanto de las compañías de seguros de vida como, en general, en depósitos a corto plazo en el Banco Penta, pero que no es muy significativa. Desde el punto de vista de los activos que administran las distintas entidades que forman parte del mercado. Desde la perspectiva de los activos de toda la industria de fondos, en el Grupo Penta, está en torno a los 600 mil millones de pesos, entre julio del año pasado (2014) hasta el 14 de enero de este año (2015). Ello, indicó, debe andar en el orden del 2% de todos los recursos que administran los fondos de pensiones a nivel de industria. Respecto de la industria de fondos mutuos, indicó que ésta tiene activos cercanos a los 50 mil millones de dólares y son alrededor de 1.000 millones de dólares los que están invertidos en empresas del Grupo Penta. Desde el punto de vista de los activos de la industria de fondos mutuos en el Banco, buena parte de las inversiones que hacen, tanto de compañía de seguros como administradoras de fondos, están en depósitos a plazo del Banco Penta, de lo que invierten en las entidades del Grupo Penta, que están básicamente concentradas en depósito a plazo del Banco Penta. Como conclusión, expresó, no han observado algún tipo de incumplimiento de los indicadores requeridos, tanto a nivel legal como normativo, particularmente, a las distintas entidades pertenecientes al Grupo Penta y, por lo tanto, en ese sentido han seguido destinando recursos de fiscalización para ir monitoreando en el día a día y de manera tal de hacer un seguimiento de cómo se van desempeñando los distintos negocios de las entidades pertenecientes al Grupo. Consultado si la superintendencia tiene los recursos suficientes para la fiscalización y si adoptará alguna acción en contra de las empresas Penta si resultan responsables judicialmente, expresó que las funciones y el foco de supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros está determinada por las áreas de competencia que fueron encargadas por el legislador. Por otro lado, respecto de los emisores de valores de oferta pública, dentro de las cuales están las sociedades, destacó la transparencia, la oportunidad y la suficiencia de la información que se entrega, lo que constituye un elemento clave. Dentro de esos elementos, está lo relacionado con las transacciones con parte relacionada, donde se han establecido varios mecanismos para hacer un seguimiento en cuanto al cumplimiento de las normas que las rigen. La primera de ellas, y que está relacionada con la divulgación a través de notas de los estados financieros, de las operaciones que se llevan adelante con las partes relacionadas. Adicionalmente, la Ley de Sociedad Anónima incorporó un título completo sobre transacciones con parte relacionada. Estas regulaciones están destinadas a aquellas entidades fiscalizadas, particularmente, sobre sociedades anónimas abiertas. Tal es la explicación -dijo- de por qué en el caso de algunas entidades que forman parte del Grupo Penta, la superintendencia no tiene facultades para fiscalizar o conocer desde la perspectiva de la entidad que no está fiscalizada. Sin embargo, sí toman conocimiento desde la perspectiva de las entidades que son fiscalizadas, como es, BanPenta III. Con dicha información, priorizan sus objetivos de fiscalización. Luego señaló que, respecto de la corredora de bolsa, han tomado conocimiento de los antecedentes del expediente y, evidentemente, han hecho un seguimiento de las noticias que han salido y saben que hay una inquietud en ese sentido. Sin embargo, reiteró que hasta el momento no han constatado la existencia de irregularidades que estén relacionadas con esa transacción en particular, que tengan que ver con la prestación de algunos servicios de asesoría que, realmente, no son entre la corredora y el banco, sino entre la corredora y terceros relacionados del grupo, que se ven reflejados en los estados financieros del banco por el hecho de que la corredora es una filial de este. En este caso, cuando la corredora del grupo reconoce algunas actividades de negocio o la prestación de algunas asesorías, si eso tiene un correlato en ingreso, también está reflejado en el caso del banco. Reiteró que en la medida en que detecten algo, cosa que no ha ocurrido, tomarán las acciones del caso, aun cuando entienden que este tipo de operaciones o las irregularidades que eventualmente podrían estar asociadas a ese tipo de asesorías, tienen más relación con obligaciones tributarias y, por tanto, con las competencias del Servicio de Impuestos Internos. Desde el punto de vista de la suficiencia de las multas que pueden aplicar, señaló que ello es bastante amplio. Al revisar el tipo de sanciones que puede imponer la superintendencia, que van desde una amonestación o censura, multas pecuniarias e, incluso, llegar a la cancelación o suspensión de las autorizaciones para que las distintas entidades fiscalizadas realicen sus actividades, las que, obviamente, están sujetas a otorgamiento de autorización, como es el caso de las compañías de seguros y las corredoras de bolsa. En las sanciones de multas pecuniarias, la ley orgánica de la superintendencia establece límites que en un primer nivel llegan hasta 15.000 unidades de fomento, y hasta por cinco veces, si es un caso de reiteración, pero la superintendencia puede determinar ciertas infracciones en función de un porcentaje de la operación irregular. Para efectos de comparación, se ha dicho que en la regulación americana, para casos de uso de información privilegiada, las multas son mucho más altas, pueden llegar hasta tres veces la utilidad. Llamó la atención y dijo que hay que tener cuidado en la comparación, porque los parámetros de comparación son distintos. La regulación americana está en función del monto de las utilidades eventualmente indebidas y en el caso de Chile, está en función del monto de la operación irregular. Luego reflexionó y señaló que para dar señales claras para prevenir o generar un efecto disuasivo en términos de la ocurrencia o verificación de esas conductas infraccionales, si bien es importante la sanción administrativa, también es importante la sanción penal y la coordinación entre la agencia o el órgano administrativo -en este caso, la superintendencia- con el Ministerio Público. Reiteró que en la medida en que tengan antecedentes suficientes, van a iniciar los procedimientos que parten con una formulación de cargos a las personas que podrían haber infringido alguna de las disposiciones contenidas en su marco regulatorio, y luego que se desarrolle ese proceso sancionador administrativo, llegar a las conclusiones del caso en base al mérito de los expedientes. Consultado sobre si la superintendencia supervisa o supervisará a otras entidades que podrían estar en situaciones similares a las que estamos revisando en el caso Penta, señaló como ejemplo, lo que se ha conocido en relación a alguna operación o eventuales operaciones en las que podría estar involucrada Soquimich. Sin embargo, aclaró que ni respecto de Banmédica ni de Soquimich, tienen antecedentes que les permitan avanzar en esa línea. De tenerlos, afirmó que lo enfocarían por el lado de la suficiencia, oportunidad y la validez de la información que se ha entregado a los distintos inversionistas, en este caso, a los accionistas. En cuanto a la reserva de información, expresó que cuando está comprometido directamente el interés de los inversionistas, de los asegurados, es importante entregar esa información. Tal cosa ocurrió por ejemplo con el caso Cascada. En la medida en que la superintendencia se involucra porque tiene antecedentes suficientes para iniciar un proceso sancionatorio, para formular cargos y está comprometida la participación de una compañía que emite valores que se transan en el mercado, en esos casos, la superintendencia ha tomado la decisión, en el ejercicio de una facultad contenida en el artículo 23 de su ley orgánica, de hacer público los antecedentes, de informar que se ha iniciado una investigación y que se está en esos procesos. Consultado sobre acciones concretas de supervisión y sobre infracciones sancionables, señaló que, lamentablemente, de haberlas, y en la medida en que no entiendan que se hace necesaria y obligatoria la aplicación de esa facultad del artículo 23 del inciso segundo, de darlas a conocer porque está comprometido el interés de los inversionistas y de los asegurados, el conocimiento detallado de esos procesos sancionatorios, prima el deber de reserva que tienen como superintendencia. Varios diputados solicitaron precisara la competencia entre la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuestos Internos, a lo que el señor Pavez señaló que, en el caso concreto de las actividades de la Superintendencia de Valores y Seguros y las que corresponden al Servicio de Impuestos Internos, se puede distinguir al menos dos situaciones. Una en la cual se pueden generar mecanismos de colaboración, que están detallados en las respectivas leyes orgánicas del Servicio de Impuestos Internos y de la Superintendencia de Valores y Seguros, en lo que se relaciona con el convenio de intercambio de información que suscribieron hace poco -a fines de diciembre pasado- entre la Superintendencia y el Servicio. La idea es facilitar el intercambio de datos entre los servicios para fines de fiscalización. Esta vía, que ha estado siempre vigente, se profundizó con la reforma tributaria, en la cual están trabajando permanentemente para generar mecanismos que permitan realizar este intercambio, aprovechando todos los medios tecnológicos que están a su disposición. Agregó que otra cosa distinta es que, en algunas oportunidades, ciertas conductas pueden estar asociadas a responsabilidades administrativas, al menos desde el punto de vista de las regulaciones o las leyes que están entregadas a la supervisión de la Superintendencia y del Servicio de Impuestos Internos. En la eventualidad de que alguna de estas operaciones pudiera haber tenido algún efecto en la presentación o en el contenido de la información financiera que ha sido enviada a la Superintendencia y al mercado, y hubiera algo que pudiera ser catalogado de impreciso o que no responde en un ciento por ciento a la realidad económico financiera de la empresa, evidentemente que como Superintendencia tienen que hacer algo. Precisamente, están trabajando en determinar si existe algún indicio que les permita concluir que es necesario iniciar algún procedimiento sancionatorio, más allá de las actividades que forman parte de estos procesos de fiscalización. Esto tiene que ver -dijo- con el tipo de entidad que está involucrada. Si bien es cierto en todos los casos es importante, a su juicio es más importante cuando se trata de un emisor de valores de oferta pública. Si se está hablando de una compañía que se financia levantando recursos a través de aumentos de capital o de la emisión de títulos de deuda en el mercado de valores, y, por lo tanto, las personas que confían sus recursos en ese emisor, buena parte de su decisión tiene que ver con el resultado de la gestión de la compañía, de cómo le está yendo en sus negocios. Es mucho más relevante esa información financiera, que la información financiera que pueda estar relacionada, o el impacto que pueda tener, a lo que sea la actividad de un corredor de bolsa. En general, no es que sea indiferente o insignificante, porque es un elemento importante, pero no es lo mismo, para tomar una decisión de inversión, particularmente para tomar la decisión de realizar operaciones como cliente a través de una corredora de bolsa, qué tan bien le esté yendo a la corredora. Señaló que cree que es más importante, y por ello focalizan sus recursos de fiscalización a eso, si cumple o no cumple, qué tan buena es la fortaleza patrimonial y la situación de liquidez de ese intermediario de valores. En resumen, si llegan a encontrar, en este caso o en cualquier otro, información relacionada con operaciones que pudieran dar lugar al reconocimiento de una eventual infracción de tipo tributario o de cualquier otra naturaleza, que haya incidido en la presentación de los estados financieros o de la información financiera en general, es decir, de los reportes que se envían a la Superintendencia y al mercado, es evidente que hay un ámbito de competencia sobre el cual pueden y deben actuar. Unidad de Análisis Financiero (UAF). i. Director (S) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), señor Manuel Zárate. ***Señaló que la UAF es un servicio descentralizado y que, vinculado con el Ministerio de Hacienda, se relaciona directamente con la Presidenta de la República. Señaló que la UAF nace en 2003, mediante la ley Nº 19.913, y cuya misión legal, prevista en su artículo 1º, es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otras actividades económicas desarrolladas en el país para la comisión de algunos delitos establecidos en la propia ley, concretamente el delito de lavado de activos, previsto en su artículo 27, y el delito de asociación ilícita constituida para la comisión de lavado de activos, artículo 28. Explicó que la ley Nº 19.913, actualmente vigente, descansa básicamente en dos pilares fundamentales. Por un lado, reconoce lo que se denomina sujetos obligados a reportar. Estos sujetos, que son personas naturales o jurídicas, previstos en el artículo 3º de la propia ley, relacionadas con alguna de las 36 actividades económicas que allí se indican, están obligados a dos tipos de obligaciones legales: de reporte y de registro. Las obligaciones de reporte implican que estos sujetos obligados, en el desarrollo de sus actividades con sus clientes, advierten la comisión de una operación que la ley señala como sospechosa, tienen que reportarla a la Unidad de Análisis Financiero. Una segunda obligación de reporte de información es que estos sujetos obligados, individualizados por categorías en el artículo 3° de la ley, tienen la obligación de reportar a la UAF operaciones en efectivo que se desarrollen o tengan lugar sobre un umbral, que actualmente son 450 unidades de fomento. Indicó que un segundo grupo de obligaciones que tienen los sujetos obligados en la ley N° 19.913, es llevar determinados registros de operaciones en efectivo sobre ese umbral y otros registros, como es, por ejemplo, de todas aquellas operaciones que realicen con clientes o relacionados que se denominan Personas Expuestas Políticamente (PEP), en la terminología preventiva internacional. Los sujetos obligados que realizan una operación con una persona expuesta políticamente tienen que llevar un registro de dicha operación. Precisó que el destinatario de esas obligaciones de reporte es la Unidad de Análisis Financiero. Operación sospechosa. Explicó que para el legislador de la ley N° 19.913, una operación sospechosa es cualquier acto, operación o transacción que, de acuerdo con las reglas o prácticas de que se trate, carece de una justificación económica y jurídica aparente, ya sea que esta se realice de manera reiterada o aislada. Es decir, un sujeto obligado en atención a su giro, advierte la comisión de una operación que, según las prácticas de ese mercado, tiene rasgos de sospechosa, pues bien, es su obligación reportarla a la Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué hace la Unidad de Análisis Financiero con las sospechas que recibe de los sujetos obligados? Precisamente hace un análisis financiero e inteligencia financiera, la que no puede detallar por expresa prohibición contenida en el artículo 13 de la ley N° 19.913. Comentó que tal prohibición alcanza a los funcionarios, incluido el director subrogante, de por vida, más allá del cese del ejercicio de las funciones legales en la UAF, salvo las informaciones y antecedentes que requiera el fiscal del Ministerio Público o el tribunal que conozca del procedimiento criminal por alguno de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28. Afirmó que hoy tienen más de 5 mil sujetos obligados a cumplir con las obligaciones de reporte y registro. Agregó que cuando reciben tal información hacen inteligencia financiera y, conforme lo señala el artículo 2°, están legalmente facultados para entregar los antecedentes de manera exclusiva a la Fiscalía del Ministerio Público, o a los jueces que ejercen competencia criminal, en caso de tratarse de investigaciones iniciadas en el sistema inquisitivo anterior. A la pregunta ¿qué opinión tiene la UAF respecto de las sanciones para las situaciones anómalas que se han ido dando en el mercado financiero, sobre todo en la transacción con empresas relacionadas y con información privilegiada? Reiteró que la Unidad de Análisis Financiero se nutre fundamentalmente con los flujos de información a los cuales están obligados los sujetos obligados por la ley. Pero esa no es la única fuente de información de la Unidad de Análisis Financiero. Hacen inteligencia financiera a partir de la información que los sujetos obligados les remiten. También, tienen la posibilidad de hacer consultas con sus pares en el extranjero, con las denominadas unidades de información financiera (UIF) en otros países, siempre en el marco de colaboración de compartir información para análisis financiero, no información que pueda ser llevada directamente a un juicio penal. Es decir, las unidades de análisis financiero se mueven en el ámbito de la inteligencia financiera, que es generar indicios de la eventual comisión de un delito de lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero, según el artículo 2°, en su inciso penúltimo, señala que en caso alguno puede arrogarse funciones jurisdiccionales o de persecución penal, toda vez que eso es privativo de la Fiscalía, por mandato constitucional. Luego agregó que si uno lo ve en términos muy descontextualizados, pareciera que la obligación de los sujetos obligados a reportar quedaría a su arbitrio. No es así, precisó. La Unidad de Análisis Financiero también tiene facultades normativas, es decir, están las obligaciones legales previstas en la ley, y ellos tienen la facultad de dictar instrucciones generales para los obligados por la ley, en las que van detallando estas obligaciones que, a nivel legal, están desarrolladas de manera muy general. Por eso, por medio de circulares van precisando cuando es necesario, por ejemplo, precisar que un sujeto obligado tiene que designar un oficial de cumplimiento, que es el funcionario que se relaciona directamente con la Unidad de Análisis Financiero. Por vía de una circular establecen que el sujeto obligado tiene que tener un manual de prevención, en el cual se establezcan todos los procedimientos y las políticas que deben desarrollar todos los empleados de ese sujeto obligado: un banco, una notaría, un casino, una corredora de bolsa. En el fondo, están ejerciendo las facultades que nos da la ley para desarrollar una serie de obligaciones complementarias a la obligación legal. Como ejemplo, señaló que por vía circular, la Unidad de Análisis Financiero establece que los sujetos obligados tienen que hacer una debida diligencia de sus clientes (DDC), ya sea general o reforzado, es decir, cuando viene un cliente a realizar una operación frente al sujeto obligado, este último tiene que preguntar ciertas cosas. Esa información que el sujeto obligado levanta de su eventual cliente en esa operación determinada, le va a servir a ese sujeto obligado para hacer un análisis y, eventualmente, tomar la decisión de reportar una operación o no, si a juicio de él entiende es sospechosa. Ahora, insistió, el cumplimiento es obligatorio por parte de los sujetos obligados. En definitiva, lo que hace la Unidad de Análisis Financiero es fiscalizar que los sujetos obligados cumplan con estas obligaciones legales y las obligaciones vía circular. Recordó que durante 2014 realizaron del orden de 100 fiscalizaciones in situ. ¿Qué significa esto? Significa que comparecen dos funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero al domicilio registrado por el sujeto obligado, cualquiera sea. Es una visita sin previo aviso, precisó. Los funcionarios llegan y, en el ejercicio de las funciones de fiscalización que tienen empiezan a evaluar in situ el cumplimiento de estas obligaciones. Por ejemplo, evalúan si tienen manual; si ha designado un oficial de cumplimiento; si ha realizado la debida diligencia reforzada al cliente; si lleva un registro de los clientes que tienen la categoría de persona expuesta políticamente (PEP); si verifica que los clientes tienen relaciones con paraísos fiscales o con grupos enlistados como grupos terroristas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera. Esa fiscalización arroja un informe, y en el mérito de este informe se toma la decisión de iniciar un procedimiento sancionatorio administrativo. La Unidad de Análisis Financiero no tiene competencia penal. Solo una facultad sancionatoria por incumplimiento de obligaciones legales o las previstas en circulares. Consultado sobre si la información que está en el expediente y que se ha ido conociendo por la prensa sobre el caso Penta, ellos están haciendo seguimiento para tomar decisiones investigativas, si es que hubiera antecedentes que así lo ameritaran, expresó que la ley les entrega la facultad de imponer sanciones de amonestación escrita y multa de hasta 5.000 UF. En estos diez años -dijo- la Unidad de Análisis Financiero ha ejercido esta facultad sancionatoria. En 2014 se iniciaron del orden de 307 procedimientos sancionatorios, de los cuales se terminaron del orden de 200. Muchos de ellos terminaron con amonestaciones escritas, porque implican incumplimiento de obligaciones más formales que de fondo, pero sí se impusieron sanciones de multa, que en 2014 estuvieron por encima de 1.400 UF. Dijo entender que el marco sancionatorio de la multa es adecuado y ellos la ejercen. Advirtió que en muchos ámbitos todavía hay algún grado de desconocimiento. Dentro de los sujetos obligados por la ley N° 19.913 están los usuarios de zona franca o los corredores de propiedades, que son sujetos que también están obligados al cumplimiento de las obligaciones legales y de las obligaciones previstas en las circulares, al igual que los sujetos obligados que forman parte del sector financiero, como los bancos, las AFP, las corredoras de bolsa, etcétera. Consultado sobre eventuales financiamientos de campañas políticas con aportes de extranjeros, y si la UAF se va a hacer parte en la revisión de eventuales anomalías, indicó que el primer input de la Unidad de Análisis Financiero es la información que reciben de los sujetos obligados. Por ejemplo, si mañana recibe dinero desde el extranjero, básicamente hay dos alternativas para ingresar ese dinero: portándolo en el ingreso al territorio nacional, y haciendo la correspondiente DPTE -declaración de porte y transporte de efectivo- ante Aduanas, que es información que ellos también reciben; o a través del mercado cambiario formal, es decir, el sector financiero, a través de un SWIFT. En este caso -dijo- un sujeto obligado que interviene en esa operación, tendrá que informarles si, a su juicio, aquí se constituye una operación sospechosa. ¿Qué ocurre con los giros postales?, señaló que los sujetos obligados corresponden a 36 sectores. Pero efectivamente, el artículo 3º de la ley Nº 19.913 establece que también estarán obligadas a informar sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero. Por tanto, esas empresas también son fuentes que les entregan información. Consultado por las obligaciones de reporte de Penta financiero, como sujeto obligado, indicó que efectivamente, varias de las empresas Penta están en la categoría de sujeto obligado, conforme el artículo 3º de la ley Nº 19.913. Fundamentalmente, estas empresas tienen la obligación de llevar registros y de realizar reportes a la Unidad de Análisis Financiero; reportes de operaciones en efectivo sobre 450 unidades de fomento y de operaciones sospechosas que determinen en el análisis de las operaciones que realicen. A la pregunta sobre qué sistemas de control se debió implementar, señaló que todos los que establece la ley y todos los que establecen las circulares dictadas por la UAF. En la medida en que un sujeto obligado, desarrolla algunas de las actividades previstas en el artículo 3º está obligado a reportar. Aquí no hay regímenes de excepción, es decir, deben tener un oficial de cumplimiento, un comité de análisis de las operaciones, un manual de procedimientos y políticas que establezcan protocolos claros que permitan asegurar, por ejemplo, que una operación determinada que realiza un cliente con el sujeto obligado, y es advertida por un funcionario del sujeto obligado en cuestión, esa operación que empieza a tener el carácter de sospechoso por el sujeto obligado, sea reportada al oficial de cumplimiento y al comité de riesgo. Además, el procedimiento de remisión de esa información a la Unidad de Análisis Financiero debe ser rápido, expedito y reservado. Otros sistemas de control son tener implementados sistemas de debida diligencia de los clientes; tener un registro de personas expuestas políticamente. En definitiva, cualquier empresa, persona natural o jurídica, que tenga la categoría de sujeto obligado, tiene que cumplir todas las obligaciones previstas en la ley y en las circulares de la Unidad de Análisis Financiero, acotó. ¿En qué consiste la debida diligencia del cliente? Señaló que según las circulares de la Unidad de Análisis Financiero, todas las operaciones que realiza un sujeto obligado con un cliente, sobre el umbral de 10.000 dólares, el sujeto obligado tiene que requerir un extra de información del cliente que está realizando la operación. Puede ocurrir que este cliente, al ser compelido a entregar esta información, no la entregue al sujeto obligado. En este caso, el sujeto obligado puede asumir tal conducta del cliente como una señal de alerta. Si el cliente le dijo que en dos días le traía la información, y no la trajo, esto puede ser valorado por el sujeto obligado como una señal de alerta, que puede motivar su eventual reporte a la UAF. En definitiva, tratándose de PEP (persona expuesta políticamente), las circulares de la UAF, muy en sintonía con las recomendaciones del grupo de acción financiera internacional, han establecido que, en la medida en que un sujeto obligado tenga como cliente, o en una operación intervenga una persona que sea catalogada como expuesta políticamente, tiene que haber una debida diligencia reforzada; es decir, se tienen que preguntar más cosas. A la consulta de si puede informar reportes que haya recibido del Caso Penta, señaló que no puede hacerlo. Varios diputados sostuvieron que en el financiamiento de campañas electorales se habría ingresado al país una cantidad de dólares superiores al umbral de los 10.000, ¿eso se fiscalizó por la UAF? Reiteró que las posibilidades de ingresar divisas al país son a través de empresas de transferencia, a través de un swift o a través del ingreso físico. Ellos reciben la información de Aduanas, y aquellas declaraciones en las cuales consta que hay una declaración no voluntaria, es decir, en la avanzada, en un aeropuerto o en un paso habilitado, es fiscalizada por parte de Aduanas, no por funcionarios de la UAF, y si se constata que un ciudadano chileno o extranjero porta más de 10 mil dólares y no los ha declarado, esa información se la remiten, y la Unidad toma la decisión de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio. Esa información también alimenta las otras informaciones, para construir un informe de traspaso a la Fiscalía con esa información. Consultado si la UAF va a iniciar una investigación por el ingreso de tales dólares o simplemente van a esperar una denuncia, señaló que efectivamente ellos no recibieron información respecto de una DPT no voluntaria, es decir, una persona que trató de vulnerar este control y fue sorprendido ingresando, sin declarar voluntariamente, más de esa suma -el umbral permitido en la ley-, efectivamente están ciegos frente a eso. En definitiva, es Aduanas el que tiene que responder si se hicieron o no los controles. Destacó que ellos están en una etapa posterior. Ellos reciben la información de la Aduana y, de acuerdo con el mérito de esa información, accionan, conforme los autoriza la ley N° 19.913, en el artículo 4°, en el que se establece la obligación de declaración de porte o transporte de efectivo. Luego afirmó que el sistema preventivo descansa, fundamentalmente, en esta estrategia legal de colaboración permanente entre el sector público y el privado. El sector privado es -por así decirlo- el gran alimentador de información de la Unidad de Análisis Financiero. Ahora, la modificación a la ley N° 19.913 que está en trámite en el Tribunal Constitucional, establece una variación importante, que fue aprobada por esta Cámara y por el Senado, después de ocho años de tramitación. Es decir, junto a los sujetos obligados, que se señalan en el inciso primero del artículo 3°, se agrega un inciso final, que permite que el sector público, en general, pueda reportarle también a la Unidad de Análisis Financiero. Hoy, aunque parezca extraño o “contraintuitivo” si el Servicio de Impuestos Internos, por dar un ejemplo, Aduanas o ChileCompra, advierten, en el desarrollo de sus funciones, una operación que sale de un patrón habitual, legalmente no están habilitados a reportarles esa información. Si ellos estiman que hay un hecho sospechoso o eventualmente constitutivo de lavado, lo que tiene que hacer ese funcionario público es, conforme al deber de denunciar, poner los antecedentes en manos del Ministerio Público. Luego enfatizó que, efectivamente tienen un universo de cinco mil sujetos obligados y hacen una buena fiscalización y velan porque ellos cumplan adecuadamente las obligaciones legales y las circulares. En otras palabras -dijo- aquí no corresponde hacer un acto de fe respecto de ello, es decir, ellos ejercen sus atribuciones legales y fiscalizan que estén cumpliendo las obligaciones para que les puedan reportar. Ahora, un mecanismo de control importante, y que la Unidad de Análisis Financiero ha utilizado en el pasado para iniciar procesos administrativos, hoy afinados, porque están publicadas las resoluciones en la página web del Servicio, es que a veces un sujeto obligado no les reporta una operación; pero en esa operación intervienen dos o más sujetos obligados que sí les entregan información. Esta situación es una señal importante para la Unidad de Análisis Financiero, a fin de gatillar una fiscalización, e ir a fiscalizar a ese sujeto obligado que no les reportó. Con esto, reiteró en la idea que los sujetos obligados no están obligados a reportar indicios de lavado o que un cliente es un lavador, sino más bien que en el ámbito de acción de ese sujeto obligado, hay una operación que se sale de un patrón. Ese es el estándar que establece la ley. Superintendencia de Pensiones. j. Superintendenta de Pensiones, señora Tamara Agnic. Comenzó su exposición señalando que la Superintendencia de Pensiones es una institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relaciona con el Ejecutivo, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Su principal función es cautelar que los beneficios y las prestaciones del sistema de pensiones sean entregados en tiempo y forma a sus beneficiarios. Indicó, además, que tienen la tuición sobre las administradoras de fondos de pensiones, la Administradora del Fondo de Cesantía y también sobre el IPS, en lo que corresponde al otorgamiento de pensiones, principalmente las básicas solidarias. Agregó que su responsabilidad es velar por la seguridad de los ahorros previsionales de los trabajadores y pensionados chilenos. También les corresponde promover el desarrollo y perfeccionamiento del sistema de pensiones de capitalización individual y de seguro de cesantía, y resguardar los fondos de pensiones y el Seguro de Cesantía, a través de un marco normativo adecuado y de una fiscalización constructiva. Su marco legal está entregado al D.L. N° 3.500, pero parte de sus funciones también es interpretar la legislación, establecer un marco de normativas y regulaciones y reglamento más específico para todo el sistema de pensiones como son los instrumentos elegibles y los límites de inversión aplicables a los fondos de pensiones. Añadió que este régimen de inversiones es propuesto por la Superintendencia, sin embargo, quien revisa esos límites es la Comisión Técnica de Inversiones, que es un organismo colegiado creado en la última reforma previsional y que luego fue perfeccionado en el año 2000. Por último, agregó, está el compendio de normas, circulares y oficios, que rigen las administradoras de fondos de pensiones, la AFC y el IPS. Respecto de este último dijo que ellos no fiscalizan el IPS en un ciento por ciento, sino que únicamente en lo que dice relación con las pensiones. En términos de regulación de inversiones, indicó que hay algunas restricciones. Los instrumentos de inversión deben ser elegibles, (art. 45 del D.L. N° 3.500), con una descripción bastante detallada de cuáles son los instrumentos elegibles. El mercado de transacción debe estar autorizado. (art 48 D.L. N° 3.500). El monto invertido no puede superar los límites establecidos, (art. 45 y 47 D.L. N° 3.500 complementado con el Régimen de Inversión). El instrumento de inversión debe ser custodiable, de acuerdo con lo que señala la ley, (art. 44 D.L. N° 3.500), y el pago debe ejecutarse contra entrega. Adicionalmente, los fondos de pensiones no pueden invertir en títulos emitidos o garantizados por las AFP, es decir, no puede invertir en sus propios instrumentos, ni tampoco en los títulos emitidos o garantizados por empresas que estén relacionadas con la AFP de que se trate. A su vez, el enfoque fiscalizador de la Superintendencia está dado, primero, por un enfoque tradicional, que dice relación con una fiscalización regular, con énfasis en lo que es la elegibilidad de los instrumentos, velando por que las AFP y la AFC se ajusten a la normativa establecida en la materia, en los límites de inversión y, por supuesto, también en las transacciones que se realizan, ya sea entre los fondos o con el resto del mercado de capitales. Una línea complementaria es la Supervisión Basada en Riesgo (SBR) que la Superintendencia viene desarrollando desde 2010 con orientación en prevención, cumplimiento y seguimiento. Comentó que a diferencia de lo que ocurre con otros organismos reguladores, ellos no han abandonado la fiscalización regular, porque si bien el aporte que tiene la supervisión basada en riesgos es fundamental para orientar los recursos, siempre escasos, de las instituciones públicas hacia aquellas materias que representen un mayor riesgo, no pueden dejar de lado la verificación específica de casos concretos que, de alguna forma, resguarden los ahorros de los chilenos invertidos en las AFP. ¿Qué evalúa la Supervisión Basada en Riesgo (SBR)? Básicamente, hay cinco ítems en los cuales se divide la Supervisión Basada en Riesgo, que dicen relación con los directorios, la administración, la gestión de riesgos propiamente tal, los riesgos financieros y también los riesgos operacionales. Explicó que construyen una matriz de riesgo con estas cinco áreas prioritarias que se subdividen en veinticinco subareas y con esta matriz se construye la clasificación de todas las instituciones que tienen bajo su supervisión: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), y el Instituto de Previsión Social (IPS). Agregó que la supervisión basada en riesgos complementa la fiscalización regular, a través de la identificación, el monitoreo y el control de los riesgos más críticos que enfrentan los regulados. Esta supervisión les alerta y les permite sostener una conversación fluida con los regulados para anticiparse a ciertas áreas o materias que pudieran representar mayor riesgo. Además, se definen planes de mitigación de los riesgos detectados. Tanto los entes regulados como la Superintendencia establecen planes de mitigación. Los regulados se comprometen con un plan de acción y ellos utilizan esta información para definir los planes de fiscalización del periodo siguiente. Esta situación les permite optimizar los recursos, porque enfocan la supervisión en aquellas áreas o fuentes de mayor exposición a riesgos. Respecto de la inversión en instrumentos relacionados con las empresas del Grupo Penta, señaló las acciones de fiscalización adicionales a las tradicionales. Han profundizado en algunas aristas desde que fueron conocidos los hechos relacionados con el Grupo Penta. Así, tienen un seguimiento diario de la inversión de los fondos de pensiones en las empresas del Grupo Penta. Están constantemente verificando dónde están invertidos los recursos. Otras acciones de fiscalización son el seguimiento diario de las tasas de transacción de los instrumentos emitidos por las sociedades del Grupo Penta y la medición del impacto de la valoración de los instrumentos emitidos por las sociedades del Grupo que se mantienen en la cartera de los fondos de pensiones. Puede existir un aumento o una disminución del valor, pero siempre considerando los valores de mercado. También está la coordinación con los supervisores del sistema financiero. Destacó su relevancia porque si bien tienen un rol fundamental en resguardar los fondos de pensiones, quienes tienen la tuición sobre el mercado de capitales son la Superintendencia de Valores y Seguros y de alguna manera la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Están en permanente coordinación los tres organismos, siendo esta materia un tema más que ha sido incorporado a la agenda de sesiones del Comité de Superintendentes del Sector Financiero de Chile. Además, hay un contacto permanente con las gerencias de inversiones de las Administradoras de Fondos de Inversiones. Fundamentalmente, ese contacto lo lleva el jefe de la División Financiera, señor Max Montecino. Respecto de la inversión de los fondos de pensiones en el Grupo Penta, afirmó que en total tienen una inversión que al 27 de febrero de 2015 asciende a 547 millones de dólares, la que comparada con la cifra invertida en agosto de 2014 -fecha en que se conoce el caso del Grupo Penta por la opinión pública-, se observa que no hay demasiada variación, pasando de 572 millones de dólares a 547 millones de dólares. ¿Qué representa esta cifra? Respondió que básicamente, las inversiones están en Banco Penta, en Banmédica S.A., que guarda cierta relación con el Grupo Penta, pero no en un ciento por ciento, ya que es dueño aproximadamente del 28% de Banmédica, y fondos de inversión. Estas son las tres posibilidades de inversión en empresas relacionadas con el Grupo Penta, precisó. Así el porcentaje total invertido por los fondos de pensiones no supera el 0,32% del total de los fondos. Indicó que a fines de agosto de 2014 los fondos de pensiones mantenían el 0,34% del total de la cartera invertida en el Grupo Penta y al cierre de febrero de 2015 esa proporción apenas bajó a 0,32%, principalmente, por la venta de los bonos emitidos por el Banco Penta. Señaló que si se desglosa lo que corresponde a cada una de las empresas en el Banco Penta tienen bonos bancarios y depósitos a plazo. Los bonos bancarios se mantuvieron relativamente estables hasta que el 27 de febrero (2015) hubo un descenso significativo, pasando de 33 millones de dólares a 7 millones de dólares, principalmente porque hubo una venta de los bonos bancarios. La disminución en los depósitos a plazo se debe a que fueron venciendo y esos depósitos no fueron renovados en la misma institución. En todo caso, la inversión en el Banco Penta es de 0,03%. Por otra parte en las inversiones en Banmédica S.A., donde el Grupo Penta es dueño del 28%, tienen acciones y bonos de las empresas. Se observa que la posición se ha mantenido relativamente estable; es decir, no hay modificaciones en términos de inversión en los valores asociados a Banmédica S.A. En la inversión de los fondos de pensiones en el Grupo Penta tienen tres tipos de fondos de inversión: Las Américas Fundación, Las Américas Emergente y Las Américas Raíces. En estos fondos también se observa un comportamiento relativamente estable. Señaló que si se analiza el financiamiento bancario por parte de los fondos de pensiones, la inversión en el Banco Penta está por debajo de la inversión promedio en el sistema bancario, donde es el 6%, y en el Banco Penta es de 3%. Si se hace el desglose para los bonos incluso es mucho menor que el promedio del sistema. En el sistema bancario es de 32%, mientras que para el Banco Penta es de 4%. Concluyó que han reforzado algunas acciones de supervisión y de fiscalización una vez que el caso se dio a conocer, pero eso no significa -dijo- que antes no hayan estado pendientes de cómo se mueven los fondos, ya que es parte de su labor permanente. Además, hasta la fecha no se observan incumplimientos normativos del regulado respecto de sus inversiones en instrumentos emitidos por el Grupo Penta; es decir, no hay trasgresiones al límite ni hay instrumentos que no estén autorizados. Reiteró que la inversión de los fondos de pensiones en empresas del Grupo Penta se ha mantenido en niveles marginales. El 60% de las inversiones de los fondos de pensiones en empresas Penta se concentra en fondos de inversión, monto que se ha mantenido estable desde mediados de 2014. Preguntada si ¿No ha sufrido mayor efecto?, dijo que no. Se observa que las AFP han tomado una actitud conservadora disminuyendo la inversión de los fondos de pensiones en Empresas Penta, en particular, las inversiones en bancos, tanto de los bonos como de los depósitos a plazo, que no han sido renovados en el banco del Grupo Penta. El plan de seguimiento especial de la Superintendencia, tanto sobre los acontecimientos relacionados con el Grupo Penta como respecto de la inversión de los fondos de pensiones, no ha identificado, hasta la fecha, focos de riesgo significativos. Consultada por el trabajo realizado por la Comisión Clasificadora de Riesgos, esta pregunta fue respondida por el jefe de la División Financiera de la Superintendencia de Pensiones, Max Montecino, quien explicó que la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR), en casos de instrumentos de renta fija, cuando tiene alguna señal de algún tipo de deterioro sobre la capacidad de pago de las empresas emisoras, pide una tercera clasificación, la cual puede venir a refutar la clasificación actual o mantener la que está vigente. Por tanto, los instrumentos donde están invertidos los fondos de pensiones no sufren cambio alguno. Esto es para los instrumentos de renta fija. Respecto de los instrumentos fondos de inversión, con el sponsoring de una AFP, la CCR tiene como misión aprobar o no la inversión en dichos fondos. En el caso de renta variable, indicó que la Comisión Clasificadora de Riesgo no tiene ninguna palabra respecto de las acciones, por lo que, aun cuando algún emisor esté en algún tipo de problema, la CCR no podría desaprobar las acciones de ese emisor particular. Agregó que el Banco, como emisor, efectivamente ha estado en revisión dentro de la Comisión Clasificadora de Riesgo, pero por un tema de reserva. Es decir, precisó, hasta el momento se está revisando qué está pasando con el grupo. Es una preocupación permanente de la Comisión revisar los instrumentos en los cuales están hoy invertidos los fondos de pensiones. Consultado si pidieron una tercera clasificación, el señor Montecino expresó que los antecedentes de la Comisión son reservados y no puede adelantar ningún tipo de resultados sobre la revisión que se está haciendo del grupo emisor. Agregó que hoy el problema que existe con los dueños de Penta y respecto del impacto reputacional, efectivamente está afectando al Banco, de modo que los instrumentos que en él se transan, como bonos y depósitos, han sufrido una aumento en el spread, cosa que en las últimas semanas ha vuelto más o menos a la normalidad. Entonces, tampoco es que el Banco se vaya a caer de espaldas. Además, los controladores han suscrito un aumento de capital de alrededor de 180 millones de dólares para poder garantizar que el Banco no tenga ningún tipo de problemas de solvencia. Por lo tanto, el emisor está bien respaldado, es solvente y tiene liquidez y, desde ese punto de vista, no hay problemas de riesgo de crédito. La señora Agnic, respecto del impacto reputacional, señaló que no tienen cómo hacer una estimación ni un cálculo del mismo, porque aquí no hay un perjuicio ni una desvalorización. Por lo tanto, no se justifica que hagan un dimensionamiento de algo que no existe. Aquí no tienen una situación irregular específica para estos instrumentos. Otra cosa son las irregularidades en que se pueden ver envueltos los dueños o controladores de estas empresas, pero no así los instrumentos. Por otra parte, comentó que está implementando que las AFP chequeen algunas variables que van más allá de lo cuantitativo; específicamente, que hagan un análisis. Si bien no existe norma que las obligue a hacerlo, a través de la supervisión basada en riesgo, han tratado de incentivar a que hagan una verificación de la calidad de los gobiernos corporativos de las empresas en las cuales van a invertir los recursos. Por supuesto que algunas AFP han avanzado más que otras, pero la preocupación permanente de chequear la calidad de las empresas en las cuales se va a invertir es algo que han estado incorporando no solo en su sistema de supervisión basado en riesgo, sino que, además, es un clamor que se vio reflejado en la publicación de una norma, que está para consulta de la Superintendencia de Valores y Seguros, que perfecciona el ámbito de los gobiernos corporativos. A la consulta sobre los montos de inversión de las AFP en empresas chilenas y extranjeras, dijo que esto es algo que puede ir variando permanentemente, pero en la actualidad el 45% de los fondos están invertidos en el extranjero, siendo el límite 80% el que es escalonado para cada uno de los fondos. El fondo A, que es el más riesgoso, tiene un límite mayor, que puede llegar hasta el 100% de la inversión en instrumentos extranjeros. Este fondo tiene casi 80% invertido en el exterior. El fondo B, que tiene un límite que puede llegar a 90%, hoy tiene invertido el 59%. El fondo C, 75% de límite, hoy tiene 44% invertido; y el fondo D, con un límite de 45%, hoy tiene invertido 30%. Por último, el fondo E, con límite de 35%, tiene 8% invertido. En este momento, la inversión en el extranjero alcanza uno de los montos más altos de la historia. A la pregunta de si el caso Penta afecta la inversión de estas empresas en el exterior, el señor Montecino manifestó que, por lo menos en los últimos tres meses, no. La inversión en el extranjero ha ido aumentando paulatinamente en forma bastante fuerte en los últimos dos años, lo que se ha notado especialmente en el mercado de renta variable, que en el mismo período ha caído fuertemente la inversión en instrumentos locales. Pero este fenómeno no tiene correlación con el caso Penta en cuestión. A la pregunta: ¿qué ocurriría si una administradora de fondos de pensiones quiebra? La señora Agnic expresó que para tranquilidad de todos, los fondos previsionales están muy bien resguardados, pues se manejan en un “compartimiento” totalmente distinto al del capital de la empresa, por lo que no hay riesgo de que esos fondos se pierdan. Existe una clara separación entre lo que es la empresa AFP con su capital, y los fondos que administra la AFP. Consultada por el resguardo adicional, en relación con la fiscalización, reiteró que su fiscalización es permanente, han reforzado el aspecto relacionado con las inversiones en las empresas asociadas al grupo Penta desde agosto del año pasado (2014), momento en que el caso estalló frente a la opinión pública. Respecto de cómo logramos reconstruir la fe pública, piensa que esa es una tarea en la que todos están involucrados, porque a todos afecta. A la consulta de si sabe si contra los fondos de inversión del grupo Penta se emitió algún tipo de boleta o factura ideológicamente falsa como respaldo a un gasto declarado, mencionó que esa es una materia que no le corresponde monitorear, sino que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos. Destacó que hay una permanente colaboración con todos los organismos del Estado, en la medida en que la legislación les permita compartir información, pues ciertas limitaciones legales impiden intercambiar algunas informaciones. Con la entrada en vigencia del Consejo de Estabilidad Financiera (Ley N° 20.789), se abrió un espacio de colaboración entre las superintendencias financieras y otros organismos del Estado, el cual deben perfeccionar, pues aún hay ámbitos en los cuales no nos es posible compartir información. Consejo de Defensa del Estado. k. Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Juan Ignacio Piña. Junto con agradecer la invitación, advirtió a la Comisión que por existir un proceso judicial donde el Estado de Chile se ha hecho parte, él está inhibido -por el secreto profesional- de develar algunas de las actuaciones en las que han participado. Luego se refirió a la competencia y función del Consejo de Defensa del Estado, expresando que intervinieron en la causa Penta, constreñidos por su ley orgánica que les otorga legitimación activa para intervenir donde hay funcionarios públicos involucrados en la comisión de delitos o bien existe perjuicio fiscal. En este último ámbito, indicó que quedan excluidos aquellos delitos en los que se genera perjuicio fiscal por vía tributaria, porque en tal caso, es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene la legitimación activa para iniciar la acción penal, vía denuncia o querella, facultando de esta forma al Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Señaló que en el caso concreto de Penta, la legitimación activa está dada por la participación, en una primera etapa, de funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos coludidos con terceros extraños al Servicio, con particulares, a partir de la comisión de delitos de cohecho, es decir, habiendo sido sobornados, para incidir tanto en los formularios 22 de esos contribuyentes, para hacer algunas rectificaciones y conseguir las devoluciones de impuestos a las que no tenían derecho. Eso está expresamente tipificado en el artículo 97, precisó. Tal circunstancia es la que otorga legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado: porque el delito tributario se cometió vía soborno de un funcionario público. Posteriormente, se añade la participación de un exsubsecretario que, en el marco de las imputaciones que ha vertido el Ministerio Público, habría tenido participación en hechos de análoga naturaleza. Aclaró también que el eje a partir del cual se hicieron parte en el proceso es por el eje “corrupción”. Es decir, la presencia de hechos constitutivos de algún delito que se dé en el marco de una relación corrupta entre un funcionario público y algún particular, o de dos funcionarios públicos, que es otra hipótesis que también podría tener lugar. Aseveró que no son relevantes para el trabajo del Consejo las motivaciones que existan detrás de ese acto de corrupción, así se puede distinguir algunos actos de corrupción que tienen por objeto conseguir un beneficio estrictamente privado, es decir, un particular cohecha a un funcionario público para conseguir una devolución a la que no tiene derecho, y la motivación del particular es enriquecerse. Tal situación no es diferente de aquel que quiere hacerse de unos determinados fondos para el pago de una campaña política. Por tanto, concluyó, no es de competencia del Consejo ocuparse de aquellos hechos posteriores, que son aquellos que, precisamente, se refieren a los destinatarios de esos fondos. Según su experiencia y la del Consejo, uno de los grandes problemas con el que se encuentran es la “falta de musculatura fiscalizadora en la administración”. Normalmente el Consejo llega tarde. Esto es así porque no son un órgano de investigación, como lo es el Ministerio Público o la Contraloría que, en el marco de su trabajo, se detecten algunas irregularidades que pueden ser constitutivas de delito. Señaló que, en el marco de este proceso, claramente ha habido una falta de fiscalización en determinados ámbitos. Dio como ejemplo lo que ha pasado con la simulación de operaciones de forward, la operación de compra de bienes a futuro, para efectos de encubrir retiros o incrementar pérdidas. Indicó que ello no se había visto por el Consejo y tampoco por el Servicio de Impuestos Internos. Agregó que esta falta de musculatura fiscalizadora se aprecia en el Servicio de Impuestos Internos y en la Contraloría. Ambos tratan de hacer su trabajo con los recursos que tienen, acotó. Adicionalmente, en el ámbito del Servicio de Impuestos Internos, hay un fuerte incremento de estas herramientas de fiscalización que están incorporadas en el marco de la Reforma Tributaria. Sin perjuicio de ello, el problema se da en el marco de la detección de estos hechos, donde la administración no es lo suficientemente eficaz. Mencionó que esto es relevante, desde el punto de vista criminológico, ya que el principal factor disuasivo en la comisión de hechos de esa naturaleza, sean delictivos, infracciones administrativas o de cualquier tipo, no es la pena asociada en el caso que sean descubiertas, sino que la probabilidad de ser descubiertas. Explicó que si las probabilidades de detectar ese tipo de irregularidades son bajas, da exactamente igual cuál sea la pena con que se castiga la conducta, porque se produce un diálogo de sordos entre el Estado y aquel que comete el delito o la infracción. Apuntó que eso opera tanto en el ámbito administrativo como en el penal. En términos simples -dijo- mientras uno cree firmemente que no lo van a descubrir, el otro dice, pero cuando te descubra te voy a dar muy duro. Este es un diálogo de sordos que impide que haya algún efecto disuasivo. Por lo tanto, afirmó que hay que tener cuidado con la idea de incrementar las penas ya que allí no está la verdadera capacidad disuasiva del Estado. La verdadera capacidad disuasiva está en incrementar las posibilidades de detección de estas irregularidades, en fiscalizar, de lo contrario el incremento de las penas es más bien ineficaz. Por otra parte, agregó que en algunos ámbitos de los delitos de corrupción se tienen sanciones bajas que no grafican la repugnancia por la corrupción. Afirmó que los gobiernos no hablan por sus voceros; el Consejo de Defensa del Estado no habla por su presidente; sino que lo hacen a partir de sus acciones y, dentro de éste ámbito, hablan desde su decidida posición en contra de esos actos y que se especifica, habitualmente, a partir de las opciones legislativas que han tomado. En tal sentido -dijo- es solo vociferación manifestar repugnancia contra los delitos de soborno y de cohecho cuando está aparejado de penas bastante nimias, entre 541 días y 3 años. Es cierto que las circunstancias concurrentes o la reiteración puede hacer que esas penas suban, pero la declaración que se hace en abstracto es tibia frente a la corrupción. No es una declaración enérgica, precisó. Concluyó que si el Estado de verdad está dispuesto a incorporar declaraciones de carácter fuerte debe trabajar en esos dos ámbitos. Primero, en el ámbito de la potestad fiscalizadora, que va a incrementar las posibilidades de detección de los hechos; segundo, en la revisión del sistema de penas aparejadas a esas conductas, de manera tal que ambas ofertas sean atractivas, desde la perspectiva del Estado, y muy disuasivas para aquel que quiere cometer el delito. Por otra parte, expresó que hay que tener cautela respecto de colocar toda la fuerza en los mecanismos de carácter penal para conseguir estos hechos. Recordó que la criminalización tiene lugar una vez que han fracasado los mecanismos administrativos y sancionatorios en ese ámbito, que justifican dar el paso hacia la criminalización de las conductas, por tanto, también hay que tener en mente el fortalecimiento de otros controles disuasivos, tales como el Servicio Electoral. Piensa que si las sanciones aparejadas están vinculadas a inhabilidades respecto de aquellos que consigan un financiamiento irregular, es posible que se consigan efectos, sin necesariamente tener que echar mano a la criminalización de las conductas. ¿Por qué se están persiguiendo penalmente los delitos económicos? Porque pareciera que los mecanismos administrativos no han sido eficientemente disuasivos. A partir de sanciones de carácter administrativas y de fiscalizadores fuertes, como las respectivas superintendencias, no se han producido los efectos disuasivos deseados, y eso justifica plenamente la intervención penal, racional y adecuada. Afirmó que se ha tenido una institucionalidad administrativa cuyas facultades y recursos no han sido suficientes. Por lo tanto -dijo- malamente se podría señalar que ha fracasado en su intento, ya que no se ha dispuesto, como Estado, que ellos sean los encargados de velar por esa corrección. Explicó que en el marco de las futuras soluciones se deben revisar esos extremos, el fortalecimiento de la fiscalización y el incremento de las penas, pero no se puede pensar que eso es suficiente. Aclaró que deben pensar muy bien las atribuciones administrativas que se puedan entregar a dichos organismos y, adicionalmente, el sistema de sanciones, porque no sirve y contribuye al desprestigio, hacer una nueva reforma que no produzca efectos prospectivos. Por último, solicitó la revisión de los sistemas de penas que tienen los delitos contra la corrupción. Lo mismo respecto de las sanciones administrativas o eventualmente penales, respecto de las infracciones vinculadas con lo electoral. Señaló que la selección de sanciones que se incorporen en ese ámbito no puede hacerse con independencia del sistema electoral que se tenga y de su financiamiento. Tener plena conciencia de las características que tiene el sistema de financiamiento es lo que permite determinar dónde tiene que haber incriminación penal y dónde no. Si se tuviera un sistema de financiamiento de la política, rigurosa y exclusivamente público, el eje de las conductas que se deberían incriminar serían aquellas vinculadas a la subvención que da el Estado para la política. Por lo tanto, cualquier defraudación que se diera en ese marco, debería recibir una sanción muy gravosa. Si se tuviera un sistema regulado, pero exclusivamente privado, el énfasis en las sanciones debería estar dirigido a aquella falsificación de gasto reembolsable hacia los privados, con los que se financia la política. Consultado por la arista política en el caso Penta, explicó que la participación del Consejo de Defensa del Estado en dicha arista está circunscrita y condicionada a su competencia y legitimación activa. No obstante lo anterior, anticipó dos posturas, esto es, si el delito es cometido por un funcionario público en el marco de la función pública que desempeña o no. Explicó que no es el hecho que un funcionario público cometa un delito el que los legitima para intervenir, porque es perfectamente posible que un funcionario público cometa el delito de manejo en estado de ebriedad en su auto particular durante un fin de semana. Este solo hecho, el que sea un funcionario público, no los transforma en los llamados a perseguirlo, sino que es relevante que el delito lo haya cometido en el marco de la función pública que desempeña. Dio como ejemplo, que haya tenido fondos públicos a su cargo y los haya malversado; que haya tenido la posibilidad de decidir en determinados ámbitos y haya sido víctima de tráfico de influencia; que haya sido participe de fraude al Fisco, en el marco de las operaciones en las que ese funcionario tiene participación por la posición institucional que ocupa. Tal es el marco en el que el Consejo puede intervenir, acotó. Ejemplificó diciendo que si un parlamentario es sobornado para tomar una determinada decisión en el marco de un proyecto de ley, se configuraría un delito y allí estaría el Consejo ejerciendo la acción penal. Pero si es un parlamentario que, en el marco de financiamiento de su campaña, comete algún delito no vinculado a su decisión -esa es precisamente la discusión- no puede adelantar la postura del Consejo de Defensa del Estado, porque ello se resolverá con sus órganos internos. Consultado por la gravedad de las penas involucradas que podrían ocasionar inhabilitación en el ejercicio del cargo, expresó que el Código Penal establece la inhabilitación como pena. Están la inhabilitación para aquellos sujetos que cometen un delito determinado; la inhabilitación especial; la inhabilitación completa, para el desarrollo de cualquier función pública; la inhabilitación temporal y la perpetua. Estas -dijo- son penas de carácter accesorio, que se imponen a quien ha cometido un delito. Una cuestión distinta es la inhabilitación como consecuencia de la comisión de un delito. Por ejemplo, la que tiene lugar en el marco de determinadas condenas que hacen que incluso el condenado pierda la ciudadanía por mandato constitucional. Explicó que son dos formas distintas de producir una eventual inhabilitación. A la pregunta de ¿por qué es posible que alguien que comete un delito en el marco de su función como alcalde, puede ser después electo como diputado? Indicó: porque existen delitos que tienen simplemente una inhabilitación especial y no una inhabilitación completa para el desempeño de la función pública. Esto puede ser, porque el legislador, cuando tomó la decisión de incriminación, estableció una inhabilitación especial y consignó que lo van a dejar inhabilitado exclusivamente para aquel cargo en el que está desempeñando esa función. Enfatizó que tal decisión no es necesariamente un error. Tal vez, dijo, se pueda encontrar un cargo que, por su especificidad y por el delito de que se trata, solo amerite una inhabilitación especial. Es posible que el legislador entienda que en esas hipótesis, con eso basta, precisó. Destacó luego la importancia de tener un catálogo adecuadamente revisado y que, por tanto, los delitos que se cometan en el marco del desarrollo del trabajo de un alcalde, vayan aparejados de una inhabilitación completa y no simplemente de una inhabilitación especial. Consultado su parecer sobre los recursos que el Estado asigna al Consejo de Defensa del Estado, como para adquirir nuevas y más amplias atribuciones, expresó que no requiere de más recursos. Indicó que lo peor que se puede hacer como Estado es superponer atribuciones en distintos órganos estatales. Dio como ejemplo las atribuciones de las policías, que muchas veces se superponen por razones de carácter histórico, y cuando ello sucede nos encontramos con discrepancias, incluso el entendimiento del carácter de contraparte entre la Policía de Investigaciones y Carabineros. Agregó que esto no es culpa de las instituciones, sino que es de la institucionalidad, que ha establecido determinadas funciones en ambos lados. Afirmó que el Estado tiene que fortalecer aquellos ámbitos especializados, de tal manera que sean lo más eficaz posible en el cumplimiento de su función y no diluirla entre más organismos. En caso contrario, se va a tener una pluralidad de organismos ineficientes en lugar de tener un Estado adecuadamente coordinado entre sus distintos episodios operativos. Por lo tanto, dijo preferir que le den más recursos para tener más y mejores abogados capacitados de manera que el órgano especializado en llevar adelante este asunto, tenga también los recursos necesarios para realizar buenas investigaciones. Consultada su opinión sobre el actuar del Ministerio Público y su credibilidad, expresó tener la convicción que en casos como éste se necesita una muy intensa coordinación entre los distintos actores, y eso marca la diferencia entre el curso que siguen determinados procesos y el que siguen otros. En el caso Penta, más allá de la regulación legal, el Consejo ha tenido un trabajo muy coordinado, incluso para discrepar, con el Ministerio Público. Es decir, han trabajado juntos con el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos; incluso, cuando han discrepado y sostenido posiciones discordantes, lo han hecho de un modo coordinado. Como ejemplo mencionó la audiencia de formalización en el caso Penta donde el Consejo de Defensa del Estado se distanció de algunas de las opciones que había tomado el Ministerio Público y pidieron medidas cautelares muy intensas para algunos de los imputados para los cuales el Ministerio Público había decido no pedir medidas cautelares tan gravosas. A la pregunta de ¿cuál es la principal manera de hacer más eficaz la fiscalización para luchar contra la corrupción y erradicarla de la fiscalización? Afirmó que se tiene que tener mucho cuidado. Dijo que nada se saca con fortalecer los mecanismos de fiscalización si al mismo tiempo no se tiene un resguardo adecuado para que esos fiscalizadores estén indemnes a la corrupción que, se supone, deben perseguir. En el caso del Servicio de Impuestos Internos, que tiene la titularidad de la acción penal, vía denuncia o querella, no cabe duda que ha dado las legitimaciones necesarias para que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado puedan seguir adelante. Pero, en estricto rigor legal, existen solo dos posibilidades: o se le quita esa atribución que, única y exclusivamente le da al Servicio la posibilidad de echar a andar la máquina de persecución o se le dota de plena autonomía. Sobre las eventuales fiscalizaciones a las futuras operaciones de forward, lo peor que se podría hacer es demonizar alguna operación por el carácter o naturaleza que tiene, porque las operaciones de forward, es decir, las compras de bienes a futuro son derivados financieros muy útiles y que se utilizan legítimamente en muchas oportunidades. Del mismo modo que en el marco de las compraventas se producen defraudaciones, no se va a demonizar las compraventas, sino que se tiene que fortalecer las herramientas de detección de esos delitos. No obstante concuerda que dichas operaciones van a ser miradas con otros ojos en el futuro. Hoy se ha tendido un velo de duda y de opacidad sobre operaciones que son perfectamente legítimas y que, además, como derivados financieros, tienen una funcionalidad muy relevante, sea para el traslado de contingencias en el precio de las divisas, de los precios de bienes con grandes fluctuaciones, en la energía, etcétera. Entonces, ¿quién va a tener que ser el encargado? No hay que perder de vista que las operaciones de forward las puede suscribir, como un contrato, cualquier parroquiano, es decir, nosotros mismos nos podríamos poner de acuerdo en suscribir un contrato de forward y es muy lícito que así sea. Por lo tanto, los llamados a fiscalizar van a ser distintos, según quienes suscriban estos contratos. Por ejemplo, cuando estos derivados sean valores transables, la Superintendencia de Valores y Seguros tendrá cosas que decir; la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, cuando sean ellas las que participan, también; y el propio Servicio de Impuestos Internos, cuando se trate de operaciones que, por su naturaleza, sean tributables en el marco de las ganancias o rebajen la base imponible, cuando se trate de pérdidas. Consultado por el tema del lavado de activos, señaló que en este punto es importante entender que no es aconsejable mirar el delito base y el lavado de activos en la lógica del delito principal y del delito accesorio. Es más, en dicha lógica parece un poco raro que el lavado de activos tenga una pena mayor que el delito principal. Enfatizó en que se entienda esto como dos delitos de naturaleza muy distinta y no tienen una vinculación entre sí como la que existe entre lo principal y lo accesorio. Por lo tanto, es posible que el lavado de activos, que tiene un injusto propio -un delito contra la administración de justicia-, tenga una naturaleza distinta del delito base. Si se trata de un delito de cohecho, atenta contra la función pública; si es un delito de narcotráfico, atenta contra la salud pública. Entonces, ¿contra qué atenta el delito de lavados de activos? Contra la administración de justicia, reiteró. Es un intento por interponerse entre la justicia y el hecho que se persigue. Eso es lo que hace quien lava los activos: impide a la justicia llegar a aquellos ámbitos donde tiene que perseguir. Cuando así se entiende -dijo- el lavado de activos es el hijo mejorado genéticamente de nuestro viejo encubrimiento, y nos damos cuenta de que los injustos son distintos. Consultado si se puede llegar a aumentar indirectamente los delitos base con algunos delitos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, toda vez que el lavado de activos es uno de los delitos que permite la persecución penal de las personas jurídicas, indicó que una de las grandes tesis que se ha levantado es si, a través del delito de lavado de activos, se puede llegar a hacer responsables a las personas jurídicas por no tener en sus modelos de prevención los delitos base incorporados en la ley de Lavado de Activos. Mientras no exista en la ley una ampliación del catálogo, eso no es posible, porque, en el fondo, se le estaría diciendo a cualquier persona jurídica: “Mire, usted debe tener un modelo de prevención contra el lavado de activos, el cohecho y el tráfico de armas, pero además, debe tener un modelo de prevención contra el uso de información privilegiada.” Añadió que el legislador debería hacer un trabajo un poco más claro y directo, y ampliar ese catálogo muy expresamente y decir: aquí se tiene solo tres delitos y se debería tener, por lo menos, seis. Además, revisar los delitos tributarios, es decir, algunos en que la forma en que trabaja la persona jurídica está más incentivada a la comisión de estos delitos. Consultado por el término del fuero parlamentario en caso de delitos, señaló creer que cuando se tiene, en el marco de la función parlamentaria, la función de fiscalización, ello debe ir aparejado de algún mecanismo de protección. Eso es correcto, aseveró. Sin embargo, ningún mecanismo de protección puede transformarse en una patente de corso que cuide a aquel fiscalizador para que pueda hacer cualquier cosa. Por lo tanto, afirmó no tener ninguna objeción de principios respecto del fuero, pero sí tiene algunas objeciones de carácter operativo que probablemente deberían hacer que se revise el fuero parlamentario en lugar de prescindir de él. Consultado por las aristas del caso Soquimich, solo manifestó que donde exista un funcionario público que haya cometido algún delito, con absoluta prescindencia del color que tenga o de la naturaleza del delito, en la medida en que se cumplan sus supuestos de legitimación activa, da fe de que ahí va a estar el Consejo de Defensa del Estado, con independencia de la compañía que se ha servido, del partido y del delito que se cometa. Consultado si los parlamentarios son funcionarios públicos, respondió que para efectos del Código Penal, sí. Así lo establece el artículo 260 de dicho cuerpo legal, el cual define quiénes son empleados públicos para los efectos de la norma. De hecho, para efecto de los delitos, es el más amplio concepto de empleado público que existe. Incluso, es más amplio que el que establece el estatuto administrativo. En materia penal, nadie se salva, señaló. A la pregunta ¿cuál es el interés del Consejo de Defensa del Estado en caso de que exparlamentarios o parlamentarios en ejercicio estuvieren involucrados en delitos relacionados con afectación al fisco o con incumplimiento de su cargo, como funcionario público? Respondió que en una situación como esa, el Consejo de Defensa del Estado no tiene ningún problema de legitimación activa para intervenir en su contra. Mañana se podría formalizar a un parlamentario y el Consejo de Defensa del Estado sería parte de la causa por delitos cometidos en el marco de su función pública. En ese ámbito, no hay ninguna duda, ni queda ningún espacio para la impunidad para perseguir. Ministros de Estado. l. Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Peñailillo Briceño. Inició su intervención destacando la existencia del Consejo Presidencial convocado por la Presidenta Michelle Bachelet, el que tendría un plazo de 45 días para evacuar su informe. Agregó que en forma paralela al trabajo del Consejo, el Gobierno ha anunciado el envío de un conjunto de iniciativas, como la permanencia en cargos de elección popular para personas que no cumplen o no respetan detalladamente la legislación. También mencionó que los expresidentes de la República van a tener una declaración de patrimonio y de intereses de por vida, siendo la actual Presidenta de la República la primera en cumplir con esa obligación. Asimismo, se refirió a la necesidad de normar de buena forma la incompatibilidad que hay entre lo público y lo privado respecto de exfuncionarios públicos que pasan al área privada. En materia de financiamiento, señaló que desean más transparencia y calidad en la política, lo que significa contar con la mejor legislación posible para que tanto los partidos políticos como las campañas electorales tengan mayor transparencia, en el marco de un nuevo sistema electoral. Para eso -dijo- se debe fortalecer el rol del Servel, su labor fiscalizadora y los instrumentos de financiamiento, para que en la práctica se cuente con un mejor sistema político, más sano y transparente. Consultada su opinión respecto de la legislación actual del Servicio Electoral, explicó que la ley actual considera distintos mecanismos para que las campañas se desarrollen y se lleven a cabo. Son mecanismos que, de una u otra manera, pueden ser revisados y mejorados cada uno de ellos. Así, que este no solo tenga la obligación de revisar las rendiciones de cuenta, sino que también tenga una capacidad de fiscalización previa, es decir, que efectivamente este servicio pueda en terreno, mientras se desarrollan las campañas, ir viendo la evolución del gasto versus la evolución de la campaña, generando un vínculo mucho más claro entre la oficina de contabilidad de las candidaturas con el Servicio Electoral. Afirmó que eliminar los aportes reservados fue una propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet, en su primer gobierno, y hoy todos los sectores políticos están de acuerdo en dar ese paso, que es fundamental para una mayor transparencia, y que todos los sectores políticos tengan acceso a una competencia mucho más equivalente. Consultado por el Consejo Asesor Presidencial, si ello redundará finalmente en la creación de iniciativas legales, señaló que la creación de dicho Consejo es la oportunidad para que todos los sectores políticos puedan hacer llegar su opinión. Eso no quita que el Congreso Nacional, como institución y Poder del Estado, pueda tener una propia propuesta. Pero, como Gobierno la Presidenta Bachelet ha querido hacerse cargo del tema y de ahí van salir muchas iniciativas que finalmente van a llegar al Congreso Nacional. Consultada su opinión respecto de las investigaciones del Servicio de Impuestos Internos, expresó que una de las fortalezas de dicho servicio es su autonomía, su capacidad fiscalizadora y sus amplias atribuciones. Como Gobierno, han sostenido, tanto para el Ministerio Público como para las otras instituciones que colaboran en la investigación de procesos judiciales, que lo que corresponde es dejarlos trabajar sin presiones de ningún tipo. Respecto del caso Caval, dijo que él no es tema de la Comisión. Que dicho tema está siendo investigado en la justicia y lo que corresponde es que se desarrolle en el mismo marco que he planteado anteriormente (autonomía). m. Ministro Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto. Aludió a la creación del Consejo Asesor Presidencial y al rol fundamental de la Cámara de Diputados y del Senado, en la elaboración y aprobación de iniciativas legales. Recordó que el año pasado la Presidenta de la República presentó el proyecto de ley que fortalece la transparencia y la democracia, y que está actualmente en tramitación parlamentaria (marzo de 2005). Dicho proyecto de ley da cuenta precisamente del compromiso que tiene el Gobierno con una democracia de mejor calidad. Se enmarca dentro de una serie de iniciativas que han venido impulsando desde hace algún tiempo, como el nuevo sistema electoral, proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso Nacional, y la reforma constitucional que asegura el derecho al sufragio de los chilenos que viven en el exterior. El proyecto pretende regular de manera efectiva las campañas, el control por parte de las instituciones fiscalizadoras, con atribuciones suficientes para velar por el cumplimiento irrestricto de la ley, y se enmarca dentro de una serie de otras iniciativas que los propios parlamentarios han presentado en el pasado. Indicó que la Presidenta de la República, en su mensaje, destaca la serie de proyectos de ley presentados por diputados y senadores que cumplen con la misma finalidad y que, además, es la continuidad lógica de lo que se hizo durante su primer Gobierno. En el 2006, la mandataria presentó dos proyectos de ley en esta materia, los cuales no tuvieron tramitación parlamentaria, por lo que finalmente no fueron aprobados; sin embargo, ellos dan cuenta de la convicción más profunda de la Presidenta y de su Gobierno respecto de la necesidad de avanzar en la legislación referida. Dijo que en particular destaca este proyecto de ley porque establece condiciones institucionales que permiten una mayor equidad para acceder a los cargos de elección popular y, además, porque garantiza la autonomía de los representantes democráticamente electos, regulando la relación entre el dinero y la política. Es un proyecto que contribuye a la transparencia respecto del financiamiento de la política. En primer lugar, da cuenta de la necesidad de una mejor calidad de la política, de tal manera que aquellos que resulten electos, puedan canalizar adecuadamente los intereses generales de la sociedad, al legislar y regular pensando en el bien común. Además, como la sociedad ha ido cambiando, hay estándares que son más exigentes, respecto de los cuales el sistema político en su conjunto debe hacerse cargo. Contribuye a mayor transparencia, desincentiva la corrupción y permite un control ciudadano. Elimina los aportes anónimos y reservados de las campañas políticas, al establecer un estándar regulatorio más exigente, lo que garantiza la transparencia respecto del origen de los recursos que financian la actividad política y evita el daño que se pueda generar con el marco regulatorio actual, que no es del todo suficiente. Asimismo, previene los conflictos de interés al garantizar algo que es fundamental en toda democracia, es decir, que por sobre todo siempre pese el poder de los ciudadanos por sobre el poder del dinero o los intereses corporativos de determinadas empresas. También establece la prohibición de que las personas jurídicas puedan realizar aportes a las campañas, porque todos saben que en una verdadera democracia son los ciudadanos los que votan y, por tanto, son ellos los que pueden contribuir al financiamiento de la política. Las personas jurídicas no votan. Esta iniciativa se ve vinculada directamente con el anuncio que hiciera la Presidenta de la República, el 10 de marzo pasado (2005), con la creación del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés y el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Añadió que la Presidenta Michelle Bachelet ha constituido dicho Consejo, el que está conformado por destacadas personalidades y expertos con larga trayectoria en esta materias, el cual tiene por finalidad, básicamente, efectuar un diagnóstico de los riesgos que afectan a la probidad y la transparencia en el mundo de los negocios, de la política y el servicio público, poniendo énfasis en aquellos elementos que se vinculan al tráfico de influencia, a la corrupción y a los conflictos de interés, que debilitan la confianza en las instituciones privadas y públicas. En segundo lugar, debe proponer medidas concretas, de carácter legal y administrativo, a partir del análisis comparado de experiencias internacionales y de la revisión de la normativa vigente en los ámbitos de la prevención, regulación, sanción y reparación de los conflictos de interés; el tráfico de influencias y, en general, la corrupción en toda sus formas, en el mundo de los negocios, la política al servicio público y la relación entre estos. Respecto de la propuesta de dicho Consejo, la Presidenta Bachelet tomará las decisiones correspondientes. Sin embargo, ella también ha señalado que en el caso de las modificaciones reglamentarias, estas debieran hacerse realidad entre los 15 días siguientes, y en el caso de los proyectos de ley, debieran ser presentado al Congreso Nacional dentro de los 40 días siguientes. Consultado por el Consejo Asesor Presidencial, si ello redundará finalmente en la creación de iniciativas legales, señaló que en el discurso que la Presidenta de la República pronunció el pasado 10 de marzo, cuando se constituyó el Consejo Asesor Presidencial contra conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción, se establecen iniciativas concretas que se implementarán para avanzar en los objetivos del Gobierno. Primero, enviará un proyecto de reforma constitucional para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, para los representantes electos que hayan incurrido en delitos sancionados por los tribunales de justicia. El mensaje establecerá una causal adicional de pérdida del cargo, a las que actualmente contempla la Constitución, para que se aplique dicha sanción en el caso de las conductas más graves. Asimismo, se definirán con precisión y mayor rigor las inhabilidades y las incompatibilidades de las distintas funciones en el sector privado regulado y en el servicio público en general, a nivel central y de los gobiernos regionales. También, la mandataria encomendó al ministro de Hacienda que actualice las normas en materia del buen uso de bienes y recursos fiscales y que imparta las instrucciones para su estricto cumplimiento. Por otro lado, la Presidenta asumió el compromiso de disponer que se adopten las medidas necesarias para hacer más detalladas y periódicas las declaraciones de patrimonio e intereses de los altos funcionarios públicos y, lo que es muy importante, que dicha declaración sea de por vida en el caso de los ex presidentes de la República, partiendo por ella. Reconoció que se necesita actualizar la normativa, la institucionalidad, los mecanismos de fiscalización y de sanción para evitar que se reiteren conductas y hechos de los cuales el país ha sido testigo y para contar con un estándar regulatorio mucho más estricto. Se trata de un desafío vinculado directamente con la calidad de la democracia, acotó. Consultado por el plazo para que desarrolle su cometido el Consejo Asesor Presidencial, expresó que dicho consejo dispondrá de 45 días para entregar el informe con las propuestas. Asimismo, todos los instructivos administrativos se van a dictar dentro de los 15 días posteriores a la recepción del informe y los proyectos de ley serán enviados a tramitación dentro de un plazo de 40 días. Por lo tanto, a más tardar 60 días después de la constitución del Consejo -esto es dos meses- debieran impartirse los instructivos administrativos correspondientes y en un máximo de 90 días los proyectos de ley debieran estar en tramitación parlamentaria. Consultado por la factibilidad de que el Consejo Asesor Presidencial reciba a la Comisión para hacer sus aportes, mencionó que el informe de esta Comisión Investigadora será una contribución adicional para el trabajo que tienen por delante. Dijo entender que se trata de un desafío del país y, por tanto, todos deben contribuir para aumentar los estándares regulatorios. Asimismo, el compromiso del Gobierno -está establecido formalmente dijo- es ingresar a tramitación antes del 15 de abril el proyecto de ley que fortalece el Servicio Electoral, aumentando sus atribuciones, facultades fiscalizadoras y dotándolo de institucionalidad y de recursos más eficientes. La idea es no solo fiscalizar los actos electorales, sino también el sistema de partidos políticos, precisó. Consultado por la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la excepcionalidad de las condenas, manifestó que esta materia no fue expresamente debatida en el Gobierno, porque las decisiones las adoptará en su oportunidad la Presidenta de la República. No cabe duda -dijo- que en la actualidad hay un mayor estándar ético y, por tanto, el estándar legal debe ser más exigente. Para eso, la institucionalidad debe actuar de manera más eficaz, los organismos fiscalizadores deben contar con mayores facultades para desarrollar su trabajo y, por cierto, debe existir un sistema de sanciones que sea realmente inhibitorio de este tipo de conductas para que no se vuelvan a repetir. Consultado por el proyecto de ley que fortalece y da nuevas atribuciones al Servel, para que ingrese antes de septiembre de este año, a fin que esté vigente para las elecciones municipales, indicó que tienen el compromiso de enviar el proyecto del Servel antes del 15 de abril y esperan se tramite con celeridad, porque la normativa debiera estar lista y ser aplicable para la próxima elección municipal y, por cierto, para las próximas elecciones parlamentarias y presidencial. Sobre el mismo tema, ahondó señalando que es necesario distinguir entre el marco regulatorio y el fortalecimiento institucional del Servicio Electoral, para que desarrolle de mejor forma su trabajo. Dijo que se requieren más recursos, mayores atribuciones y fortalecer la autonomía. Habrá un Consejo Directivo del Servicio Electoral que va a designar al jefe del servicio. Ya no lo hará el Presidente de la República ni el Ministro del Interior. Esta autonomía permitirá entregar garantías de ecuanimidad a todos los sectores, más aún cuando fiscalizar las elecciones y el funcionamiento de los partidos políticos es esencial para la democracia. n. Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Claudia Pascual Grau. Expresó que su intervención la circunscribirá a las propuestas que están en los marcos legislativos en función de las mujeres y de su mayor participación en los ámbitos de la política. En ese sentido, expresó que el financiamiento y la transparencia en el desarrollo de la política son temas tremendamente relevantes para las mujeres. Comentó que la última reforma al sistema electoral -el binominal- plantea un nuevo sistema electoral proporcional moderado, pero también plantea un criterio de paridad de género que no solo pretende promover y obligar a las distintas colectividades políticas que puedan llevar listas de candidaturas donde no menos del 40% sean candidatos hombres y mujeres y no más del 60% también sean candidatos hombres y mujeres, sino que también en este marco existe la posibilidad de un incentivo económico a dichas colectividades políticas para promover que las candidatas lleguen realmente a ser electas y que no queden trabajando por su elección solas y sin mayores recursos. Por otro lado, comentó que en la ley referida al fortalecimiento de la democracia, también se plantea que los partidos políticos, en parte junto con su financiamiento, puedan incluir hasta un 10% de ese aporte que pueden recibir del Estado, a la formación, participación y a la promoción de las mujeres en el espacio de participación política. A la pregunta de ¿qué iniciativas se van a promover desde su Ministerio? Dijo que el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, al igual que hoy el Servicio Nacional de la Mujer, gracias al Presupuesto 2015, pretende promover una participación más sustancial de las mujeres en los espacios sociales y políticos. Pero más que promover la participación, señaló que la idea es hacerse cargo de un fenómeno que plantearon en las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara de Diputados, cuando se tramitó la reforma al sistema electoral: la subrepresentación pública en la política de las mujeres. Señaló que hoy, las que más participan en organizaciones sociales son las mujeres. No solo son más de la mitad de la población del país, sino además son quienes más participan en las juntas de vecinos, en los clubes de adultos mayores, en los centros de madres y en los comités de allegados y de viviendas. Agregó que según datos del Servel, la mitad de los padrones de militancia en partidos políticos corresponden a mujeres. Por lo tanto, como Sernam y en el futuro como Ministerio, están preocupados de que la participación y el espacio que buscan las mujeres para resolver sus problemas y demandas y para hacer valer sus derechos, tenga una representación más proporcional y equilibrada en relación con la cantidad de mujeres que están en los espacios de representación. Para ello, crearán escuelas de formación de dirigentas y espacios de empoderamiento en distintos ámbitos. Por ejemplo, a través de alianzas con los actuales dirigentes vecinales, fomentarán la existencia de monitores y monitoras para la prevención de la violencia contra las mujeres. A la pregunta de ¿por qué fijar un criterio de paridad de género de 60-40? Señaló que esta pregunta podría contestarla con otra: por qué Chile no partió por el 50 y 50. La respuesta es muy sencilla, dijo. Es porque están partiendo décadas después que otros países. En América Latina ya han asumido los criterios de paridad o de cuotas, y Chile está aprendiendo de sus propios devenires. Por ejemplo, se encontraron con distintas dificultades cuando comenzaron a establecer las leyes electorales con mayor gradualidad. Indicó que una de las materias fundamentales que se les comentó en la investigación del estudio comparado de las distintas legislaciones de América Latina, dice relación no solo con establecer el porcentaje mínimo de mujeres que se les va a pedir a las colectividades, sino con que ese porcentaje o cupo no vaya al final de las nóminas. Por ejemplo, que digan que cumplen con la cuota, pero las ponen al final y no tienen ninguna posibilidad de ser electas. Por lo mismo, varias parlamentarias presentaron una indicación que en las listas de las próximas elecciones se intercalará a un hombre y a una mujer, porque les parece una manera de salvaguardar que, además, de cumplir con la cuota, que las mujeres fueran en igualdad de condiciones. Esa indicación se aprobó. Dijo que se les planteó también las dificultades que tienen las mujeres para estar en las nóminas de candidatura, pero además, para lograr los respaldos necesarios para que esas candidaturas logren ser electas. Señaló que as dejan al final de las nóminas, cumpliendo de esta forma la formalidad de llevarlas como candidatas, pero además no hay compromisos colectivos de parte de los partidos políticos o de aquellas agrupaciones que las respaldan para ser electas. Muchas veces son puestas en distritos, circunscripciones o en alguna distribución geográfica en la que la colectividad política tiene menos posibilidades de ganar, por lo tanto, en el lugar en el que no se tiene ninguna posibilidad de éxito colocan a las candidatas, y en los lugares para disputar colocan a los hombres. Entonces, después de aprender de aquello que vieron en otros países, consensuaron en obligar a las colectividades políticas a llevar listas de candidatos o candidatas que tenga más del 60% de representación por cada sexo, asegurando de esta forma que al menos el 40% de quienes postulen al Congreso sean mujeres. La idea es fomentar e incentivar a que los partidos políticos acompañen colectivamente las candidaturas de las mujeres en el esfuerzo de lo que implica la campaña, pero también ubicándolas en distritos o circunscripciones en que tengan reales posibilidades de competitividad. Además, por cada candidata electa, las colectividades políticas que las respaldaron podrán acceder a un incentivo económico mayor. Por otra parte, producto de las reales dificultades que tienen las mujeres para conseguir mayores recursos para financiar sus campañas, se vio la necesidad de potenciar de manera distinta, a través del financiamiento público de las campañas, un reembolso mayor por cada voto obtenido por candidata, sea electa o no. Agregó que en un país y en un mundo que actualmente se está cuestionando, a 20 años de la plataforma de Beijing, no se puede ir de manera más gradual. En 2015 debieran haber alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres; sin embargo, ningún país del mundo lo ha logrado. Chile es uno de los países que está más abajo en esa lista. Por lo tanto, la convicción del gobierno es hacer espacios y promover políticas y acciones afirmativas que les permitan recuperar ese tiempo y avanzar aceleradamente. Ahora, en la medida en que se limiten y trasparenten los recursos con los que se financian las campañas, podrán poner al centro las ideas, las propuestas y los programas de los candidatos y candidatas y de las colectividades. Por lo tanto, si la política permite medirnos por la discusión de las propuestas y las ideas, aunque se piense distinto, y no por la propaganda, que los mide por la cantidad de recursos económicos que implican, las mujeres tendrán muchas más posibilidades. En pos de este debate sugirió que no solo a las candidatas se les impongan criterios de excelencia. Hay candidatos muy buenos y otros malos; y habrá candidatas muy buenas y las podrá haber no buenas; por eso, los criterio de excelencia y de capacidades debiera será para hombres y mujeres. V.- LISTADO DE OFICIOS DESPACHADOS Y DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN EN EL MARCO DE SU INVESTIGACIÓN. Durante el ejercicio de su cometido, la Comisión despachó los siguientes oficios, formulando las consultas o requiriendo la información que a continuación se detalla: IMAGEN VI. CONSIDERACIONES QUE SIRVAN DE BASE A LAS CONCLUSIONES O A LAS PROPOSICIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN. No hubo. VII. CONSIDERACIONES QUE SIRVEN DE BASE A LAS CONCLUSIONES O A LAS PROPOSICIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN. Con el voto favorable de los diputados Pepe Auth Stewart, Germán Becker Alvear, Fidel Espinoza Sandoval (Presidente), Iván Flores García, Marcela Hernando Pérez, Vlado Mirosevic Verdugo, Marisol Turres Figueroa e Ignacio Urrutia Bonilla, se aprobaron las siguientes consideraciones, conclusiones y propuestas. o.“I. ANTECEDENTES La Comisión Investigadora sobre el financiamiento de las campañas electorales y el caso Penta surgió a partir de la fusión de dos comisiones investigadoras. Esta instancia se ha encargado de indagar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos frente a las donaciones efectuadas a la Universidad del Desarrollo por el grupo Penta y sus socios controladores, las acciones de fiscalización e información recabada por la Superintendencia de Seguros y Valores (SVS) respecto a Penta y sus contribuciones financieras hacia partidos políticos. Además, se han analizado las formas de control del Servicio Electoral; el modo en que los partidos captan recursos y en qué son distribuidos entre sus candidatos, así como el modus operandi del sistema de aportes en las candidaturas presidenciales y parlamentarias desde que este modo de financiamiento entró en vigencia. Desde que en diciembre se iniciara el trabajo de la Comisión, se han recibido testimonios y propuestas de parte de una serie de invitados. Ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (en adelante SII), el propio Director del SII, ministros de Estado, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la SVS, la Superintendencia de Pensiones. Los propios parlamentarios coinciden en que se debe reformular la legislación que sustenta las bases de una institucionalidad ampliamente vulnerada por el avasallador poder del dinero. Los diagnósticos sobre la enfermedad que tiene mal a nuestras instituciones políticas confluyen en un mismo concepto: corrupción. El tópico central de la edición 21ª de la revista española Filosofía Hoy se refiere a este concepto, el cual es interpretado como una debilidad de algunos seres humanos. Cuando la idea de competir para sobrevivir se torna la consigna de una persona, ésta vuelca todas sus energías en el objetivo de subir escalones en una pirámide social que desde sus orígenes ha estado mal enfocada. Tanto así, que pueden llegar a traspasar todos los límites éticos y legales que sean necesarios para concretar sus metas. Al respecto, el abogado inglés Bertrand De Speville, experto mundial en la lucha contra la corrupción, ha señalado que los tres elementos que una sociedad necesita poner en práctica contra este mal son la represión (penas anticorrupción), la prevención (evitar que el sistema presente oportunidades para actuar mal) y, esencialmente, la educación (lograr que la sociedad comprenda por qué la corrupción es negativa). Nuestro desafío es afrontar este impostergable debate con visión de Estado, teniendo presente el sentido de la función y legitimación del Congreso Nacional, y apuntando a fortalecer los mecanismos de prevención ante casos de irregularidades, pues el aparato estatal debe contar con mecanismos ex ante para evitar o reducir la ocurrencia de casos de corrupción. En concreto, esto requiere de una amplia reforma a nivel intra institucional, específicamente en los organismos fiscalizadores, es decir, mejores sistemas a nivel organizacional en el SII, y por otro lado, que entregue mayores herramientas y atribuciones de fiscalización al Servel. Esto, además de la necesaria revisión del sistema de financiamiento político y gasto electoral a objeto de contener la perpetración de fraudes electorales, a fin que las instituciones cumplan con los estándares de probidad y transparencia. Sabido es que dado el exiguo aporte público al financiamiento electoral, se generan condiciones marco que configuran situaciones ideales para que el “mercado de la corrupción” funcione: pues existe una necesidad de financiar la costosa maquinaria operativa que significa una campaña electoral y por otro lado la relevante posición de quienes deben adoptar importantes decisiones administrativas o legislativas. La referencia a un marco legal que reafirme la igualdad en la competencia política, otro vicio de un sistema que, por naturaleza, es propenso a fomentar los triunfos electorales de quienes tienen un mayor financiamiento. Es ahí donde se encuentra la razón fundamental de los casos que han desprestigiado a nuestro sistema político en los últimos meses. Obtener más dinero, utilizando cualquier método de financiamiento para asegurar la elección. -Servicio de impuestos internos. En la Sesión 2ª, la Comisión Investigadora, se encuentra la declaración de la ex Jefa de la Oficina de Litigación Penal, Señora Marisa Navarrete, quién se refirió a los hechos que motivaron la investigación sobre el denominado caso “fraude al FUT” , en este contexto señala que: “Con fecha 23 de julio de 2013, la abogada Valdés me informa, en esta revisión que estaba efectuando de este informe de recopilación de antecedentes, que había detectado en algunas declaraciones efectuadas por contribuyentes, que prestaron declaración en esa oportunidad, que había funcionarios del Servicio de Impuestos Internos involucrados en devoluciones de impuestos indebidas, todo ello a cambio de dinero”, el informe se refería específicamente a los funcionarios Iván Álvarez y Mitzi Carrasco. Sobre el señor Iván Álvarez había una declaración que señalaba: “Me contactó con Iván Álvarez - el contribuyente-; fuimos con él y mi sobrino, todos juntos, al banco a cobrar el cheque por los veinticinco millones de pesos. De esta cantidad solo me quedé con un millón trescientos mil pesos, que deposité a plazo en el Banco del Estado. El resto se lo llevó en efectivo el funcionario inspector que trabajaba en el piso tres”. Respecto de Mitzi Carrasco, también existía una declaración de un contribuyente que operó con un contador de nombre Sergio Díaz Córdoba, pareja de esta funcionaria activa del Servicio de Impuestos Internos, Mitzi Carrasco. Este contribuyente señala que conoció a este contador precisamente por la recomendación que hace esta funcionaria de su asesoría contable. En esta oportunidad obtienen una devolución de treinta millones de pesos, entregando la mitad al contador Sergio Díaz Córdoba. Atendida la contundencia de estos antecedentes -relata la ex funcionaria- y la gravedad de los hechos, donde estaban involucrados funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, “…decido ese mismo día, que la abogada Carola Valdés me informa de estos antecedentes, enviarle un correo electrónico al entonces subdirector jurídico, don Gonzalo Torres, representándole que a mi juicio existían los antecedentes suficientes para interponer una denuncia criminal por el delito de cohecho. Le cito las declaraciones que les he señalado a ustedes y además le cito la norma de los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal que obliga a todo funcionario público a denunciar, dentro de 24 horas, todos aquellos hechos que fueren constitutivos de delito y que tomare conocimiento en el ejercicio de su cargo, especialmente aquellos que notaren en la conducta de sus subalternos. Le hago ver al subdirector jurídico el plazo que tenía, 24 horas, y las consecuencias penales de no hacerlo. Hay un delito asociado a la omisión de denuncia”. Como se desprende de los antecedentes, este caso, consistía en la obtención indebida de pagos provisionales por utilidades absorbidas. Lo llamamos el caso de los PPUA, no el caso FUT, como se ha conocido por la prensa, que consistía en la rectificación del formulario N° 22, que es la declaración anual de impuestos, vía internet, modificando algunos ítems, específicamente créditos, haciendo aparentar créditos inexistentes para obtener una devolución indebida de impuestos, toda vez que era absolutamente ficticio ese monto que se consignaba vía internet. El alcance de estos hechos significo que 122 contribuyentes, habrían obtenido estas devoluciones de esta forma, auxiliados por contadores y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos; generando un perjuicio al erario fiscal de 2.706.332.393 pesos. Es en este contexto, que la citada funcionaria puso en conocimiento de la fiscalía local de Ñuñoa - Providencia estos hechos, la que a su turno, requirió los antecedentes al SII y con fecha 13 de agosto del año 2013, el subdirector del Servició decidió enviar la denuncia por correo electrónico al fiscal Carlos Gajardo en un plazo mayor al establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal. En cuanto a los hechos, todos los acusados resultaron condenados en tres procedimientos abreviados RIT 7677-2013 por el 8º Juzgado de Garantía, teniendo como fundamento los siguientes hechos acreditados: “Los ilícitos investigados se han desarrollado en diversos lugares de la Región Metropolitana estando ubicada la sede del Servicio de Impuestos Internos en que prestaba funciones el acusado Iván Eduardo Álvarez Díaz, funcionario público del Servicio de Impuestos Internos, fiscalizador de la Dirección Regional XV depto de fiscalización masiva, en la comuna de Providencia y Mitzi Leda Carrasco Rioseco, funcionaria pública del Servicio de Impuestos Internos, oficina Fiscalización en la dirección regional Metropolitana Santiago Oriente, y las oficinas del contador Sergio Enrique Díaz Córdova, en Miguel Claro N° 109, Providencia. “Que a partir del año 2007 el acusado Iván Álvarez Díaz, en el desempeño de su cargo público de fiscalizador de la Dirección Regional XV Depto de Fiscalización Masiva de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, aprovechando la experiencia adquirida en tal calidad y los conocimientos especiales que en el cumplimiento de este rol adquirió respecto de los sistemas de la institución, diseñó y utilizó con diversos contribuyentes, un método destinado a defraudar al Fisco de Chile, el cual, tenía como base la rectificación de datos contenidos en las declaraciones de impuestos ante el SII de contribuyentes afectos al impuesto a la renta de primera categoría, que permitiría obtener a aquellas personas que así lo desearen, a cambio del pago de la correspondiente comisión, devoluciones improcedentes de tributos pagados durante ejercicios tributarios anteriores, con el perjuicio fiscal respectivo. Álvarez consultó indebidamente en el sistema a contribuyentes y reclutó contadores dispuestos a intervenir en el fraude, a quienes solicitó y de quienes en definitiva recibió en general un 50% de los dineros fraudulentamente obtenidos, infringiendo gravemente los deberes propios de su cargo. “Por su parte, Mitzi Carrasco, se desempeñaba como funcionaria del Servicio de Impuestos Internos, Oficina Fiscalización en la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, y en tal calidad consultó indebidamente en el sistema a contribuyentes captó clientes para efectos de realizar declaraciones falsas para obtener devoluciones fraudulentas, concertada con su cónyuge Sergio Díaz Córdova, infringiendo gravemente los deberes propios de su cargo, y recibiendo a cambio un beneficio económico para ella y para su pareja Sergio Díaz. En efecto, mediante una misma operatoria que se repite en los 122 contribuyentes, se efectuó la rectificación vía internet de los primitivos Formularios 22, se incrementaron o se incluyeron elevados costos directos de los bienes y servicios, los que no tenían respaldo documentario ni registro en la contabilidad del contribuyente, conformando de esta forma una aparente pérdida tributaria en la determinación de su Renta Líquida Imponible. Por otra parte, se incorporó un monto en dicho Formulario 22, que correspondería a un remanente de crédito por impuesto de primera categoría y cuyo cálculo se efectúa con datos contenidos en el Formulario 22 del año tributario anterior. Sin embargo, en el Formulario 22 respectivo (del año anterior), dichos códigos están en blanco, es decir, no hay montos declarados.”. -Atribuciones del Servicio Electoral (Servel). Durante el transcurso de la Comisión Investigadora se ha hablado mucho sobre la importancia de reformular las atribuciones del Servicio Electoral, el cual hoy no cuenta con herramientas para fiscalizar. En efecto, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 18.556 Orgánica Constitucional sobre el sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral la naturaleza del Servel, es un organismo autónomo que se relaciona con el Presidenta de la República, a través del Ministerio del Interior. En este sentido, conforme a sus atribuciones, el Servel ejerce las funciones que otras leyes le encomienden, como el caso de la ley Nº19.884, según la cual puede aplicar sanciones administrativas, pero no tiene la facultad de investigar irregularidades administrativas. Ante ingresos no declarados, el Servel no tiene herramientas para computarlos ni para determinar si corresponde o no a un gasto electoral. Así, la institución no tiene facultades para investigar y sancionar aportes al margen de la ley. La verificación del Servel es contable y no tiene posibilidad de corroborar su veracidad, lo que no asegura que sea un gasto efectivo. El Servel más bien, recibe la información que emana del administrador electoral, quien lleva las cuentas de cada candidato, o bien las que conoce en virtud de una denuncia de conformidad con el artículo 6º de la ley 19.884. Por otro lado, resulta necesario acotar el concepto de gasto electoral, pues al no ser taxativo se entiende en un amplio sentido. Lo anterior es expresivo según lo manifestado en la sesión 3ª por su Director Eduardo Charme: “…la primera precisión que me gustaría hacer es que ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral solamente establece un procedimiento para aplicar sanciones de carácter administrativo. Es importante tener claro que el ámbito de investigación o de revisión del Servel se refiere a un ámbito administrativo que, finalmente, solo conduce a la posibilidad de aplicar una sanción de carácter administrativo, que nuestra legislación atribuye a la aplicación de una multa. Es decir, el Servicio Electoral, dentro del ámbito de sus atribuciones y facultades, no puede investigar figuras de carácter penal o delictivo. “Dentro del ámbito propio del Servicio Electoral solo cabe la posibilidad de aplicar sanciones administrativas, dentro de los procedimientos que están establecidos fundamentalmente en el artículo 6º de la ley de control de gastos, con el propósito o única finalidad de aplicar una multa a beneficio fiscal. Es una disposición amplia que está recogida en nuestra legislación, sin perjuicio de que si en el desempeño de las funciones o de las atribuciones propias del Servicio Electoral se observase la comisión de un ilícito penal, existe la obligación -es propia de todos los funcionarios púbicos, pero que en caso de Servel está subrayada- de poner aquellos antecedentes a disposición del Ministerio Público […] respecto de las facultades del Servicio Electoral en cuanto a detectar si, producto de un ingreso no declarado, se ha excedido el límite de gastos. En ese sentido, el Servicio Electoral, de acuerdo con las facultades que hoy le entrega la ley, realiza un análisis de consistencia contable respecto de los ingresos y de los gastos que cada uno de los candidatos o administradores electorales presenta para su aprobación. Por lo tanto, malamente el servicio Electoral podría considerar un ingreso no declarado para efectos del análisis de si una determinada candidatura se ha excedido o no en los límites de gastos. Para todos los efectos, un ingreso no declarado al Servicio Electoral, como decimos los abogados, lo que no está en el expediente no existe. Eso se aplica de manera bien concreta en este caso. Es decir, la respuesta es no. Ante ingresos no declarados no tenemos ninguna herramienta para computarlos...” En este sentido, la principal carencia del Servel es un control ex ante, que se efectúe con anterioridad al proceso electoral. Hoy existe un control ex post, hasta un año después de la elección. Después de ese plazo, el Servicio no tiene ninguna posibilidad de revisar ni analizar las posibles anomalías. Otro problema detectado y expuesto ante la Comisión por Eduardo Charme, director del Servel, es que los plazos de análisis y fiscalización que tiene la institución son sumamente restringidos. -Consejo de Defensa del Estado (CDE). Durante la sesión Nº 11, participó el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, en adelante CDE, señor Juan Ignacio Piña, quién señalo: “El Consejo de Defensa del Estado, por su ley orgánica, está legitimado para intervenir cuando hay funcionarios públicos involucrados en la comisión de un delito (delitos funcionarios), o si en la comisión de delitos se encuentra un cierto perjuicio fiscal. En este caso, son los delitos tributarios los que no estarían dentro en la competencia del CDE, ya que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos la legitimación activa, para iniciar denuncia o querella para que el Ministerio Público continúe una investigación. Por lo tanto, en los ámbitos específicos de delitos de corrupción, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, etc., el CDE tiene legitimación activa. Nos interesa cuando el funcionario público cometió un delito bajo el desempeño de sus funciones”. Es por eso que de acuerdo a sus atribuciones, presentó querella por cohecho, en el marco de la investigación del caso Penta y fraude al FUT. El CDE carece de una facultad fiscalizadora, pues son otros los órganos investigadores, el Ministerio Público y Contraloría General de la República, quienes por antonomasia desarrollan tales funciones. Por otro lado, el Presidente del CDE, sugirió “una revisión de las penas que tienen los delitos contra la corrupción y también regular con sanciones administrativas o penales eventualmente, las infracciones vinculadas con lo electoral. Las sanciones no pueden ser independientes del sistema electoral y de su sistema de financiamiento”. En este ámbito, con respecto al delito de lavado de activos, sostuvo que “…éste atenta contra la administración de justicia, es un intento de interponerse entre la justicia y el hecho que se persigue. Eso es lo que hace el lavado de activos: impide a la justicia llegar a aquellos ámbitos donde tiene que perseguir. Este no sería un delito base.” Sostuvo que “es tarea del legislador ampliar el catálogo y además revisar los delitos tributarios.”. En cuanto a la consulta de si los parlamentarios son o no funcionarios públicos, señalo que los parlamentarios sí son funcionarios públicos, de acuerdo al artículo 260 del Código Penal. Lo importante es determinar si un delito se cometió en función de sus labores públicas, o como particular. Les legitima activamente el delito en función de sus labores. -Unidad de Análisis Financiero. En la sesión 7ª compareció don Manuel Zárate, en calidad de Director (S) de la Unidad de Análisis financiero (en adelante UAF) quien expresó: “La Unidad de Análisis Financiero nace en 2003, con la dictación de la ley Nº 19.913, servicio que cumple 12 años de funcionamiento y cuya misión legal, prevista en su artículo 1º, es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otras actividades económicas desarrolladas en el país para la comisión de algunos delitos previstos en la propia ley, concretamente el delito de lavado de activos, previsto en su artículo 27, y el delito de asociación ilícita constituida para la comisión del lavado de activos, artículo 28.”. Luego se refirió al ámbito de sus actuaciones: “La ley Nº 19.913, actualmente vigente, descansa básicamente en dos pilares fundamentales. Por un lado, reconoce lo que denominamos sujetos obligados a reportar. Estos sujetos, que son personas naturales o jurídicas, previstos en el artículo 3º de la propia ley, que establece un amplio catálogo, ya que son 36 actividades económicas distintas, que están obligados (sujetos) a dos tipos de obligaciones legales: de reporte y de registro. En primer lugar, las obligaciones de reporte implican que estos sujetos obligados, en el desarrollo de sus actividades con sus clientes, advierten la comisión de una operación que la ley señala como sospechosa… -más adelante voy a reiterar la definición legal que da la propia ley en el artículo 3°, para entender qué es una obligación sospechosa-,…” tienen que reportarla a la Unidad de Análisis Financiero. Una segunda obligación de reporte de información es que estos sujetos obligados, individualizados por categorías en el artículo 3° de la ley, tienen la obligación de reportar a la UAF operaciones en efectivo -digo en efectivo, porque así lo precisa la ley- que se desarrollen o tengan lugar sobre un umbral, que actualmente son 450 unidades de fomento. Un segundo (otro) grupo de obligaciones que tienen los sujetos obligados de la ley N° 19.913, es llevar determinados registros de operaciones en efectivo sobre ese umbral y otros registros, siendo importante señalar, por ejemplo, todas aquellas operaciones que realicen con clientes o relacionados que se denominan Personas Expuestas Políticamente (PEP), en la terminología preventiva internacional. Los sujetos obligados que realizan una operación con una Persona Expuesta Políticamente tienen que llevar un registro de dicha operación”. En cuanto a las operaciones de la Unidad de Análisis Financiero, mas bien, a las funciones y atribuciones a que se refiere el artículo 2º de la ley Nº 19.913, en relación con el reporte de operaciones sospechosas se señaló: “Para el legislador de la ley N° 19.913, una operación sospechosa es cualquier acto, operación o transacción que, de acuerdo con las reglas o prácticas de que se trate, carece de una justificación económica y jurídica aparente, ya sea que esta se realice de manera reiterada o aislada. Es decir, un sujeto obligado el día de mañana, en el desarrollo de su giro, advierte la comisión de una operación que, según las prácticas de ese mercado, tiene rasgos de sospecha, es su obligación reportarla a la Unidad de Análisis Financiero. Luego indicó que con esta información, la UAF realiza lo que la ley la obliga a hacer: análisis e inteligencia financiera bajo estricta normas de secreto, de acuerdo al artículo 13 de dicha normativa, bajo sanción de que: “El que preste servicios, a cualquier título, para la Unidad de Análisis Financiero deberá mantener en estricto secreto todas las informaciones y cualquier otro antecedente que conozca en el ejercicio de su cargo y que se relacione directa o indirectamente con sus funciones y actividades.”. Sobre el punto, manifestó que: “Esta prohibición se mantendrá indefinidamente después de haber cesado en su cargo, comisión o actividad. En concreto, el legislador de la ley N° 19.913 estableció un deber de reserva, una prohibición de no divulgación que alcanza a los funcionarios, incluido a este director subrogante, de por vida, más allá del cese del ejercicio de las funciones legales en la UAF. Finalmente, señaló que: “… la gran excepción que establece el artículo 13, que en definitiva, le da sentido al sistema preventivo establecido por la ley N° 19.913, que dice: “Se exceptúan del deber de secreto las informaciones y antecedentes que requiera el fiscal del Ministerio Público o el tribunal que conozca del procedimiento criminal por alguno de los delitos a que se refieren los artículos 27 y 28...”, es decir, “En síntesis, recibimos información, hacemos inteligencia financiera y, conforme lo señala el artículo 2°, estamos legalmente facultados para entregar los antecedentes de manera exclusiva a la fiscalía del Ministerio Público, o a los jueces que ejercen competencia en lo criminal, en caso de tratarse de investigaciones iniciadas en el sistema inquisitivo anterior.”. -Delitos económicos y probidad pública. En términos fenomenológicos, se han sostenido apreciables discrepancias para señalar qué debemos entender por delito económico (cf. Novoa Monreal, Eduardo: Determinación y delimitación del delito económico, en Cuestiones de Derecho Penal y Criminología, Editorial Jurídica ConoSur, 1987: p.149), existiendo alcances restringidos y extensivos, siendo en este último aspecto, aquellos hechos que atentan contra ciertos intereses patrimoniales capaces de afectar a grupos más o menos extensos de sujetos pasivos, delitos contra el mercado de valores; delitos contra la hacienda pública; delitos contra el orden socioeconómico, y delitos de corrupción pública y privada, así como ciertas formas de criminalidad de la empresa. En general, en este ámbito el Derecho Penal, -en diversos sistemas comparados-, ha tardado en reaccionar frente a esta realidad, y sin duda los primeros análisis y el mayor desarrollo de esta materia, hasta ahora, provienen del campo criminológico. Históricamente, “el mayor impacto, seguramente por su aparición en la sociedad norteamericana, lo tuvo la obra de Sutherland titulada «White Collar Crime» en 1940, que impuso en todo el mundo el concepto de delito del cuello blanco, entendiendo por éste el cometido por una persona de responsabilidad y status social alto en el curso de su ocupación. A él han seguido las más diversas denominaciones (criminalité des affaires, Kavaliersdelikten, crimen of the powerful), para señalar este tipo de actividad criminal en que el sujeto se aprovecha de su status o posición socioeconómica para la realización del delito. Esta relación implica que la delincuencia económica va ligada a una determinada posición de poder (delito de los poderosos) dentro del funcionamiento del sistema. También, por esta misma posición de poder…, resulta que en general, […] la represión de esta clase de delincuencia resulta claramente ineficaz, a pesar de que su nocividad social aparece de manifiesto…” (cf. Bustos, Juan. Manual de Derecho penal. Parte Especial, Ariel, 1987: p. 308). El delito socioeconómico ataca un bien jurídico colectivo, es decir, doblemente público; no sólo está en relación al interés de todos, sino además al servicio de todos (el sujeto pasivo es la colectividad y no el individuo). Los hechos asentados en las actuaciones del caso “Fraude Fut” -con sentencias firmes-, y los hechos provisorios que han sido objeto de formalización en el denominado caso Penta, tienen como denominador común que un grupo de funcionarios del SII, a través de un afinado modus operandi, vulneró los mecanismos de control y fiscalización del propio Servicio. Diversos contribuyentes y eventualmente empresas de propiedad de personas con altos cargos directivos del grupo PENTA, habrían incentivado la corrupción de funcionarios de esa institución, a objeto de obtener una serie de beneficios a través de devoluciones indebidas o alterando engañosamente la base de la determinación del impuesto. Respecto de ello existe una verdad judicial asentada. Por otra parte, se investiga una relación medio a fin entre los delitos de cohecho (en su modalidad activa y pasiva) y los delitos tributarios, tanto en los denominados casos Penta y Soquimich, cuyas investigaciones son de público conocimiento. De acuerdo a los antecedentes, ambos grupos durante al menos los últimos seis años, habrían efectuado maniobras fraudulentas mediante diversos mecanismos, que serían constitutivos de delitos tributarios, entre ellos la falsificación ideológica de boletas y facturas como, en el primero de los casos, la suscripción engañosa de contratos forward. En esta cadena de actuaciones, es que la Fiscalía de Alta Complejidad, investiga una serie de hechos que vincularían, eventualmente, la obtención de financiamiento fuera del marco de la ley de diversos parlamentarios y/o candidatos al Congreso durante el período 2009 - 2013, quienes al parecer solicitaban recursos durante el período de campañas, o con antelación o e incluso con posterioridad a éstas. Dicho mecanismo pone en duda la necesaria independencia de los parlamentarios a la hora de legislar. Los hechos vinculados a estas investigaciones, que habrían provocado un grave perjuicio fiscal, han afectado la credibilidad en el funcionamiento del sistema, especialmente en las empresas que desarrollan actividades en mercados sensibles (bancos, corredoras de seguros, etc.), pues el efecto reputacional en las compañías es relevante. De ahí como expresó el Superintendente de Valores y Seguros: “Efectivamente este riesgo existe y ello motiva a que hayamos intensificado las actividades de monitoreo y de fiscalización sobre las entidades del Grupo.”. El punto de vista reputacional, y la grave afectación institucional, son hechos que por sí mismos, ponen en evidencia las debilidades de la legislación vigente, demostrando la necesidad de introducir modificaciones en materia de delitos económicos, especialmente caracterizados por la ausencia de una estructura unitaria y sistemática. Un aspecto respecto a los alcances de la ley Nº 20.544 de enero de 2012, que si bien constituyó un avance en la regulación de los derivados, tales como contratos forwards y otras operaciones de futuro, no otorga todos los mecanismos para su adecuado control y fiscalización. Lo anterior, ratifica lo acertado de robustecer y al Servicio de Impuestos Internos, y de haber establecido una norma anti elusión en la reciente reforma tributaria. Otro aspecto, es la existencia de antecedentes para imputar la responsabilidad penal de las personas jurídicas que componen las Empresas Penta, tal como se desprende de los señalado en la sesión 4ª por el representante del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández, quien sostuvo: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas está reconocida en nuestra legislación para ciertos delitos de corrupción pública y es donde más se ha aplicado. El cohecho y el soborno de funcionarios públicos es un delito que permite la imputación adicional de responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por lo tanto, siempre que haya una imputación de ese delito, también puede existir la imputación de responsabilidad por la ley N° 20.393 en contra de la persona jurídica, por la que actúa quien ha sido imputado por el delito de corrupción pública de cohecho o soborno”. Es por eso que la investigación desarrollada por el Ministerio Público, resulta esencial en este aspecto, ya que sus actuaciones representan una firme respuesta institucional al fenómeno de la criminalidad de la empresa y la corrupción. Lo anterior también podría ser aplicable a otras empresas que cometan delitos similares, como Soquimich. p.II.- RELACIÓN DINERO Y POLÍTICA Uno de los principales focos de conflicto en el contexto de cuestionamiento que existe hoy de la actividad política tiene que ver, precisamente, con la relación entre ésta y un factor poderoso e influyente en muchas decisiones: el dinero. Desde que la arista política de los casos Penta y Soquimich se han presentado a la opinión pública, ha quedado en evidencia la existencia de métodos de financiamiento electoral al margen de la ley. Aquí radica la necesidad de obligarnos a modificar nuestra legislación y evitar que vuelvan a ocurrir casos similares. Como se ha repetido, el Servel no tiene facultades ni capacidad para detectar ni impedir las donaciones efectuadas fuera del marco de la ley, pues no funciona como ente fiscalizador ni sancionatorio. Se necesitan sanciones severas, capacidad para detectar infracciones y hacer posible la actuación de los organismos de control o regulación. Por ahora, resulta evidente la insuficiencia de la legislación adecuada. Es tarea del Estado y de sus organismos de control que esta fiscalización sea efectiva. Por otro lado, las instituciones deben tener solidez para superar el déficit de prevención de delitos y corrupción que evidenciaron órganos como el SII. Es imperativo establecer posturas frente a algunos de los temas que han marcado el debate sobre el devenir de nuestra institucionalidad en materia de transparencia y financiamiento de la política. Hoy, en paralelo a esta discusión, en la Comisión de Constitución se está avanzando en la materialización de una iniciativa de ley presentada por el Gobierno para adecuar la legislación. En ella está contenida la propuesta de eliminar los aportes de personas jurídicas y los aportes reservados. Las empresas, las personas jurídicas no votan, es por ello que no corresponde que efectúen aportes monetarios a candidatos que después van a estar discutiendo proyectos que se puedan prestar para conflictos de intereses. Hoy resulta necesario poner sobre la mesa la discusión sobre el mecanismo y la magnitud de los aportes legales a las campañas electorales, así como determinar las sanciones pertinentes para quienes infrinjan la nueva legislación. Resulta importante pensar en la efectividad de las penas y castigos para quienes traspasen los límites legales, a fin de establecer un nuevo sistema que prevenga de manera eficiente situaciones similares al caso Penta y Soquimich. Entre ellas cobra relevancia la posibilidad de que los candidatos electos en votación popular bajo métodos ilegales puedan perder su cargo, sean sometidos a un régimen de inhabilitaciones, o a la pérdida de los beneficios de reembolso, según corresponda. Para esto es menester establecer detalladamente las condiciones de la pérdida y los tipos de infracción. También es necesario pensar en el sistema de financiamiento de la política. Al respecto, Juan Ignacio Piña, Presidente del Consejo de Defensa de Estado, manifestó en la sesión del pasado 9 de marzo que “si tuviéramos un sistema de financiamiento de la política, rigurosa y exclusivamente público, el eje de las conductas que deberíamos incriminar serían aquellas vinculadas a la subvención que da el Estado para la política (…) Si tuviéramos un sistema regulado, pero rigurosa y exclusivamente privado, el énfasis en las sanciones debería estar dirigido a aquella falsificación de gasto reembolsable hacia los privados, con los que se financia la política”. En todo caso, es necesario establecer un sistema mixto perfeccionado con mayor participación del aporte público y mejor regulación del aporte privado, para evitar que la política se siga viendo influida por los intereses económicos que perturban la calidad de nuestra democracia y la legitimidad de nuestras instituciones. Esto lógicamente debe estar acompañado de una gran reforma al Servicio Electoral, y dotar de mayores herramientas al Servicio de Impuestos Internos, al Consejo de Defensa del Estado y otros organismos, que permitan velar por la transparencia de los procesos electorales junto a sus atribuciones fiscalizadoras. En definitiva se trata de construir un sistema que impida que grupos económicos ejerzan una influencia decisiva sobre el funcionamiento de la democracia. La vulnerabilidad de los mecanismos de financiamiento de la política, evidenciada por los casos investigados, ha deteriorado la competencia política y por ende ha obstaculizado la consolidación del proceso democrático en Chile. q.III.- CONCLUSIONES La Comisión, durante el proceso de recabar antecedentes, tomó conocimiento de las graves denuncias y hechos que fueron investigados por la justicia y sancionados, respecto de actuaciones de funcionarios públicos, en delitos de cohecho, delitos tributarios y lavado de activos. Asimismo, la comisión tomó conocimiento de una serie de antecedentes que son objeto actualmente de investigación por el Ministerio Público, por delitos de similar naturaleza, así como hechos irregulares en el financiamiento de campañas políticas. En este sentido cobra relevancia a nivel institucional la infracción de deberes por parte de funcionarios públicos. De los hechos denunciados en el ámbito del SII se puede constatar: a) La infracción al deber de denuncia conforme a la regla del artículo 175 del Código Procesal Penal; b) La existencia de un grupo de funcionarios públicos del SII responsables de delitos de cohecho agravado por infracción a los deberes de su cargo. c) La responsabilidad de particulares en el delito de cohecho activo (soborno de funcionarios públicos). Conforme a la magnitud de los ilícitos investigados, y los años en que estos se desarrollaron, el SII no ha sido eficiente en la prevención e identificación de las infracciones cometidas por sus funcionarios. Por otro lado es evidente que de los antecedentes denunciados, existió una demora en la respuesta del Servicio de Impuestos Internos ante los hechos irregulares. Sin embargo, sobre la base de la investigación en curso, relacionada a los casos Penta y Soquimich, a partir de los nuevos antecedentes, el SII está funcionando conforme a sus funciones legales. Se hace indispensable la revisión de la ley orgánica que rige al SII, con especial hincapié en el fortalecimiento de su autonomía y facultad fiscalizadora, en especial, dotándolo de mejores herramientas de fiscalización. r.IV.- PROPOSICIONES a) Proposiciones en materia de financiamiento de la política; b) Otras proposiciones a) Proposiciones en materia de financiamiento de la política. 1) Fortalecer facultades fiscalizadoras del Servel. La falta de atribuciones fiscalizadoras del Servel durante el proceso electoral aconseja que se destinen recursos que permitan la creación de una unidad de fiscalización electoral conformada por funcionarios elegidos por el sistema de alta dirección pública de acuerdo la ley N° 19.882, cuyas funciones sean la identificación y análisis de eventuales riesgos para la comisión de infracciones a la ley de financiamiento electoral, o eventuales delitos electorales o contra la probidad, con el objeto de prevenir su comisión en el contexto del proceso electoral. 2) Sancionar con pérdida del cargo. La única sanción verdaderamente desalentadora del financiamiento ilegal y la transgresión de las normas electorales es la pérdida del cargo para quien resulte electo. Debe ser el Servel el que accione como presentador de la denuncia o querella, atendidas las nuevas atribuciones fiscalizadoras que se proponen. Se debe establecer en la Constitución Política, como causal de cesación en el cargo, la infracción grave a la ley sobre financiamiento electoral, sin perjuicio de las actuales inhabilidades establecidas en la Carta Fundamental. 3) Citación a parlamentarios a las comisiones investigadoras. Se debe modificar la normativa vigente, constitucional y legal, a objeto de obligar a los parlamentarios a comparecer ante las comisiones investigadoras cuando se trate de hechos ocurridos con ocasión del ejercicio de su cargo. Por otro lado, es menester contemplar sanciones por infringir la obligación de comparecencia. 4) Precisar las normas de procedimiento para la inhabilitación de un parlamentario. La vaguedad de la norma existente y la falta de mecanismos de aplicabilidad, hacen difícil su práctica. La modificación que se proponga debe precisar las sanciones ante su incumplimiento. 5) Extender sanciones administrativas. Ante eventuales infracciones a la ley de financiamiento y límites al gasto electoral, esta debe conllevar la improcedencia del reembolso -de parte o de la totalidad- del aporte del Servel al candidato. 6) Modificar la figura del cohecho. Se propone que se entienda incluido en el cohecho toda transferencia, donación en dinero o en especie, a partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos a cargos de elección popular o en ejercicio de los mismos, por parte de una persona jurídica. Ello también se deberá aplicar al receptor del beneficio. A su vez, es necesario reforzar las penas accesorias vinculadas con la comisión de estos delitos. 7) Reducir el límite del gasto máximo en las campañas electorales. Como el límite de gasto creció desmesuradamente como consecuencia de la inscripción automática y el aumento del tamaño de los distritos, se propone reducir significativamente dicho límite de gasto para cada candidato, incorporando también la noción del límite del gasto global para cada lista electoral. 8) Extender el período de campaña considerado para el gasto. Conforme a la definición legal vigente prevista en el artículo 3º de la ley Nº19.884, el gasto electoral se contabiliza desde el día que venza el plazo para declarar candidaturas hasta el día de la elección, es decir, noventa días. Desde una perspectiva realista, resulta razonable la ampliación del plazo antes señalado, y contabilizar como gasto de campaña el que se realiza desde ciento ochenta días antes de la elección. En ese sentido, es importante que las reglas que prohíben determinadas actividades fuera del período de campaña sean cumplidas y sancionadas en caso de ser transgredidas. La ley debe ser precisa, para que los candidatos no se refugien en la omisión del llamado explícito a votar para evadir la normativa. 9) Delimitar qué se entiende por campaña. Uno de los aspectos de la reducción del gasto electoral supone definir adecuadamente que es lo que se entiende por campaña, y precisar qué actos de propaganda electoral están permitidos. Se propone prohibir totalmente el rayado de muros, aun cuando sean autorizados por su dueño. Por su parte, se requiere hacer efectiva la prohibición legal actual de instalación de propaganda en la vía pública y en el mobiliario urbano, salvo en los espacios expresa y previamente definidos y autorizados por el Servel y la autoridad municipal. 10) Reducir la magnitud máxima de los aportes privados. Es necesario evitar que la campaña de un candidato dependa en demasía de un aporte en particular. Es por eso, que la propuesta es reducir de manera drástica el porcentaje de aporte individual a los candidatos en relación a sus límites de gastos. En este sentido se trata que todo candidato tenga múltiples aportantes y, en consecuencia, no dependa de ninguno en particular. Se propone que ningún aportante pueda superar el 3% del límite de gasto de cada candidato. 11) Terminar los aportes de personas jurídicas. En general en el debate comparado existen reticencias a aceptar el aporte de personas jurídicas. En este sentido, se argumenta que las sociedades en general no tienen por objeto financiar partidos políticos o campañas, con un riesgo evidente de independencia de los candidatos respecto de quienes lo financian. En otras palabras existe un riesgo de subordinación a los dictados de grupos de presión, distorsionando el funcionamiento de la democracia representativa. Por otro lado, en general en los modelos que se acepta existen fuertes exigencias de publicidad o limitaciones a empresa proveedoras del Estado, en crisis económica, etc. En este sentido sólo deben aportar las personas naturales. Es por eso que debe existir una opción o incentivos que fomenten los aportes ciudadanos con beneficios tributarios, como ocurre con las donaciones culturales. 12) Hacer público todo aporte relevante. Si se parte de la premisa que aportar dinero a un candidato equivale a expresar una preferencia, cobra sentido que ésta no sea obligatoriamente conocida cuando se trate de aportes que sean inferiores a 50 o 75 o 100 UF. Ahora bien, tratándose de aportes superiores, resulta evidente la obligatoriedad de hacer pública la identidad del donante. 13) El Servel como único receptor posible de aportes. Todo aporte superior al monto que fije la ley debe hacerse ante el Servel, único receptor posible de contribuciones financieras a un candidato o partido político, para lo cual resulta esencial la revisión de su ley orgánica y la ampliación de sus atribuciones. 14) Aumentar la gravitación del financiamiento público. Hoy, la devolución fiscal representa menos del 30% del gasto promedio de un candidato. Al reducir y restringir los aportes privados, resulta indispensable aumentar la gravitación del aporte público cuyo destino lo deciden los electores a través de sus votos. Establecer aporte fiscal fijo para cada elección en un monto determinado por el total de electores habilitados. La ley vigente señala que se entregará 0,03 UF por voto obtenido. Lo que se propone es que se mantenga la regla vigente de las 0,03 UF pero por cada elector, estableciéndose una cifra fija a distribuir entre todos los candidatos, que resulta de la multiplicación del total de electores habilitados para votar en cada elección por 0,03 UF. El monto total disponible se distribuiría en estricta función de la proporción que obtenga cada candidato y partido del total de electores que concurre a votar. Eso aísla el efecto variable de la participación (los candidatos deben hacer campaña para todos los electores) y, en la práctica, equivale a doblar el aporte público de la última elección. 15) Financiamiento público de la actividad política permanente. Nuestro engranaje institucional no tiene un sistema de financiamiento público de los partidos políticos, concebidos como factores claves de la gobernabilidad democrática. El financiamiento público de la política es la mejor vía para garantizar tres características de contienda electoral democrática: a) que existan condiciones de competencia equilibradas, b) que los partidos no dependan de recursos provenientes de grupos de poder económico, o peor aún, de financiamiento al margen de la ley, y c) que los recursos destinados a la política sean transparentes tanto en la parte del ingreso como del gasto. En razón de lo anterior, se propone un aporte global conforme al número de electores del país. Además, se sugiere que se determine un aporte a todos los partidos legalmente constituidos, considerando el número de regiones en que se encuentren inscritos. Si un partido está constituido en 5 regiones, recibirá un monto fijo 5 veces más que uno con existencia legal en sólo una región y un tercio de lo que le corresponderá a otro partido inscrito en las 15 regiones del país. Se propone distribuir los cuatro quintos restantes en función de la proporción de votos válidos obtenidos en las últimas elecciones de diputados. Cuando un partido se constituya legalmente, sólo tendrá acceso al quinto fijo del aporte fiscal hasta que compita en la siguiente elección de diputados. Más justo sería, todavía, que se considerara también como otra variable, el número de militantes de cada partido. Los partidos dejan de recibir el aporte fiscal cuando no cumplen con los requisitos de apoyo electoral que establece la ley. Como fueron rebajadas las exigencias y habrá aporte fiscal, es imprescindible terminar con el subterfugio que les permite hoy a los partidos reemplazar el requisito de adhesión popular por el de la fusión con un partido creado para el efecto. 16) Condicionar el aporte fiscal a prácticas democráticas. El aporte público debe ir de la mano de exigencias precisas a los partidos. Algunas generales sobre transparencia, democracia en la generación de sus instancias directivas, equilibrio de género y respeto a sus propios estatutos, que deberían ser condiciones básicas para optar al financiamiento fiscal. 17) Aporte fiscal con proporciones definidas para las distintas funciones políticas. Se propone que a lo menos un tercio del aporte fiscal anual deba ser destinado a tareas de formación política, elaboración programática y asesoría a los representantes populares del partido. Los dos tercios restantes podrán ser destinados al funcionamiento básico del partido y de sus instancias democráticas, comunicación interna y externa. En caso de estar constituido legalmente en más de tres regiones, el partido político no podrá gastar más de la mitad del aporte fiscal en una sola región. b) Otras proposiciones. Se precisan algunas proposiciones aplicables a otros organismos a partir del debate de las propuestas: 18) Perfeccionar la declaración de intereses y de patrimonio, ampliando el universo de funcionarios públicos y cargos de elección popular a quienes se les debe hacer exigible. Asimismo, establecer requisitos más exigentes en cuanto al contenido de las mismas. 19) Ampliar la exigencia de fideicomisos obligatorios, dependiendo del patrimonio y de la relevancia de la función pública. 20) Ampliar las atribuciones de la Contraloría General de la República para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones precedentemente señaladas. 21) Respecto a cargos de representación popular como los consejeros regionales, se propone que se cree la inhabilidad para que estos no puedan ser contratados en cualquiera de sus modalidades, en municipios pertenecientes a los territorios donde ellos ejercen su labor. Lo anterior, constituye un elemento clave para evitar que se produzcan manifiestos conflictos de intereses. 22) Respecto a los concejales, se propone que se cree algún tipo de inhabilidad general, que impida que sean contratados -bajo ningún título- en los municipios, en sus servicios traspasados, ni en programas que tengan una relación directa con el mismo municipio perteneciente a la comuna donde fueron elegidos. Lo anterior claramente inhibe sus labores fiscalizadoras establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 23) Se debe aumentar el tiempo de inhabilidad que establece actualmente la Ley General de Bases a la Administración del Estado para quien deja la Administración, respecto de las empresas fiscalizadas mientras ejercía el cargo. -o- Finalmente, la Comisión Especial Investigadora declara que, tanto el hecho mismo de su formación, como su análisis, conclusiones y propuestas, constituyen un reproche al financiamiento de campañas electorales al margen de la ley, conductas que hoy no tienen sanción específica. Por ello es que se propone modificar la figura del cohecho, establecer fuertes sanciones a la transgresión de las normas de financiamiento de campañas, llegando incluso a proponer la pérdida del cargo, prohibir los aportes de personas jurídicas a las campañas, fortalecer organismos como el Servicio Electoral, entre otros, todo con el objetivo claro de evitar que estas conductas se repitan.”.- -o- VIII.- Diputado informante Se designó diputado informante al señor Fidel Espinoza Sandoval. Tratado y acordado según consta en las actas correspondientes a las sesiones de los días 9, 15 y 17 de diciembre de 2014; 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de enero, 2, 4, 9, 11, 16, 18 y 30 de marzo, 1, 6, 8, 13 y 15 de abril de 2015, con asistencia de los diputados Fidel Espinoza Sandoval (Presidente), Pepe Auth Stewart, Germán Becker Alvear, Fuad Chahin Valenzuela, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Marcela Hernando Pérez, Vlado Mirosevic Verdugo, Issa Kort Garriga, Iván Flores García, Daniel Núñez Arancibia, Denise Pascal Allende, Alejandro Santana Tirachini, Marisol Turres Figueroa, e Ignacio Urrutia Bonilla. El diputado Santana fue reemplazado en forma permanente a partir de la sesión de 11 de marzo de 2015 por el diputado Becker. El diputado Hasbún fue reemplazado en forma permanente, por el diputado Gahona con fecha 14 de enero de 2015, quien a su vez fue reemplazado en forma permanente por la diputada Turres, en sesión de 21 de enero de 2015. Asistieron, además, los diputados Matías Walker Prieto (en reemplazo del diputado Chahin), Giorgio Jackson Drago (en reemplazo del diputado Mirosevic), Felipe Letelier Norambuena, Daniella Cicardini Milla, Sergio Espejo Yaksic (en reemplazo del diputado Chahin), Diego Paulsen Kehr (en reemplazo del diputado Santana), Hugo Gutiérrez Gálvez (en reemplazo del diputado Daniel Núñez), Leopoldo Pérez Lahsen, Osvaldo Urrutia Soto (en reemplazo del diputado Kort), Carlos Abel Jarpa Wevar (en reemplazo de diputada Hernando), Felipe Ward Edwards (en reemplazo del diputado Hasbún), Jenny Alvarez Vera (en reemplazo de diputada Pascal), Daniel Melo Contreras (en reemplazo de diputada Pascal), José Manuel Edwards Silva (en reemplazo del diputado Santana), Fernando Meza Moncada (en reemplazo de diputada Hernando), Marcos Espinosa Monardes, Juan Morano Cornejo (en reemplazo del diputado Flores), Nicolás Monckeberg Díaz (en reemplazo del diputado Fuenzalida), José Antonio Kast Rist (en reemplazo del diputado Urrutia), y Jorge Rathgeb Schifferli (en reemplazo del diputado Fuenzalida). Sala de la Comisión, a 15 de abril de 2015.-- (Fdo.): ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS, Abogada Secretaria de la Comisión”. 27. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FUENTES, BORIC; ESPINOZA, DON FIDEL; FLORES, GONZÁLEZ, MACAYA, MORANO, OJEDA Y SANDOVAL, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA, QUE “DECLARA A LAS JINETEADAS PATAGÓNICAS COMO DEPORTE NACIONAL”. (BOLETÍN N° 10021-29) Ideas fundamentales y antecedentes previos: Dispone el artículo 1° de la Ley N°19.712, denominada Ley del Deporte que: “Para los efectos de esta ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica de las formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares de rendimiento”. Conforme este artículo 1 de la ley N° 19.712, las denominadas “Jineteadas Patagónicas” se enmarcan dentro de este concepto, puesto que éstas consisten en una actividad ecuestre (aquellas actividades que se practican con la participación de un caballo), en la cual un jinete debe sostenerse por entre 8 y 14 segundos sobre un potro, los cuales se denominan “caballos reservados” (caballos muy bravos y difíciles de montar). Esta disciplina se practica y se compite en diferentes categorías, a saber: Crina Limpia o Potro Pelado, Grupa Surera, Bastos con Encimera. Este deporte se realiza y se presenta al espectáculo generalmente en las llamadas “Fiestas o Festivales de Jineteadas”, las cuales tienen su origen en la Patagonia de nuestro país (Región de Aysén y Magallanes), sin perjuicio de que actualmente este deporte tradicional de la Patagonia ha traspasado las fronteras, llegando a practicarse en la zona Central de nuestro país, donde jinetes de diferentes regiones han formado parte de la “Delegación Nacional”. Este deporte tradicional tiene su origen en el hombre de campo conocido como “amansador” que trabajó en las grandes Estancias de la Patagonia y el público que originalmente los observaba eran los demás campesinos y sus familias, que en las tardes se reunían en los corrales para ver a los jinetes montar. Como toda actividad de campo de nuestro país, este deporte contempla distintos aspectos de nuestro Folclore como son las vestimentas típicas de gaucho chileno (boina o sombrero, pañuelo al cuello, ponchos, bombachas, botas) gastronomía típica y música Patagónica. En la Región de Aysén existen Campos de Jineteadas en las comunas de Ibañez, Puerto Aysén, Mañihuales, La Junta, Coyhaique, Cerro Castillo, entre otras y en la Región de Magallanes se cuenta con Campos de Jineteadas en las comunas de Torres del Paine, Puerto Natales, Laguna Blanca, San Gregorio, Primavera, Porvenir y Punta Arenas. Por todos los argumentos y razones anteriores, mediante la presente moción parlamentaria se propone declarar como deporte nacional a las Jineteadas Patagónicas. En consecuencia, los H. Diputados y H. Diputadas que suscriben vienen en presentar el siguiente proyecto de ley: PROYECTO DE LEY ARÍICULO 1°: Declárese la actividad deportiva de las Jineteadas Patagónicas como deporte nacional. ARTÍCULO 2°: El Instituto Nacional del Deporte, en cumplimiento de sus funciones asignadas en la Ley N° 19.712, promoverá el desarrollo de las Jineteadas Patagónicas, en coordinación con las respectivas asociaciones y clubes de ese deporte, propendiendo a hacer de dicha actividad deportiva parte de la imagen de Chile, no solo como deporte, sino también como símbolo, folclórico, cultural y patrimonial de la Nación”. 28. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ESPINOSA, DON MARCOS; PÉREZ, DON JOSÉ, Y ROBLES, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HERNANDO, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE OTORGA COMPETENCIA A TRIBUNALES ESPECIALES EN MATERIA DE CONCESIONES MINERAS.”. (BOLETÍN N° 10022-07) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 19 N° 24, 63 y 65 de la Constitución Política de la República; en la ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: 1.- La Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24 inciso 6° señala que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas (...) y que le corresponderá a la ley determinar qué sustancias, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituyen siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. 2.- La Carta Fundamental en su mismo artículo 19 N° 24 esta vez inciso 8° hace referencia a que será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos; y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. 3.- A través de un proyecto de ley presentado respecto a este mismo tema, se pretende modificar distintas disposiciones legales en orden a trasladar la competencia en materia de concesiones mineras desde los tribunales ordinarios de justicia como señala la Constitución, específicamente los Juzgados de Letras, hacia tribunales especiales con competencia en materia de medioambiente. 4.- El proyecto de ley aludido es la moción boletín N° 10010-8 que Modifica diversos cuerpos legales para otorgar competencia a los tribunales ambientales en materia de concesiones mineras, específicamente para el otorgamiento de dichas concesiones, el que se encuentra actualmente en primer trámite constitucional en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. 5.- Dentro de los fundamentos que se esgrimieron en la moción indicada se encuentran: -Que en la práctica las disposiciones legales sobre que otorgan competencia a los juzgados de letras en materia de otorgamiento de concesiones mineras han generado diversos inconvenientes que dicen relación principalmente con el exceso de causas que deben conocer los juzgados de letras y el gran número de gestiones que no necesariamente se tienen en cuenta al momento de otorgar una concesión. Lo anterior se traduce en la existencia de superposición de concesiones que a la larga han traído más de un problema a los titulares dueños de las mismas. -Que la modificación ayudaría a la descongestión de tribunales ordinarios, entregando la competencia a tribunales especiales que puedan contar con menor carga de trabajo, mayor especialización y asimismo mayor contacto con los entes técnicos involucrados en el proceso de concesión, como por ejemplo el SERNAGEOMIN y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). -Que la misma composición de los Tribunales Ambientales hace pensar que existe la posibilidad de contar con un ente más técnico en el otorgamiento de concesiones mineras, pues uno de los miembros del Tribunal debe ser experto en ciencias, dejando la opción para que lo integre un especialista en materia minera; -Que es importante tener presente que una de las materias actuales de competencia de los Tribunales Ambientales es conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que establezcan las normas primarias o secundarias de calidad ambiental y las normas de emisión, los que declaren zonas del territorio como latentes o saturadas y los que establezcan planes de prevención o de descontaminación, temas muy ligados con la industria minera y sus efectos. -Que hay que considerar que las concesiones, particularmente las concesiones de explotación otorgan derechos consuntivos de aguas, por tanto es primordial un examen acucioso por parte de un órgano especializado, antes de su otorgamiento. Mismo fundamento aplicamos para el caso en que existan pueblos originarios involucrados y afectados dentro de los territorios objeto de la concesión y posterior proceso minero. Todo ello de acuerdo a la implementación y vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, su relación con la comunidad y el respeto de sus derechos. 6.- Que en base a lo mencionado en la moción antes dicha y como forma de concordar dicha modificación propuesta con lo establecido en la Carta Fundamental, es que se presenta la siguiente reforma constitucional entregando asimismo la competencia en materia de concesiones mineras, esta vez respecto de su extinción, a tribunales especiales. 7.- En atención a todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Artículo Único. Modifíquese el artículo 19 N° 24 inciso 8° de la Constitución reemplazando el término “ordinarios” por “especiales”. 29. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES VAN RYSSELBERGHE, BELLOLIO, HERNÁNDEZ; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, MORALES, NORAMBUENA, SILVA; URRUTIA, DON IGNACIO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HOFFMANN, QUE “MODIFICA EL DECRETO LEY N°1224, DE 1975, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE TURISMO, ESTABLECIENDO LA PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REGISTRADOS.”. (BOLETÍN N° 10028-03) I.- IDEAS GENERALES. Nuestro país en las últimas décadas ha experimentado un progreso económico y social formidable, sólo durante los últimos 25 años, nuestro país disminuyó la pobreza en la población de un 39% a un 13%. Sólo este dato, nos conduce a concluir que nos encontramos ante un país totalmente diverso, con nuevos desafíos, nuevos problemas que se hace presentes en nuestra sociedad civil. Otro aspecto positivo acontecido en Chile es la consolidación de su sistema democrático, la profundización de sus instituciones que sustentan este régimen de gobierno en el marco de una creciente participación ciudadana en los más diversos aspectos de la vida pública nacional. Pues bien, estos dos aspectos de nuestra vida republicana, como son el progreso económico y la profundización de nuestro sistema democrático, hace que nuestra sociedad comience a incorporar dentro de su conciencia caracteres como el empoderamiento, hacer efectivo su derecho a “reclamo” ante situaciones que considere injustas y requerir de la autoridad soluciones dúctiles y apropiadas. Que los procesos descritos anteriormente están produciendo en nuestra nación un replanteamiento de diversos paradigmas sustentados por siglos en Chile, ahora el cuestionamiento de nuestras bases culturales, económicas y sociales representa una práctica recurrente en el seno de nuestra nación; así las cosas la existencia de industrias con consecuencias contaminantes, como puede ser la minera o energética ha despertado en la nación un cuestionamiento nunca antes visto, desarrollándose incluso una normativa legal e institucional en torno al reconocimiento de la voz ciudadana en los referidos proyectos de inversión, tras lo cual han surgido voces en torno a explorar a largo plazo los caminos de actividades económicas más sustentables medioambientalmente como es el caso del turismo. En efecto, el turismo representa una actividad económica aún poco explorada en la economía nacional, estamos lejos de aquellos países con políticas públicas desarrolladas en la materia como es el caso de España, Italia o Inglaterra, pero al menos existe una institucionalidad que debe servir de pivote al establecimiento de una industria consolidada en los próximos decenios. Para lograr estos objetivos se requiere de una institucionalidad que promueva la competitividad en el mercado oferente de servicios turísticos; en ese sentido el Servicio Nacional de Turismo dentro de sus objetivos estratégicos se consagra la promoción de la competitividad del sector turístico mediante la incorporación y certificación de estándares para asegurar la calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos. II.- CONSIDERANDO. 1.- Que, la necesidad de otorgarle a las personas mayor información respecto de los servicios y bienes que consumen es manifiesta, ya la ley del consumidor establecer el principio de la información como un elementos que forma parte de la esencia y espíritu de nuestra legislación en la materia y que regla el quehacer en materia económica en nuestro país. 2.- Que, promover al mismo tiempo la competitividad de los prestadores de servicios turísticos, a través de diversos medios de comunicación debe constituir un factor que posibilite un aumento significativo en la calidad del servicio beneficiando con ello a los consumidores y en general a la economía del país. 3.- Que, al mismo tiempo la información acerca de qué actores del negocio turístico lo están haciendo mejor en la materia introduciría a nuestra normativa y economía turística, diversos efectos positivos, particularmente en materia de promoción tanto de los oferentes como de los lugares donde se ejerce el negocio; estableciéndose una sinergia interesante beneficiando en general a toda la comunidad local, regional y también nacional. 4.- Que, mayor información en estos ámbitos necesariamente implica promoción y perfeccionamiento de la actividad turística en nuestro país, abriendo paso para que cada vez más turistas visiten nuestro territorio, sujetos a una legislación clara en la materia y con información precisa de cuáles son los mejores proveedores de los servicios de descanso, hecho que sin lugar a dudas es un paso adelante. III.- CONTENIDO DEL PROYECTO. De acuerdo a lo anteriormente indicado la presente moción introduce como una manera de maximizar los efectos de promover la promoción y competitividad del rubro turístico, que el Servicio nacional de Turismo pueda incorporar en su sitio web u otros medios de difusión un ranking o listado de operadores turísticos existentes a lo largo de todo el país, con la finalidad de promocionar y difundir el turismo en la zona, pero también para aumentar significativamente la calidad en el servicio turístico. Nos encontramos con una iniciativa de enormes consecuencias futuras para nuestro país, esperamos por ello que cuente con el apoyo transversal de esta corporación y que prontamente se incorpore esta medida, al catálogo de normas que conforman nuestra institucionalidad turística. IV.- PROYECTO DE LEY. Artículo Único: Incorpórese una nueva parte final en el número 14 del artículo 5 del Decreto Ley 1224 que Crea el Servicio Nacional de Turismo, cambiando el actual punto a parte por una coma; de la siguiente forma: “,y difundir tales resultados, por cualquier medio, dando cuenta de los prestadores existentes a lo largo del país”. 30. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES COLOMA; GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HERNÁNDEZ; KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, SILVA Y ULLOA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN; NOGUEIRA Y TURRES, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.974, SOBRE SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO Y CREA LA AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA, RESPECTO DEL INFORME ANUAL QUE SU DIRECTOR DEBE PRESENTAR ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS”. (BOLETÍN N° 10029-02) I.- IDEAS GENERALES. Durante los últimos meses nuestro país ha sido el triste escenario de hechos de carácter terrorista, de acuerdo a la propia opinión de autoridades gubernamentales y parlamentarias. En efecto, la detonación de aparatos explosivos, en diversas estaciones del Metro de la ciudad de Santiago, han puesto en alerta al poder estatal en torno a la pesquisa de los responsables, sin perjuicio de lo cual nos parece que en el ámbito de la lucha contra este flagelo que vive actualmente la humanidad como es el terrorismo se requieren de mecanismos de represión eficientes en la materia que conduzca a nuestra población a desenvolverse en un contexto de paz y armonía Ciertamente, nuestro país se ha identificado por ser uno de los más seguros de América Latina, no obstante ser esta región una de las más violentas del mundo, superando incluso a África, así lo demuestran las cifras de distintos organismos internacionales como ONU1 o la OEA2, no obstante lo anterior, y considerando ese gran patrimonio, de ser un país seguro en casi todos los indicadores medición internacional, se ha situado a Chile como un ejemplo a seguir en materia de seguridad pública. No obstante lo anterior, la escalada violentista, con consecuencias fatales a Carabineros, la virulencia demostradas en actividades públicas de marchas y manifestaciones autorizadas por la autoridad político administrativa nos han puesto en alerta desde hace bastante tiempo que al interior de la sociedad chilena existen grupos asistémicos encargados de hacer presión en la democracia chilena, con la finalidad de infundir temor y miedo en los ciudadanos. En este sentido, sin lugar a dudas, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuya ley 19.974 fue publicada el 2 de octubre de 2004, tuvo una razón de ser muy relevante. Chile se convirtió en uno de los países más globalizados y con relación diplomática con prácticamente la mayor parte de las naciones del mundo a través de una vinculación comercial, cultural y social. No obstante lo anterior, este proceso nos hace enfrentarnos a los peligrosos grupos que no reconocen fronteras y que están inspirados en doctrinas o ideologías antihumanas, cuyo enemigo no es otro más que la conciencia generalizada de todos los pueblos. En este contexto, la ANI, forma parte de un selecto grupo de instituciones encargadas de anticiparse, a través de un trabajo de investigación, inteligencia y contrainteligencia, de hechos que revistan carácter atentatorios tanto a la soberanía nacional como al orden constitucional formulando apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales y con ello proveer de información reservada al Presidente de la República, principalmente, pero también a otras instituciones previstas en la ley. II.- CONSIDERANDO. 1.- Que la misión estratégica de la Agencia Nacional de Inteligencia, día a día adquiere mayor relevancia dentro de nuestro orden institucional, así las cosas, la gestión del organismo, interesa a la generalidad de las personas, forma parte de un asunto central de la agenda pública y por tal motivo, la referida gestión debe encontrarse debidamente coordinada con los otros poderes del estado, particularmente con el poder legislativo. 2.- Que, en efecto nuestro Congreso Nacional, constituye una instancia de encuentro político de gran nivel a nivel nacional, razón por la cual las temáticas vinculadas a la seguridad propias de organismos como la ANI, requieren de una interacción permanente. 3.- Que, actualmente necesitamos una sociedad informada, pero también instituciones con facultades reales y efectivas para combatir la delincuencia y el terrorismo, el que se ha hecho presente en Chile con bombas en el metro, en comisarías, lugares públicos con procedimientos que indican un modus operandi de grupos terroristas enquistados en la sociedad chilena con una misión clara y categórica, infundir temor en la ciudadanía y en nuestra democracia, y creemos que ante tal germen nefasto, encausar debidamente las voluntades de las instancias técnicas y políticas implicaría un combate mucho más coherente y eficaz contra esta lacra del terrorismo. 4.- Que, forma parte de las funciones de la Agencia Nacional de Inteligencia: a) Recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, con el fin de producir inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales, de acuerdo con los requerimientos efectuados por el Presidente de la República, b) Elaborar informes periódicos de inteligencia, de carácter secreto, que se remitirán al Presidente de la República y a los ministerios u organismos que él determine, c) Proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado, d) Requerir de los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como de la Dirección Nacional de Gendarmería, la información que sea del ámbito de responsabilidad de estas instituciones y que sea de competencia de la Agencia, a través del canal técnico correspondiente. Los mencionados organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos en que les sean solicitados, e) Requerir de los servicios de la Administración del Estado comprendidos en el artículo 1° de la ley Nº 18.575 los antecedentes e informes que estime necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, como asimismo, de las empresas o instituciones en que el Estado tenga aportes, participación o representación mayoritarios. Los mencionados organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes e informes en los mismos términos en que les sean solicitados, a través de la respectiva jefatura superior u órgano de dirección, según corresponda, f) Disponer la aplicación de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales, g) Disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades de inteligencia desarrolladas por grupos nacionales o extranjeros, o sus agentes. Pues bien, todas estas funciones, asumen actualmente y en el futuro una importancia capital, las cuales deben ser también debidamente conocidas y analizadas por las instancias vinculadas a la defensa, seguridad ciudadana e inteligencia del Congreso Nacional. 5.- Que, el artículo 37 de la presente ley consagra la facultad del director del organismos de presentar un informe ante la comisión especial de inteligencia de la Cámara de Diputados, sin embargo el proyecto en propuesta apunta a que el referido informe se materialice en una sesión especial, la cual deberá está integrada además por los miembros de las comisiones de defensa y seguridad. III.- CONTENIDO DEL PROYECTO. La presente moción establece la necesidad para el Director nacional de Inteligencia de informar a lo menos una vez al año el estado de la gestión de las atribuciones por ley establecidas en las comisiones unidas de inteligencia, de defensa y seguridad ciudadana de la cámara de diputados, con la finalidad de analizar las políticas en materia de seguridad e inteligencia adoptadas por la ANI. La referida sesión tendrá el carácter de secreta. Nos encontramos en presencia de un proyecto de gran trascendencia que pensamos que posibilitará un combate más efectivo y coordinado de estas formas de delincuencia atentatorias contra nuestros valores más preciados de convivencia social y democrática, razón por la cual como parlamentarios esperamos que la tramitación del proyecto cuente con un respaldo amplio de nuestros colegas legisladores. IV.- PROYECTO DE LEY. Artículo Único: Incorpórese una segunda parte en el inciso 2° del artículo 37 de la ley 19.974 sobre Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, cambiando el actual punto aparte por un punto seguido. “Para estos efectos la comisión especial celebrará una sesión en conjunto con las comisiones de defensa y seguridad ciudadana la que tendrá asimismo el carácter de secreta”. 31. INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR BECKER SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLATINO, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE MARZO DE 2015, EN CIUDAD DE PANAMÁ. “Valparaíso, Abril 2015 Informe Parlamento Latinoamericano Señor Marco Antonio Núñez Presidente de la Cámara de Diputados Presente. Mediante el presente informe vengo a dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respecto de la última reunión del Parlamento Latinoamericano realizado en la Ciudad de Panamá el día 16 de marzo de 2015. El motivo de este encuentro fue dar inicio a la reunión de la Junta Directiva del Organismo bajo la presidencia titular del Dip. Elías A. Castillo G., y con la presencia de las siguientes personas: MESA DIRECTIVA: PRESIDENTE Dip. Elías A. Castillo G. (Panamá) SECRETARIA GENERAL Sen. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (México) SECRETARIO GENERAL ALTERNO Dip. Rolando González Patricio (Cuba) SECRETARIO DE RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS Dip. Walter Gavidia (Venezuela) SECRETARIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Sen. Liliana Fellner (Argentina) SECRETARIO EJECUTIVO Dr. Humberto Peláez Gutiérrez (Colombia) CONSEJO CONSULTIVO Dr. Juan Adolfo Singer (Uruguay) Presidente VICEPRESIDENTES: Argentina Dip. Inés Beatriz Lotto Vecchietti Aruba Sen. Alfred Marlon Sneek Bolivia Dip. Edgar Mejía Aguilar Brasil Sen. Roberto Requiao En representación del Vicepresidente por Brasil Chile Dip. Germán Becker Costa Rica Dip. Rolando González Ulloa Cuba Dip. Yolanda Ferrer En representación del Vicepresidente por Cuba Curazao Sen. Marcolino Franco Presidente del Parlamento de Curazao y Vicepresidente del Parlatino Ecuador Asamb. Virgilio Hernández El Salvador Dip. Sigfrido Reyes Presidente da Asamblea Legislativa de El Salvador y Vicepresidente del Parlatino México Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza Nicaragua Dip. Iris Marina Montenegro Blandón Panamá H. D. Adolfo Valderrama Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá y Vicepresidente del Parlatino Paraguay Sen. Víctor Bogado González República Dominicana H. Dip. Teodoro Ursina Reyes San Martin Dr. Lloyd J. Richardson Presidente del Parlamento de San Martín y Vicepresidente del Parlatino Uruguay Dip. Alfredo Astí En representación -(preside Ja Delegación) Venezuela Diputado Ángel Rodríguez Gamboa Presidente del Grupo Venezolano del Parlatino y Vicepresidente del Parlatino OTROS PARLAMENTARIOS: Uruguay: Dip. Gonzalo Mujica Dip. Jaime Trobo Dip. German Cardoso Ecuador: Asamb. Carlos Velasco Paraguay Sen. Hugo Richer Bolivia: Dip. Benita Díaz Pérez Dip. Flora Aguilar Dip. Eustaqui Cadena Parlacen: Dip. Leonel Búcaro Co-Presidente de EuroLat Dr. Javier Monagas Coordinador Cumbre de las Américas SEDE PERMANENTE: Lic. Eduardo González Director Sede Permanente Coordinador Técnico del Parlatino Lic. Alfredo Jiménez Asesores: Sra. Victoria Valencia, Asesora de la Secretaría Ejecutiva Sra. Norma Calero, Asesora de la Secretaría General Sra. Alcira Revette, Secretaría de Comisiones. SECRETARIOS, ASESORES Y COMITIVAS DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Lic. Carlos Samudio- Sec. General de la Cámara de Diputados Sr. Silvin Cijntje, Secretario General del Parlamento de Curacao Sra. Margarita Grimaldi -Asesora Delegación Uruguaya Argentina: Sra. Celia Arena-Directora Delegación Argentina del Parlatino Parlatino Web TV: Miguel Cuberos Y Luciana Moser El Presidente Castillo saludó a los presentes, les dio la bienvenida y les agradeció por su positiva respuesta a la convocatoria, resaltando además la presencia de varios presidentes de Parlamentos, de los nuevos miembros de la Junta y de la delegación de parlamentarios bolivianos que están recién nombrados para el Parlatino, y que se haría presente más tarde. Acto seguido dispuso que se verifique la asistencia, sobre lo cual informó la Secretaria General que hay quórum suficiente para sesionar. En la sesión el Presidente Castillo puso a consideración y fue aprobado por unanimidad la siguiente Orden del Día: 1. Verificación del Quórum. 2. Aprobación del Orden del día. 3. Informe del Presidente Elías Castillo sobre las actividades realizadas. 4. Informe de los demás miembros de la M esa Directiva. S. Aprobación y firma del nuevo Convenio de Cooperación entre el Parlamento latinoamericano y el Parlamento Andino. (Ya estuvo a consideración de la pasada junta Directiva. Se anexa el proyecto). 6. Consideración del Memorando de Entendimiento con Parlamentarios por las Américas Par/Américas. 7. lectura y aprobación de las Resoluciones y Proyectos de ley Marco, a consideración de esta junta y los que han de someterse a la decisión de la próxima Asamblea Ordinaria. 8. Calendario de reuniones de Comisiones entre los meses de abril y diciembre de 2015. 9. Eventos a los que el PARLATINO ha sido invitado a participar o que debe hacerlo por interésy derecho propio. 10. Informe Financiero a cargo del Secretario Ejecutivo. Estado de cuotas de los Parlamentos miembros. 11. Escogencia de dos temas magistrales que formen parte de la agenda de la próxima Asamblea Ordinaria. Debate introductorio sobre todos los temas puestos a consideración. (Por separado se les hará llegar a los miembros de la junta los diferentes temas para su consideración, sin perjuicio de su derecho a sugerir algunos adicionales). 12. Aprobación de la agenda de la próxima Asamblea Ordinaria. 13. Proposiciones y varios El Presidente Castillo puso a consideración de la Junta dar una cortesía de sala al Coordinador de la Cumbre de las Américas quien informará sobre ese evento, y al parlamentario centroamericano Leonel Búcaro, Co-Presidente de EuroLat por América Latina, quien se referirá a las reuniones de dicha Asamblea que se están realizando en la sede del Parlatino. Fue aprobado por unanimidad. Las principales deliberaciones y conclusiones a que se llegó en relación con el Orden del Día aprobado son las siguientes: Sobre los puntos 1. Verificación del Quórum y 2.Aprobación del Orden del Día. Actividades cumplidas Sobre los puntos 3. Informe del Presidente Elías Castillo sobre las actividades realizadas. Y, 4. Informe de los demás miembros de la Mesa Directiva. El Presidente Castillo manifestó que en la reunión ampliada de la Mesa Directiva realizada en la ciudad de Las Tablas, República de Panamá, el pasado 6 de febrero del año en curso, presentó, verbalmente y por escrito, un informe detallado de su gestión, el cual, debidamente actualizado, consta también en las carpetas distribuidas para la presente reunión. Subrayó lo referente a las actividades de representación y relaciones interinstitucionales realizadas últimamente, en especial reuniones con autoridades parlamentarias de la región y un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá, en la sede permanente, el pasado día 13 del presente mes, para informar sobre las reuniones de EuroLat y sobre la Asamblea del Parlatino el próximo mes de mayo. Hizo un recuento de las diferentes actividades conmemorativas del cincuentenario del Parlamento Latinoamericano, realizadas a lo largo del 2014 y que culminaron con la Asamblea Conmemorativa en diciembre de dicho año. Finalmente informó que los eventos de EuroLat serán cubiertos por Parlatino Web TV, por lo cual agradeció a la senadora Liliana Fellner. La Secretaria General, por su parte, manifestó que distribuyó el informe entre los asistentes. Mencionó especialmente el estimulante incremento que ha habido en la presencia de parlamentarios en las reuniones de los órganos del Parlatino, lo que llega en promedio al 90% de los miembros de la Institución. Complementó la información dada por el Presidente en relación con la participación del Parlatino en diversos foros, los contactos con otros Parlamentos, las relaciones interinstitucionales y las actividades conmemorativas del cincuentenario del Parlatino. Resaltó el espléndido trabajo realizado por la diputada uruguaya Deisy Tourné durante su ejercicio como Secretaria de Comisiones e informó que por decisión de la Mesa Directiva Ampliada del pasado 6 de febrero, ella, la Secretaria General, ha quedado encargada de la Secretaría de Comisiones hasta cuando se elija la nueva Mesa Directiva en la Asamblea del próximo mes de mayo. No habiendo más intervenciones en este punto del Orden del Día, la Junta aprobó por unanimidad los informes rendidos. Sobre el punto 5. Aprobación y firma del nuevo Convenio de Cooperación entre el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino. (Ya estuvo a consideración de la pasada junta Directiva. Se anexa el proyecto). El Secretario Ejecutivo, Dr. Humberto Peláez, explicó los antecedentes, estado actual y características del convenio que se suscribiría con el Parlamento Andino, señalando que se trata de la afirmación de los acuerdos mutuos suscritos en 1996, en la ciudad de Sao Paulo, entonces sede del Parlamento Latinoamericano, a través del Convenio lnterinstitucional con el Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Amazónico y el Parlamento Indígena de América. Sometida a consideración de la Junta la suscripción del Convenio de Cooperación con el Parlamento Andino, fue aprobada. Sobre el punto 6. Consideración del Memorando de Entendimiento con Parlamentarios por las Américas Par/Américas. El presidente Castillo explicó los antecedentes de esta actividad y, ante una pregunta del Dip. Walter Gavidia, se refirió con más detalle a las actividades conjuntas que piensan realizarse, en especial el intercambio de experiencias legislativas y la unión de esfuerzos para tratar temas de interés común. Informó también que se realizará un encuentro parlamentario con ParlAméricas el 10 de abril del año curso. Una vez puesta en consideración, la suscripción del Memorando de Entendimiento fue aprobada por la Junta. El Asamb. Virgilio Hernández manifestó que, sin oponerse a la firma del Memorando de Entendimiento con ParlAméricas, quiere recordar que en la región se vienen haciendo intensos y exitosos esfuerzos por fortalecer bloques de países que no se inscriben en el sistema interamericano. También se refirió a que los días 9 y 10 de abril del año en curso se realizará una reunión de los Presidentes de Parlamentos de Unasur, lo cual puede causar un conflicto de agendas con la reunión prevista con ParlAméricas. La Secretaria General anotó que considera muy pertinentes las observaciones del Asamb. Virgilio Hernández y que pondrá en consideración de los responsables del encuentro parlamentario con ParlAméricas un posible cambio de fechas. Sobre el punto 7. Lectura y aprobación de las Resoluciones y Proyectos de Ley Marco, a consideración de esta junta y los que han de someterse a la decisión de la próxima Asamblea Ordinaria. El Presidente Castillo manifestó que en este punto del Orden del Día, se haría en primer lugar un público reconocimiento al diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y Vicepresidente del Parlatino, por su valiosa y permanente colaboración con las actividades del Parlatino, así como por su ejemplar desempeño parlamentario en todos los campos de su labor política. Se le hizo entrega de un pergamino, así como de la medalla y el libro conmemorativos del cincuentenario del Parlatino (aplausos). El Dip. Sigfrido Reyes agradeció el homenaje manifestando que estaba muy emocionado por ello. Expresó que ha tenido la oportunidad de acompañar el desarrollo institucional del Parlatino en los últimos años y se siente honrado de haber podido participar en las múltiples y muy importantes iniciativas que desarrolla el organismo. Informó que por disposiciones de su país, una vez que ha completado 3 períodos parlamentarios debe retirarse de la función, pero que seguirá en la política y colaborando con el Parlatino en todo lo que esté a su alcance. América Latina tiene un gran potencial y enormes retos como también hay nubes negras en el horizonte, por Jo cual debemos estar siempre muy alertas, concluyó. La Sen. Liliana Fellner manifestó que, de acuerdo con lo que había comunicado en la reunión de la Mesa Directiva Ampliada el pasado 6 de febrero respecto de la suscripción del acuerdo entre el Parlatino y el Parlamento Indígena de América, realizó las consultas del caso ante el Consejo de Participación Indígena (CPI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y con las autoridades pertinentes del país, y puede informar que Argentina no tiene inconveniente en que se suscriba el mencionado acuerdo. El Presidente Castillo recordó que en la citada reunión de Mesa Directiva Ampliada se trató sobre la aprobación del acuerdo entre el Parlatino y el Parlamento Indígena de América, habiendo quedado pendiente solamente la aprobación de Argentina. Una vez que se cuenta con esta aprobación, sometió el asunto a consideración de la Junta y fue aprobada por unanimidad la suscripción del acuerdo. La Secretaria General informó que hay tres tipos de documentos que deben ser considerados por la Junta, los cuales, con excepción de los que mencionará más adelante, fueron enviados oportunamente a todos los miembros de la Junta y constan en las carpetas distribuidas. Se trata de Declaraciones, Resoluciones y Proyectos de Leyes Marco y serán puestos a consideración en ese orden. Las Declaraciones son las siguientes: 1. Proyecto de declaración sobre la Obesidad en América Latina y sus consecuencias, Comisión de Servicios Públicos, 25 y 26 de marzo de 2014 2. Proyecto de declaración sobre Terrorismo de Estado y Violación de Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina, 30 de mayo de 2014 3. Proyecto de declaración sobre promocionar la realización de una Feria Latinoamericana, Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias, Ciudad de Panamá, 25 y 26 de julio de 2014 4. Proyecto de declaración sobre Agricultura Familiar, Comisión de Agricultura , aprobado en la república de Panamá 25 y 26 de abril de 2014 Las Resoluciones son las siguientes: 1. Proyecto de resolución sobre la creación de una red latinoamericana para la Protección de niños, niñas y adolescentes, Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud, República Dominicana, 26 de junio de 2014 2. Proyecto de resolución sobre las niñas secuestradas en Nigeria - Comisión de Derechos Humanos, República de Panamá 25 y 26 de agosto de 2014 3. Proyecto de Resolución de la Comisión de Derechos Humanos: Generación de Medidas para garantizar la Seguridad Alimentaria como Derecho Humano”, Panamá 25 y 26 de agosto de 2014 4. Proyecto de Resolución de la Comisión de Energía y Minas: Adhesión a las recomendaciones del V Diálogo Político Regional sobre Eficiencia Energética realizdo por la Cepal, Lima, Perú, 27 y 28 de octubre de 2014 La Dip. Inés Beatriz Lotto Vecchietti expresó que los textos de las declaraciones y resoluciones, además de que fueron enviados a los miembros de la Junta con la suficiente anticipación, fueron elaborados, discutidos y aprobados por las Comisiones respectivas, por lo cual propone que sean aprobados, particular que fue apoyado por el Sen. Roberto Requiao. La Junta acogió la propuesta y aprobó por unanimidad las declaraciones y las resoluciones. La Secretaria General se refirió al documento que consta en carpetas denominado “Proyecto de exhorto sobre las medidas disciplinarias aplicadas por la FIFA”, presentado por la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, del Parlatino. A ese respecto se resolvió que se comunique a la mencionada Comisión que la Junta toma nota del exhorto para los fines consiguientes. El Asamb. Virgilio Hernández expresó que conviene solicitar a la Comisión indicada que profundice en el tema de la FIFA, ya que ese organismo con frecuencia actúa como un ente supranacional, por ejemplo en materia laboral estableciendo normas para los jugadores que no respetan los derechos laborales de los países. El H.D. Teodoro Ursina Reyes informó que él pertenece a la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias y que el exhorto obedecía a la preocupación sobre la autoridad de la FIFA para imponer medidas disciplinarias y que está de acuerdo con la propuesta del Asamb. Virgilio Hernández. El Dip. Rolando González Ulloa manifestó que apoya lo expresado por el Asamb. Virgilio Hernández, ya que las atribuciones de la FIFA, por ser supuestamente supranacionales, trascienden el ámbito futbolístico y del deporte y conciernen a lo político pues afectan a las soberanías de nuestros países. El Dip. Germán Becker opinó que no sólo la FIFA sino otros organismos del ámbito del deporte tienen facultades que pueden considerarse supranacionales, pues ello es indispensable dentro de ese sector. La Secretaria General indicó que el debate surgido muestra la conveniencia de que el tema sea considerado en el ámbito de las Comisiones, en especial la de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias y la de Asuntos Laborales, Previsión Social y Asuntos Jurídicos. Se aprobó la propuesta de la Secretaria General, en calidad de recomendación de la Junta. A continuación hicieron uso de la palabra las siguientes personas para tratar los asuntos que en cada caso se mencionan: Dr. Juan Adolfo Singer.- Lo más importante que ha hecho el Parlatino son los proyectos de Leyes Marco. El desafío es que se tomen en consideración en los Parlamentos nacionales para que sean impulsadas como normas del país o para que sean referentes útiles en las tareas legislativas. A los Vicepresidentes les cabe una alta responsabilidad en este cometido. Dip. Alfredo Astí.- En relación con lo expuesto por el Dr. Singer, informa que en Uruguay se han incorporado como normas nacionales algunas leyes-marco propuestas por el Parlatino. Es el caso de la Ley de Empleo Juvenil, ya en vigencia, y de la Ley sobre el Sistema Nacional de Cuidados que fue enviada como proyecto de ley al Parlamento y está siendo considerada. Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Tenemos que ver mecanismos que nos permitan pronunciarnos a tiempo, pues a veces lo hacemos respecto de hechos que ya han pasado hace bastante tiempo. Esta postura fue apoyada por la Dip. Yolanda Ferrer, por la Dip. Iris Marina Montenegro Blandón y por el Dip. Rolando González Patricio. Dr. Humberto Peláez.- Se ha hecho costumbre que las decisiones de las Comisiones pasen a la Junta y de allí a la Asamblea. Es necesario recordar que las Comisiones tienen autonomía para pronunciarse, salvo indicación en contrario de la Secretaría de Comisiones. Secretaria General.- No hay que perder de vista que pueden presentarse casos en que los pronunciamientos de las Comisiones difieran de los de la Junta Directiva, sobre ciertos asuntos específicos, por lo que hay que tener cuidado con ello. Dr. Humberto Peláez.- Expresó que es muy oportuna la observación de la Secretaria General y dio lectura al Artículo 41º del Reglamento del Parlamento Latinoamericano, según el cual “las conclusiones de las comisiones, a criterio de su Directiva y de la Secretaría de Comisiones, serán sometidas a consideración de la Junta Directiva para lo que ésta estime conducente. Cuando dichas conclusiones no fueren adoptadas por consenso, a la comunicación se agregará un informe detallado de la votación con los salvamentos de voto, si los hubo. A su vez, la Junta Directiva, si lo considera pertinente, someterá a la Asamblea los temas tratados por las comisiones, en forma de acuerdos, declaraciones o resoluciones”. La Secretaria General expresó que hay 15 proyectos de Ley Marco que fueron ya presentados y 4 en proceso. Los proyectos de Leyes Marco ya presentados y aprobados son los siguientes: 1. Proyecto de Ley Marco de Salud (aprobado en Panamá en noviembre de 2012) 2. Proyecto de Ley Marco sobre “Trasplantes de células, tejidos y órganos humanos” para América Latina y el Caribe (aprobado en noviembre de 2012) 3. Proyecto de Ley Marco sobre Seguridad Ciudadana (aprobado en noviembre de 2013) 4. Proyecto de Ley Marco de Ciber delincuencia (aprobado en noviembre de 2013) 5. Proyecto de Ley Marco para el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (aprobado en la comisión en julio 2014) 6. Proyecto de Ley Marco de Comercio Electrónico revisado y aprobado en la en la reunión de la Comisión realizada en Panamá los días 25 y 26 de marzo de 2014 7. “Los Tratados bilaterales de inversión y su impacto en América Latina y el Caribe. Una propuesta de readecuación” (aprobado en San Martin en reunión de la Comisión 22 y 23 de mayo) 8. Proyecto de Ley Marco de Empleo Juvenil, revisado y aprobado por la Comisión los días 25 y 26 de marzo de 2014. 9. Proyecto de Ley Marco de Energía Eléctrica (aprobado en la reunión del 25 y 26 de julio 2014) 10. Proyecto de Ley Marco de Energías Renovables (aprobado en la reunión del 25 y 26 de julio de 2014) 11. Proyecto de Ley Marco sobre Consulta Previa e Informada a los Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas (aprobado en reunión realizada en noviembre del 2013) 12. Proyecto de Ley Marco para Afrodescendientes (aprobado en la reunión del 25 y 26 de julio 2014) 13. Proyecto de Ley Marco para la regulación de la producción de bolsas plásticas no biodegradables (aprobado en Buenos Aires, Argentina, en reunión realizada del 29 al 30 de mayo de 2014) 14. Proyecto de Ley Marco de Educación para la Sustentabilidad (aprobado en Buenos Aires, Argentina, en reunión realizada del 29 al 30 de mayo de 2014) 15. Proyecto de Ley Marco sobre Migración en América Latina y el Caribe: Trabajadores, Familias y Grupos Vulnerables (aprobado en reunión realizada los días 22 y 23 de mayo en San Martin) La Secretaria General propone que, en razón de que dichos proyectos de Leyes Marco obran en manos de los miembros de la Junta desde hace más de dos meses, sean aprobados. Puestos a consideración uno por uno, fueron aprobados por la Junta. Sobre el particular hicieron uso de la palabra las siguientes personas con las intervenciones que a continuación se resumen: Dr. Humberto Peláez .- Recordó que la Junta tiene la capacidad de decidir cuáles proyectos de Leyes Marco pasan a aprobación de la Asamblea y cuáles no. Dip. Elías Castillo.- Reiteró el pedido del Dr. Juan Adolfo Singer en el sentido de que es muy importante que los miembros de la Junta lleven a sus Parlamentos para que sean considerados y utilizados en las labores legislativas, los proyectos de Ley Marco y demás documentos aprobados por este órgano, así como también deben hacerlo los parlamentarios que asisten a las reuniones de las Comisiones. Dip. Iris Marina Montenegro Blandón.- Todo lo que se produzca en el Parlatino y sus diversos órganos debe ser enviado a los Parlamentos nacionales, pues son insumos importantes para la labor legislativa; incluso documentos que no hayan sido aprobados, en cuyo caso al enviarlos debe advertirse que no han sido aprobados. Dip. Rolando González Patricio.- Debe valorarse la posibilidad de establecer mecanismos de seguimiento de la utilización por los Parlamentos nacionales de la documentación que produce el Parlatino;por ejemplo con informes periódicos de los países miembros, cada tres años o en el plazo que se determine; y promoviendo la elaboración y discusión de documentos sobre temas claves específicos, como educación o medio ambiente, entre otros. Asamb. Virgilio Hernández.- Es indispensable analizar cómo se incrementa la fuerza parlamentaria de nuestras decisiones. Otro mecanismo podría ser definir uno o dos temas claves y prioritarios en cada Asamblea para concentrarse y hacer énfasis en ellos a lo largo del año. Serían los temas centrales del Parlatino en cada año. Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza.- Está de acuerdo con el informe periódico propuesto; así los Vicepresidentes pueden dar cuenta de su trabajo. Además es necesario utilizar los recursos informáticos como las páginas web, twitter, etc. Sen. Liliana Fellner.- La senadora Gómez del Campo ha mencionado un tema de la mayor importancia que es el comunicacional. Se referirá a ello más adelante. La Secretaria General informó que se tomará debida nota de todas las propuestas hechas a fin de implementarlas a la mayor brevedad. Propuso que se lleven a la Asamblea los proyectos de Leyes Marco que tengan que ver con los temas centrales que en ella se tratarán. La propuesta fue aprobada. Los nuevos Proyectos de Leyes Marco son los siguientes: 1. DOCUMENTO BASE - LAS RELACIONES ECONÓMICO - FINANCIERAS ENTRE AMERICA LATINA Y EL CARIBE Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA- PRESENTE Y PERSPECTIVAS­ Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. Aprobada en Panamá, el 26 de septiembre de 2014. 2. PROYECTO DE LEY MARCO “POR LA QUE SE REGULA, CONTROLA Y FISCALIZA EL USO Y APLICACIÓN DE SUSTANCIAS DE RELLENOS EN TRATAMIENTOS CON FINES ESTÉTICOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” Comisión de Salud, Aprobada en reunión realizada en la Habana, Cuba, en Septiembre de 2014. 3. PROYECTO DE LEY ARCO “PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO COSTERO, EN ESPECIAL LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS DE ARRECIBES DE CORAL, MANGALARES Y PRADERAS MARINAS. Comisión de Medio Ambiente y Turismo, aprobada en la reunión realizada en la Habana, Cuba, en septiembre de 2014 4. PROYECTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE FUERZAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MARCO DE LAS CONFLICTIVIDADES SOCIALES DEL SIGLO 21, aprobada en reunión conjunta Comisión de Seguridad Ciudadana con la Comisión de Derechos Humanos en noviembre 2014 5. PROYECTO DE LEY MARCO DE ECOTURISMO EN AREAS PROTEGIDAS. Comisión de Medio Ambiente y Turismo, aprobada en reunión realizada en Panamá, en diciembre de 2014. 6. PROYECTO DE LEY MARCO: PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA SOBRE DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES HOSPITALIZADOS O EN SITUACIÓN DE ENFERMEDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Comisión de Educación, diciembre 2014. Una vez que el Coordinador Técnico del Parlatino hizo la aclaración correspondiente, se incorporó en la lista anterior la “Propuesta para el estudio de armonización legislativa sobre derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en situación de enfermedad en América Latina y el Caribe”, aprobada en calidad de Propuesta de Ley Marco sobre el Derecho a la Educación de Niños, Niñasy jóvenes Hospitalizados o en Situación de Enfermedad en América Latina y el Caribe, por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, del Parlatino en su XXI Reunión, realizada en esta ciudad el 3 de diciembre de 2014. Puestos en consideración los nuevos Proyectos de Leyes Marco, fueron aprobados por la Junta. El Asamb. Virgilio Hernández manifestó su preocupación por el nombre del proyecto de Ley Marco sobre “Profesionalización de Fuerzas de Seguridad Ciudadana en el Marco de las Conflictividades Sociales del Siglo XXI”, porque, sin que ese sea el espíritu del proyecto, da la impresión de que estuviera orientado hacia el control de las movilizaciones sociales. La Secretaria General respondió que se estudiará detenidamente el proyecto para proponer algunas modificaciones al mismo cuando sea presentado a la Asamblea. Sobre el punto 8. Calendario de reuniones de Comisiones entre los meses de abril y diciembre de 2015. La Secretaria General recordó que por decisión de la Mesa Directiva Ampliada, de febrero del año en curso, la Secretaría General está encargada del despacho de la Secretaría de Comisiones. Con esa aclaración procedió a dar lectura y explicar el calendario de reuniones de Comisiones, Comisión por Comisión y mes a mes. Respecto de este punto del Orden del Día hicieron uso de la palabra para solicitar aclaraciones, expresar inquietudes o pedir cambios en fechas o lugares de reunión de algunas Comisiones, las siguientes personas: Dip. Alfredo Asti .- Felicitó a la Secretaria General por el trabajo realizado en materias que corresponderían a la Secretaría de Comisiones, vacante a la fecha. Solicitó algunos cambios en las reuniones previstas de la Comisión de Asuntos Laborales, relacionados con las fechas y con la realización de reuniones conjuntas con las Comisiones de Educación y con la de Asuntos Económicos. Dip. Rolando González Ulloa.- Se refirió a la necesidad de armonizar las fechas de las reuniones previstas para Costa Rica, con la agenda parlamentaria de ese país, especialmente el cambio de las autoridades legislativas, a fin de que la Asamblea Legislativa del país esté en condiciones de ofrecer el mejor apoyo local a las reuniones. Sen. Alfred Marlon Sneek.- Indicó que las reuniones en Aruba constan en junio, pero estaban confirmadas para octubre. Dip. Inés Beatriz Lotto Vecchietti- Manifestó que, como ya lo había expresado en otras oportunidades, para algunos Parlamentos, incluso el de su país (Argentina), es problemático asistir a las reuniones en días jueves, por lo que solicitó que las reuniones se programen para viernes y sábados. La Secretaria General respondió a la Dip. Lotto que su petición se ha tomado en cuenta y que las reuniones de comisiones se programarán para los días viernes y sábados. Senadora Liliana Fellner.- La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, está tratando varios temas de mucha importancia, lo cual hace que su agenda de trabajo esté muy nutrida. Habría que pensar en separar la reunión que se hace cada año en el ámbito de Virtual Educa para que el tratamiento de esa agenda no se vea afectado. El Coordinador Técnico del Parlatino, por pedido del Presidente, comentó que la mencionada Comisión se ha visto limitada de tratar su agenda en los casos en que se han realizado conferencias interparlamentarias, en las cuales se tratan otros temas. Dichas conferencias no son planeadas por Virtual Educa ni por otros organismos, como UNESCO, que las han financiado, sino que han sido solicitadas por la propia Comisión. En atención a lo que ha planteado la senadora Fellner la Comisión resolvió no hacer por lo pronto más conferencias interparlamentarias y así ha sucedido desde la última de ellas que fue en el año 2012. Por lo demás, la Comisión puede tratar integralmente su agenda en las reuniones que realice, independientemente de que se hagan en el ámbito de Virtual Educa o en otras circunstancias. La Secretaria General manifestó que de todas maneras y en atención a la importancia de los temas que trata la Comisión de Educación, convendría dar a las reuniones que realiza en el marco de los encuentros de Virtual Educa, una al año, el carácter de reuniones extraordinarias. También hicieron uso de la palabra para tratar asuntos relacionados con la realización de reuniones de Comisiones el Sen. Alfred Marlon Sneek, la Dip. Yolanda Ferrer, la Dip. Inés Beatriz Lotto Vecchietti y el Dip. Alfredo Astí. La Secretaria General manifestó que a la mayor brevedad enviará a los miembros de la Junta Directiva el calendario de reuniones de Comisiones, ajustado en función de todas las inquietudes expresadas. Sobre el punto 9. Eventos a los que el Parlatino ha sido invitado a partici par o que debe hacerlo por interés y derecho propio. El Presidente Elías Castillo recordó que los eventos a que se refiere este punto del Orden del Día se encuentran descritos en las carpetas distribuidas. En resumen son los siguientes: visita oficial a la Asamblea Nacional Popular de China en el presente mes de marzo y de la cual se informó oportunamente a los miembros de la Junta para que quien quisiera sumarse a la comitiva así pudiera hacerlo; acto de inauguración de la VII Cumbre de las Américas en Panamá, el 10 de abril próximo; 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas, en Vietnam en abril y posterior reunión de la UIP en Ginebra en octubre; la Reunión Mundial de EPT (Educación para Todos), en Corea en mayo, organizada por Unesco. Concluyó el Dip. Castillo indicando que en la medida que vayan llegando invitaciones a eventos que puedan ser de interés del Parlatino y de sus órganos, en especial de las Comisiones, se irá informando oportunamente. Sobre el punto 10. Informe Financiero a cargo del Secretario Ejecutivo. Estado de cuotas de los Parlamentos miembros. El informe fue presentado por el Secretario Ejecutivo, Dr. Humberto Peláez, quien señaló que todas las informaciones se encuentran en carpeta . Entre los asuntos abordados por el Dr. Peláez están los siguientes: El estado de cuotas de los países está bastante bien, con excepción de Surinam y Honduras que además de no pagar tampoco asisten a las reuniones del Parlatino, por lo cual considera que en algún momento la Asamblea deberá tomar las decisiones que correspondan . En los documentos adjuntos puede apreciarse que en este momento hay dificultades financieras, derivadas principalmente de la elevación de los costos de operación y mantenimiento ocasionados por el nuevo edificio de la sede y del hecho de que tuvimos una oferta formal que consta en las actas de la Junta, por parte de Venezuela, de un aporte de un millón de dólares, que hasta la fecha no se ha concretado, pero con base en el cual se hicieron gastos, especialmente de la construcción del edificio de la sede, generando así un déficit que tuvimos que cubrir con un préstamo bancario. Se ha solicitado a los países que paguen a la mayor brevedad sus cuotas del 2015, lo que algunos ya han hecho; en caso contrario habría que recurrir a un nuevo préstamo comprometiendo así la cuota extraordinaria de Panamá correspondiente al 2016. El Presidente Castillo se encuentra realizando gestiones de cuotas extraordinarias y, en la búsqueda de ingresos adicionales, hemos decidido alquilar para eventos las instalaciones de la sede, a efectos de lo cual se ha elaborado el reglamento pertinente, que incluye una escala de tarifas; se exceptuarán del cobro de alquiler los organismos públicos y gubernamentales de Panamá, pero en esos casos se recuperarán exclusivamente los costos. En realidad la situación financiera en este momento es delicada. Hemos venido aplicando, como es costumbre, medidas severas de austeridad; por ejemplo, hace mucho tiempo que no ha habido aumento de sueldos y salarios para el personal de la sede. Finalmente, el Dr. Peláez explicó detalladamente el cuadro de proyección de gastos distribuido, en el que consta el ejercicio financiero programado mes a mes. Hicieron uso de la palabra las siguientes personas para manifestar lo que a continuación se resume: Dip. Rolando González Ulloa, para felicitar al Secretario ejecutivo por la excelente gestión que viene realizando y solicitó una nota de cobro a Costa Rica para efectuar el pago de la cuota de ese país. Dr. Lloyd J. Richardson, para preguntar si ya se recibió la cuota de San Martin, a lo que el Secretario Ejecutivo respondió afirmativamente y agradeció. Dip. Iris Marina Montenegro Blandón, para preguntar si existe alguna fecha límite para el pago de la cuota. El Dr. Peláez respondió que no, que la cuota se puede pagar a lo largo del año a que ella corresponda, pero que en este caso se está solicitando a los países que efectúen dicho pago a la mayor brevedad, por las razones anotadas. Dip. Ángel Rodríguez Gamboa, para informar que, en su calidad de Presidente del Grupo Venezolano del Parlatino, suscribió y envió una nota al Presidente Nicolás Maduro, solicitando el cumplimiento del compromiso adquirido ante el Organismo. Finalmente el informe financiero fue aprobado por unanimidad. Sobre los puntos 11. Escogencia de dos temas magistrales que formen parte de la agenda de la próxima Asamblea Ordinaria. Debate introductorio sobre todos los temas puestos a consideración. (Por separado se les hará llegar a los miembros de la junta los diferentes temas para su consideración, sin perjuicio de su derecho a sugerir algunos adicionales). Y 12. Aprobación de la agenda de la próxima Asamblea Ordinaria. La Secretaria General dio lectura a los temas originalmente propuestos y que constan en las carpetas distribuidas, a fin de que se discutan y se llegue a una decisión final, con la recomendación de que no se escojan más de dos temas: l. El impacto de la baja del precio del petróleo en la economía de los países de América Latina. 2. El impacto actual y futuro en los órdenes económico, social y político, del calentamiento global con sus consecuencias visibles como lo son el cambio climático y la escasez del agua, entre otros, en la vida y el desarrollo de los pueblos de América Latina. 3. El papel de las nuevas tecnologías de comunicación e información (TICs) -en especial las redes sociales- en el fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad.- El proyecto de la “Red Latinoamericana de Comunicación Parlamentaria” y su primera etapa denominada “Parlatino Web TV”. 4. La necesidad de nuevos modelos de desarrollo en América Latina para que los países puedan lograr sus objetivos sociales y la región pueda influir en un nuevo orden internacional. 5. Análisis de los principales obstáculos de la integración regional plena, y estrategias para superarlos: bilateralismo, conflictos entre países, falta de voluntad política real, otros. - El Papel de la Celac. Para hacer comentarios y sugerencias respecto de los temas propuestos hicieron uso de la palabra en su orden las siguientes personas, algunas en más de una oportunidad: Dip. Sigfrido Reyes, Dip. Alfredo Asti, Asamb. Virgilio Hernández, Dip. Iris Marina Montenegro Blandón, Sen. Liliana Fellner, Dip. Rolando González Ulloa, Dip. Ángel Rodríguez Gamboa, Dip. Yolanda Ferrer, Sen. Víctor Bogado González, Dip. Elías Castillo, Dr. Humberto Peláez y Sen. Blanca Alcalá. Finalmente se resolvió realizar dos conferencias magistrales unificando para una de ellas los temas 1y 2 y para la otra los temas 4 y 5. El tema 3 se tratará en un panel de expertos. Se acordó también que el Secretario Ejecutivo redactará los títulos de las dos conferencias magistrales unificando los temas originales tal como fue definido. En relación con la agenda de la próxima Asamblea Ordinaria quedó establecido y aprobado lo siguiente: -Primer día, viernes 15 de mayo de 2015 en la mañana: todos los asuntos estatutarios que debe tratar la Asamblea. -Primer día en la tarde: las dos conferencias magistrales. -Segundo día, sábado 16 de mayo de 2015, en la mañana: panel de expertos sobre el tema 3 (El papel de las nuevas tecnologías de comunicación e información (TICs) -en especial las redes sociales- en el fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad.- El proyecto de la “Red Latinoamericana de Comunicación Parlamentaria” y su primera etapa denominada “Parlatino Web TV'J. -Segundo día: elección de los miembros de la Mesa Directiva del Parlatino. Sobre el punto 13. Proposiciones y varios Se otorgó una cortesía de sala al Dr. Javier Monagas, quien dio una detallada explicación de la VII Cumbre de las Américas y reuniones conexas, que se realizarán en la ciudad de Panamá los días 10 y 11 de abril del año en curso. El tema central de la cumbre será: “Prosperidad con equidad: El desafío de la cooperación en las Américas”. El Dr. Bonagas se refirió a los 8 ejes temáticos de la cumbre, relativos a la educación, la salud, la energía, el medio ambiente, las migraciones, la seguridad, la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática. También dio explicaciones pormenorizadas sobre los foros paralelos: Foro de Rectores de las Américas, Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales, Foro de Jóvenes de las Américas y Foro Empresarial. Aclaró que la Cumbre no es la OEA y que la OEA no es la Cumbre. Consiste en una iniciativa que convoca a los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del hemisferio para tratar de forma libre los temas a que ha hecho referencia . El Presidente Castillo agradeció al Dr. Bonagas por la completa y útil información que le dio a la Junta. Recordó que el Parlatino emitió una declaración tan pronto surgió la iniciativa del diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, e informó que se han ofrecido a la Cancillería panameña, organizadora de la Cumbre, las instalaciones del Parlatino para un eventual diálogo bilateral entre esos dos países. Se otorgó una cortesía de sala al diputado salvadoreño Leonel Búcaro, ex Presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y (o-Presidente de EuroLat, quien, además de agradecer por la oportunidad de dirigirse a los miembros de la Junta y de manifestar su satisfacción por encontrarse en Panamá y en la sede del Parlatino, se refirió a las reuniones del EuroLat que se realizarán en esta sede a partir del siguiente día, a la importancia de ellas, en donde con seguridad se tratarán algunos temas sensibles, y a la necesidad de que el componente latinoamericano estreche y consolide su acción como bloque. En ese momento ingresó a la sala la delegación de Bolivia, que fue saludada con aplausos. El Presidente Castillo les dio la bienvenida, refiriéndose a cada uno de ellos en particular y señalando en qué órgano de la Institución cada cual representará a su país (se adjunta la lista). El Dip. Edgar Mejía agradeció en nombre de toda la delegación, se refirió a la importancia que tiene la acción institucional del Parlatino en este momento histórico de la región, y comprometió el trabajo incansable de su Parlamento y de los delegados ante el Parlatino, en busca de la integración y el desarrollo de América Latina. Resaltó el hecho de que la delegación está compuesta básicamente por parlamentarios indígenas y, además, ligados a la actividad minera. Dentro de este punto del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo expresó que cada vez más países y organismos solicitan tener relaciones formales con el Parlatino, a través de los acuerdos correspondientes. Recientemente sucedió con Bielorrusia y ahora es el Parlamento de Turquía que ha solicitado establecer relaciones formales con nuestro Organismo. La solicitud del Parlamento de ese país se encuentra en carpeta y solicitó el visto bueno de la Junta para continuar con el proceso. Una vez que el Secretario Ejecutivo aclaró inquietudes del Dr. Juan Adolfo Singer sobre el pago de cuotas de los observadores y del Dip. Ángel Rodríguez sobre la calidad de observador, se aprobó por unanimidad la suscripción del acuerdo con Turquía. El Dip. Sigfrido Reyes manifestó que Turquía es una potencia regional y que tiene una gran historia. Su interés en un acercamiento con el Parlatino muestra la importante proyección institucional que tenemos. La Secretaria General informó que se ha distribuido el “Documento Base - las Relaciones Económico-Financieras entre América Latina y el Caribe y La República Popular China - Presente y Perspectivas”, preparado por la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. Sugirió que como no se trata de un proyecto de ley marco la Junta resuelva adoptarlo como referencia importante para los trabajos del Organismo. El Dip. Rolando González Ulloa expresó que el documento a que se refiere la Secretaria General tiene algunos errores referentes al caso de Costa Rica y solicitó que se tramiten las correcciones del caso. La Secretaria General manifestó que hará las gestiones correspondientes. La Secretaria General informó que hay dos proyectos de resoluciones presentados por el Asamb. Virgilio Hernández, a quien solicita que los explique. Asamb. Virgilio Hernández.- el primero de ellos se refiere al reciente proceso de diálogo entre Cuba y los Estados Unidos, respecto de lo cual, como lo informó el Presidente Castillo, el Parlatino se pronunció oportunamente. En este caso se reafirman los términos de la declaración original; se solicita el fin del bloqueo y el retiro de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y se ofrecen los buenos oficios del Parlatino para todo lo que sea necesario para contribuir al éxito de ese proceso. Respecto de la propuesta hicieron uso de la palabra en su orden: el Sen. Roberto Requiao para apoyarla; la Dip. Yolanda Ferrer para agradecer la declaración previa, apoyar la resolución propuesta y explicar los alcances del proceso; el Dip. Rolando González Patricio para ilustrar la complejidad del proceso, que se desarrolla en un escenario completamente asimétrico; el Dip. Sigfrido Reyes para apoyar la aprobación de la resolución; y la Secretaria General para recordar que muchos de los Parlamentos miembros del Parlatino se han pronunciado ya al respecto. Concluidas las deliberaciones la Junta aprobó la resolución (se adjunta). En cuanto al segundo proyecto de resolución, el Asamb. Virgilio Hernández explicó que se trata de un hecho respecto del cual también hubo un pronunciamiento previo del Parlamento Latinoamericano; se refiere a la demanda contra Texaco Chevron por los graves daños ambientales causados e Ecuador por una explotación petrolera irresponsable. Aclaró que no se trata de una demanda del Estado sino de particulares, de las comunidades directamente afectadas por esos impactos negativos. Informó que hubo una resolución del día 12 del mes en curso del Tribunal Arbitral Permanente de La Haya, en la que se establece la legalidad del reclamo que hacen los demandantes y desestima los argumentos de Chevron para impedir la demanda. Enfatizó que se refiere al Tribunal Arbitral y no a la Corte de La Haya. Solicitó que, en consecuencia, la Junta ratifique los términos del anterior pronunciamiento del Parlatino en respaldo al Ecuador y sus comunidades afectadas. Para comentar y, en la mayoría de los casos, pronunciarse a favor de lo expuesto por el Asamb. Virgilio Hernández, hicieron uso de la palabra las siguientes personas, varias de ellas en más de una oportunidad: Dip. Yolanda Ferrer, Sen. Roberto Requiao, Dip. Ángel Rodríguez Gamboa, Sen. Liliana Fellner, Dip. Elías Castillo, Dip. Iris Marina Montenegro Blandón, Dip. Germán Becker, Sen. Alfred Marlon Sneek, Dip. Alfredo Asti y la Sen. Blanca Alcalá. Se acordó que, con la abstención de Argentina sujeta a consultas internas, la Junta aprueba la declaración a la cual el Asamb. Virgilio Hernández le hará unas pocas modificaciones relacionadas con la mención de los principios de soberanía nacional y el orden interno de los Estados, que se ven afectados por el proceso que se viene dando con la firma Texaco Chevron. La Secretaria General indicó que existe otro asunto que tratar que consiste en el problema que se ha suscitado entre Venezuela y Estados Unidos, respecto del cual hay dos proyectos de resolución, a los cuales dieron lectura respectivamente el Dip. Ángel Rodríguez Gamboa y el Secretario Ejecutivo. Para hacer comentarios diversos sobre el asunto en cuestión y sobre los textos de los dos proyectos de resolución, hicieron uso de la palabra en su orden las siguientes personas, algunas en más de una oportunidad: Sen. Roberto Requiao, Dip. Elías Castillo, Dip. Edgar Mejía, Sen. Liliana Fellner, Dip. Sigfrido Reyes, Dip. Yolanda Ferrer, Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, Dip. Rolando González Patricio, Dip. Alfredo Asti, Asamb. Virgilio Hernández, Dip. I ris Marina Montenegro Blandón, Dip. Ángel Rodríguez Gamboa, H.D. Teodoro Ursino Reyes, Dip. Germán Becker, Dip. Rolando González Ulloa y Sen. Alfred Marlon Sneek. Concluidas las deliberaciones se acordó votar por un texto que reúna elementos de los dos proyectos presentados, cuya versión final quedó a cargo del Secretario Ejecutivo quien tomó debida nota de las modificaciones definidas. La Junta aprobó la resolución con las siguientes abstenciones: Aruba, Curazao y San Martin que requieren consultas previas; y, Chile, México y Paraguay. Respecto de Paraguay, el Sen. Víctor Bogado González aclaró que si bien él en lo personal está a favor de Venezuela, debe abstenerse debido a que el Congreso Nacional de Paraguay -las dos cámaras- ya adoptó una posición en relación con el tema. A continuación la Secretaria general puso en conocimiento de la Junta el calendario electoral de la región en los próximos meses y solicitó a los miembros de la Junta sus buenos oficios para que el Parlatino sea invitado como observador a esos procesos electorales. El Presidente Castillo agradeció a la delegación argentina y a la Sen. Liliana Fellner por el video que distribuyeron sobre la cobertura por parte de Parlatino Web TV de las actividades conmemorativas del cincuentenario del Parlatino, y reitera el profundo reconocimiento de la Presidencia, la Mesa y la Junta por el valioso aporte del Senado argentino y su apoyo técnico y financiero a la iniciativa Parlatino Web TV. El Presidente Castillo solicitó que quienes deseen ser invita dos a la inauguración de la VII Cumbre de las Américas así lo indiquen para proceder a hacer los trámites del caso. Sobre dicho evento informó que se cursó una nota a todos los presidentes de la región, a través de las respectivas embajadas, poniendo a disposición las instalaciones de la sede para eventuales visitas de cortesía, reuniones bilaterales u otros asuntos. Reiteró a los miembros de la Junta el pedido de sus buenos oficios para que apoyen esa gestión. La Secretaria General dispuso que se distribuya el timbre postal emitido por México con oportunidad del cincuentenario del Parlatino y solicitó que se deje constancia de ello. El Secretario Ejecutivo dio lectura a una nota enviada por el Presidente de la Asamblea Nacional de Panamá y Vicepresidente del Parlatino por dicho país, diputado Adolfo Valderrama, en la cual solicita en nombre del Parlamento panameño, que en las próximas elecciones de los miembros de la Mesa, independientemente de cuál sea la fórmula o cuáles sean las personas que se postulen, se considere la posibilidad de que el diputado Elías Castillo ocupe la Secretaría General, en atención a las valiosas gestiones que ha venido realizando ante las autoridades del país y extranjeras en beneficio del fortalecimiento del Parlamento Latinoamericano y de su sede permanente. En la nota, el Dip. Valderrama subraya que hace el pedido con base en los altos méritos del Dip. Castillo a pesar de que pertenecen a partidos diferentes: el Dip. Valderrama con el Gobierno y el Dip. Castillo en la oposición. (Aplausos). La Secretaria General expresó que, con oportunidad del asunto que acaba de ser enunciado, desea manifestar que no es ajeno a los miembros de la Junta su interés de postularse a la Presidencia de la Mesa en las próximas elecciones del Parlatino . Entiende que será a través del diálogo político entre los miembros que se arribará a una decisión al respecto y que por lo pronto agradece la oportunidad que ha tenido de servir a los intereses del Organismo y de la región a través de la Secretaría General. Concluyó informando que el asunto que acaba de plantear ya es de conocimiento del Parlamento mexicano, el cual lo apoya y en breve hará la postulación formal. El Secretario Ej ecutivo dio lectura a los procedimientos establecidos en el Estatuto y Reglamento del Parlatino en los artículos 18 y 65 respectivamente, para presentar candidaturas a los cargos en la Mesa Directiva, y solicitó a todos los miembros de la Junta que hagan conocer oficialmente las candidaturas de cada país. Habiéndose agotado el tratamiento del Orden del día, se dio por concluida la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano. Sin otro particular, Se despide atentamente (Fdo.): GERMÁN BECKER ALVEAR, Diputado de la República”. Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos: http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=14542&formato=pdf -Estado de cuotas pendientes al 28 de Febrero de 2015. Informe de Secretaría de Comisiones. -Informe Presidente, Diputado Elías Castillo. Informe Senadora Blanca Alcalá Ruíz. -Acuerdo marco de Dialogo Político, Gestión Interparlamentaria y Cooperación Interinstitucional entre el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino, Ciudad de Panamá. -Informe ParlAmericas. -Documento Base - Las Relaciones Económico - Financieras entre América Latina y el Caribe y la República Popular de China- Presente y Respectivas- Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional. Aprobada en Panamá, el 26 de septiembre de 2014. -Proyecto de Ley Marco “Por la que se Regula, Controla y Fiscaliza el Uso y Aplicación de Sustancias de Rellenos en Tratamientos con Fines Estéticos en América Latina” Comisión de Salud, Aprobada en reunión realizada en la Habana, Cuba, en Septiembre de 2014. -Proyecto de Ley Marco “Protección del Medio Ambiente Marino Costero, en Especial los Sistemas Ecológicos de Arrecifes de Coral, Manglares y Praderas Marinas”. Comisión de Medio Ambiente y Turismo, aprobada en la reunión realizada en la Habana, Cuba, en septiembre de 2014. -Proyecto de Profesionalización de Fuerzas de Seguridad Ciudadana en el Marco de las Conflictividades Sociales del Siglo 21, aprobada en reunión conjunta Comisión de Seguridad Ciudadana con la Comisión de Derechos Humanos en noviembre 2014. Proyecto de Ley marco de Ecoturismo en Áreas Protegidas. Comisión de Medio Ambiente y Turismo, aprobada en reunión realizada en Panamá, en diciembre de 2014. Proyecto de Ley Marco: Propuesta para el estudio de Armonización Legislativa sobre Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes Hospitalizados o en Situación de Enfermedad en América Latina y el Caribe, Comisión de Educación, diciembre 2014. 32. INFORME DEL DIPUTADO SEÑOR KORT SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO LATINOAMERICANO PÚBLICO-PRIVADO SOBRE ENERGÍAS SUSTENTABLES, LLEVADO A CABO EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL, LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL DE 2015. “Valparaíso, 22 de abril de 2015 INFORME MISIÓN OFICIAL Señor Marro Antonio Núñez Loz.ano Presidente Cámara de Dipc1tados Presente, Estimado señor Presidente, Junto con saludarle, por la presente vengo en informar, en conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respecto del viaje en misión oficial al Latin America Public- Private Parlamenrships Wörkshop on Energy Storage for Sustainable Development realizados en Río de Janeiro, Brazil, en 16-17 de abril de 2015. El evento fue organizado por The Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP) y United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribean (Cepal-Eclac). La Cepal, Comisión Económica para Latinoamerica y el Caribe, es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, cuyos objetivos son contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo ha participado e invitado a participar a diversas autoridades locales y regionales en múltiples instancias nacionales, regionales y mundiales en el análisis, promoción, y sobre temas relacionados con la Energía en América Latina y el Caribe. Al respecto, con el fin de generar un foro de discusión a nivel político para consolidar la cooperación horizontal e internacional sobre la materia, identificando las mejores prácticas en el diseño de políticas de uso racional y sostenible de la energía y particularmente sobre almacenamiento energético en los países de la región y de las diversas regiones del mundo, fui invitado a participar en mi calidad de presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano y miembro permanente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. La agenda fue estructurada de la siguiente manera: APRIL, 16TH 9.30 hrs. - 10.30 hrs Opening Remarks by the Panel of Honour -Mr. Elisabeth Thompson, Senior Advisor to the CEO of the Sustainable Energy for All initiative -Mr. José da Costa Caravalho Neto, CEO of Electrobras and Chaiman of GSEP, Brazil -Mr. Ricardo Sánchez, Acting Chief, NRID-UN Economic Commission for Latin American and the Caribbean (Cepal-Eclac) -Ing. Hamilton Moss, Vice President on Energy, CAF -Hon. Issa Kort, presidente, Energy Commission, Latin american Parliament -Dr. Christiph Bundscherer, Head of the Departament for Economic Affairs and Global Issues, Embassy of the Federal Republic Germany. In Brazil 11.00 hrs - 13.00 hrs Session 1: Global Perspectives on Energy Storage Chairperson: Manlio F. Coviello, Eclac Speaker will share their perspectives on energy storage technologies, how they can create benefits and value, and the state of their maker in Latin American. The panel will also address how rueles and State Policies can open the market. -Ing. Luis Fernández Zaya, Director General, Electrical Research Institute, México -Dr. Prof. Andreas Hauer, Specialist, Bavarian Center for Applied Energy REsearch, Germany -Mr. Mauricio Acevedo, Energy Coordinator, Ministry of Industry, colombia -Mr. Eduardo Noboa, General Director, National Institute for EE and Renewable Energy, Ecuador -Mr. Ramón Méndez, National Director of Energy, Uruguay -Eng. Livio Gallo, Chief Operating Officer Infrastructure and Networks, Enel, Italy (tbc) 15.00 hrs. - 17.45 hrs. Session 2: Energy Storage as a Game Changer in Increasing the Internation of Renewable, System resilience and Energy Access Chairperson: Luiz Augusto, Electrobras The development of more reposnsive and more flexible energy systems is essential to increase the share of renewables in the global energy mix and extendiang access of reliable electricity for the still non-served populations. The panel will address this critical issue and discusss the deployment of electricity storage technologies as a game changer in accelerating the implementation of renewables in the region and improving resilience of decentralized or utility systems. Case studies will he presented. -Eng. Fernando Díaz, Director of Electricity, Energy Secretariat, Panamá. -Mr. Pedro Luiz de Oliveira Jatoba, Chairman, International Affairs Area, Electrobras, Brazil -Eng. Oscar Ferreño, Generation and International Generation Coordination Manager, Commission for Regional Energy Integration, CIER -Mr. Acher Mosse, Country Manager, Electric Power Research Institute, EPRI, USA -Ms. Renata Ferreira, Director of Communications, Iberdrola, Brazil -Mr. Fabio Stacke Silva, R&D Manager, PhD, Aneel, Brazil -Mr. Mauricio Bezzeccheri, Head of Latin America Area, Enel Green Power Group, Brazil APRIL, 17 TH 09.30 hrs. - 12.00 hrs. Session 3: Breakthroughs and State-of-the-Art Technologies in Energy Storage -Chairperson: Michael de Nigris - Presidente, Isgan D. -Significant advance are expected to be made in the future to develop more effective and competitive energy storage technologies and to deplory thema at a larger scale. Panelists will discurss the efforts of research that are underway and their expectation in terms of a breadkthrough in new technologies international case studies will be presented. -Mr. Rene Castro Salazar, Profesor, Incae, Costa Rica -Dr. Brice Chung, Energy storage specialist, MT, USA -Dr. Prof. Andreas Hauer, Specialist, bavarian Center for Aplied Energy Research, Germany -Ms. Daniela Desormeaux, Presidential Lithitm Commission, Chile. 14.00 hrs. - 15.30 hrs. Session 4: Financiacing and Creating Incentive for R&D in Energy Storage Technologies Chairperson: Rainer Schroeer, Director, Energy Efficiency and Renewables, GIZ/Chile Energy storage is a central piece of the infrastructure that is needed to supper the global energy transition and to achivie the climate and universal access goals However, much more capital will be require in R&D to allow the deployment of storage technologies in a competitive way and at a larger scale. This panel willl address the financing dimension of energy storage and the creation of incentives for innovation in this field. The opportunity to use PPPs to accelerate the efforts in R&D will also be examined. -Mr. José Luis Lima Reina, Research Associate/Intelis, Universty of Chile, Chile -Ing. Hamilton Moss vice President of Energy, CAF -Mr. Ernesto Macías Galan, President, Allaince for Rural Electrification, ARE -Ms. Rosa María Argomedo, Chief, Energy Access and Energy Equity Division, MInistry of Energy, Chile 15.30 hrs. - 16.00 hrs. Closing Session: Final Round Table -Chairperson: Martine Provost, Executive Director, GSEP Se despide atentamente, (Fdo.). ISSA KORT GARRIGA, Diputado de la República”. Adjuntos en: http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=14544&formato=pdf: -Carta de invitación al Latin America Public-Private Partnerhips Workshop on Energy Storage for Sustainble development April 16-17, 2015. Río de Janeiro, Brazil -Intervención Issa Kort Garriga, diputado de la República de Chile. Presidente Comisión Energía y Minas del Parlamento Latinoamericano -Almacenamiento de Energía para un Desarrollo Sustentable, Serie Minutas N° 26-15, 13/04/2015. Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones. BCN, julio Vega Pais. 33. INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN PARLAMENTARIA INTEGRADA POR EL DIPUTADO SEÑOR NÚÑEZ, DON MARCO ANTONIO, Y LA DIPUTADA SEÑORA NOGUEIRA, EN LA REUNIÓN DE PRESIDENTES DE PARLAMENTOS DE UNASUR. “Honorable Cámara. Tengo a honra informar acerca de la participación de la delegación de parlamentarios que concurrió a la Reunión de Presidentes de Parlamentos de Unasur, integrada por el señor Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, y la diputada señora Claudia Nogueira. I.- ACTIVIDADES BILATERALES 1. Tal cual estaba previsto, la delegación parlamentaria chilena encabezada por los presidentes del Senado, Patricio Walker y de la Cámara, Marco Antonio Núñez, acompañados de la Diputada Claudia Nogueira y delegación, cumplió una visita de trabajo a Ecuador el viernes 10 de abril recién pasado. El objetivo principal de la misma, fue participar en la segunda Reunión de Presidentes y Presidentas de Parlamentos organizada por la Asamblea Nacional de Ecuador en conjunto con Unasur, aprovechándose la ocasión para sostener encuentros de carácter bilateral. 2. Por la mañana de ese día la delegación parlamentaria desarrolló una apretada pero sustantiva agenda de reuniones con la Presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, luego con la asambleísta Diana Peña, Presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuatoriano Chileno y sus integrantes, para más tarde concluir con un importante encuentro con el Vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien se encontraba acompañado del Canciller Ricardo Patiño. 3. Si bien las dos primeras reuniones tuvieron por propósito conocer aspectos del evento de Presidentes y Presidentas de Parlamentos e intercambiar ideas acerca del desarrollo del diálogo político para la construcción del Parlamento Suramericano y la coordinación interparlamentaria en temas prioritarios de la agenda de integración regional, ambas autoridades legislativas chilenas se dieron tiempo para tratar aspectos de la agenda bilateral y asuntos referidos a la situación en Chile, especialmente los temas asociados a los desastres naturales que han afectado al país y la respuesta del gobierno de la Presidenta Bachelet así como el desarrollo de asuntos políticos y parlamentarios internos. Sin perjuicio de ello, ambas autoridades legislativas nacionales aprovecharon los encuentros para informar a sus contrapartes de la posición de nuestro país respecto de la demanda planteada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. 4. En el encuentro con el Vicepresidente Glas y el Canciller Patiño, la autoridad ecuatoriana junto con enviar un saludo solidario al gobierno y pueblo de Chile por las catástrofes que han afectado al país últimamente, se refirió en detalle a los trabajos a los que está abocado en materia de cambio de matriz productiva, destacando el especial empeño que el gobierno del Presidente Correa está imprimiendo en el cambio de matriz energética, destacando en este plano la reciente apertura del túnel de conducción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. 5. Por su parte el Senador Walker aludió a la situación en Chile en términos generales y a los propósitos de su presencia en Ecuador para participar en la reunión parlamentaria y le reiteró la invitación al Vicepresidente Glas para que visite Chile próximamente con el propósito de fortalecer y ampliar la agenda bilateral. II.- REUNIÓN DE PRESIDENTES Unasur Luego se dio paso a las ceremonias y reuniones de Presidentes y Presidentas de Parlamentos en la sede de Unasur, localizada en la ciudad Mitad del Mundo, presidida por Ernesto Samper, Secretario General de la entidad, acompañado de Gabriela Rivadeneira, y de Presidentes y Presidentas de Parlamentos y legisladores provenientes de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Suriname así como representantes diplomáticos de Venezuela y Uruguay. En la ocasión, y refiriéndose al Parlamento de Unasur, Ernesto Samper afirmó que “la idea es crear una institución con la capacidad de dictar normas de aplicación regional”, agregando que, sin embargo, todavía faltaba tiempo para que este llegue a tener todas sus atribuciones, añadiendo que “cada Congreso tiene que ceder, de alguna manera su soberanía legislativa, para que ese nuevo órgano tenga capacidad sobre materias de integración, de trazar normativas”. Respecto a la capacidad legislativa explicó que se considera que cada disposición que se acuerde debe pasar por los poderes legislativos de cada uno de los países miembros de Unasur. “De hecho algunos de ellos han sido bastante efectivos en aprobar normas que tienen regionalidad, como Argentina, por ello lo que buscamos es concertar con ellos su mecanismo para que esas normas se puedan tramitar a través de los Congresos; queremos llevar el mensaje de que acompañen la aprobación de estas iniciativas de carácter legislativo, como por ejemplo, un proyecto bandera de Unasur que es el tema de la ciudadanía suramericana”. El Secretario General también sugirió a los presidentes de parlamentos presentes avanzar en acuerdos como el pasaporte sudamericano y en la homologación de títulos profesionales o las certificaciones estudiantiles y sobre capacidad de movilización con fines turísticos. Al finalizar su intervención, junto con recalcar que la iniciativa parlamentaria pretende materializar la idea prevista en el Tratado Constitutivo de Unasur, de contar con un Parlamento Suramericano, afirmó que con ello el organismo es una Unión que trabaja por la integración suramericana. “La presencia de los representantes de los Parlamentos Suramericanos confirma que Unasur es una Unión de Naciones”, concluyó señalando. Junto a otras intervenciones, como la de la Presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, quien anunció la presentación en el Pleno de la Asamblea Nacional de una propuesta de resolución que reconozca al 17 de abril como el día en que se funda Unasur en Ecuador, destacaron los planteamientos de Presidente del Senado de Chile, Patricio Walker y del Presidente de la Cámara, en el sentido de valorar la importancia de contar con una estructura parlamentaria eficiente que dé cuenta los nuevos temas y desafíos que demanda la agenda regional y el proceso de integración. La Presidenta de la Asamblea legislativa Plurinacional de Bolivia, Gabriela Montaño, que se incorporó tardíamente a la reunión, junto con entregar su pleno respaldo a los trabajos de la Asamblea Nacional de Ecuador y de Unasur en estas materias, informó del estado de avance de las obras de construcción del edificio del Parlamento Suramericano en la ciudad de Cochabamba, destacando que las obras marchan conforme a lo planeado y que serán entregadas en su primera fase (centro de convenciones, el edificio de plenarias y el área urbana) en diciembre de este año y completamente terminadas a mediados del 2016, agregando que el proyecto se emplaza sobre una superficie de 430 hectáreas y, hasta el momento, involucra una inversión de US$ 62 millones. Más tarde, y en dependencias de la Asamblea Nacional, se dio paso a la reunión “Mesa de Diálogo y Convergencia de Presidentas y Presidentes de los Parlamentos Nacionales de los Países de Unasur, en donde, junto a Gabriela Rivadeneira, se encontraban presentes: Gabriela Montaño, Presidenta de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia; Patricio Walker Prieto, Presidente del Senado de Chile; Marco Antonio Núñez, Presidente de la Cámara de Diputados de Chile; Hugo Velásquez, Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay y Jennifer Simmons, Presidenta de la Asamblea Nacional de Surinam. Asimismo estaban presentes: Horacio Petragalla, Presidente del Grupo de Amistad con Ecuador y delegado del Presidente de la Cámara de Diputados de Argentina y Juan Manuel Abal Medina, delegado del Presidente del Senado de ese país. En términos generales, los personeros presentes, juntos con recordar que esta cita retomaba los puntos dejados en la Mesa de Diálogo realizada en diciembre de 2014, en la cual los presidentes de los parlamentos de Surinam, Bolivia, Uruguay y Ecuador resolvieron avanzar en la concreción del Parlamento de la Unasur, cuya sede permanente se construye en Cochabamba, Bolivia, plantearon la conformación de un equipo político integrado por un parlamentario o parlamentaria designado por cada uno los legislativos de los países de Unasur, cuyos nombres debieran conocerse, como fecha tope, el 25 de abril próximo. Con ello se esperaba conformar una mesa política para la discusión y trabajo en torno a la convergencia y a la creación de los mecanismos de integración de Unasur en el ámbito parlamentario. Otros puntos de acuerdo fueron: a. Desarrollar reuniones de la mesa técnica en los meses de junio y noviembre de este año, previo a la reunión de la Mesa de Diálogo y Convergencia de Presidentas y Presidentes de Parlamentos Nacionales de los Países de Unasur. b. Recoger las observaciones planteadas por los Presidentes y Presidentas al documento desarrollado por la mesa técnica, destacando los elementos planteados para la discusión y decisión política. c. Aceptar los insumos del documento de ciudadanía suramericana presentado por la mesa técnica ad – hoc y; d. La realización de una nueva reunión de la Mesa de Diálogo y Convergencia de Presidentes y Presidentes de Parlamentos Nacionales de los Países de Unasur en Cochabamba durante la primera semana de noviembre próximo. (Fdo.): MARIO REBOLLEDO CODDOU, Abogado Secretario Presidencia Cámara de Diputados”. 34. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015. “Honorable Cámara: Tengo a honra informar acerca de las actividades del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante el mes de abril del año 2015, de conformidad con lo solicitado por Cancillería en orden a mantener informada a la Corporación. 1.- Conultas sobre Siria referente a los avances en la implementación de la resolución 2118 (2013) para la eliminación del Programa de Armas Químicas de la República Árabe Siria. Informa la Alta Representante para Asuntos de Desarme, Sra. Angela Kane (Alemania). (Jueves 2 de abril). Antecedentes: Estas consultas se celebran en observancia a la obligación establecida en la resolución 2118 (2013), consistente en el deber del Secretario General (SG) de informar mensualmente al Consejo de Seguridad (CS), los avances en la eliminación de armas químicas y sus sistemas vectores en la República Árabe Siria. El décimo octavo informe de la Secretaría Técnica de la OPAQ, dio cuenta de los avances en la destrucción de un promedio de un 98% de las sustancias químicas de categoría 1 y 2, incluyendo Isopropanol destruido previamente en Siria y, por otra parte, la destrucción de 3 de las 5 instalaciones subterráneas de producción de armas químicas (IPAQ) y la finalización de los preparativos para la destrucción de 5 de los 7 hangares. Asimismo destaca el Tercer informe del Grupo de Evaluación de la Declaración y la cooperación del Gobierno sirio para esclarecer las características del programa de armas químicas, la que deberá continuar trabajando para subsanar las brechas aún existentes, como son la información referente a los agentes químicos destruidos y/o utilizados previamente a la adhesión del país a la Convención y la reconversión y utilización exacta de municiones y sistemas vectores. Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. 2.- Briefing y consultas sobre la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (Minusma). Participa el Secretario General Adjunto del Departamento de Operaciones de Paz, Hervé Ladsous (Francia). (Jueves 9 de abril). Las negociaciones de paz que se están desarrollando en Argelia entre el Gobierno de Mali y los grupos armados (2 coaliciones) han visto cierto avance en las últimas semanas. Se firmó un acuerdo inicial con la primera coalición (la “Plataforma”) el 1 de marzo, pero las discusiones con la segunda (la “Coordinación”) fueron suspendidas por falta de acuerdo en asuntos de seguridad. Respecto la situación en terreno, el 19 de febrero el Gobierno firmó un acuerdo de cese al fuego con ambas coaliciones. Sin embargo, la situación de seguridad sigue volátil y peligrosa – el personal de Minusma continua siendo un blanco de ataques por parte de grupos terroristas afiliados con Al Qaeda, entre ellos Al-Qaida en el Magreb Islámico. Lo anterior causó la muerte de dos cascos azules de Chad y varios civiles. Minusma fue establecida a través de la resolución 2100 (2013) para apoyar el proceso político y contribuir a los esfuerzos del Estado en materia de seguridad y protección de los derechos humanos. Es actualmente una de las más peligrosas del Sistema: en 2014, 28 cascos azules murieron por la violencia, la cifra más alta en un año determinado para una misión de paz desde Somalia II en 1994. Acción del Consejo de Seguridad: no tomará acción. 3.- Briefing seguido de consultas sobre la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA). Informa el Representante Especial del Secretario General en la República Centroafricana (RCA) y Jefe de la Minusca, Sr. Babakar Gaye (Senegal). (Martes 14 de abril). Antecedentes: Los miembros del Consejo de Seguridad (CS) revisaron el último informe del Secretario General (SG) sobre la situación en la RCA (S/2015/227). El documento informa sobre los principales acontecimientos políticos y humanitarios del país, así como de la implementación del mandato de la Minusca. De acuerdo al Informe del SG, el proceso transicional de RCA continúa presentando desafíos en materia de Derechos Humanos, seguridad y control del territorio por parte del Estado. La situación política sigue siendo inestable y la crisis humanitaria es de gran preocupación. Los grupos armados operan y ejecutan ataques contra de la población civil, motivados por diferencias étnicas y religiosas, situación que mantiene al país dividido. Actualmente, hay más de 2.700.000 personas que requieren de asistencia humanitaria urgente. Durante el mes de marzo se adoptó la Resolución 2212 (2015), la cual contó con el apoyo de Chile. Esta resolución autoriza un aumento del contingente de efectivos militares, de policía y de funcionarios de prisiones de Minusca. El próximo 30 de abril vence el mandato de Minusca. Se espera que el 28 de marzo se apruebe una resolución que prorrogue la Misión por un año. Entre las principales medidas a adoptar, cabe mencionar, el refuerzo en la protección de los civiles, así como la renovación de las medidas urgentes de carácter temporal y el apoyo a las autoridades de transición en el establecimiento del Tribunal Penal Especial de jurisdicción nacional. Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. 4.- Briefing sobre Mujer, Paz y Seguridad (Res. 1325/2000). Informa la Representante Especial sobre la violencia sexual en los conflictos, Sra. Zainab Hawa Bangura (Sierra Leona). (Miércoles 15 de abril). Antecedentes: En este Debate Abierto sobre Mujer, Paz y Seguridad, el CS analizará el último Informe del SG sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos (S/2015/203), el cual refleja un año marcado por graves hechos en el contexto del extremismo violento de diversos grupos terroristas y armados, como es el caso de Boko Haram. Este tipo de violencia, que es utilizada sistemáticamente como táctica de guerra, se da también en situaciones de discriminación por razones de género, que deben ser abordadas por el CS dentro del ámbito de sus competencias. En sus recomendaciones, el SG insta al CS a coordinar esfuerzos para hacer frente al extremismo violento; así como a la integración en la labor de los comités de sanciones, la cuestión de la violencia sexual; generar condiciones que permitan la rendición de cuentas de los responsables de estos crímenes. Se espera que la intervención de las delegaciones se centre en la necesidad de consolidar mecanismos efectivos para disminuir los casos de violencia contra la mujer, y principalmente, en la importancia de promover y fomentar la participación de las mujeres en el establecimiento de mecanismos de prevención en las comunidades afectadas, con el apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Chile se centró en el cumplimiento e implementación a nivel nacional de la Resolución 1325 y respecto a los Planes de Acción Nacional. Se efectuó una reflexión sobre los crecientes riesgos y amenazas que implican los actos criminales de violencia sexual, que exigen una acción colectiva concertada para garantizar dignidad y derechos y una participación eficaz en los temas de paz y seguridad, desde la perspectiva de la prevención, respuesta inmediata y post-conflicto. El empoderamiento de las mujeres en estas materias es un desafío frente al cual, el CS tiene la responsabilidad de actuar con eficiencia, y así lo demandó Chile en el Debate sobre Protección de Civiles en los conflictos armados: Mujeres y Niñas, durante la presidencia de nuestro país. Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. 5.- Debate Abierto sobre Medio Oriente, con particular énfasis en la situación de los territorios palestinos ocupados. Informará el Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon (República de Corea). (Martes 21 de abril). Antecedentes: Este debate trimestral sobre Medio Oriente, tendrá un especial énfasis en la situación de Israel y Palestina. La sesión será presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Sr. Nasser Judeh. Chile busca impulsar una nueva dinámica en el seno del CS que intente superar el status quo del proceso negociador. En esta línea, Francia ha dado señales políticas en orden a asumir un liderazgo, y es posible que presente un proyecto de resolución que fije un marco temporal para el retiro de las tropas de Israel, y asimismo, reactive las negociaciones entre las Partes. Nueva Zelandia tendría una preocupación análoga, y también estaría interesada en materializar su visión del conflicto en un proyecto de resolución. El esafío es constituir un referente negociador que incluya a los P5, la Liga de los Estados Árabes, y la Unión Europea (UE), lo cual podría significar una exclusión del Cuarteto para el Medio Oriente. El tema central seguirá siendo la posición que asuma EE.UU y la manera en que los palestinos se acomoden en un nuevo contexto negociador. Finalmente, cabe señalar que la delegación de Palestina en ONU, ha manifestado el interés de que nuestro país, Nueva Zelandia y España realicen una contribución concreta, posiblemente a través de un grupo de amigos, para promover un pronunciamiento del CS que motive la reconducción del proceso de negociaciones. Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. 6.- Consultas para renovar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental (Minurso). Informarán el Representante Especial del Secretario General para Sáhara Occidental y Jefe de la Minurso, Sr. Kim Bolduc (Canadá), y el Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, Sr. Cristopher Ross (Estados Unidos). (Miércoles 22 de abril). Antecedentes: Las consultas se celebran en virtud de la 2152 (2014), que renovó el mandato de la Minurso hasta el 30 de abril de 2015. Se espera que las consultas se centren en el último informe del Secretario General (S/2015/246), el cual da cuenta de los avances de la diplomacia itinerante desplegada por el Enviado Especial Sr. Cristopher Ross, que ha concretado importantes acercamientos entre el Frente Polisario, brazo político del pueblo saharaui, y el Gobierno del Reino de Marruecos. El informe destaca las reformas emprendidas por Marruecos en su sistema judicial, referente a la erradicación de las judicaturas militares, así como a su mayor disposición para cooperar con el Consejo de DD.HH. Se prevé una renovación de Minurso en términos similares a lo dispuesto en la resolución 2152 (2014), esto es, sin incorporar un sistema de monitoreo permanente de los DD.HH. No obstante, es de suponer que la resolución contemple algunas de las recomendaciones formuladas por el SG, que recomiendan una adecuada actualización e implementación de estándares internacionales en esta materia. Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. 7.- Briefing seguido de Consultas sobre el Comité de Sanciones 1572 relativo a Côte D’Ivoire. Informa el Presidente del Comité de Sanciones 1572, Embajador Cristián Barros (Chile). (Martes 22 de abril). Antecedentes: Tras la guerra civil de 2002 y la formación de un gobierno de coalición, a comienzos de 2004, se produjeron una serie de persecuciones raciales y religiosas por parte de los partidarios del ex Presidente Gbagbo, situación que culminó con la intervención de Naciones Unidas que estableció posteriormente un Comité de Sanciones. La crisis se agudizó en 2010, tras el no reconocimiento de los resultados presidenciales por parte de Gbagbo y el llamado a perseguir a los partidarios del Presidente electo Ouattara. El último informe de Grupo de Expertos señaló que el régimen de sanciones sigue siendo útil para la estabilidad de Côte D’Ivoire y la región, particularmente en materia de avances en la extracción de recursos naturales (cacao y diamantes). A pesar de los progresos, el Grupo observa con preocupación la gran cantidad de armas no registradas, y otras fuera del control del gobierno, como es el caso de las armas en posesión de grupos de extorción y tráfico, dirigidos por ex militares pro Gbagbo (ex-comzones). Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. 8.- Debate Abierto, Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: el papel de los jóvenes en la lucha contra el terrorismo violento y la promoción de la paz. (Jueves 23 de abril). Antecedentes: Organizado por la delegación de Jordania, tiene el propósito de abordar cómo ha afectado el fenómeno del extremismo violento a la juventud, en vista del ostensible aumento de la adhesión a causas extremistas y radicales en el último decenio. Esta situación ha quedado de manifiesto con el continuo reclutamiento de jóvenes en organizaciones terroristas tales como el Estado Islámico de Iraq y el Levante, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Ansar Al Sharia y el Frente al Nusra. Nuestro país ha destacado la importancia de combatir aquellos factores que conducen a la radicalización de la juventud. En este sentido, hemos subrayado la importancia de prevenir la exclusión social y económica de los jóvenes, instando a la Comunidad Internacional a continuar promoviendo esfuerzos en la efectiva aplicación de las resoluciones 1624 (2005) y 2178 (2014). Finalmente, en virtud de la invitación extendida por la Presidencia del CS, se espera que las delegaciones compartan experiencias sobre las iniciativas emprendidas en materia de inclusión de la juventud en procesos económicos, políticos y sociales, con miras a fortalecer nuestras democracias y combatir de manera efectiva el avance del extremismo ideológico. Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. 9.- Briefing seguido de consultas sobre la situación humanitaria en Siria. Informa la Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia, Sra. Valerie Amos (Reino Unido). (Viernes 24 de abril). Antecedentes: Esta reunión informativa tiene lugar en virtud de la resolución 2139 (2014), que condena enérgicamente las violaciones generalizadas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por todas las Partes en conflicto, estableciendo la obligación del Secretario General de informar cada 30 días sobre los avances en la implementación de la citada resolución, así como de las resoluciones 2165 (2014) y 2191 (2014). Tras cumplirse 4 años desde el inicio de esta crisis, continúa alarmando el significativo aumento de civiles en estado de necesidad. Esta crisis ha dejado a más de 10,5 millones de personas en calidad de desplazados, de los cuales 6,5 millones corresponden a desplazados internos y más de 3,5 millones a refugiados. Se espera que la reunión informativa se centre en la realidad humanitaria que afecta a mujeres y niños, quienes han sido víctimas de violencia sexual, reclutamiento en grupos terroristas y prácticas de tortura. Se ha denunciado el constante bombardeo y destrucción de recintos educacionales, lo cual contribuye a incrementar la situación de desamparo de los miles de niños afectados por esta crisis. Otro aspecto que debe ser abordado, son las denuncias acerca del supuesto uso de gas cloro por las Fuerzas del Gobierno en el norte del país, en las regiones de Aleppo e Idlib, en donde se habrían registrado 8 ataques entre febrero y marzo del presente año, en contra de las Resoluciones 2118 (2013) y siguientes del CS, que condenaron y prohibieron el uso de armas químicas en Siria. Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. 10.- Consultas sobre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), resolución 1559/2004. Informa el Enviado Especial del Secretario General para la Aplicación de la resolución 1559, Sr. Terje Road Larsen (Noruega). (Martes 28 de abril). Antecedentes: Las consultas se celebran en virtud de la resolución 1559 (2004), que establece la obligación del SG de informar. El último informe del SG (S/2015/258), deja constancia de la ausencia de progresos en la aplicación de las disposiciones de la resolución, destacándose la creciente preocupación por los efectos que han tenido las presiones ejercidas sobre la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del Líbano. En relación al proceso de transición política, se da cuenta de la vacancia de la Presidencia del Líbano por cerca de un año. Si bien se reconocen los esfuerzos del Primer Ministro Tammam Salam y de su gabinete, para continuar con la marcha de la administración, el SG ha manifestado su preocupación por la falta de progresos concretos en la elección de un nuevo presidente. En relación a la crisis Siria, el informe del SG subraya los negativos efectos que ésta ha tenido sobre la seguridad y estabilidad del Líbano. Las fuerzas armadas libanesas han continuado enfrentando una serie de incidentes transfronterizos en las zonas septentrional y oriental. El Líbano alberga el mayor número de refugiados per cápita del mundo, 1.168.000 refugiados sirios registrados. Durante la reunión ministerial organizada por el Gobierno de Alemania, a fines de 2014, el Grupo Internacional de apoyo al Líbano manifestó la carga que representaba para este país acoger este número de refugiados, llamando a la Comunidad Internacional a prestar una mayor cooperación. Es de esperar que las consultas se centren en el grave empeoramiento de la seguridad registrado en enero, al borde la Línea Azul, así como en la proliferación generalizada de armas fuera del control del Estado, factores que se suman a la presencia de milicias y organizaciones radicales fuertemente armadas (Frente al Nusra). Finalmente, es previsible que las delegaciones formulen preguntas sobre posibles medidas para dar cumplimiento efectivo a la resolución 1559, en particular, para prohibir que Hizbullah, otros actores y grupos armados, adquieran más armas y continúen desarrollando actividad paramilitar fuera del control del Gobierno libanés. Acción del Consejo de Seguridad: No tomará ninguna acción. (Fdo.): JACQUELINE PEILLARD G., Dirección de Asuntos Internacionales”.