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- rdf:value = " El señor ARAYA ( Vicepresidente ).- En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente , la semana antepasada analizamos este proyecto de ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. En esa oportunidad defendí las indicaciones de la Comisión de Hacienda, toda vez que perfeccionaban el proyecto despachado por la Comisión de Minería. Por lo demás, en el Senado prácticamente no tuvo modificaciones.
También di mi aprobación para que lo conociera la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
Al respecto, nunca me he opuesto a que se traten los temas medioambientales. Sin embargo, sobre esto quiero ser muy claro y preciso, algunas indicaciones apuntan a otro tipo de objetivos, y es a lo que me voy a referir.
En aquella oportunidad expresé el gran avance que significa este proyecto, toda vez que dota a nuestro ordenamiento jurídico-ambiental y de seguridad de mayor eficacia normativa. Esto, claro está, con miras a que las futuras generaciones hereden únicamente los beneficios económicos y sociales derivados de las labores ejecutadas por la industria extractiva minera y, de ninguna forma, pasivos ambientales que vayan aparejados a dichos beneficios.
En la Comisión de Hacienda y también en la Sala consta que fui muy crítico, conducta que mantengo, sobre el tratamiento que da el proyecto a la industria de los hidrocarburos, con la cual estoy familiarizado en mi calidad de diputado de la Octava Región del Biobío .
En mi intervención en esta Sala señalé que prefería que esa industria fuera regulada en un cuerpo legal distinto, atendidas las inconsistencias de técnica legislativa y de política pública que se derivan de regular en un mismo instrumento industrias tan distintas entre sí. Con las indicaciones que aprobamos mayoritariamente en la Comisión de Hacienda, logramos eliminar algunas de las inconsistencias del proyecto para la industria de los hidrocarburos.
En efecto, casi la totalidad de los diputados integrantes de esa Comisión coincidimos transversalmente con el Ejecutivo en la paradoja que se presentaba, pues las faenas asociadas a la producción de hidrocarburos no requieren de la construcción de tranques de relave, ni grandes modificaciones del terreno, como en el caso de la minería tradicional metálica, sin embargo, se le estaba aplicando un tratamiento mucho más exigente que el contemplado para ésta. Por tanto, y con la finalidad de aplicar condiciones similares a las establecidas para la minería tradicional y que no se mantuviera esa discriminación arbitraria en contra de la industria de los hidrocarburos, en la Comisión de Hacienda, en acuerdo con el Ejecutivo , impulsamos una indicación al artículo 48 del proyecto de ley, para establecer umbrales de extracción de hidrocarburos que siguieran la misma lógica de los establecidos para la extracción de mineral, es decir, determinar en qué casos los proyectos de explotación de hidrocarburos deben sujetarse al procedimiento simplificado o al general. De lo contrario, el proyecto habría carecido de constitucionalidad, ya que discriminaba a la industria de los hidrocarburos al no establecer los mismos beneficios que se otorgan a la industria minera metálica.
Sobre este punto quiero ser bastante claro. Sé que existió cierta confusión en la Comisión de Recursos Naturales. La indicación de la Comisión de Hacienda sólo pretendió que los hidrocarburos tuvieran el mismo tratamiento que se da la minería tradicional metálica, toda vez que el proyecto que recibimos del Senado le daba un tratamiento discriminatorio en perjuicio de la industria hidrocarburífera. De esta forma, y considerando la indicación introducida por la Comisión de Hacienda, los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos están sujetos a la obligación de presentar un plan de cierre de faenas al Sernageomín. Pero sólo aquellos que se empinen por sobre los umbrales establecidos están sujetos a la obligación de constituir garantía.
Ése es el tema de fondo. Queremos darle una nueva responsabilidad a la Empresa Nacional del Petróleo, para que haga las reservas de las garantías. ¿Por qué no decimos con claridad que hay gente que, en verdad, quiere privatizar la Empresa Nacional del Petróleo?
Las indicaciones propuestas por la Comisión de Hacienda -y acordadas con el Ejecutivo - resultan del todo razonables, más aun si consideramos que cuando la futura ley entre en vigencia afectará principal y únicamente, en un primer momento, a la Empresa Nacional del Petróleo. Por el contrario, no incorporar estas modificaciones harían que el proyecto establezca un estándar de discriminación injustificado en contra de la industria de los hidrocarburos, particularmente en un contexto en el cual otras industrias con operaciones similares, como la geotérmica, no están ni siquiera comprendidas en el proyecto.
Finalmente, tal como ha sido mi tradición en el ejercicio parlamentario por más de 21 años, hoy nuevamente tengo que alzar la voz en defensa de las empresas del Estado. Permítanme señalar, con claridad, que este proyecto tenía serios perjuicios para ENAP y Codelco . Es más, las garantías establecidas sólo generaban ganancias para el mercado financiero, precisamente en perjuicio del Estado, y, lo que es peor, en momentos en que el gas en Magallanes se ha tornado una discusión nacional. Al no establecer ciertos límites a la industria de los hidrocarburos, se generan serios desincentivos a la búsqueda de nuevos recursos, lo que compromete seriamente el futuro energético de Magallanes y la sustentabilidad de la ENAP, empresa que ayer y hoy califico como estratégica para el país.
Por lo demás, la Empresa Nacional del Petróleo -relacionada con la energía en l país- tiene obligaciones legales. ¿Le vamos a colocar una nueva carga?
Quiero que cuando el señor ministro de Minería esté presente dé a conocer una salida real y efectiva para que lleguemos a un acuerdo en defensa de las pocas empresas del Estado que todavía quedan en nuestra Patria.
He dicho.
"
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