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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente , como lo manifestamos en la Comisión de Salud, si bien es necesario y pertinente fiscalizar y castigar a quienes abusen en el otorgamiento de licencias médicas, como también a los respectivos usuarios, consideramos que toda legislación, sobre todo cuando tiene respaldo del Ejecutivo , está ubicada en un contexto.
Venimos de rechazar de manera enfática y pública, la Oposición, la Alianza y el Gobierno, la mala señal que dieron las isapres al elevar sobre los precios de los planes de salud sustantivamente y de manera intempestiva, lo que afectó a sus afiliados.
Si muchos, en términos muy duros, castigaron la señal que en su momento entregaron las isapres, hoy consideramos casi una mala señal legislar para dar un espaldarazo a quienes han abusado del bolsillo de los chilenos.
Con el proyecto, ganará el patrimonio fiscal, representado por Fonasa . Pero, qué duda cabe de que también estamos dando una señal orientada a las instituciones de salud privadas que, como hemos señalado en los últimos meses, han castigado duramente el patrimonio de sus afiliados.
En este proyecto poco están presentes los derechos de los cotizantes que, a nuestro juicio, deben ser el centro de una política pública.
Señor Presidente , no entendemos por qué una legislación que tiene que ver con el uso fraudulento de las licencias médicas, se pretende consolidar un Registro Nacional de Licencias Médicas y Subsidios por Incapacidad Laboral, al que tendrán acceso instituciones de carácter público, pero también de carácter privado. Cuando digo privado, me refiero no solamente al ámbito de la salud. Hoy, a nivel nacional se ventilan temas como el caso de La Polar. Al respecto, desconocemos por qué instituciones del retail podrán acceder a ese tipo de base de datos, que consolidará el registro sanitario y epidemiológico de prácticamente toda la vida de las chilenas y chilenos.
Por lo tanto, a dicho registro llegarán no sólo las licencias médicas fraudulentas, como hubiese sido lógico, de manera de contar con una suerte de consolidado de quienes abusan del sistema. En efecto, se tratará de un registro nacional en el que figurarán las licencias de la gran mayoría de los chilenos que, de buena fe y con uso terapéutico, reciban este instrumento.
Echamos de menos las explicaciones del Ejecutivo sobre la materia, porque consideramos que se está consolidando una suerte de Dicom de la salud, que puede resultar bastante peligroso. Tal como existe el Consejo para la Transparencia, en nuestro país no tenemos, a renglón seguido, una institución que establezca restricciones al acceso de datos personales.
En suma, debo señalar que nada tiene que ver legislar de contrabando respecto de la consolidación de dicho Registro.
Asimismo, no entendemos por qué se da acceso a la información a entidades de carácter privado.
Finalmente, consideramos que existen otras prioridades desde el punto de vista legislativo, como tener una ley de isapres actualizada, que se haga cargo de los fallos del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucionales las tablas de factores de riesgo, debido a que discriminan en virtud del género y de la edad, afectando, por ejemplo, a los adultos mayores y a los menores de siete años.
Reitero, debemos contar con una nueva legislación en materia de isapres, con el objeto de resguardar los intereses de los ciudadanos, y luego, a renglón seguido, preocuparnos de estos temas, pero a nivel nacional, porque debemos tener prioridades.
Para terminar, tenemos serias desconfianzas sobre los propósitos y las prioridades fijadas en este proyecto.
He dicho.
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