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El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor CARMONA (de pie).-
Señor Presidente, paso a rendir el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las eventuales responsabilidades de Codelco y de Enami en todos los hechos vinculados a las denuncias sobre sustracción de concentrados de cobre, en el contexto del transporte y recepción de estos, en virtud de diversos contratos y operaciones suscritos por Codelco con particulares, así como las responsabilidades de la Enami en el eventual aprovechamiento de los efectos sustraídos. Adicionalmente, la comisión dispuso que se investigaran las actuaciones de ambas empresas, especialmente a sus directorios y línea gerencial, en las eventuales infracciones a sus deberes de dirección y supervisión, así como por la falla en los mecanismos de control.
Cabe destacar que las denuncias objeto de esta investigación fueron realizadas por los propios trabajadores de la División Salvador, quienes, a través de sus sindicatos, velan permanentemente por la integridad patrimonial de la empresa estatal y, por tanto, del interés público de todos los chilenos. Ello permitió acreditar la veracidad de los hechos denunciados.
La comisión, en el cumplimiento de su cometido, escuchó a diversos actores, tanto del ámbito público como del privado, quienes la ilustraron sobre aspectos sociales, laborales, legales, técnicos y administrativos relacionados con la investigación. Durante más de veinticinco sesiones, entre públicas y secretas, la comisión buscó recopilar los antecedentes necesarios, con el objeto de aportar el mayor contenido posible a las conclusiones y recomendaciones a las que arribó.
Respecto de los hechos, se constató que con ocasión de la venta de concentrados de cobre que Minera Escondida realiza a Codelco, el día 13 de febrero del 2014 personal de la División Salvador detectó que uno de los camiones de la empresa Santa Marta , empresa contratada directamente por Minera Escondida para el transporte de concentrado de cobre desde el yacimiento de Escondida hasta la fundición Potrerillos , había sido intervenido durante el trayecto, tras lo cual se adulteró su carga. El ilícito consistía en desviar los camiones cargados hacia un sector de una mina abandonada, donde se violaron sus sellos para luego vaciar el material que transportaban. Posteriormente, los camiones eran cargados con material de muy baja ley. Cabe destacar que la ley del concentrado de cobre enviado desde Escondida corresponde a un 27 o a un 30 por ciento. En cambio, el material reemplazado apenas tenía una ley de entre el 0,97 y el 1,7 por ciento, según lo informado a la comisión.
La comisión concluyó que existe una relación directa entre la ocurrencia de los hechos investigados, los deficitarios sistemas de control y el excesivo uso de la tercerización de tareas al interior de la División Salvador de Codelco, modalidad que, a pesar de estar autorizada por la ley y sustentada en criterios de eficiencia económica, ha aumentado la vulnerabilidad de la empresa estatal, especialmente cuando se externalizan áreas estratégicas. Por ejemplo, se informó a la comisión que en la División Salvador, de 4.700 trabajadores, solo 1.400 son propios de Codelco, es decir, menos del 30 por ciento del total.
Adicionalmente, se pudo constatar que el área de recepción, descarga y toma de muestras del concentrado de cobre hoy es operada por personal externo, en desmedro de las funciones del personal propio. Es decir, se delegan responsabilidades críticas en una empresa externa a la división.
El excesivo uso de la tercerización, por ejemplo en las funciones de transporte y recepción, descarga y toma de muestras del concentrado de cobre, no hace más que propiciar la vulnerabilidad de la empresa estatal frente a ilícitos como los denunciados. Ello debilita a una división que, debido al agotamiento de sus yacimientos, se sustenta principalmente en mantener operativo su complejo de fundición y refinería, que le reporta ingresos por concepto de tarifas de fusión y refinación. Por ejemplo, solo el contrato con Minera Escondida implica más de 100.000 toneladas anuales de concentrado de cobre.
Existió consenso al interior de la comisión en términos de reconocer el potencial futuro que tiene la División Salvador, toda vez que posee recursos y reservas mineras suficientes como para implementar un negocio minero a gran escala, de alta productividad y bajos costos, como lo es el proyecto Rajo Inca , que podría producir sobre las 160.000 toneladas de cobre fino al año.
Por lo tanto, deben mejorarse los mecanismos de control, que impidan la materialización de futuros ilícitos en la División Salvador, así como fortalecer su inversión, con la finalidad de viabilizar en el largo plazo su funcionamiento y evitar las amenazas de cierre.
En particular, respecto de la labor realizada por los inspectores técnicos de obras, se determinó que estos no contaban con las condiciones necesarias para efectuar un trabajo adecuado, debido a que realizaban actividades más allá de las tareas propias del cargo, las cuales consumían más del 70 por ciento del turno.
Adicionalmente, se informó la insuficiencia de personal para la labor de control y fiscalización, ya que se cuenta con solo cuatro ITO, dispuestos en dos turnos rotativos de solo dos trabajadores por cada uno de ellos, con una jornada laboral de 12 horas diarias. A mayor abundamiento, se informó que los ITO debían cumplir al menos 18 funciones o tareas distintas, incluyendo algunas relacionadas con la limpieza.
Cabe señalar que, de acuerdo con lo informado a la comisión, la cuantía de lo defraudado es incierta. Solo se cuenta con los antecedentes aportados por Codelco, que indicó que la cifra ascendería a alrededor de 5,6 millones de dólares.
Con respecto a Enami y a su eventual responsabilidad en la compra del concentrado de cobre robado, no se pudo comprobar que este fuera el destino final del mineral sustraído. Más bien, la comisión concluyó que nuestro país no cuenta con la institucionalidad pública adecuada para efectuar un control eficiente y riguroso que pueda determinar la trazabilidad de un recurso tan preciado como el cobre.
Llamó la atención de la comisión la falta de atribuciones y recursos de los organismos fiscalizadores, en particular de Cochilco y del Servicio Nacional de Aduanas. Los representantes de ambas instituciones expresaron a la comisión el déficit de funcionarios y de medios técnicos para llevar adelante su labor en esta materia. En menor medida, se expresaron en esa misma línea los representantes del Sernageomin y del Servicio de Impuestos Internos.
Lo anterior nos obliga a revisar nuestra institucionalidad y a avanzar en torno a propuestas que nos permitan custodiar, de manera seria y eficaz, los recursos que son de propiedad de todos los chilenos.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo es posible que se hayan robado toneladas de concentrado de cobre y que ninguna institución del Estado pueda dar con su destino final, habida consideración de que en este ilícito se ven involucradas dos de las más grandes empresas de producción minera, como son Minera Escondida y Codelco. Se especula que el concentrado fue exportado directamente.
La comisión concluyó que la responsabilidad de las políticas de control y supervisión de los contratos recayó principalmente en el directorio de Codelco y en su presidente ejecutivo, en lo general, y en el gerente de la División Salvador, en lo particular.
Como consecuencia lógica de lo anterior, vuestra comisión recomienda examinar la internalización de las áreas estratégicas realizadas hoy por terceros. En particular, se recomienda revisar los contratos de servicios en los procesos de recepción, pesaje y toma de muestras de concentrado de cobre. Asimismo, se recomienda invertir en la modernización de los instrumentos de fiscalización, actualizar las funciones y capacidades técnicas de los trabajadores, incorporar nuevas tecnologías a los sistemas de control y establecer mecanismos de denuncia simples, que permitan canalizarlas de manera efectiva a la administración, incorporando a los propios trabajadores en la función de fiscalización directa frente a eventuales irregularidades en el funcionamiento de la División.
Adicionalmente, la comisión recomienda revisar los criterios en la designación de gerentes, con el objeto de que estos tengan residencia en la región, y así puedan permanecer más tiempo en la División.
Respecto de Enami, la comisión recomienda revisar los mecanismos de verificación, de control y de seguimiento de los empadronamientos de los proveedores mineros, así como la aplicación de procedimientos de pesaje, control de sellos y recepción de concentrado.
Se sugiere revisar las facultades fiscalizadoras de Cochilco y del Servicio Nacional de Aduanas respecto de la exportación de cobre y sus subproductos, más allá de las condiciones de venta estipuladas en los contratos de exportación, porque también es necesaria la revisión de las exportaciones efectivamente realizadas.
La comisión recomienda a Codelco propiciar una relación directa con los sindicatos, en el contexto de fortalecer su rol de aliados estratégicos en la labor fiscalizadora, y solicitar formalmente a las empresas que fueron objeto de investigación, que en un plazo máximo de treinta días, desde que este informe sea aprobado por la Sala de la honorable Cámara de Diputados, entreguen una memoria razonada con las respuestas y los planes de acción para el cumplimiento de las medias solicitadas por esta comisión investigadora.
Cabe destacar que la comisión realizó una visita inspectiva a la División Salvador, en la que pudo observar que algunas de las recomendaciones propuestas ya se encuentran en proceso de implementación; entre otras: la extensión de la jornada laboral, la permanencia de la gerencia en la división respectiva y la implementación de un brazo robótico para la toma de muestras.
Por último, debo consignar que una vez finalizado su cometido, la comisión aprobó por unanimidad las conclusiones y proposiciones antedichas.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
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