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El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
Diputados informantes de las Comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda son los señores Alejandro García-Huidobro y Ernesto Silva, respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 6415-08, sesión 8ª, en 24 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Primer Informe de la Comisión de Minería y Energía, sesión 22ª, en 3 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 2.
-Primer informe de la Comisión de Hacienda, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 21.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el subsecretario de Minería, señor Pablo Wagner.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Minería y Energía.
El señor GARCÍA-GUIDOBRO (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Minería y Energía paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras.
Debo aclarar que recoge las ideas matrices de una iniciativa presentada en el gobierno anterior y que ha sido consensuada por los equipos técnicos de los parlamentarios tanto de Gobierno como de Oposición. Eso se ha traducido en un apoyo prácticamente unánime a su articulado en las Comisiones de Minería y Energía del Senado y de la Cámara de Diputados, así como en ambas Comisiones de Hacienda.
Se trata de un proyecto que tendrá un alto impacto en el desarrollo de la minería y la sustentabilidad medioambiental. Se estima una inversión de más de 5 mil millones de dólares en los próximos años. En consecuencia, es la inversión medioambiental más importante en el área minera.
La iniciativa establece que una empresa minera no podrá iniciar construcciones que se encuentren comprendidas dentro de los proyectos de faenas o instalaciones mineras, sin la aprobación previa del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), respecto del correspondiente plan de cierre, el que no afectará en caso alguno el cumplimiento de las medidas y condiciones contenidas en la Resolución de Calificación Ambiental que rijan para los titulares de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se considera como sujeto pasivo de las obligaciones que se establecen a quien realiza la actividad minera, a quien efectivamente desarrolla un proyecto minero, a quien construye una faena minera y sus instalaciones y a quien explota, se beneficia y vende minerales. Tal sujeto pasivo es la “empresa minera”, calidad jurídica que puede o no recaer en el titular de la concesión minera.
El plan de cierre se define como el documento que especifica el conjunto de medidas que la empresa minera adoptará, con el fin de lograr el cierre de su faena e instalaciones en forma ordenada, eficiente, progresiva y oportuna, dentro del marco jurídico vigente, y considerando objetivos propios y adecuados a las características de la faena minera y su entorno, así como una programación global y de detalle de las actividades y sus costos.
El proyecto de ley prevé dos tipos de procedimientos para la aprobación del plan de cierre, según sea la capacidad de extracción de mineral de la faena o instalaciones. Si supera las diez mil toneladas mensuales, el procedimiento se denomina “de aplicación general”. Y si la mencionada capacidad es igual o inferior a diez mil toneladas mensuales, se prevé un procedimiento “simplificado”, asimilándose de esta forma al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental .
También establece que todo plan de cierre deberá ser cumplido de manera íntegra, cabal, eficiente, efectiva y oportuna por la empresa minera, sin perjuicio de que podrá contratar a un tercero para que lo ejecute por cuenta de ella, ya sea respecto de la totalidad o de cualquiera de las obligaciones que nacen del mismo.
Respecto de las infracciones y sanciones, se indica que el director del Sernageomin será la persona competente para la aplicación administrativa de este aspecto, dispuesto por la futura ley y su respectivo reglamento.
Asimismo, el proyecto prevé que los planes autorizados a través del procedimiento de aplicación general sean auditados cada cinco años por una empresa auditora inscrita en un registro especial que al efecto lleve el Sernageomin, con el fin de verificar e informar a éste sobre el cumplimiento del plan y su garantía.
Por lo tanto, una vez finalizado el ciclo de vida de una faena o instalación minera, e implementada la totalidad de las acciones comprometidas en el plan de cierre, la empresa minera sometida al procedimiento de aplicación general deberá presentar al Servicio un informe final de auditoría, que contendrá una descripción de las obras que permanecerán en el sitio, así como los demás antecedentes que estime conveniente, debiendo el Servicio pronunciarse sobre dicho informe.
Cumplidas las obligaciones legales y reglamentarias, el Servicio deberá emitir un certificado que acredite el cumplimiento del plan de cierre de la faena o instalación minera.
Se indica que todo plan de cierre de faenas o instalaciones, sometido al procedimiento de aplicación general, deberá incluir una garantía que asegure al Estado, en todo momento, la disponibilidad de fondos para cubrir, en forma exclusiva, los costos de las acciones, medidas y obras contempladas en los planes de cierre, cuando la empresa minera incumpla, total o parcialmente, las obligaciones que se contemplan.
Además, la garantía deberá ser aprobada previamente por el Servicio y otorgada nominativamente a favor del director, quien será su titular exclusivo y excluyente, con poder legal para girar contra o a cuenta de ella, disponer su liquidación y ejecución, o su devolución, total o parcial, a la empresa minera.
Las garantías serán inembargables, no podrán ser objeto de gravamen alguno y no formarán parte del derecho de prenda general de los acreedores de la empresa minera.
El monto de la garantía será determinado a partir del cálculo de los costos de la implementación total y definitiva del cierre de la faena o instalación minera, en un sistema de cierre anticipado, evaluado periódicamente. Este monto deberá incluir los costos de administración de contratos con un tercero, ya sea por parte de la empresa minera o del Servicio.
Además, el monto de la garantía deberá ser ajustado en caso de alguna modificación mayor de la faena o instalación minera, cambios en los costos de implementación del plan de cierre u otra circunstancia debidamente calificada y fundamentada por el director, según los criterios que se establecerán en el reglamento de la ley.
Se plantea que le corresponderá a la empresa minera determinar la o las formas en que se constituirá la garantía, pudiendo elegir entre los siguientes: efectivo, boleta bancaria de garantía, instrumentos financieros, tales como aquellos emitidos por instituciones financieras -ya sean letras de crédito, títulos garantizados, depósitos a plazo, bonos, etcétera-, los emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; bonos de empresas públicas o privadas o contratos de seguros, cumpliendo determinadas exigencias.
En cuanto a las empresas mineras sometidas al procedimiento simplificado, ellas no estarán obligadas a constituir garantía de cumplimiento de planes de cierre. Respecto de ellas, el Servicio velará por el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de cierre y por las que el mismo disponga durante la operación de la faena minera, a través de un estricto programa de fiscalización y monitoreo.
Se señala que para controlar la situación posterior de las faenas cerradas, se crea un fondo especial, cuya finalidad es el financiamiento de las medidas de seguimiento y control de riesgos o efectos negativos sobre las variables ambientales relevantes de las faenas mineras que han cumplido a cabalidad con sus respectivos planes de cierre.
Dicho fondo será administrado por el Servicio, sin perjuicio de las delegaciones que al efecto la futura ley autoriza, y estará formado: por los recursos que las empresas mineras deben entregar al Servicio para financiar las medidas de seguimiento y control respectivas, entrega que opera como condición necesaria para recibir el correspondiente certificado de cierre final; por el producto de las multas que el Servicio curse como consecuencia del ejercicio de las facultades que la presente ley le confiere, por las donaciones o asignaciones que le hicieren y por las erogaciones y subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, de las municipalidades o del Estado.
Además, se establece un sistema de aplicación progresiva para los proyectos mineros actualmente en operación, distinguiendo entre los que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental y los que no cuentan con ella, por encontrarse en operaciones antes de la entrada en vigencia de la ley N°19.300 y del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Por último, se plantea que al cierre de una faena o instalación minera, los gastos totales deducidos por causa del cumplimiento de su plan de cierre no podrán superar la suma de las cantidades efectivamente pagadas o adeudadas por tal causa o la suma de las cantidades garantizadas con dinero o instrumentos financieros por tal concepto.
Además, se prevé que aquello dará derecho a crédito fiscal por la adquisición de bienes o contratación de servicios necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas e instalaciones mineras.
Las idea matriz del proyecto es regular el cierre de faenas o instalaciones mineras para prevenir, minimizar o controlar los riesgos o efectos negativos que se generen sobre la salud y seguridad de las personas o del medio ambiente, con ocasión del cese de sus operaciones o que continúen presentándose con posterioridad a éste y a consecuencia suya.
Los artículos que deben ser calificados como normas orgánicas constitucionales, de acuerdo a lo aprobado por el Senado y ratificado por la Comisión, son: 4°, 6°, 7°, 9°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 y los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios del proyecto, en conformidad con lo prescrito en el párrafo séptimo del N° 24 del artículo 19, en relación con el inciso segundo del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la República, por cuanto imponen nuevas obligaciones a las empresas mineras, algunas de las cuales podrían ser titulares de concesiones mineras.
Asimismo, los artículos 44, 45 y 46 son normas que deben ser aprobadas con el quórum de ley orgánica constitucional, de conformidad a los artículos 66, inciso segundo, y 77 de la Carta Fundamental, ya que establecen una nueva atribución a los tribunales de justicia.
El proyecto no contempla normas de quórum calificado.
Los disposiciones que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación son: las letras b), c), e), f) h) e i) del artículo 5°, los artículos 20, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 47, 48, inciso segundo; 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58 y 59.
No hubo artículos rechazados ni indicaciones declaradas inadmisibles.
Se rechazaron cuatro indicaciones.
El proyecto se aprobó en general por la unanimidad de los diputados presentes señores Espinosa, don Marcos ; García-Huidobro, don Alejandro; Lemus, don Luis ; Marinovic, don Miodrag ; Rojas, don Manuel ; Ward, don Felipe , y de la diputada señora Goic, doña Carolina .
Adiciones y enmiendas aprobadas por la Comisión.
Las indicaciones más significativas introducidas en el seno de la Comisión fueron las siguientes:
En el artículo 2° se aseguró que la ejecución de las medidas del plan de cierre otorgue el debido resguardo a la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley. Indicación presentada por los diputados señores Espinosa , Lemus y la señora Goic .
En el artículo 3°, en la definición de “faenas mineras” de la letra i), se incorporó la siguiente frase: “baterías, equipamiento, ductos, oleoductos y gasoductos de hidrocarburos.”.
En la letra o), en la definición de “post cierre”, se aprobó una indicación para agregar la siguiente frase: “así como el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley.”.
En el artículo 4° se intercaló, entre las palabras “permiso” y “sectorial”, el vocablo “ambiental”.
En el artículo 10 se agregó que la extracción de 10 mil toneladas mensuales, para sujetarse al procedimiento de aplicación general, fuese por “faena minera”.
El artículo 13, que establece los requisitos del plan de cierre, fue objeto de las siguientes indicaciones:
A la individualización de la empresa minera, establecida en la letra a), se agregó la frase: “o el RUT del empresario minero, cuando sea una persona natural quien realice la explotación.”.
A la letra e), dentro de las medidas que la empresa proponga para su respectivo plan de cierre, se incluyó que éstas contemplen el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley.
Además, a este artículo se le introdujo una letra j), nueva, que establece que el plan debe contener” la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tales como información sobre infraestructura, monumentos nacionales, según definición de la Ley N° 17.288, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio arquitectónico y natural.
En el artículo 33 se agregó, a continuación de la frase: “La empresa minera”, “o el empresario minero”, y reemplazar la frase “es responsable” por “serán responsables”.
En el artículo 37, sobre las facultades fiscalizadoras, la Comisión incorporó una letra f), nueva, que permite al Sernageomin indagar o hacer preguntas a cualquier persona, oralmente o por escrito.
En el artículo 40, que establece las infracciones, sustituyó la expresión inicial “Entregar”, por la frase: “No entregar la información requerida o entregar”.
En el inciso segundo del artículo 43 se incorporó una precisión: las multas “deberán ser pagadas por el infractor dentro del plazo de diez días contado desde que la resolución se encuentre ejecutoriada.”.
El artículo 45 se modificó con el fin de facultar a la empresa o al empresario minero para reclamar ante la autoridad cuando consideren que la resolución del servicio que declara el incumplimiento del cierre de una faena minera no se ajusta a la ley o al reglamento.
En el artículo 49, que sólo consideraba a la empresa minera para la constitución de garantías, se incluyó al empresario minero.
Al artículo 50 se le agregaron dos incisos, sexto y séptimo nuevos. El primero es para efectos de establecer el monto de la garantía y, el segundo, para la valorización del plan de cierre respecto de las obras garantizadas conforme a lo establecido en el artículo 297 del Código de Aguas.
En el artículo 55, sobre la creación, administración y formación del fondo para la etapa de post cierre, se incluyó, dentro de sus fines, que debe propender al resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas, de acuerdo a la ley.
Finalmente, al artículo cuarto transitorio, se le incorporó un inciso segundo, nuevo, que establece: “Para efectos de la constitución de garantía de los proyectos mineros y de hidrocarburos que a la época de entrada en vigencia de esta ley se encontraren en operación, éstos se regirán por lo dispuesto en el artículo 49 y siguientes.”.
En nombre de la Comisión, agradezco la colaboración y asistencia del ministro de Minería , señor Laurence Golborne , del subsecretario, señor Pablo Wagner , de su jefe de gabinete, señor Juan Antonio Coloma , y del asesor legal, señor Franco Devillaine . También al Presidente de la Sonami , señor Alberto Salas , y a los representantes de la mediana minería, señores Alfredo Ovalle , ex presidente de ese organismo, y Raimundo Langlois .
Por último, informo a los señores diputados que el texto aprobado por la Comisión de Minería y Energía, conjuntamente con el texto comparado que contiene la legislación vigente, el texto aprobado por el Senado y el texto aprobado por la Comisión, se encuentran en sus respectivos pupitres.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Para rendir el informe de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva.
El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente , después del completo informe de la Comisión técnica, paso a rendir cuenta del informe de la Comisión de Hacienda.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 11 de enero de 2011, señala que el proyecto establece dos incentivos tributarios. En primer lugar, permite deducir de la renta bruta, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, las garantías que se hayan constituido para asegurar al Estado la disponibilidad de fondos para cubrir los costos del cierre de faenas.
Para el caso de los proyectos mineros actualmente en operación, las disposiciones transitorias establecen un procedimiento para presentar un proyecto de plan de cierre de faenas y enterar la garantía en un plazo aproximado de dos años, a contar de la entrada en vigencia de la ley. El costo fiscal de esta medida corresponde exclusivamente al anticipo en el reconocimiento del gasto que ahora podrá hacerse de manera proporcional entre la fecha que se entere la garantía y el momento efectivo del cierre de faenas y provendrá principalmente de los proyectos en operación, estimándose en 6 mil millones de pesos anuales, a partir del tercer año de vigencia de la ley.
En segundo lugar, el proyecto otorga derecho a la devolución de los remanentes de IVA originados en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas e instalaciones. Se estima que esta medida tendrá un costo fiscal cercano a cero, por cuanto la legislación vigente prevé mecanismos de imputación de tales remanentes.
Adicionalmente, se crea un Fondo para la Gestión de Faenas Mineras Cerradas, para financiar las actividades tendientes a asegurar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar en que se ha efectuado un plan de cierre. Su financiamiento provendrá de los aportes de las empresas mineras, de donaciones y de erogaciones y subvenciones que obtenga de personas naturales o jurídicas, municipalidades o del Estado.
Por último, el proyecto otorga al Servicio Nacional de Geología y Minería las facultades de supervigilancia y fiscalización, le asigna una serie de funciones y atribuciones para su implementación. Para ello, este servicio requerirá contar con recursos adicionales estimados en 363 millones de pesos durante el primer año de aplicación de la ley y en 262 millones de pesos anuales desde el segundo año en adelante. Este mayor gasto será financiado con los recursos contemplados en el presupuesto del Servicio Nacional de Geología y Minería.
En el debate de la Comisión, el señor Laurence Golborne hizo presente que el proyecto tiene por objeto la integración y ejecución de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, en los lugares en que se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, en conformidad con la normativa ambiental aplicable, así como el resguardo de la vida, salud y seguridad de las personas de acuerdo con la ley.
Por lo tanto, entre los objetivos específicos, en primer lugar, el señor ministro mencionó:
1. Conseguir las condiciones de estabilidad física y química de los lugares una vez finalizado el proceso de explotación minera.
2. Permitir los cierres parciales y finales de toda explotación minera.
3. Evitar el abandono.
4. Determinar una garantía y los elementos que permitan resguardar su cumplimiento, evitando el desembolso por parte del Estado, definiendo de manera objetiva las características y formas de constitución de la misma, y
5. Desarrollar un fondo post cierre que permita garantizar la mantención del lugar una vez concluido el plan de cierre de las faenas.
Agregó que los dos pilares claves del proyecto y que constituyen la columna vertebral del cierre de faenas mineras son: el plan de cierre de faenas mineras que debe presentar todo proyecto actual -con un período de transición- o futuro y la garantía de cumplimiento en función de plazo, monto y forma de constitución de los instrumentos.
Planteó que su ámbito de aplicación se ha restringido a faenas mineras de más de 10 mil toneladas mensuales de mineral; hidrocarburos, cualquiera sea su magnitud, exploración, prospección y explotación de cualquiera de estas faenas.
Precisó que las faenas mineras de más de 10 mil toneladas mensuales de mineral deben constituir una garantía según el proyecto, sin perjuicio de que todas las faenas mineras deben presentar un plan de cierre. La diferencia está en la garantía.
En el procedimiento de aplicación general existe la obligación de constituir garantía cuando se supere la producción de 10 mil toneladas mensuales. En el procedimiento simplificado no existe la obligatoriedad de la garantía cuando la capacidad de producción es inferior a 10 mil toneladas mensuales.
En cuanto a la garantía -una de las materias centrales de Hacienda- del cumplimiento que establece el proyecto, es obligatoria para toda empresa, actual o futura, y tiene por objeto asegurar al Estado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de cierre. Se constituye a partir del inicio de las operaciones de explotación minera. Su monto es determinado a partir de la estimación periódica del valor presente de los costos del plan de cierre. El plazo de esta garantía son dos tercios de la vida útil de la faena, cuando el plazo es menor a 20 años y cuando la vida útil excediere de 20 años, el plazo máximo será de 15 años. La tasa de descuento será de BCU de al menos 10 años (tasa real expresada en UF).
Respecto de las garantías de cumplimiento, la iniciativa contempla tres categorías:
A 1, constituido por depósitos a la vista, boletas bancarias de garantía a la vista y carta de crédito stand by con riesgo al menos A.
A 2, constituido por instrumentos de captación o deuda comprendidos en el artículo 45 del decreto ley Nº 3.500.
A 3, compuesto por cesión de créditos de venta, prenda sobre retornos de exportación y fianza solidaria con riesgo al menos A.
A modo de ejemplo, señaló que respecto de un proyecto con 15 años de vida útil, la garantía de cumplimiento debe constituirse en un plazo máximo de 10 años. El primer año debería constituirse el 20 por ciento de la garantía y del segundo al décimo año, el 8,9 por ciento anual.
La composición de la garantía puede cambiar en el tiempo. En el primer tercio del plazo podrá estar constituida por un mínimo de 40 por ciento de instrumentos A1, un máximo de 40 por ciento de instrumentos A2 y un máximo de 40 por ciento A3.
Al final del segundo tercio del plazo la garantía deberá tener un mínimo de 60 por ciento de instrumentos A1, un máximo de 40 por ciento de instrumentos A 2 y un máximo de 40 por ciento de instrumentos A3. Por lo tanto, va cambiando la liquidez.
Por último, al cumplirse el plazo, el 100 por ciento de la garantía deberá estar constituida por instrumentos A1, que son los más líquidos.
En materia tributaria, afirmó el señor ministro , esta garantía se entenderá como gasto necesario para producir renta y como crédito fiscal del IVA en la adquisición de bienes.
En cuanto a las sanciones, el proyecto establece distintos rangos.
El proyecto también contempla un título relativo al incumplimiento de la obligación de cierre y del procedimiento de reclamación.
También estuvo presente en la discusión don Gerardo Montes , del Servicio de Impuestos Internos, quien se refirió al aspecto tributario del proyecto en estudio, y que está básicamente regulado en dos disposiciones: en el artículo 58, que se hace cargo de la deducción del gasto de los desembolsos en materia de cierre de faenas, y en el artículo 59, que se refiere a la situación del crédito fiscal por IVA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del proyecto de ley, sólo podrá deducirse como gasto necesario para producir renta el monto de la garantía efectivamente constituida. Esta situación importa establecer un límite al gasto deducible, esto es, el monto de la garantía efectivamente constituida.
Agregó el señor Montes que el concepto de gasto amortizable no es nuevo en la ley sobre Impuesto a la Renta, ya que, entre otras normas, está establecido en el artículo 31, números 9°, 10° y 11°, que consideran gastos amortizables los de organización y puesta en marcha; los gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos o producidos por el contribuyente, y los gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de la empresa aun cuando no sean necesarios para producir la renta bruta del ejercicio.
En cuanto al crédito fiscal por IVA -el segundo componente tributario-, el artículo 59 del proyecto señala que el IVA recargado en la adquisición de bienes o contratación de servicios necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas mineras dará derecho a crédito fiscal.
Sin embargo, en el caso de las empresas mineras que por cesar en su actividad no puedan recuperar el IVA mediante los mecanismos establecidos en la ley del IVA, podrán obtener su reembolso dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del término de giro de la empresa por parte del Servicio de Impuestos Internos.
Con esta medida, agregó el señor Montes , se obliga a las empresas que han cesado en su actividad a realizar el término de giro para acceder a la devolución del IVA, así se evita tener en la nómina de contribuyentes activos una gran cantidad de sociedades que han terminado sus operaciones, pero que no han realizado el término de giro.
Finalizó el señor Montes señalando que estas normas no presentarán para el Servicio ninguna complejidad desde el punto tributario y de su administración.
Los invitados a la Comisión a exponer su opinión sobre el proyecto fueron los señores Francisco Javier Veloso , vicepresidente de la Sonami ; Juan Manuel Baraona , asesor jurídico de la misma institución; Eduardo Riesco , fiscal de la Sociedad Nacional de Agricultura; Fernando Dougnac , abogado ambientalista, y Rodolfo Concha , representante de la Asociación de Ganaderos de Magallanes.
Discusión en particular.
La Comisión de Minería y Energía dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de las letras b), c), e), f), h) e i) del artículo 5º. Adicionalmente, de los artículos 20, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 47, 48, inciso segundo; 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del proyecto. La Comisión estimó restar el artículo 42 del proyecto por no ser materia de su competencia, y agregar los artículos 36, 39, 50, primero transitorio; y tercero transitorio; además de las disposiciones de la letra i) del artículo 3°, y los artículos 4°, 10, 26, incisos quinto y sexto del artículo 48 y cuarto transitorio, por ser objeto de indicaciones que fueron debatidas en la Comisión.
Se acordó votar en bloque los siguientes artículos que no fueron objeto de indicaciones: artículo 5°, letras b), c), e), f), h) e i); artículos 20, 25, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 47 y 48, inciso segundo; artículos 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, primero transitorio y tercero transitorio del proyecto, siendo aprobados por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth , Godoy , Jaramillo , Montes , Ortiz , Robles , Santana , Von Mühlenbrock y quien habla.
A continuación, se procedió a la discusión y votación de las indicaciones y sus artículos relacionados, cuando correspondía. Fueron rechazadas las del diputado señor Robles a los artículos 1°, 2° y 6°, y las del señor Marinovic a los artículos 3° y 26.
Por su parte, las indicaciones a los artículos 3°, letra i); 4°, 10, 26 y 48, fueron aprobadas por unanimidad con sus artículos relacionados, y el artículo cuarto transitorio con la indicación a su inciso segundo fue aprobado por diez votos a favor y una abstención.
Este proyecto fue tratado y acordado en las sesiones de 4, 10 y 17 de mayo de 2011, con la asistencia de los diputados señores Auth , Godoy , Jaramillo , Lorenzini , Macaya , Marinovic , Montes , Ortiz , Recondo , Robles , Santana , Von Mühlenbrock y quien habla, según consta en las actas respectivas.
Es cuando puedo informar a la Sala.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , ayer se solicitó en esta Sala que el proyecto en discusión, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, pasara a la Comisión de Recursos Naturales. Yo me opuse, aunque tengo la mejor disposición y voluntad -acaba de hablar conmigo mi colega experto en medio ambiente, Patricio Vallespín - para que, si es necesario, se trate en una sesión de esa Comisión. Pero quiero fundamentar mi oposición.
Respecto de esta iniciativa -cuya tramitación legislativa comenzó en el Senado-, me preocupó profundamente lo relacionado con los hidrocarburos que, en el fondo, al igual que en cualquier faena minera, se contempla la refinería. Considero que el proyecto, en la forma planteada, es un camino más para la privatización de la ENAP.
Si bien es cierto la normativa ambiental y de seguridad vigente en Chile entrega herramientas para determinar y perseguir las responsabilidades derivadas del daño ambiental y de las personas, ocasionado como consecuencia del incumplimiento de la obligación de ejecutar las labores de cierre de faenas, no lo es menos que dichas herramientas se vuelven inútiles cuando no pueden hacerse efectivas en la persona natural o jurídica responsable. En este contexto, no podemos sino adherir a la inclusión de una fórmula de garantía que asegure que nuestro Estado cuente, en caso de incumplimiento del operador minero, con los recursos económicos necesarios para implementar un plan de cierre y con ello precaver la generación de pasivos ambientales.
Sin embargo, deseo recalcar -tal como lo señalé en la Comisión de Hacienda, y les consta a mis colegas- las dudas que merece la forma en que se incluyó a la industria de los hidrocarburos. Quiero recordar que existen problemas de fondo o de políticas públicas que responden al tratamiento distinto que la Constitución Política otorga a las substancias no concesibles, como son los hidrocarburos líquidos o gaseosos, y, además, una serie de problemas formales o de técnica legislativa derivados del intento por normar, en un mismo cuerpo legal, faenas tan distintas como las correspondientes a la minería tradicional metálica y a la industria de los hidrocarburos.
En lo concerniente al primer tipo de problema -es decir, a aquellos referidos a la política pública que está detrás de este proyecto- y particularmente a la inclusión de una fórmula de garantía -como señalé al comienzo de mi intervención-, la existencia de dicha garantía se justifica cuando existe el riesgo de que la responsabilidad legal que emana de la normativa ambiental o de seguridad no puede hacerse efectiva en la empresa minera, porque, por ejemplo, los capitales de ésta se trasladaron a otro país. En ese sentido, no se entiende claramente por qué la obligación de garantía se aplicaría a la ENAP en aquellos casos en que esa empresa ejecute directamente las operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos, en circunstancias de que el riesgo de que esa empresa del Estado se desvanezca es absolutamente nulo.
No obstante, coincido plenamente y desde un comienzo con el Ejecutivo en que tanto la ENAP como Codelco deben cumplir con las obligaciones de carácter técnico, como, por ejemplo, la de presentar un plan de cierre de faenas al Sernageomin. Durante el estudio de este proyecto no pude sino preocuparme por el impacto que la obligación de garantía tendría en las economías de la ENAP y de Codelco, a pesar de los extraordinarios números -de los cuales nos alegramos todos y esperamos que sigan por muchísimos años más-, y consiguientemente en su dueño, que es el Estado de Chile; es decir, todos nosotros. Por eso soy partidario de defender las pocas empresas estatales.
Si bien puede ser razonable que a Codelco y a la ENAP les apliquen la obligación de otorgar garantías por encontrarse en un plano de igualdad con la empresa privada, cuando participen en un contrato especial de operación, no queda claro por qué la ENAP tendría que otorgar dicha garantía en aquellos casos en los cuales se ejecutan directamente las operaciones de explotación de hidrocarburos, en virtud del mandato que la Constitución le otorga.
En definitiva, el efecto que se produce en este caso particular es que el Estado, en la práctica, se está garantizando a sí mismo una obligación derivada de un riesgo inexistente. Y quiero clarificar algo muy especial: el único beneficiado es el intermediario financiero encargado de emitir las respectivas garantías, con grandes utilidades para estas empresas. Seamos claros. ¿Estamos o no por defender a nuestro Estado?
En seguida, la regulación de industrias extractivas tan distintas en un mismo cuerpo legal derivó en algunos problemas formales, toda vez que los conceptos “faena minera” e “industria extractiva minera” resultaban demasiado extensivos y equívocos para la industria de los hidrocarburos. Por ejemplo, el proyecto incluía a las refinerías de petróleo en el ámbito de aplicación de la ley. Afortunadamente, en la Comisión de Hacienda, con un grupo de colegas diputados consensuamos la exclusión de dicho ámbito de aplicación, en el entendido de que el proyecto en comento sólo debe aplicarse en las labores extractivas, lo que no ocurre en la realidad.
Es de todos sabido que sólo producimos 2 por ciento de petróleo; el 98 por ciento restante lo importamos. Y lo digo con mucha fuerza, porque soy de la Región del Biobío y porque al lado de mi ciudad de Concepción se ubica la refinería Biobío , y una de las preocupaciones que me plantearon los dirigentes sindicales se refería a este proyecto de ley.
Hago presente que la refinería Biobío es uno de los planteles productivos más importantes de la ENAP. Lo destacó pensando en la historia de este proyecto de ley, toda vez que me preocupa que no dimensionemos, ni siquiera a través de las diferentes iniciativas que hemos visto en el Congreso Nacional, el daño que le ocasionamos a la empresa de todos los chilenos. Y un ejemplo de ello es la redacción original de este proyecto.
Quiero destacar -nobleza obliga- que el subsecretario de Minería , que ejercía como ministro subrogante en ese entonces, reconoció que yo tenía razón, por lo que presentamos indicciones que mejoraron y perfeccionaron la iniciativa.
Espero que esta Sala no sólo apoye a ENAP, sino tambi��n a Codelco, a la que se ha dado el mismo tratamiento que se da a las grandes empresas privadas del cobre, tomando como base Chuquicamata, que está a punto de cerrar, puesto que colocaban una boleta de garantía desde el comienzo, desde que empezaba a explotar el mineral.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , quienes estuvimos atentos a la rendición de los informes de las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda que hicieron los diputados señores García-Huidobro y Silva , respectivamente, tenemos muy claro el contenido del proyecto y el impacto positivo que generará. Esto marcará un antes y un después en el tema.
Quienes participamos en los debates de las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, que este año me toca presidir, comprendemos que el proyecto es un aporte técnico que hace el Ejecutivo , que valoró ampliamente la Cámara de origen. Recordemos que la Sala del Senado aprobó por unanimidad, gracias a un acuerdo político, con un sustento técnico, este mensaje presidencial.
Quiero destacar el trabajo serio que desarrollaron los miembros de la Comisión de Minería, de todos los sectores políticos, muchos de los cuales presentaron indicaciones para perfeccionar el proyecto. Recuerdo las indicaciones que presentaron los diputados Marcos Espinosa , Harboe , Lemus y otros, que comprendieron que el proyecto representa un avance en medidas y acciones para mitigar los efectos que se derivan de la producción en las faenas mineras, toda vez que antes no existía regulación, obligaciones ni plan de cierre de faenas que permitiera mitigar las consecuencias medioambientales y los efectos en la salud de las personas que genera, en general, el desarrollo de la industria extractiva minera.
Esa forma de trabajar nos permitió despachar rápidamente en general y en particular el proyecto, en tres o cuatro sesiones, replicando el debate que se desarrolló en el Senado.
Reitero que la unanimidad no se logró por un simple acuerdo político, sino que se basó en un sustento de carácter técnico, que hizo comprender que lo que se generaba era muy positivo para la industria minera. Tuvimos oportunidad de escuchar a los gremios y a los representantes de los empresarios, quienes nos entregaron sus planteamientos al respecto, los cuales fueron recogidos y muchos se plasmaron en indicaciones, las que aprobamos en la Comisión de Minería y Energía. Entiendo que también se realizaron otras modificaciones en la Comisión de Hacienda.
Espero que hoy aprobemos el proyecto -ojalá- por unanimidad, tal como lo hizo el Senado, para que sea ley de la república lo antes posible, por los efectos que se derivan del desarrollo de la industria minera, tan importante para el país.
Aprovecho de destacar la aprobación de este proyecto de ley con el trabajo que realizó en paralelo la Comisión Investigadora de los depósitos de relaves mineros, instancia fiscalizadora que surgió por iniciativa de algunos parlamentarios de la Concertación, que también me tocó presidir. La semana anterior a la distrital votamos las conclusiones y esperamos que la Mesa las someta pronto al conocimiento de la Sala. Ojalá que también se aprueben por unanimidad, porque plantean algunas modificaciones legales que van en la misma línea de este proyecto, es decir, proteger el medio ambiente y la salud de las personas, a través de la mitigación de los efectos de la producción minera que, antes de esta legislación -que seguramente pronto va a aprobar- contaba con muy pocos mecanismos protectores, fuera de la voluntad de las empresas mineras, que se autoimponían planes de mitigación, porque no había legislación que las obligara.
Destaco nuevamente el trabajo de la Comisión y agradezco la seriedad con que se trabajó. Espero que el proyecto se apruebe por unanimidad, para dar la misma señal que entregó el Senado, en el sentido que éste es un aporte técnico que marcará un antes y un después. En esta futura ley se incorporaron las indicaciones que nos propusieron los empresarios y los representantes de los trabajadores. Este consenso nos permitió trabajar el proyecto con bastante tranquilidad en el Senado y en las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda, cuyo resultado refleja el parecer de todos los parlamentarios que representamos distritos mineros.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente , el proyecto de ley en debate pasará a formar parte de un conjunto de disposiciones legales, pero no para obstruir ni para poner más barreras de entrada al desarrollo de la actividad minera, sino para a corregir la falta de regulación de nuestra legislación en esta materia.
En Chile, como en pocos países del mundo, la explotación del recurso minero es una de las actividades económicas esenciales que más aportan al producto interno bruto, pero, sin embargo, a diferencia de otras legislaciones, no contaba con un plan de cierre de faenas mineras.
Eso se constató durante la administración de la entonces Presidenta Michelle Bachelet , quien encargó al ministro de Minería de la época un estudio de legislación comparada sobre esa realidad, de manera de diseñar una arquitectura jurídica que permitiera elaborar un plan de cierre de faenas mineras.
Cuando tuvimos conocimiento de esta realidad en la Comisión de Minería y Energía, nos alegramos y fuimos muy cuidadosos en verificar que este proyecto de ley no significara un costo adicional para los pequeños y microempresarios mineros, y menos aún para los pirquineros. Por eso, se establece que la obligación para presentar el plan de cierre de faenas mineras sólo es exigible a aquellos productores mineros que están por sobre las 10 mil toneladas mensuales. Ésta precisión es muy importante, porque no se hace obligatorio ese requisito para los micro, pequeños y medianos productores mineros.
Sabemos que la actividad minera, por antonomasia, genera externalidades negativas. Lo sé vivencialmente, porque represento al distrito minero más importante de Chile y -¡por qué no decirlo!- del mundo, como es Calama y la provincia de El Loa, que por años han sufrido las externalidades negativas de una actividad minera intensiva: agotamiento de recursos hídricos, contaminación ambiental, con las consiguientes declaraciones de zona de contaminación ambiental por material particulado PM 10, y la prevalencia de graves enfermedades oncológicas derivadas de esa contaminación.
Este proyecto de ley viene a corregir situaciones que antes no estaban eficientemente reguladas. Hoy, además de cumplir con todas las exigencias medioambientales, se establece, como obligación para proceder a la puesta en marcha de una actividad minera, la presentación de un plan de cierre de faenas mineras.
Vamos a apoyar este proyecto de ley, porque creemos que va en la dirección correcta de corregir algunas situaciones que no estaban reguladas respecto de un recurso natural que no es renovable y por el cual el Estado de Chile tiene muy poca retribución.
Quiero decirle al ministro que nos hubiera gustado que este proyecto contuviera también algunas disposiciones y compensaciones relacionadas con los distritos donde se están efectuando las faenas mineras. Históricamente ha ocurrido que los distritos mineros quedan con altos niveles de polución, a consecuencia de las faenas productivas, los relaves mineros, además del casi evidente agotamiento de recursos hídricos, pero el Estado no se hace cargo de remediar o morigerar ese tipo de situaciones.
Nos hubiese gustado que el proyecto fuese un poco más audaz, en el sentido de verificar algún tipo de financiamiento y de indemnización para aquellos distritos en que la actividad económica casi exclusiva y predominante es la minera.
Como bancada radical entendemos que este proyecto de ley es necesario para el país, porque viene a corregir una situación que distorsiona la compatibilización de la actividad económica con la sustentabilidad del medio ambiente.
Por esa razón, anuncio nuestro voto positivo a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , ¿quién podría no estar interesado en este proyecto? Hoy, la minería constituye el principal sector de nuestra economía, por la cantidad de recursos que aporta.
Los comentarios de apoyo al proyecto que aquí se han vertido concuerdan con lo que todos queremos: que esta actividad continúe, así como también el buen ánimo del ministro , que ha sido un gestor importante durante su período, lo que agradezco en nombre de los representantes de la ciudadanía.
El diputado Felipe Ward , Presidente de la Comisión de Minería y Energía, expresó que los informes fueron muy claros, y concuerdo con él. Por ello, corresponde enfatizar a los diputados señores Alejando García-Huidobro y Ernesto Silva que los informes que han rendido nos han llevado a meditar sobre ellos y que los hemos entendido perfectamente.
Chile tiene un vacío en su legislación, de lo cual no cabe duda. Por eso hoy estamos legislando en esta materia. Estamos pasando por un muy buen momento con los precios del cobre, hierro, molibdeno, oro, etcétera, y, por lo mismo, se ha producido un gran despliegue de la actividad minera en todas aquellas partes del territorio en que puede desarrollarse.
Sin embargo, diputados que no somos de regiones mineras hemos podido conocer en incontables oportunidades, en visitas esporádicas, el flagelo del abandono de la actividad. Los lugares que no continúan sus faenas, quedan abandonados sin que se haya desarrollado previamente una programación de su cierre, para mitigar los efectos que se hacen sentir en la población, en el medio ambiente, en otras actividades, como muy bien señaló el diputado José Miguel Ortiz , y -por qué no decirlo- en el paisaje de nuestro territorio. Con la debida dispensa de los señores parlamentarios que representan a
zonas mineras, quienes no conocemos mucho de la minería tenemos la impresión de cierto abandono, lo que no concuerda con los paisajes que tenemos en el sur de Chile. En todo caso, no es una crítica.
Pruebas de lo he dicho las encontrarán, en abundancia, en el trabajo que está desarrollando la Comisión encargada de investigar la situación de los depósitos de relaves mineros existentes en el país -acabo de saber que ya va a entregar sus conclusiones-, que se formó precisamente para buscar soluciones a los problemas originados por el cierre de las actividades mineras de antaño y el mal manejo de sus derivados negativos que realizan las empresas que hoy se encuentran en actividad.
Don Rodolfo Concha , representante de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, que asistió como invitado a la Comisión de Hacienda, nos dio a conocer su preocupación por el desarrollo de actividades mineras en Magallanes, particularmente la explotación minera del carbón, ya que se ha descubierto que una gran zona de Magallanes tiene potencial en ese mineral. Así, la actividad ganadera tendrá un problema serio debido a que sus territorios son fundamentalmente ganaderos.
Si bien este proyecto es de consenso, durante su discusión, especialmente en la Comisión de Hacienda, en que participo, se formularon varias indicaciones, las cuales fueron aprobadas en su mayoría, lo que demuestra el interés que hubo en la iniciativa.
El proyecto plantea la necesidad de que las empresas mineras que tienen una extracción mensual de más de 10 mil toneladas, o de hidrocarburos, vayan desarrollando, conjuntamente con la explotación minera, trabajos que faciliten posteriormente el cierre, mitigando así los efectos negativos que aquellas puedan generar en las poblaciones o en su entorno.
Con ese objetivo, se pide que las empresas presenten un plan de cierre que será auditado periódicamente por empresas especializadas en el rubro. Como estamos en el siglo XXI, seguramente habrá comparaciones con faenas mineras de otros países. En ese sentido, Chile está considerado como uno de los primeros países en el ámbito minero del mundo, pero, sin embargo, estábamos un tanto atrasados respecto de la situación que plantea el proyecto, lo cual, por decir lo menos, es grave.
Mediante el proyecto se obliga a las empresas a otorgar garantías al Estado para asegurar a éste la disponibilidad de fondos para cubrir los costos si debido al cierre de faenas se producen efectos negativos o riesgos que es necesario paliar o detener, como consecuencia de los pasivos que la empresa ha dejado en el territorio donde desarrolló su actividad.
Como señaló el diputado Silva , el fundamento del proyecto es el pago de garantías. Además, establece la existencia de incentivos tributarios. Según comenté al diputado Lemus , no tengo claro si se trata de un beneficio o de un incentivo. En cuanto a si es un beneficio, consiste en la posibilidad de deducir de la renta bruta, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley de rentas las garantías que se hayan constituido y, además, otorgar el derecho a la devolución de los remanentes del IVA originado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución del plan de cierre de faenas mineras o de sus instalaciones. Con ello, el Estado está anticipando el gasto posterior en que podría incurrir por efectos negativos de un mal cierre de faenas, lo que hoy ocurre.
Adicionalmente, se crea un Fondo para la Gestión de Faenas Mineras Cerradas -tenía algunas dudas al respecto, pero el tema me quedó sumamente claro después de la exposición del diputado informante de la Comisión de Hacienda -, para financiar las actividades tendientes a asegurar en el tiempo la estabilidad física y química del lugar en que se ha efectuado un plan de cierre.
Finalmente, esta iniciativa otorga al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) las facultades de supervigilancia y fiscalización, asignándole una serie de funciones y atribuciones para su implementación. Para ello, este servicio requerirá contar con recursos adicionales estimados en 363 millones de pesos, durante el primer año de aplicación de la ley, y en 262 millones de pesos anuales, desde el segundo año en adelante. Además, el proyecto mejora mucho el estado actual de las faenas mineras que cerrarán en algún momento y protege a la población y al entorno, porque una preocupación fundamental es hoy la protección del medio ambiente.
Por lo tanto, no me cabe duda de que habrá consenso para aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES.- Señor Presidente , participaré en la discusión en general del proyecto sobre el cierre de faenas mineras porque creo que es muy bueno para la minería del país. Sin embargo, en vista de los intereses personales que tengo en esta materia, me someteré al artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que impide votar a los miembros de cada Cámara que tengan intereses en esta materia. En consecuencia, anuncio públicamente que no votaré.
¿Por qué es bueno el proyecto? Porque la historia minera del país ha tenido etapas de gran actividad, pero también el cierre de faenas ha generado períodos de pobreza, postergación y abandono de localidades mineras. Por eso, este proyecto recoge y capitaliza el conocimiento que hemos acumulado durante tantos años en la pequeña, mediana y gran minería del país, incluyendo ahora a la minería artesanal, que mantiene una gran actividad.
Los proyectos mineros de la gran minería se realizan en base a extensos estudios, prospecciones, exploraciones y evaluaciones que permiten realizar un proyecto que puede durar quince, veinte o veinticinco años. Dichos proyectos se van a ajustar perfectamente a la ley, porque se contempla todo el plan de cierre de faenas una vez terminada la explotación del yacimiento.
Hoy existe un gran desarrollo en materia de evaluación de impacto ambiental en las faenas de la mediana minería del país, porque la explotación de yacimientos mineros de cobre, oro, plata y de otras pastas debe respetar el medio ambiente, los ingresos, los caminos y el entorno de las localidades en que se desarrollan. Es necesario decir que la minería permite que pequeños y grandes proyectos hagan soberanía en el país, ya que por esa vía se crean localidades en las que por años viven los trabajadores y sus familias.
Debemos agradecer a quienes nos dieron su apoyo desde el Ejecutivo , como el ministro Laurence Golborne , quien ha mostrado gran interés por aprobar un proyecto de esta envergadura en el país, así como a sus colaboradores, como el subsecretario de Minería , señor Pablo Wagner , y el director nacional del Sernageomin , señor Enrique Valdivieso , que han sido fundamentales para esclarecer las dudas que muchos parlamentarios plantearon en las Comisiones.
El tema en discusión es muy técnico; no es fácil de entender, porque explotar un yacimiento tiene variables que ni el pequeño empresario sospecha cuando inicia un proyecto. Por ejemplo, al inicio, en un socavón o un pique se puede encontrar agua subterránea que impide realizar una explotación expedita en una faena. El costo de sacar el agua de las minas a veces es tan alto que hace imposible hacerlo. La realidad es que más del 80 por ciento de las minas en Chile contiene agua en el fondo y en los pisos. ¡Para qué hablar de la minería del carbón, en que la preocupación por el agua es mucho mayor!
Entonces, para dejar constancia en la historia fidedigna de la ley, es importante establecer varios parámetros. Por ejemplo, es un avance que los yacimientos calificados de menos de 10 mil toneladas de producción mensual sean calificados como pequeña minería, porque permite presentar un proyecto de cierre de faena minera simplificado. Eso concuerda con los informes sobre impacto ambiental, también simplificados, que permiten la autorización, porque los elementos básicos quedan establecidos en dicho informe y en la autorización.
Es importante reflejar la realidad en la ley, porque, de lo contrario, puede constituir una traba de tal magnitud que podría paralizar al sector. Lo digo abiertamente, porque los pequeños mineros no trabajan con reservas probadas por meses o por años. El pequeño minero es un permanente explorador y descubridor de minas. Ésa es la manera en que lo hace habitualmente, de modo que esto no es una sorpresa.
Entonces, para iniciar una faena, tendrá que obtener la autorización del cierre de faena minera y del proyecto de explotación. Pero muchas veces ocurre que el pequeño minero abandona esas instalaciones a las pocas semanas y después vienen otros mineros, que pueden tener más recursos y conocimientos, a explotar esos yacimientos abandonados. Lo habitual es que el pequeño minero se cambie periódicamente de proyectos, ya que debe hacerlo para mantener una producción mensual.
En este contexto, la iniciativa refleja la realidad que viven los pequeños mineros, razón por la cual recomiendo aprobarla, pues viene a poner orden en un país de gran envergadura minera. Además, los grandes proyectos mineros se han basado en los conocimientos que han entregado los pequeños mineros, ya que ellos son los que descubren la gran mayoría de los yacimientos.
Es muy importante que el reglamento que se debe elaborar para cumplir con la normativa que establece esta futura ley sea analizado y revisado por todos los sectores involucrados, como la Sociedad Nacional de Minería y los sindicatos de pirquineros y mineros que existen en el país. Una vez que ellos lo conozcan y aprueben, podría ser aprobado a nivel legislativo.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, los temas ambientales tienen una connotación muy importante en el mundo entero.
Es indudable que la iniciativa tiene una arista ambiental muy significativa, que fija una institucionalidad importante en esta materia, que no estaba regulada. No obstante, es complementaria respecto de las resoluciones de calificación ambiental que ya se ha aplicado a la mayoría de estos proyectos.
La iniciativa busca regular una actividad muy importante para la economía del país y hace una distinción, que me parece trascendental, entre los proyectos de envergadura, de la mediana y gran minería, y los de la pequeña minería, y fija un límite que me parece conveniente destacar: las 10 mil toneladas de extracción mensual, una cifra que define quiénes son los actores y cómo se aplican los procedimientos.
Aquí se consideran dos tipos de procedimientos: uno de aplicación general para las empresas mineras con capacidad de extracción sobre las 10 mil toneladas y un procedimiento simplificado, menos riguroso, para los pequeños mineros. Es decir, estos últimos podrán sortear esta situación a través de un plan simplificado que también les permitirá cumplir con la ley, ya que éste es un gran desafío para el Ministerio de Minería, la Enami y las instituciones que fomentan la pequeña minería; es decir, esto no es un escollo para los pequeños mineros. No obstante, la iniciativa aplica normas rigurosas a los proyectos mineros que provocan un fuerte impacto ambiental en el entorno en que se ubican.
Fundamentalmente, se ha puesto énfasis -así lo plantea la iniciativa- en la seguridad física y química de esos proyectos. Entiendo que en esta visión se incorporan los relaves mineros, que constituyen un problema que no está regulado en la actualidad. ¿Qué pasa cuando se abandonan las obras mineras? Nadie se hace cargo del asunto y se transforma en un grave problema para la sociedad. En ese sentido, la iniciativa regula ese aspecto.
Sin embargo, esto implica un desafío inmenso: cómo hacer que la regulación sea efectiva. Por una parte, se crean varios mecanismos que me parecen muy importantes. Primero, que exista un plan de cierre, que debe ser aprobado por un servicio público, en este caso el Sernageomin; segundo, que dicho plan debe ser objeto de auditorías permanentes, lo que también fiscaliza el Sernageomin, y tercero, que debe existir la correspondiente garantía de acuerdo al plan, de modo que si el proyecto falla en el camino o no se cumplen las tareas estipuladas el Estado la pueda hacer efectiva.
El proceso de cierre de faenas ya se contempla cuando el proyecto minero comienza en su fase de exploración, por lo que las garantías empiezan a correr desde esa fase hasta el término de la vida útil del proyecto, lo que considero muy importante. Antes de que se apruebe el plan de cierre de faena, empieza a funcionar un fondo que da la posibilidad para certificar que se cumplió con ese plan de cierre de faenas.
Sin embargo, debo plantear algunas observaciones que me parecen relevantes.
La primera se relaciona con la institución encargada de fiscalizar el procedimiento, que es el Sernageomin, un gran servicio, pero que ha demostrado tener grandes debilidades. El Gobierno se comprometió a fortalecerlo después de lo ocurrido en la mina San José , lo que ha ocurrido, pero que aún es insuficiente para dar cumplimiento a los inmensos desafíos que se le presentarán con este proyecto, en el sentido de aprobar planes de cierre de faenas mineras, fiscalizarlos y hacer efectivas las garantías correspondientes, tareas realmente monumentales.
Indudablemente, debemos corregir esas debilidades, porque los planes de cierre son una garantía para la vida de las personas y para el cuidado del medio ambiente. Creo que ahí estamos fallando, por lo que ruego al ministro de Minería y Energía y al Gobierno que incorporen esta variable.
La segunda se relaciona con la reglamentación del proyecto. No sabemos qué es un plan de cierre. La iniciativa establece todos los procedimientos para llevar a cabo un plan de cierre, pero no sabemos en qué consisten físicamente dichos planes. Seguramente, en su reglamentación se va a considerar este aspecto. Habrá planes de cierre de mayor o menor calidad. ¿Quiénes atravesarán ese umbral? ¿Cuáles serán los estándares de seguridad que se exigirán? Es un gran desafío del Ejecutivo adoptar las medidas para evitar que el proyecto se transforme en letra muerta, en una formalidad, y, por el contrario, sea una parte complementaria a la ley ambiental, que deberá regirse por ésta, y a la explotación de los recursos naturales.
Hoy, la ciudadanía se ha expresado frente a las inversiones para la explotación de nuestros recursos, y lo ha hecho masivamente. Tengo la sensación de que esa actitud se seguirá manifestando en cada una de las inversiones que se hagan, sobre todo en esta materia.
Nuestros valles en el norte de Chile son pequeños y, por lo tanto, se entra en una discusión inmediata por el agua, con la agricultura, con los pequeños propietarios, etcétera.
Siento que el proyecto puede hacer una contribución importante, pero si no se toman en cuenta esas consideraciones, se transformará en letra muerta y se seguirán agudizando los problemas entre inmensos proyectos y la comunidad, por la contaminación del agua y del aire.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero preguntar al señor ministro cómo se asegura, efectivamente, la estabilidad física y química de los proyectos. Es un gran desafío en un país y en regiones con alta sismicidad, en que están ubicados tales proyectos. Además, los hidrocarburos fueron considerados en la iniciativa.
Finalmente, anuncio que aprobaré el proyecto, porque lo considero positivo, y esperó que mi bancada también lo haga.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Miodrag Marinovic.
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente , qué duda cabe que Chile es un país minero, toda vez que tiene un Código de Minería que otorga una serie de facilidades para la explotación de la industria minera.
Seguramente, hoy aprobaremos este proyecto, que es positivo y que tiene un sentido y una trascendencia importantes, porque busca regular la forma en que se van cerrar las faenas mineras que han generado externalidades negativas, pasivos ambientales, a fin de que no sea el Estado -y por ende todos y cada uno de los chilenos- quien después tenga que asumir los costos de los pasivos ambientales.
Pero la iniciativa también tiene debilidades, situaciones que no se reconocen y que no se quieren asumir. En Chile se debe entender, de una vez por todas, que no es lo mismo hacer minería en cada uno de los ecosistemas o en cada medio ambiente que tenemos desde Arica a Puerto Williams, en la región antártica, porque cada situación es particular.
Tanto el Código de Minería como el proyecto en discusión están elaborados para la minería que se desarrolla en lugares aislados, desérticos, donde las externalidades son bastante más reducidas que en otros lugares. Sin embargo, en Chile también puede haber minería en terrenos agrícolas, en terrenos con potencial turístico, en terrenos con ecosistemas frágiles desde el punto de vista ambiental, pero de eso no se hace cargo el proyecto.
En la Comisión de Minería y Energía fui disidente de muchos planteamientos que finalmente se aprobaron por mayoría -y en democracia se debe ser respetuoso de las decisiones mayoritarias cuando se es minoría- y también expuse un tema que, en mi opinión, es constitucional, relativo al derecho al medio ambiente sin contaminación, al derecho de propiedad y a varias cuestiones que significan que una empresa minera no puede hacer lo que quiera en el país y que debe asumir el costo de remediar los daños generados.
Las reparaciones tienen que hacerse, aunque sean baratas o caras. Si una empresa genera daño y externalidades negativas, dejando chatarra botada y pasivos ambientales, y eso está amparado por la ley, entonces la norma está mala. Ese principio no es bueno y no lo debemos aceptar. Eso lo planteé en la Comisión de Minería y Energía, y en esa línea presenté indicaciones que finalmente no fueron aprobadas por los miembros de la Comisión, lo que generó una conversación con las autoridades del ministerio.
Reconozco que se avanzó en varias materias. Por ejemplo, en el artículo 4° se recogió una de las principales aprensiones que este parlamentario presentó en términos de lo que se está haciendo en este proyecto, en el sentido de que vaya de la mano con la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente .
Existen otros elementos que se retiraron posteriormente, como el tema de las refinerías, que se consideraba una faena minera, en circunstancias de que, evidentemente, se trata de una faena industrial.
Pero dentro de ese esquema, finalmente se aprobaron otros aspectos que no tienen nada que ver con la materia y que afectan gravemente en particular a la Región de Magallanes, donde se explotan los hidrocarburos.
Quiero ser claro con la gente que nos ve. Por ejemplo, la empresa Geopark, empresa privada que explota hidrocarburos en la Región de Magallanes, produce menos de un millón de metros cúbicos. ¿Qué dice la norma aprobada? Que solamente entrarán al plan de cierre aquellas que produzcan más de un millón de metros cúbicos por día. Pero resulta que Geopark ocupa más de cuarenta pozos y, por lo tanto, ninguno de los yacimientos de Geopark va a entrar en el ámbito de aplicación del proyecto. ¿De qué estamos hablando?
A pesar de que coincido con mi amigo el diputado Ortiz en la defensa de la ENAP, existe una visión y una voluntad política de entregar a los privados la explotación de los hidrocarburos. Me parece inaceptable que mediante una indicación al artículo 10 se borre de un plumazo toda la aplicación del cierre de faenas mineras para los nuevos empresarios privados que van a operar en la Región de Magallanes. ¿Cuánto ahorro significa no presentar un plan de cierre de faenas? ¿Cuántos millones de dólares van a quedar excluidos?
Por eso, considero que lo que se había ganado en el Senado -pues se trata de un proyecto de larga data, que viene del gobierno anterior, que reconoció la necesidad de avanzar en el tema- ahora se pierde, al señalar que los yacimientos de más de un millón de metros cúbicos por día quedan sometidos a la disposición y todos los otros quedan fuera; es decir, quedarán todos fuera. O sea, el proyecto de cierre de faenas mineras -que lo sepa toda la Región de Magallanes- no sirve para nuestra región; está hecha para todas las otras, menos para la nuestra.
Por lo tanto, respetando mis acuerdos y compromisos, apoyaré el proyecto en general, porque por Dios que hace falta una ley que ponga coto a lo que hoy se está desarrollando, para que las empresas mineras se hagan cargo de lo que hacen, asuman los costos de rehabilitar el medio ambiente y que, en definitiva, no dejen un pasivo al Estado.
Asimismo, apoyaré favorablemente las indicaciones al artículo 4°, y varias otras, menos el artículo 10. Respecto de eso, me reservo el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional en la materia, porque me parece que se está afectando claramente el derecho de propiedad de algunas personas para favorecer alguna empresa especial y particular.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, tal como se presenta este proyecto, si bien es un avance, resulta insuficiente.
Quiero fundamentar esa afirmación porque, a mi modo de ver, la iniciativa tiene un énfasis muy marcado en lo productivo, en lo sectorial y en lo económico financiero. De hecho, solicitamos que el proyecto se remitiera a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, para darle una mirada integral, porque considero que no la tiene.
El proyecto no aborda la integralidad ni la complejidad que posee esta materia ni los estudios de base que se utilizaron para elaborar el proyecto inicial presentado por la Presidenta Bachelet , en que se señalaba como objetivo que lo que se busca es mitigar los efectos negativos que se generen en las personas o en el medio ambiente, lo cual se modifica en el texto final que hoy se someterá a nuestra decisión, pues habla del resguardo a la vida, la salud y la seguridad de las personas y elimina la expresión “medio ambiente”, acotándola sólo a la normativa ambiental.
Así, cabe preguntarse: ¿por qué entonces no se dice lo mismo respecto de la salud y se habla sólo de normativa de salud aplicable? Es decir, existe una intención de aminorar la implicancia, el efecto de resguardo y de protección del medio ambiente. Nuevamente, el medio ambiente es el pariente pobre de una legislación que, no obstante ir bien encaminada, es insuficiente.
Al señor ministro no le pareció pertinente que el proyecto se enviara a la Comisión de Medio Ambiente, como fue nuestra petición, puesto que lo consideraba muy tardío. Al respecto, le digo al ministro que más vale tarde que nunca. Esa discusión podría haberse dado. Existen dos o tres artículos en los cuales sería posible incorporar las palabras “medio ambiente”, y así este factor, que hoy es fundamental para la competitividad internacional del sector minero, se hallaría resguardado. Pero, nuevamente, nos quedamos con la mirada parcial.
Los estudios de base de 2007 expresan con mucha fuerza que, cuando se identificaron las 213 faenas mineras abandonadas o paralizadas, éstas “representaban riesgos graves para la salud de las personas, el medio ambiente y la infraestructura”.
Por lo tanto, eliminar los vocablos “medio ambiente”, por ejemplo, en el artículo 2° y en otros del proyecto, o en las competencias que se otorgan para actuar sólo a Sernageomin, sin una mirada de la autoridad ambiental, significa minimizar el rol que ésta tiene.
Otros estudios también señalan que oficios del Sernageomin establecen claramente que las faenas abandonadas “constituyen un riesgo significativo para la vida o la salud de las personas o para el medio ambiente”. Y si nos vamos al proyecto, constatamos que en todos los artículos en que podrían incorporarse las palabras “medio ambiente”, para asegurar la sustentabilidad del desarrollo del sector minero, y no sólo su crecimiento, éstas se eliminaron; es decir, se minimiza, se acota.
Por consiguiente, quienes queremos responsablemente un desarrollo sustentable no podemos callar este planteamiento y no señalar que me parece lamentable que no se haya accedido a que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente celebrara al menos una sesión para revisar esta materia y, a lo mejor, haber conversado con el ministro -que acaba de salir, porque parece que esto no le interesa- que no se consideró adecuadamente esta variable y haber adoptado uno o dos acuerdos en tal sentido, para dar una señal al país y a la gente que hoy se está manifestando porque ve que las decisiones políticas en el Congreso Nacional y en el Gobierno no resguardan adecuadamente la sustentabilidad del desarrollo. En eso centro mis reparos.
Por ejemplo, en el artículo 2° no debería decir “normativa ambiental aplicable”, sino “resguardo del medio ambiente”. ¿Qué significa eso? Pone una señal de luz amarilla para estar mucho más atento, porque el cierre de una faena o de una instalación minera tiene una implicancia medioambiental.
¡Qué duda cabe de que cuando corre viento cerca de un relave se levanta polvo y ello genera contaminación! ¡Se trata de un tema ambiental! Y cuando eso se elimina del texto del proyecto se debilita la normativa.
Además, en el artículo 3° se introducen los conceptos de estabilidad física y química, pero no se relacionan con los impactos o daños ambientales que pueden generar dichas situaciones cuando no se realizan adecuadamente. Otra falencia.
En ese mismo artículo, se eliminan desde las letras j) a la o), aunque lo más preocupante es la supresión de la letra k), que hace referencia a información de utilidad pública. Aquí hay otra señal de preocupación.
Que en un sector como el minero, que tiene grandes pasivos ambientales, no se permita el acceso a información de carácter público en esta materia, genera la impresión de que existiese algo que esconder, en circunstancias de que no hay nada que temer si se quiere avanzar de verdad en una legislación más contundente en cuanto a sustentabilidad del desarrollo minero.
Y cuando se cambian las condiciones, establecidas en el artículo 13, que debe cumplir un plan de cierre, eliminando toda referencia explícita al medio ambiente, pareciera ser que queremos avanzar, pero sin abordar integralmente la preocupación medioambiental, que empezarán a demandar los mercados internacionales.
Ésos son los puntos que quiero plantear al ministro, porque creo que no están suficientemente resguardados en el proyecto.
Podría señalar varios artículos más en los que podríamos haber concordado puntos de vista en la Comisión, y así él habría quedado, por decirlo de alguna manera, a resguardo de quienes creemos de verdad que es posible hacer más en materia ambiental.
Probablemente, algunos dirán: “¡Cómo va a votar en contra el diputado Vallespín si esto ayuda!” Y lo harán ver. ¡Pero por Dios que sería distinto si lo que planteo se estableciera de manera explícita! ¡Siempre el tema del medio ambiente se considera de manera tácita, implícita! Ante la preocupación medioambiental, siempre se dice: “Ahí vamos viendo”. Pero hoy el mundo demanda que tema del medio ambiente se considere explícitamente.
La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, que en acuerdo transversal quería revisar la materia, demanda que las cosas queden explícitas.
Por eso -lo digo con responsabilidad-, no estoy en condiciones de apoyar completamente la presente iniciativa, y en ese sentido llamo a la máxima responsabilidad y rigor de la Cámara de Diputados.
Si el señor ministro accediera a que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente revisara el proyecto -lo votaríamos la próxima semana- y los contenidos que he señalado, en una sesión, podría aprobarse en forma unánime. Eso sería favorable para el sector y para la sustentabilidad del desarrollo minero. Pero no se da esa posibilidad.
¿Qué cambiaría si el proyecto se votara hoy o la próxima semana? Podría cambiar algo significativo en materia de sustentabilidad del desarrollo del sector minero y no sólo de crecimiento garantizado, considerando alguna dimensión ambiental establecida en normas que, como sabemos en Chile -por su intermedio, señor Presidente , se lo señalo al señor ministro -, son absolutamente piso, pero no techo. Por lo tanto, cuando el proyecto se limita -así se encuentra redactado- sólo a señalar la normativa ambiental aplicable, se está quedando en el subsuelo; ni siquiera en el piso. Por eso manifiesto esta preocupación.
Espero que el ministro se abra a la posibilidad -reitero- de que la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, en una sesión, revise este asunto. Incluso, la Presidenta de la Comisión también lo planteó, pero no se le escuchó. ¿Y con qué afán? Con el objeto de mejorar, de perfeccionar, de validar; no de dejar el proyecto parado por dos o tres meses. ¡Sólo pido una sesión destinada a intentar proteger el medio ambiente de una actividad que conlleva grandes pasivos ambientales! Chile debe ser testigo de la negativa a acceder a dicha solicitud.
Estamos hablando de ese espacio mínimo de deliberación, de discusión de quienes sabemos del tema ambiental y no sólo del tema productivo minero. Ambas materias tienen que ir de la mano. Si la iniciativa pasara por la referida Comisión, podría finalmente incluirse esa mirada que, a mi juicio, hoy no tiene.
Por tal motivo, en las condiciones en que hoy se encuentra el proyecto, no puedo concurrir con mi voto favorable, porque no tengo la garantía de que, desde el punto de vista ambiental, estemos haciendo todo lo que Chile hoy puede hacer. A las empresas mineras -algunas lo hacen voluntariamente- se las debería someter a estándares mayores a los establecidos en nuestra normativa vigente. Entonces, ¿por qué no hablar también del “resguardo del medio ambiente” y no sólo de la “normativa ambiental aplicable”? Porque, obviamente, eso genera el temor de que se acabe la inversión minera, lo cual no es efectivo.
Por lo anteriormente expuesto, pido al ministro , por última vez, que se abra a la posibilidad de que este tema se analice en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y, si ello ocurriera, también podría cambiar mi disposición respecto de la votación. Pero tal como está redactado el proyecto, no lo puedo aprobar.
El medio ambiente no puede ser considerado implícita o marginalmente, sino de manera significativa e importante.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , estamos frente al típico proyecto que se aprovecha para hacer picoteo. La verdad es que debiera existir una ley del Medio Ambiente más potente para no tener que referirnos al tema cada vez que discutimos un proyecto, porque así queda todo picoteado.
Por lo tanto, lo que se debe hacer es pedir al Gobierno del Presidente Piñera que envié a trámite legislativo un proyecto de ley sobre el medio ambiente para que sea estudiado por las Comisiones respectivas y los expertos, la gente que pueda dar una opinión sobre el tema, para que no ocurra lo que sucede hoy, en que cada uno quiere exponer algo aislado sobre la materia respecto de cada iniciativa legal. Si tenemos una ley marco que regule el sistema, vamos a evitar que se produzcan los problemas que ahora se están presentando.
Quisiera preguntar a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra si lo que querían la Presidenta Bachelet y sus ministros González , Andrés Velasco y Ana Lía Uriarte era desintegrar el medio ambiente al mandar este proyecto. Creo que era todo lo contrario. Además, si hoy no se aprueba, las cosas van a quedar tal como están. O sea, si un tipo cierra una mina y se manda a cambiar, va a dejar el desastre más grande. Una vez que el proyecto se convierta en ley de la República, si el dueño de una mina quiere cerrarla, tendrá que poner un pozo; si no cumple lo que está en el proyecto original, existirá un resguardo gracias a la garantía que constituirá para esa eventualidad. En el fondo, esa es una protección al medio ambiente; es mucho mejor que lo que existe actualmente, ya que hoy no hay legislación para proteger una situación de esa naturaleza.
En consecuencia, no queda otra cosa que aprobar el proyecto de ley y tener la esperanza de que el Gobierno enviará a tramitación un proyecto de ley sobre el medio ambiente. Es indudable que, de una u otra forma, por simple que sea una faena, todos los proyectos que tengan que ver con la tierra van a repercutir en el medio ambiente.
Si no estamos de acuerdo en algo, lo podemos discutir. Siempre vamos a tener problemas con las centrales de paso, con las termoeléctricas, con todo lo que tenga que ver o que influya en el medio ambiente, pero no podemos establecer un artículo transitorio cada vez que tengamos que tratar un proyecto de esta naturaleza. En ese caso, la única solución es que exista una ley marco. Eso es lo que está esperando el país, lo que debe hacer con seriedad el Congreso Nacional y lo que tiene que hacer un Gobierno que se precie de respetar el medio ambiente.
Tengo la esperanza de que el programa de gobierno se cumpla en ese sentido, porque durante su campaña el Presidente Piñera señaló claramente que los proyectos se realizarían con profundo respeto al medio ambiente. Esa es la tarea que tenemos por delante. Debemos confiar en lo que estamos haciendo. Si no se aprueba este proyecto, será mucho peor para el país, porque hoy no tenemos nada. Además, aun cuando este proyecto viene de la anterior administración, nos parece bueno. Por eso, el ministro Laurence Golborne -presente en la Sala- le ha dado su apoyo, porque cree que no hay que fijarse en quién lo presentó, ya que lo que es bueno para el país debe unir a todos los sectores.
Reitero, es necesario aprobar el proyecto para salir adelante. Si empezamos con estas discusiones, no vamos a llegar a un acuerdo constructivo para tener un país con medio ambiente, con ley marco, con las minas funcionando como corresponde, con resguardo de la protección patrimonial y con todo lo que ello involucra.
Hemos estado discutiendo este tema durante toda la mañana; en su debate han participado representantes de todas las bancadas. En consecuencia, pido la clausura del debate para no seguir dándonos vueltas sobre lo mismo.
Finalmente, anuncio que Renovación Nacional va a dar su apoyo al proyecto.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.
El señor WARD.- Señor Presidente , en virtud de lo señalado por el diputado René Manuel García y dado que hay consenso en esta Cámara para aprobar este proyecto, pido formalmente la clausura del debate.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- El artículo 140 del Reglamento establece que cuando seis diputados hayan participado en la discusión, un Comité podrá pedir la clausura del debate, siempre y cuando hayan intervenido todos los Comités. Hasta el momento, todos los Comités han intervenido; incluso más, han intervenido diez señores diputados.
Por lo tanto, lo que corresponde es poner en votación el proyecto.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , me parece altamente discutible que se sugiera por parte del Gobierno -me imagino- a sus parlamentarios el cierre del debate, en circunstancias de que este proyecto se discute en la Sala por primera vez y existen parlamentarios inscritos que aún no han intervenido. Eso me parece inaceptable. Esto no había ocurrido nunca durante la discusión de un proyecto que por primera vez se está viendo en la Sala.
Por lo tanto, si la Mesa somete el proyecto a votación, pido que la materia se discuta previamente para que se justifique qué está detrás de la petición de clausura del debate hecha por el ministro a los parlamentarios de Gobierno.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- El ministro no ha pedido nada.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Señores diputados, lo que corresponde
a la Mesa en este momento es hacer valer el Reglamento, cuyo artículo 140 es muy claro.
El señor MONTES.- Señor Presidente, hay algunos colegas que no han hecho uso de la palabra.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , muchos parlamentarios no han hecho uso de la palabra.
El señor MONTES.- Señor Presidente , me refiero específicamente al Comité del Partido Comunista, el cual aún no ha hecho uso de la palabra.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Señor diputado, hizo uso de la palabra el Comité Mixto PRSD-PC-Independientes, del cual forma parte el Partido Comunista.
El señor Secretario va a dar lectura al artículo 140 del Reglamento para una mayor claridad al respecto.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- El artículo 140 del Reglamento establece lo siguiente:
“Artículo 140.- En la discusión de los proyectos calificados de suma urgencia o de discusión inmediata, se podrá pedir la clausura del debate cuando hayan hablado cuatro Diputados, dos de los cuales emitieren opiniones distintas, o cuando seis Diputados hayan participado en la discusión.
Aceptada la clausura, se pondrá inmediatamente en votación general el proyecto.
Rechazada, podrá renovarse el pedido cuando se pronunciaren tres discursos.
Lo dispuesto en este artículo debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 132. (Tiempo de los Comités, salvo renuncia).”
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- En consecuencia, a este Presidente no le corresponde más que hacer cumplir la solicitud hecha por un señor Comité.
En votación la clausura del debate.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra para un punto de Reglamento.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Está en votación la clausura del debate.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, es inaceptable lo que está haciendo. Voy a presentar la censura de la Mesa.
Su señoría debe ofrecer la palabra.
El señor BERTOLINIO ( Vicepresidente ).- Señor diputado , se dio lectura al artículo 140 del Reglamento, que se refiere a la materia en forma muy clara.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
Una señora DIPUTADA .- Señor Presidente , pido reunión de Comités.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión.
El señor Secretario va a dar lectura a los acuerdos de los Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Secretario accidental ).- Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del señor Melero, adoptaron los siguientes acuerdos, relacionados con el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras:
1. Suspender el tratamiento de proyectos de acuerdo e Incidentes.
2. Continuar con la discusión del proyecto hasta las 14.15 horas, concediendo un tiempo de hasta cinco minutos a cada señor diputado que desee intervenir.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , como consecuencia de la lógica alteración de la Tabla que han decidido los Comités, que no voy a discutir, queda claro que el proyecto que figura en segundo lugar de la Tabla no se va a tratar hoy.
El señor MELERO ( Presidente ).- El proyecto de licencias médicas quedó pendiente para la sesión del próximo martes.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , dado que ese muy importante proyecto contiene tres normas penales que son esenciales, pido que recabe la unanimidad de la Sala para enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Esas normas, que son interesantes, tienen al menos un par de puntos discutibles.
Por ello, sin perjuicio de respetar la urgencia, reitero mi petición de enviar el proyecto por una semana a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sólo para estudiar esas tres normas.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Señores diputados, el diputado Burgos ha planteado que el proyecto sobre licencias médicas sea remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente , no veo inconveniente al respecto, pero pido que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia evacue su informe antes del próximo martes, de manera que cuando tratemos el proyecto, contemos con dicho informe.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , cuando tratamos el proyecto en la Comisión de Salud sacamos los tipos penales al Código Penal. Se establece una pena bastante pequeña. Por lo tanto, para que avanzara el proyecto, retiramos la parte penal.
En esas circunstancias, me parece inconducente su remisión a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor MELERO ( Presidente ).- No hay acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Jorge Burgos
.
El señor BURGOS.- Señor Presidente , ¿están pedidas las votaciones separadas?
El señor MELERO ( Presidente ).- Así es, señor diputado , y puede reiterar esa petición durante el debate del proyecto.
Para referirse al proyecto que nos convoca, tiene la palabra el diputado señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , quiero referirme al punto jurídico del proyecto, y a una cosa práctica que también dice relación con lo jurídico.
La iniciativa sobre cierre de faenas e instalaciones mineras no se inició durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , sino cuando fue presidente don Eduardo Frei Ruiz-Tagle . En esa oportunidad, tuve el honor de integrar la Comisión que dicho
Primer Mandatario estableció a través de Cochilco.
Esto dice relación, como señala el proyecto, con los pasivos ambientales. Al respecto, creemos que, desde el punto de vista jurídico -aunque yo voy a votarlo favorablemente- esta futura ley tendrá graves inconvenientes en la práctica, y es factible que el Tribunal Constitucional se llene de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
En efecto, el N° 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República dispone que dichas concesiones de exploración o de explotación se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional.
Eso es muy importante desde el punto de vista jurídico y práctico. El proyecto debiera haber tenido el carácter de orgánico constitucional, y sus normas haberse incorporado dentro de la ley orgánica de concesiones mineras. Así como dicha establece el derecho de un particular a explorar o explotar un yacimiento, también allí, en un título, debiera establecerse cómo se cierra la faena minera.
Como dije, éste es un tema que, en la práctica, tendrá graves consecuencias jurídicas. Por eso, me parecen inapropiados los artículos 6° y 8° del proyecto.
Enseguida, deseo referirme a un aspecto que poco se ha tratado: los pequeños mineros. Estos, como se dijo en la Comisión y se señala en el informe, son aproximadamente cuatro mil personas que dan gran cantidad de trabajo a zonas mineras como Combarbalá, Illapel y otras.
A ese respecto, la letra q) del artículo 3° del proyecto y el artículo 50 hablan de las reservas del yacimiento minero y de la forma cómo se establecerá la reserva en relación con la pequeña minería.
Ése será otro inconveniente. Lo que ocurrirá será que tanto el Sernageomin como el Ministerio de Minería se llenarán de peticiones en relación con el cálculo de las reservas de los yacimientos de menos de diez mil toneladas mensuales, como establece el proyecto.
Por lo tanto, creemos que aquí existe un inconveniente jurídico que debemos precaver, ante la posibilidad de que se presenten recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en relación con que las faenas mineras, al momento de constituir su concesión de exploración o explotación, tendrán que contar con un proyecto de cierre de faenas, lo que, a mi juicio, es altamente inconducente.
Respecto de la pequeña minería, reitero lo que expresé en relación a la reserva. Este es un proyecto asimétrico respecto de la pequeña y mediana minería y creo que tendrá graves problemas de aplicación en la práctica.
Sin perjuicio de lo anterior, anuncio mi voto a favor.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente , qué duda cabe de que este proyecto constituye una gran noticia para el país, en particular para las comunidades humanas que deben convivir cada día de sus vidas con los relaves mineros, con el riesgo y el miedo que eso significa para la salud humana por la contaminación del medio ambiente y, sobre todo, por la contaminación de ríos y cuencas.
Lamento la premura con que estamos debatiendo el proyecto. Sería muy importante acoger las observaciones que han hecho colegas en sus intervenciones, sobre todo la propuesta del diputado Vallespín , en el sentido de enviar el proyecto por un día a la Comisión de Medio Ambiente.
Reitero que no entiendo la premura en el despacho de la iniciativa, ya que se debatió largamente en el Senado y también en la Comisión de Minería, pero ésta es la primera oportunidad que tenemos para tratarlo en la Sala. Por eso, me hacen sentido las observaciones que he escuchado de los diferentes colegas que han intervenido.
No soy integrante de la Comisión de Minería, pero represento una zona eminentemente minera, de pequeña minería y minería artesanal, constituida por los pirquineros.
Me dejó inquieta la intervención del diputado Letelier , ya que no estarían nítidamente consagradas normas a fin de diferenciar en la aplicación de la ley las distintas actividades mineras: la artesanal, la pequeña, la mediana y la gran minería, que en su día a día productivo, no tienen mucha relación. Por desgracia, hoy tenemos la tendencia cultural de legislar para el promedio, a homogeneizar las normas y aplicarlas por igual a todas las actividades, sea en la minería, la agricultura, etcétera.
Si el proyecto va a la Comisión de Medio Ambiente, quizás ese tema se pueda revisar con mayor exactitud.
Por último, quiero señalar que, en forma paralela a la tramitación del proyecto, ha funcionado la Comisión Investigadora sobre la situación de los depósitos de relaves mineros existentes en el país, presidida con mucha rigurosidad por el diputado Felipe Ward . En dicha instancia, estamos próximos a evacuar el informe cuyas conclusiones se han alcanzado de manera consensuada, por unanimidad.
Una de las preocupaciones que plantea esa Comisión Investigadora es un tema ex ante; no se trata de regular y exigir los planes de cierre desde el momento de iniciación de las faenas, aspecto que es fundamental, sino que tiene que ver con el lugar donde se localizan los relaves. Hoy, la gran queja de la gran mayoría de las juntas de vigilancia y de las comunidades de agua, se refiere a que los relaves se instalan en las cuencas de los ríos. Tenemos una situación de agotamiento y contaminación de cuencas. Quizá se necesita una iniciativa de ley o un decreto en relación con esta materia, o bien incorporar en el texto de la iniciativa en estudio normas en ese sentido. Es necesario legislar sobre la ubicación de los relaves. Tenemos una explosión de intereses y de bienes por resguardar, como la salud, las aguas y el riesgo de las instalaciones, todo lo cual está quedando desprovisto de protección.
Esto ocurre en circunstancias de que, según escuché, existirían alrededor de 50 mil millones de dólares para posibles proyectos de inversión minera.
Entonces, está bien resguardar el cierre de los relaves, porque el Estado carece de medios potentes para su regulación. Se está dando un paso muy relevante, pero hay que darlo bien.
Reitero que no entiendo la premura por cerrar el debate. La magnitud e importancia de este tema no se presta para este tipo de trampitas, en el sentido de empezar a amordazarnos y a no permitirnos revisar en mayor profundidad estas materias.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, este proyecto es muy valioso y viene a llenar un vacío.
Nos tocó conocerlo en la Comisión de Hacienda. Su lógica económica es indiscutible; se trata de internalizar los costos reales que surgen de las externalidades negativas de la actividad minera.
Sé que es impopular lo que voy a decir, pero esta legislación debiera ser para todo tipo de actividades, no sólo para las de las grandes. La suma de las actividades de las pequeñas empresas puede tener un efecto ambiental tan negativo como el de una grande.
Aquí se está evaluando el efecto del cierre de una o más faenas e instalaciones mineras. Sin duda, esto obligaría a crear un sistema de subsidio que permitiera a las pequeñas internalizar los costos para tener cómo cubrirlos, dada su rentabilidad.
Creo que no es razonable que se excluya a ciertas actividades por presentar más dificultades para internalizar los costos. Hay que crear otro mecanismo para eso, porque aquí se trata del interés ambiental general y de enfrentar las externalidades negativas.
Es legítimo lo planteado por el diputado Vallespín , en el sentido de que el proyecto también vaya a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente para que lo trate en una sesión, debido a que se aborda una materia esencialmente ambiental. Sería razonable hacerlo para no enturbiar su tramitación en esta etapa.
A mi parecer, no fue atinada la propuesta del diputado Ward, en el sentido de cerrar el debate. Tampoco es atinado impedir a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente dar su opinión.
Deseo plantear dos observaciones, a una de las cuales se refirió el diputado Lemus . Los objetivos del proyecto no son consistentes con la solidez del Sernageomin. Si este Servicio no cuenta con los recursos, equipos y condiciones para asegurar que la ley se cumpla, en verdad ésta sólo terminará en buenas intenciones y existirán dificultades para que sea operativa.
Como expresó el diputado Letelier, la iniciativa tiene miles de aspectos por reglamentar. También se debe velar para que esto opere de manera efectiva.
En ese sentido, por mucho que se hayan incrementado los recursos del Sernageomin, en la Comisión de Hacienda quedó en claro que dicho aumento no guarda relación con la solidez que debe tener este Servicio para enfrentar tales objetivos.
Este tema debiera ser considerado en la Ley de Presupuestos o en otro momento, porque es de primera importancia.
En muchas ocasiones, legislamos con muy buenos objetivos generales, pero no creamos los instrumentos consistentes para ello.
La otra observación se relaciona con los pasivos ambientales mineros urbanos, situación que hice presente al ministro y a la Comisión. En zonas urbanas tenemos pozos áridos, muchos de los cuales operaron sobre la base de patentes mineras.
Los pasivos ambientales requieren ser asumidos. Independientemente de que hoy no puedan ser declarados como actividad minera, en su origen sí lo fueron. Esto ocurre en Santiago, en el centro de la ciudad de Frutillar y en muchos otros lugares.
El ministro se comprometió a estudiar el tema. Solicito una respuesta al respecto. No podemos tener al lado de las viviendas unos tremendos pozos áridos sin línea de tratamiento de cierre. Al momento del cierre, se debe responsabilizar más a quienes han obtenido grandes beneficios de su explotación.
Esto es dañino no sólo por el aspecto ambiental, sino también por el de la seguridad. En la zona de La Florida y Puente Alto hay 120 hectáreas de pozos áridos. Ha muerto mucha gente en esos lugares, debido a que no hay cierre ni una organización adecuada.
Por eso, insisto en este punto, que planteé al ministro.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto de ley busca poner en concordancia el desarrollo de la actividad minera, principal quehacer indus-
trial del país, con las exigencias medioambientales aspecto del que hoy se está tomando conciencia.
Desde esa perspectiva y en función del tiempo, quiero llamar la atención sobre tres o cuatro cosas bien concretas.
El hecho de legislar sobre el cierre de faenas mineras será aplaudido y aceptado con mucho interés por parte de las comunidades que viven en el entorno de este tipo de actividades. Su no cierre, cualquiera sea el argumento, es un foco de contaminación ambiental que sufren los respectivos trabajadores y la población circundante.
Por eso, en la Comisión me manifesté partidario de que este proyecto sea ley de la República, postura que reitero en esta Sala.
Pero se ha llamado la atención -planteamiento al cual quiero sumarme- sobre el hecho de que la motivación más de fondo en relación con esta materia es el drama que viven comunidades a propósito del atentado al medio ambiente que genera el no cierre de faenas.
Me sumo al planteamiento de los diputados Vallespín y Montes , en el sentido de que se considere la posibilidad de que el proyecto sea enviado a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, a fin de realizar un estudio más completo y proponer medidas que garanticen que se cumplirá esta normativa.
Por otra parte, ojalá que el reglamento que se dicte para implementar esta ley sea consecuente con las motivaciones y coincidencias expresadas durante el debate.
Al respecto, se debe hacer hincapié en el rol del Sernageomin como ente fiscalizador. Hay que potenciarlo y buscar todas las instancias para que sea eficaz. Esto se puede lograr cuando se discuta el proyecto de Ley de Presupuestos o el fortalecimiento del sector público ad hoc en materia de fiscalización.
Por otro lado, se ha expresado una gran inquietud de los trabajadores y profesionales vinculados a este Servicio. En relación con las garantías del cumplimiento de esta futura ley, llama profundamente la atención la idea de crear una Superintendencia de Minería sin aclarar cuál es el principal rol del sector público, del Estado de Chile, y la posibilidad de tercerizar o de abrir otra actividad que termine privatizando la función fiscalizadora.
Por ello, en el proyecto mediante el cual se buscará potenciar y cambiar las capacidades del Sernageomin, se debiera tomar nota de los expertos que laboran en dicho Servicio. Al respecto, es necesario que nos den garantías de que efectivamente se fortalecerá el sector público.
Ojalá que el camino que se está haciendo vaya en el sentido de potenciar y prestigiar la actividad minera desde el punto de vista industrial. Asimismo, que en el plano de la mediana minería, sobre todo de los mineros artesanales y pirquineros, se abra al menos una línea de fomento desde la Enami, que ayude, sin cargar costos, a alguien que está recién emprendiendo y que lo realiza con mucha adversidad.
En suma, la idea es armonizar esta actividad laboral, que brinda desarrollo económico al país, con el resguardo y el respeto irrestricto a las exigencias medioambientales.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , la iniciativa en estudio dice relación con una de las actividades productivas más relevantes del país, pero, a su vez, una de las más destructivas. Por eso, al igual como lo han solicitado otros diputados, pido que el proyecto sea enviado a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir al señor ministro que en esta oportunidad me abstendré. No voy a respaldar la iniciativa, porque creo que estamos perdiendo la oportunidad de legislar bien.
Al parecer, es una buena iniciativa de ley, porque facilita la solución de varios problemas pendientes. Pero si no hacemos las cosas bien, si no hacemos las cosas como corresponde, una vez más vamos a aprobar un proyecto de ley mediocre, que no tendrá todas las características necesarias para alcanzar el efecto que queremos.
Las mineras no me gustan; puede que traigan todos los dólares del mundo al país, pero no me gustan y no me han gustado nunca. Me pregunto qué pasaría si el día de mañana se encontrara una veta de cobre en San Vicente de Tagua Tagua: destruirían todo el valle. Por consiguiente, reitero, las mineras son destructivas; podrán traer al país todos los dólares del mundo, pero son destructivas. Es lo que está pasando con el agua, con los relaves y con los trabajadores.
Por ello, insisto en que me abstendré e invito a todos los diputados y diputadas a hacer lo mismo. Invito a los colegas a detener su tramitación legislativa, porque la iniciativa está mal hecha. Una vez más vamos a votar un proyecto mediocre. No debemos seguir haciendo las cosas mal, menos en algo tan importante como es el cierre de las faenas mineras.
Señor Presidente , por su intermedio le pregunto al señor ministro por qué debemos acelerar la tramitación de la iniciativa; qué complicación tiene esperar una semana más. El señor ministro es un hombre reflexivo, conciliador y capaz de llegar a consenso en muchas partes. Entonces, ¿por qué no puede esperar una semana más, de manera que el proyecto vaya a la referida Comisión? Hagamos las cosas bien y como corresponde.
En esta ocasión no va a contar con mi voto, porque se va a aprobar una iniciativa de ley mediocre para nuestro país.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente , mucha gente nos pregunta por qué durante la tramitación de determinadas iniciativas de ley no tuvimos la oportunidad de agregar algo obvio. Lo que la ciudadanía no sabe es que tenemos pocas atribuciones. A ello se agrega la práctica del Ejecutivo -como ha ocurrido con todas las iniciativas importantes en el último tiempo- de calificar los proyectos con suma urgencia o discusión inmediata, por lo cual, al momento de conocerlos en la Sala, ni siquiera podemos presentar indicaciones. Y por si eso fuera poco, a veces, se limita la posibilidad de intervenir.
Me parece que se ha cometido un error al no posibilitar que un proyecto tan importante como éste pueda ser analizado en forma íntegra. No voy a repetir lo que se ha dicho respecto de la conveniencia de que el proyecto hubiese sido analizado en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, más aún cuando extrañamente, como dijo el diputado Vallespín , las palabras medio ambiente se eliminaron sistemáticamente del texto en tres o cuatro artículos, lo que, obviamente, requiere una explicación.
A pesar de ello, creo que la iniciativa es necesaria y que va en la línea correcta. Como sabemos, tuvo su origen en un mensaje de la Presidenta Bachelet, con las firmas de los entonces ministros de Hacienda, Medio Ambiente y Minería.
Para finalizar, quiero hacer dos o tres reflexiones. En primer lugar, nadie duda de que Chile es un país minero. De hecho, gran parte de nuestras exportaciones tienen su origen, precisamente, en ese sector. Sin embargo, quiero hacer un alcance que considero importante. Por cada millón de dólares de exportación del sector minero, en especial el del cobre, tenemos cinco empleos; en cambio, por cada millón de dólares que exporta el sector frutícola, tenemos ciento cuarenta y cuatro empleos. Entonces, si el sector minero, por no cerrar sus faenas en forma adecuada o por no tener consideración respecto de los relaves, afecta a otros sectores productivos, como el frutícola, se genera un impacto directo sobre una cantidad importante de chilenos que lo único que tienen es su trabajo, lo que no está bien.
Quiero hacerme cargo del alcance que hizo el diputado Letelier , quien insinuó que el proyecto puede tener vicios de inconstitucionalidad en la medida en que la concesión minera no tendría por qué estar asociada, entre otras cosas, a la exigencia de un cierre de las faenas. El mensaje de la Presidenta Bachelet responde a esa inquietud, al establecer que si bien el artículo 19 N° 24° de la Carta Fundamental dispone que “la concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento”, debiendo el régimen de amparo tender a obtener el cumplimiento de dicha obligación, puede ocurrir que una concesión esté materialmente abandonada, pero que tenga un dueño al que le bastará pagar la patente correspondiente, para mantener la propiedad sobre la concesión minera. En tal caso, el solo pago de la patente no basta para considerar que las instalaciones o faenas mineras no se encuentran abandonadas. Por consiguiente, la referencia al abandono de las faenas mineras es la dejación “material” del proyecto, independientemente de la extinción jurídica de la concesión”. Es decir, la concesión obviamente no está debidamente administrada en el medida en que se deja abandonada una faena minera durante su proceso de explotación o al término de éste.
Repito que el proyecto va en la línea correcta y, por lo tanto, sería un error -por las consideraciones que han hecho varios diputados que comparto- que no obtuviera el respaldo necesario. En ese sentido, independientemente de los alcances que se han hecho, anuncio mi voto a favor. No obstante, la Sala debiera acordar su envío a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
He dicho.
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , hay varios temas a los que quiero referirme.
En primer lugar, sin el cobre no podríamos tener ninguna posibilidad de crecimiento como país, pues como sabemos es la fuente de ingresos más grande que tiene Chile. Por lo tanto, hay que dejar las cosas claras y hablar en forma seria, porque el metal rojo sustenta nuestra economía.
Por otra parte, los que vivimos el problema de los relaves y de los pasivos ambientales -en mi zona existen dieciocho pasivos ambientales-, sabemos lo que esto implica. Incluso más, han muerto personas a causa de los relaves.
El proyecto de ley me parece un gran avance, porque significa recorrer kilómetros en temas que nunca se habían abordado.
Sin embargo, como subsisten temas pendientes, hemos pedido que el proyecto vaya la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. No tenemos intención alguna de que la iniciativa se entrampe en dicha instancia; la idea es que en ella se le dé una mirada más profunda.
Reconozco que deberíamos haberle echado una mirada con anterioridad. Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro que, en verdad, deberíamos habernos preocupado antes a fin de formular indicaciones. Sin embargo, a última hora queremos estudiar el proyecto, porque nos han asaltado dudas.
Ojalá, de ahora en adelante los proyectos de la Comisión de Minería y Energía se aborden en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, con el objeto de no despachar proyectos “cojos” o que se generen este tipo de dificultades.
Finalmente, reitero que me parece un gran proyecto y, por lo tanto, lo voy a votar a favor.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el ministro de Minería y Energía , señor Laurence Golborne.
El señor GOLBORNE ( ministro de Minería y Energía ).- Señor Presidente , he escuchado con detención las intervenciones de los señores diputados respecto del proyecto.
Hay algunos aspectos que, quizás, sea importante aclarar. Además, hay temas respecto de los cuales varias intervenciones son coincidentes.
Como dijeron los diputados señores Montes y Lemus, necesitamos que el Sernageomin sea un organismo fuerte y capaz de llevar adelante la adecuada fiscalización de las normas que aprobemos.
En la Ley de Presupuestos que nos rige este año, se hizo un esfuerzo para dotar al Sernageomin de más recursos.
Como se ha enunciado, pretendemos avanzar en el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad. Por lo tanto, espero que próximamente en el Congreso Nacional se discuta un proyecto de ley a fin de establecer la Superintendencia de Minería. La idea es que dicha instancia tenga más fuerza, recursos y capacidad a fin de llevar adelante estos objetivos.
Como no podemos detener el desarrollo del país en espera de esos proyectos, continuamos avanzando. El día que contemos con una Superintendencia de Minería, ella contará con las atribuciones del Sernageomin.
Existe preocupación respecto de si las pequeñas faenas mineras podrán cumplir con la normativa.
Al respecto, quiero decir que en el Ministerio de Minería y en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional existen fondos destinados a apoyar el desarrollo de estas faenas mineras, de manera que puedan continuar con sus labores.
Queremos preocuparnos del desarrollo sustentable de la pequeña minería, como también de la seguridad de los trabajadores y del respeto al medio ambiente y a las comunidades.
Tenemos otra inquietud, que tiene que ver con los pasivos históricos de faenas mineras que terminaron su labor hace muchos años. Es una tarea pendiente que se deberá abordar en el futuro. No cejaremos. Por lo tanto, continuaremos trabajando al respecto en futuras legislaciones.
El tema medioambiental es de máxima preocupación, y este proyecto avanza en ese sentido.
El establecimiento de la obligación de tener un cierre formal, con auditorías, es un gran avance. Más aún, el establecimiento, no de un fondo pequeño, sino en una garantía que se constituye y termina siendo el costo total del plan de cierre, nos ayudará a que la empresa minera -o, en su defecto, el Estado si la empresa no ha cumplido- asegure que en el mañana no contemos con pasivos mineros no controlados o respecto de los cuales no se tenga manera de tratarlos en forma adecuada.
Se nos plantean ciertos requerimientos en materia medioambiental. Esta futura ley se hace cargo de que el proceso de cierre de faenas mineras será parte de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), del proceso de aprobación de evaluación de impacto ambiental.
Pero hay inquietudes y dudas. Hay solicitudes -coincido con la diputada señora Andrea Molina, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente- que considero relativamente tardías. Pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho popular.
Este proyecto fue tramitado de manera distinta. Al respecto, quiero propiciar que legislemos y quizás elaboremos toda nuestra política, conversando, dialogando y buscando acuerdos.
No voy a ser yo quien se oponga a conversar o a debatir sobre temas respecto de los cuales algunas personas quieran ver aclaradas sus dudas.
Cuando en el Senado nos entrampamos respecto de algunas disposiciones, se estableció el trabajo de una comisión técnica que discutió durante dos meses varias de estas materias. En suma, tomamos el tiempo suficiente para lograr la aprobación unánime.
En la Cámara de Diputados, el proyecto se podría aprobar hoy; pero, como se han planteado inquietudes -insisto, tardías-, la Comisión de Medio Ambiente podría revisarlas.
Por lo tanto, señor Presidente , si las disposiciones reglamentarias lo permiten y si existe buena disposición y unanimidad para llevar adelante esta tarea, la Comisión de Medio Ambiente podría analizar durante una semana las implicancias de la iniciativa. El Ejecutivo está abierto a esa posibilidad, de manera que el proyecto cuente ojalá, con el respaldo unánime de la Cámara y se vote a la brevedad para que se convierta en ley de la República con apoyo transversal.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MELERO ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente , qué bueno que podamos seguir con la discusión del proyecto. Al respecto, cabe recordar que con el subsecretario ésta se realizó en buenos términos.
Por tanto, felicito, al subsecretario de Minería , quien ha sostenido una relación diferente con los parlamentarios de Oposición, en comparación con otros ministros y subsecretarios.
Quiero llamar la atención sobre un tema que conversé largamente con representantes del Servicio de Impuestos Internos y que planteé en la Comisión. Me refiero al artículo 58 del proyecto, que crea una legislación diferente para las empresas mineras, respecto del cual voy a pedir votación separada.
Lo que estamos diciendo -más allá de la ley contable o tributaria- en el artículo 58 es que los gastos en que se pueda incurrir eventualmente -por concepto de las garantías que se van a constituir- en el último tercio de la vida útil de la faena se podrán deducir de los costos y, por tanto, no pagar impuestos.
Señor Presidente , a través de este proyecto de ley. le voy a dar una noticia, hacer extensible en su declaración de impuestos, para que sólo tribute por el último tercio de los períodos de cuatro, ocho o doce años que estará como parlamentario.
El diputado Jaramillo me mira atentamente; el diputado Ortiz también, porque lleva veintitantos años como diputado , y, en consecuencia, debería tributar solamente por los últimos años. Eso es interesante.
Estamos creando una legislación específica para las mineras; se habla de garantías constituidas por medio de documentos; de depósitos o instrumentos financieros que garantizarán que se va a poner la plata, de manera que, cuando venga el cierre de las faenas, se cuente con los recursos necesarios. De lo contrario, el Estado los toma y los aplica. Pero estos son activos. Entonces, se está castigando instrumentos financieros, depósitos contra resultados. ¡Qué bueno! Más de algún parlamentario tendrá por ahí alguna inversión. Entonces, según lo que establece el artículo 58, que debería ser extensivo a todos los chilenos, podría llevarse a resultado en el último trimestre de cada año.
¡No corresponde que nos metamos a legislar en ésta materia, señor Presidente ! Es un buen proyecto, pero estamos metiendo un artículo que, tributariamente, es una excepción a favor de las mineras. ¡Una vez más el poder de las mineras!
Se imaginan la pelea que vamos a tener con los bancos. Los bancos van tomando provisiones por años -es la razón por la cual las tasas de interés están altas- y el chileno paga.
O sea, con ésta estamos diciendo que toman provisiones en el último tercio. ¿Qué les estamos diciendo a los mineros? Que ganen la plata en los primeros tercios y hagan la pérdida en el último.
Normalmente, si uno va a gastar en algo, -por ejemplo, en arriendo-, previene; en el período anterior, mes a mes o año a año, lleva eso a gasto, en forma racional. Pero si a usted le permiten que en el último tercio de su vida, de un proyecto, de una actividad o de lo que sea, cargue esto, le están diciendo que maneje tributariamente sus resultados; pero hay una ley tributaria que no acepta eso. Desde el punto de vista tributario, usted está obligado a llevar a gastos sólo la ocurrencia de un evento, de un hecho. Si no, sería muy fácil que el diputado Venegas dijera que tendrá problemas en cinco años más; que cuando quiera ser senador gastará mucha plata y, por lo tanto, va a empezar a hacer provisiones ahora, sin pagar impuesto, por dos millones de pesos mensuales. ¡Brillante, pues! Eso es lo que significa el artículo 58.
¡Y mire! El informe financiero señala que esta futura ley no tiene costo fiscal. Sin embargo, el costo fiscal se estima en 6.000 millones de pesos. En el informe se establece que “corresponde exclusivamente al anticipo en el reconocimiento del gasto”. Es decir, el fisco, los chilenos, vamos a perder 6.000 millones de pesos; a estas empresas, a las cuales le estamos imponiendo que hagan cierre de faenas -puede estar bien, no soy experto en eso-, tributariamente, les estamos regalando esa suma, según se reconoce en el informe financiero.
Entonces, perdóneme, señor Presidente . Aquí hemos hablado sobre temas técnicos; está bien, respeto a los que saben. Pero yo sé de finanzas, y esto es una aberración desde el punto de vista tributario. El artículo 58 del proyecto es insostenible. Por eso, pido que se vote en forma separada. No tiene sustento. En este caso, estamos abriendo una legislación sólo para las mineras, diferente respecto de la existente para los demás sectores productivos de Chile, y eso no me parece adecuado. La legislación tributaria se hace en el Congreso Nacional, aquí, por quienes discutimos los temas tributarios. Garantías tributarias adicionales, obligar al cierre de faenas y garantizar, ¡bien!; pero no me parece que esa plata se deduzca tributariamente y, además, que en el último tercio de vida se manejen las utilidades. Creo que aquí nos están metiendo bola por gato o gato por bola, como dicen en el norte.
Por lo tanto, voy a votar en contra el artículo 58.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Honorable Cámara, reunidos los Comités resolvieron, en forma unánime -gracias a la buena disposición del ministro señor Laurence Golborne-, que este proyecto de ley no se vote hoy a las 14.15 horas, como se había acordado y que vaya a la Comisión de Medio Ambiente.
Por consiguiente, prolongaríamos el debate hasta las 14.15 horas y suspenderíamos el tratamiento de proyectos de acuerdo. Sólo habría Incidentes para los Comités de Renovación Nacional y Socialista.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Siguiendo con el debate, tiene la palabra el diputado señor Robles.
El señor ROBLES.- Gracias, señor Presidente.
En general, este proyecto es muy bueno, sobre todo en lo que dice relación con la gran y mediana minería.
Evidentemente, los pasivos ambientales mineros son un problema serio en Chile y no preocuparse de lo que ocurrirá en el futuro, especialmente en las zonas mineras del norte es una indiferencia que no podemos aceptar. Un proyecto que establece y regula el cierre de faenas mineras, que da certeza jurídica de que esos cierres se van a producir en términos de que pueda cuidarse la vida, la seguridad y también el medio ambiente, y que no se deje el hoyo solamente, en cuanto a la riqueza que se extrajo, me parece extraordinariamente positivo.
Sin embargo, en la Comisión de Hacienda planteé el hecho de que me preocupa que la pequeña minería no sea capaz de desarrollar las actividades que por este proyecto se le entregan. Discutimos respecto de si estaba asegurada su viabilidad para proseguir con su desarrollo, sobre todo en regiones del norte, como la mía, Atacama , donde los pequeños mineros, los pirquineros, son extraordinariamente importantes no sólo desde el punto de vista económico de la región, sino también de su historia, de su patrimonio cultural, más que la gran minería del cobre u otras industrias extractivas. Este proyecto de ley establece para la pequeña minería un aspecto que me parece complejo, cual es que resultará aplicable el procedimiento simplificado a la empresa minera cuya capacidad de extracción sea menor de diez mil toneladas anuales.
Señor Presidente , si hablamos de menos de diez mil toneladas anuales nos referimos a la pequeña minería; pero a esta pequeña minería se le pide, en el procedimiento simplificado que la ley establece, que cumpla con la letra e) del artículo 13, que es el meollo, el elemento más sustantivo de este proyecto, porque ahora en dicha norma se exige también a la pequeña minería que desarrolle un conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa minera para obtener la estabilidad física y química del lugar donde se encuentra la faena minera, así como el resguardo de la vida, la salud y la seguridad de las personas, de acuerdo con la ley.
Para que un pequeño minero pueda aseverar y asegurar que la actividad que emprende obtiene estabilidad física y química de los relaves, de los estériles, etcétera, el costo que eso representa es realmente importante, impagable para una pequeña minera, para una empresa que produce no más allá de diez mil toneladas al año. Lo cierto es que, hoy, el Sernageomin dispone, entre sus requisitos en la guía para la presentación de proyectos, de un plan de cierre de faenas mineras para la pequeña minería. Eso es bastante razonable para los pequeños mineros; basta y sobra para poder lograr el objetivo que plantea este proyecto.
Por lo tanto, aquí se incorporó una exigencia que puede hacer inviable a la pequeña minería en el futuro. Es perfectamente posible que a través de este articulado se haga imposible la subsistencia de la pequeña minería que para la región de Atacama es básica, fundamental, desde el punto de vista de su desarrollo. Sin pequeña minería, la probabilidad es que el norte de Chile, las regiones Cuarta, Tercera, de Antofagasta, incluso las de Tarapacá y de Arica y Parinacota, tengan problemas serios en su desarrollo y exploración de los pequeños mineros.
Por eso, señor Presidente , he pedido votación separada para el artículo 16. Espero que el señor ministro de Minería , una vez en la Comisión, revise esta exigencia a la pequeña minería y podamos lograr un acuerdo, en el sentido de exigirle el plan de cierre de faenas, pero en medida acotada y que el resto de los elementos, que son básicos, estén disponibles para que el Estado, a través de sus empresas, de la Enami, de Sernageomin, se preocupe de que la pequeña minería cuente con asistencia técnica y recursos desde el punto de vista de su fomento y desarrollo, de manera que el plan de cierre, en relación a la estabilidad física y química de los relaves, de los depósitos de estériles, cumplan con los requisitos que se ponen; pero, reitero, apoyados por el Estado. Con esto se puede poner una lápida a la pequeña minería y no creo que ése sea el objetivo del proyecto.
He dicho.
El señor MELERO ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez, hasta por cinco minutos.
El señor VELÁSQUEZ .- Señor Presidente , en primer lugar, en nombre de la bancada PRI-Independientes, nos alegramos de que, definitivamente, los diversos Comités, a requerimiento suyo y de la Mesa, hayan optado porque este proyecto ingrese a la Comisión de Medio Ambiente.
Señor Presidente , por su intermedio, solicito a la Mesa de esta Corporación que en futuros proyectos, sobre todo de la importancia del que nos convoca, se evite excluirlos de trámite en otras Comisiones, que son tan relevantes y que tienen tanta opinión como las de Minería y Energía, de Hacienda u otras. Ya ha ocurrido con otros proyectos. Hechos como este nos dejan la sensación, a quienes integramos esas otras comisiones, de ser diputados de segunda categoría, lo que, por cierto, no corresponde.
Por otra parte, agradezco al ministro de Minería y Energía su disposición para que el proyecto sea remitido a la Comisión de Medio Ambiente. Faltaba este trámite, porque no es posible que un proyecto bien inspirado, que tiene un sentido superior, contenga una serie de vacíos que afectan especialmente a la pequeña minería.
Ejemplo de ello es el depósito de relave minero que se ubica en pleno centro de la ciudad de Coquimbo, a menos de 300 metros, al lado del mar, de la reserva ecológica Culebrón . En la misma comuna, en la localidad de Tambillo, existe otro depósito de relave, que está afectando severamente la salud de una población superior a los 1.500 habitantes.
Si esos hechos se multiplican, especialmente desde el Norte Chico hacia el Norte Grande, si no se solucionan y no se buscan acuerdos, es indudable que el proyecto va a cojear.
Por eso, nos alegramos y, por su intermedio, señor Presidente , agradecemos al ministro su disposición de esperar. Lo mismo, para la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente , diputada Andrea Molina , por defender el derecho que le asiste a esta instancia legislativa de conocer temas tan delicados e importantes para el país.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente , no puedo dejar de participar en la discusión de este proyecto, no sólo por el hecho de pertenecer a la comisión técnica que lo analizó, sino porque tengo que responder a algunas afirmaciones que se han vertido durante la discusión.
Por su intermedio, señor Presidente , le digo a mi amiga, la diputada Alejandra Sepúlveda , que no podemos negar que la minería es, ha sido y será el sustento de nuestro país. Por lo tanto, en esa reclamación que hizo, la insto a que reflexione, porque no es posible que una diputada piense que no se puede realizar explotación minera en nuestro país. Tenemos ahí una discrepancia de fondo, toda vez que nuestra economía está ligada indisolublemente al amplio desarrollo de la minería, sobre todo en el corto plazo, gracias a las fuertes inversiones que se harán en el Norte Grande.
Comparto que el proyecto es bueno y que viene a suplir una necesidad básica, principalmente para quienes vivimos y hemos sido criados en zonas mineras, cual es mitigar el daño ambiental y patrimonial, incluso el arqueológico, que ocasionan las explotaciones mineras.
Tenemos que aceptar que el camino para alcanzar el desarrollo que todos queremos pasa por tener economías sólidas, las que, como en nuestro caso, se amparan en el desarrollo minero.
Comparto las salvedades jurídicas hechas por el diputado Letelier , pero tenemos que avanzar, y rápido, para darnos una legislación que regule el cierre de las faenas mineras como corresponde.
El diputado Lorenzini se refirió al tema del financiamiento. Pues bien, hasta aquí, no había recursos ni del Estado ni de la empresa privada para los cierras de faena. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es exigirle a quienes van a desarrollar una actividad minera, que se pongan con las “luquitas” para que, una vez que terminen esa faena, no nos dejen a nosotros, en nuestra región, los problemas ambientales.
Es un paso importante, y hay que darlo. Y tendremos que lidiar para que el cierre de faena mineras tenga la misma fortaleza e importancia que tiene el sector productivo para desarrollar sus proyectos mineros.
Más allá de la generación de fondos y de las garantías financieras, también es importante saber cómo se desarrolla la minería. No podemos exigirles a los mineros de Taltal las mismas garantías que se exigen a los mineros de la gran minería. No son lo mismo. Por eso, tenemos que fortalecer al Servicio Nacional de Geología y Minería para que realice su labor fiscalizadora y de cooperación en aquellos yacimientos productores de menos de 10 mil toneladas y que tendrán que desarrollarse de acuerdo con las exigencias de esta futura ley.
Tenemos que buscar los mecanismos necesarios -ya lo dijo el ministro - para dotar de mayores recursos a un servicio tan importante en materia de fiscalización, como es el Sernageomín. Tal vez, a través del presupuesto de la Nación. Sin duda, para una fiscalización eficiente se necesitan recursos.
Nuestra intención era que el proyecto se votara en la sesión de hoy, porque queremos que caminara mucho más rápido. Pero entendemos la voluntad del ministro y la valoramos. También entendemos a los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente cuando pidieron analizar la iniciativa, lo que me parece correcto.
Ojalá, entonces, que durante la próxima semana el proyecto sea esa realidad que todos esperamos, por lo menos quienes somos nacidos y criados en zonas mineras.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , nos alegramos de que la autoridad de Minería y Energía haya cambiado de criterio para someter el proyecto al conocimiento y discusión de la Comisión de Medio Ambiente. Resultaría paradojal que el proyecto que pretende regular el cierre de faenas e instalaciones mineras no tuviera la mirada medioambiental, que es lo que subyace en la preocupación de una nueva legislación.
Seamos claros: el proyecto debe poner en el centro de la discusión la protección del medio ambiente. La instalación, desarrollo y explotación de la industria extractiva minera genera alteración medioambiental, sobre todo cuando abandonan la faena. Es lo que ocurre en la zona norte del país, pero también en el centro, donde conviven minería y agricultura. Se genera una gran cantidad de pasivos mineros, pero también ambientales,
como contaminación de los cursos de agua, alteración de la fauna, peligro por piques mineros mal cerrados, o por extracción de áridos, etcétera.
Una mirada estratégica medioambiental, sistémica, de cómo se tiene que abordar esta materia, es fundamental. Por eso, no enten-díamos la tozudez de no llevar el proyecto a la Comisión de Medio Ambiente.
El traslado a esa Comisión permitirá discutir con calma y con el tiempo necesario un proyecto de mucha trascendencia. Un país que apuesta a la minería y que medirá la huella de carbono o la huella de agua de sus productos mineros en el futuro, necesita tiempo para darle una mirada medioambiental a este proyecto.
El ministro nos señaló que la fiscalización del cumplimiento de las normas que contempla el proyecto se hará con la dotación de la Superintendencia de Minería. Entonces, se la dotará para que avance y fiscalice.
Con mucho respeto, creo que se deben establecer normas claras y precisas para las mineras, especialmente hoy que, por concepto del cobre, obtienen rentabilidades bastante grandes. También deben existir políticas de financiamiento y ayuda del Estado para aquellas pequeñas faenas. Pero, reitero, la obligación debe ser clara y precisa e ir aparejada a sanciones de caducidad, en caso de concesiones, o de otra naturaleza. No sólo esperar que con el fortalecimiento del Sernageomin y la Superintendencia de Minería se logre fiscalizar. Debe existir una política de Estado para el cuidado de los recursos naturales, para que, luego de la extracción de minerales, el terreno y el medio ambiente no sean alterados de manera profunda.
Por eso, es importante que la discusión que tendrá el proyecto en la Comisión del Medio Ambiente sea con altura de miras y que el análisis también pueda considerar -es importante que quede consignado en las actas de discusión de este proyecto- qué ocurre con el cierre de las termoeléctricas e hidroeléctricas. ¿Qué ocurrirá con los pasivos de esas megaobras, que no estarán obligadas por este proyecto al cierre de sus faenas o al manejo de sus pasivos? ¿Quién se hará cargo de esos pasivos? ¿Quién en el futuro tendrá que abordar los pasivos que hayan generado cada uno de esos megaproyectos hidroeléctricos y termoeléctricos? Creo que son debates importantes y no cabe duda de que los vamos a hacer en la Comisión de Medio Ambiente.
Esperemos que el proyecto salga reforzado, un poco más verde, ambientalmente sostenible y sustentable luego de que vaya a la Comisión específica, por donde nunca debió haber dejado de pasar.
Pero, reitero, para que Chile sea efectivamente un país minero, debemos avanzar no sólo en los estándares de producción, sino también en los estándares de cuidado y protección del medio ambiente.
He dicho.
El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero destacar el buen espíritu y el ánimo de acoger la solicitud de reenviar este proyecto, para su conocimiento y estudio, a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, porque se habría desnaturalizado si no acoge dicha visión.
En lo sustantivo, quiero hacer una valoración crítica respecto de esta iniciativa. La minería, por un sentido estratégico en nuestro país, merecía hace muchos años una regulación que se hiciera cargo de las externalidades negativas y de las mitigaciones, que abordara el final del ciclo de vida útil de las instalaciones y faenas mineras.
Aquí se ha señalado lo importante que es esta explotación a nivel económico, los efectos que produce en nuestra economía. Así lo ha mostrado la opinión pública.
En mi distrito tengo dos importantes relaves mineros que han generado efectos negativos en la población. Particularmente, en la provincia de Chacabuco, hemos podido acreditar cómo en los predios colindantes las APR han experimentado paulatinamente esos efectos, debido a que dichos relaves percolan en las aguas destinadas al consumo humano, con niveles de arsénico importantes. No había cómo hacer responsables a dichas explotaciones mineras de las mitigaciones y de los efectos que causan en la población.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al ministro que echamos de menos -aquí será absolutamente relevante el resultado ex post de la Comisión de Medio Ambiente- algunas miradas que son importantes.
Primero, desde el punto de vista sectorial, el permiso al inicio de la instalación sólo lo otorga Sernageomin, lo cual, a mi juicio, es una mirada bastante estrecha si se considera que a la hora de vigilar las externalidades negativas de los proyectos es necesaria una mirada intersectorial de parte de los distintos servicios, particularmente del Ministerio de Medio Ambiente. A mi juicio, la capacidad instalada no está en el sector de la minería, por cuanto sólo se miden los efectos de carácter productivo -la fiscalización de las faenas propiamente tal- y no los efectos sinérgicos de carga en toda la comunidad que es intervenida por este tipo de proyecto.
Segundo, los proyectos mineros de envergadura tienen un horizonte de desarrollo de explotación de 50 a 100 años. Incluso, pasan dicho umbral. Pues bien, si sólo la calificación se hace al inicio y la medición de los impactos y las obligaciones del explotador no se hacen durante las faenas, se perderán importantes avances tecnológicos que pueden implementarse en el cierre de las faenas, al momento del término del ciclo de vida útil.
El plan de cierre debe ser cumplido de manera cabal, eficiente, efectiva, oportuna e íntegra, como lo dice el propio proyecto en su articulado. Pero, claramente, se deben dar al servicio las oportunidades para actualizar al cabo de un tiempo dicha mirada.
Hacemos votos por el resultado de la revisión de este proyecto que hará la Comisión del Medio Ambiente.
He dicho.
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Cerrado el debate.
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