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El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las eventuales responsabilidades de Codelco y de Enami con ocasión de la sustracción de concentrados de cobre.
De conformidad con los acuerdos de los Comités adoptados el martes 31 de marzo pasado, se destinarán diez minutos para rendir el informe y una hora para el debate, dividida proporcionalmente por bancada.
Diputado informante de la comisión especial investigadora es el señor Lautaro Carmona .
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial Investigadora, sesión 3ª de la presente legislatura, en 17 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 17.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CARMONA (de pie).-
Señor Presidente, paso a rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las eventuales responsabilidades de Codelco y de Enami en todos los hechos vinculados a las denuncias sobre sustracción de concentrados de cobre, en el contexto del transporte y recepción de estos, en virtud de diversos contratos y operaciones suscritos por Codelco con particulares, así como las responsabilidades de la Enami en el eventual aprovechamiento de los efectos sustraídos. Adicionalmente, la comisión dispuso que se investigaran las actuaciones de ambas empresas, especialmente a sus directorios y línea gerencial, en las eventuales infracciones a sus deberes de dirección y supervisión, así como por la falla en los mecanismos de control.
Cabe destacar que las denuncias objeto de esta investigación fueron realizadas por los propios trabajadores de la División Salvador, quienes, a través de sus sindicatos, velan permanentemente por la integridad patrimonial de la empresa estatal y, por tanto, del interés público de todos los chilenos. Ello permitió acreditar la veracidad de los hechos denunciados.
La comisión, en el cumplimiento de su cometido, escuchó a diversos actores, tanto del ámbito público como del privado, quienes la ilustraron sobre aspectos sociales, laborales, legales, técnicos y administrativos relacionados con la investigación. Durante más de veinticinco sesiones, entre públicas y secretas, la comisión buscó recopilar los antecedentes necesarios, con el objeto de aportar el mayor contenido posible a las conclusiones y recomendaciones a las que arribó.
Respecto de los hechos, se constató que con ocasión de la venta de concentrados de cobre que Minera Escondida realiza a Codelco, el día 13 de febrero del 2014 personal de la División Salvador detectó que uno de los camiones de la empresa Santa Marta , empresa contratada directamente por Minera Escondida para el transporte de concentrado de cobre desde el yacimiento de Escondida hasta la fundición Potrerillos , había sido intervenido durante el trayecto, tras lo cual se adulteró su carga. El ilícito consistía en desviar los camiones cargados hacia un sector de una mina abandonada, donde se violaron sus sellos para luego vaciar el material que transportaban. Posteriormente, los camiones eran cargados con material de muy baja ley. Cabe destacar que la ley del concentrado de cobre enviado desde Escondida corresponde a un 27 o a un 30 por ciento. En cambio, el material reemplazado apenas tenía una ley de entre el 0,97 y el 1,7 por ciento, según lo informado a la comisión.
La comisión concluyó que existe una relación directa entre la ocurrencia de los hechos investigados, los deficitarios sistemas de control y el excesivo uso de la tercerización de tareas al interior de la División Salvador de Codelco, modalidad que, a pesar de estar autorizada por la ley y sustentada en criterios de eficiencia económica, ha aumentado la vulnerabilidad de la empresa estatal, especialmente cuando se externalizan áreas estratégicas. Por ejemplo, se informó a la comisión que en la División Salvador, de 4.700 trabajadores, solo 1.400 son propios de Codelco, es decir, menos del 30 por ciento del total.
Adicionalmente, se pudo constatar que el área de recepción, descarga y toma de muestras del concentrado de cobre hoy es operada por personal externo, en desmedro de las funciones del personal propio. Es decir, se delegan responsabilidades críticas en una empresa externa a la división.
El excesivo uso de la tercerización, por ejemplo en las funciones de transporte y recepción, descarga y toma de muestras del concentrado de cobre, no hace más que propiciar la vulnerabilidad de la empresa estatal frente a ilícitos como los denunciados. Ello debilita a una división que, debido al agotamiento de sus yacimientos, se sustenta principalmente en mantener operativo su complejo de fundición y refinería, que le reporta ingresos por concepto de tarifas de fusión y refinación. Por ejemplo, solo el contrato con Minera Escondida implica más de 100.000 toneladas anuales de concentrado de cobre.
Existió consenso al interior de la comisión en términos de reconocer el potencial futuro que tiene la División Salvador, toda vez que posee recursos y reservas mineras suficientes como para implementar un negocio minero a gran escala, de alta productividad y bajos costos, como lo es el proyecto Rajo Inca , que podría producir sobre las 160.000 toneladas de cobre fino al año.
Por lo tanto, deben mejorarse los mecanismos de control, que impidan la materialización de futuros ilícitos en la División Salvador, así como fortalecer su inversión, con la finalidad de viabilizar en el largo plazo su funcionamiento y evitar las amenazas de cierre.
En particular, respecto de la labor realizada por los inspectores técnicos de obras, se determinó que estos no contaban con las condiciones necesarias para efectuar un trabajo adecuado, debido a que realizaban actividades más allá de las tareas propias del cargo, las cuales consumían más del 70 por ciento del turno.
Adicionalmente, se informó la insuficiencia de personal para la labor de control y fiscalización, ya que se cuenta con solo cuatro ITO, dispuestos en dos turnos rotativos de solo dos trabajadores por cada uno de ellos, con una jornada laboral de 12 horas diarias. A mayor abundamiento, se informó que los ITO debían cumplir al menos 18 funciones o tareas distintas, incluyendo algunas relacionadas con la limpieza.
Cabe señalar que, de acuerdo con lo informado a la comisión, la cuantía de lo defraudado es incierta. Solo se cuenta con los antecedentes aportados por Codelco, que indicó que la cifra ascendería a alrededor de 5,6 millones de dólares.
Con respecto a Enami y a su eventual responsabilidad en la compra del concentrado de cobre robado, no se pudo comprobar que este fuera el destino final del mineral sustraído. Más bien, la comisión concluyó que nuestro país no cuenta con la institucionalidad pública adecuada para efectuar un control eficiente y riguroso que pueda determinar la trazabilidad de un recurso tan preciado como el cobre.
Llamó la atención de la comisión la falta de atribuciones y recursos de los organismos fiscalizadores, en particular de Cochilco y del Servicio Nacional de Aduanas. Los representantes de ambas instituciones expresaron a la comisión el déficit de funcionarios y de medios técnicos para llevar adelante su labor en esta materia. En menor medida, se expresaron en esa misma línea los representantes del Sernageomin y del Servicio de Impuestos Internos.
Lo anterior nos obliga a revisar nuestra institucionalidad y a avanzar en torno a propuestas que nos permitan custodiar, de manera seria y eficaz, los recursos que son de propiedad de todos los chilenos.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo es posible que se hayan robado toneladas de concentrado de cobre y que ninguna institución del Estado pueda dar con su destino final, habida consideración de que en este ilícito se ven involucradas dos de las más grandes empresas de producción minera, como son Minera Escondida y Codelco. Se especula que el concentrado fue exportado directamente.
La comisión concluyó que la responsabilidad de las políticas de control y supervisión de los contratos recayó principalmente en el directorio de Codelco y en su presidente ejecutivo, en lo general, y en el gerente de la División Salvador, en lo particular.
Como consecuencia lógica de lo anterior, vuestra comisión recomienda examinar la internalización de las áreas estratégicas realizadas hoy por terceros. En particular, se recomienda revisar los contratos de servicios en los procesos de recepción, pesaje y toma de muestras de concentrado de cobre. Asimismo, se recomienda invertir en la modernización de los instrumentos de fiscalización, actualizar las funciones y capacidades técnicas de los trabajadores, incorporar nuevas tecnologías a los sistemas de control y establecer mecanismos de denuncia simples, que permitan canalizarlas de manera efectiva a la administración, incorporando a los propios trabajadores en la función de fiscalización directa frente a eventuales irregularidades en el funcionamiento de la División.
Adicionalmente, la comisión recomienda revisar los criterios en la designación de gerentes, con el objeto de que estos tengan residencia en la región, y así puedan permanecer más tiempo en la División.
Respecto de Enami, la comisión recomienda revisar los mecanismos de verificación, de control y de seguimiento de los empadronamientos de los proveedores mineros, así como la aplicación de procedimientos de pesaje, control de sellos y recepción de concentrado.
Se sugiere revisar las facultades fiscalizadoras de Cochilco y del Servicio Nacional de Aduanas respecto de la exportación de cobre y sus subproductos, más allá de las condiciones de venta estipuladas en los contratos de exportación, porque también es necesaria la revisión de las exportaciones efectivamente realizadas.
La comisión recomienda a Codelco propiciar una relación directa con los sindicatos, en el contexto de fortalecer su rol de aliados estratégicos en la labor fiscalizadora, y solicitar formalmente a las empresas que fueron objeto de investigación, que en un plazo máximo de treinta días, desde que este informe sea aprobado por la Sala de la honorable Cámara de Diputados, entreguen una memoria razonada con las respuestas y los planes de acción para el cumplimiento de las medias solicitadas por esta comisión investigadora.
Cabe destacar que la comisión realizó una visita inspectiva a la División Salvador, en la que pudo observar que algunas de las recomendaciones propuestas ya se encuentran en proceso de implementación; entre otras: la extensión de la jornada laboral, la permanencia de la gerencia en la división respectiva y la implementación de un brazo robótico para la toma de muestras.
Por último, debo consignar que una vez finalizado su cometido, la comisión aprobó por unanimidad las conclusiones y proposiciones antedichas.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
En discusión el informe.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, independientemente de las conclusiones, que he escuchado con detención, debe llamarnos a una reflexión mayor lo que está ocurriendo en Codelco.
El informe concluye que los gerentes deben residir en la región en que se emplaza la división respectiva de Codelco. Y se hace esa aseveración a propósito de una región en particular.
Por lo tanto, la pregunta que surge es: ¿Qué pasa con las otras regiones? No va a faltar quien arguya que la distancia entre las regiones del norte y Santiago es lo que ha llevado a pensar que en la capital se encuentran los únicos buenos ejecutivos de la república, del color político que sean, quienes, por lo mismo, reciben tratos especiales que les permiten, por ejemplo, para el arraigo familiar, tener a sus familias en Santiago y viajar algunos días al norte, y ser bien remunerados, porque así se estima que debe ser para las altas funciones que cumplen, sin importar que no tengan apego, compromiso y vinculación con la región.
Ese, que podría ser un buen argumento en razón de la distancia, desaparece totalmente en el caso de la División El Teniente, ubicada a 87 kilómetros de la capital, en la cual hay ejecutivos que no son de la región, que no tienen ningún arraigo ni compromiso con ella, quienes monitorean la mina de cobre subterránea más grande del mundo.
Por ello, comparto total y absolutamente el argumento de que debe haber algún nivel de compromiso del ejecutivo con la región, que, por cierto, no está dado en el hecho de que pernocte en ella, pues sería un motivo reduccionista. Hablo de un nivel de compromiso real con la región y con la buena dirección de la empresa en cada una de las zonas. Esa conclusión debe extrapolarse a la realidad de las distintas divisiones de Codelco.
La fiscalización del gasto, esbozada como una conclusión por el diputado Lautaro Carmona , también pasa a ser un tema en las restantes divisiones. Mientras hoy estamos debatiendo el informe de la comisión investigadora en esta Sala, el proyecto Nuevo Nivel Mina de El Teniente está paralizado. ¡Se han invertido más de 1.000 millones de dólares y no hay un miligramo de cobre que extraer! ¡Es una vergüenza nacional!
Al parecer, vamos a tener que formar otra comisión investigadora respecto de Codelco, toda vez que sus autoridades no se responsabilizan de nada, ni siquiera de las muertes ocurridas en la División El Teniente, cuyo luto no se honra en debida forma.
¡Qué bueno que nos preocupemos por lo que ha ocurrido en el norte, en la División Salvador! Pero parece que las conclusiones que se esbozan en el informe también son aplicables a otras divisiones, porque por mucho que exista un concepto divisional y de zonas en Codelco, no son compartimentos, estanco, como algunos pretenden.
Aún existen temas sin resolver, pese a que el Congreso Nacional aprobó para la empresa una capitalización de 4.000 millones de dólares. ¡De 4.000 millones de dólares!
Es más, el 10 por ciento de las ventas, no de las utilidades, sigue acumulándose para la compra de armas, y la república no define qué hace con esas platas. Sin embargo, se sigue gravando indebidamente y distorsionando financiera, contable, económica y administrativamente a la principal empresa de Chile, que es Codelco, que tiene un sobreimpuesto de distorsión, como dije, por el 10 por ciento de las ventas, ni siquiera de las utilidades.
En cuanto a los procesos de ahorro, ¿de qué procesos de ahorro estamos hablando, si cada ejecutivo tiene una camioneta? En Rancagua estamos plagados de camionetas rojas. ¿Cuál es el proceso de ahorro real de la cuprífera? Les roban el cobre por cualquier parte, lo que significa que su sistema de seguridad no sirve, y tienen plagadas las ciudades con camionetas rojas por cada ejecutivo. Es un nivel de despilfarro que da vergüenza. Sin embargo, proyectos estructurales, como el de Nuevo Nivel Mina, de El Teniente, están paralizados, lo que significa -reitero- más de 1.000 millones de dólares botados a la basura.
Voy a concurrir con mi voto favorable al informe de la comisión, pero creo que esta Corporación debe revisar seriamente la posibilidad de conformar una nueva comisión investigadora para analizar la situación de Codelco.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada Daniella Cicardini .
La señorita CICARDINI (doña Daniella) .-
Señor Presidente, como parlamentaria de la Región de Atacama, principal zona afectada por la División Salvador y la Fundición Potrerillos, solicité y apoyé la conformación de la comisión investigadora desde el inicio del caso, pues en terreno había recogido el sentir de trabajadores y representantes de los diversos sindicatos de Potrerillos y de la División Salvador de Codelco.
Quiero agradecer y destacar el aporte de los trabajadores de los distintos sindicados de la División Salvador, ya que, como ha quedado establecido en las conclusiones del informe, no fueron las medidas adoptadas por los ejecutivos las que precisamente nos permitieron descubrir este ilícito, ni las debilidades del sistema de control establecidas en las áreas estratégicas y dejadas en manos de terceros, ni la escasa tecnología aplicada en dichos mecanismos de fiscalización. Fue el compromiso de los trabajadores con su empresa y con los recursos de todos los chilenos lo que permitió descubrir el ilícito, en febrero de 2014, que consistió en la intervención de muchos de los camiones que transportaban mineral desde Minera Escondida, para adulterar el recurso y cambiarlo por mineral de muy baja ley, y, además, destapar un caso que tiene un impacto por un monto de millones de dólares que aún ni siquiera se ha podido precisar con claridad.
En cuanto a las conclusiones del informe, en primer lugar, hoy parece innegable deducir que existe un grado de responsabilidad en la ocurrencia de estos hechos por parte de Codelco, a través de la entonces administración de la División Salvador. Hubo carencia de medidas de seguridad adecuadas y debilidad de los sistemas de fiscalización, lo cual, en parte, tiene su origen en la tercerización que se hizo de estas funciones que son estratégicas. En otras palabras, hubo falta de control, debido a que se dejó esa función en manos de firmas externas.
Esta debilidad en los controles además queda graficada en la falta de inversión en la línea de modernizar e incorporar nuevas tecnologías. Por ejemplo, el muestreo aleatorio, que es un sistema de control clave realizado por personal de Codelco, era aplicado solo al 2,6 por ciento del total de camiones recibidos desde la Minera Escondida.
Respecto de la implementación de cámaras en la zona de recepción y muestrera, se consignó la falta de seguimiento por parte de la jefatura directa de los ITO en orden a controlar y revisar los registros.
Esta vulnerabilidad en los mecanismos de control también se repite en la Enami en cuanto a los procesos de abastecimiento y de compra de mineral, y también en Cochilco y en el Servicio Nacional de Aduanas.
Las debilidades anteriormente señaladas, sin duda, obligan a revisar nuestra institucionalidad y a avanzar en torno a propuestas que permitan custodiar y manejar, seria y eficazmente, los recursos que, en definitiva, son de propiedad de todos los chilenos.
Cabe destacar que la comisión concluyó que las responsabilidades políticas de control y supervisión de los contratos recae principalmente en el directorio de Codelco: en su presidente ejecutivo, en lo general, y en el gerente de la División Salvador de la época, en lo particular.
Por eso, comprendo que exista un sentimiento de desánimo entre los trabajadores de la División Salvador, en el sentido de que el hilo se ha cortado por lo más delgado, pues toda la responsabilidad ha recaído en funcionarios de rango menor de la división, y no en la esfera ejecutiva de la época, que, a lo menos, es responsable por dirigir las políticas de fiscalización y control. Ello ocurrió a pesar de que en el informe de la comisión investigadora se detalla que existe una relación directa entre la ocurrencia de los hechos investigados y la vulnerabilidad de la empresa en esta área.
Las recomendaciones de la comisión a Codelco están enfocadas en internalizar las áreas estratégicas realizadas hoy por terceros; en invertir en la modernización de los instrumentos de fiscalización, incorporando capacitación y nuevas tecnologías a los sistemas de control, y también en ir generando un compromiso real con la División Salvador, por parte de los ejecutivos nombrados, como lo ha dicho el diputado Ricardo Rincón , que se vea reflejado tanto en su permanencia, sentido de pertenencia, de identificación y de arraigo por la zona, como en su involucramiento en las actividades de la empresa.
Además, la actual administración paralelamente tiene una gran misión, en la que le deseamos el mayor de los éxitos, cual es la de reconstruir las confianzas entre la empresa y los trabajadores, a fin de enfrentar unidos importantes desafíos futuros, como echar a andar el importante proyecto Rajo Inca , anhelado por todos los trabajadores y la comunidad de distintas localidades cercanas a División Salvador, de manera de viabilizar y evitar el cierre de la División.
Si antes de la catástrofe en Atacama se hacía necesario fortalecer a Codelco Salvador por todas las vías, incluyendo el fortalecimiento de sus áreas de control, hoy, tras la tragedia del aluvión, se hace urgente y absolutamente imprescindible.
Evitar la pérdida de un solo peso y mantener la viabilidad de esta División es fundamental para conservar la vida de Diego de Almagro, de Inca de Oro, de El Salado, y para apoyar a miles de trabajadores y sus familias, cuyo sustento depende de la actividad minera, por su gran impacto no solo en ese sector, sino en todos los sectores productivos de la Región de Atacama.
Por lo expuesto, espero, confío y exijo que, tras el envío de las conclusiones y recomendaciones del informe, Codelco tome medidas para fortalecer la fiscalización y control necesarios, a fin de garantizar que no se produzcan pérdidas del patrimonio de todos los chilenos.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona .
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, creo que las conclusiones a las que ha llegado la comisión investigadora mandatada por la Sala de esta Corporación son irrebatibles e insoslayables.
Por consiguiente, en beneficio de la autoridad y de la competencia que, en tanto órgano y poder del Estado, tiene la Cámara de Diputados, en mi opinión debemos velar como institución, una vez aprobado el informe, por que Codelco entregue respuestas en los plazos perentorios establecidos por la comisión respecto de los temas investigados.
De lo contrario, ante un ilícito tan tremendo como es la sustracción de camionadas de concentrado de cobre efectuado en carreteras de nuestro país, entre la Segunda y la Tercera regiones, desde la Minera Escondida hasta la División Salvador de Codelco, la opinión pública se preguntará: ¿Cómo es posible que en un país con una economía abierta, con fama de exportador, no se sepa dónde está el concentrado de cobre sustraído? Esta situación afecta la relación entre la principal empresa del Estado, de categoría mundial, y una empresa privada de la gran minería.
Por ello, la empresa del Estado debe colaborar. Me pronuncio aquí en orden a solicitar que la comunicación que se haga a la presidencia del directorio de Codelco sea insistente ante este requerimiento de la Cámara de Diputados.
Otra materia que se abordó al calor del debate de la comisión fue que, como consecuencia de los hechos investigados, Codelco tomó medidas respecto de supervisores, que nos parecieron inoportunas y apresuradas, toda vez que la comisión concluyó en un asunto de marca mayor. Espero que la gerencia y la presidencia de Codelco expliquen las razones, blanco sobre negro, por las cuales solo hay dos o tres trabajadores del escalafón de supervisores desafectados en el marco de una investigación que compromete mecanismos de control, de previsión y de tecnologías de punta, que no son responsabilidad de esos trabajadores, sino de las gerencias respectivas de Codelco. Ese es otro tema sobre el cual las autoridades de Codelco deberán pronunciarse.
Por último, es importante reivindicar, en este y en otros casos a los que pueda ser extensivo, el rol que tienen los trabajadores organizados como fiscalizadores para resguardar el patrimonio del país. Este rol fue cumplido una vez más y de manera ejemplar por los trabajadores de la División Salvador. La motivación para solicitar la creación de la comisión investigadora surgió de los distintos sindicatos que tiene la División Salvador, con la contribución de los sindicatos de las empresas subcontratistas vinculadas a Codelco Salvador , en las entrevistas que sostuvimos con ellos los primeros días de conocidos los hechos, que luego compartimos con los parlamentarios de la región.
Señor Presidente, solicito que se hagan presentes y se reiteren a Codelco los plazos perentorios para que entregue las respuestas que le fueron solicitadas por acuerdo de la comisión investigadora, de conformidad con lo que figura en el informe, que espero que sea validado en forma unánime por la Sala.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, nos parece de la mayor relevancia que este hemiciclo conozca las conclusiones a que hemos arribado por unanimidad en la comisión investigadora por el robo de concentrado de cobre en la División Salvador de Codelco.
Durante más de veinticinco sesiones, públicas y secretas, recibimos a distintos actores, públicos y privados, que de alguna manera nos ilustraron sobre el problema al cual nos enfrentábamos.
Como aquí se ha señalado, solo fue posible conocer la denuncia gracias a los trabajadores. Quiero señalarlo con mucha claridad: no hubo una disposición temprana para prevenir situaciones como la ocurrida, ni hubo alertas desde los controles de la empresa. Fue la denuncia de los trabajadores de la División Salvador la que permitió acreditar lo ocurrido. Ellos, a través de sus sindicatos, hicieron la denuncia, a fin de velar por la integridad patrimonial de la empresa estatal y, por ende, del interés público de todos los chilenos y chilenas.
Cabe hacer presente que, con anterioridad a la investigación, hubo intentos de los sindicatos y de los trabajadores de denunciar estos hechos ante las autoridades de Codelco. Sin embargo, esas denuncias fueron sistemáticamente desestimadas por dichas autoridades. Por el contrario, la administración de Codelco decidió separar a los trabajadores de su fuente laboral y no a los altos ejecutivos que tienen responsabilidad en las inacciones ante los ilícitos cometidos.
Como muy bien explicó el diputado informante, Lautaro Carmona , quien además presidió la comisión, es curioso que esta situación no se hubiese identificado con precisión. Camiones de gran tonelaje, que transportaban entre 27 y 30 toneladas de concentrado de cobre, eran desviados hasta una mina abandonada, donde se violaban sus sellos para luego vaciar su contenido. Después de eso el material se embarcaba en el puerto de Coloso, ubicado al sur de Antofagasta, que pertenece a la compañía Minera Escondida. El mineral que llegaba a la mina abandonada, que tenía una ley de entre 27 y 30 por ciento, era cambiado por mineral de una ley mucho menor, que apenas llegaba al 1,7 por ciento. Posteriormente, esta carga de baja ley pasaba todos los controles de seguridad.
Me parece muy relevante que la comisión haya concluido que existe una relación directa entre la ocurrencia de los hechos investigados y los deficitarios sistemas de control.
Además, la comisión reconoció por unanimidad que el excesivo uso de la tercerización en las tareas de la División Salvador de Codelco ha aumentado la vulnerabilidad de la empresa estatal, especialmente porque se han externalizado áreas estratégicas, no obstante que la ley permite hacerlo, lo que se sustentaría en ciertos criterios de “eficiencia económica”, como algunos señalan.
Respecto de la División Salvador, se informó a la comisión que de los 4.700 trabajadores que prestan servicios a la empresa, solo 1.400 son propios de Codelco, vale decir, menos del 30 por ciento.
Adicionalmente, se pudo constatar que el área de recepción, descarga y toma de muestras del concentrado de cobre está a cargo de personal externo, no de personal propio, por lo que se concluye que se delegaron responsabilidades críticas a una empresa externa.
También consideramos evidente la falta de diálogo entre los trabajadores y los altos ejecutivos de Codelco, lo que no permitió atender oportunamente las dudas, reclamos y sospechas fundadas de los trabajadores respecto del robo sistemático de concentrado de cobre, del cual éramos víctimas todos los chilenos y chilenas.
Esa falta de diálogo se hace más patente hoy, dado que desde el 13 de febrero los trabajadores de San Lorenzo, de la división Salvador , están en huelga legal.
La comisión investigadora sesionó en El Salvador, donde pudimos reunir a los representantes de los distintos sindicatos con la plana mayor de la División Salvador. En ese momento las nuevas autoridades de la división señalaron que harían grandes esfuerzos por recomponer el diálogo con los trabajadores, que se había visto muy mermado en el último tiempo. Sin embargo, hemos podido constatar que una práctica permanente, que al parecer forma parte de una cultura de los altos ejecutivos de Codelco, es la de no dialogar con los trabajadores y trabajadoras. En el marco de huelga legal de los trabajadores de San Lorenzo, movimiento que se inició el 13 de febrero, lo único que vemos permanentemente es la insistencia de Codelco por generar reemplazos y avanzar por los caminos menos indicados.
Me pregunto por qué, antes de que se tomara la decisión de despedir trabajadores, no se les dio la oportunidad de conocer el informe de auditoría y las conclusiones de la comisión investigadora; por qué no se esperó a que terminaran las investigaciones de la Fiscalía y de la Cámara de Diputados que permitieran tomar luego determinaciones mucho más objetivas y justas. ¿Será que este informe tiene tal vez un sesgo y solo busca transformar en chivo expiatorio a los supervisores y trabajadores del área en cuestión, para que no denuncien hechos que son reprochables?
Lo que realmente nos llama la atención es que los altos ejecutivos que tuvieron responsabilidades siguen en la División Salvador o han sido reubicados en otros lugares de la empresa.
Anuncio que como bancada vamos a apoyar el informe de la comisión investigadora.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, estamos en una cámara política. Las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, cuando desarrollan su acción, no buscan determinar responsabilidades penales, civiles o administrativas, sino establecer cuáles son las vertientes políticas del caso.
Lo que quedó de manifiesto con bastante claridad en esta investigación es que hay responsabilidades políticas que provienen de la forma en que se gestionó la empresa Codelco en los tiempos en que se desarrollaron estos hechos, dado que se impulsó una política de tercerización, esto es, de entregarle a privados aspectos esenciales de la actividad de la compañía.
En ninguna empresa, ni aun en las privadas, se entregan a terceros los elementos de control del rubro principal de la actividad que desarrollan. Hay áreas que se pueden delegar, como el aseo o el traslado del personal, pero no la actividad de control de los elementos más importantes de la empresa.
Por lo tanto, es evidente que en este caso el ministro de Minería de la época, el directorio de la empresa y, por cierto, la gerencia general de la División Salvador son responsables por impulsar políticas de tercerización de las actividades fundamentales de la empresa.
Las consecuencias de esos actos afectan a todos los chilenos, porque cuando le roban a Codelco, le roban a todos los chilenos.
La comisión investigadora arribó a una conclusión muy importante que debemos comunicar a las autoridades pertinentes, cual es que los ministros de Estado no carecen de responsabilidad cuando las empresas estatales no cuidan los intereses nacionales que tienen a su cargo, sobre todo en esta materia, cuando tercerizan actividades tan importantes como el control del mineral que Minera Escondida enviaba a la fundición Potrerillos .
Tema distinto es determinar quién es el responsable penal y civil por los delitos cometidos y los perjuicios provocados. Eso le corresponde a la justicia. Desde el punto de vista administrativo, es la propia empresa Codelco la encargada de determinar quiénes son los responsables. Pero desde la perspectiva política, la Cámara de Diputados entiende, según lo que ha concluido la comisión investigadora, que los responsables van desde el ministro en cuestión hasta el gerente de la división, porque implementaron esa política de no controlar los recursos de todos los chilenos que estaban a su cuidado y que el país necesita para aumentar los recursos del erario y destinarlos a programas y proyectos que nos permitan entregarles mejores condiciones de vida a todos nuestros ciudadanos.
He dicho.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Luis Lemus .
El señor LEMUS.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dejar en claro que el concentrado de cobre que fue robado era, básicamente, parte de una maquila que Codelco realizaba para Minera Escondida.
En segundo lugar, es indispensable mencionar que hay organismos que fiscalizan las actividades de Codelco sin tener la consistencia necesaria para realizar esa tarea inmensa, según pudo establecer la investigación realizada por la comisión. Cochilco solo destina uno o dos funcionarios para fiscalizar todas las divisiones de Codelco y más aún a la Enami.
Por lo tanto, hay que hacer un gran esfuerzo si queremos colocarnos delante de estas situaciones.
¿Cómo el Servicio Nacional de Aduanas puede verificar cuando un cargamento de minerales sale de Chile? ¿Cómo se regula el cobro de impuestos en estos casos a través del Servicio de Impuestos Internos? Hay que tener mucho cuidado en la forma como se aplican los impuestos en Chile. Para sus labores, el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con uno o dos funcionarios. Las declaraciones de impuestos que hacen las empresas en general no son verificadas por los respectivos servicios.
De manera que el Servicio Nacional de Aduanas, Cochilco y el Servicio de Impuestos Internos son instituciones que hay que fortalecer. En el caso que se investigó, en que había involucrados estamentos públicos como Codelco y la Enami, los principales compradores y revendedores eran privados, los cuales no eran fiscalizados por Cochilco ni por ningún otro organismo. Quienes tenían principalmente esa tarea eran el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, no tenemos las herramientas para abordar esa situación.
Felizmente, por lo menos desde el punto de vista de la justicia, lo ocurrido se está aclarando en los tribunales.
He dicho.
El señor VALLESPIN (Presidente en ejercicio).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe de la comisión investigadora en los siguientes términos:
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Corresponde pronunciarse sobre el informe de la comisión especial investigadora encargada de analizar las eventuales responsabilidades de Codelco y de Enami con ocasión de la sustracción de concentrados de cobre.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera Jenny ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Barros Montero Ramón ; Bellolio Avaria Jaime ; Berger Fett Bernardo ; Boric Font Gabriel ; Browne Urrejola Pedro ; Cariola Oliva Karol ; Carmona Soto Lautaro ; Carvajal Ambiado Loreto ; Castro González Juan Luis ; Chahin Valenzuela Fuad ; Cicardini Milla Daniella ; Cornejo González Aldo ; Espejo Yaksic Sergio ; Farcas Guendelman Daniel ; Farías Ponce Ramón ; Fernández Allende Maya ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Fuenzalida Figueroa Gonzalo ; García García René Manuel ; Girardi Lavín Cristina ; González Torres Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Jackson Drago Giorgio ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lavín León Joaquín ; Lemus Aracena Luis ; Lorenzini Basso Pablo ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Morales Muñoz Celso ; Nogueira Fernández Claudia ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Urrutia Paulina ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Pilowsky Greene Jaime ; Poblete Zapata Roberto ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rincón González Ricardo ; Rivas Sánchez Gaspar ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Sabag Villalobos Jorge ; Sabat Fernández Marcela ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Sandoval Plaza David ; Santana Tirachini Alejandro ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Squella Ovalle Arturo ; Torres Jeldes Víctor ; Trisotti Martínez Renzo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
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- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638625/seccion/akn638625-po1
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