REPÚBLICA DE CHILE/CÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 359ªSesión 40ª, en jueves 9 de junio de 2011(Ordinaria, de 10.08 a 13.04 horas) Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, Araya Guerrero, don Pedro, y Bertolino Rendic, don Mario. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental, el señor Landeros Perkic, don Miguel.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTAÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 7 II. Apertura de la sesión 11 III. Actas 11 IV. Cuenta 11 - Envío de proyecto a Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas 11 V. Orden del Día. - Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana. Primer trámite constitucional 11 - Creación de circunscripción senatorial de la Región de Arica y Parinacota. Primer trámite constitucional. (Continuación) 22 VI. Proyectos de acuerdo. - Recursos para atender obligaciones previsionales adeudadas por los municipios 39 - Construcción de ciclovías a lo largo de Chile 42 - Incentivos al retiro para el personal de salud 43 VII. Incidentes. - Creación de área de Indap en comuna de Galvarino. Oficios 45 - Estado de avance de diversas obras de pavimentación en comunas de la Región de La Araucanía. Oficio 45 - Reparación de dispositivo de medición de caudales en estación hidrológica de Rari-Ruca, provincia de Malleco. Oficio 46 - Entrega de terreno en comodato para desarrollo de proyectos inmobiliarios en localidad de Rosario, comuna de Rengo. Oficios 46 - Aprobación de segunda etapa de proyecto de normalización de redes de datos y eléctricas de municipalidad de Coltauco. Oficios 46 - Flexibilización de criterios de Contraloría General de la República en suscripción de convenios municipales con aplicación de intereses. Oficios 47 - Inclusión de variable afrodescendiente en el censo de población y vivienda de 2012. Oficio 48 - Adopción de medidas relacionadas con el ámbito de la telefonía celular. Oficios 48 - Información sobre normativa aplicable a mujeres en edad fértil en materia de seguros automotrices y créditos hipotecarios. Oficio 49 - Homenaje a señor Sergio Molina Medina, ex militante del Partido Socialista de Chile, recientemente fallecido. Notas de condolencia 49Pág. - Formulación de protesta por aprobación de ley en Bolivia que regulariza inscripción de automóviles indocumentados. Reforzamiento de frontera. Oficios 50 VIII. Anexo de sesión. Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 52 - Reparación de vías y paraderos de Ruta 41 y cierre de cementerio municipal en sector El Tambo, comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. Oficios 52 - Programa piloto de generación de energía solar en población Gina Ancarola, comuna de Vicuña. Oficios 52 - Reposición de bus mapa en localidades alejadas de servicios de salud de comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. Oficios 53 - Respuesta a demandas de estudiantes en paro de liceos de comuna de Copiapó. Oficios 53 - Declaración de provincia de Copiapó como zona de restricción hídrica. Oficios 55 IX. Documentos de la Cuenta. 1. Primer informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que “Introduce criterios de razonabilidad y solidaridad en lo que respecta a las tablas de factores y a la determinación del precio base de los contratos de salud.”. (boletín N° 7539-11) 57 2. Moción de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, y de los diputados señores Araya, De Urresti, Díaz, Rincón, y Schilling, que “Modifica la ley N° 18.700, facilitando la votación de los ciudadanos que se encuentran temporalmente lejos del lugar en que están inscritos en los registros electorales.”. (boletín N° 7710-06) 66 3. Moción de los diputados señores Sandoval, Alinco, Jiménez, Robles, Rojas, Saffirio, Teillier, Vilches, Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Hoffmann, doña María José, que “Establece seguro escolar en Salas Cuna”. (boletín N° 7711—13) 68 4. Moción de los diputados señores Burgos, Chahín, Díaz, Harboe, Ortiz, Saffirio, Schilling, Vallespín, Venegas, y Walker, que “Aumenta penalidad de los delitos de uso y aprovechamiento de información privilegiada.”. (boletín N° 7712-07) 68 5. Moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise; Isasi, doña Marta, y Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Accorsi, Ascencio, Castro, Díaz, Jarpa, Schilling y Teillier, que “Prohíbe a los prestadores de salud negar o condicionar la atención de salud de las personas en base a sus antecedentes comerciales.”. (boletín N° 7713-11) 71 6. Moción de los diputados señores Chahín, Araya, Lorenzini, Marinovic, Rincón, Saffirio, Vallespín, Walker, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra, que “Modifica la ley N° 18.010, estableciendo una nueva forma de cálculo de la tasa de interés máximo convencional.”. (boletín N° 7714-05) 73Pág. 7. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Establece la obligación de los jueces de informar a la Excma. Corte Suprema, las irregularidades o notorias faltas de idoneidad profesional de abogados y notarios.”. (boletín 7558-07). (94-2011) 75 8. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en mensaje, sobre “Probidad en la Función Pública.”. (boletín 7616-06). (95-2011) 77 9. Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “Establece competencia de Tribunales de Familia en las materias que indica.”. (boletín 7626-18). (96-2011) 83 - Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: 10. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. ROL 1797-10-INA. (6091) 87 11. “artículo 122 del Código de Aguas”. ROL 1578-09-INA. (6095) 87 12. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. ROL 1697-10-INA. (6099) 88 X. Otros documentos de la Cuenta. 1. Comunicaciones: - Del diputado señor Lorenzini, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 15 de junio en curso, para dirigirse a Europa. - Del diputado señor Montes, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 21 días, a contar del 08 de junio en curso. 2. Oficios: - De la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, para que le sea remitido el proyecto, iniciado en mensaje, que “Aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos”, actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Boletín N° 7689-07 para que sea tramitado solamente por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas. - De la Comisión de Familia, por el cual solicita el acuerdo de la Sala, de conformidad con el artículo 17 A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para refundir los Boletines N°s 7567-07, iniciado en Mensaje que modifica el Código Civil y otras leyes regulando el Régimen de Sociedad Conyugal, y 5970-18, iniciado en moción, que introduce modificaciones a diversas disposiciones del Código Civil, consagrando el derecho de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, de administrar los bienes propios que adquiera a título de herencia, legado o donación. Respuestas a oficios Cuenta 40ª Ministerio de Agricultura: - Diputado Carmona, Solicita se indiquen las razones por las que no se informó de la iniciativa encaminada a mejorar la gestión y el manejo del recurso hídrico en el valle de Copiapó, y que se denomina “Proyecto Agua Copiapó”, a las organizaciones locales vinculadas con dicha temática (255 al 3209). Ministerio de Trabajo y Previsión Social: - Diputado Espinosa don Marcos, Solicita la adecuación de los contratos de trabajo celebrados entre la empresa Aramark Servicios Mineros y sus trabajadoras y trabajadores, teniendo presente que dicho empleador se ha mostrado renuente a calificar la labor de su personal como “aseo industrial” (2243 al 2593). - Diputado Espinosa don Marcos, Solicita informar sobre la situación de la empresa Aramark Servicios Mineros y Remotos Ltda., prestadora de servicios de aseo a la División Codelco Norte, de la empresa estatal Codelco, que no ha dado cumplimiento a un dictamen de la Dirección Nacional del Trabajo, para que modifique, en los contratos de más de quinientos trabajadores, la naturaleza jurídica de su labor. (2243 al 2693). - Diputado Delmastro, Solicita informe sobre la exoneración de una ex funcionaria de ese servicio (5936 al 3023). Ministerio de Salud: - Diputado Rojas, Solicita informe respecto de la disminución de los presupuestos asignados al Hospital Regional de Antofagasta y al Hospital de Calama (7903 al 2465). Ministerio de Vivienda y Urbanismo: - Diputado Gutiérrez don Hugo, Remite copia de su intervención relativa a las obras y medidas necesarias para enfrentar en mejores condiciones un eventual tsunami en la ciudad de Iquique (279 al 1000). - Diputada Isasi doña Marta, Solicita informar acerca de las razones para el retiro, en diciembre de 2010, del Plan Regulador Intercomunal Costero de Iquique, desde el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). (279 al 2698). Ministerio Público: - Diputado Espinoza don Fidel, Remite copia de su solicitud, relativa al asesinato de dos jóvenes deportistas de Chiloé y a la investigación que realiza el Ministerio Público (325 al 1494). Ministerio Medio Ambiente: - Diputada Molina doña Andrea, Solicita informar acerca del sumario sanitario N° 150, de 2011, efectuado por el retiro de material con asbesto desde el Liceo A-2, de Cabildo, en particular sobre los días en que se efectuaron las evaluaciones, si éstas se realizaron en presencia de los alumnos, si se efectuaron interrogaciones a quienes presenciaron el eventual mal manejo de dicho material, y si éste se produjo en presencia de los educandos. (11161 al 3241). I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (105)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24Aguiló Melo, Sergio PS VII 37Alinco Bustos René IND XI 59Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo UDI VII 38Araya Guerrero, Pedro PRI II 4Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Auth Stewart, Pepe PPD RM 20Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45Browne Urrejola, Pedro RN RM 28Burgos Varela, Jorge PDC RM 21Calderón Bassi, Giovanni UDI III 6Campos Jara, Cristián PPD VIII 43Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Carmona Soto, Lautaro PC III 5Castro González, Juan Luis PS VI 32Cerda García, Eduardo PDC V 10Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Cornejo González, Aldo PDC V 13Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49De Urresti Longton, Alfonso PS XIV 53Delmastro Naso, Roberto RN XIV 53Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7Edwards Silva, José Manuel RN IX 51Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Farías Ponce, Ramón PPD RM 30García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13González Torres, Rodrigo PPD V 14Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39Harboe Bascuñán, Felipe PPD RM 22Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26Hernández Hernández, Javier UDI X 55Hoffmann Opazo, María José UDI V 15Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Kast Rist, José Antonio UDI RM 30Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Lemus Aracena, Luis PS IV 9Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47Lorenzini Basso, Pablo PDC VII 38Macaya Danús, Javier UDI VI 34Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Molina Oliva, Andrea UDI V 10Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46Morales Muñoz Celso UDI VII 36Moreira Barros, Iván UDI RM 27Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pascal Allende, Denise PS RM 31Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Rincón González, Ricardo PDC VI 33Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Rubilar Barahona, Karla RN RM 17Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabat Fernández, Marcela RN RM 21Saffirio Espinoza, René PDC IX 50Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25Sandoval Plaza, David UDI XI 59Santana Tirachini, Alejandro RN X 58Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28Torres Jeldes, Víctor PDC V 15Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Vallespín López, Patricio PDC X 57Van Rysselberghe Herrera, Enrique UDI VIII 44Vargas Pizarro, Orlando PPD XV 1Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54Walker Prieto, Matías PDC IV 8Ward Edwards, Felipe UDI II 3Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20 -Por encontrarse en misión oficial, no asistieron los diputados señores Osvaldo Andrade, Tucapel Jiménez y Nicolás Monckeberg, y, por encontrarse con permiso constitucional, tampoco asistió el diputado señor Patricio Hales.- II. APERTURA DE LA SESIÓN-Se abrió la sesión a las 10.08 horas.El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTASEl señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 34ª se declara aprobada. El acta de la sesión 35ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTAEl señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.-El señor LANDEROS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta.ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS.El señor MELERO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, para su conocimiento exclusivo, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que “aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos” (boletín N° 7689-07), actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Habría acuerdo?Acordado. V. ORDEN DEL DÍACONVENIO DE INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA IBEROAMERICANA. Primer trámite constitucional.El señor MELERO (Presidente).- Corresponde considerar, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989.Diputados informantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda son los señores Carlos Abel Jarpa y Alejandro Santana. Antecedentes:-Mensaje, boletín N° 6152-10, sesión 88ª, en 14 de octubre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 1.-Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana y de Hacienda, sesión 38ª, en 7 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta Nos 4 y 5.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores.El señor JARPA (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de simple, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, el 11 de noviembre de 1989.En virtud de este Convenio, Chile se incorpora a un tratado multilateral de cooperación, suscrito por 12 estados latinoamericanos, más España, mediante el cual estos países constituyen un foro para impulsar el desarrollo de la industria audiovisual en los países miembros. Además, se comprometen a procurar establecer o perfeccionar sistemas y mecanismos de financiamiento y fomento de la actividad cinematográfica nacional, compromisos, según se afirma en el mensaje, relevantes y valiosos para impulsar la política que promueve el Supremo Gobierno en el sector.El instrumento consta de un preámbulo y 32 artículos. En el preámbulo, los Estados Partes formulan las declaraciones fundamentales relacionadas con los propósitos que los animan, ya señalados al definir el objeto del proyecto de acuerdo.En su parte dispositiva, el Convenio regula los compromisos generales que contraen los Estados Partes para lograr el desarrollo regional y nacional de la industria cinematográfica; los órganos internacionales y nacionales que se establecen para su ejecución y las cláusulas finales propias de todo tratado multilateral.Para el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de la entonces ministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señora Paulina Urrutia Fernández, quien valoró altamente este Convenio, por cuanto implica la adopción de políticas de apoyo a las artes audiovisuales, tales como facilitar el tránsito de las personas que, con el propósito de desarrollar las mismas, deban desplazarse por los países miembros del Convenio; favorecer la adopción de acuerdos de cooperación para el fomento de dichas actividades entre las partes y crear un fondo de fomento de la actividad cinematográfica.Por su parte, los diputados integrantes de la Comisión expresaron su decisión favorable a la aprobación del Convenio, reconociendo la conveniencia de impulsar políticas para el desarrollo de la industria audiovisual de los países miembros, además de procurar el establecimiento o perfeccionamiento de sistemas o mecanismos de financiamiento y fomento de la actividad cinematográfica nacional. Por ello, por unanimidad fue acogido el proyecto de acuerdo en informe y recomienda a la honorable Cámara su aprobación.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.El señor SANTANA (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, el 11 de noviembre de 1989, que tiene por objeto fomentar la actividad cinematográfica, contribuyendo al desarrollo cultural de la región y su identidad.La iniciativa, de origen en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, con urgencia calificada de “simple”, cuya tramitación legislativa comenzó en la Cámara de Diputados.Como consecuencia del debate ocurrido en la sesión de junio de 2009, se dejó pendiente la votación del proyecto a la espera del informe financiero.El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 14 de marzo de 2011, señala que en relación con el gasto fiscal derivado del Convenio, éste no incluye explícitamente en su articulado una cláusula que signifique algún aporte de la República de Chile, pero cabe señalar que, por acuerdo de los países miembros, anualmente se deberán realizar los siguientes aportes: 150.000 dólares para el Programa de Estímulo al Desarrollo de la Industria Iberoamericana, Ibermedia, y 8.829 dólares para la Secretaría Técnica de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales Cinematográficas de Iberoamérica (Caaci), todo ello con cargo al presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.En el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana se consigna un resumen del Convenio que contiene un preámbulo y 32 artículos. Éste fue suscrito por 12 Estados latinoamericanos, más España, constituyendo un foro para impulsar el desarrollo de la industria audiovisual en los países miembros.En el debate de la Comisión, el señor Horacio del Valle hizo presente que el Convenio internacional en trámite se ha mostrado extraordinariamente eficaz; concluido en 1989, Chile participa en él como observador sólo desde el año 2005. Agregó que se trata de un instrumento que ha significado un salto cualitativo notable para las industrias cinematográficas de Latinoamérica, España y Portugal, pues ha permitido incorporar ingentes cantidades de recursos para el fomento de la cinematografía iberoamericana desde su suscripción, marcando un hito en la materia.La participación de Chile obedece a un acuerdo entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, y la Conferencia de Autoridades Audiovisuales Cinematográficas de Iberoamérica, que es el órgano directivo creado por el citado Convenio, en virtud del cual nuestro país cumple también con los compromisos financieros que éste conlleva y que se traducen en un aporte anual al fondo multilateral de fomento y el pago de una cuota anual para financiar el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva de Caasi. Estos compromisos se cumplen con cargo al presupuesto del CNCA, por lo que, de aprobarse la adhesión de Chile a este Convenio, que ya fue manifestada en el año 2008, estarían cubiertas las responsabilidades financieras que tal adhesión implica.Destacó el expositor que, con esta asociación, prácticamente el 50 por ciento de los filmes nacionales se involucran actualmente, de alguna manera, con Ibermedia, que es el nombre dado al fondo de fomento contemplado en el Convenio y que es generado por todos los países participantes.El señor Rodrigo Valencia enfatizó la importancia que reviste para el CNCA la aprobación del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio internacional en comento, porque vendría a poner la rúbrica a una política de Estado en materia de fomento del arte audiovisual que se iniciara en la década de los noventa y que cuenta entre sus hitos principales la promulgación de la ley de Fomento Audiovisual, de 2004. Detalló que el Convenio, en virtud del acuerdo celebrado entre el CNCA y la Caaci, implica para el Estado chileno un aporte financiero de 150 mil dólares al año. Sin embargo, la retribución que reciben los productores audiovisuales chilenos que participan de este fondo de fomento internacional es de 370 mil dólares anuales. Por otra parte, el Convenio contiene una serie de disposiciones absolutamente coherentes con la normativa legal interna, tanto en materia de promoción como de financiamiento de la actividad audiovisual. De hecho, Chile tiene un fondo concursable que financia por la vía de subsidios la producción cinematográfica nacional y promueve la conservación del patrimonio audiovisual y el respeto a los derechos de autor de los productores audiovisuales chilenos. Por lo expresado, el CNCA considera muy importante dar esta señal en el ámbito internacional, para que Chile sea miembro de pleno derecho de este Convenio, lo cual lo situaría en un rol más activo y potenciaría los mecanismos de fomento que el CNCA está diseñando y que espera presentar prontamente al Poder Legislativo.En respuesta a las consultas e inquietudes de los miembros de la Comisión, el señor Del Valle aclaró que los retornos que genera el Convenio internacional en comento no tienen que ver necesariamente con derechos de autor, pues se trata de un sistema que se creó al inicio para competir con los grandes distribuidores europeos y estadounidenses. Nace simultáneamente en España y Latinoamérica, buscando potenciar la producción y distribución de películas locales para intentar competir con las grandes distribuidoras internacionales que aún hoy siguen monopolizando los mercados cinematográficos de Iberoamérica. En este sentido, los avances han sido notables. En todos los países que participan del Convenio se ve una gran cantidad de películas españolas, mexicanas, argentinas o brasileñas, lo que antes no ocurría. Las películas chilenas se muestran en diversos mercados de América Latina y han ganado varias veces importantes festivales de cine regionales, como el de Río de Janeiro, lo que les ha valido ingresar a los circuitos cinematográficos comerciales de distintos países.Destacó que este Convenio fomenta la coproducción audiovisual entre los países participantes y permite su acceso a importantes centros de postproducción, como Brasil, y el intercambio de actores y personal técnico, no sólo en materia de cine, sino también de producciones para televisión.Asimismo, resaltó el hecho de que el Convenio permite potenciar a los sectores más débiles del cine nacional e iberoamericano en general, como es el caso de la producción de documentales. Por último, explicó que los productores nacionales pueden postular a los fondos de Ibermedia a través de concursos organizados por el CNCA, como también a través de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo cual deben presentar proyectos que se someten a evaluación ante el propio Consejo de Ibermedia, que los aprueba o rechaza.Otra forma de acceder a estos fondos es mediante la obtención de premios en festivales, llamados Cine en Construcción, reservados a largometrajes que, una vez rodados, encuentran dificultades para efectuar el proceso de postproducción, en cuyo caso Ibermedia los financia directamente con recursos del fondo de fomento o facilitando la celebración de acuerdos de coproducción entre los países miembros del Convenio.El señor Valencia informó, a su vez, que el Convenio ha sido suscrito a la fecha por Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Cuba, Ecuador y España.Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa y las consideraciones expuestas en la Comisión, fueron revisados los artículos XI y XVIII del Convenio y sometido a votación el artículo único del proyecto de acuerdo, el que fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes señores Pepe Auth, Enrique Jaramillo, Carlos Montes, José Miguel Ortiz, Alberto Robles, Gastón Von Mühlenbrock, Ernesto Silva y Alejandro Santana.Es cuanto puedo informar a esta Sala.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- En discusión el proyecto de acuerdo.Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, nos alegran los informes del proyecto que está en discusión, porque tienen que ver con la cultura.Sabemos que todos los planes y programas de integración que colaboran en la producción del arte y la cultura benefician no sólo a los artistas e intelectuales, sino que, sobre todo, tienen resultados comprobados en el buen comportamiento humano. Toda la inversión que hacemos en cultura y educación en nuestro país y en el mundo es pura ganancia económica, social y cultural.Especialmente, a través del cine, es decir, del leguaje audiovisual, no sólo conocemos la ficción que somos capaces de crear los seres humanos, sino que podemos reconocer y recorrer las diversas culturas que conviven en el mundo de hoy. A través del cine, aprendemos de la inteligencia emocional, de la razón, del mundo espiritual y material que contiene nuestro contexto vital.Felicito a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, respectivamente, por la votación del proyecto, ya que constituye una señal clara sobre la materia. Aquí tenemos las dos dimensiones a las que apunta el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989: las que tienen que ver, por un lado, con el arte y la cultura y, por el otro, con el financiamiento. En definitiva, cómo nos hacemos cargo de que la dimensión cultural y específicamente la integración cinematográfica iberoamericana se hagan realidad no sólo a través de los recursos humanos con que contamos en todos los países -es decir, los talentos que habitualmente producen cine y los artistas nacionales e internacionales que se dedican con mucho esfuerzo a hacer historia a través del lenguaje audiovisual-, sino que también con un financiamiento potente y continuo. Sin duda, el Convenio recoge la necesidad de contar con más recursos financieros y humanos para tal efecto.Al aprobarlo, nuestro país se está haciendo cargo de una deuda, en el sentido que tenemos que entregar más recursos y de buscar más y mejores caminos, de acuerdo con las necesidades que cada día enfrenta la sociedad moderna de hoy. De manera que vamos adecuando esas herramientas político-sociales de cooperación, que nos ayudan a profundizar la producción de arte y cultura que nos hace mejores seres humanos.A través del cine no sólo vemos la dimensión de la belleza, de las bondades y de las capacidades de los seres humanos, sino que también miramos la mezquindad, la violencia y todos los aspectos negativos que también generan los seres humanos. El cine es un gran espejo del que debemos hacernos cargo para minimizar esas debilidades humanas. En realidad, es una herramienta maravillosa que nos hace conciliarnos con lo mejor de nosotros.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.El señor FARÍAS.- Señor Presidente, el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana es muy importante e interesante para el fomento de la cultura no sólo en Chile, sino también a nivel iberoamericano. Ojalá más diputados puedan tener una opinión respecto del tema, porque creemos firmemente que la cultura hace que los pueblos crezcan, se desarrollen y, finalmente, creen su historia. Lo relevante de la historia y las raíces es que, al mirar hacia atrás, no se repitan los errores y horrores ocurridos. El arte, en general, y el cine, en particular, tienen la característica de mostrarnos no sólo ficción, sino que también documentales e historias tomadas de la vida real, plasmando para la historia de la humanidad lo sucedido en distintos países, por ejemplo, grandes catástrofes, el Holocausto o problemas como los que hoy están viviendo los habitantes del sur del país por las erupciones volcánicas u otros desastres naturales.Por lo tanto, el convenio -cuya aprobación plantea el acuerdo-, que pretende generar la integración cinematográfica iberoamericana, me parece de suyo importante, más aún trascendente, por el fomento del cine que implica.Es algo fundamental mantener el patrimonio audiovisual no sólo de Chile, sino que también de Iberoamérica, a través del impulso a la creación de cinematecas.Hace algunos años, me correspondió asistir a la inauguración de una cinemateca chilena, donde actualmente se conserva y recupera una serie de materiales audiovisuales y películas chilenas. Sin duda, es muy importante mantener aquello.A través de este Convenio se crea una cinemateca a nivel iberoamericano. Es decir, no sólo tendremos una sección de cinemateca chilena, sino que, también, una iberoamericana, e iremos a otros países para observar lo mismo respecto de Chile.Lo segundo que me parece interesante es la creación de órganos nacionales e internacionales para la ejecución del Convenio, que son: uno, la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica y, dos, la Secretaría Ejecutiva de la Cinematografía Iberoamericana. Ellos permitirán que el Convenio se concrete y siga adelante. O sea, no sólo se quedará en las buenas intenciones, sino que se desarrollará en el tiempo.Otro asunto sumamente importante es la referencia que se hace en el Convenio respecto de quienes integrarán dichos órganos. Se señala que serán las autoridades competentes de cada país acreditadas por la vía diplomática. De ello se infiere que los agregados culturales formarán parte de tales órganos. Aquí es donde cabe advertir a nuestras autoridades y al Ejecutivo respecto de la importancia de tener agregados culturales en nuestras embajadas. No deben ser cualesquiera personas, como ocurre en algunas embajadas, donde a los segundos o terceros secretarios se les da la atribución de ser agregados culturales sin tener la menor idea de lo que eso significa. Incluso en algunas ocasiones se ha nombrado como agregados culturales a quienes no tienen mucho que ver con la cultura, sino que, más bien, están más cerca de la farándula. Ellos poco pueden hacer por la cultura de verdad, que no es solo aparecer en un programa de televisión o en un espectáculo por aquí o por allá, sino que se trata de algo mucho más profundo, que tiene que ver con artistas plásticos o con la difusión de la cultura de los pueblos originarios, con el teatro, el cine, la música, el baile, etcétera.En definitiva, los agregados culturales en nuestras embajadas deben estar a la altura de lo que hoy se nos está pidiendo.Por último, en este convenio debería reforzarse, de una u otra manera, los derechos de autor.Sabemos que los canales de televisión están tratando de evadir la ley y no pagar los derechos a los actores que han hecho distintas incursiones en telenovelas conocidas. Simplemente se niegan a hacerlo. Hay un grupo muy grande de actores y actrices nacionales que están a punto de ir a paro nacional, porque los canales de televisión, lisa y llanamente, no quieren pagar los derechos de retransmisión. Sostienen que cuando un actor o una actriz aparece en una telenovela, se les paga una equis cantidad de dinero y que después pueden repetir el programa o la obra artística todas las veces que quieran. Es decir, el canal continúa ganando dinero, porque sigue vendiendo el producto al extranjero; en cambio, nada reciben quienes ponen la cara y cuyas actuaciones generaron el éxito.A mi juicio, de una u otra manera, este convenio nos va a servir también para reforzar los derechos que tienen no solamente los actores, sino que también los músicos, quienes están bastante más protegidos que los actores.A un médico no le gustaría atender cuatro veces al mismo paciente que viene por la misma enfermedad y que le pagara una sola consulta. El médico cobra cada vez, también el abogado, ¿por qué, entonces, el artista va a recibir retribución una sola vez por un trabajo, por el que, además, otros están ganando mucho?Por eso, votaré a favor del proyecto de acuerdo que aprueba el convenio; voy a apoyarlo con todo, creo que se afirma el tema del patrimonio, la creación de cinematecas me parece muy interesante y lo relacionado con los agregados culturales tiene que analizarlo el Ejecutivo.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy.El señor GODOY.- Señor Presidente, no siempre ha sido fácil concordar con el diputado Farías, pero en este proyecto estamos totalmente de acuerdo, y es así, porque de acuerdo con el convenio, el Estado chileno hará un aporte y la gente que desarrolla la cinematografía en nuestro país tendrá un beneficio que alcanzará prácticamente al doble de lo que entregará nuestro país.Por lo tanto, desde ese punto de vista y como primer argumento, es de toda justicia y racionabilidad que aprobemos el proyecto.En segundo lugar, la aprobación del Convenio nos incorporará a un grupo de países que tienen un desarrollo cinematográfico mucho más importante que el nuestro. Conocemos lo que han hecho Brasil y Argentina, experiencias internacionales muy importantes para Chile.Además, concuerdo con los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, en cuanto a que hoy la cinematografía es una gran herramienta para transmitir cultura, educación, historia y nuestras raíces. En Chile hemos logrado ir desarrollando esta actividad de muy buena manera. Nos sentimos muy orgullosos de que en Valparaíso existan creadores de la talla de Lucho Vera, premiado internacionalmente; pero que cuando inician sus desafíos, los apoyos económicos son pocos.Para nosotros es muy importante todo acuerdo tendiente a potenciar la generación de más cultura y desarrollo.Por eso me atrevo a decir que la bancada de Renovación Nacional apoyará con mucho entusiasmo este tratado.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tienen la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.El señor ORTIZ.- Señor Presidente, hace algunos días, en la Comisión de Hacienda de nuestra Corporación, tratamos este proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas el 11 de noviembre de 1989.Desde el punto de vista legislativo, en prácticamente 22 años no hemos podido concretar algo que se firmó tantos años atrás y que es vital para la cultura, para el arte, para el desarrollo espiritual y mental, para la recreación en este país: el cine. ¡Qué increíble!Soy un admirador del cine. El arte y la cultura que ha transmitido, muchas veces ha cambiado la historia de los pueblos, a veces para mal, pero la inmensa mayoría para bien. Por ejemplo, entrega información fidedigna de momentos históricos que sucedieron en el mundo y que ojalá nunca se repitan.Siento orgullo por el enorme avance que en los últimos años la cinematografía chilena ha tenido. Está participando en los festivales más importantes que se desarrollan en el mundo. En la exposición que hizo el señor Del Valle en la Comisión de Hacienda, me llamo la atención, en primer lugar, que haremos una inversión muy rentable. Por un lado, el estdo chileno hará un aporte de 150 mil dólares para el programa de Estímulo al Desarrollo de la Industria Iberoamericana, Ibermedia, y de 8.829 dólares para la Secretaría Técnica de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales Cinematográfica, todo ello con cargo a la partida del Presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pero el retorno es más del doble, asciende a alrededor de 350 mil dólares. Es decir, por todos lados tenemos un avance.Pero lo más importante es que toda esa gente excepcional que cree en el desarrollo del cine, podrá integrarse con lo más potente que hay en América Latina y que los gobiernos han impulsado. España, México y Brasil tienen una industria cinematográfica realmente desarrollada.Nos llamó la atención en la exposición que nos hicieron en la Comisión de Hacienda lo completo que es este Convenio. Se ha desarrollado en función de que exista integración entre los países y que se dé oportunidades a muchos talentos jóvenes, especialmente en provincias, lo digo como penquista, ya que en Concepción hay mucha gente que se dedica al cine porque lo lleva en la sangre, pero no ha habido un mayor fomento para que siga creciendo.Este Convenio es un gran aporte y estamos en deuda con su despacho, porque el mensaje fue enviado en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, ingreso en junio de 2009; vale decir, hace dos años, y, debido a que el informe financiero no correspondía a la realidad, no continuó su tramitación.Por eso, después de escuchar todos los planteamientos y, más aún, luego de saber los países que han suscrito el Convenio, Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Cuba, Ecuador y España, no es casualidad que los integrantes de la comisión de Hacienda hayamos tratado y aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio en las sesiones de 17 de junio de 2009 y el 31 de mayo de este año, porque fomenta, desarrolla y da la posibilidad a tantos talentos de realizar esta actividad y que seguramente nos van a dar grandes satisfacciones en el mundo de la cinematografía.Por eso, tal como lo han expresado mis camaradas, votaremos a favor, en general y en particular, el proyecto.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.El señor SCHILLING.- Señor Presidente, el Convenio cuya aprobación nos plantea el proyecto de acuerdo, estipula los compromisos fundamentales que cada Estado Parte contrae en virtud de su participación en el mismo. Estos son contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica dentro de los países iberoamericanos y a su integración mediante una participación equitativa en la actividad cinematográfica nacional, de manera que los lleve finalmente a la formación de un mercado común cinematográfico iberoamericano. Conviene recordar que el término iberoamericano comprende a España y Portugal; en consecuencia, no se limita sólo a los países de América Latina. Además, los Estados suscriptores se comprometen a incluir en su ordenamiento legal las normas que favorezcan la actividad cinematográfica, comprendidas las facilidades para permitir la entrada, permanencia y circulación de ciudadanos de los países parte encargados de ejercer actividades relacionadas a esta industria, así como facilitar la importancia temporal de los bienes destinados a igual fin.Por otra parte, los Estados suscriptores se comprometen a establecer o perfeccionar mecanismos y sistemas de financiamiento y fomento de la actividad cinematográfica nacional y, por otra, a establecer un fondo financiero multilateral de fomento de la actividad.Asimismo, las Partes se comprometen a estimular las firmas de acuerdo de cooperación y coproducción cinematográficas. Por último, se comprometen a impulsar la creación, en sus cinematecas, de secciones dedicadas a cada uno de los Estados Miembros; a estimular la participación conjunta del sector audiovisual en los eventos del mercado audiovisual internacional, así como la presencia de cinematografía de los Estados Partes en los canales de difusión de los mismos, de conformidad con la ley interna.Esta es la importancia de la potencialidad del Convenio que se propone aprobar. Sin embargo, su efectividad estará dada finalmente por la implementación de los acuerdos vía legislación interna o medidas administrativas del gobierno. Quedamos a su espera. Tiene tareas por delante el ministro de la Cultura señor Cruz-Coke.Finalmente, el Convenio tiene otra importancia. En un mundo globalizado de alta concentración de la industria cinematográfica y audiovisual, donde la potencia de la industria, en especial estadounidense, casi no tiene contrapeso, este esfuerzo común del iberoamericanismo ayudará a preservar, potenciar y relevar nuestra identidad cultural de modo que no se vea subsumida y homogeneizada por la industria dominante en esta área.Por las razones expuestas, voy a apoyar con entusiasmo el proyecto de acuerdo.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en primer lugar, hago notar que en la Región de Los Ríos se lleva a cabo anualmente un Festival del Cine, que crece y tiene un prestigio que vale la pena tomar en cuenta. En este minuto, algunos de los participantes y autores de documentales están viendo el canal de la Cámara, por su interés en el tratamiento del proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana.Quería preguntar al Ejecutivo, lo hice en la Comisión de Hacienda, pero esperábamos su opinión antes de la aprobación del proyecto -no me cabe duda que así será-, sobre lo planteado por Ximena Vidal y Ramón Farías: el resguardo de los derechos de autor. Cuando hice la consulta en la Comisión -su respuesta no aparece muy clara en el informe-, se me dijo que el proyecto no tiene que ver necesariamente con los derechos de autor. Sin embargo, es interesante hacer notar en esta discusión del proyecto, que se trata de un Convenio que contiene un preámbulo y 32 artículos. Eso tiene una referencia mayor, no son sólo tres hojas en un informe. Sus artículos XIV y XV son muy claros, de alguna forma, difieren de la opinión del encargado del Consejo de la Cultura. La primera disposición señala que las Partes intercambiarán información y documentación sobre la actividad. La segunda expresa que las Partes protegerán los derechos de autor, de conformidad con la legislación interna de cada país. Por eso se quería escuchar la opinión del Ejecutivo, que está ausente; situación que se está repitiendo. No es molestia la que planteo, pero sí una crítica constructiva, porque su presencia se requiere cuando se trata de un proyecto que interesa a distintos grupos o sectores de la opinión pública, de la población, de la ciudadanía, en este caso, los cineastas están pendientes del proyecto. Pero no tenemos la respuesta respecto de este punto, para darles mayor tranquilidad. A lo mejor, si se hubiera formulado una indicación habría demorado un poco más el despacho del proyecto de acuerdo aprobatorio, pero la opinión del Ejecutivo habría sido parte de la historia de la ley.Sin duda, este ha sido un proyecto especialmente demorado por las situaciones burocráticas del mundo en que vivimos. Su aprobación no va a dejar de ser unánime; pero, lamentablemente, no tenemos la opinión del Ejecutivo en el tratamiento y discusión en la Sala.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.El señor AUTH.- Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda acostumbramos a aprobar convenios de integración y aportes del Gobierno de Chile a fondos que promocionan distintas materias y es muy raro que la retribución no sea simbólica o inferior al aporte al que hace Chile. Sin embargo, estamos frente a un caso francamente excepcional. Primero, el aporte es concreto, material, en dinero y, segundo, la retribución es mayor; prácticamente el doble de lo que entrega Chile, y que recibe nuestra industria cinematográfica. Eso, porque hay tres grandes países que aportan al fondo, México, Brasil y España, interesados, como nosotros, en generar un mercado garantizado y protegido para el conjunto de la industria cinematográfica, cuyas producciones en habla hispana sean vistas en Quito, Valencia, Huelva o Caracas por personas similares culturalmente que, obviamente, tendrán la propensión a identificarse con la producción cinematográfica chilena mucho más que la gente de otras latitudes. Eso contribuye, sin duda, a la integración del continente latinoamericano y del mundo iberoamericano en general, lo que, a mi juicio, es muy importante, porque aporta a la identidad de los pueblos. Producir cine es generar identidad, es hablar de los problemas que tiene la gente y que luego se ven en pantalla. Sin duda, el evidente deterioro y la pérdida de espacios que ha tenido la producción latinoamericana en Chile y en otras partes del continente constituye un desafío que se debe asumir y un problema que se tiene que atacarse.Por eso es tan importante que aprobemos por unanimidad el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana y el aporte que hará Chile, porque -reitero- la retribución no será simbólica en el plano de lo cultural y de la identidad, ni en el ámbito material, porque Chile y su industria cinematográfica recibirán el doble de lo que el Estado aportará a este fondo.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor de Urresti.El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, no cabe duda de que este proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana se aprobará por unanimidad.Doce países latinoamericanos más España son Partes del Convenio y se trata de crear una plataforma, una integración para que la industria del cine tenga la visión latinoamericana, la capacidad técnica y profesional de generar la identidad de nuestras imágenes, personajes, historias, relatos; sin duda, eso posibilitará su desarrollo.El Convenio no sólo va acompañado de una hermosa declaración de principios y de intenciones para fomentar y avanzar en la integración iberoamericana en materia cinematográfica, sino, particularmente, el Estado de Chile -el proyecto fue ingresado durante el gobierno de la Presidenta Bachelet y será votado en esta Administración- compromete, de manera anual, un aporte de 150 mil dólares.Se trata de una contribución efectiva que será financiada por el Estado de Chile, que se considerará en la Ley de Presupuestos. De igual manera, se hará un aporte de cerca de 10 mil dólares para la Secretaría Técnica de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales Cinematográficas. Todo ello, con cargo al presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Me parece óptimo que de ese modo se asegure, por un lado, el funcionamiento, la continuidad de la integración de la producción cinematográfica y, por otro, la permanencia de la Secretaría Técnica.Aquí es importante, y echamos de menos la presencia de la autoridad del consejo de la Cultura -esperamos, de acuerdo a la iniciativa gubernamental, transformar la entidad en el Ministerio de Cultura y Patrimonio- para discutir cómo será la participación de Chile en la instancia, si como señaló el diputado Farías, se hará a través de los agregados culturales; de qué manera se integrarán y participarán en las embajadas de Chile en Iberoamerica, ¿o vamos a tener una participación directa del mundo del cine, de las distintas agrupaciones? ¿Qué ocurre con la cinemateca nacional que tenemos en la actualidad? ¿Cómo se integra y se vincula con esta iniciativa?Esperamos que el ministro, al menos en la Comisión de Cultura o en otra instancia, pueda desarrollar aquello.Si el Estado de Chile se compromete con dinero, destina recursos para la Secretaría Ejecutiva, es importante que exista una implementación y que quienes hacen cine, que tienen hoy plataformas audiovisuales, que han fomentado la industria audiovisual, efectivamente puedan utilizar y valerse de este instrumento para seguir avanzando y consolidando una actividad que en Chile tiene importantes actores. Como diputado de la Región de Los Ríos, particularmente de Valdivia, donde ya se ha hecho una tradición su Festival Internacional de Cine, donde tenemos un desarrollo de la industria audiovisual con productores y realizadores de la Región, desde una parte del territorio nacional, desde el sur de nuestro país, anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente el proyecto.Sin embargo, insisto en que es importante que desde la instancia gubernamental, desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -espero que a futuro sea el Ministerio de Cultura y Patrimonio- se tenga una visión clara al respecto. Comprometer de manera permanente recursos en la Ley de Presupuestos es una señal del Estado chileno de seguir avanzando en el desarrollo del cine. Pero es importante que esta vinculación internacional tenga la debida consideración y sincronización con la industria nacional, con los realizadores, con los productores, con las escuelas de cine, con aquellos miles y miles de jóvenes que hoy día incursionan en lo hermoso, en lo apasionante de la industria cinematográfica en toda su cadena de valor, con todos los profesionales que ahí participan.Reitero que votaremos favorablemente el proyecto y que esperamos que el cargo que se hará al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en la Ley de Presupuestos no desmejore ni disminuya los recursos que ya están considerados para otras iniciativas en el ámbito local.Que el Estado de Chile se comprometa a aportar los 150 mil dólares, sin que se afecte a la industria audiovisual local y regional, que debe seguir contando con el respaldo económico que requiere. He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:El señor MELERO (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Caracas, Venezuela, el 11 de noviembre de 1989.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.CREACIÓN DE CIRCUNSCRIPCIÓN SENATORIAL DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. Primer trámite constitucional. (Continuación).El señor MELERO (Presidente).- Corresponde continuar la discusión en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que crea la circunscripción senatorial de la Región de Arica y Parinacota.Recuerdo a la Sala que en la sesión del pasado jueves 2 de junio se rindieron los informes de las comisiones de Gobierno Interior y Regionalización y de Hacienda, y se dio inicio al debate, que quedó pendiente para el día de hoy porque se encontraban inscritos varios señores diputados. Asimismo, informo a los señores diputados que se acordó finalizar la discusión de este proyecto en la presente sesión y someterlo a votación, sin más debate, en la sesión ordinaria del próximo martes. Antecedentes.-La discusión del proyecto de ley contenido en el boletín Nº 7260-06, se inició en la sesión 37ª, en jueves 2 de junio de 2011, de la legislatura 357ª.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio.El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, en primer lugar, permítame saludar a la comunidad de la Región de Arica y Parinacota, a sus organizaciones, a sus autoridades, muy especialmente a los parlamentarios que la representan, los diputados señores Baltolu y Vargas y los senadores señores Rossi y Orpis, porque el martes recién pasado la comunidad y todas las organizaciones de Arica celebraron los 131 años del asalto y toma del Morro de Arica. Se trata de una fecha muy importante para la ciudad.No sé si en el país entendemos el significado que tiene esa fecha para la gente de Arica y Parinacota. En la región no sólo se celebra el triunfo militar, sino fundamentalmente el hecho de que a partir de ese momento sus habitantes se sintieron plenamente chilenos, incorporados a un país hacia el que manifiestan una profunda adhesión emocional, y es muy importante que podamos entender eso. Ésa es la razón por la que miles de personas desfilaron en el centro de la ciudad, a los pies del Morro, recordando los hechos que dieron lugar a la batalla final y triunfal, acontecimiento que ha marcado por 131 años a Arica y su relación con Chile.De alguna manera, quiero transmitir a mis colegas -seguramente lo van a hacer mucho mejor los parlamentarios de la zona- el sentimiento que existe en los habitantes de la Región de Arica y Parinacota, en el sentido de pensar, a veces, de que no son considerados, entendidos, ni reconocidos, porque tienen la idea de que permanentemente están abandonados, alejados e incomunicados y de que en el centro de Chile no se entiende todo lo valioso que ellos son y que permanentemente lo están demostrando. Por eso es importante esta iniciativa.El proyecto fue presentado por los diputados señores Nino Baltolu, Orlando Vargas, Alberto Cardemil, Guillermo Ceroni, Aldo Cornejo, Felipe Salaberry y quien habla, fundamentalmente para tratar de reparar una injusticia constitucional que hemos mantenido en el tiempo.El proyecto se presentó en octubre de 2010, justo cuando se cumplían tres años de la creación de la Región de Arica y Parinacota, que fue otra lucha que la gente del norte desplegó con el objeto de obtener un reconocimiento a su identidad, al trabajo y a la labor que desarrollan en ese punto fronterizo. En esa oportunidad, me tocó presentar el proyecto de ley que establecía una circunscripción senatorial en dicha Región, lo que, en cierta forma, pretende reparar lo que hemos denominado una injusticia constitucional. ¿Por qué calificarla así? Porque el artículo 49 de la Constitución Política establece que el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción. Sin embargo, la única región del país que no constituye en su totalidad una circunscripción senatorial es la de Arica y Parinacota, que comparte sus dos destacados senadores con la Región de Tarapacá. Por eso decimos que estamos en falta constitucional.En mi calidad de Presidente de la Comisión de Zonas Extremas, también me correspondió conocer muy de cerca los problemas que afectan a la Región de Arica y Parinacota. Por eso, se trabajó en una iniciativa legal para garantizar el funcionamiento permanente del Plan Maestro para resolver los problemas que sufren las familias de Arica que han sido afectadas por la contaminación de polimetales. Incluso, cuando la diputada Alejandra Sepúlveda era Presidenta de la Corporación, fuimos a las poblaciones cuyas familias estaban afectadas por esa contaminación, oportunidad en que convivimos y compartimos con los pobladores sus sentimientos. Ese proyecto está actualmente en una Comisión Mixta en el Senado y espero que se pueda resolver de buena forma.Además, a raíz de las presentaciones que me hiciera el alcalde de la ciudad de Arica, señor Waldo Sankán, en relación con su preocupación por la falta de incentivos para que los cruceros internacionales lleguen a Chile, me correspondió presentar otro proyecto de ley, con el objeto de resolver los problemas que se estaban presentando para autorizar el funcionamiento de las salas de juego de estos cruceros internacionales, el cual ya fue aprobado por la Comisión de Turismo y que, probablemente, el próximo martes también sea aprobado por la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización, para que luego pase a la Comisión de Hacienda y, finalmente, lo pueda aprobar la Sala, por lo valioso de su contenido para puertos tan importantes como Arica y, obviamente, para los demás puertos del país.También me tocó compartir un proyecto de acuerdo relevante con el diputado Alberto Cardemil -a quien le agradezco la gentileza de haberme invitado a suscribirlo-, a través del cual la Cámara de Diputados le solicitó al Presidente de la República el establecimiento de una política de Estado para la Región de Arica y Parinacota en todas las áreas; incluso, le encomendó tareas directas. Pues bien, esta Cámara lo aprobó por unanimidad, lo que fue reconocido y aprobado entusiastamente en la Región Decimoquinta. Pero esa política necesita un impulso, porque no se está cumpliendo como nosotros lo hubiésemos querido. En Arica esperan más de este Gobierno, sobre la base del proyecto de acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados.Hoy estamos discutiendo el proyecto de ley que crea la circunscripción senatorial para la Región de Arica y Parinacota, con lo cual estamos reconociendo la existencia de esta falta constitucional, así como también la importancia y consideración que se debe dar a las personas que habitan en zonas alejadas, como la Región de Arica y Parinacota, tanto del norte como del sur del país, a las cuales Chile les debe tanto.El proyecto en discusión tiene que ser tomado en forma independiente de las grandes reformas políticas que tenemos que hacer. Más de alguno podría decir que lo mejor sería esperar hasta hacer la gran reforma política que se necesita, que incluya la modificación al sistema binominal y a la composición de las Cámaras, dar a ambas Cámaras atribuciones distintas, etcétera; incluso, alguien podría proponer que hiciéramos una reforma constitucional mayor. Pero esto es distinto, porque en Arica están esperando que esta falta constitucional se resuelva independientemente de las posiciones políticas de cada uno. En Arica están esperando que las bancadas de todos los partidos aprueben, ojalá por unanimidad, un proyecto que les reconozca el derecho a tener representación senatorial única, exclusiva, dedicada a resolver sus problemas y preocupaciones y para que pueda luchar para mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el norte. Eso es lo que quieren y por eso era importante presentar este proyecto en forma separada. Sé que pueden proponerse otras ideas para las grandes reformas políticas, pero no queremos mezclarlas con este proyecto, porque ahora estamos tratando de hacer realidad el derecho de la gente que vive en la Región de Arica y Parinacota a tener sus propios y exclusivos senadores para que trabajen por ella.Para que esto no se malinterprete, quiero hacer un reconocimiento a los actuales senadores de la 1ª circunscripción, que se sacrifican día a día para atender las necesidades de la Decimoquinta Región, pero lo que ésta espera es poder elegir a sus propios senadores.Por eso, espero que el proyecto sea aprobado por la unanimidad de la Cámara de Diputados, para que demos la señal de que la lucha que ellos celebran por los 131 años del asalto y toma del Morro de Arica no ha sido en vano, sino que, efectivamente, les reconocemos su carácter de chilenos, con obligaciones y derechos, pero plenamente integrados a nuestra sociedad y a nuestra democracia. Eso es lo que ellos esperan. Por eso, sería muy positivo que, por ser ésta una fecha muy especial, la Cámara de Diputados apruebe, por unanimidad, la creación de la circunscripción senatorial para la Región de Arica y Parinacota. Esto no significa devolverle la dignidad a la gente de Arica, porque ya la tienen, y muy fortalecida, sino que simplemente es cumplir con la palabra empeñada cuando aprobamos la reforma constitucional; además, se resuelve en forma definitiva el error en que incurrimos durante todo este tiempo al haber permitido esta injusticia o falta constitucional respecto de la gente que vive en esa región.Por lo anteriormente expuesto, votaré favorablemente este proyecto de ley.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, es difícil que mis palabras puedan expresar el mismo dramatismo que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pero no puedo sino estar de acuerdo con él.He visitado muchas veces la zona y he advertido ese sentimiento de angustia de las personas de Arica, que se sienten olvidados a pesar de todo el esfuerzo que deben realizar por el hecho de vivir en una zona fronteriza, con los problemas que ello implica y que deben enfrentar, por lo que es importante relevar el rol que cumplen en una región fronteriza y aislada del centro del país.La Región de Arica y Parinacota tiene 194 mil habitantes -casi 200 mil-, una superficie de casi 17 mil kilómetros cuadrados y una serie de características que la hacen realmente importante, por lo que se debe aprovechar ese potencial para impulsar su desarrollo. Creo que el Congreso Nacional cometió un grave error al no aprobar la nueva circunscripción senatorial de la Región de Arica y Parinacota cuando se creó la nueva región. Si bien la 1ª circunscripción incluye a las actuales regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota, no es menos cierto que, a veces, los intereses de las dos regiones se contraponen e, incluso, compiten en distintas áreas, lo que hace difícil compatibilizar la elección de senadores que representen los intereses de ambas. Afortunadamente, la región cuenta con dos diputados, los señores Orlando Vargas y Nino Baltolu, que las representan; sin embargo, los dos parlamentarios han manifestado que son partidarios de que se cree la circunscripción senatorial de la Región de Arica y Parinacota. Cuando se creó la Decimocuarta Región, de Los Ríos, no se produjo este problema, porque ya existían dos circunscripciones senatoriales. Por lo tanto, en el momento en que se creó la nueva Región de Arica y Parinacota, también se debió crear una nueva circunscripción senatorial. Creo que hemos perdido un valioso tiempo desde entonces y la Decimoquinta Región ha sufrido las consecuencias de ello.La posibilidad de que esta región constituya también una circunscripción senatorial, obviamente, apunta a darle más fuerza, importancia y más dignidad, puesto que contribuirá a que el desarrollo a que aspira sea una realidad. Arica es conocida como la ciudad de la eterna primavera; sin embargo, en la práctica, no se hace honor a esa denominación porque no se aprovecha esa gran cualidad. Además, es la puerta norte del país y debiera ser un puerto de gran importancia; tiene gran diversidad cultural y, como ya señalé, en 2007 se convirtió en la Decimoquinta Región de Arica y Parinacota. Por otra parte, al analizar los problemas puntuales que padece, constatamos que Arica es, tal vez, la ciudad de nuestro país que tiene el mayor número de inmigrantes ilegales, aunque también hay muchos inmigrantes legales. No podemos dejar de reconocer los problemas geopolíticos que existen en la zona, los cuales constituyen una poderosa razón para que la región sea considerada a la altura de los problemas que presenta, no sólo en cuanto a que sea una circunscripción senatorial, sino también respecto de los recursos y de las inversiones que requiere. Reconozco que esta Cámara siempre ha apoyado las propuestas formuladas por algunos diputados y senadores en beneficio de la región, pero también es necesario velar por que se cumplan y sean cada vez más efectivas. La región tiene un tremendo potencial turístico que, por distintas razones, no se explota; la descentralización, medida que apunta al robustecimiento de las regiones, tampoco se ha hecho efectiva, situación que se puede constatar cuando se visita la zona; también debieran desarrollarse las relaciones económicas, las importaciones y exportaciones. Arica debiera ser un puerto tan importante como Valparaíso. Por lo tanto, es necesario potenciar la región y su representación política.El número de electores que votan en la circunscripción asciende a 110 mil. En la de Tarapacá, son 123 mil, número similar al de la Región de Atacama. Los electores de la circunscripción constituida por la Región de Antofagasta duplican esa cifra, pero, obviamente, ésa no es una razón que impida que la nueva región constituya una circunscripción con su correspondiente representación senatorial. Tampoco debemos olvidar que Arica tiene una serie de proyectos que están en espera, como la ruta que la uniría con Brasil y que es un anhelo de muchos años; también está el caso de las zonas que no pueden ser explotadas económicamente, y así sucesivamente.Por eso, y porque me he hecho eco del sentir de la gente de Arica, no me cabe duda de que en esta oportunidad la Cámara de Diputados no debiera cometer el mismo error y, por lo mismo, corresponde aprobar este proyecto. Además, en las próximas elecciones parlamentarias deberían ser elegidos los representantes de la nueva circunscripción, aunque tengo claro que no correspondería, porque se trata de una región impar, a fin de que la representación senatorial de la región se convierta en realidad lo antes posible. Por lo demás, el proyecto no irrogaría mayores gastos al fisco, porque esos electores ya existen, han votado anteriormente y se ha contemplado recursos del Senado para financiar los eventuales gastos. Espero que finalmente Arica pueda transformarse en circunscripción senatorial.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Informo a la Sala que hay muchos diputados inscritos interesados en expresar su opinión sobre este proyecto.Como restan 45 minutos del Orden del Día y la discusión del proyecto debe terminar en esta sesión, con el fin de agilizar al máximo el trámite del proyecto, la Mesa recomienda a los diputados que están inscritos que sean lo más breves y concisos posible para que pueda intervenir el mayor número de parlamentarios.Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.El señor ARAYA.- Señor Presidente, en principio me opuse a esta idea, porque siempre he sostenido que el proyecto implica una reforma electoral parcelada que no ataca el problema de fondo relativo a la representación parlamentaria y a la forma de generación de diputados y senadores. Creo que se hace necesario revisar, de una vez por todas, si el sistema binominal que establece la forma de elección de los parlamentarios es el mejor.Hace dos o tres años, si mal no recuerdo, voté en contra de esta idea e, incluso, manifesté que no iba a apoyar una iniciativa en este sentido, porque entendía que había que establecer una nueva distribución de las circunscripciones senatoriales, dado que en algunas regiones hay una sobrerrepresentación de electores, así como en otras existe una muy baja.Pese a lo anterior y a que mantengo ese criterio, porque estoy convencido de que debiéramos realizar una reforma electoral global, para analizar y determinar cuál es el número de diputados y senadores que queremos y cuántas deben ser las circunscripciones senatoriales, atendidos los numerosos llamados que he recibido de los electores de Arica y el hecho de que represento a un partido regionalista, como el PRI -que, por lo demás, tuvo su génesis en Arica e Iquique-, voy a aprobar este proyecto de ley, porque entiendo que hay que reparar una injusticia que se cometió cuando se creó la Región de Arica y Parinacota. Es la única región que no tiene representación en el Senado y que mantiene una especie de representación mixta con la Región de Tarapacá, lo que ha generado malestar entre los electores de la nueva región. En esa línea, apoyaré el proyecto de ley, en el entendido de que la Cámara de Diputados quiere dar una señal, ojalá con aprobación unánime, porque hay que dar a Arica la importancia que realmente tiene y sus habitantes deben sentir que también van a tener senadores que representarán sus intereses en el Congreso Nacional, evitando que se produzca el contrasentido de que, a veces, sus intereses se contrapongan con los de los iquiqueños. Lo más lógico es que cada región tenga su correspondiente representación senatorial.Dicho lo anterior, quiero manifestar que hemos sostenido conversaciones con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional en la perspectiva de avanzar en una modificación del sistema electoral. Sigo sosteniendo -soy un convencido de ello- que el problema de fondo no es sólo crear una circunscripción para la Región de Arica y Parinacota, sino en generar una modificación al sistema binominal y analizar, después de veinte años de funcionamiento del Congreso Nacional, si la representación territorial que tenemos a nivel de senadores es la adecuada. Tal vez sea necesario crear nuevas circunscripciones en otras zonas del país y modificar territorios que hoy pertenecen a determinados distritos electorales. En virtud del compromiso que hemos asumido y que hemos conversado con representantes de otros partidos políticos, en cuanto a avanzar en esta materia, vamos a votar favorablemente esta iniciativa, para que Arica también tenga representación senatorial y sus habitantes no sientan que han quedado atrapados en la discusión sobre la reforma al sistema electoral y para que sepan que en la Cámara existe voluntad para reparar, como bien lo dijo el diputado Ascencio -uno de los autores del proyecto-, la injusticia constitucional que se cometió en contra de esa región hace algunos años. Asimismo, creemos que será una forma de que la Cámara de Diputados muestre que le preocupa lo que está ocurriendo en Arica y Parinacota. Queremos dar una señal clara de que compartimos sus anhelos de tener representación senatorial.Para terminar, espero que la aprobación de esta iniciativa sea el primer paso para iniciar una reforma más global al sistema electoral y una revisión a la actual configuración de las circunscripciones senatoriales.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, para la bancada de Renovación Nacional, nace en forma espontánea hablar sobre Arica.Lo digo porque muchos de nuestros parlamentarios han representado a esa ciudad y porque cuando llegamos al Congreso Nacional sentimos en el corazón los mensajes que nos entregó la entonces diputada Ximena Valcarce en el sentido de que Arica y Parinacota se convirtieran en una región. Fue así como nuestra bancada votó, con mucho entusiasmo, a favor del proyecto que creó esa nueva región. Lamentablemente, hoy tenemos que corregir una tremenda injusticia, y como no es posible que la ex diputada Ximena Valcarce esté presente en este Hemiciclo, nuestra bancada decidió conversar con ella, quien nos ha enviado unas palabras, que hoy tengo el honor de transmitir, para que en la Cámara de Diputados quede constancia de las palabras de una mujer que, al igual que su familia, tiene sangre ariqueña.Sus palabras son las siguientes: “Desde 1974, los ariqueños y parinacotenses soñaron con la independencia de crear y forjar su propio futuro, desligado de las amarras administrativas de Iquique. Este hecho se logró concretar gracias a la perseverancia y lucha de miles de nortinos que llevaron este reclamo a las más altas esferas gubernamentales.Ya en 1990, con el retorno a la democracia, parlamentarios como los diputados Luis Leblanc y Carlos Valcarce, y los senadores Julio Lagos y Humberto Palza pusieron en el tapete legislativo el clamor de ser una región independiente de la de Tarapacá.Pasaron más de quince años para que esta idea tomara la fuerza y el soporte técnico que lograra convencer al gobierno de Ricardo Lagos para llevar adelante dicha iniciativa, que fue una promesa de campaña, tanto de Ricardo Lagos como de Joaquín Lavín. Ambos entendieron que, por la situación geopolítica de las provincias de Arica y Parinacota, el único lugar del país que limita con Perú y Bolivia a la vez, debían ser po-tenciadas y desligadas administrativamente de la Región de Tarapacá.Cuando votamos y aprobamos la creación de la región, dicho objetivo era tan importante y trascendente que todas las autoridades y quienes llenaron estas graderías entendieron generosamente que contar con la región era mucho más importante que obstaculizar el proceso legislativo tratando de reponer la indicación que retiraba la circunscripción senatorial de la nueva región.Pese a que en varias ocasiones se presentaron indicaciones a proyectos de ley para reponer esa discriminación, nunca hubo la altura de miras y la generosidad de parte del Congreso Nacional para aprobar dichas iniciativas; siempre estuvieron presentes el egoísmo y cuentas políticas para votar a favor, en contra o abstenerse.Sé que habrá diputados que expondrán con mayor claridad argumentos técnicos sobre la admisibilidad o no de este proyecto, de la garantía que otorga o no la Constitución Política; sin embargo, sí sé una cosa: los ariqueños y parinacotenses no pueden ser ciudadanos de segunda categoría; merecen y deben tener una representación territorial única y no compartida con los iquiqueños.Sabemos que a los senadores les ha tocado defender temas que benefician a una región y, al mismo tiempo, perjudican a otra, como fue el caso del uso de la extensión de la zona franca industrial a Arica.Hoy, más que nunca, se hace necesario que la Decimoquinta Región tenga una voz propia en el Senado. No podemos olvidar que es en ese territorio donde comienza Chile y que nuestro país debe defender nuestros límites marítimos en la Corte Internacional de La Haya. Sabemos de las aspiraciones de Bolivia por su situación de mediterraneidad y de su reclamo presentado en la OEA; por eso debemos hablar de un lugar especial, y a esto nos referimos: un lugar, a 2 mil kilóme-tros de distancia de Santiago, donde la chilenidad se vive con pasión, donde se es doblemente chileno, donde el ejercicio de la integración se vive diariamente.Esa región, donde conviven los aimaras, los afrodescendientes y sus valles huelen a aceitunas merece ser tratada como cualquier otra de las catorce regiones del país -no de manera distinta-, sobre todo en este mes de junio, en que se cumplen 131 años del asalto y toma del morro de Arica.Por eso, como Renovación Nacional, solicitamos a la Cámara de Diputados aprobar el proyecto y que este territorio conquistado en la Guerra del Pacífico, esta tierra, señalada en la inmortalidad, tenga y esté en el sitial legislativo que merece.¡Arica, siempre Arica; siempre Arica, hasta morir! ¡Jayaya!”.He dicho.-Aplausos.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth.El señor AUTH.- Señor Presidente, voy a intervenir sin la pasión y la poesía mostrada por la colega que me antecedió en el uso de la palabra, pero quiero conceptualizar algunos puntos sobre el proyecto en debate, para quienes nos están escuchando.La Constitución Política de la República señala, de manera taxativa y clara, que cada región debe tener su representación senatorial.De hecho, en el mundo, en cada país en que existen dos Cámaras, la Cámara de Diputados está pensada como la representación de las personas -una persona, un voto- y los Senados representan territorios, con su identidad, con su conformación institucional.Si en nuestra Constitución Política se encuentra establecido el mandato de que toda región ha de tener su propia representación senatorial, me parece evidente que nosotros estamos en una situación de deuda constitucional; es decir, la Constitución nos mandata y nosotros estamos en omisión, en notable abandono de deberes, por no cumplir el precepto constitucional que nos indica que las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota deben tener representaciones senatoriales independientes.No quiero concentrarme en el problema de Arica y Parinacota, porque también es un inconveniente para la Región de Tarapacá no tener su propia y exclusiva representación senatorial.El segundo tema que nos plantea la ausencia de senadores propios en esas dos regiones, es una cuestión esencial de la democracia y de la construcción de un país institucionalmente democrático: la igualdad ante la ley. ¿Qué hace distintas a las regiones de Tarapacá y de Arica Parinacota para no merecer su propia representación senatorial? ¿Qué hace distinta a la antigua Región de Los Lagos de la antigua Región de Tarapacá, para que esta Cámara y el Senado hayan modificado las circunscripciones de la antigua Región de Los Lagos, para que la recién creada Región de Los Ríos tenga su propia representación senatorial y la Región de Los Lagos tenga la suya, habiendo modificado la arquitectura de las circunscripciones para que cada una de ellas se corresponda exactamente a la configuración política y administrativa de esas regiones?Se ha dicho que esto representaría un problema que podría ser planteado al Tribunal Constitucional, porque la creación de dos escaños senatoriales nuevos implicaría gasto fiscal.En la Comisión Hacienda, solicitamos al Servicio Electoral que se pronunciara al respecto. Dicho organismo señaló con toda claridad que, desde el punto de vista de la administración electoral, no representa gasto alguno, porque esos electores ya participan y porque las papeletas de votación y el recuento de votos se debe realizar igual, etcétera.¿Representa, acaso, un gasto adicional para el Senado? Digamos las cosas como son: el Senado dispone de un presupuesto para cincuenta senadores y los recursos destinados originalmente a los doce senadores designados y vitalicios fueron prorrateados -por decirlo de manera eufemística- entre los 38 senadores actuales. Si prorratearon en sentido positivo para sus peculios, ahora perfectamente podrían hacerlo en sentido negativo, para que este nuevo par de escaños senatoriales pueda ser soportado por un presupuesto que fue diseñado y definido por ambas Cámaras para 50 escaños senatoriales.El Congreso Nacional está en deuda con las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota; es una deuda constitucional y de igualdad ante la ley. Nada tienen Arica y Parinacota y Tarapacá para no merecer el mismo tratamiento que cada una de las quince regiones de Chile.Espero que en la votación en esta Sala no primen cálculos menores por sobre la Constitución Política de la República y por sobre el principio de igualdad ante la ley.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención sobre este proyecto de ley que crea la circunscripción senatorial de la Región de Arica y Parinacota recogiendo parte de los planteamientos muy bien esgrimidos y explicados en esta Sala por el diputado Pepe Auth, que me antecedió en el uso de la palabra.Desde ningún punto de vista se debería justificar una eventual negativa a la creación de tal circunscripción con el argumento de que representará un mayor gasto para el Estado, tal como lo manifestó el diputado Auth, porque -aprovecho de recordárselo a mi gran amigo y colega el diputado Aguiló, quien luego intervendrá- el Presupuesto de la Nación estipula el pago de honorarios a cincuenta señores senadores.Cuando se terminó con la institución de los senadores designados, nunca se disminuyó el presupuesto del Senado; muy por el contrario.No voy a utilizar un concepto tan rebuscado como el que mencionó el diputado Auth, pero lo que hicieron los senadores en su momento fue simplemente distribuirse entre ellos los recursos que correspondían a esos doce senadores. No sé si fui más delicado en mis expresiones, pero eso es lo que ocurrió. El Senado dijo que los recursos destinados a esos doce senadores ni llorando volverían a Hacienda y decidieron que aumentarían sus ingresos, lo que se hizo por la vía de recursos para investigación y asesorías parlamentarias. Si miento, que algún senador me rectifique públicamente.Por lo tanto, en el mismo tenor de lo que se ha planteado, formulo un llamado a analizar este proyecto con altura de miras, sin mezquindades políticas ni cálculos menores, porque he escuchado que algunos llaman a votar en contra. Hace unos días, un diputado se acercó y me expresó que debíamos votar en contra, porque ésta era nuestra oportunidad para crear nuevas circunscripciones. Ese razonamiento me parece inaceptable -lo digo con todas sus letras-, aunque sabemos que hay otras regiones que merecen legítimamente tener una circunscripción senatorial, como, por ejemplo, nuestra región. Con la creación de la Región de Los Ríos, que tendrá una circunscripción pequeñita, la Región de Los Lagos, a la que pertenecen los distritos Nos 55, 56, 57 y 58, terminará siendo una circunscripción gigantesca, que abarcará desde San Pablo hasta la provincia de Palena; es decir, tendrá una extensión que hará prácticamente impracticable un buen ejercicio parlamentario, lo que perjudicará a nuestra gente. Pero no por el hecho de que nos gustaría que la provincia de Osorno constituyera una circunscripción y que las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena conformaran otra nos vamos a oponer a este proyecto. Sería una mezquindad política votar en contra a la espera de que el Ejecutivo presente un proyecto en ese sentido.Por lo tanto, hago un llamado a apoyarlo por lo que se ha expresado: que toda región debe tener su correspondiente representación parlamentaria. Las regiones son la base de la representación política y no hay explicaciones lógicas que impidan que se concrete un proyecto tan importante para Arica.No debemos olvidar que Arica es una región estratégica para el país porque está en medio de dos puntos económicos importantes, como son las zonas francas de Tacna e Iquique. Asimismo, es estratégica porque es la puerta de entrada a nuestro país, que enfrenta conflictos de manera permanente, más que las otras regiones, incluso con Bolivia.Por esas razones, requiere tener representación parlamentaria, contar con senadores que cumplan el rol relevante de proteger la institucionalidad, que en Arica se ha visto muy violentada en el último tiempo. Aunque a algunos no les guste, hay que decirlo.La bancada socialista tuvo un parlamentario que era de Arica, el diputado Iván Paredes, y muchas de las situaciones que denunció en su momento son realidad. Seguramente, realizar tantas denuncias le costó caro. Por ejemplo, cuando reveló corrupción en temas municipales, muchos sostuvieron que era mentira y que estaba loco -le decían el “loco Paredes”-; sin embargo, finalmente se comprobó que eran efectivas todas las denuncias que formuló en su momento. Incluso, el actual alcalde tiene serias complicaciones judiciales.Por otro lado, es un escándalo nacional lo que está pasando con los jueces en Arica. Seis ministros de la Corte de Apelaciones han sido cuestionados por corrupción. Por eso, en esa región debemos tener parlamentarios que hagan su trabajo, que protejan los derechos ciudadanos, porque si hay jueces corruptos, las personas quedan desprotegidas en sus derechos.Estos temas se han dado a conocer en reportajes que se han mostrado en televisión o publicado en los diarios. Incluso, El Mercurio ha descrito las sinvergüenzuras que han ocurrido en Arica en el último tiempo, en que algunos jueces han aparecido vinculados con delincuentes, que les han comprado hasta autos último modelo. Eso no debiera ocurrir en Arica ni en parte alguna. Cuando los parlamentarios hacen realmente su trabajo, incluyendo la denuncia de los actos de corrupción, se protegen los derechos de los ciudadanos.En este caso puntual -lo digo con todas sus letras-, lo que ocurrió en Arica es una vergüenza nacional, que seguramente no atrae la atención de los noticieros ni de los colegas de la Alianza, pero sí debe preocupar el hecho de que en la Región de Arica y Parinacota el Ministerio Público esté investigando un multimillonario fraude a la Municipalidad de Arica por un proyecto de 1.500 millones de pesos para proveer mobiliario escolar a los colegios municipales, que haya cuatro personas detenidas por el caso y jueces anulen condenas contra delincuentes porque tienen vinculaciones con ellos.En definitiva, al mencionar esos casos sólo quiero manifestar que es necesario y fundamental que Arica también tenga representación senatorial y que los senadores cumplan el rol de proteger a la región de la corrupción, que la ha acompañado en los últimos años. Me la juego por esa opción y para que nunca más en Arica aparezcan titulares como el siguiente: “Caso Camán: La PDI comenzó la revisión en las notarías de Arica”. ¡Imagínense! ¡Hasta las notarías deben revisarse para detectar los actos delictuales que se han cometido!Hago un llamado a los actuales diputados por Arica, a quienes respeto mucho, a denunciar esos hechos, porque una región está protegida cuando sus parlamentarios cumplen bien su trabajo, sin importarles si van a -pido disculpas por el chilenismo que voy a utilizar- pisar algunos callos.Hago un llamado a los colegas no sólo para apoyar la creación de la circunscripción de Arica y Parinacota, sino también para tener plena claridad respecto de lo que expresó el colega Pepe Auth. La Constitución Política establece que todas las regiones deben tener su propia representación.En ese aspecto, debiéramos ser claros. El Congreso Nacional aprobó la creación de las regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos después de una larga discusión. Pero, como ya se hizo presente, la Región de Los Ríos ya tiene su circunscripción. Luego, no es posible que Arica, puerta de entrada al país, no la tenga y los ariqueños no puedan elegir a sus propios senadores cuando se realicen nuevas elecciones parlamentarias. Ello no sólo significaría un retroceso, sino, además, no respetar lo que la propia Constitución Política establece.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nino Baltolu.El señor BALTOLU.- Señor Presidente, hoy es un día especial para nuestra Región de Arica y Parinacota, recientemente creada mediante la ley N° 20.175, que fue numerada como la Región Decimoquinta para indicarnos en qué momento debe elegir a sus senadores, en el ciclo de alternancia electoral entre regiones pares o impares.Hoy, la Región de Arica y Parinacota es la única que carece de circunscripción senatorial, no obstante que el artículo 49 de nuestra Constitución Política expresa: “El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales constituirá, a lo menos, una circunscripción.”. No quiero pensar que se eliminó la denominación de las regiones por su número, y sólo se utilice el nombre, y se olvide lo que estipula dicho artículo de la Carta Fundamental. Repito: cada región tendrá, a lo menos, una circunscripción senatorial; es decir, debe tener sus propios senadores.Esa norma se cumple en todas las regiones del país, con excepción de la nuestra, la de Arica y Parinacota, por cuanto en la ley que la creó no se estableció esta obligación, como afortunadamente sí ocurrió con la Décimocuarta Región de Los Ríos, pero que tenía cuatro senadores en su región madre y que, al dividirse, como se pedía, quedó con autonomía y con representación senatorial, anhelada por toda la ciudadanía. Durante muchos años, estas dos nuevas regiones lucharon en conjunto, pero sólo una, la de Los Ríos, lo logró plenamente.Por lo tanto, como existe una deuda constitucional con nuestra región, es el momento en que nuestra Cámara de Diputados corrija esta tremenda injusticia. Si hacemos un poco de historia, observaremos que, durante la discusión de la ley N° 20.175 desarrollada en el Senado, debido al apuro por sacar adelante la creación de la Región de Arica y Parinacota a como diera lugar, se hizo la promesa de realizar una reforma a nuestro sistema electoral para que fuera más amplia, lo que estaba en estudio, y que se procedería a crear nuestra circunscripción senatorial, compromiso que aún continúa incumplido desde 2007. En esa oportunidad, se dejó pasar la creación de la circunscripción senatorial en ese mismo proyecto, esa tan anhelada y esperada determinación presidencial que separaría la Región de Tarapacá en dos regiones. Por una parte, la de Arica y Parinacota, que incluiría a las comunas de Arica, Camarones, Putre y General Lagos, y, por otra, la de Tarapacá, con sus respectivas comunas. Cabe recordar que esta solicitud se viene realizando desde hace más de cincuenta años por el pueblo de Arica a los distintos Presidentes de la República, con el fin de obtener nuestra plena autonomía. Además, les quiero comentar que cuando Chile se dividía en provincias, Arica también pidió ser considerada como tal, pues ya entonces dependía de un departamento de la provincia de Tarapacá. Por ello, cuando el Gobierno de la época concede la denominación de provincia a Arica y crea la provincia de Parinacota, también cambia el sistema de administración del país y la denominación de provincia pasa a región, y al final quedamos como provincia, pero no con administración propia, ni menos con representación parlamentaria completa. Es decir, quedamos igual. Siempre hemos pedido y hemos querido ser una región autónoma de Tarapacá y contar con nuestros propios representantes en el Senado de la República, por cuanto existen intereses, problemas y un criterio de desarrollo diferente entre ambas regiones, particularmente en atención a la condición de ciudad bifronteriza de Arica, lo que la diferencia de otros territorios de nuestro país.Han transcurrido tres años desde la creación de nuestra región y aún nuestros representantes en el Senado deben enfrentar y resolver intereses regionales contrapuestos, como siempre ha sido la tónica. En todo caso, ellos no tienen la culpa. En nuestra población aún existe un sentimiento de frustración y de desmedro por no contar con nuestros propios representantes. Por ello, es necesario terminar con esta discriminación sin sentido para que se cumpla el mandato legal y constitucional.Por el pueblo de Arica y Parinacota, que lo demanda, pido a mis colegas parlamentarios el apoyo y el voto favorable a nuestra región, que es la puerta norte de nuestro país, para crear la nueva circunscripción y así cumplir con el mandato legal y constitucional de elegir a nuestros propios senadores en nuestra propia circunscripción senatorial. ¡Que hoy se cumplan los sueños y esperanzas de nuestra comunidad! ¡Que así sea!He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.El señor OJEDA.- Señor Presidente, reconozco la autoría del proyecto al diputado Gabriel Ascencio. Además, me nace la preocupación debido a que tenemos la mala costumbre de no hacer algo o no aprobar un proyecto mientras no conversemos o hagamos otras cosas. Y así hemos pasado muchos años, sin hacer nada.Las elecciones de los consejeros regionales están en estudio, las primarias, también; el derecho a voto de los chilenos que viven en el extranjero, rechazado; respecto de la modificación del sistema binominal, no pasa absolutamente nada. Se habla de la creación de nuevas regiones, pero tampoco pasa nada. Uno de los motivos por los cuales en su momento no se creó esta circunscripción senatorial fue, precisamente, porque se dijo que primero había que conversar las cosas, con el objeto de llegar a un acuerdo para crear otras circunscripciones senatoriales. ¿Quiénes fueron los únicos perjudicados? Los ariqueños, es decir, los habitantes de Arica, siempre Arica, la gloriosa Arica, como dijo la diputada Rubilar.¿Por qué voy a dar mi aprobación al proyecto? Primero, por una razón constitucional. El artículo 49 de la Constitución Política, que reiteradamente ha sido citado, señala claramente que cada región constituirá, a lo menos, una circunscripción. En segundo lugar, porque la ley N° 20.175 creó la Región de Arica y Parinacota, pero no así su circunscripción, en circunstancias de que debió haberla creado, porque existe un mandato constitucional en esa materia.En tercer lugar, porque al mismo tiempo se creó la región de Los Ríos, respecto de la cual sí se creó una circunscripción senatorial. Por lo tanto, existe una situación de injustica. Por ende, estamos ante una obligación incumplida y una situación anómala, porque se creó la Región de Los Ríos con su respectiva circunscripción senatorial, pero no se hizo lo mismo tras la creación de la Región de Arica y Parinacota, que hasta el día de hoy no cuenta con su circunscripción, lo cual constituye una situación absolutamente injusta, por decir lo menos. Al respecto, cabe recordar el aforismo que señala que donde existe la misma razón, siempre debe existir la misma disposición. Repito, en este caso se ha cometido una tremenda injusticia. Con razón, los ariqueños reclaman falta de representación. La representación parlamentaria debe ser auténtica, en los términos establecidos en nuestra Constitución Política. Debe existir una identidad y una relación ancestral de los parlamentarios con sus respectivos distritos o circunscripciones, lo que no ocurre en el caso de algunas regiones. En cada región debe existir una identidad en materia de representación senatorial. En relación con la Región de Arica y Parinacota, su población no se siente representada por los senadores de la Región de Tarapacá; quiere autoridades propias, como ocurre en todas las demás regiones. Entonces, la no creación de la circunscripción de Arica y Parinacota por razones meramente políticas y circunstanciales, para mantener equilibrios políticos o por cálculos electorales, obviamente resta seriedad a este asunto.Se esperaba una reforma electoral más amplia. ¡Cuánto tiempo ha pasado desde la fecha que se creó esta región y aún no existe acuerdo! Al respecto, aún hay conversaciones. En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto radicado en la Comisión de Gobierno Interior, que crea nuevas circunscripciones senatoriales, cuya tramitación aún se encuentra estancada. Por eso, es importante que en el Congreso Nacional actuemos en forma seria, con consecuencia política y jurídica, y con apego estricto al mandato constitucional. Por razones históricas y geográficas, los ariqueños no se sienten ligados a la Región de Tarapacá. Al respecto, sus habitantes recuerdan que antes del Tratado de de 1929, Arica no formaba parte de Tarapacá, sino que estaba unida con Tacna, con otras realidades sociales, económicas y geográficas. Por último, también se habla de una eventual inconstitucionalidad del proyecto. Sin embargo, aquí no hay alteración de la división política o administrativa; ésta se hizo cuando se creó la Región de Arica y Parinacota. De manera que, a mi juicio, esa objeción queda fuera. En este caso, se trata de resolver una situación aún pendiente, que, como sabemos, tiene que ver con el artículo 49 de la Constitución Política. Asimismo, la iniciativa no tiene que ver con materias presupuestarias, en el sentido de que no generará gastos, porque, como dijeron algunos diputados y el director del Servicio Electoral, el Senado tiene los recursos necesarios para ello.Por eso, como se trata de una situación tremendamente injusta, hago un llamado a los diputados y diputadas a aprobar el proyecto de ley. Quiero hacer una salvedad respecto de lo que sucede con otras regiones que no tienen una representación senatorial proporcional. Así, por ejemplo, la Región de Los Lagos tiene ochocientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y seis habitantes y 48 mil y tantos kilómetros cuadrados. Al respecto, podría existir una identidad de los senadores con cada lugar de la región, que es tan amplia y que, por supuesto, no siempre es atendida como corresponde. En mi opinión, la Región de Los Lagos debe estar dividida en dos circunscripciones, como una manera de hacerla más democrática y equitativa. Una provincia del sur de la región, como Palena, no tiene ninguna relación con comunas ubicadas en el otro extremo, como San Pablo, de la provincia de Osorno.De manera que injusticias hay muchas, pero no nos atrevemos a dar los pasos suficientes para resolverlas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? La ciudadanía espera una solución. Voy a dar mi aprobación al proyecto de ley por un afán de justicia, porque, como legisladores, es nuestro deber cumplir la disposición constitucional.Finalmente, hago un llamado -lamento que no se encuentre en la Sala el señor ministro- a efectuar los estudios correspondientes sobre las demás circunscripciones senatoriales que se deben crear. En ese sentido, pido que se estudie la creación de la circunscripción senatorial de la provincia de Osorno, de la cual deberían formar parte otras comunas de Llanquihue.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.El señor CARMONA.- Señor Presidente, sin duda, este debate se puede inscribir en la idea de la profundización de la institucionalidad democrática del país, toda vez que acerca la representación directa de los ciudadanos, en este caso, a través de la elección de dos senadores. Tratándose de una región extrema y limítrofe, esto dice relación con una señal de descentralización, de representación en una institución como el Senado, a favor de la Región de Arica y Parinacota.También se trata de un elemento positivo en el contexto de una política de Estado en relación con geopolítica y polos de desarrollo de esa región, así como respecto de la relación de vecindad con nuestros hermanos del Perú y de Bolivia. Sin duda, esto se puede ubicar en la idea del perfeccionamiento de nuestra democracia, al incorporar una mayor representación en una institución como el Senado.Sin embargo, me llama profundamente la atención por qué, como Cámara de Diputados, somos capaces de abrir este debate y de coincidir en la significación de una mayor representación de nuestros ciudadanos en el Senado, pero no somos capaces de sostener un debate de fondo sobre la posibilidad de contar con representación en forma plena, directa y proporcional en el Congreso Nacional a través de un sistema electoral que la permita; es decir, de lograr un sistema electoral que termine con la exclusión a priori del sistema binominal, que aleja a la ciudadanía del Congreso nacional, lo que se traduce en el distanciamiento de los ciudadanos a la hora de valorar instituciones como el Senado y la Cámara de Diputados. Es hora de escuchar la voz de la ciudadanía, de la opinión pública, que se puede medir mediante metodologías de detección como las encuestas, orientadas a establecer el respaldo, el apoyo y la subida del rating, pero también de escucharla en el sentido de que en esta institución, que no sienten propia, pueda sentirse realmente representada.Por lo tanto, espero que se abra un debate respecto de una constituyente o un plebiscito, para así definir cuál debe ser nuestra Constitución. Estamos sostenidos por una Carta Fundamental que fue aprobada por la vía de cortarle una puntita al carné de identidad. Esa seriedad hubo al momento de apelar a la ciudadanía para definir la Constitución, establecida en la época de una dictadura terrorista que ejercía el poder. En esas condiciones se dispusieron sus bases. Es hora de perder el miedo. Debemos enfrentar a la ciudadanía y, con fuerza, lograr que ella decida. Por lo tanto, abramos un debate sobre la necesidad de un plebiscito, de poner en discusión la Constitución de nuestro país. En tal contexto, podríamos cambiar el sistema electoral, a fin de establecer uno de manera que las corrientes de opinión estén representadas en su respectiva proporción. Así como se implementará el sistema de inscripción automática, es necesario que el voto de los chilenos en el exterior pueda emitirse sin ningún tipo de restricciones ni trabas. Asimismo, es necesario apuntar a la participación, la descentralización y la democratización, por la vía de la elección directa de los consejeros regionales, de manera de constituir gobiernos regionales que cuenten con competencias y financiamiento, y que puedan gestar, en forma armónica con el Estado central, las tareas y desafíos que hoy demandan las regiones. Me refiero de manera especial a la de Atacama, a uno de cuyos distritos represento.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.El señor ROJAS.- Señor Presidente, uno puede estar de acuerdo con muchos discursos vertidos por colegas, pero, en el fondo, debe ser responsable al momento de emitir su opinión.Como dije durante la legislatura anterior, debemos hacer un llamado de atención en cuanto a la creación de comunas y a la alteración de la división política y administrativa en materia de circunscripciones y de regiones. No creo que sería en vano efectuar un análisis claro y concienzudo sobre la forma cómo proceder en relación con la redistribución territorial del país. Sin duda, eso sería más positivo que estar abriendo a cada rato una verdadera caja de Pandora, es decir, que por intereses políticos, se deban hacer reformas de esta naturaleza. Tengo el ánimo de votar a favor el proyecto, pero no por interés de aumentar el número de diputados y senadores, sino por una razón más importante, cual es dar a una zona extrema un derecho que le corresponde. Al respecto, como aquí se ha dicho, el Estado no ha tenido la delicadeza de abordar las debilidades de las zonas extremas. Tengo legítimas dudas sobre si la iniciativa será buena o no para el desarrollo del país. No creo que por el hecho de contar con más parlamentarios se solucionará el problema que sufre Arica. Participé en la tramitación de dos iniciativas de ley en beneficio de Arica. Hemos adoptado todas las acciones en su favor, pero no ha existido ningún avance; ha sido un fracaso total. No creo que sea por irresponsabilidad o falta de fuerza de los respectivos parlamentarios, puesto que hemos tenido buenos diputados y senadores.Esto no pasa por tener más o menos parlamentarios, sino por contar con una política de Estado efectiva para las zonas extremas del país, lo que hasta hoy no ocurre. El numeral 2 del artículo 1° del proyecto establece: “El Senado se renovará alternadamente cada cuatro años. Los senadores electos en las circunscripciones correspondientes a las Regiones de Tarapacá, de Atacama, de Valparaíso, del Maule, de La Araucanía y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, se renovarán conjuntamente en una misma elección y los electos en las Regiones de Arica y Parinacota -tema en cuestión- de Antofagasta, de Coquimbo, del Libertador General Bernardo O´Higgins, del Biobío, de Los Ríos, de Los Lagos, de Magallanes y la Antártica Chilena y Metropolitana en la elección siguiente.”.Pero ocurre que en este momento tenemos dos senadores que representan a esa zona, por lo cual es necesario zanjar ese problema. Por eso, presenté una indicación para que, de aprobarse este proyecto, las elecciones senatoriales en las regiones XV y I se lleven a cabo en conjunto con las de las regiones impares. Así, los actuales senadores terminarán su período y, posteriormente, se elegirán en forma separada senadores por la Región de Tarapacá y por la Región de Arica y Parinacota.Señor Presidente, espero que esta indicación sea aprobada por todos para que exista solución a dicho problema; pero, insisto, con más parlamentarios no vamos a solucionar el problema de las zonas extremas del país, que el Estado debe afrontar. He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Para terminar, tiene la palabra el diputado señor Lorenzini.El señor LORENZINI.- Gracias, Señor Presidente, no es una solución, decía el diputado Rojas. El diputado Auth dijo que tenemos una deuda. Yo diría ni solución ni deuda, simplemente estamos pidiendo que se haga justicia. Si existiera una deuda, señor Presidente -usted es una persona correcta-, seguramente se aplicaría lo que hacen los bancos, es decir, la tasa máxima convencional a esa deuda con la Región de Arica y Parinacota.Aquí he escuchado varios cuentos y voy a agregar otro, que se llama “cambio de volante”. El seremi de Transportes de Iquique dictó un decreto en el sentido de que a los vehículos de la Zona Franca importados con el volante a la derecha -porque así llegan más baratos; luego, en los talleres lo cambian a la izquierda y también los entregan más baratos a la gente-, sólo se les puede cambiar el volante en Iquique, no en Arica. Quiero entender que ese seremi está diciendo que, como va a la derecha -Iquique es de derecha-, no está disponible para que el volante vaya a la izquierda en Arica. Pero esas son interpretaciones políticas. La Subsecretaría de Transportes le dijo que no tiene atribuciones para hacer eso. ¿Y qué hizo este caballero? Se demoró como tres meses en suprimir ese dictamen y, por supuesto, los ariqueños tuvieron que pagar el estacionamiento y la estadía de esos vehículos en Iquique. Esto demuestra que es incompatible tener los mismos parlamentarios para las dos regiones, por las diferencias que existen entre Iquique y Arica.Señor Presidente, por su intermedio deseo decir a los diputados Vargas y Baltolu que los problemas de agua que tenemos se arrastran desde hace mucho tiempo. Se puede aprovechar el agua del mar; la desalinizadora está prometida para 2012, 2013 ó 2014. ¡Miren lo que decía el ministro Larroulet en la discusión -está en el informe-¡ Él “reconoció que la realidad de la Región de Arica y Parinacota es compleja”. ¡Oh, qué gran descubrimiento intelectual! ¿Y qué dice después? “El gobierno del Presidente Piñera tiene una agenda de profundas reformas políticas, entre las cuales destaca: la reforma de la fecha de las elecciones presidenciales; …”. ¡Oh, qué profundidad, vamos a cambiar la fecha de las elecciones, Presidente! ¡Qué bueno! En vez de hacerlas en noviembre, hagámoslas el 28 de diciembre. ¡Reformas políticas profundas! ¡Abandonamos una región; pero ésta es una reforma política profunda! Y luego dijo: No se preocupe, diputado, la prioridad del Ejecutivo es el perfeccionamiento de la democracia. ¡Oh, el perfeccionamiento de la democracia! Entonces, ahora nos van a venir con que quieren crear cuatro o cinco regiones, doce diputados …El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, ha terminado el tiempo.El señor LORENZINI.- Son diez minutos, señor Presidente.El señor MELERO (Presidente).- Terminó el tiempo del Orden del Día, señor diputado. Ése es el problema.El señor LORENZINI.- Ah, su señoría quiere acallarme. Entonces, ¡acálleme, señor Presidente!El señor MELERO (Presidente).- ¡No!El señor LORENZINI.- Señor Presidente, yo estaba inscrito antes que muchos de los colegas a los que su señoría les dio la palabra. Entonces, no se está haciendo un uso adecuado en esta materia, de acuerdo con las inscripciones que se llevaron a efecto la semana pasada.El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, puede acercarse a la Mesa y verá que está equivocado.El señor LORENZINI.- ¡No, no estoy equivocado, señor Presidente! ¡Fui a ver y estoy borrado no sé por quién!¡Señor Presidente, siga usted dirigiendo; pero me parece que esto no es adecuado. Si deja que hablemos todos y yo soy el último, no hay ningún problema en que hable tres o cinco minutos más; pero si su señoría no quiere, no lo voy a hacer. Si le preocupa lo que voy a decir del ministro Larroulet, eso está en el informe! ¡Si su señoría está haciendo una defensa corporativa, me parece inadecuado. No corresponde!El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, ha terminado el tiempo del Orden del Día. Sólo con el asentimiento unánime de la Sala le puedo conceder minutos adicionales.¿Habría acuerdo de la Sala para que el señor diputado termine su intervención?Acordado.Puede terminar, señor diputado.-Aplausos.El señor LORENZINI.- Señor Presidente, le voy a recordar, -para que tome nota, porque es una alta autoridad, y se lo diga a mi Presidente y a su Presidente de la República-, lo que decía la gente el otro día en las marchas: “El pueblo herido avanza sin partido”. ¡Ésa es la frase que tenemos que aceptar! Si su señoría quiere acallar a los parlamentarios, no lo va a conseguir. Se lo digo con mucho respeto.Insisto en lo que decía el ministro Larroulet. Él habló de introducir profundas reformas, de perfeccionar la democracia. También expresó que, en virtud de esas reformas, cabe la posibilidad de ampliar el número de senadores y diputados. El diputado Rojas -por su intermedio, señor Presidente- señalaba que no quiere más diputados y senadores; pero el ministro Larroulet habló de ampliar su número. ¡Bien! Vamos a gastar más plata para pagarles. ¡Bien, porque hay que abrir espacios. No sé, Presidente. El ministro de Minería, el de Educación o la vocera de Gobierno! ¡Ojo con el ministro de Cultura, que está subiendo en las encuestas! Necesitamos más cupos senatoriales. Está bien, discutámoslo; pero hace cuatro años que se hizo la reforma para el norte. El diputado Espinoza -no entendí mucho lo que dijo- expresó que existe una serie de problemas en Arica. Entiendo que hay dos senadores por esa región, uno de Gobierno y otro de Oposición. ¿Me está diciendo que no están haciendo su trabajo? ¡No! Está haciendo notar que es una circunscripción demasiado amplia, que no dan abasto y, a lo mejor, representan a Iquique. Ese es el tema.Entonces, evidentemente el tema es de justicia. Lo expresaba el diputado Auth: aquí no hay costos. Se planteó si el proyecto es inadmisible. Hay diputados de gran nivel y reconocidos por ser objetivos, como el diputado Nicolás Monckeberg, quien, en la Comisión de Hacienda, pidió someter a votación la admisibilidad del proyecto. Él, hombre de Gobierno, lo pidió. Dijo que es admisible, así lo votó y está dispuesto a apoyarlo. ¡Ah, el diputado Macaya se manifestó a favor de la creación de la circunscripción senatorial! O sea, aquí no estamos hablando sobre un tema político, de unos o de otros. ¿Qué dirían hoy los ex senadores Humberto Palza, Jaime Barros Pérez-Cotapos, Sergio Bitar, Fernando Flores, Luis Valente Rossi? ¿Qué dirían los ex diputados Carlos Valcarce, Luis Leblanc; la ex diputada Rosita González; los ex diputados Iván Paredes, Salvador Urrutia; la ex diputada Ximena Valcarce, y el ex diputado Vicente Atencio, ejecutado político? ¿Qué dirían el alcalde Waldo Sankán o los ex alcaldes Carlos Valcarce, Iván Paredes y Hernán Lagos? ¿Qué dirían nuestros diputados Vargas y Baltolu? ¿En qué estamos? ¿En egoísmos? Todos tenemos senadores; no es un problema de costos. Uno se confunde y la verdad es que, al final, no entiende nada. ¿Por qué el Gobierno no respalda la iniciativa? Si quiere democracia, parte por hacerla donde está en deuda con doscientos mil habitantes o más. ¿Todas las regiones tienen más de doscientos mil habitantes? Hay algunas que no.(Hablan varios señores diputados a la vez)Lo que pasa es que tenían influencia en su momento, cuando se crearon las regiones. ¿Qué razones jurídicas o constitucionales hay para no crear esta circunscripción? La verdad es que esta región tiene identidad propia. No voy a repetir lo que se ha dicho. Es la entrada al país. Mire lo que está pasando ahora en el norte y, sin embargo, sus habitantes no tienen este derecho. Salvo por el diputado Silva, en la Comisión de Hacienda esto fue aprobado por todos los demás diputados.Entonces, ¿cuál es la razón de seguir hablando y discutiendo? Luego haremos otras reformas. Me gusta esto del cambio de fecha. A lo mejor, habría que extender el período de los diputados a cinco años en lugar de cuatro. Sería interesante. Sigamos con el sistema binominal. ¡Es más interesante, porque así no hay democracia y se elige a dedo!Esta Región requiere un respaldo, porque así se corrige una injusticia y se paga una deuda. De lo contrario, la consigna no será “Arica, siempre Arica”, sino “El pueblo herido avanza sin partido”.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate.Los diputados que no alcanzaron a intervenir, pueden insertar sus discursos, toda vez que el proyecto se votará sin más debate en la próxima sesión. VI. PROYECTOS DE ACUERDO.RECURSOS PARA ATENDER OBLIGACIONES PREVISIONALES ADEUDADAS POR LOS MUNICIPIOS.El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 315.El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 315, de las diputadas señoras Ximena Vidal, Cristina Girardi y Clemira Pacheco, y de los diputados señores Víctor Torres, Juan Luis Castro, Enrique Jaramillo, René Manuel García, Aldo Cornejo, Guillermo Teillier y Marcos Espinosa, que en su parte dispositiva dice:“La Cámara de Diputados acuerda: Oficiar al Presidente de la República con el fin de solicitar que se provea, ya sea por la vía presupuestaria o por la gestión de un crédito directo, de los recursos necesarios para atender las obligaciones previsionales adeudadas por los municipios y conforme a las cuales los tribunales de justicia han dictado órdenes de apremio en contra de los alcaldes en ejercicio, y que se obligue al Ministerio del Trabajo y Previsión Social a informar públicamente de las deudas previsionales que mantienen los municipios al día de hoy.”.El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, la idea del proyecto es que el Estado se haga cargo del problema que están viviendo los municipios con deuda previsional, porque los tribunales siguen decretando resoluciones en contra de sus alcaldes. Por eso, urge modificar la ley, haciendo aún más explícita la no procedencia de apremios personales por dicho tipo de deudas, tal como lo señala el proyecto de acuerdo N° 288, del diputado Guillermo Teillier, aprobado por esta Sala. Asimismo, queremos que se atiendan las necesidades de los trabajadores y que se cubran sus lagunas previsionales. Se debe tener en cuenta la dignidad del cargo edilicio. No es posible que alcaldes estén permanentemente expuestos a resoluciones judiciales por deudas que, en muchos casos, han sido contraídas por administraciones comunales anteriores. En los gobiernos locales hay un problema de estabilidad y seguridad. Por eso, el Gobierno y el Estado se tienen que hacer cargo de las obligaciones derivadas de cotizaciones previsionales impagas y por las cuales se vienen decretando apremios en contra de alcaldes. En tal virtud, pedimos que los diputados y las diputadas presentes en la Sala apoyen el proyecto de acuerdo. He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo está en lo correcto, pues pide al Ejecutivo que destine recursos o que estudie alguna iniciativa legal para resolver la deuda previsional que mantienen municipios, y que los está ahogando, a lo que se suma las órdenes de aprehensión en contra de sus alcaldes. Pero también hay que mirar esto desde la perspectiva de los trabajadores y de las trabajadoras, porque a ellos se les adeudan esos recursos. En tal virtud, la Subsecretaría de Desarrollo Regional debiera hacer las adecuaciones necesarias y entregar anticipos para llegar a una solución.Varios diputados hemos conversado con el subsecretario de Desarrollo Regional para buscar una fórmula que permita pagar esas deudas previsionales, toda vez que se están afectando derechos de los trabajadores y de las trabajadoras al mantener por tanto tiempo esas lagunas previsionales. Al respecto, hago un alcance. Nadie entiende que las cotizaciones previsionales se declaren y no se paguen. Esta es una enorme anomalía existente en nuestro ordenamiento jurídico, que debería ser resuelta. Vamos a apoyar el proyecto, pero haciendo referencia al compromiso que adquirió la Subsecretaría de Desarrollo Regional de enviar un proyecto con alguna fórmula para que los municipios regularicen la deuda pendiente, principalmente para que no se eternice. Es importante aprobar el proyecto de acuerdo en discusión, pero más lo es que el Ejecutivo, particularmente la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en conjunto con la Asociación de Municipalidades, establezcan un mecanismo eficaz para resolver la deuda de más de cien municipios y, además, la situación jurídica de sus alcaldes. Voy a mencionar el ejemplo de Julio Palestro, edil de San Miguel, quien por deudas anteriores, que él no contrajo, está en una situación tremendamente complicada.Reitero, me parece bien aprobar el proyecto de acuerdo, pero es necesario hacer presente al subsecretario de Desarrollo Regional que envíe la iniciativa a la que se comprometió delante de parlamentarios y alcaldes.He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, sin perjuicio de considerar loable la iniciativa, pues busca resolver la situación de una cantidad importante de municipios que no cumplen con sus obligaciones previsionales, me parece una señal equívoca para con más de trescientos municipalidades que, con muchas dificultades, cumplen rigurosamente con el pago de las obligaciones previsionales. No se debe premiar a municipios que destinan fondos que deben estar orientados exclusivamente al pago de las cotizaciones previsionales -que, por lo demás, provienen de los descuentos efectuados de las remuneraciones de sus trabajadores- para resolver situaciones anómalas y absolutamente ilegales. Si revisamos la historia de los municipios que no cumplen sus obligaciones previsionales, puedo decir, sin temor a equivocarme -fui vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades desde su fundación-, que son siempre los mismos. De parte de estas administraciones municipales existe una suerte de apropiación indebida de recursos que pertenecen a los trabajadores municipales, porque les dan un uso que no corresponde, de acuerdo con lo que establece la ley.Repito, no podemos premiar a los incumplidores y menos dar una señal equívoca a los municipios que, con sacrificio, cumplen con sus obligaciones. Me atrevo a referirme a los municipios de Temuco y de Padre Las Casas, que perfectamente podrían dejar de hacer el esfuerzo, a sabiendas de que podrán recurrir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional o a otro mecanismo para obtener financiamiento por medio de recursos especiales. Por eso, voy a votar en contra el proyecto de acuerdo. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 9 abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; González Torres Rodrigo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rivas Sánchez Gaspar; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vargas Pizarro Orlando; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Becker Alvear Germán; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Verdugo Soto Germán.-Se abstuvieron los diputados señores:Cerda García Eduardo; Lorenzini Basso Pablo; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍAS A LO LARGO DE CHILE.El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 316, de los diputados señores Hasbún, Morales, Bobadilla, García-Huidobro, Van Rysselberghe, Baltolu, Álvarez-Salamanca, Bauer y Rojas, y de la diputada señora Andrea Molina, que en su parte dispositiva dice:“La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar al Ministerio de Obras Públicas la adopción de todas las medidas tendientes a la construcción de mil kilómetros de ciclovías a lo largo de todo el país, en un plazo de diez años, que cuenten con estándares de calidad óptimos para una correcta y segura circulación de ciclistas.”El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.El señor MORALES.- Señor Presidente, el uso de ciclovías representa una inversión que posee un sinnúmero de beneficios para las personas, en muchos ámbitos.Para quienes viven en comunas del mundo rural, la bicicleta es no sólo un elemento para realizar actividades recreativas, sino que se transforma en un vehículo de transporte.Para llegar a realizar las distintas actividades agrícolas que se desarrollan en torno de las ciudades, en muchos casos las personas deben transitar por vías por las cuales hoy transitan los vehículos motorizados, con el riesgo que ello conlleva. Por eso, es importante contar con ciclovías exclusivas para el tránsito de bicicletas.En el caso de la comuna de Curicó, más de 3 mil habitantes se trasladan en este tipo de vehículo.La bicicleta mejora significativamente la calidad de vida de los ciclistas, fundamentalmente en lo que respecta a la mantención de una buena salud. A mayor abundamiento, produce bondades en materia de salud, pero, además, promueve la utilización de medios de transporte limpios, con el correspondiente beneficio para nuestro medio ambiente.Por eso, solicitamos al Ministerio de Obras Públicas que en todos los caminos y rutas que se realicen en el futuro, se contemple la construcción de ciclovías, a fin de dar a los ciclistas, especialmente a los del mundo laboral, la posibilidad de trasladarse desde su lugar de residencia a su lugar de trabajo, y viceversa, con la seguridad de no tener algún accidente.Por eso, mediante el proyecto de acuerdo pedimos la construcción de mil kilómetros de ciclovías en un plazo de diez años. Esperamos que el Ministerio de Obras Públicas acoja esta iniciativa.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.El señor WALKER.- Señor Presidente, anuncio que voy a apoyar este proyecto de acuerdo.Me alegro de que los diputados de la Unión Demócrata Independiente que presentaron un proyecto de ley bastante polémico, para prohibir la circulación de bicicletas en lugares donde no existieran ciclovías, vale decir, en la vía pública o plazas, lo hayan retirado.Todos estamos de acuerdo en que lo ideal es que se habiliten ciclovías en todas las ciudades y localidades rurales del país, pero falta mucho por avanzar en esa materia.Hay comunas que han iniciado una labor muy importante en materia de construcción de ciclovías, como Peñalolén, Providencia y Ñuñoa. Pero mientras no se cuente con una adecuada infraestructura de ciclovías, obviamente no podemos limitar la circulación de los ciclistas en la vía pública, porque es una actividad de creciente demanda en nuestro país y que no contamina, y representa un ejercicio cardiovascular muy importante para la salud. Por lo tanto, voy a apoyar este proyecto de acuerdo, pero, al mismo tiempo, insisto en que es importante no prohibir la circulación de los ciclistas en la vía pública. Más bien debemos fomentar su circulación en los espacios públicos.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Bobadilla Muñoz Sergio; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Rosales Guzmán Joel; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Zalaquett Said Mónica.INCENTIVOS AL RETIRO PARA EL PERSONAL DE SALUD.El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 317.El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 317, del señor Sergio Ojeda, de la señora Alejandra Sepúlveda y de los señores Jorge Sabag, Enrique Jaramillo, Fernando Meza, Víctor Torres, Fuad Chahín, Carlos Abel Jarpa, José Pérez y Roberto Delmastro, que en su parte dispositiva dice:“La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar al Presidente de la República que realice los estudios correspondientes, con el objeto de conceder una bonificación de retiro voluntario y una bonificación adicional respectiva al personal que trabaja en el sector salud, siguiendo los principios, normativas, contenidos y objetivos establecidos por las leyes N°s 20.209 y 20.282, dictando la ley correspondiente que los otorgue por los fundamentos y motivos que se han esgrimido en este proyecto de acuerdo.”El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.El señor OJEDA.- Señor Presidente, el proyecto de acuerdo N° 305, de similares características y naturaleza, pero cuyo contenido es más amplio, fue aprobado con fecha 31 de mayo del presente año.Respecto de esta materia también se legisló en el área de las municipalidades. Por lo tanto, no es un tema nuevo.Este proyecto busca favorecer a los funcionarios de la salud. Se trata de otorgarles un incentivo al retiro y una bonificación adicional, que tuvieron en su oportunidad. Sin embargo, como las leyes respectivas dejaron de tener vigencia, mucha gente quedó fuera de dichos beneficios.El objetivo de esas leyes fue incentivar el retiro de los trabajadores del sector público que estaban en condiciones de jubilar, para que lo hicieran en buenas condiciones y con pensiones adecuadas y concordantes con lo que debían percibir después de cesar en sus funciones. Su finalidad también fue proveer estos puestos y cargos con otros trabajadores, es decir, dar “tiraje a la chimenea”.Aquí hubo cupos que se entregaron.Los beneficios que otorgaron ambas leyes contemplaban a las trabajadoras y los trabajadores que hubiesen cumplido 60 ó 65 años, respectivamente. Sin embargo, no operaban para los que cumplían con la edad posteriormente a la fecha establecida, lo que ha provocado una inequidad e injusticia, ya que sus ingresos se ven absolutamente disminuidos. La situación actual no asegura un retiro digno, como ha ocurrido con muchos funcionarios de otros servicios. Su condición no debe estar supeditada a la voluntad del gobierno de turno o a leyes vigentes sólo por algún tiempo. Al contrario, debe estar establecida en políticas claras y permanentes.Por ello, solicito al Presidente de la República que envíe a la tramitación legislativa un proyecto de ley que conceda una bonificación de retiro voluntario y una bonificación adicional al personal que trabaja en el sector salud, siguiendo los principios, normativas, contenidos y objetivos establecidos por las leyes N°s 20.209 y 20.282.Reitero, un proyecto de acuerdo de un alcance más general se aprobó en esta Sala. Este proyecto tiene un sentido más restringido, pues está referido sólo al sector salud.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra para hablar en contra.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- No se alcanzó el quórum requerido.Se va a repetir la votación.-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor MELERO (Presidente).- Nuevamente no hay quórum.Por lo tanto, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la próxima sesión.-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTESCREACIÓN DE ÁREA DE INDAP EN COMUNA DE GALVARINO. Oficios.El señor MELERO (Presidente).- En Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, la comuna de Galvarino tiene un 80 por ciento de ruralidad, un alto porcentaje de sus habitantes es mapuche y, además, una estructura de minifundos. Es decir, la inmensa mayoría de sus habitantes son pequeños campesinos que viven de la agricultura familiar y prácticamente de subsistencia. Desafortunadamente, ellos dependen del área del Indap ubicada en Lautaro para su atención, la cual, además, debe atender a los habitantes de las comunas de Perquenco y Galvarino. Por lo tanto, la información y la atención muchas veces llega tarde o en forma poco oportuna, lo que significa un desmedro en sus oportunidades para optar a los distintos instrumentos, bonos o incentivos que entrega dicho Instituto. Por eso, en algunas reuniones que hemos sostenido con el alcalde y el director nacional del Indap, éste ha comprometido su apoyo para crear un área del Indap en Galvarino.Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap, para que informen en qué proceso está ese compromiso de constituir un área del Indap en la comuna de Galvarino y cuál es el plazo estimativo en que estará conformada y funcionando, ya que eso genera muchas expectativas en los pequeños agricultores de esa comuna. Creemos muy importante tener claridad respecto de los compromisos que el Gobierno ha generado sobre la materia.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.ESTADO DE AVANCE DE DIVERSAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. Oficio. El señor CHAHÍN.- Asimismo, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, a través de la seremi de la Región de La Araucanía, para que nos informe claramente sobre el estado en que hoy se encuentran algunos proyectos de asfaltos básicos de la región, como es el caso de los caminos Lautaro-Quilacura, en su segunda etapa; calle Brasil, que también está en carpeta, pero que todavía no tenemos una fecha de cuándo puede comenzar su ejecución, y el camino de la central Alhueco. Dichos caminos son muy relevantes, porque allí viven muchas comunidades mapuches y también hay predios que tienen un tremendo potencial para el desarrollo frutícola, fundamentalmente del arándano. Pero, como digo, para eso se necesitan buenos caminos, porque las vías de ripio en mal estado son absolutamente insuficientes para desarrollar la actividad frutícola que genera una gran mano de obra, porque la fruta se maltrata.Por lo tanto, mantener en buenas condiciones esos caminos no sólo cumple un importante rol social, sino que también constituye un gran aporte para el desarrollo productivo de la región. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. REPARACIÓN DE DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE CAUDALES EN ESTACIÓN HIDROLÓGICA DE RARI-RUCA, PROVINCIA DE MALLECO. Oficio.El señor CHAHÍN.- Finalmente, en la comuna de Curacautín, específicamente en Rari-Ruca, existe un dispositivo para medir el nivel del agua en el río Cautín, pero hace mucho tiempo que no está funcionando. En verdad, nos preocupa esa situación, porque estamos en pleno invierno. Dicho dispositivo permite generar cualquiera alerta sobre un aumento significativo de los caudales.Por lo tanto, solicito oficiar al director de la Dirección General de Aguas, para que informe si existe algún presupuesto o un plan para reparar y dejar nuevamente en funcionamiento ese instrumento a cargo de la estación hidrológica de dicha localidad y así evitar que el día de mañana tengamos que lamentar algún desastre. Repito, dicho dispositivo no está funcionando y, por lo tanto, no se puede hacer la adecuada medición del caudal del río Cautín. He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.ENTREGA DE TERRENO EN COMODATO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LOCALIDAD DE ROSARIO, COMUNA DE RENGO. Oficios.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, actualmente el Serviu posee un terreno de una superficie mayor a 1,5 hectáreas en la extensa localidad de Rosario, de fácil acceso y conexión a los diferentes servicios, como alcantarillado, agua potable, luz eléctrica. Además, dicha localidad cuenta con un consultorio de atención primaria, educación prebásica, básica y media municipal y particular-subvencionada. No obstante la importancia de Rosario, allí no se construye ni se han desarrollado proyectos habitacionales en los últimos diez años. Además, su población está en crecimiento. De hecho, existen a lo menos tres comités de viviendas, que deben representar a cerca de doscientas familias que requieren una solución habitacional.El alcalde y los concejales de la Municipalidad de Rengo están dispuestos a colaborar en todo lo que signifique asesoría técnica. Por su parte, la familias están organizadas y, además, haciendo ahorro. Por lo tanto, solicito que se oficie al director regional del Servicio de Vivienda y Urbanización y al nuevo ministro de Vivienda, quien conoce el tema, en su calidad de ex intendente de la Región de O’Higgins, con copia al director nacional de dicha institución y a los dirigentes de los distintos comités, como el señor Johnny Rubilar y la señora Ana Francisca Leiva Guzmán, a fin de que ese terreno se coloque a disposición de los comités de vivienda, del municipio y de los habitantes de Rosario, para que en conjunto puedan canalizar esa legítima inquietud habitacional de los habitantes de esa localidad, en que -reitero- no se desarrolla un proyecto inmobiliario desde hace diez años.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. APROBACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE REDES DE DATOS Y ELÉCTRICAS DE MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO. Oficios.El señor RINCÓN.- Por otra parte, la municipalidad de Coltauco postuló y, posteriormente, se adjudicó el proyecto denominado Normalización de las Redes de Datos y Eléctricas de la Municipalidad de Coltauco, financiado en gran parte por el Banco Mundial a través de la Subdere y correspondiente al programa llamado Sistema de Información Financiera Municipal, cuya primera etapa se encuentra ejecutada.Por eso, a mediados de diciembre del año pasado, dicho municipio postuló a la segunda etapa, la cual considera los servicios traspasados de educación y de salud, por tener la condición de municipio rural. En definitiva, solicitamos la aprobación de esa segunda etapa.En consecuencia, solicito que se oficie al subsecretario de Desarrollo Regional, don Miguel Flores, con copia al alcalde y a los directores de dichos servicios de la comuna de Coltauco. El 29 de marzo pasado, remití personalmente un oficio al subsecretario Flores sobre el tema, pero, lamentablemente, no he tenido respuesta alguna. Espero que ahora pueda obtenerla a través de la Corporación. El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.FLEXIBILIZACIÓN DE CRITERIOS DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MUNICIPALES CON APLICACIÓN DE INTERESES. Oficios.El señor RINCÓN.- Finalmente, solicito que se oficie al contralor general de la República, con el objeto de que nos ayude en una interpretación más amigable del famoso tema de los intereses en el caso de los municipios. De acuerdo con la interpretación de la Contraloría, los municipios no pueden suscribir convenios por deudas con, por ejemplo, servicios de electricidad y pactar intereses, por lo que las empresas de electricidad, además de demandar la deuda, obviamente demandan el interés corriente. Todas las municipalidades de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins tienen deudas de electricidad, las que, por cierto, se han acentuado en los últimos dieciséis meses debido al terremoto de febrero de 2010, situación que también se ha producido en todas las regiones afectadas por ese sismo.Por lo tanto, necesitamos que la Contraloría flexibilice su criterio de interpretación, con el objeto de que los municipios no suscriban convenios con intereses, porque muchos alcaldes se están inhibiendo de realizar convenios que consideren intereses, ya que eventualmente pueden seguirse juicios de cuenta respecto de ellos. No obstante, al no suscribirse los convenios, se siguen acumulando las deudas, es decir, no se soluciona el tema.Reitero, esto se podría solucionar con la flexibilización del criterio de la Contraloría o mediante el envío al Congreso de un proyecto de ley; pero es absolutamente necesario resolver el problema no sólo en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, sino que en toda la zona terremoteada. Las leyes y los decretos de excepción y de emergencia son fundamentos suficientes para ello debido a esa catástrofe.Solicito enviar copia del oficio a todos los alcaldes de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.INCLUSIÓN DE VARIABLE AFRODESCENDIENTE EN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2012. Oficio.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Orlando Vargas.El señor VARGAS.- Señor Presidente, el 20 de diciembre de 2010 se presentó y aprobó el proyecto de acuerdo N° 258 en la Sala, mediante el cual se solicitó al Presidente de la República que hiciera gestiones para incluir la variable afrodescendiente en el Censo de Población y Vivienda de 2012.Hemos realizado muchas reuniones con el INE y hemos estado con los afrodescendientes en La Moneda, donde presentaron su historia, sus bailes y su cultura, para tratar de conseguir el apoyo para que sean considerados en el censo de 2012. No obstante, a un mes de decidir cuáles serán las preguntas que se harán en el censo, no hemos recibido respuesta alguna respecto de esa petición, que tiene que ver con acuerdos suscritos por el país a nivel internacional, tanto en la OEA como en las Naciones Unidas. Chile participó en el acuerdo de este último organismo que declaró 2011 Año Internacional de los Afrodescendientes.Por lo tanto, solicito oficiar al director nacional del INE, con el objeto de que nos comunique por escrito qué decisión ha tomado con respecto a esta petición, que consiste en incluir a los afrodescendientes de Chile en este censo, para que puedan recibir los beneficios públicos que entrega el país y el Estado de Chile a sus habitantes.No solamente se han hecho las gestiones mencionadas, sino que también los afrodescendientes han estado en la OEA y en la Cepal para entregar estas informaciones destinadas a conseguir el apoyo necesario para que se les incluya en el censo de 2012.Hay bastante apoyo a nivel nacional, pero no hemos conseguido hasta ahora una respuesta clara y precisa sobre la inclusión de los afrodescendientes en el censo de 2012.Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo hasta fines de junio para lograr una respuesta positiva.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL ÁMBITO DE LA TELEFONÍA CELULAR. Oficios.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.El señor ACCORSI.- Señor Presidente, como está muy rezagada la tramitación del proyecto de ley sobre antenas celulares, solicito oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que el Ejecutivo califique con suma urgencia a dicha iniciativa, porque todos los días recibimos reclamos de la ciudadanía sobre la materia.Asimismo, pido oficiar a dicho ministro, con el objeto de que se dicte una normativa sobre la emisión de ondas electromagnéticas y que se vea la posibilidad de realizar una campaña comunicacional, a raíz de la información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señaló el eventual problema oncológico que podrían producir los teléfonos celulares, sobre todo en los niños, porque están empezando a usar los celulares a los cinco o seis años, lo que aumentaría la posibilidad de contraer una enfermedad de ese tipo cuando tengan cuarenta o cincuenta años.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVA APLICABLE A MUJERES EN EDAD FÉRTIL EN MATERIA DE SEGUROS AUTOMOTRICES Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS. Oficio.El señor ACCORSI.- Señor Presidente, he recibido dos reclamos similares.En primer lugar, el de una señora que fue a adquirir un seguro para su auto, por el que le cobraron una tasa mayor por ser mujer y estar en edad fértil. No sé qué relación podría tener esa condición con el seguro del auto.En segundo lugar, el de otra señora a quien también le aplicaron una tasa mayor por un crédito hipotecario, por el hecho de ser mujer y estar en edad fértil.Por lo tanto, solicito oficiar al superintendente de Valores y de Seguros, con el objeto de que nos informe sobre la normativa que rige para aplicar la tasa a los seguros de automóviles y a los préstamos hipotecarios a las mujeres que se encuentran en edad fértil, y cuál es la razón que explica esa discriminación.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota.HOMENAJE A SEÑOR SERGIO MOLINA MEDINA, EX MILITANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE, RECIENTEMENTE FALLECIDO. Notas de condolencia.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El Comité del Partido por la Democracia ha cedido el resto de su tiempo al diputado señor Alfonso de Urresti.Tiene la palabra su señoría.El señor DE URRESTI (de pie).- Señor Presidente, agradezco al Comité del Partido por la Democracia por el tiempo que me ha cedido.Hoy quiero homenajear a un gran y recordado militante del Partido Socialista de Chile, de nuestra región y de nuestra ciudad de Valdivia, quien partió hace un par de días y dejó un vacío en nuestro partido y en quienes lo conocimos que jamás llenaremos.Sergio Molina Medina nació en Concepción el 9 de septiembre de 1944. Hijo de Juan Molina y Olivia Medina, fue el mayor de seis hermanos. Desde pequeño asumió, simultáneamente con sus estudios, responsabilidades familiares, que fueron afianzando su compromiso político y un innegable apego al trabajo.Jugó fútbol junto a su padre en el club deportivo América. Estudió por un corto período la carrera de Construcción Naval en la UTE, de Valdivia, ya que posteriormente ingresó a trabajar a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, también junto a su padre, trabajo del que fue exonerado en 1974, a raíz de su militancia socialista, que se evidenció durante la campaña y posterior triunfo del Presidente Salvador Allende, en 1970, ocasión en que se destacó por su compromiso y colaboración.Fue uno de los fundadores del comando de exonerados políticos. Su actitud solidaria y generosa se manifestó especialmente en los años en que abrió las puertas de su hogar para cobijar a familiares de presos políticos cesantes o que necesitaban un techo antes de emprender el autoexilio debido a la persecución política.Mantuvo siempre sus ideales y jamás los utilizó en beneficio propio. Su intensa vida política y partidaria lo llevó a estar cerca de personeros destacados del Partido Socialista, como el recordado ex diputado Carlos Lorca Tobar, Clodomiro Almeyda, entre otros.Su vida laboral posterior a la exoneración la canalizó hacia el comercio, convirtiéndose en un empresario de papas, con mucho esfuerzo y dedicación, junto a su familia.Su sello era el trabajo incansable. Nada era imposible para él y lo demostró hasta el último momento, porque ante la sorpresa que le provocó el diagnóstico emitido por los médicos, fue un guerrero ante la adversa enfermedad que sorpresivamente lo afectó. Para quienes lo rodearon en esos momentos, para quienes pudimos acompañarlo en esos últimos días, fue una lección de vida.Su masiva despedida, los gestos de amor que recibió su familia, dejaron de manifiesto al hombre íntegro, generoso, consecuente, trabajador y solidario a toda prueba que permanentemente fue Sergio.Las anécdotas y relatos de quienes le conocieron ampliaron su imagen positivamente. Supimos de sus donaciones silenciosas en tiempos de Navidad en hogares de niños y niñas humildes de nuestra ciudad y de oportunos consejos que cambiaron la vida de personas que trabajaron con él. Fue un formador de muchos socialistas en nuestra ciudad y en nuestra región.Sus hijas y nietos se sienten orgullosos de su descendencia. Para ellas vaya un homenaje, un reconocimiento como militante y diputado, y un emocionado y emotivo adiós a Sergio.Compañero Sergio Molina, descansa en paz.Solicito enviar copia de este homenaje a sus familiares.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia íntegra de su intervención en la forma solicitada.FORMULACIÓN DE PROTESTA POR APROBACIÓN DE LEY EN BOLIVIA QUE REGULARIZA INSCRIPCIÓN DE AUTOMÓVILES INDOCUMENTADOS. REFORZAMIENTO DE FRONTERA. Oficios.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Independientes-PRI, tiene la palabra el diputado Pedro Araya.El señor ARAYA.- Señor Presidente, haré uso del tiempo adicional de cinco minutos y el tiempo del Comité lo va a utilizar la diputada señora Sepúlveda.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Señor diputado, ya se utilizó ese tiempo en una sesión anterior.El señor ARAYA.- Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Relaciones Exteriores, por cuanto ha sido de público conocimiento que el gobierno boliviano ha suscrito una ley que permite regularizar autos que no tienen documentación.Sabemos, especialmente la gente que vive en el norte del país, como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, de la importante cantidad de robos de vehículos, luego trasladados de estas regiones del país hacia Bolivia, especialmente por bandas de narcotraficantes. Hoy, lo que ha hecho el gobierno de Bolivia es prácticamente legalizar los robos que se cometen en Chile.Es parte de la agenda que se trabaja con el vecino país evitar este tipo de prácticas. Según se ha informado por parte de la Cancillería, habría un principio de acuerdo con el gobierno boliviano para evitar la regularización de vehículos que no cuenten con alguna documentación mínima.En esa línea, pido que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que formule una enérgica protesta por la situación y para que informe a la Cámara en qué van las conversaciones con el gobierno de Bolivia para evitar inscripciones de vehículos que han sido robados en Chile.En el mismo sentido, pido oficiar al ministro del Interior, con el objeto de que se refuerce la frontera de Antofagasta, Arica e Iquique con personal adicional de Carabineros de Chile e Investigaciones, para controlar los vehículos que salen fuera del país, especialmente los que lo hacen en forma ilegal. Queremos evitar el aumento de robos de vehículos mientras dure el perdonazo del gobierno boliviano a vehículos que no cuenta con documentación.Creemos importante que el oficio sea enviado a la brevedad, pues el gobierno boliviano ha anunciado que hay un plazo de quince días para regularizar vehículos que no tienen documentación.Durante el último tiempo, hemos sufrido un alza en el robo de vehículos y la decisión de Bolivia va a incentivar que se roben más vehículos en nuestra zona. Por eso, demandamos que el personal de Carabineros e In-vestigaciones, que cubre fronteras, sea reforzado a lo menos mientras dure el perdonazo que, sin duda, es una pésima señal y lo único que hace es alentar a bandas de delincuentes que roban vehículos en nuestra región.El Gobierno debe tomar acciones decididas. El Ministerio del Interior debe reforzar fronteras y el Ministerio de Relaciones Exteriores presentar una protesta por la legislación que se dicta en Bolivia.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo indican.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.04 horas.TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones VIII. ANEXO DE SESIÓNCOMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES-Se abrió la sesión a las 12.44 horas.El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.REPARACIÓN DE VÍAS Y PARADEROS DE RUTA 41 Y CIERRE DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN SECTOR EL TAMBO, COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en primer lugar, solicito oficiar a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Transportes en relación a una inquietud que me fuera planteada por vecinos del sector de El Tambo, comuna de Vicuña, sobre el estado de la Ruta 41.En efecto, en dicha carretera, en los paraderos 2 al 5, existe hundimiento de la berma, por lo que las micros no se están deteniendo en ellos, situación que está perjudicando a los vecinos del sector. Los vecinos solicitan, primero, que se reparen esos hundimientos a los efectos de que las micros puedan detenerse en dichos paraderos, y, segundo, el mejoramiento de éstos, que también se encuentran en mal estado.Asimismo, deseo exponer una inquietud de los habitantes de la referida localidad respecto del estado en que se encuentra el cementerio municipal. Los vecinos quieren el cierre del cementerio y, al mismo tiempo, que se avance en la construcción de nichos para poder dar digna sepultura a quienes fallezcan.Desde hace tiempo se encuentra en manos del abogado de la municipalidad la regularización de los títulos de dominio del terreno donde se emplaza dicho cementerio para, por esa vía, también posibilitar la postulación a proyectos. Por lo tanto, solicito oficiar sobre el particular a la Ilustre Municipalidad de Vicuña, con copia a sus concejales y al intendente de la Región de Coquimbo.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia íntegra del texto de su intervención.PROGRAMA PILOTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN POBLACIÓN GINA ANCAROLA, COMUNA DE VICUÑA. Oficios.El señor DÍAZ.- Por otra parte, y también en relación con la comuna de Vicuña, en reunión que sostuve con los vecinos de la población Gina Ancarola se me hizo presente la necesidad de contar con un proyecto piloto para el sector a los efectos de aliviar la pesada carga que representa el costo de la energía eléctrica para sus habitantes. Ellos conversaron con algunos concejales y otras autoridades para solicitar al Ministerio de Energía -por tanto, el oficio va dirigido al señor ministro de esa Cartera- que implemente un proyecto piloto para instalar paneles solares domiciliarios en el área urbana.De hecho, importantes sectores rurales del Valle de Elqui, Región de Coquimbo, cuentan con dicho medio de abastecimiento de energía y, por consiguiente, siempre el foco ha estado puesto en aquellos lugares. Aquí se está planteando, y me parece bastante razonable, la posibilidad de explorar alguna iniciativa piloto que, igual como ocurre en el Valle de Elqui, zona semidesértica, con muchos días de sol, pudiese beneficiar a sectores urbanos. Por lo tanto, solicito oficiar sobre el particular al presidente de la junta de vecinos de la población Gina Ancarola, señor Jorge Ramírez, y a la Municipalidad de Vicuña, con copia al concejo.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia íntegra del texto de su intervención.REPOSICIÓN DE BUS MAPA EN LOCALIDADES ALEJADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficios.El señor DÍAZ.- Por último, quiero plantear un caso que hemos visto en otras oportunidades en esta Comisión relativo al bus mapa, es decir, el bus de acercamiento de pacientes de lugares apartados de los servicios de salud.Don Osvaldo Suárez Henríquez, vecino de la comuna de Vicuña, específicamente de la localidad de Las Mercedes, sector rural que se encuentra camino a la cordillera, fue citado por el servicio de salud correspondiente para tomarse una ecografía abdominal y así poder atender sus dolencias. Sin embargo, en la citación con el médico especialista -el señor Presidente de la Comisión y todos los aquí presentes sabemos lo que cuesta conseguir un especialista, el riesgo de perderlo y lo que ello significa- se le dice a este señor, que vive en una bajada, en un pequeño villorrio rural apartado del centro de la ciudad, que el traslado hacia el centro de salud debe efectuarse en forma particular y costeado por el propio paciente. Se trata de gente altamente vulnerable, en su inmensa mayoría, criadores de cabra -crianceros- que no están en condiciones de financiar ese traslado que puede costar dos mil o tres mil pesos, pues es gente que, como mucho, a veces cuenta con la pensión básica solidaria, si es que tiene algún tipo de ingresos, o con lo que logra reunir de la venta de quesos. Además, con la sequía actual, con las dificultades que ha habido para alimentar a los animales, usted, señor Presidente, comprenderá que la cantidad de queso que estas personas son capaces de producir es insignificante.Ello hace más urgente reponer el bus mapa.La respuesta que nos dieron tanto del municipio como del Ministerio de Salud son burocráticas. Si en la práctica ya existen problemas con las especialidades médicas, ahora se sumará la dificultad para que los vecinos lleguen a las escasas horas médicas de especialidades que se les otorgan y, por esa vía, se les estará conculcando uno de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, cual es la atención de salud.Por lo tanto, solicito oficiar respecto de la situación descrita al ministro de Salud, al intendente de la Región de Coquimbo, al alcalde de la Municipalidad de Vicuña y al concejo de dicha municipalidad para que todos tengan en cuenta de que el caso de don Osvaldo Suárez grafica el impacto dramático que, respecto de las atenciones médicas, ha tenido la suspensión del bus mapa en la comuna de Vicuña.He dicho.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia íntegra de su intervención.RESPUESTA A DEMANDAS DE ESTUDIANTES EN PARO DE LICEOS DE COMUNA DE COPIAPÓ. Oficios.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Lautaro Carmona.El señor CARMONA.- Señor Presidente, hoy he podido constatar que los seis establecimientos de enseñanza media de Copiapó amanecieron tomados por sus alumnos, con la adhesión mayoritaria de sus profesores. Algunos de estos conflictos se han venido desarrollando por varios días, entre los cuales destaca el del Liceo Tecnológico de Copiapó.Los seis liceos que están bajo el control de sus alumnos y parte importante de la comunidad educacional son los liceos José Antonio Carvajal, El Palomar, Mercedes Fritis, Comercial Alejandro Rivera, de Música y el Tecnológico. En el caso de este último, durante la semana distrital, tuve la experiencia de visitar el establecimiento en conflicto y pude constatar en terreno las condiciones sanitarias en las cuales permanecen estos estudiantes, entre ellas, un dispositivo de baños que alcanza a sólo la mitad de lo que es hoy la matrícula de ese liceo. Cualquier ciudadano que tenga la experiencia de ver tales condiciones sanitarias no sólo no puede comprender, sino sumarse a esta acción destinada a superarla en favor de condiciones dignas. Las autoridades municipales firmaron un acuerdo basado en el compromiso de superar estas condiciones con una inversión para complementar las actuales dependencias para fines sanitarios.En la misma situación de crisis, pero por razones de infraestructura, se encuentra el liceo El Palomar, donde las salas de clases fueron construidas para veinticinco alumnos y soportan matrícula para cuarenta y cinco alumnos, realidades que generan situaciones indescriptibles.Obviamente, no es posible deducir que estos conflictos que han culminado en torno a los establecimientos educacionales sea algo exclusivo de la comuna de Copiapó; muy por el contrario, ya que estos hechos son la expresión de una situación que en los últimos días ha irrumpido a lo largo del país, en particular, en la Región Metropolitana, donde los establecimientos más emblemáticos se encuentran en conflicto, incluidas acciones de toma de sus instalaciones.Lo relevante de esta coyuntura es que los estudiantes no sólo han expresado reivindicaciones relacionadas con las condiciones inadecuadas en que estudian, sino que se han empinado a expresar cuestiones superiores más trascendentes a la actual situación, que se vinculan con la misma norma que expresa la Constitución Política en materia de educación y que ha permitido que la educación pública haya sido avasallada en favor de un mercado de la educación y un Estado ausente de una debida fiscalización en favor de altos estándares de calidad en el proceso de enseñanza.Se trata de abordar y de resolver el problema, el cual no se soluciona con la terquedad y arrogancia del ministro de Educación, quien ha afirmado que la reforma va y que la solución es el diálogo -no se para qué se va a dialogar si la reforma va-, o las palabras de algún alcalde que trata a lo estudiantes de delincuentes, en lugar de relevar la grandeza y manifestar valoración y solidaridad con los estudiantes que reclaman infraestructura, educación pública de calidad para todos, y no como una reivindicación de beneficio y rédito estrictamente para quienes hoy son estudiantes, sino pensando en el tema de la educación para Chile en el futuro. Pareciera que esta mirada de pensar en el país debiera estar primero alojada en quienes hoy soportan responsabilidades de Estado; sin embargo, son los estudiantes los que enseñan y educan a las autoridades.Quiero plantear esto a las autoridades que corresponda para que den cuenta de las acciones que se están implementando en favor de una respuesta a estas demandas y aseguramiento de que los compromisos asumidos se cumplan. Si esto efectivamente se encuentra al menos en un estado de ideas e iniciativas sería bueno conocerlas y que también las conozca la Cámara de Diputados, la ciudadanía y la comunidad educacional.Pido que se envíe un oficio al ministro de Educación, a la Intendenta de la Región de Atacama, a la seremi de Educación de la Región de Atacama, al alcalde de la comuna de Copiapó, adjuntando copia a los centros de estudiantes de los liceos a que he hecho referencia, a los centros de padres y apoderados de los mismos, al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Copiapó, a los representantes del Colegio de Profesores de la Región de Atacama y de la comuna de Copiapó y a los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Copiapó.He dicho.El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión del diputado don Alberto Robles.DECLARACIÓN DE PROVINCIA DE COPIAPÓ COMO ZONA DE RESTRICCIÓN HÍDRICA. Oficios.El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado don Alberto Robles.El señor ROBLES.- Señor Presidente, quiero que el Director Regional de Aguas de la Región de Atacama me informe sobre la razón que tuvo para no haber decretado zona de restricción hídrica en la Región de Atacama, particularmente, en la provincia de Copiapó.Es absolutamente claro y notorio que en la Región de Atacama la cuenca del río Copiapó se va secando mes a mes y día a día. Se está sacando más agua de la que está ingresando, de lo cual hay informes y evidencia científica. Tanto es así que la empresa sanitaria de Atacama, que hoy está administrando Aguas Chañar, ha informado que los pozos de agua que sirven para el consumo humano están disminuyendo su nivel a una velocidad de un metro por mes. Si eso no significa que hay escasez hídrica, no sé qué quieren que ocurra para decretarla. El que se esté secando la cuenca para mí no es solamente escasez, sino que es una urgencia vital para la región tanto desde un punto de vista humano como productivo, lo que amerita que se ponga fin a esta situación.Las autoridades debieron de haber tomado decisiones desde hace mucho tiempo para impedir que se saque más agua de la que ingresa; a lo menos, debiéramos estar en un balance cero para mantener el statu quo que hoy existe, pero las autoridades no toman decisiones y los responsables de la Dirección General de Aguas no han declarado zona de restricción hídrica. Sin embargo, hay algo que, a mi juicio, es más urgente: intervenir la cuenca de Copiapó en forma activa para que, primero, no se siga extrayendo más agua de dicha cuenca de la que se debe extraer; segundo, para que no se extraiga agua en forma ilegal y, tercero, para que se realicen las inversiones necesarias para aumentar la cantidad de agua que se extrae desde el mar para producir agua con el objeto de que la minería la utilice y no el agua del río. Con todo, todavía siguen aprobándose proyectos que utilizarán el agua de la cuenca.Quiero entender que no hay dolo en la actuación de las autoridades, pero no me parece razonable que se sigan aprobando proyectos si no traen agua nueva a la cuenca de Copiapó. Digo esto, porque, hace poco, en la Comisión de Sequía, donde se está revisando lo que está sucediendo desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule en esa materia, se nos informó que las autoridades de la Dirección General de Aguas habían decretado zona de restricción hídrica en las Regiones de Coquimbo, Valparaíso y del Maule, pero no ha ocurrido así en la Región de Atacama, donde se está agotando el agua. Además, el asesor del ministro de Agricultura señaló en la Comisión que la agricultura en la Región de Atacama no tenía problemas de agua. No sé si no conoce la realidad de la región o las observaciones del director General de Aguas y del seremi de Agricultura. Es evidente que si se siguen produciendo uvas en Atacama es porque se está sacando más agua de la cuenca, la cual se está secando mucho más rápidamente de lo que debiera; sin embargo, no se han tomado las mínimas medidas para mitigar sus efectos.Por eso, quiero pedir que se oficie a los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, porque el problema también tiene que ver con la agricultura de la región, a fin de que nos informen por qué no se ha declarado zona de restricción hídrica a la cuenca de Copiapó y si la intendenta ha tomado cartas en el asunto. Me parece absolutamente necesario -lo solicito formalmente- que la cuenca sea intervenida por el Gobierno para asegurar a todos los habitantes de la Región de Atacama que no se va a seguir extrayendo agua de ella. Por lo menos, se debiera avanzar hacia un balance cero, es decir, que no se saque ni una sola gota más de agua de la que ingresa para que la cuenca pueda mantenerse vigente en los próximos años. De lo contrario, vamos a entregarles a nuestros hijos y a nuestros nietos una región desértica. Si se sigue extrayendo agua en los niveles en que hoy se hace, en pocos años más, la gente no va a poder sobrevivir desde el punto de vista económico ni humano, porque sin agua no hay futuro.Por eso, espero que el ministro de Obras Públicas dé respuesta a lo que estoy plan-teando, a la brevedad.He dicho.El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Le sugiero que también pida que se oficie al ministro del Interior porque, en el caso de la Región de Coquimbo, también jugó un rol importante en la dictación de los decretos de emergencia correspondientes.El señor ROBLES.- Muy bien, señor Presidente.El señor DÍAZ (Presidente accidental).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.02 horas.TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el Proyecto de Ley que Introduce Criterios de Razonabilidad y Solidaridad en lo que respecta a las Tablas de Factores y a la Determinación del Precio Base de los Contratos de Salud. (boletín Nº 7.539-11).“Honorable Cámara: La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS 1.- Origen y urgencia La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. el Presidente de la República. 2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas No hay. 3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad Todas. 4.- Se designó Diputado Informante al señor Von Mühlenbrock, don Gastón.-o- Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jaime Mañalich, Ministro de Salud; Luis Cataldo, Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud; Francisco Javier Labbé, Director Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE); Christian Hurtado, Jefe del Departamento de Precios, Cristián Copaja, Coordinador de Estudios de Precios y David Debrott, encargado del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares, todos del INE, y Máximo Pavez, Abogado Asesor del Ministerio de Salud. Concurrieron también, los señores Rafael Caviedes, Director Ejecutivo de la Asociación de Isapres A.G., y los doctores Oscar Arteaga, Director de la Escuela de Salud Pública, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Manuel Inostroza, Director de Campos Clínicos de la Universidad Andrés Bello. El propósito de la iniciativa consiste en modificar la normativa relativa a las tablas de factores y a la adecuación del precio base de los contratos de salud. El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 14 de marzo de 2011, señala que el proyecto tiene impacto fiscal acotado al INE, por las siguientes razones:a) El proyecto afecta a contratos nuevos y vigentes entre cotizantes y sus isapre. Respecto de los contratos nuevos, éstos contarán con la tabla y referencias desde la vigencia de la ley. Respecto de los contratos vigentes, éstos podrán ser renovados en un período de hasta 18 meses, teniendo los cotizantes varias alternativas. En virtud de lo anterior, la Superintendencia de Salud estima que no se produciría traslado neto significativo de afiliados al Fonasa, no existiendo, por lo tanto, efecto significativo sobre el gasto público de salud.b) Por otro lado, la Superintendencia de Salud no requiere de mayores recursos para implementar las normativas que la Ley mandate, y el Panel de Expertos mencionado en el punto 4) del artículo único tampoco implica mayor gasto fiscal puesto que sus miembros son ad-honorem.c) Se ha estimado que los recursos fiscales que requiere el INE podrían ser $ 100 millones el primer año, para desarrollar una metodología para el cálculo de los indicadores, además del levantamiento de los antecedentes necesarios para su medición, lo cual se financiará con recursos del INE y, si faltasen, del Tesoro Público, mientras que la nueva actividad encargada periódicamente se estima costará $ 125 millones anuales, los que deberán ser financiados con los recursos de operación habitual asignados en la Ley de Presupuestos de cada año. En el debate de la Comisión, el señor Jaime Mañalich sostuvo que el proyecto, que se ha dado en llamar Ley Corta 2 de Isapres, no forma parte del programa de gobierno del Presidente Piñera, sino que responde a una situación jurídica producida el año recién pasado, que ha generado incertidumbre para los 2,8 millones de beneficiarios del sistema privado de seguros de salud. Las consideraciones que han llevado al Ejecutivo a proponer la iniciativa en comento son esencialmente dos. La primera es que el Tribunal Constitucional ha establecido que el mecanismo de reajuste de los planes de salud, consagrado en la Ley de Isapres desde el año 2005, no se ajusta a la Carta Fundamental y, por tanto, no puede continuar aplicándose. Recordó que la prima que pagan las personas afiliadas al sistema de Isapres tiene dos componentes: una parte destinada a financiar las prestaciones necesarias para atender las enfermedades incluidas en el Plan Auge, que se reajusta unilateralmente por las aseguradoras cada vez que el Presidente de la República pone en vigencia un nuevo decreto Auge, como ocurrió por última vez en el mes de julio de 2010. Otra parte de la prima está destinada a financiar el denominado Plan Complementario de Salud, que se orienta a las enfermedades excluidas del Plan Auge y que tiene a su vez dos componentes: un precio base y una tabla de ajuste por factores de riesgo (básicamente sexo y edad de los beneficiarios), que el TC ha declarado inaplicable por inconstitucionalidad. Explicó el señor Ministro que hace tres años surgieron además reclamaciones de los cotizantes por el aumento del precio base de los planes de salud por parte de las Isapres. Las Cortes de Apelaciones han dado la razón a los recurrentes indicando que el aumento de precio del Plan Complementario no puede ser arbitrario y que debe ajustarse a un mecanismo de actualización conocido, de manera de no dejar a personas que suelen estar cautivas de las aseguradoras en una suerte de indefensión ante la ausencia de algún parámetro de indexación de los precios base. En ese contexto, el proyecto de ley en estudio contiene dos propuestas fundamentales. La primera consiste en crear un índice de precios o IPC de la Salud, ya que actualmente no existe en Chile una manera de calcular el costo de las prestaciones de salud y su evolución, aunque, en general, el Ministerio del ramo estima que la variación de estos costos equivale a 1,5 veces el IPC general. Es decir, que el costo de la atención sanitaria aumenta cada año 50% más que el costo de la vida de la población. Para efectos de calcular el IPC de la Salud, el proyecto impone al INE la obligación de informar periódicamente cuál ha sido el incremento de precios de una canasta de productos del sector (consultas médicas, exámenes, medicamentos, etcétera). Requerido al efecto, aclaró el Ministro que, en la actualidad, la Superintendencia de Salud se encarga de calcular un IPC de la Salud aproximado, que serviría de base para la creación del nuevo instrumento, cuyo costo en régimen es de $ 25 millones al año, por lo que el informe financiero del proyecto debe ser corregido, dividiendo por mil las cifras consignadas en él. Agregó que el indexador que se propone crear, además de permitir determinar cómo afecta a las personas el aumento de los costos de la salud, tiene la ventaja adicional de servir como experiencia piloto para proporcionar al Ejecutivo un instrumento de vigilancia y control de algunas alzas de precios que hoy en día son relativamente inexplicables, como es el caso de los honorarios médicos y de los fármacos, que aparecen muy por encima del IPC general. Señaló, además, que habrá un comité de expertos encargado de definir bandas de precio a las cuales deberá ajustarse el alza de los precios base de los contratos de salud, con lo cual se daría solución a los reparos formulados por las Cortes al aumento aparentemente injustificado de los mismos. Destacó que el 80% de los recursos de protección que actualmente se tramitan en las Cortes de Apelaciones se refieren a reclamos de los cotizantes por este concepto, los cuales deben resolverse, caso a caso, por no existir una norma general sobre la materia, lo que, además de generar incertidumbre jurídica, ha dado lugar a una verdadera industria donde los abogados que representan a los recurrentes ganan las costas personales y los afectados ven reducido el precio de sus planes de salud en un promedio de $ 2 mil. La segunda propuesta fundamental de la iniciativa, que debe entenderse como una medida de transición hacia un sistema diferente, consiste en fijar por ley una nueva tabla de factores de riesgo que introduce criterios de solidaridad. Esto, porque la objeción formulada por el Tribunal Constitucional no apunta a la existencia de una tabla de ajuste de precios por sexo y edad, sino a la necesidad de establecerla por ley y no mediante un simple acto administrativo. Los criterios de razonabilidad o solidaridad que contempla esta tabla de factores son los siguientes: -En primer lugar, reduce a un máximo de 5 veces la diferencia de precios que puede existir entre un cotizante y otro, en razón de su sexo y edad. Hoy en día, la máxima diferencia entre adultos mayores y jóvenes es 9, y entre mujeres y hombres es 14. -En segundo lugar, impide cobrar una prima superior por niños menores de dos años, que son potencialmente más riesgosos porque se enferman más y requieren más prestaciones de salud. -En tercer lugar, restringe la posibilidad de seguir aumentando el precio base del contrato de salud en razón de la mayor edad del cotizante o beneficiario, después que éste ha cumplido los 65 años. -En cuarto lugar, si bien esta tabla amortiguada mantiene la diferencia entre hombres y mujeres en edad fértil, la compensa con una disminución del precio del contrato para las mujeres de 50 o más años, que tendrían una prima menor que los hombres de la misma edad, reflejando así lo que ocurre con los costos. Explicó el Ministro Mañalich que se ha optado por tramitar esta “ley corta”, primero, porque es urgentemente necesario establecer un mecanismo de ajuste de precios que dé certeza jurídica a los usuarios del sistema privado de salud; segundo, porque durante la transición desde el sistema actual a otro más solidario, éste es un paso importante de dar; tercero, porque como las aseguradoras saben que las Cortes de Apelaciones tienen una capacidad limitada para tratar y resolver los recursos de protección interpuestos por los cotizantes para oponerse al aumento de precio de sus planes de salud, siguen aplicando la tabla de factores de riesgo conocida hasta hoy, sin perjuicio de que algunas de ellas hayan manifestado su disposición a no continuar haciéndolo; y -por último- porque de no aprobarse la ley en proyecto, nada impedirá que las Isapres vuelvan a aumentar sus precios por sobre el IPC en marzo del próximo año, tal como lo hicieron en marzo recién pasado. Finalmente, confirmó lo declarado por el Presidente de la República en el sentido de que el Ejecutivo está analizando con asesores técnicos, incluso vinculados a la Oposición, una ley definitiva destinada a establecer un plan de salud garantizado, con un precio único para todos los beneficiarios del sistema de Isapres, independientemente de su edad y sexo. En respuesta a diversas consultas formuladas por los Diputados de la Comisión, el señor Mañalich recordó que, en primer lugar, la prima de los seguros privados de salud se paga mediante una cotización obligatoria equivalente al 7% de la renta imponible del contratante, con tope de 66 UF, que puede ser complementada con una sobre-cotización voluntaria si el precio del plan de salud pactado es mayor que ella y, si ella excede el precio del plan contratado, genera lo que se llama “excedente de libre disposición”, que la Isapre debe devolver al usuario o compensar con un beneficio de igual valor económico. Hoy en día, la cotización de salud promedia el 10,5% de la remuneración imponible de los afiliados a las Isapres, lo cual significa que pagan por sus planes de salud alrededor de 3,5% adicional a la cotización obligatoria. En ese contexto, el proyecto de ley, por una parte, define un IPC de la Salud y, por otra, fija una tabla de factores de riesgo que introduce cambios a la que actualmente se aplica. Explicó que, en la Comisión de Salud, se planteó legítimamente la duda acerca de la constitucionalidad de esta tabla de factores fijada por ley. Estudios jurídicos encargados por el Minsal sobre la materia han resultado favorables a la promulgación de esta iniciativa, no obstante lo cual el Ministro estimó conveniente que el asunto sea resuelto ex ante por el Tribunal Constitucional, a través de la reserva de constitucionalidad que han anunciado algunos parlamentarios de la Oposición. Con respecto a los cambios que el proyecto introduce en la tabla de factores actualmente vigente, señaló que, en el caso de los cotizantes hombres, se aumenta levemente su ponderación de riesgo en los tramos de 20 a 25, 50 a 55 y 60 a 65 años, pero se rebaja en una proporción semejante para el segmento entre 0 y 20 años, y fuertemente para el grupo de más de 65, con lo cual este último vería disminuir el cuociente aplicable desde 5 a alrededor de 3,5. Ello significa que los adultos mayores, que hoy pagan en promedio 5 veces más que un adulto joven por un mismo plan de salud, pasarían a pagar un mayor precio no superior a 3,5 veces, que no podrá ser aumentado en lo sucesivo. En el caso de las cotizantes mujeres, se disminuye el factor de las menores de 20 años, de las adultas mayores (60 o más años) y de aquéllas que se encuentran en la década de los 30, aumentándose levemente a cambio el factor de riesgo de las mujeres entre 40 y 59 años de edad. De esta manera, los cotizantes más jóvenes (hombres menores de 30 años y mujeres en edad fértil, pero que no han sido madres, así como hombres y mujeres de mediana edad) subsidiarían a las mujeres de 30 a 40 años que han formado familia y a los adultos mayores de ambos sexos. En el caso de las cargas hombres, se utilizan criterios similares al caso de los cotizantes y, en el de las cargas mujeres, se disminuye el factor de riesgo de todos los tramos de edad, con excepción del comprendido entre los 55 y 59 años. Estas cargas familiares pueden ser tanto las legales (únicas posibles en el sistema administrado por Fonasa), como las voluntarias que cada contratante de seguros privados puede incorporar al respectivo plan de salud. A continuación, presentó el señor Ministro un cuadro que da cuenta de los cuocientes resultantes de comparar los factores máximos y mínimos aplicados por las Isapres a cada tipo de beneficiario según su sexo, conforme a las tablas comercializadas entre los años 2005 y 2010. En ella se aprecia, por ejemplo, que Cruz Blanca tiene un factor 9,5 en el caso de los cotizantes y cargas de sexo masculino y un factor 8,2 en el caso de las cotizantes y cargas de sexo femenino, llegando los mismos a 11 y 9, respectivamente, en la Isapre Ferrosalud, y a 5,7 y 6,7 en Masvida. Destacó que, con la aprobación del proyecto en comento, estos factores disminuirían a 5 en el caso de los cotizantes y cargas hombres, y a un promedio de 4,3 en el de las cotizantes y cargas mujeres. Destacó que el proyecto se hace cargo del precio base y la tabla de factores, ya que permite ajustar dicho precio base en función de ciertos riesgos estadísticamente significativos, como son la edad y el sexo, pues se sabe que el costo de la salud se vincula prácticamente en forma directa, con una correlación de más de 0,9, con estas variables. Consultado sobre el particular, explicó que en la actualidad la Superintendencia de Salud monitorea un índice de precios de la salud sólo como marco referencial para analizar el comportamiento de los prestadores, sin tener ninguna atribución al respecto. Esta actividad, que se realiza dos veces al año, le cuesta al ente regulador $ 25 millones anuales. Entregar la función de fijar un IPC de la Salud al INE tiene un costo de instalación y otro de operación algo más alto, los cuales se consignan en el informe financiero respectivo. Requerido sobre la posibilidad de revertir las alzas de precios si se aprobara el proyecto en debate, el Ministro afirmó, finalmente, que la Superintendencia de Salud, encargada de velar por los derechos de los cotizantes podría exigir que las Isapres ajustaran el monto de sus primas a la banda de precios que se establezca conforme a esta ley, facultad que el fallo del TC le negó, disponiendo que sólo podría proceder a ello previa habilitación legal. De ahí la decisión del Ejecutivo de tramitar esta Ley Corta, sin perjuicio de la Ley Larga de Isapres que será enviada próximamente al Congreso y que, básicamente, instauraría un plan garantizado mínimo de salud, de carácter universal y precio uniforme para todos los usuarios del sistema. El Ministro de Salud fue enfático en señalar que durante el Gobierno del Presidente Piñera no se va a enviar a trámite legislativo ningún proyecto que reemplace las cotizaciones obligatorias para salud por un impuesto general. De hecho, la iniciativa en debate nunca estuvo en el programa del Presidente Piñera y responde solamente a una situación coyuntural provocada por el fallo del TC, que deja en estado de indefensión a 2,8 millones de beneficiarios del sistema de Isapres. En ese contexto, se convocó la comisión de expertos que, además de la propuesta sobre Isapres antes mencionada, propuso modificaciones en materia de accidentes del trabajo, licencias médicas, etcétera. A raíz de ello, se presentó hace varios meses el proyecto que ahora se discute, que fija una tabla de factores amortiguada y define un IPC de la Salud para ajustar los precios base. Planteó que, hoy en día, el sistema de Isapres funciona de manera completamente desregulada, pues el fallo del TC ha tenido un efecto adverso monumental, al quitarle atribuciones regulatorias muy significativas a la Superintendencia de Salud. De hecho, ante una consulta que le formularan las Isapres, el ente fiscalizador les respondió que la tabla de factores de riesgo no puede continuar aplicándose, pese a lo cual siguen haciéndolo sistemáticamente, apostando a que una ínfima cantidad de personas va a reclamar. Destacó el señor Ministro que las cosas que el Gobierno tenía agendadas en materia de salud son bastante simples y conocidas por todos. En primer lugar, se propuso hacer de la Ley Auge una realidad, lo cual significa terminar en dos años con las 340 mil personas que al inicio del actual mandato presidencial aún no recibían la atención de salud que el Estado les garantiza. En segundo lugar, se prevé resolver en dos años el problema de los 89 mil pacientes Auge que no han recibido el tratamiento quirúrgico garantizado, para lo cual se incluyó en la Ley de Presupuestos del año en curso, sólo para el sector público, un monto de 18 mil millones de pesos, equivalentes a 36 millones de dólares. En tercer lugar, se propuso aumentar la participación fiscal en el financiamiento de la salud pública por la vía de reducir la cotización obligatoria para salud de los pensionados y de subsidiar la extensión del permiso post natal, en la forma que se conoce. Por último, se anunció la dictación de un nuevo decreto Auge, lo que se materializaría durante el primer semestre del año entrante, elevando de 69 a 80 las enfermedades con tratamiento garantizado y agregando un conjunto de prestaciones de carácter preventivo que resulta urgente incorporar. Reconoció que el proyecto en comento podría ser discutido más adelante, pero advirtió que tiene una urgencia bastante dramática, pues, si no está aprobado antes que se produzca el próximo ajuste de precios de las Isapres, éstos van a subir en forma desmesurada para los beneficiarios del Sistema Isapres. Hay un tema menor que dice relación con que, dada la condición actual del mercado de Isapres, a éste no le conviene agregar nuevos cotizantes y, por tanto, existe una fuerza de ventas de aproximadamente 3 mil personas que se ve enfrentada a una situación de gran inestabilidad laboral. Reconoció también el Ministro Mañalich que es teóricamente posible avanzar hacia un sistema completamente solidario de financiamiento de la salud por la vía de impuestos generales, pero hay que tener presente lo que esto pudiera significar para las finanzas públicas, toda vez que la cotización de las Isapres es hoy voluntariamente 3,5% superior a la obligatoria y el sector más favorecido de la sociedad va a encontrar rápidamente mecanismos para subcotizar en un esquema semejante. De hecho, aunque se ha discutido al interior del Ejecutivo, no ha habido manera de resolver el tema de la cotización obligatoria para salud de los trabajadores independientes, que se generalizaría el año 2018 en virtud de una ley previa, porque el Ministerio del Trabajo se opone a que ella se desvincule de la cotización obligatoria que esos mismos trabajadores deban hacer para su fondo de pensiones. Añadió que, dado que existe una cantidad importante de free riders (sic) en el sistema de seguros de salud (hay en Fonasa 4 millones de beneficiarios del grupo A, de los cuales 300 mil pertenecen al quintil de mayores ingresos de la sociedad), y como la cotización está vinculada a la existencia de un contrato formal y no a la renta, hay allí un subsidio mal focalizado. En cuanto a la eventual tramitación de una nueva Ley Larga de Isapres, señaló que el Gobierno está trabajando en ello y ha dado por buena la iniciativa de los Diputados señores Burgos, Torres, Castro, Accorsi y Núñez, que se orienta a establecer, dentro del Sistema de Isapres, un plan garantizado de salud y un fondo de financiamiento solidario acotado a él. No se legislará sobre un fondo solidario universal, porque ello implicaría tener que acordar necesariamente que es posible un subsidio portable entre los beneficiarios del sistema privado y los del sector público, discusión mayor en la que el Gobierno no está en condiciones de entrar ahora. Requerido expresamente sobre el particular, aceptó como efectivo lo afirmado por el representante de la Asociación de Isapres en el sentido de que éstas se encuentran impedidas de aplicar las tablas de factores de riesgo a partir del 1 de mayo próximo pasado. Sin embargo, insistió en que las Isapres están autorizadas a reajustar el precio base del plan complementario de salud sin referencia a nada, a menos que en marzo próximo exista un índice de precios de la Salud que permita a los expertos señalar la banda en la que éstos deben moverse. Finalmente, reconoció que, aunque tal vez el proyecto de Ley Corta no es lo óptimo, avanzar en estas materias como la comisión de expertos propone sería como tratar de reparar un avión en vuelo, pues se puede producir mucho daño si no se tiene la prudencia necesaria para modificar un sistema de salud que, dentro de sus limitaciones, funciona bastante bien en opinión de expertos internacionales. De ahí que el paso más prudente, a su juicio, vaya en la línea de aprobar la iniciativa en comento y de formular una reserva de constitucionalidad para estar seguros de que el TC está de acuerdo con lo que en él se propone en materia de factores de riesgo. El señor Francisco Labbé advirtió, en primer lugar, que no resulta apropiado llamar IPC de la Salud a los indicadores referenciales a que alude el proyecto, porque no son tal cosa y porque, de hecho, ya existe un IPC de la Salud, que es el sexto de los doce capítulos que componen el IPC general y que en los últimos 12 meses creció 0,8%. Consultado al respecto, señaló que este IPC de la Salud mide la variación de precio de los productos farmacéuticos, servicios médicos, servicios de hospital, otros productos médicos, servicios dentales, artefactos y equipos terapéuticos, y servicios paramédicos, estimándose que los indicadores referenciales cuya determinación encomienda el proyecto al INE debieran arrojar resultados semejantes. Planteó que el propósito de la tarea encomendada al Servicio es calcular, respecto del Sistema de Instituciones de Salud Previsional, indicadores referenciales de la variación de los precios de las prestaciones de salud, de la variación experimentada en la frecuencia de uso de las mismas y de la variación del gasto en subsidios por incapacidad laboral. El objetivo de lo anterior es contar con un conjunto de indicadores que permita a un Panel de Expertos determinar bandas de precios referenciales para moderar las alzas en los planes de salud comercializados por las Isapres, teniendo presente las variaciones en el tiempo de los precios de las prestaciones y la variabilidad del costo de los planes (prima) para diferentes estratos de la población (por edad y sexo), en un momento determinado. Destacó el Director del INE que lo que se solicita a ese organismo es, en primer lugar, calcular un índice de la variación de precios de las prestaciones de salud utilizadas por los usuarios del Sistema de Isapres, que tiene por objeto comparar los valores del gasto en prestaciones de salud en dos períodos distintos, separando la variación atribuible a cambios en los precios de aquélla atribuible a cambios en las cantidades utilizadas, lo cual reflejará los precios que pagan las Isapres a los prestadores (clínicas, centros médicos, laboratorios clínicos, etc.), pero no necesariamente la formación del precio. Es decir, este índice representa el costo que tiene para las aseguradoras adquirir los servicios de los prestadores. A diferencia del IPC de la Salud hoy existente, aquí no se considera el precio de los medicamentos, insumos clínicos, servicios hospitalarios, honorarios médicos, etcétera, que contribuyen a formar el precio de cada prestación de salud, sino sólo el precio final que las Isapres informan haber pagado por éstas. Hay que considerar también que lo pagado por las Isapres a los prestadores tiene incorporado un cambio en la variabilidad del copago (la cobertura de las prestaciones ambulatorias, por ejemplo, ha bajado de 80 a 70 por ciento), lo cual introduce una distorsión en la medición, porque no se está calculando un índice de precios sino un índice de costos de las Isapres, cuestión que deberá tener en cuenta el panel de expertos. En segundo lugar, se encomienda al INE calcular un índice de las variaciones de la frecuencia de uso de las prestaciones, para lo cual existen dos opciones: registrar en forma agregada las variaciones en las cantidades de prestaciones utilizadas por todos los beneficiarios del sistema de Isapres (ejemplo, cuántas apendicetomías se realizaron en determinado período), manteniendo constantes sus precios; o bien, considerar las variaciones en las cantidades de prestaciones utilizadas en forma desagregada por los afiliados según grupo etario, sexo, etcétera. Finalmente, se pide al INE calcular un indicador de la variación del gasto en subsidios por incapacidad laboral de los usuarios de las Isapres, que se debería construir agregando los valores de los subsidios por incapacidad laboral curativa pagados por las Isapres a sus afiliados en cada uno de los períodos, para luego calcular su variación. Este indicador ya existe y lo calcula actualmente la Superintendencia de Salud, por lo que el expositor supone que la tarea del INE será recalcularlo o aportarle una calidad estadística apropiada. Explicó el señor Labbé que, para la construcción de estos indicadores, se dispone hoy de las bases de datos (Archivo Maestro de Prestaciones y Archivo Maestro de Subsidios por Incapacidad Laboral), que la Superintendencia de Salud recibe mensual y trimestralmente, según los casos, de parte de las Isapres. Estas bases de datos contienen información sobre las prestaciones utilizadas por los beneficiarios, las facturaciones, bonificaciones y copagos asociados a cada prestación y una detallada caracterización de cada prestación. El INE, por su parte, debería tomar la información de la Superintendencia y validar la calidad y completitud de los datos, porque hay antecedentes de que muchas veces por problemas de costos ésta no es la más apropiada. Por otra parte, para la construcción de estos indicadores se requiere una serie de estudios (precio de convenios GES y Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas, no reportados en el Archivo Maestro de Prestaciones; prestaciones de baja frecuencia, que desaparecen en uno o más periodos; análisis de calidad y variedades, entre otros). Mención especial merece la armonización de prestaciones no incluidas en el Arancel Fonasa, que no están ordenadas, por lo que resulta necesario darles una nomenclatura y clasificarlas. Dentro de las etapas de ejecución de este proyecto, además de las de diseño de los índices, destacan la evaluación de la información disponible en la Superintendencia de Salud y la verificación en terreno de aquellos datos que resulten anómalos, lo cual es clave porque el INE es la institución que entrega las estadísticas oficiales del país. La realización del proyecto en su fase de estudio e implementación es de aproximadamente ocho meses, sin considerar la validación de los datos, las pruebas del instrumento en terreno y su calibración empírica, lo cual tomaría otros cuatro meses a lo menos. Esto quiere decir que, si se quiere hacer algo serio, el tiempo disponible es escaso. El costo del proyecto, en tanto, es de poco más de 124 millones de pesos al año. Finalmente, el señor Labbé manifestó dudas en torno a si estos indicadores constituyen el instrumento más apropiado para medir el problema que se quiere resolver, o si lo que se pretende realmente es elaborar un indicador de costos de las prestaciones de salud, que implica un trabajo mucho más extenso, similar a la construcción del IPC, que refleje el cambio de precios de una operación quirúrgica o procedimiento clínico cualquiera. Intervinieron sucesivamente a continuación los Diputados señores Jaramillo, Auth, Robles, Lorenzini, Montes y Santana, quienes, en lo medular, abogaron por asignar más recursos humanos y financieros al INE para que pueda construir un verdadero IPC de la Salud, que refleje el costo efectivo de las prestaciones y que sirva para determinar el precio de los planes que ofrecen las Isapres a sus afiliados, pero sobre todo para asignar a los prestadores del sector público presupuestos adecuados que les permitan mejorar la calidad de la atención a sus usuarios. El Director Nacional del INE respondió a las consultas e inquietudes de los Diputados miembros de la Comisión señalando que el gasto que irroga al INE la construcción de los indicadores que se le encomiendan es pequeño, porque se supone que los datos entregados por las Isapres a la Superintendencia de Salud debieran ser más o menos confiables, dado que aquéllas tienen la obligación de entregarle información completa al ente fiscalizador, lo cual es sin perjuicio de que el INE deba validar la calidad y completitud de la misma. Por ello, y por la urgencia que existe de contar con estos indicadores a la brevedad, la ejecución del proyecto debiera demorar menos de un año. Insistió, por último, en que lo que se pide al INE no es calcular un IPC de la Salud, sino un índice referencial de lo que las Isapres pagan a los prestadores por cada procedimiento clínico. En tal sentido, si las Isapres en algunas regiones compran servicios a los establecimientos públicos, el costo de las prestaciones para éstos estará incorporado en el índice que se construya con la información proporcionada por las aseguradoras. La Comisión de Salud dispuso en su informe que el proyecto no tenía artículos de competencia de la Comisión de Hacienda. No obstante, por acuerdo de sesión de Sala, de fecha 3 de mayo de 2011, se remitió el proyecto a esta Comisión, la cual consideró necesario pronunciarse sobre todo el articulado atendidos los argumentos entregados por los invitados en el sentido de que los recursos que reciben las Isapres pertenecen a la seguridad social y que, si sus afiliados emigraran al Fonasa o viceversa, se alterarían los costos del sistema de salud para el Estado. En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente: Puesto en votación particular el articulado del proyecto propuesto por la Comisión de Salud, en una sola votación y sin debate, fue aprobado por 7 votos a favor, de los Diputados señores Godoy, Macaya, Marinovic, Recondo, Santana, Silva y Von Mühlenbrock; y 6 votos en contra, de los Diputados señores Auth, Jaramillo, Lorenzini, Montes, Ortiz y Robles. Tratado y acordado en sesiones de fechas 17, 18 y 31 de mayo, y 1 de junio de 2011, con la asistencia de los Diputados señores Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín (Presidente); Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos (Zalaquett, doña Mónica); Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y Von Mühlenbrock, don Gastón, según consta en las actas respectivas. También asistió el Diputado señor Núñez, don Marco Antonio. Sala de la Comisión, a 7 de junio de 2011.(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión.”2. Moción de la diputada señora Pacheco, doña Clemira, y de los diputados señores Araya, De Urresti, Díaz, Rincón y Schilling.Modifica la ley N° 18.700, facilitando la votación de los ciudadanos que se encuentren temporalmente lejos del lugar en que están inscritos en los registros electorales. (boletín N° 7710-06)“Vistos. Lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 13°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° y 63° numeral 1) de la Constitución Política de la República y en la Ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios.Considerando.1. Que el principal rito democrático consiste en la elección de las autoridades mediante el sufragio popular, acto que constituye el ejercicio de la soberanía y la manifestación tangible de que ella reside en la Nación. 2. Que con el objeto de dotar a este proceso de la transparencia y seriedad que garantice la corrección de los procedimientos y fidelidad de los resultados, se ha previsto una cuidadosa institucionalidad y regulación.Los principales textos legales, en esta materia, lo constituyen la ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios; la Ley 18.556, sobre Inscripciones Electorales y Servicio Electoral y la ley 18.460 sobre Tribunal Calificador de Elecciones.3. Que nuestro país mantiene un sistema tradicional para el ejercicio del derecho a sufragio, basado en la concurrencia personal del elector a las mesas receptoras y en el uso del formato papel para expresar las preferencias.4. Que ello implica, asimismo, la existencia de un único lugar donde el ciudadano puede ejercer su derecho, aquél donde se halla inscrito, siendo la ausencia de éste a una distancia superior a los 200 kilómetros una excusa legal para abstenerse de votar. No existe, entre nosotros, el voto por correspondencia que permita sufragar desde un lugar remoto.5. Que en tanto se adopten !as medidas tendientes a avanzar hacia mecanismos más modernos de sufragio que permitan ejercer el derecho a distancia, como la votación electrónica, resulta conveniente promover la máxima participación de los ciudadanos posibilitando que, cumpliendo algunas formalidades, pueda votarse en el lugar en que el elector se encuentra.6. Que para ello venimos en proponer para las elecciones presidenciales un sistema de Mesas Adicionales, las que serán habilitadas en al menos un recinto por comuna con el objeto de recibir el sufragio de los ciudadanos que se presenten a ejercer su derecho con su cédula de identidad, sin estar inscritos en ese lugar, pero cumpliendo los trámites habilitantes previos.Que con el objeto de evitar fraudes el uso de esta alternativa requerirá dos salvaguardas. Por una parte, se obliga al elector a dirigir una comunicación al Servicio Electoral que deberá ser autorizada ante notario u oficial de Registro Civil Por otra, se le impone la exigencia de comprobar su identidad ante el experto de identificación del recinto el día de la votación.Asimismo, se incorpora con delito electoral el uso anómalo de esta posibilidad, cambiando de sede electoral a ciudadanos que no lo deseen.Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:PROYECTO DE LEYArtículo 1°.- Modifíquese la Ley 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, del modo que sigue1.- Incorpórese los siguientes incisos finales al artículo 370:“Asimismo, para las elecciones presidenciales, se dispondrá en cada comuna del país una o más Mesas Receptoras destinadas a recibir la votación de aquéllos ciudadanos que se encuentren a más de doscientos kilómetros del lugar en que están inscritos y que, aún así, quisieran ejercer su derecho.Para ello, los electores que prevean que en la fecha de la votación no se encontrarán en el lugar donde les corresponde ejercer su derecho deberán hacer llegar al Servicio Electoral, a lo menos, con 30 días de antelación, un declaración jurada realizada ante Notario u Oficial del Registro Civil, que contenga su identificación y señale su actual inscripción electoral y el lugar en que pretenden sufragar.Dicho documento será irrevocable respecto de la elección de que se trate. El elector que utilice este derecho deberá sufragar en el mismo lugar tanto en la primera votación como en la segunda, si la hubiere.El Servicio Electoral confeccionará un listado por comuna de las personas que se encuentren en esta situación, el que servirá como registro temporal. Asimismo, deberá enviar oportunamente la información de cada caso para que sea considerada por la mesa receptora del registro en que elector se halle inscrito, según lo dispuesto en la parte final del artículo 68°.”2.- Agréguese en el Párrafo 8° del Libro I, el siguiente nuevo artículo 47 bis:“Artículo 47° bis.- Para proveer de vocales a las Mesas Receptoras que se dispongan para los sufragios de ciudadanos inscritos en lugares distantes a más de doscientos kilómetros, se seguirá el mismo procedimiento, pero podrá elegirse para ellas a personas inscritas en cualesquiera de los últimos registros existentes en la misma comuna, velando porque aquéllas sufraguen en el mismo local de votación.”3.- Incorpórese el siguiente artículo 63° bis: “Artículo 63° bis.- Los ciudadanos que se encuentren a más de doscientos kilómetros de su lugar de votación y que deseen ejercer su sufragio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37°, deberán presentarse inicialmente ante el Delegado de la Junta Electoral del recinto en que se haya habilitado las mesas especiales a que dicho precepto se refiere.Confirmada la circunstancia de encontrarse trasladada temporalmente la inscripción, el Delegado deberá solicitar al experto de identificación que certifique su identidad, tras lo cual quedará éste habilitado para sufragar en la o las mesas dispuestas.”4.- Agréguese en el inciso final del inciso segundo del artículo 68°, la siguiente parte final: “Asimismo, anotarán frente a los números correspondientes a los electores que hubieran expresado su intención de sufragar temporalmente en su actual lugar de residencia y que constaren en la nómina aportada por el Servicio, las palabras “otro lugar”.5.- Incorpórese, en el numeral 8) del artículo 136°, entre la expresión “amenazas” ya conjunción “o” que le sucede la frase “, cambiando temporalmente el lugar donde deba hacerlo”.Artículo 2°.- Las actuaciones notariales o del Servicio de Registro Civil a que hace referencia el artículo 37° de la Ley 18.700 estarán exentas de pago para los solicitantes.3. Moción de los diputados señores Sandoval, Alinco, Jiménez, Robles, Rojas, Saffirio, Teillier, Vilches, Von Mühlenbrock, y de la diputada señora Hoffmann, doña María José. Establece seguro escolar en salas cunas. (boletín N° 7711-13).“Los estudiantes del nivel parvulario, sin embargo, dentro de esta ampliación se excluyó a las salas cunas particulares empadronadas por la Junji, quedando este segmento completamente desprotegido.Dicha situación nos parece de suma gravedad y considerando, además, que nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del niño en el año 1990, y que ésta se rige por cuatro principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, su desarrollo y protección y que la Constitución Política de la República garantiza la igualdad ante la ley es que consideramos necesario mejorar las condiciones de seguridad de los niños y niñas que asisten as salas cunas particulares empadronadas por la Junji y que no tienen derecho a los beneficios del seguro escolar lo tenganEs por esto que proponemos el siguientePROYECTO DE LEYPara incorporar en la Ley N° 16.744 en el artículo primero inciso tercero después del punto final la siguiente frase:“Los niños y niñas que asistan a las salas cunas particulares empadronadas por la Junji estarán protegidos en los mismos términos señalados en este artículo”.4. Moción de los diputados señores Burgos, Chahín, Díaz, Harboe, Ortiz, Saffirio, Schilling, Vallespín, Venegas, y Walker. Aumenta penalidad de los delitos de uso y aprovechamiento de información privilegiada. (boletín N° 7712-07)“1. Fundamentos.- Como sostiene el prof. Bustos “los delitos socioeconómicos son delitos contra el funcionamiento del sistema, atendida la relevancia del problema económico en el funcionamiento del sistema que se puso de relieve a fines del siglo XIX, cuando se comprobó que la libertad económica provocaba graves disfunciones y crisis agudas en el sistema. De ahí la necesidad de que el Estado intervenga en materia económica para resolver estas disfunciones y asegurar en beneficio de todos un determinado equilibrio económico. El nuevo papel que asume el Estado da origen posteriormente a la concepción de una economía social de mercado, en la que manteniéndose la concepción de libertad económica, se produce una intervención en el mercado para mantener ese determinado equilibrio que impida un perjuicio socioeconómico a todos los miembros de la colectividad”1. Como contrapartida, en este ámbito de la criminalidad el derecho penal ha tardado en reaccionar frente a esta realidad, y sin duda “Los primeros análisis y el mayor desarrollo de esta materia, hasta ahora, provienen del campo criminológico”.La situación del derecho penal económico en nuestro sistema no es ajena a este planteamiento, históricamente es deficitaria al punto que no resulta exagerado, afirmar que se encuentra con varios vacíos legales2, asimismo tratándose de hechos relevantes y graves atentados al bien jurídico (orden socioeconómico), no se ha efectuado reforma legislativo alguno en las tradicionales formas de represión del patrimonio, ejemplo de lo anterior es que transcurridos más de dos décadas desde la crisis bancaria a comienzos de los años 80’, nunca se adoptaron medidas legislativas respecto estos graves hechos delictivos. Pese al fuerte componente simbólico de las pocas leyes penales en el orden socioeconómico, no ha existido un perfeccionamiento de la normativa y por el contrario un completo desinterés en la materia. De ahí que, no sin razón se plantea que el ámbito de la criminalidad económica se caracteriza por la “frecuente impunidad de las formas más gravosas de criminalidad económica3, sobre el particular al menos dos factores asoman como la explicación, por una parte el conocido ámbito de selectividad a nivel de criminalización secundaria y por otro ciertas dificultades técnicas en las normas incriminatorias que se traducen en insatisfactorios resultados prácticos e importantes problemas interpretativos.Un aspecto fundamental son los delitos de uso indebido y aprovechamiento de información privilegiada, previstos en los artículos 59 y 60 de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores, si bien en estas figuras se puede sostener al menos en términos teóricos que el objeto de tutela supone la confianza en el correcto funcionamiento del mercado de valores, desde el punto de la necesidad de la pena y la convicción del merecimiento de pena de estas importantes infracciones económicas, resulta necesario efectuar una adecuación de las figuras especialmente en relación con las escalas penales observadas en los modelos comparados, pues resulta plausible establecer una revisión de las penas comprendidas para tan graves y complejas figuras delictivas.2. Derecho comparado e Historia Legislativa. En la actualidad en Alemania, -país pionero en la legislación penal económica-, se entiende el Derecho penal económico en un sentido más amplio, como consecuencia del progreso del Derecho económico hacia una disciplina autónoma ampliamente separada del derecho administrativo: la defraudación fiscal y el fraude de subvenciones, los delitos de y contra las instituciones bancarias y los seguros privados así como los delitos contra la seguridad social son considerados como delitos económicos, así como también la quiebra fraudulenta, falsificación de balances, la adulteración alimentos y vino, la competencia desleal y contravenciones en el comercio exterior como, por ejemplo, las infracciones de las órdenes de embargo para exportar armas a zonas de crisis4. En Suiza -de gran interés como plaza financiera-, el art. 161 del Código Penal dispone el castigo del uso de la información confidencial con pena de un año de detención y fuertes multas.En España, a partir de la codificación en 1995 -donde se plantea que el bien jurídico protegido es el funcionamiento del mercado de valores, se exige que la conducta delictiva haya influido o por lo menos haya podido influir de manera apreciable sobre la cotización de los valores. Así el art. 285 castiga con una pena de cuatro a seis años, lo que usualmente se denomina abuso de información privilegiada (o reservada) en el mercado de valores. La inclusión de esta figura delictiva, atiende a la publicación de la Directiva de la CEE 89/592 y de la Ley española 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reformada esta última por la Ley 9/1991 y por la Ley 37/1998.En el Código Penal Peruano de 1991, se dispone en su artículo 251 A el castigo para el uso indebido de información privilegiada sancionándola con pena privativa de la libertad no menor de uno (1) ni mayor de cinco (5) años. Asimismo agrava la responsabilidad si el delito es cometido por un director, funcionario o empleado de una Bolsa de Valores, de un agente de intermediación, de las entidades supervisoras de los emisores, de las clasificadoras de riesgo, de las administradoras de fondos mutuos de inversión en valores, de las administradoras de fondos de inversión, de las administradoras de fondos de pensiones, así como de las empresas bancarias, financieras o de seguros, con una pena no inferior de cinco (5) ni mayor de siete (7) años.Desde la perspectiva histórica el delito ha sido objeto de al menos tres reformas sustantivas, siendo la última la introducida por la ley núm. 20.382. De lege ferenda el Anteproyecto de Código Penal (2005) establece tres hipótesis de información privilegiada, dentro del párrafo § 10. sobre delitos societarios y contra el Mercado de Valores, castiga al que en razón de su cargo o posición en una sociedad acceso a información privilegiada, efectúe, valiéndose de dicha información, cualquier tipo de transacción u operación de valores de oferta pública emitidas por la sociedad, sea en el mercado de valores o en negociaciones privadas, por sí o por intermedio de otras personas, también, sanciona al que, encontrándose en las situaciones descritas, con ánimo de lucro revele la información privilegiada o reservadas5.3. Ideas Matrices.- El presente proyecto busca establecer un aumento de la penalidad de los delitos de uso indebido y aprovechamiento de información privilegiada, atendido la necesidad de penar tales conductas, sobre la base de nuevos criterios que permiten aumentar la punición. Así, en una nueva norma sobre determinación de la pena se busca calificar aquellas conductas de alto impacto en la generalidad de las personas, como puede ser, tratándose de los ahorros previsionales de muchos ciudadanos, o aquellos casos en que es una práctica habitual de los agentes el uso y aprovechamiento de la información quebrantando los deberes que fija la ley de mercado de valores.Es sobre la base de estos antecedentes que venimos en proponer el siguiente:Proyecto de leyArt. Único.- Agréguese en el artículo 6o de la ley Núm. 18.045 sobre mercado de valores el siguiente inciso final:“Se aumentara la pena en un grado tratándose de las conductas descritas en la letra e) del art. 59 y de las letra d), e), g) y h) del inciso precedente cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 1ª Que los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas.2ª Que el beneficio obtenido sea de notoria importancia. 3ª Que se cause grave dado a los intereses generales.5. Moción de las diputadas señoras Pascal, doña Denise; Isasi, doña Marta, y Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Accorsi, Ascencio, Castro, Díaz, Jarpa, Schilling y Teillier. Prohíbe a los prestadores de salud negar o condicionar la atención de salud de las personas en base a sus antecedentes comerciales. (boletín N° 7713-11)I. FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS1. Uno de los derechos fundamentales consagrado en nuestro ordenamiento jurídico es el derecho a la protección de la salud, y se requiere un esfuerzo conjunto, de la sociedad toda, por asegurar su reconocimiento efectivo.2. En el año 2009, entró en vigencia la ley N° 20.394, que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo. Con esta normativa, se corrigió una grave práctica que tenía lugar en gran parte de los centros de salud principalmente privados, como era la de condicionar la atención médica a la entrega de un cheque en blanco, conocido como “cheque en garantía”, o bien de dinero en efectivo, lo que significaba un grave abuso que dejaba a muchos pacientes en el más absoluto desamparo.3. Además de ser dicha práctica éticamente cuestionable, era también contraria a la protección de la salud que consagra nuestra Constitución, razón por la cual la ley 20.394 hizo extensiva a todo tipo de prestaciones médicas (de urgencia y electivas) la prohibición de condicionar la atención de salud en el sentido antes indicado, pudiendo el usuario reclamar ante la Superintendencia de Salud toda vez que se sienta vulnerado en el sentido que la norma indica, y fijándose diversas sanciones según se trate de prestadores institucionales o individuales.4. No obstante existir esta norma, hoy somos testigos de cómo ciertos hospitales y clínicas especialmente privadas están utilizando otra práctica igualmente cuestionable y poco ética, cual es negar o condicionar la atención de salud de las y personas en base a la información comercial que de ellas se consulte. Actualmente la superintendencia de Salud ha recibido más de 160 reclamos en contra de clínicas privadas en los últimos 16 meses, por la no atención de pacientes de urgencia por el solo hecho de encontrarse en Dicom.5. Siendo así, y para evitar esta mala práctica, los autores de este proyecto proponemos que, junto con la prohibición de condicionar la atención de salud al otorgamiento de un cheque en blanco o dinero en efectivo, prohibición que ya existe en nuestra legislación, también se prohíba y sancione el hecho de negar o condicionar la atención de salud de una persona debido a sus antecedentes comerciales, es decir, por el solo hecho de encontrarse registrado con morosidad en la bases de datos de Dicom.6. El propio Superintendente de Salud, Luis Romero, ha reconocido que se trata de una situación preocupante, ya que se utiliza un “predictor estadístico para rechazar la atención médica oportuna en un centro de salud, lo cual va en sentido contrario a lo que los legisladores han estado impulsando en estos últimos años, que es la facilitación del acceso en forma oportuna y expedita a !as atenciones de salud y, muy en especial, a los casos de urgencias vitales”. Es decir, en la práctica, la salud de las personas ha quedado supeditada a sus antecedentes comerciales.7. Sin embargo, y a pesar de que las autoridades de salud han reconocido la gravedad de esta situación, los centros médicos que han sido denunciados por distintos pacientes a lo largo del país (un hospital y cinco clínicas de Santiago y Concepción), han quedado sin sanción, ya que según la investigación del órgano fiscalizador, la Superintendencia de Salud, ninguno de los recintos involucrados negó la atención de urgencia vital, y por tanto no hubo infracción a la ley 20.394, además de no estar especificada claramente en la ley la conducta denunciada.8. Esto claramente nos indica que existe un vacío legal, ya que la ley no establece expresamente que el hecho de consultar los antecedentes comerciales de una persona y en virtud de ello negar la atención de salud, constituya igualmente una vulneración de su derecho a la atención oportuna de salud.9. Por eso se hace necesaria la modificación legal que se propone, siendo la Superintendencia de Salud quien se encargará de fiscalizar aquellos casos en que los prestadores de salud incurran en la conducta descrita en el párrafo anterior, los que estarán afectos a las mismas sanciones establecidas en el artículo 121 N° 11 del DFL N° 1 del Ministerio de Salud, que hoy se aplican en caso de exigir cheque en garantía o dinero en efectivo, es decir, multa de 10 a 1000 UTM, y otras sanciones específicas según el tipo de prestador que se trate (institucional o individual), y según se haya incurrido o no en reincidencia.II. IDEA MATRIZ DEL PROYECTOLa presente iniciativa legislativa tiene por objeto establecer para los prestadores de salud, sean institucionales o individuales, la prohibición de negar o condicionar la atención de salud de las personas afiliadas a Fonasa o isapre a la revisión o consulta de sus antecedentes comerciales, a fin de evitar una grave práctica de ciertos hospitales y clínicas a lo largo del país.Esta propuesta vendría a complementar la actual prohibición de condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques en garantía o dinero en efectivo, ya que según la propia autoridad fiscalizadora, es decir, la Superintendencia de Salud, los prestadores de salud denunciados por la conducta que este proyecto busca evitar, no habrían cometido ninguna contravención a la normativa vigente, por no estar contemplada expresamente como infracción en la ley el hecho de consultar o revisar los antecedentes comerciales de las personas, y en base a ello, negarles o condicionarles la atención de salud.Es sobre fa base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente:PROYECTO DE LEYArtículo Único: Modifíquese el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N°s 18.933 y 18.469, en la forma que sigue:a) En el artículo 141 bis, agregar un inciso final, del siguiente tenor: Se prohibe a los prestadores de salud negar o condicionar la atención a quienes la requieran, basados en la información que de las personas obtengan a través de un proceso de consulta o revisión de sus antecedentes comerciales, contenidas en cualquier tipo de base de datos.b) En el artículo 173 bis, agregar un inciso final, del siguiente tenor: Se prohíbe a los prestadores de salud negar o condicionar la atención a quienes la requieran, basados en la información que de las personas obtengan a través de un proceso de consulta o revisión de sus antecedentes comerciales, contenidas en cualquier tipo de base de datos”.6. Moción de los diputados señores Chahín, Araya, Lorenzini, Marinovic, Rincón, Saffirio, Vallespín, Walker, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina, y Sepúlveda, doña Alejandra.Modifica la ley N° 18.010, estableciendo una nueva forma de cálculo de la tasa de interés máximo convencional. (boletín N° 7714-05) “Vistos:Lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 20 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, y Considerando:1. Que, la Ley N° 18.010, sobre Normas de Operaciones de Crédito y Otras Obligaciones de Dinero, regula las operaciones en dinero que realiza el Sistema Bancario y Financiero en nuestro país. Como tal, referida norma en su Título 1 De las Operaciones de Crédito en Dinero, artículo 1°, señala que se entiende por dichas operaciones aquellas por las cuales una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención.De igual forma, mencionada normativa en su artículo 2°, precisa que en las operaciones de crédito de dinero no reajustables constituye interés toda suma que recibe o tiene derecho a recibir el acreedor, a cualquier título, por sobre el capital.Por su parte, a la luz del artículo 6° de referida ley N° 18.010, la tasa de interés cobrada en los créditos por parte de los Bancos y Sociedades Financieras, sería el interés máximo convencional, esto es, el interés que excede en no más del 50% del interés corriente, siendo este último el interés promedio cobrado por los bancos y las sociedades financieras establecidas en Chile en las operaciones que realicen en el país, con las excepciones que establece la propia ley, correspondiéndole a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras determinarla.2. Que, en este marco normativo, los actuales Bancos e Instituciones Financieras con operaciones en el país, registran históricamente enormes utilidades, asociadas principalmente a la alta tasa de interés que tales entidades cobran a los usuarios al momento de realizar operaciones de préstamo de dinero, especialmente en los productos denominados líneas de crédito y tarjetas de crédito. En esta operatoria, es preciso señalar que tales entidades, sin excepción y desde décadas, han generado un sistema de cobro de intereses al límite de lo que la ley les permite, esto es, cobrando en general la tasa de interés máximo convencional. De otra manera tales entidades a sabiendas cometerían el delito de usura prescrito en nuestro ordenamiento.Las enormes utilidades han sido obtenidas incluso en ciclos de crisis económicas, en que en general la actividad de las distintas áreas arroja pérdidas financieras, la industria bancaria y financiera -sobre la base de los préstamos en dinero- por el contrario es prácticamente el único sector con utilidades: así lo fue durante la Crisis Asiática, con cerca de un 20% de utilidades anuales.Efectivamente, al 1 de febrero del presente año 2011, las utilidades de los Bancos en Chile, para el cierre del año 2010, alcanzaron US$ 3.3000, registrando por tanto una utilidad record, según la prestigiosa Revista América Economía. En la misma línea y a partir de tales cifras, la Banca Chilena tuvo las mayores utilidades en todo el concierto de países Latinoamericanos, según informa Terra.3. Que, sin perjuicio que tales utilidades son hoy cobradas en el marco de la ley, es dable tener presente que la fuente normativa que lo permite data del año 1929 (corresponde hoy a la actual Ley N° 18.010), por lo que las condiciones de de la economía nacional, el mercado financiero y la realidad de los consumidores chilenos, entre otras consideraciones, ha cambiado significativamente, sin que por ello se haya siquiera reflexionado sobre las modificaciones que al respecto pudieran hacerse a tal normativa.Por otra parte, una de las variables más determinante para la evaluación de los préstamos en dinero que realizan los Bancos e Instituciones Financieras respecto de los clientes, está asociada al nivel de riesgo de los mismo, donde a mas alto nivel de riesgo, mayor es la tasa de interés a cobrar. Siendo ello lógico, existe evidencia que en los últimos años la banca chilena, pese a ir disminuyendo sus tasas de riesgo en las operaciones de crédito a personas y empresas pequeñas, ha ido aumentando las tasas de interés que cobra a los mismos.Por último, debe igualmente señalarse que en ciertos productos, sobre todo las tarjetas de créditos, las altísimas utilidades que obtienen los Bancos e Instituciones Financieras las logran sobre la base de cierto empobrecimiento de los sectores sociales más vulnerables, pues son las personas más pobres o las empresas pequeñas, las que deben recurrir a este tipo de productos, especialmente las tarjetas emitidas por la industria del Retail o denominada banca de segunda categoría.4. Que, se hace imprescindible revisar en especial la tasa de interés máximo convencional, que a nuestro juicio es la que permite las enormes utilidades de los Bancos e Instituciones Financieras, prácticamente a nivel de la usura, por lo que estimamos de alta conveniencia modificar la fórmula de cálculo que se emplea para ello.Al respecto, se propone el recálculo de la tasa de retorno exigida sobre los activos en función de la tasa libre de riesgo, el premio por riesgo del mercado y el riesgo propiamente tal, cuya fórmula desarrollada por los Premios Nobel de Economía de 1990, Markowitz y Sharpe, es la siguiente:/Aplicación actual de la fórmula:Rj =5% +(12% - 5%) * 3/En síntesis, no es posible continuar con la actual formulación de la tasa de interés máximo convencional como límite al cobro de los interés por el dinero que prestan los Bancos e Instituciones Financieras a las personas, por lo que los diputados y diputadas abajo firmantes, venimos en presentar el siguiente proyecto de ley que precisamente pretende una nueva fórmula de recálculo de dicha tasa, cuya fuente académica es la fórmula desarrollada por los economistas Markowitz y Sharpe y que les significó ganar el Premio Nobel de Economía el año 1990:PROYECTO DE LEYArtículo Único: Remplácese el actual inciso cuarto del artículo 6° de la Ley N° 18.010, sobre Operaciones de Crédito y Otras Obligaciones de Dinero, por el siguiente nuevo inciso cuarto:“Ya sea que se pacte tasa fija o variable, la tasa que se estipule al momento de la convención será la que resulte de la tasa de retomo exigida sobre los activos en función de la tasa libre de riesgo, el premio por riesgo del mercado y el riesgo, cuya fórmula es la siguiente:Rj =RF+(Rm-Rf)*Bj7. Oficio de la Excma. Corte Suprema“Oficio N° 94-2011.Informe proyecto de ley N° 23-2011.Antecedente: Boletín N° 7558-07Santiago, 8 de junio de 2011.Por Oficio N° 9391 de 24 de marzo último, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha requerido informe de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley que establece la obligación de los jueces de informar a la Excma. Corte Suprema, las irregularidades o notorias faltas de idoneidad profesional de abogados y notarios.Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 6 de junio en curso, presidida por su titular señor Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Araneda Briones, señores Carlos Künsemüller Loebenfelder y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Maria Maggi Ducommun, Rosa Egnern Saldías y María Eugenia Sandoval Gouét, acordó informarlo desfavorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación: “Santiago, siete de junio de dos mil once. Vistos y teniendo presente: Primero: Que por Oficio N° 9391 de 24 de marzo último, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados remitió a este Tribunal, para el informe que se refieren los inciso 2° y 3° del artículo 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley, iniciado por moción, que establece la obligación de los jueces de informar a la Corte Suprema las irregularidades o notorias faltas de idoneidad profesional de abogados y notarios, correspondiente al Boletín N° 7558-07. Segundo: Que el proyecto en análisis consta de un artículo único, cuyo tenor es el siguiente: Artículo único: agréguese un nuevo artículo 543 bis en el párrafo 1. Del Título XVI del Código Orgánico de Tribunales: artículo 523 bis. Los jueces que, dentro de la sala de su despacho y mientras ejercen sus funciones de tales, conozcan de irregularidades cometidas por abogados en el ejewicio de la litigación o una notoria falta de idoneidad profesional por parte del mismo, deberán, a través de un oficio, informadas al secretario de la Corte Suprema, para que éste dé cuenta del ellas al Pleno del máximo tribunal, quienes podrán ejercer las facultades disciplinarias que le otorga la ley, con el objeto de sancionar a los abogados involucrados. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el secretario de la Corte Suprema podrá remitir dichos antecedentes a la casa de estudios de la cual egresó el abogado sancionado, para que ésta se haga parte del asunto y tome las medidas pertinentes, que tengan por objeto corregir la conducta o idoneidad del profesional involucrado”. Tercero: Que, corno primera cuestión, cabe hacer presente una deficiencia formal que se observa en el texto remitido. En efecto, en el preámbulo de la disposición que se propone incorporar se enuncia un nuevo “artículo 543 bis en el párrafo 1. del Titulo XVI del Código Orgánico de Tribunales” y, enseguida, en el contenido del nuevo precepto se le signa como “523 bis”. Por la naturaleza de la materia que se pretende regular y atendida la clara alusión al párrafo 1. del Título XVI del cuerpo legal citado, es claro que el precepto corresponde sea el artículo 543 bis. Cuarto: Que, sin perjuicio de lo anterior y no obstante los motivos invocados para proponer el proyecto, en lo que apunta al fondo de la iniciativa esta Corte Suprema no divisa su utilidad o justificación, por cuanto la actual normativa contempla las medidas que los tribunales de todo orden pueden adoptar para reprimir y castigar las faltas en que incurran no sólo los abogados, sino también los auxiliares de la administración de justicia, los litigantes y el público en general, precisamente en el Titulo XV1 del Código Orgánico de Tribunales, denominado por el legislador “De la Jurisdicción Disciplinaria y de la Inspección y Vigilancia de los Servicios Judiciales”, especificamente, respecto de los abogados, en los artículos 530, 531 y 542. Asimismo, la actual legislación ha señalado los derroteros a seguir en el evento que la defensa de los intereses de las partes o intervinientes en el proceso, por parte de los abogados, no se ajuste a estándares mínimos de calidad, de acuerdo a la normativa prevista en la parte final del inciso cuarto del N° 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con la disposición Vigésima Transitoria, y sin perjuicio de encontrarse actualmente pendiente en el Congreso Nacional el proyecto correspondiente al Boletín N° 6562-07, informado por esta Corte Suprema por Oficio N° 189 de 28 de julio de 2009. Adicionalmente, la exigencia impuesta a los jueces en orden a oficiar a la Corte Suprema en el evento de constatar irregularidades cometidas por abogados en el ejercicio de la litigación o una notoria falta de idoneidad profesional, importaría desconocer las atribuciones que el propio ordenamiento les confiere en la dirección de las audiencias. Finalmente, la facultad que se confiere a quien desempeñe el cargo de Secretario de la Corte Suprema, relativa a remitir dichos antecedentes a la casa de estudios de la cual egresó el abogado sancionado, para que ésta se haga parte del asunto y tome las medidas pertinentes que tengan por objeto corregir la conducta o idoneidad del profesional involucrado, se estima improcedente. Por estas consideraciones y con arreglo, además, a lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se acuerda informar desfavorablemente el aludido proyecto de ley. Ofíciese. PL-23-2011.” Saluda atentamente a V.E. (Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA, Presidente; RUBY VANESSA SÁEZ LANDAUR, Secretaria SubroganteAL SEÑOR DIPUTADOPATRICIO MELERO ABAROAPRESIDENTEH. CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO”8. Oficio de la Excma. Corte Suprema.“Oficio N° 95-2011 Informe proyecto de ley N° 26-2011 Antecedente: Boletín N° 7616-06. Santiago, 8 de junio de 2011.Por oficio N° 9445 de 3 de mayo último, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, ha requerido informe de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley sobre probidad en la función pública.Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 6 de junio en curso, presidida por su titular señor Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Arenada Briones, señores Carlos Künsemüller Loebenfelder y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Maria Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldias y Maria Eugenia Sandoval Gouét, acordó informarlo al tenor de la resolución que se transcribe a continuación: “Santiago, siete de junio de dos mil once. Vistos y teniendo presente: Primero: Que por Oficio N° 9445 de 3 de mayo último, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados remitió a esta Corte Suprema el proyecto de ley sobre probidad en la función pública, iniciado por mensaje del Poder Ejecutivo, para el informe de rigor, conforme a lo establecido en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. El proyecto persigue reunir en una regulación única las declaraciones de intereses y patrimonio, a que, respectivamente, se refieren la Ley N° 19.653 de 1999 y la Ley N° 20.008 de 2006, incorporadas a nuestro sistema normativo como uno de los instrumentos llamados a plasmar el principio de probidad, consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política; actualizándolas y estableciendo nuevas obligaciones para las autoridades y funcionarios obligados a ellas y extendiéndolas a otros personeros a quienes, por ahora, no afectan, como los miembros del Consejo para la Transparencia, los Defensores Locales, los Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública y los miembros del Tribunal para la Contratación Pública. Segundo: Que el proyecto consta de un artículo único permanente y dos transitorios. El artículo único aprueba una Ley de Probidad en la Función Pública, el artÍculo primero transitorio se refiere a la obligación de dictar el reglamento de la ley y establece la fecha de entrada en vigencia de ésta y el artículo segundo transitorio establece que las autoridades obligadas en virtud de la ley deberán adecuar su situación a lo que ella establece, dentro del plazo de cuatro meses desde su entrada en vigencia.La iniciativa legal, para adecuar la legislación vigente sobre declaración de interés y patrimonio, modifica diversos cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico de Tribunales. Tercero: Que en el marco constitucional y legal a que debe constreñirse este informe, corresponde examinar las disposiciones contenidas en los artículos 14, 17, 38, 62, 63 y 66 N°3 del proyecto, por incidir en materias relacionadas con la organización y atribuciones de los tribunales. Se analizará, en primer término, separadamente, el contenido de los artículos 17, 38 y 66 N° 3; y, por último, el de los artículos 14, 62 y 63, que abordan temas vinculados a procedimientos contencioso-administrativos. Cuarto: Que de acuerdo al artículo 17 del Articulo Único, “los miembros del escalafón primario y los de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, a que se refieren los artículos 267 y 269 del Código Orgánico de Tribunales, respectivamente, deberán dentro del plazo de sesenta días desde que hubieren asumido el cargo, efectuar una declaración jurada de intereses y patrimonio ante un notario de la ciudad donde ejerzan su ministerio, ante el oficial del Registro Civil en aquellas comunas en que no hubiere notario. La declaración de intereses y patrimonio a que se refiere este artículo deberá efectuarse en los términos estipulados en los artículos 5°, 7° y 8° de esta ley. El original de la declaración será protocolizado en la misma notaría donde fue prestada o en una notaría con jurisdicción en el territorio del tribunal a que pertenezca el declarante, y se remitirá copia de la protocolización a la secretaría de la Corte Suprema y de la respectiva Corte de Apelaciones, donde se mantendrá para su consulta pública. Cualquier persona podrá obtener copia del instrumento protocolizado. Sin perjuicio de lo referido en el artículo 5° de esta ley, la declaración deberá ser actualizada dentro de los sesenta días desde que el funcionario fuere nombrado en un nuevo cargo o dentro de los sesenta días siguientes al cumplimiento del próximo cuatrienio, si no se hubiere efectuado un nuevo nombran ciento. Si el declarante no efectúa de manera oportuna, la efectúa de manera incompleta o no actualiza dentro de plazo la declaración de intereses y patrimonio, será apercibido para que lo efectúe dentro del plazo de 10 días, y en caso de incumplimiento, será sancionado con multa a beneficio fiscal de diez a treinta unidades tributarias mensuales, en la forma que establece el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, según corresponda. Dicha multa se reiterará por cada mes adicional de retardo. La omisión inexcusable o inclusión inexacta de información requerida por la ley y su reglamento en la declaración de intereses y patrimonio, se sancionará con multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales, de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. Las disposiciones contenidas en los incisos precedentes, serán aplicables a los jueces de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, regulados por la ley N° 20.322 que Fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera”. Este artículo regula íntegramente la declaración de intereses y patrimonio de los miembros del escalafón primario y de los de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, que actualmente se contienen en forma separada en los artículos 323 bis y 323 A del Código Orgánico de Tribunales; afectando, además, con tal obligación a los jueces de los tribunales tributarios y aduaneros. Consecuente con lo anterior, el NI° 3 del artículo 66 del Articulo Único deroga estos dos últimos dos preceptos. Por su parte, el artículo 38 del Articulo Único prescribe que “las personas que tengan pretensiones judiciales contra el mandante e intenten hacerlas efectivas sobre la parte del patrimonio constituida en Mandato General, deberán notificar sus acciones personalmente al Mandatario, el cual tendrá, para estos efectos, poder suficiente para actuar en representación del mandante en autos. El Mandatario podrá delegar la representación del mandante, dando aviso a éste. Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario deberá informar, dentro de tercer día, tanto al mandante como a la Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, del hecho de habérsele notificado una acción en su contra y la cuantía de dicha pretensión judicial. En el caso de la comunicación a la Superintendencia respectiva, se acompañará, además, copia de la resolución notificada y la diligencia sobre la que hubiese recaído. Las acciones judiciales reguladas en la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia y aquellas de naturaleza penal que se pretendan hacer efectivas sobre la parte del patrimonio constituida en Mandato General, deberán notificarse tanto al mandante como al mandatario, conforme a las reglas generales de dichos procedimientos. En estos casos, el Mandatario asumirá la representación del mandante en autos, sin perjuicio de lo cual aquél y el mandarle, de común acuerdo, podrán nombrar mandatario judicial a un tercero. Para los efectos de este artículo, la delegación de facultades del Mandatario a un tercero para representar judicialmente al mandante no implica su renuncia a dicho poder”. La norma en análisis establece que las acciones judiciales dirigidas contra el mandante, que se intenten sobre la parte de su patrimonio constituido en Mandato General, deberán notificarse personalmente al mandatario y aquellas reguladas en la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia y las de naturaleza penal enderezadas con la señalada finalidad, deben notificarse tanto al mandante como al mandatario. Quinto: Que, por otra parte, el artículo 14 del Artículo Único señala que “las sanciones contempladas en los artículos 10, 11 y 13 serán reclamables para ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quinto día de notificada la resolución que las aplique. La reclamación deberá ser fundada y acompañar los documentos probatorios en que se base. La Corte resolverá una vez oídos los alegatos de las partes y previo informe de la Contraloría General. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la audiencia previamente referida, la Corte de Apelaciones dictará su resolución, la que no será susceptible de recurso alguno”. El precepto consagra un procedimiento contencioso administrativo sobre reclamación de las sanciones previstas en los artículos 10, 11 y 13 del proyecto. La primera de estas normas contempla sanciones por no realizar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio o efectuada de manera incompleta, las que son aplicadas por la Contraloría General de la República y se traducen en una multa a beneficio fiscal de 10 a 30 unidades tributarias mensuales, que se reiterará por cada mes adicional de retardo. Si el incumplimiento se mantiene por más de cuatro meses, se aplicará, además, la medida de suspensión sin goce de remuneraciones o, tratándose de la declaración por cese en el cargo, la de inhabilidad, especial temporal de 61 días a 3 años para ejercer cualquier cargo o emplea público sea o no de elección popular. El artículo 11, a su vez, sanciona también con multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales la omisión inexcusable o inclusión inexacta de la información requerida por la ley y su reglamento en la declaración de intereses y patrimonio. El artículo 13, en fin, establece la misma sanción pecuniaria para los alcaldes y concejales que no efectúen o actualicen sus declaraciones de intereses y patrimonios en la forma y plazos establecidos en la ley y su reglamento. El artículo 62 del Artículo Único establece que Vas multas que la presente ley establece para las personas jurídicas que se desempeñen como Mandatarios serán aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda. La Superintendencia respectiva podrá imponer las sanciones a la sociedad, directores, gerentes, dependientes o inspectores de cuentas o liquidadores. Los procedimientos sancionatorios que la Superintendencia de Valores y Seguros inicie se regirán por lo dispuesto en el Título III del decreto ley N° 3.538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros. Por su parte, los procedimientos que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras inicie se regirán por lo dispuesto en el párrafo 3 del Título 1 de la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido, sistematizado y concordado fue fijado por medio del Decreto con fuerza de Ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda. Las sanciones establecidas en la presente ley para las autoridades señaladas en este título, serán aplicadas por la Contraloría General de la República, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 10.336 sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. En todo lo no regulado expresamente, se aplicarán de forma supletoria las normas contempladas en la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado”. Este precepto faculta a las Superintendencia de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras para imponer las multas que se prevén en el proyecto a las personas jurídicas que se desempeñen como mandatarios, de acuerdo a los procedimientos sancionatorios establecidos en el Titulo III del Decreto Ley N° 3538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros y en el párrafo 3° del Título I de la Ley General de Bancos, respectivamente. El procedimiento sancionatorio previsto en el Titulo III del D.L. 3538 contempla una reclamación ante “el juez de letras en lo civil que corresponda” (artículo 30) y la posibilidad de demandar ejecutivamente al infractor ante el “juzgado de letras de turno en lo civil de Santiago (artículo 31). A su turno, el procedimiento sancionatorio establecido en el párrafo 3° del Título I de la Ley General de Bancos prevé también una reclamación ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio de la empresa, salvo que ella tenga oficina en Santiago, caso en el cual, será competente la Corte de Apelaciones de Santiago (artículo 22).-o- Finalmente, el artículo 63 del Artículo Único prescribe que “las sanciones contempladas en este párrafo, serán reclamables ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro de quinto día de notificada la resolución que las aplique. La reclamación deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y acompañar los documentos o antecedentes probatorios en que se base. La Corte de Apelaciones resolverá en cuenta, previo informe del afectado, dentro de los seis días hábiles siguientes de recibidos por la secretaría del tribunal los antecedentes o aquellos otros que mande agregar de oficio. La resolución de la Corle de Apelaciones no será susceptible de recurso alguno”. Este precepto instituye un nuevo procedimiento contencioso administrativo de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la aplicación de las sanciones contempladas en el capitulo -erróneamente dice “párrafo”- 3° de su Titulo Hl, que se refiere a las medidas de esa naturaleza relacionadas con el llamado Mandato de Administración Discrecional de Cartera de Valores (artículos 59 a 61). Sexto: Que según se dejó expresado al analizarse el contenido del artículo 17 del proyecto, en éste se unifica la normativa concerniente a las declaraciones de intereses y patrimonio de los miembros del escalafón primario y de la segunda serie del escalafón secundario del Poder Judicial, actualmente plasmada en los artículos 323 bis y 323 bis A del Código Orgánico de Tribunales -normas que el artículo 66 N° 3 del proyecto expresamente deroga-; y se incorporan, como afectos a la obligación de formular tales declaraciones, a los jueces de los tribunales tributarios y aduaneros. Esta Corte Suprema considera sobre este punto que no existen razones suficientes que justifiquen sustraer de la regulación contenida en el Código Orgánico de Tribunales, las reglas relativas a las declaraciones de intereses y patrimonio previstas en los artículos 323 bis y 323 bis A, puesto que es este el cuerpo normativo que se encarga de regular todas aquellas cuestiones relacionadas con la organización y atribuciones de los tribunales y los deberes y obligaciones de los funcionarios que laboran en ellos, de manera tal que manifiesta su parecer desfavorable. Por otra parte, el artículo 38 del proyecto, en cuanto determina a las personas a quienes debe practicarse las notificaciones de determinadas acciones judiciales que se ejerzan con relación al patrimonio constituido en mandato por ciertas autoridades señaladas en otras disposiciones del proyecto, en cambio, amerita un informe favorable. Séptimo: Que en lo que dice relación con las normas del proyecto que entregan competencia a las Cortes de Apelaciones para conocer de los reclamos en contra de las resoluciones que impongan sanciones en el contexto de la iniciativa legal que se informa, es menester insistir una vez más en el criterio de esta Corte Suprema, expuesto a propósito de otros proyectos que instituyen procedimientos de la misma naturaleza, acerca de la conveniencia que las reclamaciones de los afectados sean conocidas en primera instancia por un juez de letras en lo civil. Para el caso de no innovar el proyecto en el sentido allí postulado, se considera conveniente uniformar los procedimientos establecidos en los artículos 14 y 63, desde que, mientras el primero dispone que “la Corte resolverá una vez oídos los alegatos de las partes”, el segundo prescribe que “la Corte de Apelaciones resolverá en cuenta”. Estima preferible esta Corte Suprema que ambas reclamaciones sean conocidas “en cuenta”, a menos que cualquiera de las partes, en un momento procesal que se determine, solicite alegatos, caso en el cual, se ordenará traer los autos en relación. Por último, en concepto del Tribunal Pleno resulta oportuno y necesario reiterar su parecer en orden a la necesidad de instituir dentro de nuestro ordenamiento los tribunales contencioso-administrativos, dada la proliferación inorgánicamente distribuida en diversos cuerpos legales al momento existente en materia de procedimientos de la naturaleza señalada, que queden sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. Por estas consideraciones y con arreglo, además, a lo dispuesto en las normas citadas, se acuerda informar el aludido proyecto de ley, en los términos anotados precedentemente. Acordada, en la parte que dispone informar desfavorablemente las disposiciones contenidas en los artículos 17 y 60 N° 3 del Articulo Único del proyecto, contra el voto del Presidente señor Juica y de los Ministros señores Oyarzún, señora Pérez, señora Araneda y señora Sandoval, quienes fueron de parecer de emitir un informe favorable a su respecto, atendida la función racionalizadora de las cargas que se establecen vinculadas a la probidad ministerial de los miembros del Poder Judicial, sugiriendo incluir, en todo caso, a los miembros de todos los tribunales que ejerzan jurisdicción y que dependan de la Corte Suprema. Ofíciese. PL-26-2011.”Saluda atentamente a V.E. (Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA, Presidente; RUBY VANESSA SÁEZ LANDAUR, Secretaria SubroganteAL SEÑOR DIPUTADOPATRICIO MELERO ABAROAPRESIDENTEH. CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAISO”9. Oficio de la Excma. Corte Suprema.“Oficio N° 96-2011Informe proyecto de ley N° 27-2011Antecedente: Boletín N° 7626-18Santiago, 8 de junio de 2011.Por Oficio N° 9458 de 10 de mayo último, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados, en virtud de lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha requerido informe de esta Corte Suprema respecto del proyecto de ley que establece competencia de Tribunales de Familia en las materias que indica.Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto en sesión del día 6 de junio en curso, presidida por su titular señor Milton Juica Arancibia y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Rubén Ballesteros Cárcamo, Hugo Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño Seaman, señoras Gabriela Pérez Paredes y Sonia Araneda Briones, señores Carlos Künsemüller Loebenfelder y Guillermo Silva Gundelach, señoras Rosa Maria Maggi Ducommun, Rosa Egnem Saldias y Maria Eugenia Sandoval Goliét, acordó informarlo desfavorablemente al tenor de la resolución que se transcribe a continuación: “Santiago, siete de junio de dos mil once. Vistos y teniendo presente: Primero: Que por Oficio N° 9458 de 10 de mayo último, el señor Presidente de la H. Cámara de Diputados ha solicitado informe a esta Corte Suprema, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, respecto del proyecto de ley contenido en el boletín N° 7626-18, relativo a la competencia territorial de los Tribunales de Familia para conocer de las demandas sobre cuidado personal, patria potestad, relación directa y regular y demás causas en que se vean involucrados menores de edad. La moción señala que al eliminarse los juzgados de menores, se derogó la norma que entregaba la competencia para conocer las causas relacionadas con niños, niñas o adolescentes, al tribunal correspondiente al domicilio del menor, específicamente en materia de tuición y visitas. Se agrega que al aplicar la regla general de competencia y deducirse la acción ante el juez del domicilio del demandado, se generaría mayores dificultades, gastos y desplazamientos, que podrían evitarse en resguardo del interés superior del niño. El proyecto, en sus fundamentos„ expresa: T..) Que en materia de adopción y de alimentos la regla de competencia es que será competente para conocer las demandas el Tribunal del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste, lo que parece ser una alternativa más adecuada con los intereses vertidos en cada caso particular, dando una regla general, pero aplicable de manera justa para todos (...)”. Segundo: Que el proyecto de ley consta de un artículo único, del siguiente tenor: “Artículo único: Modifíquese los siguientes cuerpos legales: 1.- Código Civil en su artículo 225 agregando un inciso 5° nuevo: “Las demandas de cuidado personal serán interpuestas ante el Tribunal de Familia del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste último.” 2.- Código Orgánico de Tribunales para agregar un artículo 147 bis nuevo: “Será Juez competente para conocer de las demandas de cuidado personal, patria potestad, y relación directa y regular, el del domicilio del demandado o demandante a elección de éste último.” 3.- Ley 19.968 sobre Tribunales de Familia en su artículo 8° para agregar un inciso 2° nuevo: “En las causas que se vean involucrados menores de edad, será competente para conocer de las demandas interpuestas, el Tribunal de Familia, correspondiente al domicilio del menor” Tercero: Que la Ley N° 19.968, en su artículo 8°, establece las materias de que corresponde conocer a los Tribunales de Familia, pero no contiene normas relativas a la competencia territorial de estos tribunales. Corresponde acudir, entonces, a las reglas generales contenidas en el artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, que es del siguiente tenor: “Articulo 134. En general, es juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado o interesado, sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos siguientes y de las demás excepciones legales”. En consecuencia, efectivamente, respecto de las demandas a que se refiere el proyecto, es decir, las relativas al ejercicio, suspensión y pérdida de la patria potestad, así como las relacionadas con el cuidado de cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes; y con la regulación del derecho de éstos a mantener con sus padres una relación directa y regular, el juez competente será que corresponda al domicilio del demandado. Ahora bien, la Ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, mantiene esta regla general al establecer, en su artículo 87: “Será competente para conocer de las acciones de separación, nulidad o divorcio, el juzgado con competencia en materias de familia, del domicilio del demandado”. En materia de alimentos, por su parte, rigen las reglas especiales contenidas en los artículos 147 del Código citado y 1° de la Ley N° 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. El artículo 147 dispone lo siguiente: “Será juez competente para conocer de las demandas de alimentos el del domicilio del alimentante o alimentario, a elección de este último. “De las solicitudes de cese, aumento o rebaja de la pensión decretada, conocerá el juez que decretó la pensión.” Y el artículo 1° de la Ley N° 14.908, modificado por la ley N° 20.152, de 9 de enero de 2007, en sus tres primeros incisos, agrega: “De los juicios de alimentos, conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último. Estos juicios se tramitarán conforme a la ley N° 19.968, con las modificaciones establecidas en este cuerpo legal. Será competente para conocer de las demandas de aumento de la pensión alimenticia el mismo tribunal que decretó la pensión o el del nuevo domicilio del alimentario, a elección de éste. De las demandas de rebaja o cese de la pensión conocerá el tribunal del domicilio del alimentario”. En la ley N° 19.620 sobre adopción, se contempla también una norma especial, contenida en los artículos 18 y 23 que entregan la competencia al juez del domicilio o residencia del niño, niña o adolecente. El artículo 18, refiriéndose a los procedimientos previos a la adopción, dispone lo siguiente: “Conocerá de los procedimientos a que se refiere este Titulo y el Título ill, el juez de letras, con competencia en materias de familia, del domicilio o residencia del menor. Se entenderá por domicilio del menor el correspondiente a la respectiva institución, si se encontrare bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores o de un organismo acreditado ante éste. El tribunal ante el cual se hubiere incoado algunos de los procedimientos a que se refiere el presente artículo, será competente para conocer de las medidas de protección que se soliciten respecto del mismo menor. En su caso, si hubiese procesos de protección incoados relativos al menor, el juez ordenará acumularlos al de susceptibilidad o adopción, sin perjuicio de tener a la vista los antecedentes de los procesos terminados en relación al mismo.” Por su parte, el artículo 23 de la ley 19.620, en su inciso primero señala: “Será competente para conocer de la adopción el juez de letras, con competencia en materias de familia, del domicilio del menor” Cuarto: Que sin perjuicio de las reglas expresadas, cabe hacer presente que en los juicios de familia rige el principio de acumulación necesaria, previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.968, conforme al cual los jueces deben conocer conjuntamente los distintos asuntos que se sometan a su consideración, regla que en algunos casos -entre los que se cuentan los relacionados con el cuidado personal de los niños, niñas o adolescentes y de regulación del derecho de mantener con sus padres una relación directa y regular- rige siempre, aun cuando los asuntos no estén sometidos al mismo procedimiento. Quinto: Que la moción se propone facilitar la tramitación de las causas evitando mayores gastos y desplazamientos, en resguardo del interés superior de los niños y adolescentes involucrados. En ella se afirma, además, que muchas veces a uno de los progenitores, especialmente al padre que detenta de hecho la tuición, o a quien se le ha entregado el cuidado provisorio en caso de abandono de la madre, por ejemplo, le resulta dificil ubicarla para demandar el cuidado personal definitivo, si no tiene conocimiento de su paradero. No obstante, la competencia alternativa que se propone en el proyecto estima esta Corte Suprema no parece solucionar esos problemas, sino sólo facilita al demandante el ejercicio de su acción, en perjuicio de la parte demandada, que seria emplazada por el tribunal del domicilio del actor, aunque viva en una región distante. En efecto, si lo que se trata de evitar es el traslado de los niños, debiera más bien atenderse al domicilio de la persona que los tiene a su cargo, que en la mayoría de los casos será la madre, pues de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 225 del Código Civil “Si los padres viven separados, a la madre loca el cuidado personal de los hijos”. La moción, en los términos en que está formulada, muchas veces -atendida la edad del niño, niña o adolescente- significará que éste deba comparecer ante el juez de familia, lo que implicaría traslados y costos que alterarán la rutina normal del afectado, todo lo cual se aparta del objetivo que persigue la modificación que se postula. En este contexto, se considera más razonable mantener la competencia en la forma actualmente regulada y no habilitar al demandante, que no tiene a su cargo al niño, para demandar ante el tribunal de propio domicilio, a su voluntad. Sin perjuicio de lo expuesto, la modificación propuesta al Código Civil, consistente en incluir reglas de competencia en su artículo 225, por la propia naturaleza de la norma, resultaría más adecuado incorporarla al Código Orgánico de Tribunales o a la Ley N° 19.968, sobre Tribunales de Familia, y no a un cuerpo de normas de orden sustantivo como es el primero de los nombrados. Finalmente, la inclusión del último inciso propuesto para el artículo 8° de la Ley 19.968, no es clara. Al margen que el vocablo “menor” debiera sustituirse las palabras “niños, niñas y adolescentes”, que utiliza la legislación actual, el precepto no condice con la competencia alternativa propuesta en el proyecto, que atiende al domicilio del demandado o del demandante, a elección de este último, para aludir ahora genéricamente a “las causas que se vean involucrados menores de edad” que entrega al “Tribunal de Familia, correspondiente al domicilio del menor” Por estas consideraciones, de conformidad con las normas citadas y sin perjuicios de las observaciones anotadas, se acuerda informar desfavorablemente el proyecto en análisis. Ofíciese. PL-27-2011.” (Fdo.): MILTON JUICA ARANCIBIA, Presidente; RUBY VANESSA SÁEZ LANDAUR, Secretaria SubroganteAL SEÑOR DIPUTADOPATRICIO MELERO ABAROAPRESIDENTEH. CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO10. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago 3 de diciembre de 2011. Oficio Nº 6.091 Remite sentencia.Exmo. SeñorPresidente de la H. Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de junio de 2011 en el proceso Rol Nº 1.797-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 3356-2010, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, (Secretaría Criminal). Dios guarde a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A S.E. ELPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDON PATRICIO MELERO ABAROAVALPARAÍSO.”11. Oficio del Honorable Tribunal Constitucional. “Santiago 3 de diciembre de 2011. Oficio Nº 6.095 Remite sentencia.Exmo. SeñorPresidente de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de junio de 2011 en el proceso Rol Nº 1578-09-INA, sobre acción de inaplicabi-lidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 1828-2009, sobre recurso de reclamación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Temuco. Dios guarde a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A S.E. ELPRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOSDON PATRICIO MELERO ABAROAHONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO.”12. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago 3 de diciembre de 2011. Oficio Nº 6.099 Remite sentencia.Excmo. SeñorPresidente de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 2 de junio de 2011 en el proceso Rol Nº 1697-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº507-201, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, (Secretaría Criminal). Dios guarde a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A S.E. ELPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOSDON PATRICIO MELERO ABAROAHONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOSVALPARAÍSO.”