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El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra la diputada Yasna Provoste .
La señora PROVOSTE (doña Yasna).-
Señor Presidente, nos parece de la mayor relevancia que este hemiciclo conozca las conclusiones a que hemos arribado por unanimidad en la comisión investigadora por el robo de concentrado de cobre en la División Salvador de Codelco.
Durante más de veinticinco sesiones, públicas y secretas, recibimos a distintos actores, públicos y privados, que de alguna manera nos ilustraron sobre el problema al cual nos enfrentábamos.
Como aquí se ha señalado, solo fue posible conocer la denuncia gracias a los trabajadores. Quiero señalarlo con mucha claridad: no hubo una disposición temprana para prevenir situaciones como la ocurrida, ni hubo alertas desde los controles de la empresa. Fue la denuncia de los trabajadores de la División Salvador la que permitió acreditar lo ocurrido. Ellos, a través de sus sindicatos, hicieron la denuncia, a fin de velar por la integridad patrimonial de la empresa estatal y, por ende, del interés público de todos los chilenos y chilenas.
Cabe hacer presente que, con anterioridad a la investigación, hubo intentos de los sindicatos y de los trabajadores de denunciar estos hechos ante las autoridades de Codelco. Sin embargo, esas denuncias fueron sistemáticamente desestimadas por dichas autoridades. Por el contrario, la administración de Codelco decidió separar a los trabajadores de su fuente laboral y no a los altos ejecutivos que tienen responsabilidad en las inacciones ante los ilícitos cometidos.
Como muy bien explicó el diputado informante, Lautaro Carmona , quien además presidió la comisión, es curioso que esta situación no se hubiese identificado con precisión. Camiones de gran tonelaje, que transportaban entre 27 y 30 toneladas de concentrado de cobre, eran desviados hasta una mina abandonada, donde se violaban sus sellos para luego vaciar su contenido. Después de eso el material se embarcaba en el puerto de Coloso, ubicado al sur de Antofagasta, que pertenece a la compañía Minera Escondida. El mineral que llegaba a la mina abandonada, que tenía una ley de entre 27 y 30 por ciento, era cambiado por mineral de una ley mucho menor, que apenas llegaba al 1,7 por ciento. Posteriormente, esta carga de baja ley pasaba todos los controles de seguridad.
Me parece muy relevante que la comisión haya concluido que existe una relación directa entre la ocurrencia de los hechos investigados y los deficitarios sistemas de control.
Además, la comisión reconoció por unanimidad que el excesivo uso de la tercerización en las tareas de la División Salvador de Codelco ha aumentado la vulnerabilidad de la empresa estatal, especialmente porque se han externalizado áreas estratégicas, no obstante que la ley permite hacerlo, lo que se sustentaría en ciertos criterios de “eficiencia económica”, como algunos señalan.
Respecto de la División Salvador, se informó a la comisión que de los 4.700 trabajadores que prestan servicios a la empresa, solo 1.400 son propios de Codelco, vale decir, menos del 30 por ciento.
Adicionalmente, se pudo constatar que el área de recepción, descarga y toma de muestras del concentrado de cobre está a cargo de personal externo, no de personal propio, por lo que se concluye que se delegaron responsabilidades críticas a una empresa externa.
También consideramos evidente la falta de diálogo entre los trabajadores y los altos ejecutivos de Codelco, lo que no permitió atender oportunamente las dudas, reclamos y sospechas fundadas de los trabajadores respecto del robo sistemático de concentrado de cobre, del cual éramos víctimas todos los chilenos y chilenas.
Esa falta de diálogo se hace más patente hoy, dado que desde el 13 de febrero los trabajadores de San Lorenzo, de la división Salvador , están en huelga legal.
La comisión investigadora sesionó en El Salvador, donde pudimos reunir a los representantes de los distintos sindicatos con la plana mayor de la División Salvador. En ese momento las nuevas autoridades de la división señalaron que harían grandes esfuerzos por recomponer el diálogo con los trabajadores, que se había visto muy mermado en el último tiempo. Sin embargo, hemos podido constatar que una práctica permanente, que al parecer forma parte de una cultura de los altos ejecutivos de Codelco, es la de no dialogar con los trabajadores y trabajadoras. En el marco de huelga legal de los trabajadores de San Lorenzo, movimiento que se inició el 13 de febrero, lo único que vemos permanentemente es la insistencia de Codelco por generar reemplazos y avanzar por los caminos menos indicados.
Me pregunto por qué, antes de que se tomara la decisión de despedir trabajadores, no se les dio la oportunidad de conocer el informe de auditoría y las conclusiones de la comisión investigadora; por qué no se esperó a que terminaran las investigaciones de la Fiscalía y de la Cámara de Diputados que permitieran tomar luego determinaciones mucho más objetivas y justas. ¿Será que este informe tiene tal vez un sesgo y solo busca transformar en chivo expiatorio a los supervisores y trabajadores del área en cuestión, para que no denuncien hechos que son reprochables?
Lo que realmente nos llama la atención es que los altos ejecutivos que tuvieron responsabilidades siguen en la División Salvador o han sido reubicados en otros lugares de la empresa.
Anuncio que como bancada vamos a apoyar el informe de la comisión investigadora.
He dicho.
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