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“Señor presidente , entre el 17 y el 19 de mayo participamos en la Quinta Sesión Plenaria Ordinaria de EuroLat, que se desarrolló en Montevideo, Uruguay .
Creada y constituida en 2006, EuroLat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Biregional que fue establecida en junio de 1999, en el marco de las cumbres de la Unión Europea-América Latina y el Caribe. Se compone de 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 de Latinoamérica.
EuroLat se encarga de presentar resoluciones y recomendaciones a organizaciones, instituciones y grupos ministeriales que tienen como fin el desarrollo de la Asociación estratégica birregional.
En lo referido a nuestra participación, integramos la Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios Humanos, Medio Ambiente, Educación y Cultura, instancia que abordó una serie de temas de alto interés común para Europa y Latinoamérica.
Nuestra intervención tuvo dos ejes. Por una parte, abordamos la situación del empleo en mujeres y jóvenes en ambas regiones, y aprobamos una resolución común sobre estrategias de protección y creación de trabajo. En este marco, propusimos una enmienda a esta resolución, que recomienda a los Parlamentos que coordinen sus actuaciones y compartan buenas prácticas para mejorar y avanzar en la legislación para generar empleo de calidad para las mujeres y jóvenes.
Por otra parte, también nos referimos a la prevención de catástrofes naturales, donde mencionamos la experiencia chilena.
En cuanto a nuestra intervención sobre la situación del empleo de mujeres y jóvenes, expusimos datos y cifras de nuestro país para graficar la realidad de este tema y compararlo así con América Latina y Europa.
Señor presidente , resulta importante señalar que a nivel país las cifras más recientes indican que la participación de los hombres en la fuerza laboral alcanzan el 73,2% y la participación de las mujeres el 46,6%, quienes han aumentado su presencia en la actividad laboral en los últimos decenios. Puede concluirse entonces que a pesar de los avances, la participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral es desigual. La presencia de las mujeres en el trabajo remunerado, valorado y visible, es inferior a la de los hombres.
Asimismo, existe una marcada segregación ocupacional en el mercado del trabajo. Es así como mientras los hombres están presentes en la mayoría de las ramas de la actividad económica, las mujeres se concentran en tres sectores: Servicios sociales y de salud (64,4%), Enseñanza (63%).
También es una realidad el que los hombres pueden acceder a mejores ingresos y alcanzar puestos de mayor jerarquía. Es así como las mujeres perciben, como producto de su ocupación principal, un ingreso bruto promedio usualmente inferior al de sus pares hombres. Este, además, tiene mucha cercanía con el piso salarial correspondiente al sueldo mínimo legal. Así, una de las diferencias más notables entre hombres y mujeres en relación con su inserción laboral se manifiesta precisamente en la disparidad de ingresos que obtienen por los trabajos que desempeñan.
Se ha establecido, a través de variados estudios, que a igualdad de ocupación, experiencia y educación, las diferencias persisten, situación que se explicaría más bien por una discriminación basada en aspectos culturales: Se continuaría considerando el trabajo de la mujer fuera del hogar como un complemento al trabajo del hombre, como un segundo ingreso, aseverándose que el ámbito propiamente femenino sería el trabajo no remunerado en el hogar. Vale decir, prejuicios asociados a la división sexual del trabajo y el rol tradicional de la mujer contribuyen a explicar la desigualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Esta discriminación salarial incide negativamente no sólo en las posibilidades de muchas mujeres de obtener ingresos razonables, sino también en aumentar la participación femenina en el mercado del trabajo.
El tema de la jornada laboral conecta de manera directa con las responsabilidades y el reparto de la carga doméstica de trabajadores y trabajadoras. Para la mayoría de las mujeres, la familia y el trabajo están permanentemente relacionados y les implica extender de manera interminable los “horarios de trabajo”. Por esto se reconoce y se acepta como efectiva la doble jornada de las trabajadoras. Pese a los cambios producidos en el país en las últimas décadas, no se han alterado significativamente, ni en la práctica ni en el imaginario social los roles atribuidos a mujeres y hombres.
Si bien el fomento de las jornadas parciales es un contenido de política pública propuesto por algunos organismos como la OCDE, además sintoniza con la demanda de algunas trabajadoras, en tanto les permite hacer combinaciones con el trabajo doméstico y familiar.
Además, se debe desmitificar la creencia que las mujeres tienen ausentismo laboral muy superior a los hombres. Las diferencias existen, pero no son tan sustantivas, se trata de un 20,7% frente a un 16%.
El diseño y la aplicación de políticas pertinentes, no sólo desde el Estado sino desde las propias empresas y los sindicatos, se concluye como desafío central para un cambio en este tema.
En cuanto al empleo juvenil, en Chile como en América Latina, los y las jóvenes presentan mayores dificultades para insertarse y mantenerse en el mercado del trabajo que el resto de la población. En Chile, la tasa de participación de la población urbana en la actividad económica corresponde al 36,6% para jóvenes de ambos sexos de entre 15 y 24 años, frente al 78,3%, 78,2% y 70,4% para los otros grupos etarios. En lo referente a la realidad latinoamericana, según un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 25,5% de los jóvenes de ambos sexos se encuentra desempleado.
Sobre el aspecto de los salarios, también se observa que la población de entre 15 y 29 años recibe un sueldo promedio de $ 212. 014 y se presentan diferencias de ingreso de acuerdo al género. Esto da cuenta que los jóvenes son el grupo etario que percibe menos ingresos, aspecto que los hace más vulnerables.
Otro punto que condiciona el empleo de los jóvenes es la precariedad de su inserción laboral, ya que suelen acceder a puestos de trabajo inestables y sin protección, lo que se suma a los bajos ingresos.
Según datos de la Dirección del Trabajo, las denuncias registradas por abusos laborales se concentran en el sector comercio, en actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, sectores en los cuales se insertan los jóvenes no calificados.
Como es evidente, la precariedad del empleo al que acceden los y las jóvenes no es homogénea. De hecho, esta vulnerabilidad etaria está determinada a su vez por variables como la pobreza, género, raza, residencia rural y baja escolaridad, lo cual convierte a los y las jóvenes provenientes de hogares pobres, especialmente aquellos que no han finalizado su educación escolar y las mujeres, en los más afectados.
Respecto del tiempo necesario para encontrar el primer empleo, según datos del Instituto Nacional de la juventud, dentro de los jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico AB1, un 38% dijo haber encontrado su primer trabajo “sin haberse demorado nada”. En cambio, en el estrato E, un 21,2% declaró “haberse demorado nada” y un 12,3% más de un año.
Respecto al capital social, el 48% de los jóvenes declaró haber encontrado su primer trabajo gracias a la ayuda de redes familiares, de amistades o conocidos, frente a un 43% que dijo haberlo encontrado mediante instancias formales de acceso laboral.
En lo referente al acceso a la educación, el factor género marca una diferencia importante en las razones que esgrimen los y las jóvenes para no estar estudiando. Mientras el 24,4% de los varones señalan como razón para estar fuera del sistema educacional la decisión de trabajar, sólo el 8,7% de las mujeres indica aquella corno la causa de su abandono. Un 20,3% dice que su razón para dejar el sistema educacional es cuidar a su hijo.
Los programas de política pública que se relacionan más con el ámbito de los jóvenes de sectores populares y trabajo son: La oferta pública de empleo a través de programas de absorción de mano de obra focalizados; la capacitación laboral, a través del programa especial de formación de oficios para jóvenes y el programa Jóvenes Bicentenario; Los mecanismos de intermediación a nivel local a través de las OMIL y, además, los subsidios, donde hay dos instrumentos operando simultáneamente. El primero, creado a propósito de la reforma previsional, orientado a mejorar las 4 primeras cotizaciones de las personas entre 18 y 35 años y un subsidio al empleo que entrega un porcentaje al empleador y otro a la cuenta individual del trabajador, esto último orientado a incentivar la contratación , complementando los ingresos. Ambos subsidios son recientes, por lo que el tiempo permitirá evaluar su efectividad.
En Chile se trata de promover la empleabilidad principalmente desde la oferta directa de empleo o de su incentivo, es decir, el esfuerzo está centrado en reducir el desempleo por sobre otros aspectos del trabajo decente. Y aunque desde la perspectiva de la educación formal se han logrado avances importantes, el esfuerzo en capacitación laboral ha demostrado ser insuficiente como instrumento para reducir la brecha de empleabilidad dentro del segmento joven. Y el problema parece ser que, una vez más, se está privilegiando la cantidad sobre la calidad.
De hecho, de las mil horas de capacitación que implicaban estos programas hace algunos años, actualmente la política del Sence se ha reducido a sólo 400 horas de fase lectiva. Y este estándar supone una alta motivación, buen nivel de comprensión de lectura, competencias matemáticas básicas y cuarto medio aprobado con honores. Es claro que esto no corresponde a la realidad de la población objetiva de los programas y muchos jóvenes que viven en vulnerabilidad social, y quienes son los que más lo necesitan, no pueden acceder a ellos.
Señor presidente , otra materia en la cual intervenimos fue sobre la prevención de catástrofes naturales, tema que será abordado también en la próxima sesión de esta comisión de Eurolat, poniendo sobre la mesa de la discusión euro-latinoamericana la experiencia chilena en cuanto a las medidas de protección y control para enfrentar un terremoto, por nuestra dolorosa y reciente experiencia
Sin duda, hay medidas necesarias que debemos implementar desde los gobiernos y los parlamentos europeos y latinoamericanos para enfrentar de mejor manera las catástrofes naturales.
En Chile, el terremoto del 27 de febrero de 2010 provocó millones de pérdidas económicas y materiales, además de muchísimas muertes. Puedo decir que en Chile se cumplen mayoritariamente las normas antisísmicas de construcción de las viviendas y edificios. Lo que generalmente se destruye son las construcciones de adobe.
En Santiago no se ven los daños a simple vista, pero las empresas constructoras están trabajando para arreglar edificios y otras construcciones y demoler cuando corresponde, asunto que lleva tiempo.
¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo enfrentamos la emergencia y cómo hacemos un seguimiento al proceso de reconstrucción después de sufrir catástrofes naturales?
A escala internacional, el riesgo de catástrofes es motivo de preocupación, pero a pesar del reconocimiento del crucial papel desempeñado por el refuerzo de los mecanismos para la reducción de riesgos y la capacidad de respuesta, la gestión y la reducción de los riesgos siguen representando un reto global.
La Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres Naturales, celebrada en Japón estableció como objetivo la educación considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto de vidas como de los bienes sociales, económicos y ambientales de los países. Para alcanzar este objetivo, se fijaron varios requisitos, entre ellos: Una integración más efectiva de los planteamientos sobre riesgos de catástrofes en las políticas de desarrollo sostenible y la planificación y programación en todos los niveles, prestando especial atención a la prevención de catástrofes y a la mitigación, la preparación y la reducción de vulnerabilidades. Además, la incorporación sistemática de un enfoque de reducción de riesgos en la definición y aplicación de programas de emergencia, respuesta, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.
No cabe duda que la comunidad internacional tiene un importante papel que desempeñar en este terreno, en virtud de la creciente interdependencia actual. La intensificación de la cooperación regional e internacional es fundamental para la reducción de riesgos y la mitigación de las repercusiones de las catástrofes naturales.
En el caso de la Unión Europea, una resolución adoptada por el Parlamento Europeo en septiembre de 2010 subraya la necesidad de un enfoque holístico y de una financiación adecuada para la prevención de catástrofes. Además, reconoce el papel fundamental que desempeñan los bosques para la conservación del medio ambiente y la prevención de catástrofes naturales.
Las estrategias existentes no nos servirán si no somos capaces de comunicarlas a través de herramientas que hoy son fundamentales para que las medidas de prevención sean conocidas masivamente, por lo cual, sin duda, el rol de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es clave para enfrentar este tema.
Además de compartir mis intervenciones en la 5° Sesión Plenaria de EuroLat, adjunto para su conocimiento la enmienda resolutiva presentada por mí y apoyada por los 20 representantes de América y Europa, para ser aceptada en la Asamblea. Montevideo, 2011.
(Fdo.): XIMENA VIDAL LÁZARO , diputada de la República ”.
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