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El señor BERTOLINO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus.
El señor LEMUS.- Señor Presidente, los temas ambientales tienen una connotación muy importante en el mundo entero.
Es indudable que la iniciativa tiene una arista ambiental muy significativa, que fija una institucionalidad importante en esta materia, que no estaba regulada. No obstante, es complementaria respecto de las resoluciones de calificación ambiental que ya se ha aplicado a la mayoría de estos proyectos.
La iniciativa busca regular una actividad muy importante para la economía del país y hace una distinción, que me parece trascendental, entre los proyectos de envergadura, de la mediana y gran minería, y los de la pequeña minería, y fija un límite que me parece conveniente destacar: las 10 mil toneladas de extracción mensual, una cifra que define quiénes son los actores y cómo se aplican los procedimientos.
Aquí se consideran dos tipos de procedimientos: uno de aplicación general para las empresas mineras con capacidad de extracción sobre las 10 mil toneladas y un procedimiento simplificado, menos riguroso, para los pequeños mineros. Es decir, estos últimos podrán sortear esta situación a través de un plan simplificado que también les permitirá cumplir con la ley, ya que éste es un gran desafío para el Ministerio de Minería, la Enami y las instituciones que fomentan la pequeña minería; es decir, esto no es un escollo para los pequeños mineros. No obstante, la iniciativa aplica normas rigurosas a los proyectos mineros que provocan un fuerte impacto ambiental en el entorno en que se ubican.
Fundamentalmente, se ha puesto énfasis -así lo plantea la iniciativa- en la seguridad física y química de esos proyectos. Entiendo que en esta visión se incorporan los relaves mineros, que constituyen un problema que no está regulado en la actualidad. ¿Qué pasa cuando se abandonan las obras mineras? Nadie se hace cargo del asunto y se transforma en un grave problema para la sociedad. En ese sentido, la iniciativa regula ese aspecto.
Sin embargo, esto implica un desafío inmenso: cómo hacer que la regulación sea efectiva. Por una parte, se crean varios mecanismos que me parecen muy importantes. Primero, que exista un plan de cierre, que debe ser aprobado por un servicio público, en este caso el Sernageomin; segundo, que dicho plan debe ser objeto de auditorías permanentes, lo que también fiscaliza el Sernageomin, y tercero, que debe existir la correspondiente garantía de acuerdo al plan, de modo que si el proyecto falla en el camino o no se cumplen las tareas estipuladas el Estado la pueda hacer efectiva.
El proceso de cierre de faenas ya se contempla cuando el proyecto minero comienza en su fase de exploración, por lo que las garantías empiezan a correr desde esa fase hasta el término de la vida útil del proyecto, lo que considero muy importante. Antes de que se apruebe el plan de cierre de faena, empieza a funcionar un fondo que da la posibilidad para certificar que se cumplió con ese plan de cierre de faenas.
Sin embargo, debo plantear algunas observaciones que me parecen relevantes.
La primera se relaciona con la institución encargada de fiscalizar el procedimiento, que es el Sernageomin, un gran servicio, pero que ha demostrado tener grandes debilidades. El Gobierno se comprometió a fortalecerlo después de lo ocurrido en la mina San José , lo que ha ocurrido, pero que aún es insuficiente para dar cumplimiento a los inmensos desafíos que se le presentarán con este proyecto, en el sentido de aprobar planes de cierre de faenas mineras, fiscalizarlos y hacer efectivas las garantías correspondientes, tareas realmente monumentales.
Indudablemente, debemos corregir esas debilidades, porque los planes de cierre son una garantía para la vida de las personas y para el cuidado del medio ambiente. Creo que ahí estamos fallando, por lo que ruego al ministro de Minería y Energía y al Gobierno que incorporen esta variable.
La segunda se relaciona con la reglamentación del proyecto. No sabemos qué es un plan de cierre. La iniciativa establece todos los procedimientos para llevar a cabo un plan de cierre, pero no sabemos en qué consisten físicamente dichos planes. Seguramente, en su reglamentación se va a considerar este aspecto. Habrá planes de cierre de mayor o menor calidad. ¿Quiénes atravesarán ese umbral? ¿Cuáles serán los estándares de seguridad que se exigirán? Es un gran desafío del Ejecutivo adoptar las medidas para evitar que el proyecto se transforme en letra muerta, en una formalidad, y, por el contrario, sea una parte complementaria a la ley ambiental, que deberá regirse por ésta, y a la explotación de los recursos naturales.
Hoy, la ciudadanía se ha expresado frente a las inversiones para la explotación de nuestros recursos, y lo ha hecho masivamente. Tengo la sensación de que esa actitud se seguirá manifestando en cada una de las inversiones que se hagan, sobre todo en esta materia.
Nuestros valles en el norte de Chile son pequeños y, por lo tanto, se entra en una discusión inmediata por el agua, con la agricultura, con los pequeños propietarios, etcétera.
Siento que el proyecto puede hacer una contribución importante, pero si no se toman en cuenta esas consideraciones, se transformará en letra muerta y se seguirán agudizando los problemas entre inmensos proyectos y la comunidad, por la contaminación del agua y del aire.
Por su intermedio, señor Presidente , quiero preguntar al señor ministro cómo se asegura, efectivamente, la estabilidad física y química de los proyectos. Es un gran desafío en un país y en regiones con alta sismicidad, en que están ubicados tales proyectos. Además, los hidrocarburos fueron considerados en la iniciativa.
Finalmente, anuncio que aprobaré el proyecto, porque lo considero positivo, y esperó que mi bancada también lo haga.
He dicho.
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