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    • rdf:value = " PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS. Segundo trámite constitucional. El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el sistema de licencias médicas, con el establecimiento de medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso, con urgencia calificada de “suma”. Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Cristián Letelier. Antecedentes: -Proyecto del Senado, boletín N° 6811-11, sesión 8ª, en 24 de marzo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 3. -Informe de la Comisión de Salud, sesión 35ª, en 31 de mayo de 2011. Documentos de la Cuenta N° 20. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor LETELIER.- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Salud paso a informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso. La idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar el sistema de licencias médicas, estableciendo medidas que aseguren su correcto otorgamiento y uso. Para tal efecto, propone fortalecer las facultades de control y fiscalización de los órganos relacionados con el goce de este derecho y establecer sanciones administrativas y penales para el otorgamiento y uso fraudulento, abusivo o ilegal de la licencia. Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión recibió la opinión del ministro de Salud señor Jaime Mañalich ; de la superintendenta de Seguridad Social, señora María José Zaldívar ; de la directora (S) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin); del presidente del Colegio Médico , y de una ciudadana, abogada, que se vio afectada directamente por la vulneración de sus datos personales con ocasión de la existencia de una licencia médica. Resumen de los fundamentos del proyecto. El mensaje indica, entre sus fundamentos, para legislar sobre la materia, lo siguiente: 1° Que el sistema de seguridad social existente consagra el derecho a la licencia médica para hacer frente a incapacidades transitorias por motivos de salud que afecten al trabajador. La licencia médica es el derecho que tiene el trabajador, por una parte, para ausentarse de su jornada de trabajo, o de reducirla, durante un tiempo, en cumplimento de una prescripción médica y, por otra, para acceder al pago del subsidio por incapacidad laboral o de la remuneración, dependiendo de la legislación que le sea aplicable, previa autorización del organismo competente, que puede ser una Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) o una Institución de Salud Previsional (Isapre). 2° Debido al aumento considerable del uso de licencias médicas y a prácticas sistemáticas para defraudar al sistema, se ha afectado la credibilidad de su uso y se han generado pérdidas por miles de millones de pesos al Estado de Chile. La importancia de este menoscabo económico radica en que el financiamiento de las licencias se realiza, en parte, con cargo al 7 por ciento de la remuneración imponible de los trabajadores, recursos que además deben financiar las otras prestaciones de salud. De manera tal, que el uso inadecuado o fraudulento del subsidio disminuye los recursos disponibles para financiar prestaciones médicas preventivas y curativas a que tienen derecho los trabajadores cotizantes y sus beneficiarios. 3° Los fraudes, que favorecen a personas que no están enfermas o a quienes en algunas oportunidades, no son trabajadores, han tenido como elemento coadyuvante la lamentable actuación ilícita de profesionales de la salud, que si bien constituyen un porcentaje mínimo de su universo, ha arrojado sombras respecto del actuar intachable de la inmensa mayoría. En la Comisión se habló de que eran alrededor de 197 médicos los que con frecuencia ocupaban talonarios y licencias médicas en forma indebida, incluso, algunos usaban un talonario -cada uno de ellos contiene cincuenta licencias médicas- en un día. Basado en las consideraciones enunciadas, se considera urgente y necesario fortalecer el marco normativo existente, con el otorgamiento de nuevas y mejores facultades de fiscalización a organismos públicos del sistema de seguridad social, a fin de sancionar a quienes son parte o se benefician de dichos fraudes. Los temas que aborda el proyecto de ley, que se encuentran contenidos en once artículos permanentes, en términos generales, son los siguientes. 1) Se otorgan facultades a la Compin para citar a los profesionales que emiten licencias médicas, con el fin de requerirles información al respecto. Ellas también podrán suspender temporalmente la venta de formularios de licencias y la facultad de emitirlas a quienes no concurran a dicha citación o no proporcionen los antecedentes solicitados. 2) Se confiere al Ministerio de Salud la facultad de concentrar la tramitación de licencias médicas y acciones en una o más Compin, independiente de su competencia territorial, con el fin de utilizar de mejor forma los recursos humanos y materiales disponibles. 3) Se establecen sanciones administrativas, que van desde la multa hasta la suspensión de la facultad de emitir licencias, para los profesionales que entreguen licencias que no tengan fundamento médico. Para esos efectos, se señala un procedimiento a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, la que podrá imponer sanciones mediante resolución fundada, previo informe del profesional involucrado; éste tendrá derecho a recurrir de reposición y a estrados judiciales, mediante un recurso de nulidad. 4) Se consagra un tipo penal específicos respecto de ciertas conductas relacionadas con la licencia médica, para tal efecto se modifica el Código Penal. El proyecto enviado por el Presidente de la República , en principio, tenía sanciones administrativas y penales. La Comisión de Salud sacó los aspectos penales del proyecto y modificó dos artículos del Código Penal, el 202 y 234. Al artículo 202 le agregó tres incisos y al artículo 234, uno. Incorpora una pena nueva, que es la inhabilitación especial perpetua para otorgar licencias médicas cuando haya reiteración de la conducta de emitir licencias médicas fraudulentas. 5) Por último, en el proyecto se crea un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social, que mantendrá un listado de las licencia médicas, de las resoluciones que emitan los órganos encargados de su evaluación y revisión, de los casos en que se otorgue subsidio por incapacidad laboral y de las resoluciones que las Compin emitan en uso de las nuevas facultades que la ley les entrega. Asimismo, se establece la obligación para que las entidades públicas y privadas entreguen la información que requiera la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que deberá asegurar la reserva de los datos personales y sensibles. Así, se busca ejercer un mejor control y mayor fiscalización. En la discusión general del proyecto, como ya lo señalé, participó el señor ministro de Salud , quien defendió la iniciativa y dio los fundamentos generales y las ideas matrices que la sostienen. Igualmente, se escuchó a la superintendenta de Seguridad Social, la señora María José Zaldívar Larraín , quien dividió su exposición en tres subtemas: 1. Razones que hacen atendible radicar en la Superintendencia de Seguridad Social las competencias referidas a las licencias médicas. 2. Razones que hacen necesario aplicar sanciones efectivas para velar por el correcto otorgamiento de licencias médicas. 3. La importancia y necesidad de la existencia de un registro nacional de licencias médicas. La señora Zaldívar dio a conocer antecedentes muy valiosos sobre la cantidad de médicos que la Superintendencia tiene detectados como profesionales que, reiteradamente, cometen actos defraudatorios relacionados con las licencias médicas. También se escucharon las opiniones de la señora Susana Burgos , directora (S) de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), y del presidente del Colegio Médico , señor Pablo Rodríguez , quien en principio rechazó el sistema administrativo y punitivo que establece esta ley. Asimismo, se escuchó a una ciudadana, quien explicó que había sido víctima del sistema por cuanto hacía algún tiempo se había violentado la privacidad respecto de sus datos sensibles en materia de salud. En el seno de la Comisión hubo consenso entre los diputados en que la idea fuerza que debe inspirar al proyecto debe apuntar a fiscalizar adecuadamente el uso y el otorgamiento de las licencias médicas, pero en relación a las personas que mal utilizan el sistema, a quienes lo defraudan. No debe analizarse como un proyecto que busque sancionar a la generalidad de los profesionales o de los usuarios, pues éstos, en su gran mayoría, hacen buen uso del sistema. Luego de un intercambio de opiniones, hubo acuerdo en la idea de legislar y en la aprobación particular del proyecto. El proyecto aprobado por el Senado está constituido por trece artículos permanentes y uno transitorio. Sin embargo, la Comisión, luego de su estudio en particular, rechazó dos de los artículos propuestos por el Senado, modificó algunos y agregó otros. En definitiva, propone a la Cámara la aprobación de un texto que consta de 14 artículos permanentes y uno transitorio. Finalmente, informo que en la discusión particular del proyecto la Comisión, que destinó siete sesiones para su estudio y discusión, procedió a votar 48 indicaciones, de las cuales 29 fueron aprobadas. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En discusión general el proyecto. Tiene la palabra al diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el proyecto no debe analizarse como una normativa que busque sancionar a la generalidad de los profesionales y a los usuarios, pues en su gran mayoría hacen buen uso del sistema. Pero antes de continuar mi intervención respecto de la iniciativa en discusión, una vez más, quiero que quede constancia en el acta y en la versión de esta sesión de una leve diferencia, por no decir molestia, que tengo en relación con el tratamiento de los proyectos de ley. Ya estamos acostumbrándonos, pese a que deberíamos efectuar el primer trámite constitucional de las iniciativas de ley, a realizar el segundo trámite constitucional. No sé si los distinguidos colegas han tomado nota de esto. Desde hace un tiempo es frecuente tener en nuestra carpeta el estudio de proyectos de ley en segundo trámite constitucional. Si nos vamos un poquito a la historia parlamentaria, eso ha ocurrido sólo en ocasiones especiales. Además, el diputado informante manifestó que la Comisión de Salud realizó siete sesiones para el análisis de la iniciativa. A lo mejor, si se hubiera iniciado acá el trámite legislativo de la iniciativa no habrían sido siete sesiones, sino cuatro, o menos; no sé. En todo caso, normalmente las diferencias se producen en el segundo trámite constitucional, es decir, cuando los proyectos vienen de vuelta del Senado. A mi juicio, la Mesa debe tomar en cuenta el asunto que he planteado. En cuanto a las licencias médicas, la legislación ha sido objeto de abusos, de eso no hay discusión, ya sea por algunos trabajadores o por ciertos profesionales que han encontrado una forma -resulta feo decirlo- de lucro fácil por medio de la extensión de licencias médicas a personas que no se encuentran afectadas por enfermedad alguna, pero que las piden para gozar de descansos adicionales o tener tiempo para realizar otras actividades ajenas a su relación laboral. De esa manera, se ha dañado un sistema beneficioso para los trabajadores que cumplen con la legislación. Con ello se aumentan los costos en salud, ya que las licencias falsas o fraudulentas implican, a la larga, un mayor valor en los planes de salud, tan discutidos actualmente, pues se pagan con cargo al 7 por ciento de la cotización obligatoria en salud, con la que, a su vez, se deben cubrir otras prestaciones. Por ello -lo entiendo de la lectura del informe y de lo que señaló el diputado informante -, el proyecto busca el fortalecimiento del marco normativo existente en la materia con el otorgamiento de nuevas y mejores facultades de fiscalización a organismos públicos del sistema de seguridad social, a fin de sancionar a quienes se benefician de dicho fraude. La Compin tendrá una importante intervención en la aplicación de la nueva normativa, que establece sanciones penales para quienes incurran en falsedad en el otorgamiento de licencias médicas y declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen, y para quien haga uso malicioso de las mismas. Nosotros somos bastante requeridos en relación con solicitudes de invalidez. Muchas veces -no quisiera involucrarme- también colaboramos para que determinada persona sea atendida porque su estado de salud lo requiere. Pero es un decir, porque a veces podemos cometer ese error también sin querer hacerlo. El endurecimiento de la normativa va a ser importante para reducir las posibilidades de que se siga cometiendo fraude mediante el otorgamiento de licencias que no corresponden. No obstante ello, detrás de ese tipo de infracción a la ley existe una dimensión valórica que no debe ser descartada y respecto de la cual resulta muy importante que se pronuncien, en este caso, los organismos encargados de velar por la ética, ya sea de la profesión médica o de las distintas instancias que representan las organizaciones de trabajadores. Debe ser importante la opinión de los trabajadores en la materia, porque siempre serán los que se consideren perjudicados con el proyecto. Por eso, la difusión de esta iniciativa debe partir por la base; es decir, por las organizaciones de trabajadores o por las distintas instituciones en que existe un número importante de afiliados a las entidades previsionales de salud. Y como reza el dicho popular, en este caso no sólo peca el que recibe la paga, sino también el que paga por pecar. Después de estudiar más a fondo la materia, no creo que haya mucho más que discutir, a pesar de que los profesionales de la salud, parlamentarios hoy, están debatiendo otras propuestas que nos entregarán en algunos minutos. Por eso, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, salvo error u omisión de lo que acuerden los profesionales que se encuentran todavía en la discusión pertinente. He dicho. El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana. El señor SANTANA.- Señor Presidente , es un hecho que algunos médicos han otorgado licencias médicas sin fundamento clínico y sólo a requerimiento del trabajador, lo que genera inasistencia al trabajo y el pago ilegítimo de subsidio por incapacidad laboral. Ello, sin tomar en cuenta las licencias que se entregan en forma fraudulenta y que, como todos sabemos, algunos se dedican a comercializar. Resulta importante reconocer que el proyecto tiene un fundamento estadístico. Es así como tenemos que el 50 por ciento de las enfermedades está concentrado en tres diagnósticos: los trastornos mentales y del comportamiento, que representan el 29 por ciento de las enfermedades curativas y que en los últimos cinco años ha tenido un incremento de un 71,4 por ciento; las enfermedades del sistema osteomuscular, que alcanzan el 16 por ciento y que en los últimos años han tenido un incremento del 64,7 por ciento, y los traumatismos, que llegan al 12 por ciento y que en los últimos años han tenido un incremento cercano al 60 por ciento. Los subsidios de incapacidad laboral maternal y de incapacidad laboral por enfermedad del hijo menor de un año se han incrementado en alrededor del 50 por ciento y se han concentrado en el Fonasa por sobre las instituciones de salud privadas, las isapres. Lo señalado demuestra que claramente ha existido un uso y abuso de licencias, lo que no está fundamentado en una pandemia o en cualquier otro tipo de situación que uno pudiera decir que en estas tres o cuatro prestaciones está concentrado el problema de la salud en Chile. Por ello, es muy importante generar los mecanismos de control necesarios para fiscalizar a quienes hacen uso de la billetera fiscal -a través del Fonasa- o de la billetera de las isapres y generan un perjuicio, ya que con ello se castiga a los enfermos reales, que son aquellos que requieren necesariamente controles de salud. Por eso, la Compin y la Superintendencia tienen que cambiar su zona de actuar y no ser simplemente entes fiscalizadores desde un punto de vista administrativo, sino que deben tener una participación concreta para advertir e informar sobre los elementos que podrían configurar un delito. La bancada de Renovación Nacional -al conocer las alarmantes cifras que hoy son de conocimiento público, sobre todo respecto de los trastornos mentales, lo que ha tenido un incremento sobre el 70 y tantos por ciento, lo que es muy representativo-, entiende que se debe poner coto al problema y administrar de mejor manera el sistema de salud pública, sobre todo, cuando cada año el Estado tiene que hacer un significativo aporte para financiar la salud pública. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente , es difícil intervenir en la discusión de este proyecto cuando uno no ha formado parte de la Comisión técnica, pero al leer el informe se puede dar cuenta de que estamos ante un tema muy relevante para la comunidad, específicamente, en el ámbito laboral. Nadie discute que las enfermedades que hoy sufren los trabajadores no son las mismas de ayer. Se habla del estrés y de problemas psicológicos. Por ejemplo, está el caso específico de los profesores y un sinnúmero de enfermedades que han aparecido y que sin duda también necesitan el apoyo de profesionales. Si bien es cierto el proyecto perfecciona lo que existe actualmente, lo que ha erosionado y llevado a modificar la normativa es la pérdida de credibilidad en los profesionales que emiten las licencias médicas, que son aquellas personas que tienen potestad y a quienes les hemos entregado nuestra fe, en cuanto a que son las idóneas para emitir y certificar el diagnóstico del paciente trabajador. Por lo tanto, más allá de perfeccionar la norma vigente y establecer sanciones a hechos ilícitos, aquí hay una acción moral de quienes emiten las licencias, los médicos, que hoy son cuestionados por haber erosionado este sistema que hoy queremos perfeccionar para sancionar a los responsables. A nuestras oficinas en los diferentes distritos llega mucha gente -lo decía el señor Jaramillo - a reclamar porque la Compin les ha rechazado una licencia que les ha dado un médico por pocos días y, lo que es peor, muchas veces, sólo con mirar a la persona uno se da cuenta de que está realmente enferma, pero no es reconocida como tal en el documento, porque hay desconfianza de por medio. Es necesario que los organismos competentes vuelvan a creer en los médicos que emiten licencias médicas. Por ello, estamos legislando para ampliar las facultades de fiscalización. Pero también se requiere fortalecer la Compin para dar una respuesta más pronta y oportuna cuando se entrega una licencia médica, se hace la reclamación o se pide una investigación respecto de un diagnóstico. Lamentablemente, eso conlleva el cuestionamiento de muchos diagnósticos emitidos por profesionales de la salud respecto de trabajadores que efectivamente están enfermos. En el proyecto incluso se habla de fraude, lo que no podemos negar, pero se comete en conciencia por un profesional universitario que entrega un documento que le da un derecho al trabajador. Se trata de un instrumento público que, en el fondo, su mal uso va erosionando la credibilidad del sistema. En el proyecto se hacen varias menciones respecto del fortalecimiento de la Compin, fundamentalmente, confiere al Ministerio de Salud las facultades respecto de las tramitaciones y establece sanciones administrativas, las cuales van desde la multa hasta la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas. Pero creo que deberíamos haber sido mucho más potentes en lo que se refiere a la fiscalización de los médicos. Para ello, quiero hacer una comparación o una similitud directa con la evaluación docente. Si un docente es mal evaluado o declarado incompetente, durante dos o tres períodos, puede perder la pega, así de simple. En el caso que estamos analizando, quiero saber qué va a ocurrir cuando haya reiteración en la entrega de licencias médicas fraudulentas por un profesional de la salud. Sería bueno que él también pierda el derecho a ejercer el cargo. Lo planteo como una duda en la discusión, que me parece válida, ya que todos los profesionales que son evaluados deben tener asignada una sanción cuando no cumplen su labor como corresponde, como se aplica a un sector determinado, por ejemplo, los profesores. Por tanto, es un paso importante el que se está dando con este proyecto, pero tenemos que seguir avanzando. Sólo quiero que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley que aquí hay un llamado de atención y que ojalá lo escuchen todos los médicos, partiendo por los que también son parlamentarios, en cuanto a realizar una labor de fiscalización para evitar la erosión del sistema, ya que la desconfianza ha partido porque los profesionales del área médica no han hecho su trabajo como corresponde. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Salud. El señor MAÑALICH ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , honorable Cámara, sólo quiero poner en su contexto este proyecto de ley que hoy se trata en esta Sala en segundo trámite constitucional. El proyecto se inició en un mensaje de la ex Presidenta , doctora Michelle Bachelet, cuando era ministro de Salud el doctor Álvaro Erazo, quienes enviaron el proyecto al Senado -no fue la actual Administración la que lo remitió a la Cámara Alta- porque tenían información, que nosotros hemos corroborado, de que en el país se entregaban licencias médicas por un monto aproximado a los 1.100 millones de dólares al año. A modo de comparación, quiero recordarles que el presupuesto del Ministerio de Salud alcanza a los 8.200 millones de dólares, suma aprobada en la última Ley de Presupuestos, con un aumento de 13 por ciento. De estos 1.100 millones de dólares, 800 millones corresponden a licencias y subsidios entregados con cargo a fondos fiscales. La estimación que hacían y que nosotros hemos corroborado era que, aproximadamente, 250 millones de dólares -es lo que costaría la construcción de un gran hospital- correspondían a licencias médicas fraudulentas o sin fundamento médico. Por eso, el Ejecutivo decidió avanzar rápidamente en la aprobación de este proyecto. Para tal objetivo, fue tratado por las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo del Senado, donde se llegó a un amplio consenso: fue aprobado por amplia mayoría, me parece que sólo con un voto en contra. Asimismo, fue analizado con toda celeridad por la Comisión de Salud de la Cámara, presidida por el diputado Javier Macaya. Nos parece que es un proyecto de extraordinaria importancia y es muy necesario contar, a la brevedad, con el instrumento legal que establece. Si bien los profesionales o trabajadores afectados por este proyecto son pocos, concentran un gran número de licencias médicas, problema que es de conocimiento público, debido a las denuncias efectuadas recientemente por distintos seremis, por ejemplo, en las regiones de Valparaíso y del Biobío. No existía una figura penal específica para este delito, que se tipifica en el proyecto de ley, como tampoco sanciones que disuadieran de hacerlo a quienes entregan licencias médicas fraudulentas. A mayor abundamiento, como se ha informado a través de los medios de comunicación, ha ocurrido una situación paradójica: el número de licencias médicas que se entregan sin respaldo técnico adecuado ha aumentado, porque las denuncias que se han formulado han servido, incluso, de marketing, de propaganda; para que la gente sepa que determinados médicos entregan este beneficio, prácticamente, sin obtener beneficio alguno de ello. Considero que tenemos que superar este problema y castigan a los infractores en forma adecuada. Hace poco, un periodista de un canal de televisión, que denunció graves delitos cometidos por algunos profesionales de la salud que entregaban licencias en forma fraudulenta, fue sancionado por la justicia con pena remitida, por haber recurrido a cámaras ocultas para hacer el reportaje a una doctora que entregaba este beneficio en forma, aparentemente, indebida. En este sentido, el proyecto nos entrega un elemento potente para disminuir la gran pérdida de fondos fiscales por este concepto. Por eso, dado el consenso alcanzado, prácticamente con todas las bancadas del Senado y de la Cámara, hago un llamado para que la Cámara apruebe este proyecto, a fin de seguir adelante con su tramitación y de convertirlo en ley a la brevedad posible. Muchas gracias. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres. El señor TORRES.- Señor Presidente , ante todo, saludo al ministro de Salud que, además, hoy celebra su cumpleaños, según se nos ha informado. (Aplausos) Para entrar en materia, como decía el ministro , este proyecto se originó en un mensaje de la ex Presidenta Michelle Bachelet , y tiene por objeto regular, precisamente, un aspecto del ejercicio de la profesión de los médicos: la extensión de licencias médicas. Si bien es cierto se trata de un proyecto bien inspirado, que se logró trabajar en buena forma al interior de la Comisión de Salud, hay algunos puntos que consideramos complejos, por lo menos, desde la perspectiva de la concepción que tenemos los médicos respecto del acto de extender una licencia. Quiero explicarlo, porque fue una discusión que se dio en la Comisión. Para quienes ejercemos la profesión médica, extender una licencia es, precisamente, un acto terapéutico y de ejercicio de la profesión, tal como lo es recetar un medicamento, realizar un procedimiento quirúrgico u otros que formen parte de la labor que realizamos los médicos. Una de las complicaciones que observamos en este proyecto y que quedó clara durante su discusión en la Comisión es que un organismo político-administrativo, como la Superintendencia de Seguridad Social, tendrá atribuciones para coartar parcialmente el ejercicio profesional a los médicos que se hayan desempeñado de manera incorrecta con la suspensión de la facultad para otorgar licencias médicas. Es lo mismo que si se le prohibiera recetar o efectuar un procedimiento quirúrgico, o a un abogado, no poder, por ejemplo, alegar en la corte. La aplicación de estas sanciones, que si bien nos parecen correctas cuando un médico incurre en un error como el que se plantea, no debería estar a cargo de un organismo político-administrativo. A nuestro juicio, aunque es importante que aparte de las multas existan otras sanciones, relacionadas con el incorrecto ejercicio de la profesión de médico, éstas deben ser dispuestas por los tribunales de justicia. No me parece que vaya en la dirección correcta una norma de esta naturaleza, y así se lo hemos planteado al ministro de Salud . Por la misma razón, hemos pedido votación separada para algunos artículos. Junto con anunciar que vamos a aprobar en general el proyecto, sugiero a las señoras diputadas y señores diputados tener la claridad sobre lo que estamos generando, porque somos muchos los que creemos que la tuición ética del ejercicio profesional debería volver a los colegios profesionales. Pero, al entregarle atribuciones a la Superintendencia de Seguridad Social, damos una señal equivocada. Por eso, pido a los colegas que aprobemos en general el proyecto; pero, que rechacemos los artículos 5°, 6°, 13 y 14, que tienen que ver con la materia a que me he referido, a fin de que sean revisados, una vez más, por la Comisión de Salud, así como también por la de Constitución, Legislación y Justicia los relacionados con modificaciones al Código Penal. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro. El señor CASTRO.- Señor Presidente , a pesar de que es muy importante la materia que aborda el proyecto de ley en discusión, no fue incluida en la reforma de la salud de 2002, lo que llevó a que el sistema de licencias médicas hoy esté francamente cuestionado, porque hay sospechas del mal uso del instrumento que recaen sobre los usuarios, sobre los médicos que, marginalmente, siendo pocos, han tenido connotación pública por la forma en que han aparecido los escándalos y denuncias sobre la materia, y también sobre empleadores ficticios, que han pagado remuneraciones a costa de licencias médicas fraudulentas. De acuerdo con los reportes recibidos en la Comisión de Salud por la Superintendencia de Seguridad Social, la magnitud del problema respecto de los prestadores, cuantitativamente marginal, no por ello ha dejado de significar un problema social que implica no aplicar penas, donde paguen justos por pecadores. Si queremos legislar sobre la materia, el proyecto debería incorporar otros aspectos que no necesariamente sean de carácter policial, como asume la iniciativa en análisis. ¿A qué me refiero con eso? A que hoy las Compin, en cada una de las seremis de Salud de nuestro país -porque ahí es donde están adosadas, y no hay legislador que no lo sepa-, carecen de inspectores, de recursos, de un sistema adecuado de fiscalización y, además, no cuentan con los mejores especialistas para que hagan los peritajes correspondientes cuando se trata de una apelación procedente de una isapre o del Fonasa, lo que significa que la gente debe soportar una tremenda demora para tramitar el pago o la apelación de su licencia médica. En las Compin hay problemas estructurales que no aborda el proyecto en análisis y que es necesario destacar, porque es parte sustancial del problema en el sector público de salud, que atiende a más de 11 millones de chilenos, quienes sufren porque no saben cómo tramitar una licencia médica de manera eficaz y oportuna y, sobre todo, porque aún enfermos precipitan su convalecencia y deben volver al trabajo sin que esté suficientemente evaluada su licencia ni pagada su remuneración vía subsidio. En segundo lugar, hay un problema de simetría en la regulación y apelación de las licencias médicas. No es posible que la carga de la prueba recaiga en el usuario cuando es rechazada su licencia, en particular en el sistema privado. En la Comisión de Salud de la Corporación introdujimos un artículo muy importante sobre la materia, que traslada la carga de la prueba respecto del valor de la licencia médica en la institución y no en el afiliado; es decir, si una isapre o el Fonasa rechazan a priori la licencia médica de una persona, la institución respectiva deberá llevar los antecedentes del caso y justificar la reducción o el rechazo de la licencia, y fallar sobre esa base, cosa que hoy no ocurre, porque es el afiliado el que literalmente tiene que peregrinar para buscar una salida a su apelación, lo que demora mucho tiempo. En tercer lugar, quiero destacar que la Superintendencia de Seguridad Social tiene un rol muy importante como instancia final de apelación; sin embargo, está limitada respecto del procedimiento de fallo de una apelación. Mientras las isapres actúan como juez y parte, porque son pagadoras y fiscalizadoras a la vez, por ende, si una licencia es rechazada o reducida, el afiliado deberá acudir al Compin; si no le va bien en esa instancia, necesariamente tendrá que recurrir a la Superintendencia; no ocurre lo mismo con un afiliado al Fonasa , quien debe seguir un procedimiento más corto y tiene menos instancias de apelación. Dicho eso, cabe destacar que frente al reportaje que aludió el ministro de Salud respecto de una doctora que apareció vendiendo licencias médicas, di muestras concretas de que a la corporación denominada Colegio Médico, que me tocó presidir en ese período, año 2003, no le tembló la mano, no sólo para expulsar de sus filas a la persona involucrada, sino para recurrir a la justicia. De hecho, la causa siguió su tramitación, y si se falló en forma adversa, perseveramos en la persecución de ese delito hasta la última instancia en la fiscalía, para que se aplicara una sanción ejemplarizadora a una colega que, además, con gran notoriedad pública, ejerció esa práctica indebida. Por esas mismas razones, hemos tomado todos los resguardos para examinar muy en su mérito el proyecto en discusión. Al respecto, compartiendo la petición del diputado Torres de votar en forma separada los artículos 5°, 6°, 13 y 14 de la iniciativa, quiero hacer presente lo siguiente: dejamos establecida también nuestra reserva de constitucionalidad respecto del proyecto, para que quede constancia en la Mesa. Asumiendo la necesaria fiscalización y sanción de los actores que aparezcan involucrados en los hechos a los que se refiere la iniciativa, creemos que con respecto particularmente a los artículos 13 y 14, deberían ser analizados, por su carácter de modificatorios del Código Penal, por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de nuestra Corporación. Si se va a hacer una enmienda en el Código Penal, con una ley distinta, en este caso de las isapres, es fundamental que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se pronuncie sobre dichas penas, que, a mi juicio, exceden el campo de la simetría o de la igualdad de condiciones de los distintos prestadores o profesionales, frente a los instrumentos que utilizan para ejercer su profesión. Nos parece que esos dos artículos deben ser revisados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; de lo contrario, nos veremos obligados a votarlos en contra. Asimismo, en cuanto a los artículos 5° y 6°, relativos a las sanciones administrativas que aplicará la Superintendencia, multas, suspensiones provisorias, prolongadas, suspensión de la facultad de emitir licencias, etcétera, reitero, compartiendo la idea de que aquellas sanciones sean estrictas y muy duras, aparece discriminatorio y abusivo el tono y la manera en que están planteadas en esos artículos. Por lo tanto, solicito respetuosamente que en la Comisión de Salud, que preside nuestro distinguido colega el diputado señor Macaya , con quien hemos tenido una armoniosa relación de trabajo, podamos revisar nuevamente, dada la estrecha votación que obtuvo el proyecto, los artículos 5° y 6°, a objeto de alcanzar un mejor acuerdo, que perfeccione la iniciativa que queremos impulsar y no retardar, pero con las correcciones debidas, para que se despache una buena normativa, y no que sea susceptible de ser burlada. En la materia faltan dos cosas: una, contar con una legislación que ponga a tono a las Compin de todas las seremis de Salud, para ejercer una buena labor fiscalizadora; de lo contrario, la ley será letra muerta. En el proyecto nada se dice sobre ellas en circunstancias de que el Ministerio de Salud debe dotarlas de recursos, de inspectores y de integrarlas con los mejores especialistas. Otro elemento que falta es lograr que, definitivamente, exista equilibrio entre el rol del prestador privado, que ha sido extremadamente abusivo, y el rol del sistema público. Me refiero a prestadores y seguros privados con respecto al uso de las licencias médicas que, lamentablemente, han hecho pagar a justos por pecadores en esos dos millones y medio de personas afiliadas al sistema privado, quienes ven cómo se reivindica su licencia después de mucho tiempo, en el sistema público, a través de las Compin. Ésa es una inequidad que existe y que el proyecto no recoge, pero que se debiera tomar en consideración, para aprobar una ley adecuada a las necesidades del país. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , por su intermedio, saludo al ministro de Salud , que se encuentra en la Sala, a quien, además, deseo un feliz cumpleaños. Quiero destacar que estamos discutiendo un proyecto de mucha relevancia, sobre todo porque en el Congreso Nacional habitualmente se solicitan mayores recursos para una serie de iniciativas: queremos más cosas, queremos aumentar los proyectos, más cobertura, más tope, etcétera. Actualmente, el gasto por licencias médicas asciende a aproximadamente 1.200 millones de dólares al año, de los cuales 800 millones corresponden al Fonasa. Y de esa cifra, se estima que 250 millones de dólares pudrían ser emitidos por licencias fraudulentas. Repito: se trata de 250 millones de dólares al año en subsidio para personas que no lo necesitan, que abusan del sistema y que impide que podamos utilizar esos recursos en la solución de problemas graves en otras materias. El fraude en las licencias médicas nos perjudica a todos. Recordemos que su pago se hace con el 7 por ciento que las personas cotizan en el sistema. Por lo tanto, los encarecimientos y los gastos van en directo perjuicio de satisfacer más necesidades. En ese sentido, este relevante proyecto, iniciado durante el mandato de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, como dijo el ministro de Salud, ha sufrido innumerables modificaciones en su tramitación, en particular en la Cámara de Diputados. Voy a dividir ese proceso en dos partes. La primera tiene que ver con la sanción al fraude de las licencias médicas propiamente tal, que genera multas, una sanción administrativa de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues a los médicos sancionados les puede suspender la facultad para otorgar licencias médicas. En el caso de que exista un delito evidente en curso, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público. ¿Qué significa esto? He escuchado con atención a los colegas parlamentarios y médicos que se han referido al tema de las licencias médicas, quienes han sostenido que esa sanción no debiera ser aplicada por la Superintendencia de Salud. Como el tema acaparó la atención de la Comisión, por preocupación de quien habla, con otros diputados presentamos una indicación para que se sancionara sólo cuando hubiera evidente ausencia de fundamento médico. La norma dice que hay evidente falta de fundamento médico cuando claramente no hay nada que justifique el reposo otorgado por esa licencia médica. Eso obliga al médico a dos cosas: primero, a tener una ficha clínica, a realizar un examen físico, a tomar los resguardos necesarios para justificar la licencia y, por ende, a otorgar una mejor atención; y segundo, el médico no estará expuesto a la petición de una licencia médica, porque la persona tiene que ir a tal o cual lado o, en un caso mucho más radical, a la venta directa de licencias médicas. Cuando se hace esa salvedad, los médicos que quedan en esa situación ya no son los que ejercen su profesión en forma responsable y profesional, que son la gran mayoría. Vale la pena hacer esa precisión porque, a causa de las denuncias, pareciera que la gran mayoría de los médicos incurre en esas faltas. Pero la verdad es que se trata de un grupo muy minúsculo que abusa de esa atribución. Al establecer la “evidente ausencia de fundamento médico”, no estamos hablando de médicos, sino, lamentablemente, de profesionales que están abusando y cometiendo fraude al fisco y a todos los chilenos. Estimo que no debemos ser tan condescendientes con esos médicos. Pero esa situación queda bastante salvada con esa precisión. Respecto de la segunda parte de mi análisis, quiero expresar que el proyecto sólo tenía un evidente carácter sancionador y parecía que le cuidaba el bolsillo a las isapres y al Fonasa. Pero en la Cámara de Diputados perfeccionamos ese aspecto y tratamos que no sólo abarcara esas materias, sino también la protección del usuario. A veces -lamentablemente, no pocas-, al usuario se le rechaza o se le recorta una licencia médica, habitualmente por el seguro privado, sin justificación alguna, con la esperanza de que esa persona no apele y, en consecuencia, se mantengan recursos en el seguro privado. Eso pasa habitualmente. Sabemos que las Compin son burócratas y problemáticas y exigen muchos trámites. Muchas veces, terminan beneficiando al seguro en lugar del usuario. Eso fue modificado por esta iniciativa. Se establecen sanciones para los médicos contralores que recorten licencias médicas sin justificación. Un artículo permite que los dineros percibidos de esta forma sean devueltos solidariamente con el empleador, si tuvo directa relación. Por ende, si un contralor de una isapre es obligado a recortar por una política de la isapre, ésta también será solidaria en la respuesta. Mediante una indicación, dispusimos que la carga de la prueba para justificar un rechazo o recorte de una licencia médica no sea de cargo del paciente. En la actualidad, el paciente peregrina de un lugar a otro, tratando de juntar papeles para justificar que su licencia es correcta; y la isapre o el seguro se sientan a ver cómo ese paciente enfermo debe realizar todos esos trámites. Ahora, con esta nueva norma, la carga de la prueba se invierte y la isapre o el seguro de salud tendrán que justificar por qué recortan la licencia médica y probar por qué el paciente no necesita la cantidad de días que cree que se deben recortar. El proyecto avanza no sólo en sancionar a las personas que cometen fraude al fisco, sino también en la protección de los usuarios que cotizan todos los meses para que cuando se enfermen tengan derecho a una licencia y a estar tranquilos. Por ello, invito a aprobarlo rápidamente. No obstante, quiero hacer presente que, a mi juicio, los parlamentarios médicos que ejercen o volverán a ejercer en algún momento se enfrentan a un conflicto de intereses -en este momento, no ejerzo ni otorgo licencias médicas-, porque otorga atribuciones a la Superintendencia para sancionarnos. Por eso, deberíamos abstenernos para que esta Cámara decida de manera soberana y sancione correctamente el proyecto de ley. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente , como cuestión previa, quiero insistir en una petición que formulé la semana pasada, cuando inicialmente se iba a conocer este proyecto, pero que por razones de agenda no alcanzó a discutirse y quedó en Tabla para hoy. Como una cuestión anticipada, señalé que sería conveniente enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por las normas penales que modifica. No lo planteé por desprecio al trámite legislativo, que se ha realizado con rigor y preocupación en las otras Comisiones, sino por la especificidad de las normas. Si fueran exclusivamente médicas, no tendría razón para pedir lo que menciono. Pero, desde el punto de vista del uso del derecho que tienen los médicos para otorgar las licencias, debido a lo ocurrido, se termina pensando que eso se soluciona con nuevas tipificaciones o la mantención de las mismas, y el aumento de penalidades corporales o pecuniarias. En ese sentido, tiene razón el ministro y todos los diputados que han intervenido, porque hay una situación compleja desde la perspectiva del mal uso de las licencias. Entonces, se invade, con toda razón, un área legislativa que no es de carácter médico, sino esencialmente jurídico. El objeto principal de las Comisiones de Constitución de ambas Cámaras es justamente revisar las modificaciones a los códigos, y aquí se realiza una modificación sustancial al Código Penal. Por eso, tiene sentido que un proyecto de esta naturaleza, más allá de su urgencia, sea debatido con rapidez, pero bien, mi petición es bastante razonable. Al respecto, tal cual están redactadas las normas penales, adolecen de ciertos inconvenientes. Sin entrar en mayores calificaciones, diría que el inciso segundo, que se agrega mediante el artículo 13, presenta un inconveniente, pues sanciona al que incurra en falsedad en el otorgamiento, obtención o tramitación de licencias médicas, de declaraciones de invalidez o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen con las penas previstas en el artículo 202 del Código Penal, pues se amplían los sujetos activos y se establece una extraña presunción de autoría, que en nada justifica un tratamiento diferenciado a los delitos de falsedad conforme a las reglas generales de nuestro Código. Un primer aspecto es la técnica de la tipificación, pues el artículo 202 siempre ha sido un delito especial, propio, lo comete el facultativo. Ampliar el sujeto activo resulta absurdo, pues cualquiera puede responder por los delitos que establecen los numerales 1° al 7° del artículo 193 del Código Penal. Por otro lado, quien no revista la calidad de facultativo, ¿qué certificación podría efectuar? Otro aspecto es que la falsedad debe recaer sobre el certificado. Por eso, resulta compleja la amplitud de la expresión “o de cualquier antecedente esencial que las justifiquen”. Puede terminar en una ley penal en blanco, de difícil aplicación. Hay presunciones de autoría. Actualmente, la interpretación de los jueces de garantía no acepta presunciones de autoría. Entonces, en la práctica, tenemos un inconveniente a la hora de aplicar esta norma. Lo que busca el Gobierno -y con razón- son sanciones claras, rápidas y corporales a quienes usan mal esta facultad que les otorga su profesión. El diputado Letelier tuvo la gentileza de entregarme un análisis que elaboró -que no sé si a él o a la Comisión- el destacado penalista, profesor de varios diputados presentes, don Enrique Cury , que no avala el proyecto tal como está. Por ejemplo, señala que hay problemas de redacción, que en algunas partes no resulta clara, por lo que propone una redacción distinta a la del proyecto. Asimismo, realiza un reproche a la forma y modo en que se incorpora una medida cautelar genérica en el artículo 155, el mismo en que figura la prisión preventiva -es decir, medidas específicas-, por lo que sería conveniente ubicarla en otra parte del Código Procesal Penal, donde precisamente se ubican las normas cautelares genéricas. Pero así y todo, creo que hay un problema más de fondo. La medida cautelar que se propone, agregada en el artículo 155 -reconozco que no es fácil redactarla de otra forma-, a mi juicio, introduce como medida cautelar personal la suspensión de la facultad de emitir licencias mientras dure la investigación, lo que, de alguna manera, configura una pena anticipada, pues las medidas cautelares personales, conforme al artículo 155 del Código Procesal Penal, tienen por finalidad garantizar el éxito de las diligencias, la seguridad de la sociedad y del ofendido, y la comparecencia de la persona en el proceso, pero no castigar anticipadamente a quien le ampara una presunción de inocencia. A mi juicio, no hay razones que justifiquen esta impaciencia legislativa. No quiero ser brutal, pero me parece temeraria la forma en que están redactadas algunas de estas normas. Por lo tanto, se hace necesario hacer un esfuerzo para mejorar su redacción. Por su intermedio, señor Presidente , solicito al ministro -esto no se puede hacer a tontas y a locas, sino de manera más rigurosa-, atendida la urgencia del proyecto, que al menos estos tres artículos sean examinados por la Comisi��n de Constitución, Legislación y Justicia, para que en un plazo razonable, durante la próxima semana, entregue una alternativa de redacción de esas normas. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente , parece del todo razonable que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia revise las disposiciones que establecen figuras penales, que tienen cierta complejidad. Se hace necesario que estas disposiciones -ya lo he conversado con el diputado Eluchans , entre otros- sean revisadas o perfeccionadas, porque existen dudas respecto de las materias que establecen. Quiero señalar al ministro -por su intermedio, señor Presidente - que me parece muy importante el proyecto, porque creo que es atendible una materia como ésta, que claramente cruza el arco partidario, pues es un proyecto que nace en la Administración anterior y que continúa el actual ministro por decisión del Presidente Piñera , lo que me parece muy sabio. Sin embargo, también me interesa transmitir una inquietud al ministro , que dice relación con que muchas veces, cuando se acude la Superintendencia de Seguridad Social, ésta no resuelve ni verifica nada. Hace poco, el diputado Rojas hacía mención a algo que nos sucede a muchos: permanentemente vemos personas aquejadas de problemas físicos, imposibilitadas, con sus licencias impagas, porque hay dudas técnicas. Y cuando uno, como fiscalizador, acude a la instancia que debe resolver el problema, que es precisamente la Superintendencia, resulta que ésta no hace nada. Personalmente, he recibido respuestas que son francamente insolentes. Cuando uno aporta nuevos antecedentes, no sólo no se le responde al diputado que fiscaliza, sino que le vuelven a enviar un oficio al peticionario en que le señalan que no ha aportado ningún nuevo antecedente. Pero he sido testigo de que se han enviado esos nuevos antecedentes. Entonces, da la impresión de que hay un cliché y que la Superintendencia no está cumpliendo la labor que se le ha encomendado. ¿Cómo resolvemos el problema de la Superintendencia? El señor ministro se hace cargo del problema de verdad, y lo felicito por ello, pero nos queda pendiente lo más importante: la Superintendencia. ¿Cómo resolvemos que conteste los oficios que le remitimos? A veces pasan tres, cuatro o seis meses sin que contesten. Es cierto que este proyecto constituye un avance, pero digamos también con claridad que nos quedamos atrás en la parte más relevante: la Superintendencia. Si es verdad que se tiene la opción, por ley, de reclamar ante la Superintendencia por el hecho de que no me están pagando la licencia -y son miles de casos-, ¿cómo recibo finalmente una respuesta? El ministro ha señalado que se pierden 250 millones de dólares al año por fraude. Todos estamos contestes en que hay que denunciar, castigar y sancionar a los responsables, pero la pregunta que debemos plantearnos es otra: ¿cómo solucionamos el problema de las personas honestas, que son calificadas por un facultativo, que están en condición de enfermas, a quienes se les extiende una licencia, pero ésta finalmente no se paga? Seguramente el ministro habrá escuchado muchas veces que hay personas que llevan dos o tres años esperando a que le paguen la licencia. Incluso, hay gente que se murió esperando. ¿A dónde acudieron? ¡A la Superintendencia! Adivinen cuál fue la respuesta: ¡Ninguna! Y quiero decirlo con todas sus letras. A los miembros de la Comisión de Salud les digo que hay que hacerse cargo de ese problema. El proyecto constituye un avance, pero mientras no demos una solución al problema o no tengamos claro que una respuesta no se debiera demorar más de treinta días, la Superintendencia continuará arrastrando un problema sin solución. Si se demora más de ese plazo, entonces se debería dar la razón al peticionario; es decir, al menos debiera operar el silencio administrativo positivo. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente , este proyecto de ley de orden sanitario es muy importante y lo apoyamos, como siempre lo hemos hecho en materia de fiscalización. Además, quiero expresar mi opinión en defensa de los médicos de Chile, porque pareciera que todos son deshonestos o cometen fraudes. En Chile tenemos más de 30 mil médicos y quienes hacen mal uso de las licencias médicas son muy pocos y queremos que sean sancionados. Sin embargo, también debemos relevar la labor del resto, de los que hacen bien su trabajo y se ajustan a las normas, que son la inmensa mayoría. Pero también quiero manifestar que es una vergüenza que el Parlamento, en más de veinte años desde que retornó la democracia, haya sido incapaz de legislar respecto del rol que desempeñan los colegios profesionales. En la época en que los colegios profesionales eran corporaciones de derecho público, disponían de instrumentos para sancionar a sus colegiados con medidas bastante drásticas, que iban desde la expulsión del colegio hasta inhabilitar para ejercer la profesión. Por lo tanto, respecto de esta materia, tenemos una deuda. Además, recuerden que el Colegio Médico fue la estructura que posibilitó la organización de gran parte de la resistencia civil que permitió el retorno a la democracia. Asimismo, considero que el diputado señor Jorge Burgos tiene toda la razón. Debemos legislar con sabiduría respecto de esta materia, porque se busca castigar con una medida administrativa a un profesional. A lo mejor, el día de mañana se establecerán medidas administrativas para sancionar a los abogados, a los ingenieros, a los profesores, etcétera. Por lo tanto, las sanciones administrativas, que el diputado Burgos calificaba como sanciones penales previas, requieren de un análisis más acucioso. Apoyaremos el proyecto, porque consideramos que será útil. Si las herramientas de que hoy dispone la autoridad se hubieran usado de manera más drástica, quizás no habríamos tenido necesidad de aprobar un nuevo proyecto de ley; en todo caso, nos sirvió para remediar otros aspectos que se prestaban para abusos, como los recortes de las licencias médicas de las isapres, por ejemplo. Al respecto, también hay responsabilidades empresariales muy importantes. Todos sabemos cómo se utilizan las licencias médicas en el área pesquera. Por ejemplo, cuando no hay posibilidad de que los barcos salgan a pescar, la tripulación completa del barco está con licencia médica. O si una pyme no tiene trabajo, incluido su dueño, todos consiguen licencias médicas. Entonces, también debemos apelar a la responsabilidad del mundo empresarial, especialmente cuando se utiliza mal un recurso sanitario que no fue creado para los casos descritos. Vamos a aprobar el proyecto de ley, pero hemos hecho reserva de constitucionalidad y hemos pedido votación separada para los artículos 5°, 6°, 11, 12, 13 y 14. Por último, considero que sería sabio y prudente enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. He dicho. El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya. El señor MACAYA.- Señor Presidente , éste es un proyecto de ley necesario, que nació fruto de una inquietud planteada durante la administración de la entonces Presidenta Bachelet . En efecto, estamos en presencia de una materia respecto de la cual todavía no se ha legislado y, por lo tanto, no ha sido recogido en normas. Respecto de las críticas o reparos formulados desde el punto de vista constitucional, en el sentido de que se busca establecer una sanción por parte de un órgano administrativo, aplicar responsabilidades e investigar, incluso inhabilitar a los médicos para emitir licencias médicas. Sin embargo, creo que subyace un presupuesto que no se ha mencionado y que es la base de todo: que a diferencia de un ingeniero, un abogado u otro profesional, al poner su firma en una licencia médica, un médico gatilla un subsidio estatal. Y respecto de ese subsidio, estamos en presencia de una situación que ha llegado a límites -hay que decirlo- alarmantes. En la Comisión se entregaron cifras. Un médico, normalmente, emite entre veinte y quinientas licencias al año. Este proyecto no ataca a los médicos en su conjunto ni a su gremio. El 92 por ciento de los médicos se comporta en forma normal en cuanto a la emisión de licencias médicas. Es decir, la mayoría de los médicos ejercen de manera noble y correcta su profesión. Sin embargo, tenemos a un 2,6 por ciento de los médicos que superan las mil licencias al año y un 1 por ciento que emite sobre 1.600 en igual período. Por lo tanto, estas cifras nos llevan a decir que las licencias médicas representan alrededor de 1.100 millones de dólares al año en subsidios estatales, de los cuales 800 millones se gastan en usuarios del Fonasa. De acuerdo con los cálculos del ministerio, se gastan cerca de 200 ó 250 millones de dólares en licencias emitidas de manera incorrecta, sin fundamento médico, o bien fraudulentamente. Este es el quid de la situación: estamos hablando de una firma, que no es cualquiera, sino de una que gatilla un subsidio estatal y, por esa razón, no es lo mismo que la firma, por ejemplo, de un abogado o de un arquitecto. De acuerdo con las cifras entregadas por el ministerio, gatilla un perjuicio fiscal cercano a los 250 millones de dólares. Por lo mismo, recogiendo lo que se ha planteado transversalmente, estimo que estamos frente a un buen proyecto, que entrega facultades a las Compin y, al crear un tipo penal específico, una conducta tipificada por el derecho penal, establece la posibilidad de una sanción a los médicos. Aunque los que son cuestionados están en ese rango menor, el problema le cuesta muchos recursos al fisco. Estamos en presencia de un tipo penal que esperamos cumpla la función de inhibir esas conductas. Insisto en que el proyecto no va en contra de los médicos de Chile, sino que persigue que el fisco no gaste 250 millones de dólares todos los años por el ejercicio de malas prácticas. Algunos parlamentarios pidieron votación separada de algunas normas, para rechazar algunos artículos que constituyen la esencia del proyecto, que buscan que entes administrativos tengan la posibilidad de establecer sanciones. O sea, si dejamos todo al arbitrio de un organismo o mandamos todo a los tribunales ordinarios, la situación sería exactamente igual a la que existe hoy, porque si un médico emite una licencia médica de manera fraudulenta, va a ser investigado por el Ministerio Público y podrá ser llevado ante un tribunal de garantía. En efecto, esa conducta puede ser clasificada dentro de un tipo penal, que es el fraude residual. No estamos legislando para dejar la situación igual a como está hoy. Acepto que parlamentarios de la Concertación planteen reparos de constitucionalidad. En tal sentido, el Tribunal Constitucional es la instancia adecuada para plantearlos. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente , sin duda, este proyecto de ley reviste gran importancia dentro de las políticas públicas de salud, ya que es necesario normar y castigar el mal uso de las licencias médicas. Hemos conocido sendos reportajes acerca de esta situación. No obstante, no dejo de llamar la atención de esta Sala sobre el momento en el cual hoy se legisla respecto del uso de licencias médicas. Hace un par de meses, casi de manera unánime, castigamos y salimos a condenar la actuación de las isapres por las alzas intempestivas de los planes de salud, de manera poco juiciosa, por sobre el IPC, al no existir métodos objetivos que permitan clarificar los planes. Las isapres simplemente se olvidaron de los chilenos; les dieron la espalda a sus usuarios, a sus clientes, y solamente se preocuparon de proteger sus bolsillos. Y de la noche a la mañana, cuando la propia autoridad salió a condenar ese hecho, los parlamentarios nos vemos sorprendidos con este proyecto. Y aunque en su espíritu recoge elementos sobre los cuales existe un vacío y tal vez sea necesario legislar, estimamos que no es el momento indicado. Efectivamente, esta iniciativa cautela el interés fiscal por parte del Fonasa -en buena hora lo estamos haciendo-, pero también, al final del día, se cumple el aforismo que reza “nadie sabe para quien trabaja”, porque las principales beneficiarias con el proyecto serán justamente las isapres, aquellas instituciones que hace algunos meses todos, unánimemente, salimos a condenar por su actitud de usura contra los chilenos. Primero, el momento político no me parece adecuado. Antes, legislemos sobre el IPC de la salud, sobre cómo efectivamente eliminamos las tablas de riesgo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, porque discriminan por género y por edad a los adultos mayores, así como a las mujeres en edad fértil, y luego entendamos que esta legislación también apunta en la dirección de generar una nueva arquitectura del sistema sanitario de seguro chileno. Segundo, es importante de destacar un punto. A todas luces, este proyecto pretendía -lo digo en pasado porque, afortunadamente, en la Comisión de Salud fue enmendado- consolidar un verdadero Dicom de la salud. Que alguien me explique -y emplazo en ese sentido al ministro de Salud , por su intermedio, señor Presidente - por qué en este proyecto, cuyo objeto es condenar el mal uso de licencias médicas, se busca consolidar un registro nacional de todas las licencias, incluso aquellas que fueron absolutamente bien entregadas a empresas privadas. Por ejemplo, ¿por qué Falabella tendría que requerir antecedentes respecto de licencias médicas, por cuanto el proyecto permitía a personas jurídicas de carácter privado acceder a este registro nacional? No se trata sólo de un registro nacional de licencias médicas fraudulentas, sino también de aquellas entregadas en forma correcta. ¿Por qué se tiene que consolidar este registro sanitario que va a contener la vida de todas las chilenas y chilenos, prácticamente desde que nacen hasta que mueren? Una vez consolidado este registro, además de las entidades públicas, también podrán acceder las privadas. Y cuando digo “privadas”, como dije hace un momento, no me refiero a éstas desde el punto de vista sanitario, sino de cualquiera empresa, club deportivo, partido político o industria del retail o bancaria. ¡En mala hora estamos dando, como Cámara de Diputados, una señal en el sentido de robustecer a las isapres! A mi juicio, estamos disponibles para legislar sobre este tema y no le vamos a quitar el bulto respecto de aquellas licencias mal entregadas. Pero, ¿por qué el ministro de Salud , hace una semana, exhibe como un chantaje cambiar la ley de isapres a cambio de este proyecto? Eso no es atender las verdaderas prioridades sanitarias de los chilenos; no es velar por el bien común, porque, a mi juicio, al final del día, nadie sabe para quien trabaja. Tendremos un registro con los datos sensibles de los chilenos, que entregaremos a las empresas privadas, y al final vamos a consolidar y cuidar el bolsillo de las isapres. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , este proyecto es muy importante, por dos hechos: por un lado, las tremendas cifras de fraude que se han expuesto, y, por otro, para poder beneficiar a miles de trabajadores cuyas licencias médicas no son fraudulentas, sino verdaderas, pero que hoy son cuestionadas en atención al volumen de licencias. De acuerdo con los antecedentes que me entregó el ministro -a quien aprovecho de saludar y desearle muchas felicidades por su cumpleaños-, el costo por licencias médicas asciende a aproximadamente 1.100 millones de dólares, de las cuales cerca de 300 millones de dólares corresponden a las isapres y 800 millones de dólares a nuestro sistema público. De esos 1.100 millones de dólares, 250 millones corresponden a fraudes. ¡Por Dios que esa cantidad de dinero le cambiaría la vida a muchos chilenos en cuanto a salud! De esos 250 millones de dólares, 140 millones corresponden a licencias médicas falsas por enfermedad de un hijo menor de un año. De alguna manera, este proyecto se vincula con la iniciativa que extiende el posnatal, porque la gran mayoría de las licencias falsas se generan entre los tres y seis meses de edad de los niños o niñas, porque las mamás, por miedo a dejarlos con otras personas o por temor a que no estén bien cuidados durante esos primeros meses de vida, recurren, con el acuerdo del médico que ve a su bebé, a una licencia falsa para poder estar más tiempo con él. Por lo tanto, espero que este proyecto, sumado al alargue del posnatal, nos ayude muchísimo para poder ahorrarle al Estado esos millones de dólares gastados en licencias médicas. Sin embargo, en el proyecto se incluyen -al respecto, concuerdo con algunos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra- algunos temas que tampoco me gustan y que voté en contra. Uno dice relación con la creación de un registro de licencias médicas, donde estaría todo nuestro historial de licencias médicas. ¿Qué me asusta de ello? No puedo dejar de recordar el caso, por ejemplo, de una secretaria de un directivo del Banco Central que mandaba por correo electrónico, periódicamente, a ejecutivos de una empresa, información privilegiada que después fue usada malamente por dicha empresa. No sé si recuerdan el caso Inverlink. ¿Por qué no hacer mejor un registro del fraude, que sí es plenamente razonable? Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente -, no me parece una buena idea crear un registro de licencias que incluya a todos y menos aún que pueda estar a disposición de las instituciones de salud, porque también podría estar a disposición de los bancos, cuando uno quiera contratar algún seguro, por ejemplo. De alguna manera, esa base de datos va a significar un mayor grado de discriminación comparado con el que ya tenemos en los sistemas financieros y de seguros. Obviamente, el seguro siempre es un riesgo. Por ejemplo, quien contrata un seguro complementario de salud paga una prima mensual a cambio de que la compañía le responda en el caso de que le sobrevenga una enfermedad. Por supuesto, nadie quiere estar enfermo; pero, en el fondo, lo propuesto se transformaría en un negocio en que solamente se aseguraría a quien estuviera completamente sano, sin ningún riesgo, lo que es imposible de prever. Al final, agregaría un elemento discriminador más en el sistema, lo que no me parece razonable. En consecuencia, insisto en que éste es un buen proyecto; estoy plenamente de acuerdo con establecer sanciones para aquellos médicos que otorguen licencias que no se justifiquen. Me parece bien que se establezcan mecanismos de control y fiscalización. También considero adecuado que se establezcan penas para estos delitos específicos y que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En términos generales, perfeccionar el sistema de licencias médicas le hará bien a nuestro sistema de Salud, pero no así la creación de un registro de licencias médicas, porque se estará atentando contra la vida privada de las personas. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve. El señor MONSALVE.- Señor Presidente , nuestra política de seguridad social consagra el derecho a la licencia médica para proteger a los trabajadores aquejados de alguna enfermedad, para que puedan ausentarse de sus labores, recibir tratamiento médico y recuperarse, además de mantener sus ingresos. El inconveniente que presenta este proyecto de ley es que no resuelve el principal problema de los trabajadores de Chile. Cuando los afiliados al Fonasa se enferman -son cerca de 12 millones de chilenos-, no tienen garantizado el pago oportuno por esas licencias médicas. Ése es el principal problema que tienen los trabajadores en Chile cuando se enferman, y el proyecto en debate no lo aborda. Todos comprendemos que es necesario evitar el fraude que se produce por el mal uso de las licencias médicas. Por eso, votamos favorablemente la idea de legislar. Sin embargo, pensamos que sólo se está protegiendo al Estado y a la institucionalidad, pero no al trabajador. Un trabajador forestal, uno de la construcción o un pescador, que dependen de sus ingresos, cuando se enferman y hacen uso de la licencia médica, no reciben a fin de mes el subsidio que este derecho les origina, sino que 30, 60, 90 y hasta 120 días después. Este desfase en el pago constituye una realidad que genera verdaderas crisis sociales y económicas en esas familias, toda vez que el jefe de hogar se queda sin ingresos por la incapacidad del Estado de cumplir con su política de seguridad social. Para el usuario, el proyecto avanza en dos o tres aspectos. En primer lugar, es positivo el cambio establecido en el artículo 3°, que cambia la carga de la prueba. Es decir, será la isapre la que deberá concurrir a la Compin a justificar la reducción o rechazo de una licencia médica, cuestión que hasta hoy correspondía al afiliado. Este avance se logró en la Comisión de Salud por votación mayoritaria de sus miembros. En segundo término, me parece correcto que se apliquen sanciones para el contralor de la isapre que, en forma injustificada, reduzca o rechace una licencia médica. También valoro el esfuerzo que hizo la Comisión de Salud para eliminar una mala idea que contenía el proyecto. Me refiero a la creación de un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, el que podrá ser adquirido incluso por instituciones privadas. Este registro se convertirá en una herramienta de discriminación a los chilenos. Es decir, la persona que tenga la mala fortuna de padecer depresión endógena y esa información consta en ese registro nacional de licencias médicas, se puede encontrar con que, cuando busque trabajo, ese potencial empleador tendrá en sus manos una base de datos con todas las enfermedades del postulante, información que podría usar para discriminarlo. Por eso, la Comisión de Salud, en forma acertada, rechazó el artículo correspondiente. Si efectivamente existe la voluntad de proteger a los trabajadores chilenos y de reconocerles más derechos, así como se dan al Estado, entonces que el proyecto vuelva a Comisión y, como se trata de una materia de seguridad social, que el Ejecutivo presente una indicación que consagre el derecho de oportunidad de pago para los trabajadores con licencia médica. Aquí estamos estableciendo derechos para el Estado. ¿Y los derechos de los trabajadores? ¿Dónde se consagra el derecho de los trabajadores para exigir por ley el pago de sus licencias en 30 días? ¿Por qué un trabajador tiene que esperar 90 días, vivir sin ingresos durante tres meses, para después pagar con intereses sus cuentas, como la energía eléctrica, el agua, un crédito o una cuota de una casa comercial? ¿Cómo responde el Estado ante esa realidad, que se produce por su propia ineficiencia e inoperancia? ¿Por qué el Estado no se coloca al servicio de los trabajadores y les reconoce el derecho al pago oportuno de sus licencias? Por su intermedio, señor Presidente , y si el proyecto vuelve a Comisión, le reitero al ministro mi petición para que haga el esfuerzo y presente una indicación en ese sentido -que sólo el Ejecutivo puede hacerlo-, la cual, sin duda, será respaldada por todos los parlamentarios del Congreso Nacional, toda vez que, a través del reconocimiento de ese derecho, estaremos modernizando el sistema y respondiendo a los trabajadores de manera oportuna, como corresponde a una política de seguridad social seria. Votaré favorablemente la idea de legislar y rechazaré los artículos 5° y 6°. Espero que el proyecto vuelva a Comisión y que el ministro reflexione sobre la petición formulada, de manera que el Gobierno finalmente decida presentar una indicación que reconozca un derecho a los trabajadores y no sólo a la institucionalidad. He dicho. El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock . El señor VON MÜHLENBROCK .- Señor Presidente , el proyecto en debate constituye un avance -debemos reconocerlo-, toda vez que, hasta la fecha, no existe una normativa que regule la materia. El proyecto otorga facultades a las Compin para solicitar a los profesionales que emiten licencias médicas la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales, para sancionar a los que no entreguen la información respectiva. También faculta a las isapres para solicitar información a los profesionales que emitan licencias médicas, lo que fue debatido en la Comisión de Salud. Por otra parte, el Ministerio de Salud, tal como se señala en el artículo 4° del proyecto -este es otro avance-, podrá establecer protocolos referenciales para exámenes, informes y antecedentes que respalden la emisión de licencias médicas. En caso de que el profesional habilitado para otorgarlas las emita sin fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una investigación. Si se acreditan los hechos denunciados, la Superintendencia aplicará sanciones de multa y suspenderá la facultad para otorgar licencias médicas, teniendo a la vista el mérito de la investigación, en especial la cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico y la extensión del reposo prescrito. Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso de que el reclamo señalado sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada. Con todo, el proyecto crea dos delitos nuevos que se incluyen en el Código Penal, en los artículos 202 y 234, en orden a sancionar a los médicos licenciosos, además de agregar una medida cautelar en el artículo 155 del Código Procesal Penal, en orden a suspender la facultad de emitir licencias médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que determine el juez de garantía fundadamente. La presente iniciativa resulta un avance en la regulación de las licencias médicas y pone un freno al fraude realizado por los médicos licenciosos. Como ya se dijo, este proyecto fue presentado por la entonces Presidenta Michelle Bachelet , quedó “durmiendo” durante un tiempo y recientemente fue aprobado, casi en forma unánime, por el Senado. El costo estimado del fraude por concepto de licencias médicas es equivalente a construir un hospital de alta complejidad al año: 250 millones de dólares. Si se hubiese legislado con mayor rapidez o, quizás, oportunamente hace varios años, ¿cuántos hospitales de alta complejidad tendríamos construido en nuestro país? Está bien que podamos perfeccionar cada artículo y legislar con sabiduría, sobre todo en materia penal, como señaló el diputado Burgos , pero este hecho no debe seguir entrampando el proyecto o beneficiando el negocio fraudulento de las licencias de parte del 2 por ciento de los médicos. También se afirmó que este proyecto no favorece a los trabajadores. ¿Cómo no los va a favorecer, si nos puede permitir aumentar en 250 millones de dólares los recursos para la salud, que es dinero de todos los chilenos? Nuestra obligación, como legisladores y fiscalizadores, es cautelar que esos recursos vuelvan a las arcas fiscales y sean inyectados en el área de la salud, porque hay miles de personas que los están esperando. Por lo expuesto, no se puede seguir dilatando este proyecto. Espero que hoy lo podamos aprobar, porque va a significar un paso sustancial, no sólo en la forma expedita de regular las licencias médicas, sino también porque implicará un ahorro de 250 millones de dólares para el Estado. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente , el acto médico es complejo. Una de las partes necesarias en el proceso de curación de una enfermedad es el reposo que debe tener la persona enferma para recuperar su salud. En general, los procedimientos médicos, sean quirúrgicos o curativos, requieren que la persona enferma tenga un reposo, sea hospitalizada o en su casa, para solucionar su problema de salud. Eso es parte del acto médico. La sociedad ha entregado a estos profesionales la posibilidad de otorgar una licencia médica para que la persona que trabaja, que desarrolla una labor remunerada, tenga la autorización para faltar a su trabajo si se encuentra enfermo, sin perder su fuente de ingresos ni su remuneración. Por eso, la licencia médica es un elemento, desde el punto de vista de la seguridad social, extraordinariamente importante. Debemos entender que en el país se produce un mal uso de las licencias. Es necesario reconocer que hay médicos que han abusado del sistema. Algunos de ellos se han dedicado a entregar licencias médicas a destajo, sin que constituya parte del tratamiento de una enfermedad, sin solucionar el problema de salud de la población. Por lo tanto, es evidente que debemos legislar en esta materia. El 2 de marzo de 2004, después de un importante tiempo de discusión -prácticamente durante todo el 2003-, la Cámara de Diputados envió un proyecto al Senado que iba a solucionar el problema de las licencias médicas. Particularmente, en el Gobierno del entonces Presidente Lagos se desarrollo esa discusión y, reitero, la Cámara envió al Senado, con el oficio N° 4787, un proyecto de ley completo en materia de regulación de las licencias médicas. Como se ha dicho, ese proyecto duerme en el Senado hasta hoy, porque todavía está vigente entre los distintos documentos que la Cámara Alta debe revisar. La actual administración tomó la decisión de enviar un proyecto nuevo, y no presentar una indicación sustitutiva, en el cual consideró varios aspectos que ya estaban en el otro proyecto que la Cámara discutió durante el 2003, como, por ejemplo, las sanciones que se imponen a los médicos que emiten mal una licencia. También incorporó algunos elementos nuevos que me parecen interesantes y otros bastante negativos. Sin embargo, no incorporó temas que hoy me parecen absolutamente necesarios para resolver el problema de las licencias médicas, desde todos los ángulos, desde el punto de vista del acto médico y también desde el punto de vista del trabajador. Ejemplos de temas que quedaron afuera. Actualmente, las cajas de compensación han hecho un pingüe negocio con parte de la cotización de salud que corresponde principalmente a las personas del Fonasa, pero no así las de isapres. Las cajas de compensación administran un 0,6 por ciento de los recursos de las licencias médicas, lo que ha hecho que éstas, finalmente, se hayan convertido en cajas, en términos de liquidez, para dar préstamos y desarrollar su beneficioso negocio, con recursos que están destinados a la seguridad social y a las licencias médicas. En verdad, no lo entiendo. En el proyecto de 2003, se excluía a las cajas de compensación en esta materia, pero en este proyecto mantienen esa atribución. Me parece que falta ese aspecto en el proyecto, que no está tratado de ninguna manera. En el 2003, tuvimos una larga discusión sobre quién debe pagar las licencias médicas. Hoy se da la paradoja de que el que paga es el mismo que recibe la licencia médica y el que califica si corresponde o no. En el caso de las personas de menores recursos afiliadas al Fonasa, es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Pues bien, en el proyecto anterior se planteaba que debe pagar el Fonasa, y hacerlo a tiempo, tal como lo dijo el diputado Monsalve . Es evidente que una persona que gana escaso dinero y está en situación de desmedro desde el punto de vista de su salud, requiere que los recursos por concepto de su trabajo ingresen en la fecha prevista, porque de otra forma no tiene cómo desarrollar su vida. Seamos claros: la gran mayoría de la gente de los percentiles más bajos en términos económicos gasta todos sus recursos en vivir; no es capaz de ahorrar absolutamente nada. Por lo tanto, no tiene la posibilidad de esperar durante uno, dos o tres meses el pago de una licencia. Por eso, se planteaba que el Fonasa se hiciera cargo del pago, de acuerdo con los recursos que tiene el Estado para ello. Eso tampoco lo recoge el actual proyecto. A mi juicio, es un punto muy importante que se dejó de lado. A fin de cuentas, este proyecto sólo se relaciona con establecer una carga para quien entrega la prestación: el médico. Entiendo que en Chile hay médicos que hacen mal su trabajo, pero son pocos. La gran mayoría son personas que, de manera honesta, como servidores públicos, entregan un servicio público o privado, y lo hacen bien. La entrega de licencias médicas es parte de sus funciones y atribuciones, porque los trabajadores requieren que eso sea así. Por eso, me parece importante que en este proyecto se incorporen cosas que no están. Espero que el ministro las recoja para avanzar, en términos reales, hacia una legislación mejor que la que tenemos hoy. Por último, otro tema importante se aborda en el artículo 11, que establece, como dijo el diputado Silber , el nuevo Dicom de la salud, lo cual me parece extraordinariamente grave. Puedo entender la existencia de un Registro Nacional de Licencias Médicas respecto de aquellas que se extienden de manera fraudulenta. Es decir, cuando se trata de una licencia médica entregada en forma fraudulenta, es necesario saber qué profesional la extendió y qué paciente la recibió, a fin de conocer, por ejemplo, si ese médico actúa de manera fraudulenta en forma permanente y si ese paciente busca licencias médicas con distintos médicos para mantenerse en reposo. Pero, ¿todos los chilenos debemos figurar en ese Registro ? Si una persona enferma en algún momento, ¿debe necesariamente figurar en dicho Registro? Todos sabemos lo que pasa con el uso de la información personal en este país, donde no tenemos suficiente cautela ni seguridad para almacenar los datos personales. De hecho, en la ley sobre deberes y derechos de los pacientes se establece que la ficha médica es un elemento de cautela personal en la cual se inscriben los datos confidenciales de la persona, razón por la cual no puede ser entregada a cualquiera. Por lo tanto, puedo entender la creación de ese Registro , pero sólo para consignar las licencias médicas fraudulentas; incluso más, podría entender que en él figurara el diagnóstico de los pacientes, los días de duración de la licencia y el nombre del profesional que emite dicho documento. Pero me parece absolutamente inaceptable que se consignen los datos del trabajador que la solicita. En verdad, no entiendo qué quieren los diputados que votaron a favor de dicho artículo en la Comisión de Salud. ¿Desean constituir un Dicom de la salud para entregar a las empresas la posibilidad de despedir o no incorporar en sus filas a trabajadores con problemas de salud significativos, los cuales no debieran conocerse? ¿Qué sucederá en una empresa cuando una persona con Sida o tuberculosis -enfermedad contagiosa- aparezca en dicho Registro? ¿Le dirán que no tiene derecho a trabajar o la despedirán? Desde ya, pido votación separada del artículo 11 del proyecto, porque me parece absolutamente inaceptable que legislemos en ese sentido. Creo que debemos introducir las modificaciones del caso. En ese sentido, me gustaría que el Ministerio de Salud incorporara en su agenda el tema sobre el Fonasa -materia que discutimos en la anterior iniciativa sobre el particular-, de manera que dicho Fondo pagara las licencias médicas. También el de las cajas de compensación, porque me parece inaceptable mantener ese negocio en materia de seguridad social. En suma, el trabajo realizado por la Cámara de Diputados durante 2003 y 2004 no debiera quedar simplemente en el olvido. He dicho. El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , en la discusión de este proyecto de ley, no hay que perder de vista la triple naturaleza que tienen las licencias médicas. En primer lugar, desde el punto de vista del derecho laboral, permite al trabajador ausentarse total o parcialmente de su trabajo. En segundo lugar, posibilita el restablecimiento de su salud. Pero la tercera naturaleza de las licencias médicas, de carácter previsional, es, quizás, la más importante, genera derecho a percibir el pago de un subsidio por incapacidad laboral, o mantener la remuneración, según corresponda. Al respecto, según nos informó la superintendente de Seguridad Social , señora María José Zaldívar Larraín , el monto desembolsado por dicho concepto alcanza aproximadamente a 1.100 millones de dólares anuales, de los cuales 250 millones de dólares se estarían usando de mala forma. En ese sentido, cabe recordar lo que hace pocos días dijo el ministro de Salud en esta Sala, respecto de que todo lo que se ahorrará en materia de licencias médicas se destinará a la atención primaria de salud. Señor Presidente , por su intermedio llamo al ministro a reiterar su compromiso de que los millones de dólares que se ahorrarán una vez que el proyecto en estudio se convierta en ley de la República, vayan a la atención primaria municipal. Otro aspecto importante dice relación con la creación del Registro Nacional de Licencias Médicas . En ese sentido, quiero ser hiperrealista. Hoy, casi no existe la vida privada. Para obtener datos de una persona -lo digo como ex abogado penalista- es innecesario que exista ese registro, porque ello se puede hacer a través de la página web “www.google.cl”. De hecho, todos los abogados penalistas contratan los servicios de detectives privados. Por lo tanto, uno sabe, incluso, cuánto calza y cómo es la persona desde su nacimiento. De manera que oponerse a la idea de establecer un Registro Nacional de Licencias Médicas me parece un sofisma o una irrealidad. Prefiero tener un registro público de licencias médicas muy bien administrado -como se comprometió a tenerlo la superintendente de Seguridad Social- que contemple las cautelas necesarias para que la vida privada no se vea disminuida o mancillada. Desde ese punto de vista, dicho registro es muy importante, porque, como ella manifestó, permitirá a la institución que dirige controlar, de manera que la futura ley no sea una ilusión. Por eso, como una forma de enfrentar la realidad de las cosas que suceden en la sociedad actual, estimo que se debe aprobar la creación del Registro Nacional de Licencias Médicas. Respecto de las sanciones, el proyecto busca perfeccionarlas y aumentarlas. El proyecto que llegó a la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, establecía la existencia de dos clases de penas: las sanciones administrativas, establecidas en el artículo 5°, y las sanciones penales, consagradas en el artículo 9°. En este caso, la Comisión estableció que se estaba vulnerando un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. En la Comisión, algunos diputados médicos me preguntaron a qué me refería, porque lo dije en latín -los diputados que son abogados lo comprenden perfectamente-: me refiero al principio jurídico non bis in idem, es decir, que a nadie se le puede condenar dos veces por la misma conducta. Hoy, en la doctrina penal moderna, si existe una sanción administrativa, ergo no hay una sanción penal, y si existe una sanción penal, no hay una sanción administrativa. Pero eso hay que dejárselo a los abogados que defiendan a los médicos que defrauden a través de las licencias médicas. Por eso, la Comisión acordó suprimir el artículo 9° del proyecto, con el fin de modificar derechamente el Código Penal. Al respecto, el diputado Burgos y otros miembros de la Comisión de Constitución han hecho cuestionamientos debido a que el proyecto no fue remitido a dicha instancia. Hoy, si queremos sancionar a un médico por una conducta fraudulenta de otorgamiento de licencias médicas, disponemos de dos normas del Código Penal: del artículo 193, número 4°, sobre falsificación ideológica de instrumento público, o bien del artículo 470, número 8°, relativo a la obtención indebida de prestaciones del fisco. De manera que los tipos penales que se incorporan mediante la modificación de los artículos 202 y 234 del Código Penal establecerán un sujeto activo determinado, específico, pero irrelevante desde el punto de vista de la figura penal que nos preocupa. Lo interesante son las sanciones administrativas, las multas que se establecen en el proyecto. Por eso, vamos a aprobar el proyecto, porque es un gran avance para el otorgamiento de licencias médicas, como corresponde en derecho. He dicho. El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco. El señor ALINCO.- Señor Presidente , aun cuando se trata de un tema para expertos, esta materia afecta a todos los chilenos y chilenas trabajadores. No hay duda de que existen médicos y médicos. Hay médicos que a veces entregan licencias sin la responsabilidad que corresponde; otros lo hacen debidamente; incluso, algunos no las entregan, pese a ser un derecho legítimo y justificado. Entonces, dado que este proyecto se ha discutido durante mucho tiempo, pensaba que consideraría todos los detalles que involucra solicitar, entregar y merecer una licencia médica. Sin embargo, da la impresión de que privilegió la protección de las arcas fiscales -bienvenido sea- y también los recursos de las isapres. No hay lugar a dudas de que se discrimina en este tema tan delicado de obtener o no obtener una licencia médica. Voy a dar un ejemplo. Si un empleado público o un profesional va donde un médico equis y solicita licencia por estrés, el médico se la concede; pero si un trabajador del campo, un temporero, una temporera o un trabajador de la construcción solicita una licencia por estrés, en la mayoría de los casos que yo conozco, se le niega. Obviamente, es legítimo proteger las arcas fiscales, eso no lo discuto; pero, al parecer, el proyecto no defiende en profundidad los intereses y los derechos de los trabajadores y trabajadoras chilenos. Cuando se discute un proyecto por más de cinco años, pero finalmente se legisla en forma superficial, como ha sucedido con otros proyectos, uno dice: “Algo está pasando”. Llamo la atención del Hemiciclo, porque si bien es cierto que el proyecto protege a una de las partes, ya que se terminará con las licencias injustificadas, no considera como corresponde los intereses y los derechos de los trabajadores que merecen una licencia. Muchas veces, las isapres, las mutuales o las empresas impiden que se les entreguen esas licencias por enfermedad o por accidente, porque de esa manera ahorran recursos o evitan salir desfavorecidos en las estadísticas de seguridad. Por lo tanto, considero que el proyecto tiene algunas cosas buenas, pero le falta lo fundamental, que es la protección y el respeto de los derechos de los trabajadores, hombres y mujeres de Chile, que quedan al arbitrio del médico que los atiende. He dicho. El señor MELERO ( Presidente ).- En nombre de la Mesa y de la Cámara, le deseamos un muy feliz cumpleaños al ministro de Salud , señor Jaime Mañalich. (Aplausos) Tiene la palabra el ministro de Salud , señor Jaime Mañalich. El señor MAÑALICH ( ministro de Salud ).- Señor Presidente , muchas gracias por sus saludos. Respecto a lo discutido en la Sala, quiero hacerme cargo sólo de dos aspectos. El primero es que el Ejecutivo y este ministerio en particular tienen enorme conciencia del problema que se ha comentado latamente, cual es la demora que deben soportar los trabajadores de Chile, sobre todo los afiliados al sistema público, para recibir el pago de sus licencias médicas cuando están enfermos. Por eso, hemos elaborado un proyecto que, básicamente, tiene dos elementos y que será discutido en su oportunidad por esta misma Sala: El primero es el traspaso de las contralorías médicas desde las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez al Fonasa. El segundo establece que el Fonasa deberá pagar esos recursos a los trabajadores en un máximo de quince días, ya que, de lo contrario, asiste el derecho a los trabajadores de tener automáticamente esos pagos en sus bolsillos, en cheques, en cuentas corrientes o como fuere. No obstante, se podrá corregir posteriormente ese acto administrativo si el beneficiario obtuvo el dinero en forma ilegítima. El proyecto no busca mejorar la situación de las arcas fiscales, sino resguardar los recursos que se obtienen a través de impuestos generales o de cotizaciones obligatorias de salud, que permiten el financiamiento de nuestro sector público. Se trata de fondos muy importantes, del orden de 8.200 millones de dólares al año, por lo que resulta extraordinariamente grave que unos pocos, como se ha mencionado, se hagan de una parte significativa de esos recursos en forma fraudulenta, con lo que privan a los beneficiarios finales, a los pacientes de recursos que han sido entregados a través de la Ley de Presupuestos respectiva. En ese sentido, me comprometo desde ya, por lo menos políticamente, como lo hice en una sesión anterior de esta Sala, en el sentido de que cualquier monto ahorrado por licencias médicas sea traspasado preferentemente al sector primario municipal de atención de salud. Respecto de la discusión que hemos sostenido, quiero señalar lo siguiente: como representante del Ejecutivo , voy a presentar una indicación relacionada con el artículo 11 de la iniciativa de ley, que tiene que ver con la seguridad del manejo confidencial de los registros de licencias médicas, aspecto que ha sido comentado ampliamente y mirado con preocupación por señores diputados de todas las bancadas. Voy a hacer entrega de dicho documento al señor Secretario . Debo recordar a los señores diputados que dicha indicación requiere la unanimidad de los diputados presentes, dado el carácter de suma urgencia con el que se está discutiendo el proyecto. He dicho. El señor MELERO ( Presidente ).- Recabo el asentimiento de la Sala para enviar el proyecto sobre otorgamiento y uso de licencias médicas a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por una semana, con el exclusivo objeto de que se pronuncie sobre los artículos 13 y 14 del texto propuesto por la Comisión de Salud. ¿Habría acuerdo? Acordado. En consecuencia, el proyecto va a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. La Comisión deberá despachar su informe antes del próximo martes 14 de junio, pues el proyecto está calificado con suma urgencia. Hago la prevención para que su Presidente tome las medidas en esa dirección. Asimismo, recabo el acuerdo de la Sala para que en el momento de la votación del proyecto, se considere una indicación presentada por el Ejecutivo al artículo 11. ¿Habría acuerdo? Acordado. "
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