REPÚBLICA DE CHILE/CÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 359ªSesión 49ª, en jueves 23 de junio de 2011(Ordinaria, de 10.18 a 13.03 horas) Presidencia de los señores Melero Abaroa, don Patricio, y Araya Guerrero, don Pedro. Secretario accidental, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián. Prosecretario accidental, el señor Landeros Perkic, don Miguel.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- FÁCIL DESPACHO VI.- ORDEN DEL DÍA VII.- PROYECTOS DE ACUERDO VIII.- INCIDENTES IX.- ANEXO DE SESIÓN X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XII.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.ÍNDICE GENERALPág. I. Asistencia 7 II. Apertura de la sesión 11 III. Actas 11 IV. Cuenta 11 - Prórroga de plazo a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para emitir informe 11 - Inclusión en Tabla del segundo informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto que modifica la ley del consumidor 11 - Preferencia para tratar proyecto de acuerdo 12 V. Fácil despacho. - Derogación de norma que fija plazo a erección de monumento en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola. Primer trámite constitucional 12 VI. Orden del Día. - Regulación de contrato de seguro. Primer trámite constitucional 13 - Informe de la Comisión Especial destinada a estudiar la situación del patrimonio histórico y cultural del país y proponer iniciativas para su protección. (Continuación) 37 VII. Proyectos de acuerdo. - Queja formal ante el gobierno de Bolivia por incursión de militares bolivianos en territorio chileno. (Preferencia) 42 - Medidas para evitar alza en el precio del pan 43 - Normativa sobre programas televisivos en inglés con subtítulos en español 44 VIII. Incidentes. - Nueva alza de peajes en Autopista del Sol. Oficios 45 - Citación de Comisión de Derechos Humanos a general director de Carabineros. Oficio 46 - Traslado de residuos peligrosos desde la Segunda a la Sexta Región. Oficios 47 - Remisión a la OEA de antecedentes sobre detención de efectivos bolivianos por ingreso ilegal a Chile. Oficios 47 - Información sobre expropiación para construir embalse Punilla, comuna de San Fabián de Alico. Oficio 48 - Adopción de medidas para acceso a beneficio a favor de deudores hipotecarios. Oficios 48Pág. IX. Anexo de sesión. Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes 50 - Impacto de caso La Polar en consumidores de Copiapó, Región de Atacama. Oficio 50 - Información sobre exigencia de cursos para ingresar a trabajar en faenas mineras. Oficios 50 - Revisión de calificación de urgencias en la tramitación de proyectos de ley. Oficios 51 - Satisfacción por declaración de zona de latencia a la comuna de Huasco. Oficios 52 X. Documentos de la Cuenta. 1. Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.”. (boletín N° 7075-06) 53 2. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Chahín, Araya, Ascencio, Cerda, Sabag, Saffirio, Torres, Walker, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda doña Alejandra que “Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor, restableciendo el ejercicio del derecho a retracto de los consumidores ante contratos u ofertas a distancia”. (boletín N° 7751-03) 53 3. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Van Rysselberghe, Arenas, Farías, Moreira, Robles, Rosales, Torres, Urrutia, Velásquez, y de la diputada señora Saa, doña María Antonieta, que “Declara el primer domingo de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología”.”. (boletín N° 7753-19) 55 - Oficios del Tribunal Constitucional mediante los cuales remite copia autorizada de las sentencias definitivas referidas a los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad: 4. “artículo 163 del Código Tributario.”. Rol 1718-10-INA. (6184). Acogido Se tomó conocimiento 56 5. “artículo 38 de la ley N° 18.933”. Rol 1733-10-INA. (6196). Acogido. Se tomó conocimiento 57 6. Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados copia de la resolución sobre acción de inconstitucionalidad de diversos artículos del Convenio Internacional para la Protección de los Obtentores Vegetales (UPOV-91). (boletín N° 6426-10. Rol 1988-11-CPT. (6201). Se tomó conocimiento 57 XI. Otros documentos de la Cuenta. 1. Oficio y notas. - Oficio de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por el cual solicita el acuerdo de la Sala para prorrogar en 14 días su mandato parar redactar las conclusiones finales del Informe sobre la investigación de las causas que ocasionaron el incendio de la cárcel de San Miguel. - Nota del diputado señor Campos, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 23 de junio en curso, para dirigirse a Israel. - Nota del Diputado señor Lorenzini, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 25 de junio en curso, para dirigirse a Estados Unidos. - Nota del Diputado señor Auth, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 26 de junio en curso, para dirigirse a Inglaterra. Respuestas a oficios. Cuenta 49ª Ministerio de Obras Públicas: - Diputado Sabag, Solicita informar el estado de avance de la construcción del puente Menelhue, en la comuna de San Carlos (1506 al 2257). - Diputado Álvarez-Salamanca, Solicita adoptar las medidas del caso tendientes a destinar recursos a la ejecución de las obras de construcción de un sistema de alcantarillado en el sector de Santa Olga, comuna de Constitución (1507 al 2640). Ministerio de Trabajo y Previsión Social: - Diputado García don René Manuel, Solicita informar si existen motivos para que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Cautín, Región de La Araucanía, haya rechazado en cuatro oportunidades las licencias médicas de don Emilio Jaime Sandoval Escobar, quien padece de insuficiencia cardiaca y miocardiopatía dilatada, medicamente diagnosticadas. (34047 al 3263). - Diputado Díaz don Marcelo, Solicita informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento y atención de público en el IPS (845 al 3068). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: - Diputado Rincón, Solicita prohibir la práctica, generalizada, de las empresas de telefonía móvil, de poner término a los minutos de las tarjetas de prepago si el titular no los usa en el plazo de 30 o 60 días (3931 al 1429). - Diputado Ascencio, Solicita se fiscalice a los buses de transporte escolar contratados por la Corporación Municipal de Ancud, en atención a que no estarían cumpliendo con la normativa vigente en aspectos como permisos, revisión y seguros; informando de los resultados (874 al 2990). - Proyecto de Acuerdo 270, Solicita regulación del vencimiento de las tarjetas de prepago de la telefonía celular. (3932).XI. Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. - Diputado De Urresti, Solicita información relacionada con la terminación del convenio que permitía a los dirigentes vecinales, afiliados al Fondo Nacional de Salud, acceder al beneficio de condonación, total o parcial, de deuda hospitalaria. (3617 de 20/06/2011). A director del Fonasa. - Diputado De Urresti, Solicita información relacionada con la terminación del convenio que permitía a los dirigentes vecinales, afiliados al Fondo Nacional de Salud, acceder al beneficio de condonación, total o parcial, de deuda hospitalaria. (3618 de 20/06/2011). A Ministerio Secretaría General de Gobierno. - Diputado Espinoza don Fidel, Solicita realizar una investigación, remitiendo sus conclusiones a esta Cámara, por la falta de suministro eléctrico que afectó, entre los días 5 y 9 de junio, a vecinos del sector de Rinconada, en la comuna de Fresia; y, por otra parte, gestionar con la empresa eléctrica Crell, que otorga dicho servicio, compensaciones por los problemas ocasionados a dichos usuarios. (3619 de 20/06/2011). A superintendente de Electricidad. - Diputado Melero, Solicita informar sobre las razones por las que a la señora Nelly Guajardo Parra, profesora normalista jubilada, se le suspendió, a contar de febrero del año en curso, el pago del bono post laboral, que percibía desde el año 2009. (3620 de 21/06/2011). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (88)NOMBRE (Partido* Región Distrito)Alinco Bustos René IND XI 59Andrade Lara, Osvaldo PS RM 29Araya Guerrero, Pedro PRI II 4Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58Auth Stewart, Pepe PPD RM 20Baltolu Rasera, Nino UDI XV 1Barros Montero, Ramón UDI VI 35Becker Alvear, Germán RN IX 50Bertolino Rendic, Mario RN IV 7Cardemil Herrera, Alberto RN RM 22Carmona Soto, Lautaro PC III 5Castro González, Juan Luis PS VI 32Cerda García, Eduardo PDC V 10Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40Cornejo González, Aldo PDC V 13Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24Chahín Valenzuela, Fuad PDC IX 49Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 14Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56Farías Ponce, Ramón PPD RM 30García García, René Manuel RN IX 52García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32Girardi Lavín, Cristina PPD RM 18Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60González Torres, Rodrigo PPD V 14Gutiérrez Pino, Romilio UDI VII 39Hales Dib, Patricio PPD RM 19Hasbún Selume, Gustavo UDI RM 26Hernández Hernández, Javier UDI X 55Hoffmann Opazo, María José UDI V 15Isasi Barbieri, Marta IND I 2Jaramillo Becker, Enrique PPD XIV 54Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41Jiménez Fuentes, Tucapel PPD RM 27Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35Lemus Aracena, Luis PS IV 9León Ramírez, Roberto PDC VII 36Rosales Guzmán, Joel UDI VIII 47Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag IND XII 60Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52Molina Oliva, Andrea UDI V 10Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23Morales Muñoz Celso UDI VII 36Moreira Barros, Iván UDI RM 27Muñoz D'Albora, Adriana PPD V 9Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44Pérez Lahsen, Leopoldo RN RM 29Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56Rivas Sánchez, Gaspar RN V 11Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6Rojas Molina, Manuel UDI II 4Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42Sabat Fernández, Marcela RN RM 21Saffirio Espinoza, René PDC IX 50Sandoval Plaza, David UDI XI 59Santana Tirachini, Alejandro RN X 58Sauerbaum Muñoz, Frank RN VIII 42Schilling Rodríguez, Marcelo PS V 12Sepúlveda Orbenes, Alejandra PRI VI 34Silber Romo, Gabriel PDC RM 16Silva Mendez, Ernesto UDI RM 23Squella Ovalle, Arturo UDI V 12Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39Teillier Del Valle, Guillermo PC RM 28Torres Jeldes, Víctor PDC V 15Tuma Zedan, Joaquín PPD IX 51Turres Figueroa, Marisol UDI X 57Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43Letelier Aguilar, Cristián UDI RM 31Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40Velásquez Seguel, Pedro IND IV 8Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48Verdugo Soto, Germán RN VII 37Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25Vilches Guzmán, Carlos UDI III 5Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI XIV 54Walker Prieto, Matías PDC IV 8Ward Edwards, Felipe UDI II 3Zalaquett Said, Mónica UDI RM 20 -Diputados en misión oficial señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Alfonso De Urresti Longton, Rosauro Martínez Labbé y Ricardo Rincón González.- II. APERTURA DE LA SESIÓN-Se abrió la sesión a las 10.18 horas.El señor MELERO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTASEl señor MELERO (Presidente).- El acta de la sesión 43ª se declara aprobada.El acta de la sesión 44ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTAEl señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.-El señor LANDEROS (Prosecretario accidental) da lectura a la Cuenta. PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA PARA EMITIR INFORME. El señor MELERO (Presidente).- Recabo el asentimiento unánime de la Sala para prorrogar hasta el 12 de julio el plazo de que dispone la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para emitir su informe acerca de las causas del incendio que afectó al Centro de Detención Preventiva de San Miguel.¿Habría acuerdo en tal sentido?Acordado. INCLUSIÓN EN TABLA DEL SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY DEL CONSUMIDOR. El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, cuestión de Reglamento.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, por acuerdo de la Sala, el 3 de agosto de 2010, se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.946, del Consumidor, con el objeto de permitir la solicitud de indemnización por daño moral en demandas colectivas (boletín N° 6904-03).Para el cumplimiento de su objetivo, se le otorgó un plazo de dos semanas a dicha Comisión, y el proyecto ingresó a ella con fecha 18 de enero del año en curso. Como, evidentemente, el plazo de dos semanas está largamente vencido, solicito a su señoría que recabe el acuerdo de la Sala para que se someta a nuestra consideración el segundo informe de la Comisión de Economía y votemos derechamente la moción. Formulo esta petición porque entiendo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tiene una agenda muy recargada. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- ¿Ha-bría acuerdo de la Sala para incluir en la Tabla el proyecto a que se refirió el diputado Fuad Chahín, en los términos señalados?Acordado. PREFERENCIA PARA TRATAR PROYECTO DE ACUERDO. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Pido la palabra, señor Presidente.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, diputados de distintas bancadas presentamos un proyecto de acuerdo que tiene por finalidad rechazar la entrada ilegal de soldados bolivianos a Chile. Atendido el hecho de que la próxima semana es distrital, solicito que recabe el acuerdo de la Sala, a fin de poder votar este proyecto de acuerdo en la presente sesión. El señor MELERO (Presidente).- La diputada señora María Angélica Cristi solicita que, dada la importancia del proyecto de acuerdo al cual se refirió, que es el N° 375, sea tratado en el tiempo de los proyectos de acuerdo de la presente sesión.¿Habría acuerdo?Acordado. La señora CRISTI (doña María Angélica).- Gracias, señor Presidente. V. FÁCIL DESPACHODEROGACIÓN DE NORMA QUE FIJA PLAZO A ERECCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE JUAN AMADOR BARRIENTOS ADRIAZOLA. Primer trámite constitucional.El señor MELERO (Presidente).- En la Tabla de Fácil Despacho, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en moción, que deroga el artículo 7° de la ley N° 19.632, dejando sin efecto el plazo para erigir un monumento en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola.Diputado informante de la Comisión de Cultura y de las Artes es el señor Sergio Ojeda.Antecedentes:-Moción, boletín N° 4844-24, sesión 121ª, en 17 de enero de 2007. Documentos de la Cuenta N° 4.-Informe de la Comisión de la Cultura y de las Artes, sesión 42ª, en 15 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 14.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.El señor OJEDA (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Cultura y de las Artes, vengo en informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que deroga el artículo 7° de la ley N° 19.632, dejando sin efecto el plazo para erigir un monumento en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola.El proyecto se originó en moción de los diputados Pedro Araya Guerrero, Javier Hernández Hernández, Enrique Jaramillo Becker y Sergio Ojeda Uribe, y de los ex diputados Fulvio Rossi Ciocca y Ximena Valcarce Becerra.La idea matriz o fundamental del proyecto es derogar el artículo 7° de la ley N° 19.632, con la finalidad de dejar sin efecto el plazo que estableció esa norma para erigir un monumento en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola.El artículo fija un plazo de cinco años que, por supuesto, ya expiró. Por eso, la idea es dejarlo sin efecto.El proyecto no contiene normas de quórum especial o que requieran trámite de Hacienda.Fundamentos y contenidos de la moción. El proyecto ingresó a tramitación en enero de 2007. Sus considerandos señalan que, por medio de la ley N° 19.632, publicada con fecha 11 de septiembre de 1999, se autorizó erigir un monumento en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola, soldado osornino que combatió en la Guerra del Pacífico, participó en el desembarco y toma de Pisagua, en el Combate Naval de Angamos y en la toma del Morro de Arica. La referida ley, que consta de siete artículos, establece la forma de financiamiento del monumento, la creación de un fondo destinado a recibir las erogaciones y aportes para su construcción, y la creación de una comisión especial encargada de llevar a efecto y ejecutar el referido monumento, y sus integrantes. Su artículo 7° dispone un plazo de cinco años, contados desde la publicación de la ley, para erigir el monumento, luego de lo cual se establece que los fondos recolectados y no utilizados se entregarán a la entidad de beneficencia que determine la comisión especial.La moción señala que, si bien dicho plazo de cinco años se encuentra vencido, la idea y el plan de construcción del monumento continúan vigentes, y está avanzada la confección de una maqueta y el estudio para la ubicación del mismo.Por tal motivo y para poder continuar con el proyecto de construcción de un monumento en memoria del soldado Juan Amador Barrientos Adriazola, esta iniciativa legal propone derogar la disposición legal que establece un plazo de cinco años para su construcción, de manera que la comunidad osornina pueda continuar con la planificación de la construcción del referido monumento.Normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal.Ley N° 19.632, publicada con fecha 11 de septiembre de 1999, autoriza erigir un monumento en la ciudad de Osorno, en memoria de Juan Amador Barrientos Adriazola.La ley consta de siete artículos permanentes, y el proyecto propone derogar su artículo 7°, cuyo texto vigente es del siguiente tenor:“Artículo 7°.- El monumento deberá erigirse en el plazo de cinco años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Si vencido dicho plazo no se hubiere ejecutado la obra, los recursos obtenidos hasta esa fecha por concepto de erogaciones serán aplicados a los objetivos de beneficencia que la comisión indique.”.Aquí radica el problema que el proyecto pretende solucionar.La iniciativa está estructurada sobre la base de un artículo único, mediante el cual se propone derogar el artículo 7° de la ley N° 19.632. De esta manera, la facultad para erigir un monumento en memoria del referido soldado no queda sujeta a un plazo determinado, circunstancia que hace factible que la comunidad osornina pueda continuar con los planes que ha llevado a cabo sobre esta materia. La importancia de aprobar esta iniciativa radica en el hecho de que en Osorno se ha avanzado en la construcción de este monumento, que permitirá rendir un sentido y justo homenaje al soldado Barrientos, quien participó en memorables hazañas de la historia militar chilena. Una de ellas fue el desembarco y toma de Pisagua, en 1879, en que el teniente Juan Amador Barrientos Adriazola, al mando de cuatrocientos cincuenta efectivos, acompañado de los batallones Atacama y Zapadores, desembarcó en Pisagua y se tomó el referido puerto nortino.La lucha duró una hora y media. Estaban premunidos sólo de fusiles, bayonetas y corvos, para enfrentar a más de un millar de defensores peruanos y bolivianos atrincherados en las laderas, que constituyen verdaderos acantilados desde la parte baja del desierto, difíciles de escalar. Los peligros del terreno, sin embargo, no fueron impedimento ni obstáculo para que este valiente soldado lograra la toma del puerto. En la época, se resaltó el valor de los soldados y el coraje del teniente Barrientos, todo lo cual fue destacado en diarios del mundo de ese tiempo. La referida hazaña marcó un hito importante en la historia de las grandes hazañas de guerra.En el salón de honor de la Infantería de Marina de los Estados Unidos de América, en la base naval de Quintin, Virginia, hay una leyenda que habla de la primera operación anfibia de envergadura mundial, y señala que diez mil hombres participaron en una gesta inédita y universal de arrojo, valentía y valor.Para los osorninos, la importancia del monumento radica en que el teniente Barrientos nació en 1849 en la ciudad de Osorno. Luego, hizo sus estudios en la Escuela Naval, y cuando estalló la Guerra del Pacífico, participó en ella.Se trata de un personaje de trascendencia e importancia no sólo para Osorno, sino también a nivel nacional. Incluso más, en el Senado se encuentra en tramitación un proyecto que solicita que alguna calle nortina lleve el nombre de ese teniente chileno.El desembarco y el inminente peligro de muerte que revistió su hazaña constituyen un ejemplo notable de heroísmo, patriotismo y entrega, que debe ser conocido por las nuevas generaciones. De ahí, entonces, el interés y la necesidad de que los osorninos y el país puedan rendir este homenaje al teniente Barrientos.La Comisión compartió los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción y, luego de escuchar las explicaciones y argumentos entregados por uno de sus autores, que permitieron a sus miembros formarse una opinión sobre la idea central del proyecto y la conveniencia de la norma propuesta, decidió dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores De Urresti, Godoy, Ojeda (en reemplazo del diputado Torres) y Velásquez, y de las diputadas señoras Claudia Nogueira y Ximena Vidal.No hay artículos ni indicaciones rechazados.Por las razones expuestas y las que se contienen en el proyecto, la Comisión recomienda aprobarlo, de conformidad al siguiente texto:“Artículo único.- Derógase el artículo 7° de la ley N° 19.632.”.Tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente a la sesión de 8 de junio de 2011, con asistencia de las diputadas señoras María José Hoffmann, Claudia Nogueira y Ximena Vidal, y de los diputados señores De Urresti, Espinosa, don Marcos; Farías, Godoy, Ojeda (en reemplazo del diputado Torres), Schilling, Silber (en reemplazo del diputado Burgos) y Velásquez.Es cuanto puedo informar.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no me voy a referir a los méritos del soldado osornino Juan Amador Barrientos, que ya señaló el diputado Ojeda, también osornino y autor de la moción. El proyecto persigue, en definitiva, extender el plazo para realizar la recolección de fondos y diversas obras para erigir el monumento referido. Dicho plazo, de cinco años, empezó a regir a contar de 1999 y expiró en 2004.La iniciativa respectiva incurrió en los mismos errores de otras relativas a la construcción de monumentos. En este caso, me entenderán los diputados señores Ceroni y Eluchans, con quienes siempre conversamos antes de intervenir en los debates para advertir defectos o posibles errores en que pueden incurrir algunos proyectos. En las iniciativas de ésta índole, normalmente se sigue un patrón común de redacción y, al hacerlo, siempre se cae en el mismo defecto.Un ejemplo lo constituye el monumento a Roberto Matta -dicho sea de paso, este año se cumple un centenario de su nacimiento-, por cuanto aún no se constituye la comisión encargada de ejecutar los objetivos de la ley que autorizó su construcción. Felizmente, la diputada Ximena Vidal y el diputado Rodrigo González se percataron del mismo detalle y han realizado gestiones para que se active la ejecución de dicha obra.El error de técnica legislativa consiste en que en los proyectos que autorizan erigir monumentos se señala quiénes conforman la comisión, pero se omite mencionar quién tiene la iniciativa de la convocatoria.En este caso, junto con el diputado Sergio Ojeda y la diputada señora Ximena Vidal, hemos presentado una indicación en ese sentido. A nuestro juicio, el alcalde de Osorno debe llevar adelante la iniciativa. Asimismo, se debe establecer claramente que es una obligación legal, a fin de que la iniciativa pueda concretarse; de lo contrario, aun sin plazo, nadie va a encabezar la convocatoria.Como patrocinante del proyecto, lo aprobaré, pero con la salvedad mencionada.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, una de las tareas de la Comisión de Cultura y de las Artes, además de legislar sobre diferentes proyectos que mejoren la institucionalidad cultural y fomenten las artes y la cultura, entre otros temas, es conocer iniciativas relativas a la erección de monumentos, de manera de reconocer a insignes compatriotas que hicieron de su vida un ejemplo y de usar sus virtudes en bien del país.Ahora, corresponde el turno de otorgar un merecido reconocimiento a un soldado osornino, Juan Amador Barrientos Adriazola, quien combatió en la Guerra del Pacífico, participó en el desembarco y toma de Pisagua, en el Combate Naval de Angamos y en la toma del Morro de Arica.Más allá del genuino homenaje que podemos hacer a personajes que marcaron a las regiones y al país con su desempeño, me parece que debemos mejorar, como bien dijo el diputado Enrique Jaramillo, la forma de definir y seleccionar qué cantidad de monumentos se pueden erigir, con qué criterios se aprueban, considerando costos, valores que encarnan los personajes reconocidos, etcétera.Sin desmerecer el recuerdo de Juan Amador Barrientos Adriazola y la erección de un monumento en su honor -aprobamos por unanimidad el proyecto en la Comisión de Cultura y de las Artes-, tenemos una tarea pendiente en cuanto a la realización y participación de otros actores en la aprobación y determinación de la pertinencia de erigir monumentos en el territorio nacional, sobre todo desde el punto de vista ejecutivo.La indicación puede apuntar en ese sentido; pero, independientemente de ella, debemos crear una mesa resolutiva para modificar los criterios en relación con estas iniciativas, de manera que no queden en tierra de nadie. Sobre todo, es necesario abordar esto desde un punto de vista ejecutivo, de quiénes ejecutan los monumentos; pero también hay una parte previa, sobre cómo se define, con qué antecedentes y con qué criterios.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.El señor ROJAS.- Señor Presidente, cuando participé en la Comisión de la Cultura y de las Artes, analizamos en varias oportunidades la manera que tenemos para erigir monumentos a lo largo del país, de acuerdo con la ley. Pero, como decía la diputada Ximena Vidal, muchas veces se forman las respectivas comisiones, se reciben las erogaciones y donaciones, pero nadie sabe por qué no se levanta el monumento. Tampoco se sabe qué pasa con los recursos. A veces se pide una prórroga, por lo que muchas veces se entrega un nuevo plazo para su construcción.Por lo tanto, debiéramos abordar esta materia sin temor. Una posibilidad sería que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes estudiara otra forma mucho más expedita para concretar ese trámite. A mi juicio, cuando se aprueba la erección de un monumento, se debería autorizar a la municipalidad para que recaudara los recursos provenientes de las donaciones y liderara todo lo relativo a la obra, de manera de no estar constantemente pidiendo la derogación de una parte de la respectiva norma.Si bien vamos a aprobar el proyecto para que se cumplan los objetivos de la ley N° 19.632, hay que tener claridad respecto del problema en comento.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.El señor SCHILLING.- Señor Presidente, una de las pocas facultades que tiene el Congreso Nacional dice relación con impulsar por sí mismo iniciativas tendientes a levantar monumentos en homenaje a determinadas personas que se han distinguido en el ámbito nacional.Como se recordaba acá, esta facultad está condicionada al hecho de que una vez aprobada la erección del monumento, corresponde a la comunidad respectiva la recolección de los fondos.Desde las bancadas de enfrente están proponiendo que le pasemos esta carga a las municipalidades. Estoy en completo desacuerdo con ello. Para nadie es desconocido que si en la Comisión de la Cultura y de las Artes y luego en esta Sala se discuten iniciativas tendientes a autorizar la erección de un monumento en memoria de A o B, es a instancias de algún parlamentario que cree justo llevar adelante esa iniciativa.En consecuencia, ese mismo parlamentario debería organizar a la comunidad para que reúna los fondos que se necesitan para levantar el monumento que propone.Sería una buena costumbre nacional que cuando tengamos una convicción, nosotros mismos la llevemos adelante. No corresponde que si alguien tiene una buena idea, después se la pase a otro para que la realice. Pese a que es una costumbre muy chilena, no estoy de acuerdo con ella.Aunque no es materia de la discusión, quiero dejar clara mi posición de que no estoy por trasladar la responsabilidad a otros. Los parlamentarios que proponen la erección de monumentos deberían asumir la responsabilidad.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.El señor ORTIZ.- Señor Presidente, este tema ha sido bastante recurrente en los 21 años y meses desde que de nuevo nos constituimos como Poder del Estado.Durante el primer período después de 1990, un distinguido colega presentó alrededor de diez proyectos relacionados con la erección de monumentos, para demostrar ante el país que somos agradecidos y que rendimos homenaje a diferentes actores que se han destacado. Sin embargo, el tema de fondo fue siempre el financiamiento.Concuerdo con el diputado Marcelo Schilling en que no debemos entregar las pocas facultades que tenemos. Eso significaría un contrasentido, considerando que el actual sistema es demasiado presidencialista. Perdimos facultades tras la derogación de la Constitución de 1925. La Constitución de 1980 es muy sui géneris. Después hubo modificaciones, pero eso es largo de debatir.La iniciativa en discusión propone derogar la disposición legal que establece el plazo de cinco años para la construcción de un monumento en memoria de don Juan Amador Barrientos Adriazola.Reitero, en estos casos siempre se presenta el problema al momento de obtener los fondos necesarios mediante erogaciones y aportes. Cuando el tema se pone en la mesa, es noticia. La gente que se interesa, se esfuerza por cumplir las metas para la concreción de la obra.Ahora, voy a aclarar por qué al comienzo de mi intervención me referí a un distinguido colega. Ese parlamentario estuvo sólo dos períodos. Algunos ayudamos a que se cumplieran esos proyectos, pero les faltaba el motor.A mi juicio, los colegas que presenten iniciativas de este tipo deberían tratar de buscar un financiamiento más directo, porque si hiciéramos un análisis de todas las que hemos aprobado en este sentido, desde 1990 a la fecha, nos podríamos encontrar con la desagradable sorpresa de que en la inmensa mayoría de los casos no se ha terminado la obra.Por eso, estoy de acuerdo con la creación de una Comisión para la Evaluación de la Ley, instancia que debería abordar este tema.Anuncio mi voto favorable, porque el plan de construcción del monumento continúa vigente y la elaboración de su maqueta está avanzada, pese a que venció el plazo de cinco para su erección. Finalmente, solicito que cuando se conforme la Comisión para la Evaluación de la Ley, con motivo de la celebración de los 200 años de existencia del Poder Legislativo, se haga un catastro de todos los proyectos que hemos aprobado en los 21 años y meses desde el retorno a la democracia, a fin de demostrar ante la opinión pública que hemos realizado la pega en un ciento por ciento.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que deroga el artículo 7° de la ley N° 19.632, dejando sin efecto el plazo para erigir un monumento en memoria de don Juan Amador Barrientos Adriazola.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar en particular el proyecto de ley.Los diputados señores Enrique Jaramillo y Sergio Ojeda y la diputada señora Ximena Vidal presentaron una indicación para incorporar al proyecto de ley el siguiente artículo transitorio:“Artículo transitorio: El alcalde de la Municipalidad de Osorno deberá convocar a la Comisión Especial dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley.”.En votación el artículo único del proyecto, conjuntamente con la indicación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.-Se abstuvieron los diputados señores:Monckeberg Bruner Cristián; Pérez Lahsen Leopoldo; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro.El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto. VI. ORDEN DEL DÍAREGULACIÓN DE CONTRATO DE SEGURO. Primer trámite constitucional.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de suma, que regula el contrato de seguro.Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Fuad Chahín.Antecedentes:-Moción, boletín N° 5185-03, sesión 47ª, en 10 de julio de 2007. Documentos de la Cuenta N° 11. -Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 41ª, en 14 de junio de 2011. Documentos de la Cuenta N° 5.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante.El señor CHAHÍN (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, sobre contrato de seguro. La iniciativa tuvo su origen en una moción de los ex diputados Juan Bustos, Marcelo Forni, Renán Fuentealba y Eduardo Saffirio, y de los diputados señores Jorge Burgos, Alberto Cardemil, Edmundo Eluchans, Sergio Ojeda, Patricio Vallespín y Mario Venegas.Constancias previas.Idea matriz o fundamental del proyecto.Reemplazar en su totalidad el Título VIII del Libro II del Código de Comercio, que trata del seguro en general y de los seguros terrestres en particular (artículos 512 al 601), con el propósito de modernizar esta legislación y adecuarla a las actuales exigencias de contratación.Normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.El inciso final del nuevo artículo 543, contenido en el artículo 1º del texto aprobado, es de carácter orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República de Chile, por cuanto incide en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.El proyecto no requiere trámite de Hacienda y fue aprobado en general por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Cristina Girardi y Mónica Zalaquett, y los diputados señores Arenas (Presidente), Vallespín, Van Rysselberghe y quien habla.La Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas: Osvaldo Macías, intendente de seguros de la Superintendencia de Valores y Seguros; Gonzalo Zaldívar, fiscal de seguros de dicha institución; doña Rosario Celedón, jefa de gabinete de la Superintendencia de Valores y Seguros; Juan Pablo Uribe, abogado de dicha entidad; Pablo Correa, coordinador de mercado de capitales de la Subsecretaría de Hacienda; doña María Ignacia Castro, abogada, asesora del ministro de Hacienda; los señores Alejandro Arriagada y Felipe Berger, asesores del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Osvaldo Contreras y Roberto Ríos, profesores de derecho comercial; Fernando Cámbara, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile; Jorge Claude, gerente general; Francisco Serqueira, fiscal, y Alejandro Arrieta, abogado, todos de dicha Asociación.Estamos ante un proyecto histórico. Han transcurrido más de ciento cuarenta años desde que el Presidente José Joaquín Prieto remitiera al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Código de Comercio. Todavía siguen rigiendo dichas normas, sin modificación ni actualización alguna, a pesar de que el seguro ha experimentado una notable evolución a escala nacional y mundial. No obstante, la realidad contractual se fue distanciando del contenido de sus normas, las que en algunos casos se convirtieron en insuficientes, erróneas o decididamente inaplicables.La autonomía de la voluntad, principio que preside todo el derecho privado, suplió tales carencias en lo referido al contrato de seguro, sobre la base de las estipulaciones contenidas en las cláusulas de las pólizas, hasta tal punto que llegó un momento en que se formó una realidad jurídica al margen de las normas del Código.Se hace evidente, entonces, la necesidad de actualizarlas, con el propósito de evitar el distanciamiento actual entre ley y realidad económica. Este proyecto continúa por la senda de otras iniciativas legales recientes, de gran importancia en materias propias del derecho comercial y económico, que ya se han materializado, como las modificaciones a la ley de protección al consumidor, a la ley de defensa de la libre competencia, la ley sobre arbitraje comercial internacional y la ley sobre la competencia desleal.Ahora, me voy a abocar al análisis del proyecto en sí, en sus aspectos principales, el que fue perfeccionado por las numerosas indicaciones que se aprobaron en el seno de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.Corrigiendo graves errores dogmáticos y siguiendo la doctrina moderna, el proyecto de ley se estructura sobre la base de reconocer la clasificación que distingue entre seguros de daños y seguros de personas (artículo 544), proporcionando normas generales o comunes a todo tipo de seguros, normas propias de los seguros de daños y normas propias de los seguros de personas, sin perjuicio de mantener vigentes las disposiciones especiales que regulan el seguro marítimo, contenidas en el Título VII del Libro III del Código de Comercio, introduciéndole a este último sólo algunas modificaciones menores.En cambio, las normas actuales que contempla el Título VIII del Libro II del Código de Comercio, se ordenan sobre la base de una clasificación de los seguros que distingue entre seguros terrestres y marítimos, regulando los primeros con absoluta prescindencia de las diferencias que existen entre los seguros de daños y los seguros de personas, confusión que se traduce en notables errores en las disposiciones aplicables a unos y otros, partiendo por la definición misma del contrato de seguros, que no toma en cuenta para nada a los seguros de personas ni los patrimoniales, como si éstos no existieran.Teniendo en consideración la especialidad del ramo, la ley se preocupa especialmente de definir los conceptos comunes que se utilizan habitualmente en él (artículo 513), con el objeto de facilitar la comprensión y aplicación de las normas contractuales y legales, y despejar las dudas o diferencias de apreciación que existen al respecto entre las diversas personas que interactúan en el comercio de seguros.Siguiendo la corriente mayoritaria contemporánea, se establece que el seguro es un contrato consensual que podrá probarse por todos los medios de prueba que contempla la ley, pero siempre que exista, al menos, un principio de prueba por escrito, por ejemplo, una propuesta de seguro con constancia de su recepción (artículo 515).Para proteger los derechos de los beneficiarios, se regula por primera vez la contratación colectiva de seguros, institución que en Chile se ha manifestado con mucha fuerza en el transcurso de los últimos años (artículo 517).Se establece una norma clara -se echaba de menos- en cuanto al onus probandi o peso de la prueba en materia de siniestros, determinándose al respecto que la carga de la prueba sobre su ocurrencia, sus circunstancias y consecuencias corresponde al asegurado. Se establece que corresponde al asegurador, en cambio, acreditar que no es responsable del mismo, según la convención o la ley. Constituyen estas normas la aplicación práctica, en el sistema de seguros, de la norma legal que es pieza fundamental del sistema de prueba chileno: el artículo 1698 del Código Civil.Se establece que las normas del contrato de seguro tendrán el carácter de imperativas. Es decir, se establece una normativa mínima de orden público en la materia para proteger a los asegurados comunes. En el caso de seguros de grandes riesgos contratados por empresas, las partes podrán pactar libremente las normas del contrato sin observación de las normas imperativas que lo rigen. Se define a los seguros de grandes riesgos en la misma forma como actualmente se establece, en la letra e) del artículo 3° del DFL N° 251, a los seguros que pueden ser contratados con pólizas no registradas en la Superintendencia, pero elevando el monto de la prima pagada por ellos de doscientas a mil unidades de fomento, con el propósito de ampliar el ámbito de los contratos de seguro dirigidos, en protección de los asegurados pequeños y medianos.Se consagra el arbitraje como medio para resolver los conflictos entre las partes del contrato, estableciendo legalmente y con caracteres generales, lo que rige en el Código de Comercio para las disputas relativas a los seguros marítimos y que, por la vía del uso y las cláusulas de las pólizas, ha venido haciéndose en los demás seguros desde hace más de setenta años. Sin embargo, se establece que no se podrá designar de antemano a la persona del árbitro y que en aquellos casos en que el monto disputado sea inferior a diez mil unidades de fomento, el asegurado tendrá el derecho de optar por ejercer su acción ante la justicia ordinaria o por el arbitraje.Además, se establece que el tribunal competente para conocer de los conflictos en materia de seguros será el que corresponda al domicilio del asegurado o beneficiario. Se regulan con las normas mínimas indispensables los principales ramos del contrato de seguro. Destacan la instauración de la acción directa del tercero perjudicado contra el asegurador en los seguros de responsabilidad civil; las modernas normas que regirán a los seguros, protegiendo su naturaleza internacional, y la cuidadosa regulación de los seguros de personas. Asimismo, sobre la base de una proposición que hiciera en su época el distinguido penalista don Alfredo Etcheberry, se incorpora derechamente la figura de fraude al seguro, por la vía de introducir en el artículo 470 del Código Penal un número 10, nuevo, para castigar a los que maliciosamente obtuvieren para sí o para un tercero el pago total o parcialmente indebido de un seguro.Por último, se introducen modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, para establecer la necesaria concordancia con los cambios dispuestos en el Código del ramo.Es cuanto puedo informar.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas.El señor ARENAS.- Señor Presidente, el proyecto de ley que nos ocupa, y que trabajamos con mucha intensidad en la Comisión de Economía, es la primera gran reforma a nuestro sistema de seguros desde hace décadas, o, más bien, desde la dictación del Código de Comercio. Por lo tanto, tiende a plasmar en la ley las prácticas que el mercado de seguros ha ido generando durante el tiempo. Se trata de un proyecto muy alabado por el mundo académico y por los profesionales del área de los seguros, que ha sido fuertemente impulsado por el Gobierno, en especial por el Ministerio de Hacienda, que le asignó urgencia. Por lo tanto, debemos agradecer a los autores de la moción y la labor del Ministerio de Hacienda al respecto.Entre las cosas destacables del proyecto, regula por primera vez la contratación colectiva de seguros. También rebaja los plazos de prescripción y establece normas muy precisas en cuanto a resguardar, sobre todo, los derechos del asegurado. Otra cosa importante: durante la discusión del proyecto, tuvimos presente la experiencia del terremoto del 27 de febrero de 2010 y del posterior tsunami, de manera de establecer la forma como funcionó el mercado de seguros en relación con los daños producidos en el patrimonio de miles de chilenos afectados por la catástrofe.Consideramos que, en ese sentido, el proyecto contiene no sólo los últimos avances académicos sobre la materia, sino también la última experiencia práctica del país en cuanto a la industria de seguros.Estoy de acuerdo con todo lo manifestado. Sin embargo, una norma que, quizás, fue la que produjo más divergencia en la discusión en la Comisión, y que se expresa a través de los votos en el articulado en particular, dice relación con la acción directa. En cuanto a la acción directa, si bien en teoría está muy bien intencionada, varios profesores, especialmente uno de la Universidad Católica, explicaba que, para que la acción directa fuera real y no produjera perjuicios más que beneficios, tenía que darse con una serie de requisitos en la legislación, y que todavía como país no tenemos.Por lo tanto, una acción directa -y no quiero repetir la discusión de la Comisión, porque está perfectamente establecida en el informe- sin esos requisitos previos, lo único que iba a producir era encarecer el costo de los seguros. Se iban a elevar las primas. En consecuencia, se iba a perjudicar a los pequeños usuarios del sistema de seguros que iban a ver aumentadas las primas de responsabilidad, que, en la práctica, estarían bien resguardadas por la legislación, tal cual manifiesta el informe que se acaba de aprobar.En el entendido de que se trata de un buen proyecto, nos sentimos muy orgullosos en la Comisión de Economía por haber trabajado con tanta intensidad.Sin embargo, pido votación separada para los artículos 570 y 572, que constituyen el núcleo de lo que se ha dado en llamar la acción directa, y que debe discutirse más adelante, una vez que se den otros supuestos normativos para que la acción directa sea realmente eficaz.Como presidente de la Comisión de Economía, no puedo dejar de mencionar que los diputados señores Carlos Montes y Marcelo Díaz presentaron el proyecto que establece el registro de seguros. Como se trata de un buen proyecto, acordamos incluirlo en la discusión de éste. Sin embargo, por distintas circunstancias, no se pudo. Tengo entendido que los diputados mencionados iban a presentar en la Sala una indicación para incorporar esa normativa referida al registro de seguros, lo cual se ha concordado con el Ejecutivo y con los autores de la moción. Al respecto, tengo entendido que se requiere unanimidad. Por lo tanto, solicito recabar la unanimidad en orden a admitirla en caso de que haya sido presentada.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana.El señor SANTANA.- Señor Presidente, valoro el proyecto en su real dimensión y también el trabajo de la Comisión de Economía.Me sumo a lo planteado por el diputado señor Arenas, en cuanto a votar separadamente los artículos 570 y 572, básicamente, respecto de la vinculación de la acción directa, porque da la impresión de que hay un punto que debemos revisar. El artículo 570 señala: “el asegurador se obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros, por un hecho previsto en la póliza, del cual sea civilmente responsable el asegurado.”.Por la lectura de la definición, se observa, a mi juicio, que adolece de un serio problema jurídico, el cual consiste en transformar al asegurador en un deudor de la responsabilidad contractual y/o extracontractual, según corresponda. Creo que debe quedar claro que el asegurador está obligado frente al asegurado a pagarle la prestación establecida en el contrato, si es que la liquidación del siniestro concluye que los hechos u omisiones que produjeron la responsabilidad civil del asegurado se encuentran dentro de la cobertura de la respectiva póliza.Otras cuestiones jurídicas muy distintas son, por una parte, las medidas procesales que el tercero pueda adoptar para resguardar sus derechos sobre la prestación económica que ingresará al patrimonio del asegurado o, por otra, la responsabilidad de que la ley resuelva estipular un privilegio en favor de dicho tercero respecto del monto de dicha prestación.Por eso, sugerimos dos conceptos alternativos.Primero, por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado del daño patrimonial que éste sufre a consecuencia de su responsabilidad civil, derivada de los hechos previstos en la póliza, y segundo, por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga, conforme a las condiciones de la póliza, a indemnizar al asegurado el daño patrimonial que éste sufre a consecuencia de su responsabilidad civil.El artículo 572, que se refiere al derecho del tercero a demandar la indemnización, señala que el tercero perjudicado tendrá acción directa en contra del asegurador para cobrar la indemnización. Esto significa lisa y llanamente que el tercero podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios. Respecto de dirigir acción y pretensión en contra de la entidad aseguradora, en este caso, contra quien no tiene ninguna responsabilidad en los hechos, de más está decir que se pretenderá transformar a la entidad aseguradora en legítimo pasivo en el proceso, en circunstancias de que, como señalé, no fue ésta la que cometió el hecho, el acto o la omisión que causó los daños y que originó la responsabilidad civil del asegurado. En otras palabras, las entidades aseguradoras serán demandadas por hechos, actos u omisiones que no cometieron y en los cuales ni siquiera participaron. Claramente, se atentará contra el principio del debido proceso, resguardado por la Constitución.De esta forma, la entidad aseguradora tendrá que defenderse ante los tribunales de justicia de una acción y pretensión de indemnización de daños y perjuicios en la sede jurisdiccional en la que corresponda deducir la misma, lo que implica que tal sede podrá ser la justicia civil, laboral o penal, sin considerar que de un mismo hecho puede emanar una responsabilidad civil y contractual y otra extracontractual y/o puramente civil o emanada de un juez civil o penal. Por tales puntos de vista, creemos conveniente que esos dos artículos se voten por separado, o rechazarlos, con el objeto de seguir mejorándolos.He dicho.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Edmundo Eluchans.El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, nos encontramos frente a un buen proyecto de ley que, en definitiva, redefine todo el concepto del seguro y lo regula en un estatuto nuevo, acogiendo la tendencia mundial en cuanto a la sistematización de las materias que comprende la ley. En efecto, se destina una primera sección para tratar las normas generales aplicables a toda especie de seguro; la segunda sección para los seguros de daños y la tercera sección se refiere a los seguros de personas. Se han mantenido las normas relativas a los seguros marítimos del Título VII del Libro Tercero del Código de Comercio.El proyecto define conceptos, teniendo como fundamento para ello que las definiciones ayudan a la comprensión y utilización del texto legal, permiten uniformar el lenguaje mercantil y facilitan la difusión y la enseñanza de las instituciones jurídicas.Se innova en la formación del contrato, que pasa a ser consensual, si bien se mantiene el criterio de que se prueba por escrito, introduciéndose, sin embargo, modificaciones de importancia en cuanto a esta última, ya que se elimina la escritura “oficial” que contempla la actual norma, que nunca se ha utilizado, y se amplía el alcance de la palabra escrita, incluyendo todo lo que considera la técnica moderna.Se contemplan sólo pólizas nominativas y a la orden, suprimiéndose la figura de la póliza al portador, que no existe en la práctica comercial, y se regula la forma y efectos de la cesión de una póliza y del crédito por un siniestro ocurrido.El texto contiene normas que regulan cuidadosamente los seguros colectivos, que han tenido un notable desarrollo en los últimos años.En cuanto a los seguros de daños, se mantienen y perfeccionan las normas que regulan los principios básicos de este tipo de seguros.Por otra parte, se regula detalladamente lo relativo al límite máximo de la indemnización y la regla proporcional o prorrateo.Sin embargo, los avances más importantes en lo concerniente al valor asegurado se dan en cuanto, por una parte, se admiten en forma amplia los seguros por un valor convenido y los seguros a valor de reposición, que han sido incorporados a la práctica mercantil en los últimos años, y, por otra, recogiendo la opinión que la doctrina ya había adelantado, se reconoce expresamente la validez de los seguros de lucro cesante y se destina, incluso, un párrafo destinado a regularlos bajo el epígrafe de “Seguro de pérdida de beneficios”, que es el nombre más ampliamente reconocido en la doctrina.Se regula también una serie de situaciones de interés, por ejemplo, los pactos de cobertura parcial, la pluralidad de seguros y el deber del asegurado de informar sobre otros seguros existentes; el coaseguro, el sobreseguro, la pérdida de la cosa asegurada, el ejercicio de terceros sobre la indemnización, la transmisión y la transferencia del seguro.En lo relativo a la pluralidad de seguros, a iniciativa de la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, se ha introducido una norma de gran importancia que otorga al asegurado el derecho a reclamar el pago íntegro del siniestro a cualquiera de los aseguradores, correspondiendo al asegurador que pagare, el derecho a repetir de los demás su respectiva proporción.En relación con la indemnización, se reconoce legalmente que si bien es de la naturaleza del seguro la indemnización del siniestro en dinero, es válida la estipulación contractual que habilita al asegurador para hacerla mediante la reposición o reparación del objeto asegurado. Además, se establece que si los asegurados fueren personas obligadas a llevar contabilidad, deberán acreditar sus pérdidas con sus libros, sin perjuicio de otras pruebas que puedan rendir, norma que ya se encontraba agregada al texto de algunas pólizas y que tiene por objeto evitar el cobro de pérdidas imaginarias sin sustento contable.Por último, se establece que en el seguro de daños, por regla general, el asegurado no puede hacer dejación de las cosas aseguradas, salvo pacto en contrario.También, dentro de la sección destinada al seguro de daños, el proyecto recoge normas similares a las de las más destacadas legislaciones extranjeras y la experiencia nacional. En lo referente al seguro de responsabilidad civil, se establece la acción directa a favor del tercero perjudicado, atendida la trascendencia y uso que este tipo de cobertura tiene en la actualidad. Sin embargo, quiero hacer presente, compartiendo las inquietudes que han manifestado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, que, en los términos en que viene el artículo 572, siempre, frente a cualquier responsabilidad civil, el afectado podría demandar a la compañía. Nos parece que esa materia debiera contemplarse respecto de los seguros en accidentes de automóviles, porque ahí, realmente, muchas veces, los afectados se ven perjudicados por la demora en el cumplimiento del pago del seguro. Pero, extenderlo a todos los casos de responsabilidad civil, sería inconveniente. Por lo demás, la legislación mundial, que ha avanzado en esa dirección, lo hace fundamentalmente respecto de los accidentes de vehículos. Finalmente, dentro de esta sección dedicada a los seguros de daños, el proyecto aborda el contrato de reaseguro que presenta dos particularidades dignas de destacar:1°. La novedad de destinar normas legales mínimas, pero suficientes y de gran modernidad, sobre esta importante institución.2°. El proyecto admite la aplicación de usos y costumbres internacionales sobre arbitraje internacional para dirimir los conflictos que surjan, adaptándose, de esta manera, a la naturaleza internacional del reaseguro, pero protegiendo los intereses de los asegurados chilenos.La tercera y última sección regula el seguro de personas, incluyendo los seguros de vida, las rentas vitalicias -tan actuales a raíz del auge que han experimentado con motivo del nuevo sistema previsional-, el seguro de accidentes previsionales y el seguro de salud.En los seguros de personas se han normado, especialmente, las situaciones relacionadas con los seguros individuales y colectivos, la institución del beneficiario y sus derechos, la facultad de revocación del mismo por el contratante y la cesión de la póliza.Especial mención cabe hacer, en lo que a esta sección se refiere, el que se haya regulado la institución de la indisputabilidad, que significa que, luego de transcurrido cierto tiempo, el asegurador no puede invocar las reticencias o inexactitudes sobre el estado de salud de la persona asegurada en este tipo de seguros.También se han tratado las situaciones relativas a la provocación del siniestro, el suicidio y a los casos de ausencia o desaparición de las personas aseguradas.Como decíamos al inicio de nuestra intervención, en relación con el seguro marítimo, éste sigue siendo tratado en el Título VII del Libro Tercero del Código de Comercio y el proyecto se limita a introducir normas de ajuste a las nuevas reglas generales contenidas en el Título VIII del Libro Segundo de dicho Código, que este proyecto contiene.Por último, por el proyecto se propone modificar el Código Penal en cuanto establece la figura delictiva del fraude al seguro, que se hacía indispensable, toda vez que, según el texto vigente, sólo se sanciona la celebración fraudulenta del contrato, en circunstancias de que la mayoría de los fraudes al seguro ocurren con ocasión del cobro de siniestros.En mi opinión, el proyecto debe corregirse en ciertos aspectos. En efecto, las modificaciones introducidas a los artículos 526 y 536 de la moción original producirán consecuencias que, con certeza, nadie puede haber querido:1°. Se ha producido una evidente discordancia entre la forma como la ley trata los efectos de los errores y reticencias en la información de los agravamientos de riesgo;2°. No han quedado suficientemente reguladas las situaciones que pueden producirse a consecuencia de una agravación de riesgo;3°. Queda sin sanción la ocurrencia de un siniestro a causa de un riesgo agravado que no ha sido comunicado previamente al asegurador en el plazo previsto para ello, evento que está excluido de cobertura en todas las legislaciones del mundo;4°. Que sólo se sancionen las agravaciones del riesgo que sean sustanciales y producidas por eventos imprevisibles, y5°. Que las normas sobre agravación de riesgos no se aplican a los seguros de accidentes personales.Asimismo, me sumo a lo que han expresado otros diputados, en el sentido de revisar la definición del artículo 570 sobre el concepto del seguro de responsabilidad civil.Señor Presidente, se ha pedido votación separada de esta disposición, como también del artículo 572.Invito a todos los diputados y diputadas presentes a concurrir con su voto favorable para aprobar este proyecto de ley, dejando constancia de que, en lo sustancial, mis observaciones y comentarios coinciden con los que emitió el diputado Jorge Burgos en esta Cámara, durante el trabajo previo a la presentación del proyecto, quien recibió también la asesoría del profesor Contreras.Tengo la certeza de que la aprobación del proyecto será una gran contribución a la modernización y puesta al día de una actividad mercantil de gran relevancia.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.El señor ROBLES.- Señor Presidente, antes que todo, quiero demostrar nuevamente mi malestar por la forma en que el Gobierno y, particularmente, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, envía a tramitación los proyectos a la Cámara.He pedido a la Secretaría que me informe acerca de cuántos proyectos ingresan a la Sala con calificación de “suma urgencia”, porque este proyecto no tiene ninguna urgencia. Somos ciento veinte parlamentarios y la suma urgencia nos impide, en la Sala, a quienes no asistimos a la Comisión técnica, formular indicaciones a los proyectos para mejorarlos, de acuerdo a nuestra particular visión. Cada uno de nosotros tiene derecho a mirar lo que se está legislando, en forma particular, en otras Comisiones, y a presentar indicaciones que, a nuestro juicio, podrían mejorar el proyecto.No sólo los diputados miembros de las Comisiones pueden informarse y estudiar las iniciativas. Todos los integrantes de esta Corporación tenemos el deber y la obligación de interiorizarnos de lo que se debate en las distintas instancias legislativas, aunque el partido no tenga un miembro titular en la Comisión que está estudiando cierta materia. Por eso, es inaceptable que sigamos con la majadería de calificar con urgencia suma todos los proyectos de ley que ingresan a tramitación. Tengo la impresión de que el Gobierno cree que no somos capaces de incorporarle miradas distintas a las iniciativas que se someten a nuestra consideración. Hoy lo estamos viendo. Si el proyecto en debate no hubiese tenido calificación de suma urgencia, podríamos haber presentado indicaciones para mejorar su articulado. Es decir, no habríamos tenido que rechazar las disposiciones que nos merecen reparos, al parecer, la única fórmula que tenemos para mostrar nuestras diferencias. Ésta no es la forma adecuada de legislar.Dicho eso, entraré al examen del proyecto.Habida consideración de lo extraordinariamente interesante que es, le pedí a algunos abogados especialistas que me asesoraran en esta materia de tanta envergadura.Así, el contrato de seguro, dado los cambios en la vida societaria, es un instrumento jurídico muy relevante para la sociedad actual. De hecho, y con ocasión del terremoto del año pasado, si no hubiese sido por los contratos de seguros sobre inmuebles, es muy probable que hoy estaríamos viviendo una debacle habitacional. Por eso, un tema tan relevante como éste no puede tratarse con la urgencia que le está dando el Gobierno, toda vez que no nos permite presentar otras visiones sobre la materia.En tal virtud, pediré votación separada de los artículos que me merecen reparos, al menos en su redacción, toda vez que no puedo presentar indicaciones para mejorarla. En primer lugar y de acuerdo con su redacción, el artículo 520 no permite que una persona contraiga interés asegurable. Por ejemplo, el inciso segundo establece que si el interés no llegare a existir, o cesare durante la vigencia del seguro, el contrato terminará. ¿Quién determina este interés? ¿Cómo queda resguardada la persona que toma el seguro?En segundo lugar, pido votación separada del artículo 522, sobre la cesión de la póliza. No entiendo que pueda hacerse por simple endoso. Este es un contrato y, según he sido asesorado, la cesión de contratos de esta naturaleza tiene un trámite distinto, tal vez notarial, pero no a través de un simple endoso. Éste no es un cheque. Por eso, hay que darle cierta solemnidad.En tercer lugar, también solicito votación separada del artículo 526, relativo a la información sobre agravación del riesgo. Es evidente que su redacción no aclara lo que para el asegurado contratante significa informar al asegurador de los hechos o circunstancias que agraven sustancialmente el riesgo. Supongamos que una persona toma una póliza de vida a los 20 años, y a los 40 le sobreviene un cáncer. Pensemos que toma el seguro sin imaginar que ello sucedería, toda vez que no es común tal circunstancia. La pregunta es si por tal motivo cesa la póliza. La redacción no despeja si la persona del ejemplo tendrá problemas en el futuro con la aseguradora. En cuarto lugar, respecto del artículo 528, sobre el no pago de la prima, si una persona no paga un dividendo del crédito hipotecario, no necesariamente pierde la casa. Por eso, tiene que haber claridad meridiana ante el no pago de la prima. Supongamos que un empleador no paga la prima -pensemos en un seguro que está condicionado al pago por el empleador-, el asegurado queda sin protección. El tema es muy relevante. Por eso, pido votación separada de este artículo.En quinto lugar, pido votación separada del artículo 534, sobre la subrogación. Es importante que quede claro lo de la subrogación y los derechos y acciones que el asegurado tenga en contra de terceros en razón del siniestro. Hay que mejorar la redacción de este artículo, porque no está clara. Otros diputados se refirieron al artículo 570, sobre el concepto de seguro de responsabilidad civil. Tampoco está clara la redacción, en particular sobre la relación entre el asegurador y un tercero que no es parte del contrato. Esto debe quedar meridianamente claro, para que después no haya problemas de interpretación, sobre todo porque muchos de estos casos terminan en tribunales. También pido que se vote separadamente el artículo 572, sobre el derecho del tercero a demandar la indemnización. El tercero perjudicado tiene toda la atribución para demandar al asegurado, al que le causó el daño. La pregunta es qué tiene que ver el asegurador en este caso. En síntesis, el proyecto contiene muchos temas que deben ser opinados y discutidos, toda vez que son perfectibles. El deber de la Cámara es procurar el mejor proyecto posible. Por eso somos 120 diputado y no 13. De lo contrario, elijamos 13 diputados por Comisión, que ellos decidan y se acaba el problema. La gracia es que en la Sala podamos intervenir y hacer nuestros planteamientos a todos los proyectos en trámite.Señor Presidente, pídale al ministro Secretario General de la Presidencia, que pertenece a la alianza gobernante, que no imponga suma urgencia a todos los proyectos que ingresan. De ese modo, con tranquilidad, podremos debatir las iniciativas de ley, una de las pocas herramientas que tenemos los parlamentarios no sólo para opinar, sino también para mejorar los proyectos que nos envía el Ejecutivo.He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, la complejidad de este proyecto redundó en un lato debate en la Comisión de Economía. Participaron no sólo los miembros de la Comisión, sino que contamos con la presencia de otros parlamentarios, que hicieron sus aportes a un proyecto que tiene como fin sistematizar y actualizar nuestra legislación sobre un contrato que cada día es más habitual en nuestra vida jurídica y económica, como es el de seguros, amén de procurar dar mayor protección a los consumidores o asegurados.Lo primero es establecer que las normas que rigen esta materia son de carácter imperativo, es decir, obligatorias. No están a disposición de las partes para ser modificadas libremente a partir de la autonomía de la voluntad en las cláusulas de las pólizas. Esto es muy importante, porque las eleva a normas de rango de orden público-económico. Por lo tanto, evita que por la vía de cláusulas de contratos de adhesión, como son las pólizas, donde no hay mucho espacio para poder negociar, sobre todo para los pequeños asegurados, se generen prácticas abusivas. Esto es fundamental. Lo segundo es establecer un estatuto de derechos y obligaciones para el asegurado y el asegurador. Se establecen derechos que hoy son muy importantes, porque la contratación moderna se hace generalmente a distancia, por internet, por teléfono. Por ejemplo, se establece el derecho a retracto, que no estaba considerado en nuestra legislación.También hay una norma que me parece muy importante, porque regula el contenido mínimo que debe tener la propuesta de seguro que se hace y la póliza misma. De alguna manera, se genera un conjunto de derechos de información para el asegurado al momento de contratar.Además, el artículo 531, a mi juicio, genera una herramienta jurídica muy importan-te, porque establece la presunción de cobertura y excepciones. Esta disposición señala: “El siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador.”. Es decir, se presume la responsabilidad del asegurador. Entonces, a la empresa le corresponderá probar que no tiene responsabilidad y no al revés. ¡Por Dios que es importante esta norma, desde el punto de vista de la carga de la prueba, a la hora de existir alguna disputa judicial respecto de la cobertura del seguro!Se establece el arbitraje como medio para resolver los conflictos de los contratos. Se prohíbe la estipulación, bastante habitual, de designar anticipadamente al árbitro, que muchas veces es bastante cercano a la aseguradora. Por lo tanto, se genera imparcialidad en el arbitraje. Los pequeños y medianos asegurados, es decir, aquellos cuyas coberturas sean inferiores a las 10 mil unidades de fomento, siempre tendrán la posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria. ¿En qué tribunal? No será como ocurre hoy, que en la póliza se establece la competencia del tribunal del domicilio de la empresa aseguradora, que generalmente es Santiago, y el asegurado, de Curacautín, Victoria, Lautaro, Vilcún, Punta Arenas, Chimbarongo u Ovalle, debe concurrir a los tribunales de Santiago para demandar al asegurador. Hoy, se dispone claramente que será el tribunal del domicilio del asegurado. Es una norma imperativa, por lo tanto, no es posible prorrogar la competencia en la póliza. Esto es muy importante, porque los derechos que hoy vamos a establecer en nuestro Código de Comercio efectivamente se ejercerán y no serán meramente declarativos. A la hora de existir disputa, el árbitro no se encontrará designado de antemano ni la competencia estará a cientos de kilómetros de distancia -salía más cara la vaina que el sable-, lo cual hacía que los derechos del asegurado se diluyeran.Lamento que no esté en la Sala el diputado Robles. Él cuestionó el artículo 520, sobre el interés asegurable. Ésa es una norma de clara protección del asegurado.La diputada Sepúlveda me preguntó qué pasará cuando, por ejemplo, vendan un paquete de seguros a un jubilado y le incorporen el seguro de cesantía. Bueno, en virtud del artículo 520 nuevo, no existiría interés asegurable. Por lo tanto, ese asegurado tendría derecho a pedirle al asegurador que le restituya la plata pagada. ¿Por qué? Porque no hay interés asegurable, por cuanto un jubilado no debe asegurar la cesantía. Entonces, al no existir interés asegurable, si le están cobrando por eso, tiene derecho a exigir la restitución de parte de la prima. Esto es muy relevante.El diputado Robles habló del no pago de la prima. Hoy, sólo con el no pago de la prima, se puede establecer claramente que no hay cobertura. Aquí se precisa la obligación del asegurador de comunicarle al asegurado que no ha pagado la prima y, además, se fija un plazo de 15 días, contados desde la fecha de envío de la comunicación, para que al término del contrato. Es decir, se pone al asegurador la carga de comunicarle al asegurado que no ha pagado su prima, que transcurrido el plazo de 15 días que se otorga, recién opera la terminación del contrato. Ésa es una norma de clara protección al asegurado. Me parece muy relevante.Hoy el asegurador se subroga en los derechos del asegurado contra terceros. Sin embargo, el inciso segundo del artículo 534 deja fuera al asegurador de esta subrogación, pues señala: “El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra el causante del siniestro que sea cónyuge o pariente consanguíneo del asegurado en toda la línea recta y hasta el segundo grado inclusive de la línea colateral…”. Es decir, aquí se genera una excepción a la norma general de subrogación. Me parece que esta norma es absolutamente necesaria y debemos aprobarla.¿En qué se ha generado más debate?Respecto de la agravación del riesgo, materia contenida en los artículos 526 y 536. Pido votación separada de esos dos artículos. Me parece que hay que darles una segunda vuelta, porque podemos estar generando un perjuicio si no le damos la redacción correcta.Algunos diputados han pedido votación separada de los artículos 570 y 572, que establecen la denominada acción directa. Quiero señalar que es la materia más importante contenida en el proyecto de ley. Se ha preguntado qué tiene que ver el beneficiario de un seguro de responsabilidad civil con el asegurador, con la compañía de seguros. ¿Cómo lo va a poder demandar directamente si no hay relación jurídica entre ellos? Bueno, quiero recordar que hay muchos casos en nuestra legislación en que el tercero ajeno a la relación jurídica, cuando tiene interés, puede actuar directamente. En el caso de la acción pauliana o revocatoria o la acción oblicua o subrogatoria, los terceros ajenos a la relación jurídica, cuando tienen interés, pueden actuar directamente. Por ejemplo, cuando existe un acreedor poco diligente y éste, a su vez, tiene también un acreedor, dicho acreedor puede demandar a los deudores de su deudor para que se incorporen bienes a su patrimonio y poder pagarse de su deuda. Eso hoy existe.El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, su tiempo ha terminado.El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, si no damos lugar a la acción directa, si el asegurado es poco diligente o no es habido, el beneficiario va a terminar pagando las consecuencias y no va a poder ejercer su acción directa en contra del asegurador, como lo establecimos en el proyecto, para que sus derechos queden amparados y no se diluyan por la falta de diligencia del asegurado que no actúa en contra de la compañía de seguros.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente, considero que estamos ante un buen proyecto y me sumo a la valoración que han hecho algunos colegas del trabajo que se realizó en la Comisión, el cual ha dado la posibilidad de que hoy este proyecto esté viendo la luz.Considero importante destacar que la actualización constante de la legislación es fundamental en países adscritos al sistema continental, donde la fuente principal de derechos es la ley, sobre todo en actividades económicas tan relevantes como la de los seguros.Las diversas materias que se advierten en el proyecto son beneficiosas, por cuanto mejoran y cubren vacíos de la legislación, como regular la contratación colectiva de seguros, como en el caso de los seguros asociados a créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, introduciendo deberes de información para el tomador del seguro y compañías aseguradoras en beneficio del asegurado y, además, estableciendo la responsabilidad del tenedor por negligencia en la contratación, lo cual viene a representar un avance en la defensa de los asegurados.Asimismo, se define una serie de contratos de seguros que son de diaria ocurrencia en el tráfico jurídico de ese mercado, como los de responsabilidad civil, de crédito, de caución, de transporte terrestre, de robo y hurto y de incendio. Estos últimos son muy importantes, ya que se encuentran asociados a los créditos hipotecarios.De igual modo, se introduce una serie de modificaciones y adecuaciones a los seguros marítimos y se crea un tipo penal específico para el fraude de seguros, castigándose a su autor por el engaño destinado a cobrar una indemnización. El castigo se produce tanto si logra su cometido como si no llega a percibir la indemnización, por circunstancias independientes a su voluntad. Eso equipara y también hace responsable al asegurado de sus actos maliciosos en perjuicio de la compañía y con una consecuencia penal, lo que, sin duda, desincentivará esas conductas.Por último, no me resulta convincente la modificación legal en cuanto a crear una acción directa en materia de seguro de responsabilidad civil, en virtud de la cual un tercero, víctima del daño, podrá demandar directamente a la compañía de seguros que otorgó el seguro al causante del daño, debiendo dicha entidad defenderse por hechos que desconozca.En términos generales, me satisface el presente proyecto. Estoy convencida de que es un avance para la legislación comercial y que contribuirá tanto para la actividad de las aseguradoras como para la certidumbre que requerimos los asegurados respecto de los derechos que nos asisten, con la salvedad hecha a propósito de los seguros de responsabilidad civil.Por eso, me sumo a los parlamentarios que han solicitado votación separada de los artículos 570 y 572 del proyecto.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputada señora Alejandra Sepúlveda.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de la moción y a los demás miembros de la Comisión.Después de analizar el informe de la Comisión, comparto absolutamente lo señalado por el diputado Robles respecto de la posibilidad de quitar la suma urgencia al proyecto, el cual es muy importante, porque tiene mucho que ver con la vida cotidiana de las personas. Además, al revisar la asistencia de las personas que aportaron al trabajo de la Comisión, me preocupa ver sólo al superintendente y al fiscal de la Superintendencia de Valores y Seguros, a los asesores de los ministerios de Hacienda y de Economía y a los presidentes de las asociaciones de aseguradoras. Pero, ¿dónde están los usuarios? Me pregunto si esa Comisión escuchó a las personas afectadas y a las organizaciones que cotidianamente están reclamando por la letra chica de los seguros, a las cuales -repito-, lamentablemente, no veo reflejadas en el informe. No sé cuál es la opinión de los usuarios de los seguros. A modo de ejemplo, citaré un caso que tiene que ver con la especificidad de esta materia: me refiero al seguro agrícola, que, como dije, es bastante específico y, además, obligatorio para los medianos y grandes agricultores, pero fundamentalmente para los pequeños. Cuando se revisa esta normativa de carácter general, que de todas maneras va a complicar el uso de seguros específicos, se aprecia, por ejemplo, lo que siempre hemos reclamado y escuchado decir a los pequeños agricultores: que es perentorio informar de los siniestros dentro de los cinco primeros días. Entonces, cabe preguntar a los diputados de zonas rurales o de la Región de La Araucanía, como el diputado René Saffirio, si se debe informar a la aseguradora después de cinco días. Eso no afecta a los grandes agricultores, los cuales tienen camionetas y pueden desplazarse, sino con los pequeños agricultores, porque ellos están obligados a contratar un seguro. Si ocurre una catástrofe natural, lo cual está cubierto por el seguro, sólo se dispone de cinco días para informar ese hecho, pero muchas veces se cortan los puentes y surgen muchas complicaciones, por lo tanto, la gente no puede llegar a la empresa aseguradora, dado el enorme nivel de aislamiento. O sea, los asegurados tienen cinco días para reclamar o, de lo contrario, pierden el seguro.Por eso, en nombre de los diputados que tenemos cierta inquietud frente a este proyecto, que considero muy bueno, pido al Presidente de la Cámara de Diputados que realice las gestiones correspondientes ante el ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet -lo hemos hecho en otras oportunidades-, para que busque una solución a ese problema. La idea es aprobar en general el proyecto, para que posteriormente, durante la semana distrital, con nuestros asesores y con la gente que representamos, podamos profundizar en algunas complicaciones que advierto en esta moción. No es sano que, dada la complejidad del proyecto y lo que implica, no escuchemos a los usuarios. Como segundo ejemplo, señalo el caso de la Asociación de Jubilados, con cuyos representantes hemos estado en varias oportunidades. Ellos nos han consultado por qué los obligan a tomar un paquete de seguros, respecto de lo cual el diputado Fuad Chahín nos ha explicado que esos paquetes no serán obligatorios, sobre todo lo relacionado con el seguro de cesantía, considerando que se trata de jubilados. Lamentablemente, eso no queda explícito en el proyecto. Más bien, estamos hablando de académicos, a los cuales, obviamente, debemos agradecerles permanentemente sus aportes respecto de materias que tienen que ver con la superintendencia y los ministerios de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo. Pero en el proyecto no veo reflejada -reitero- la especificidad de algunos seguros ni lo que dice relación con la opinión de las personas interesadas. Por eso, solicito a su señoría que sostenga una conversación con el ministro Cristián Larroulet para ver la posibilidad de aprobar el proyecto sólo en general, pero no despacharlo hoy, porque la idea es revisar su articulado en forma específica durante la próxima semana. Además, esta iniciativa tan importante no puede ser tratada en una sesión del día jueves, cuando no tenemos suficiente tiempo para poner temas en debate, como sí lo hacemos en los otros días de la semana.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Diputada Alejandra Sepúlveda, conversé telefónicamente con el ministro y el subsecretario de Hacienda, quienes me señalaron que, desgraciadamente, debían resolver algunos temas en Santiago; sin embargo, les haré ver las inquietudes planteadas en la Sala.Además, dado el número de diputados inscritos para intervenir y el bajo quórum existente, la votación del proyecto quedará pendiente para después de la semana distrital. Por consiguiente, en el transcurso de la semana habrá muchas posibilidades de sostener conversaciones con las autoridades del Ministerio de Hacienda.La señora SEPÚLVEDA (Alejandra).- Señor Presidente, sería muy conveniente que en la discusión también estuvieran presentes los ministros.El señor MELERO (Presidente).- Sin duda, señora diputada.Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.El señor WALKER.- Señor Presidente, celebro la pertinencia de este proyecto de ley que modifica y sistematiza todo un capítulo del Código de Comercio, actualizando las normas relativas al contrato de seguros, de manera que éstas puedan proteger de mejor forma al asegurado y tener una legislación a tono con la forma en que se produce el consentimiento respecto de este contrato en la actualidad.Agradezco a los autores de las distintas mociones relativas al perfeccionamiento de los contratos de seguros.También quiero agradecer muy especialmente a los diputados que participaron en el análisis del proyecto, sobre todo a los miembros de las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo y de Constitución, Legislación y Justicia, especialmente a los diputados Fuad Chahín, Jorge Burgos, Edmundo Eluchans, Gonzalo Arenas, a quienes les cupo una labor muy destacada en este proyecto de ley.Asimismo, celebro la participación en la comisión del destacado profesor de Derecho Comercial señor Osvaldo Contreras, quien es autor de numerosos manuales y tratados sobre el contrato de seguros, de quien tuve la suerte de ser su alumno en la cátedra de Derecho Comercial.Me referiré brevemente a algunos aspectos del proyecto que me parecen muy importantes.El artículo 515 establece claramente que estamos en presencia de un contrato consensual, que incorpora el principio de la prueba por escrito y la admisión de documentos modernos como medio de prueba, tales como el correo electrónico, el fax y otros que, en la práctica y en el mundo del comercio, son muy usuales para formar el consentimiento. Me parece que nos estamos poniendo a tono con la forma en que se hacen los negocios y se toman los seguros en la actualidad.El artículo 528 establece un plazo concreto y objetivo respecto del cual se entiende terminado el contrato de seguro por no pago de prima y contempla un rango de tolerancia, por así decirlo, de quince días, que me parece absolutamente justificado.El artículo 531 trata la presunción legal de cobertura del riesgo; es decir, siempre se presume que en el contrato existe una cobertura del riesgo específico, salvo que la compañía o el asegurador prueben lo contrario. Estamos en presencia de una presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario, pero que va en directo beneficio del asegurado.El artículo 538 permite al asegurado retractarse en un plazo de diez días de recibida la póliza. Es una norma que beneficia al asegurado y que está en armonía con las modificaciones y lo dispuesto en la ley N° 19.496, de Defensa del Consumidor.También me parece muy adecuada la cláusula arbitral establecida en el artículo 543 del Código de Comercio, que dispone que siempre será un árbitro arbitrador quien puede resolver cualquier contienda, conflicto o duda de las partes que digan relación con el contrato. En el caso de los contratos de seguro por un valor inferior a 10 mil unidades de fomento, el asegurado podrá recurrir a la justicia ordinaria, lo que es un beneficio para el asegurado, porque es una opción que le va a resultar mucho más económica. No obstante, lo más acertado de la norma es que prohíbe designar de antemano el nombre del árbitro arbitrador en el contrato de seguro, lo que es una práctica común de las compañías de seguros, que corresponden a la letra chica de los contratos, que se transforman en verdaderos contratos de adhesión, ya que el nombre del árbitro arbitrador está establecido ex ante en el contrato de seguro y, por cierto, el asegurado no tiene poder para disentir del nombre del árbitro arbitrador.Finalmente, ratifico todo lo dicho por el diputado Fuad Chahín. Consideramos que uno de los aspectos más importantes del proyecto es la acción directa contra el asegurador y la obligación del asegurador de reparar directamente los daños y perjuicios a terceros, contemplados en los artículos 570 y 572, ya que nos parece que son obligaciones de la esencia del contrato de seguro.A propósito de esto, echo de menos algo que figura en el Código de Comercio: el principio de buena fe del contrato de seguro. Algunas de las personas que han trabajado más el proyecto, como el diputado Fuad Chahín, me explicaron que se entiende que es de la esencia del contrato de seguro que éste sea de buena fe. En todo caso, me parece interesante la redacción del Código de Comercio que establece expresamente que el contrato de seguro siempre debe interpretarse de buena fe. Entiendo que algunos aspectos del proyecto de ley, que sistematiza todo lo relativo al contrato de seguro en el Código de Comercio, puedan causar algunas inquietudes en las empresas aseguradoras. Hemos estado en contacto con ellas, a propósito del proyecto de ley que tipifica y aumenta la pena para el delito de robo de vehículos motorizados en nuestro país. Esperamos que el Gobierno le otorgue pronto urgencia, para que lo estudie la Comisión de Seguridad Ciudadana, toda vez que se produjeron 30 mil robos de vehículos motorizados en Chile en 2010, mientras que en lo que llevamos del año 2011, ya se han producido cerca de 8.500 robos de vehículos motorizados, de acuerdo con lo señalado por la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos, de Carabineros de Chile. Lamentablemente, estos delitos se verán facilitados gracias a una ley vergonzosa de Bolivia, que permite blanquear el robo de automóviles perpetrados en nuestro país.En lo atingente al proyecto, nos parece que se debe aprobar de la forma en que fue enviado por la comisión, incluyendo lo relativo a los artículos 570 y 572, respecto de los cuales se ha solicitado votación separada.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Tuma.El señor TUMA.- Señor Presidente, felicito a la Comisión de Economía, que ha trabajado duramente en este proyecto tan importante.Intervengo sólo para señalar mi desazón porque presenté una indicación que fue rechazada, relativa a la actuación de las compañías de seguro y de los liquidadores en regiones.Después del terremoto del año pasado, nos dimos cuenta de que el asegurado que concurría al banco que le había aprobado el crédito hipotecario se encontraba con que la compañía de seguro asociada al banco tenía oficina sólo en Santiago, por lo que el asegurado de regiones no podía contactarse con esa compañía. No obstante, cuando lograba contactarse con la compañía, resultaba que los liquidadores también estaban en Santiago. O sea, todo funciona centralizadamente.Por lo tanto, somos partidarios de que se establezca la obligación de que las compañías de seguros y los liquidadores estén en las regiones correspondientes, con el objeto de facilitar la atención a sus asegurados.Lamento que no se haya podido establecer una norma de este tipo, porque no se permite reponer indicaciones en la Sala. En consecuencia, me siento un poco molesto por esta situación. Esperamos establecer esta norma en otro proyecto, para beneficiar a los asegurados de regiones y para descentralizar definitivamente no sólo la administración pública, sino también en el ámbito privado, especialmente en casos como el que ahora estamos discutiendo.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:El señor MELERO (Presidente).- Debo informar a la Sala que el proyecto de ley que regula el seguro sólo se va a votar en general, debido a la petición de varios señores diputados y dado que se presentó una indicación, por lo que debe volver a la Comisión para un segundo informe. Además, el Ejecutivo se comprometió a retirar la urgencia; por lo tanto, la votación en particular se va a realizar a vuelta de la semana distrital. En consecuencia, corresponde votar en general el proyecto de ley que regula el contrato de seguro, con excepción del artículo 543, contenido en el artículo 1° del proyecto, por tener el carácter de norma orgánica constitucional.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar el artículo 543, contenido en el artículo 1° del proyecto, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señores diputados.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.El señor MELERO (Presidente).- Se deja constancia de que se reunió el quórum requerido.Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión para un segundo informe.-El proyecto fue objeto de la siguiente indicación:Artículo 1°.-De los diputados (as) señores (as) Pedro Pablo Álvarez-Salamanca; Nino Baltolu; Cristina Girardi; Gonzalo Arenas; Lautaro Carmona; Marcelo Díaz; Alfonso De Urresti; Marcos Espinosa; Hugo Gutiérrez; Ricardo Rincón; Felipe Harboe; Pablo Lorenzini; Leopoldo Pérez; Alberto Robles, y Patricio Vallespín; para incorporar en el Título VIII propuesto, la siguiente Sección Cuarta, nueva:“Sección Cuarta. Del Registro de Contratos de SegurosArt. 601 bis A.- Creación del Registro. Créase un Registro de Contratos de Seguros a los que se refiere el presente título, al cual podrá acceder cualquier interesado, el que tendrá derecho a obtener información completa, técnica y veraz en materia de seguros.Asimismo existirá un Registro Especial sobre Seguro de Vida, con la finalidad de dar a conocer a los posibles beneficiarios información acerca de si una persona fallecida estaba asegurada con uno o varios contratos de cobertura de fallecimiento y la identificación de la o las entidades aseguradoras.A objeto de facilitar el acceso a los datos que regula esta ley el registro estará disponible en internet bajo la modalidad que establecen las normas siguientes.Art. 601 bis B.- Inscripción. Deben inscribirse en el Registro todos los contratos de seguro celebrados en el territorio de la República.Art. 601 bis C.- Obligación de inscripción. Las entidades aseguradoras que celebren contratos a los que sean aplicables las disposiciones del presente párrafo, tienen el deber de comunicar al Registro dentro del término de cinco días hábiles, los siguientes datos de cada uno de los seguros atendida su naturaleza:1. Nombres y apellidos del tomador del seguro con su cédula de identidad respectiva; 2. Nombres y apellidos de la persona asegurada con su cédula de identidad respectiva, en caso que no coincida con el contrayente; 3. Nombres y apellidos de la persona beneficiada con su cédula de identidad respectiva, en caso que no coincida con el tomador o asegurado;4. Individualización de las cosas aseguradas;5. Entidad aseguradora, con su denominación, rut y domicilio, y6. Número de la póliza del contrato.El incumplimiento de la obligación descrita en el inciso anterior será sancionado con multa a beneficio fiscal de 100 a 1000 UTM.Art. 601 bis D.- Derecho de acceso. El derecho a acceder a los datos contenidos en el presente Registro es de carácter público y podrá realizarse en cualquier tiempo.Tratándose de los seguros de vida los datos podrán ser requeridos a partir del transcurso de cinco días hábiles desde la muerte de la posible persona asegurada y hasta el plazo de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.Art. 601 bis E.- Emisión de certificado. El Registro emitirá en el plazo que se determine reglamentariamente un certificado en que constará en qué contratos vigentes y que compañía aseguradora.El mismo certificado emitirá tratándose de seguros de vida, en que consten los contratos en que figuraba como asegurada la persona fallecida, y con qué compañía aseguradora. En caso que la persona fallecida no figurase como asegurada en ningún contrato de cobertura de fallecimiento, se hará constar en el certificado que se emita.Art. 601 bis F. Colaboración del Registro Civil. Para el conocimiento de la fecha de la muerte de la posible persona asegurada, y para determinar el plazo de vigencia de la información contenida en el Registro que establece esta ley, el Servicio de Registro Civil e Identificación, podrá facilitar un registro de las defunciones que se produzcan y su fecha. La cesión de los datos de carácter personal al Registro y su tratamiento de acuerdo con las prescripciones de este párrafo no requiere el consentimiento de las personas titulares de los datos a ceder.”.INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DESTINADA A ESTUDIAR LA SITUACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL PAÍS Y PROPONER INICIATIVAS PARA SU PROTECCIÓN. (Continuación).El señor MELERO (Presidente).- Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial destinada a estudiar la situación del patrimonio histórico y cultural del país y proponer iniciativas para su protección.Antecedentes:-El informe de la Comisión se rindió en la sesión 35ª, en martes 31 de mayo de 2011, de la legislatura 359ª.El señor MELERO (Presidente).- El informe ya fue rendido en la sesión 35ª, de 31 de mayo de 2011.Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier.El señor TEILLIER.- Señor Presidente, somos un país pequeño, pero tenemos el privilegio de contar con grandes creadores. Gabriela Mistral y Pablo Neruda, dos grandes poetas e intelectuales, fueron reconocidos con el Premio Nobel de Literatura. Nuestro poeta Gonzalo Rojas fue reconocido con galardones tan relevantes como los premios Cervantes, Octavio Paz y Reina Sofía. Por cierto, Roberto Matta es considerado uno de los grandes de las artes visuales contemporáneas. Violeta Parra y Víctor Jara son grandes creadores que, recogiendo el habla, los saberes y sonidos ancestrales del pueblo chileno, han traspasado las fronteras de nuestro país para constituirse en referentes culturales del mundo. Raúl Ruiz y Alejandro Jodorosky, junto a Juan Downey, Roberto Bolaño, Diamela Eltit, José Donoso, Francisco Coloane, Baldomero Lillo, Isabel Allende y tantos otros creadores son testimonio de una compleja cultura chilena en diálogo con y en el mundo. Elicura Chihuailaf se ha levantado no sólo como portador del habla y de la dignidad del pueblo mapuche, sino que ha sido reconocido internacionalmente por la conmovedora belleza y verdad de su obra poética.Lo que somos hoy es parte de una historia extensa y compleja que se inicia antes de que España nos descubriera y que sigue después con nuestra independencia nacional, plasmada generosamente en nuestro patrimonio nacional. Pero no podemos desconocer que una parte de nuestra memoria e historia actual se inicia y tiene su base étnica, social, cultural y religiosa en nuestros pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche. Somos un país mestizo; somos un país parido del encuentro y desencuentro del español con el mapuche, el diaguita, el huilliche, el aymara, el colla y con otros pueblos originarios de la zona austral, desaparecidos o en vías de extinción, como los kawésqar, yamanes, selk´nam y otros. Somos un país de criollos mezclados con habitantes de lejanos territorios que fueron traídos o desearon venir a vivir a estas tierras australes: italianos, holandeses, alemanes, chinos, coreanos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, ingleses, etcétera. Nuestra identidad se ha construido y se construye desde ese mestizaje. Pero también somos testimonio o herederos de la diversidad de prácticas sociales y creencias religiosas distintas y, a ratos, contradictorias. Y somos herederos de una forma de habitar Chile, de transformar la naturaleza, de una forma de construir y habitar ciudades, de una forma o de formas de organización económica y política, de formas de mirarnos y relacionarnos entre nosotros y con el mundo. Desde esta complejidad histórica y cultural, surge la pregunta por los sentidos de pertenencia que abrigamos como comunidad chilena. Y esta pregunta cobra mayor fuerza en el contexto del actual proceso de globalización. Pareciera que en un mar cultural y geográfico tan enorme podemos perder el hogar y entonces buscamos la seguridad de lo nuestro. Se han abierto espacios para lo que hoy vivimos: el surgimiento de una gran demanda ciudadana por solicitar el reconocimiento del Estado de los bienes, lugares y territorios que se estiman patrimoniales. Por ejemplo, puedo mencionar que, con más de 5 mil firmas, vecinos y autoridades de Constitución, Talca y una diversidad de localidades de la Región del Maule solicitaron la declaratoria de Monumento Histórico Nacional del Ramal Ferroviario Talca-Constitución, y lo lograron; igual proceso ocurrió en el Barrio Brasil-Yungay en Santiago, así como en cientos de lugares de Chile.También los pueblos originarios hacen el requerimiento de la declaratoria de Monumento Histórico Nacional para sus cementerios como también para lugares sagrados. Y diversas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitan del Consejo de Monumentos Nacionales el reconocimiento patrimonial a sitios de memoria dolorosa de la historia de nuestro país, y se declaran monumentos nacionales el Patio 29 del Cementerio General, Isla Dawson, el Estadio Víctor Jara, entre tantos otros de gran valor histórico.En este proceso surge con fuerza la convicción de la limitación de los instrumentos legales para dar cuenta de la amplitud y complejidad de lo patrimonial, y se constata que hay tantos acervos culturales y materiales que debieran tener una protección similar. Pero también debemos asumir que la deuda histórica de silenciamiento o exclusión patrimonial es tan grande que tomará un buen tiempo pagarla. Es cierto que muchos palacios y edificios de Gobierno están declarados monumentos nacionales, pero, ¿cuántas poblaciones históricas de Santiago y de Chile tuvieron la posibilidad de serlo? Y esto no es casual, sino que tiene que ver con aquello que la sociedad ha entendido como digno de recordar, digno de permanecer y digno de proteger para futuras generaciones. Esto tiene que ver con que quienes han definido que es valioso declarar Monumento Nacional el Palacio Vergara no se preguntan por qué no debe ser declarada en iguales términos la población Yarur, la población José María Caro, Lo Espejo o la población La Victoria, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Además, esta última comuna tiene inhabilitado el edificio consistorial, uno de los pocos edificios de valor patrimonial de la comuna. Es evidente que tenemos que reconocer que históricamente, más allá de lo previsto en la ley, primó un criterio elitista y excluyente de lo definido como “patrimonial”. Otro tema no menor es preguntarse para qué se produce esa declaración como monumento nacional. Para protegerlos, disfrutarlos y traspasarlos a las nuevas generaciones como testimonio de nuestras huellas, de nuestras pisadas o de las huellas o pisadas de nuestros antepasados. Para ello, se requieren recursos económicos que no existen o son muy pocos.Ha sido muy importante la ratificación de nuestro país, en 2008, de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Antes, en un activo proceso iniciado a mediados de la década del 90, Chile logra el reconocimiento mundial para expresiones de nuestro patrimonio con la declaración correspondiente de la Unesco para Isla de Pascua y, luego, para las iglesias de Chiloé, las salitreras Humberstone y Santa Laura, el casco histórico de Valparaíso y Sewell. Llevar adelante planes de manejo y conservación de estos sitios y bienes patrimoniales no es tarea fácil, por los escasos recursos económicos de que se dispone para su restauración y conservación. Sin embargo, todas las declaratorias han sido importantes para nuestra propia percepción del valor de nuestros acervos culturales y naturales, y han contribuido a una mayor conciencia del conjunto de la sociedad sobre la importancia del patrimonio de un pueblo. Tal como lo concluye el informe de la Comisión Especial, es indispensable repensar críticamente lo que tenemos, sabiendo que, a pesar de los errores y ausencias, el Estado y la sociedad chilena han realizado una valiosa labor patrimonial reconocida en Chile y en el extranjero, a través de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y del Consejo de Monumentos Nacionales.Debemos asumir que hay que modernizar toda nuestra legislación patrimonial, para acoger los nuevos desafíos éticos, sociales y culturales de nuestra rica y plural memoria y patrimonio. Desde ya, corresponde modificar la ley N° 17.288, para ampliar sus ámbitos de acción y darle mayores instrumentos para colaborar en la preservación del patrimonio material e inmaterial; pero también para, de una vez por todas, otorgarle a los municipios, a las organizaciones principales y al ciudadano propietario de un bien declarado Monumento Histórico Nacional o en su carácter de integrante de una Zona Típica, derechos de eximirse de impuestos territoriales y, adicionalmente, tener derecho a optar a recursos para la conservación del bien o la zona patrimonial. Es necesaria una nueva ley de Monumentos Nacionales que, asimismo, amplíe la participación de la comunidad en el Consejo de Monumentos Nacionales.Se trata, también, de mirar la utilidad de tener una institucionalidad pública cultural fragmentada y sin suficiente poder y autonomía, a pesar de la creencia popular de que tenemos un Ministerio de la Cultura y las Artes, el cual tiene y puede dirigir la institucionalidad cultural nacional. En este sentido, compartimos la conclusión del informe en debate en orden a establecer la necesidad de crear un Ministerio de Cultura que reúna el quehacer del Estado en el campo de la creación y producción artística, desarrollo de industrias culturales y acceso equitativo a los bienes culturales con aquel referido a la identificación, puesta en valor, conservación y divulgación de los diversos acervos culturales con y para la ciudadanía y sus comunidades, y que contemple la activa participación de creadores y cultores, como, asimismo, a las organizaciones culturales.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.El señor ROBLES.- Señor Presidente, la Comisión Especial encargada de estudiar la situación del patrimonio histórico y cultural del país nos hace propuestas bastante importantes. Desde el punto de vista conceptual, plantea que el patrimonio histórico cultural comprende todos aquellos elementos y manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las sociedades heredadas de generación en generación y que se constituyen en factores que identifican y diferencian al país o a la región donde se emplazan.Desde nuestro punto de vista, el patrimonio histórico cultural representa a la sociedad en su conjunto, con la diversidad que hoy muestra el país.En la Región de Atacama, la cantidad de monumentos, edificios y elementos culturales que muestran la riqueza vivida en el país es extraordinariamente importante e interesante.En ese sentido, hoy constatamos que, dada la enorme cantidad de elementos patrimoniales que existen en la Región de Atacama, como construcciones, inmuebles que representan el desarrollo de la sociedad atacameña, a la cual represento, y que el paso del tiempo ha deteriorado, las instituciones del Estado, particularmente la encargada de cuidar ese patrimonio, no tienen las capacidades para cumplir -y este informe plantea una solución en ese plano- con ese deber en la mejor forma. Por lo tanto, la necesidad de cambiar esta institucionalidad es evidente.Está claro que, en la actualidad, el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene ni los recursos ni las potencialidades para llevar a cabo esa tarea. De hecho, se halla extraordinariamente concentrado: se ubica sólo en Santiago, por lo que prácticamente no se considera la posibilidad de que alguien del Consejo viaje a las regiones a evaluar, fiscalizar o revisar lo que está pasando con los inmuebles que han sido considerados como patrimonio de nuestro país. ¿Y qué termina ocurriendo? Que esos inmuebles se deterioran, se dejan al arbitrio de sus dueños, quienes no siempre tienen la capacidad para mantenerlos; además, no pueden intervenir en ellos sin la autorización del Consejo; por lo tanto, ni siquiera los pueden remozar. Por eso, las consideraciones planteadas por la Comisión me parecen sumamente racionales, sobre todo porque se propone una institucionalidad que cuente con recursos. Por ejemplo, la cantidad de iglesias que hoy día existen en la Región de Atacama, que muestran cómo se fue desarrollando la cultura en el norte de Chile, o los numerosos elementos que tenemos como expresión del desarrollo civil, como la casa de los Matte y la de los Gallo, obviamente deben ser mantenidos y cuidados por el Estado, porque éste es el que determina que se trata de bienes que le importan a la cultura y al desarrollo de nuestro patrimonio histórico.Por ello, anuncio que apoyaremos las consideraciones planteadas por la Comisión. Nos parece relevante que el Gobierno tome algunos de esos aspectos y los convierta no sólo en ley, sino también en una realidad. Necesitamos que la nueva institucionalidad, radicada en el Ministerio de la Cultura, como lo propone la propia Comisión, sea un hecho real y que en el futuro cualquiera de los presentes podamos apreciar en nuestros distritos que lo que el Estado ha declarado como patrimonio histórico nacional está siendo conservado y mantenido por el Estado, a objeto de que las futuras generaciones, nuestros nietos, tengan la posibilidad de conocer la historia de nuestro país en base a sus monumentos, su patrimonio histórico, ya sea mueble o inmueble, y se empapen de la cultura chilena e incorporen este sentimiento en sus vidas y en sus vivencias. He dicho. El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:El señor MELERO (Presidente).- En tercer lugar, corresponde votar el informe de la Comisión Especial encargada de estudiar la situación del patrimonio histórico y cultural del país y proponer iniciativas para su protección.En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.-o-La señor MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, pido la palabra.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, dos comisiones investigadoras concluyeron su trabajo hace bastante tiempo: la Comisión Especial Investigadora de irregularidades en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), que, como consecuencia de sus conclusiones, significó el despido de su director, y la Comisión Especial encargada de analizar la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros, que terminó su cometido hace ya más de un mes.Se trata de dos informes muy importantes que habría que incluir en la Tabla de las próximas sesiones.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Señora diputada, la Mesa comparte su inquietud, pero esos informes ya están en estado de Tabla. Vamos a analizar la posibilidad de incluirlos en las próximas sesiones. VII. PROYECTOS DE ACUERDOQUEJA FORMAL ANTE EL GOBIERNO DE BOLIVIA POR INCURSIÓN DE MILITARES BOLIVIANOS EN TERRITORIO CHILENO. (Preferencia).El señor MELERO (Presidente).- Por acuerdo de la Sala, corresponde tratar el proyecto de acuerdo N° 375, relacionado con la situación de los militares bolivianos detenidos por Carabineros.El señor Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 375, de las diputadas señoras Cristi, doña María Angélica, y Zalaquett, doña Mónica, y de los diputados señores Ulloa, Silber, Tarud, Cardemil, Accorsi, Ortiz, Edwards y Díaz, al cual también han adherido los diputados señores Godoy, Vargas, Urrutia, León, Moreira, Silva, Squella, Ward, Baltolu, Schilling, Rojas, Sandoval y Letelier, que en su parte dispositiva expresa:“La Cámara de Diputados acuerda:1. Solicitar al Presidente de la República y al Canciller la presentación de una queja formal a la República de Bolivia, por los hechos expuestos, en nombre de la Cámara de Diputados de Chile.2. Instar al Gobierno para que, a través de los ministros del Interior y de Defensa Nacional, se dispongan todos los medios conducentes a cumplir el deber del Estado de resguardar la seguridad nacional, para lo cual es necesario mantener un adecuado sistema de control de los límites y fronteras, que cuente con una normativa clara y expedita que atribuya funciones a los diversos órganos públicos, evitando superposiciones o faltas de competencias; presupuestos públicos necesarios y suficientes para lograr tal cometido y capacidad de reacción oportuna ante situaciones de vulneración fronteriza, y respaldar al Presidente de la República en la adopción de las medidas.3. Solicitar al ministro del Interior para que, por su intermedio, se oficie a Carabineros de Chile y se felicite al personal a cargo del procedimiento por su notable desempeño en el resguardo de nuestra frontera.”.El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, si le parece, podría requerir el acuerdo de la Sala para aprobarlo en forma unánime.El señor MELERO (Presidente).- Muy bien, señor diputado; pero primero debo ofrecer la palabra por si algún señor diputado desea hablar.Ofrezco la palabra para intervenir a favor del proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.¿Habría acuerdo para aprobar el proyecto de acuerdo por unanimidad?Aprobado.MEDIDAS PARA EVITAR ALZA EN EL PRECIO DEL PAN.El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de acuerdo.El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 334, de la diputada señora Andrea Molina, y de los diputados señores Letelier, Urrutia, Moreira, Meza, Barros, Macaya, Rosales, Rojas y Delmastro, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:La Cámara de Diputados acuerda:“1. Solicitar al ministro de Economía que persevere ante la Fiscalía Nacional Económica, a fin de descartar o confirmar eventuales infracciones a la Ley de la Libre Competencia y, en este último caso, solicitar las máximas sanciones que consagra nuestro ordenamiento jurídico.2. Asimismo, solicitamos al ministro de Hacienda que se estudie la factibilidad de eliminar el impuesto específico que grava a la harina y, de esta manera, poder rebajar el valor final de este producto, alimento esencial e imprescindible para todas las familias de nuestro país.”.El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Cristián Letelier.El señor LETELIER.- Señor Presidente, como lo indican los fundamentos del proyecto de acuerdo, para la clase media y los más pobre del país, el pan es un alimento esencial. Digo esto porque los panaderos han anunciado el alza de su precio. Por eso, me parecen atinentes las medidas que solicitamos adoptar a los ministros de Economía y de Hacienda. Ojalá todos los diputados den su aprobación al proyecto de acuerdo, puesto que tiene por objeto evitar cualquier alza del pan.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.NORMATIVA SOBRE PROGRAMAS TELEVISIVOS EN INGLÉS CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL.El señor MELERO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura al siguiente proyecto de acuerdo.El señor LANDEROS (Prosecretario accidental).- Proyecto de acuerdo N° 335, de los diputados señores Becker, Browne, Pérez, don Leopoldo; señoras Rubilar, doña Karla, y Molina, doña Andrea, y señores García, don René Manuel, Rivas, Godoy, Rojas y Meza, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:La Cámara de Diputados acuerda:“Solicitar al Consejo Nacional de Televisión que estudie la factibilidad de dictar una normativa que impulse a las concesionarias de radiodifusión televisiva de libre recepción, la transmisión de programas de origen extranjero en idioma inglés con subtítulos en español, en horarios de alta audiencia.”.El señor MELERO (Presidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.El señor BECKER.- Señor Presidente, hace algunos meses, por primera vez se rindió la prueba Simce de inglés. Los resultados fueron bastante negativos: sólo el 11 por ciento de los alumnos -prácticamente, todos los de los colegios particulares pagados- fue aprobado, situación que considero muy lamentable.Por eso, urge adoptar todas las medidas tendientes a que los alumnos mejoren el conocimiento del idioma inglés. Una medida sencilla, fácil de implementar y que no requiere recursos es solicitar -como lo hacemos en este proyecto de acuerdo- al Consejo Nacional de Televisión que dicte una normativa a fin de que los canales de televisión abierta transmitan programas en inglés con subtítulos en español; en la actualidad, así lo hacen muchos canales, pero de la televisión pagada. Está demostrado que el aprendizaje del inglés puede mejorar mucho cuando los alumnos, que durante muchas horas ven televisión, escuchan permanentemente este idioma. Está demostrado científicamente; incluso, hay muchas publicaciones en este sentido.Además, no existe fundamento alguno para oponerse a esta medida, ya que el alfabetismo existente en nuestro país, según datos del INE, va prácticamente en 97 por ciento, lo que significa que casi todos los jóvenes pueden leer los subtítulos y escuchar el idioma inglés.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.El señor ROBLES.- Señor Presidente, los países han avanzado para que sus habitantes tengan un segundo idioma, con el objeto de que estén preparados para enfrentar el siglo XXI. La globalización no sólo se da en lo económico, sino también en la investigación científica y, por cierto, en las relaciones entre los pueblos, lo que requiere el uso de un idioma que permita comunicarnos. Pues bien, querámoslo o no, ese idioma es el inglés.Seguramente, a nivel mundial, hay más personas de habla hispana; pero, lo cierto es que el idioma que predomina en el campo de la tecnología, de la ciencia e, incluso, de la investigación y de otros ámbitos, es el inglés. Me parece muy bien que en nuestro país avancemos para dominar ese idioma de mejor forma.¿Qué han hecho otros países para incrementar el conocimiento del inglés? En sus canales de televisión emiten las películas en inglés sin traducción hablada, con subtítulos en español; y si en algunos casos vienen en español, se subtitulan en inglés, para que las personas que las ven puedan incorporar ese idioma en su cultura.Me parece racional el planteamiento del diputado Becker, en el sentido de mejorar el conocimiento del idioma inglés entre nuestra población.Por lo tanto, concurriremos con nuestro voto afirmativo al proyecto de acuerdo.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- No hay quórum.Se repetirá la votación.-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MELERO (Presidente).- No hay quórum.El proyecto de acuerdo se votará por última vez en la próxima sesión ordinaria.-Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es:http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VIII. INCIDENTESNUEVA ALZA DE PEAJES EN AUTOPISTA DEL SOL. Oficios.El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Cristián Letelier.El señor LETELIER.- Señor Presidente, los chilenos, en especial la clase media, estamos cada vez más afectados por un conjunto de alzas que perjudican directamente nuestros bolsillos.El pasado lunes 20 de junio, la empresa concesionaria Autopista del Sol ha anunciado que subirá los peajes a partir del 1 de julio, en un promedio de 50 pesos, en circunstancias de que la última alza se hizo exactamente hace seis meses, el 10 de enero de 2011. En Concesiones nos explicaron que el aumento tarifario se produce en esta autopista cada seis meses, según contrato que permite a la empresa aplicar la variación experimentada por el IPC; algo similar a lo que pasa en otras vías concesionadas, como la ruta del Itata, en Concepción.En el caso de la Autopista del Sol, para los vehículos livianos, es decir, autos, camionetas y station wagons que circulen en horario normal, el alza será de cien pesos en las plazas de peaje de Talagante, Pomaire y Melipilla. No obstante, en horario punta y en fines de semana, el alza se verificará en todos los peajes ubicados desde Talagante a la costa.Estimamos relevante destacar que en febrero de 2011 nos enteramos de que la Concesionaria Autopista del Sol reportó un incremento de 52,26 por ciento en sus ganancias al año 2009, totalizando una ganancia de 11 millones de dólares en el período, según los resultados entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros; en tanto los ingresos operacionales experimentaron un alza de 6,2 por ciento en relación con el año 2009, lo que suma alrededor de 24.857 millones de pesos.De conformidad con lo anterior y en representación de todos los habitantes de las provincias de Talagante y de Melipilla, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y en particular a la Dirección de Concesiones, para que revise el contrato de concesión de la Autopista del Sol.Adicionalmente, pido que también se utilice el tag, de modo que los usuarios no tengan que hacer largas filas como se ve hoy en la ciudad de Melipilla.Reitero mi petición de que la Dirección de Concesiones estudie exhaustiva y minuciosamente el contrato señalado, y no se revise conforme a la teoría de la imprevisión. En consideración a eso, se modifique el período en que se deben reajustar las tarifas, para no perjudicar a los usuarios de la Autopista del Sol.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.CITACIÓN DE COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS A GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS. Oficio.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi.La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, me referiré a la citación que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos al general director de Carabineros, a propósito de las protestas estudiantiles y el actuar de la policía.Entiendo que la Comisión tiene todo el derecho de citar a las personas que considere pertinente para aclarar dudas o representar inquietudes, pero me llama mucho la atención y me extraña el doble estándar de la Comisión -y quiero dejarlo establecido en esta Sala y para conocimiento del público en general, especialmente a las familias de carabineros, que permanentemente son agredidos, apedreados, insultados y objeto de toda clase de maltrato físico y verbal- de convocar al general director de Carabineros y no a la persona que hirió gravemente a un carabinero en la calle con un skate en la cabeza, que lo tuvo al borde de la muerte; ni a los estudiantes que han sido aprehendidos, que destruyeron una sucursal de Claro e, incluso, una farmacia; al menos, nunca he sabido que hayan sido citados.Hay que ser ecuánimes, porque si se va a llamar a quienes supuestamente agreden a jóvenes violentistas, no a los que hacen manifestaciones pacíficas, también sería interesante que la Comisión citara a las personas que provocan los desórdenes, para saber qué los motiva, qué los alienta, porque de alguna forma debemos detener ese tipo de violencia en el país, no podemos permitir que continúen actitudes como la que acabo de describir.Solicito que se oficie al ministro del Interior para que informe qué acciones ha adoptado el Gobierno en relación con las personas que han sido detenidas y que han agredido gravemente a funcionarios de Carabineros de Chile.He dicho.El señor MELERO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS DESDE LA SEGUNDA A LA SEXTA REGIÓN. Oficios.El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro.El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por el traslado de residuos peligrosos desde la Segunda Región a la comuna de Rengo, de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.Tengo información de que se han trasladado 25.350 kilos de residuos peligrosos, consistentes en ánodos de plomo en desuso, desde la minera La Escondida, a una empresa que está en la comuna de Rengo, denominada Geobarra, que no tiene resolución de calificación ambiental para disponer ese tipo de residuos; únicamente cuenta con autorización sanitaria para disposición transitoria, es decir, para bodegaje, que por sí sola no basta para la actividad de disposición transitoria o definitiva, ya que debe ser sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental, conforme a la ley N° 19.300.Me preocupa que desde la Segunda Región se estén trayendo metales pesados, peligrosos, a lugares que son netamente agrícolas, que están en una comuna de producción frutícola y vitivinícola, que tiene una imagen y una pujanza muy grande.No puedo entender que a mi región se la esté utilizando como un depositario de residuos peligrosos, cuando esa empresa, según la información de que dispongo, no tiene la capacidad técnica para tratar y disponer definitivamente de ellos.Solicito que se oficie al director de Salud de la Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins; al director de Salud de la Segunda Región y también a los seremis de Medio Ambiente de esas regiones para que nos informen si la empresa Geobarra-Exins Limitada tiene autorización sanitaria, ambiental y para el traslado de este tipo de residuos peligrosos.Quiero que clarifiquen esta situación, porque cada región debería contar con el tratamiento para la disposición final de residuos, sobre todo si son trasladados a través de miles de kilómetros por vehículos que transitan por la Carretera 5 Norte y luego por la Carretera 5 Sur.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas María Angélica Cristi y Andrea Molina y de los diputados Pedro Velásquez y Jorge Sabag.REMISIÓN A LA OEA DE ANTECEDENTES SOBRE DETENCIÓN DE EFECTIVOS BOLIVIANOS POR INGRESO ILEGAL A CHILE. Oficios.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- El tiempo restante de la Unión Demócrata Independiente ha sido cedido a los diputados Pedro Velásquez y Jorge Sabag.Tiene la palabra el diputado Pedro Velásquez.El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, agradezco a la UDI el tiempo que me ha cedido.En esta ocasión, me referiré a los hechos que ocurrieron el pasado viernes 17 de junio, cuando 14 efectivos militares bolivianos fueron detenidos por Carabineros de Chile, debido a que ingresaron en forma ilegal a nuestro territorio, vestidos con uniforme militar y, lo más grave, con armamento y en autos robados con patentes chilenas, algo inaceptable. Esta situación ha consternado e indignado a las autoridades y al pueblo chileno.Por otra parte, las autoridades bolivianas han tenido una actitud contradictoria, porque, primero, pidieron excusas y, ahora, solicitan que el Estado de Chile y sus autoridades les pidan perdón, en circunstancias de que ellos, en forma poco diplomática, sin respetar los tratados internacionales respectivos, ingresaron a territorio nacional, en una actitud provocadora.Hay que tener presente que Bolivia permanentemente está planteando su aspiración marítima -legítima o no- a la comunidad internacional.Por lo señalado, solicito oficiar al Presidente de la República y al canciller Alfredo Moreno para que esos antecedentes sean remitidos al secretario general de la Organización de Estados Americanos.El objetivo es que esos antecedentes sean conocidos por los países miembros de la OEA, a fin de dejar al descubierto que quienes están provocando a Chile son nuestros vecinos, pues con esas actitudes el día de mañana pueden generar mayores conflictos.Se debe hacer hincapié en que los chilenos deseamos vivir en paz y en tranquilidad con todos nuestros vecinos.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Alejandro García-Huidobro y Jorge Sabag.INFORMACIÓN SOBRE EXPROPIACIÓN PARA CONSTRUIR EMBALSE PUNILLA, COMUNA DE SAN FABIÁN DE ALICO. Oficio.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag, en el tiempo cedido por la UDI.El señor SABAG.- Señor Presidente, agradezco al Comité de la UDI por cederme estos minutos.Solicito el envío de un oficio al ministro de Obras Públicas, a fin de que informe a la Cámara acerca del embalse Punilla, obra hidroeléctrica y de riego que se va a construir en la precordillera de la comuna de San Fabián de Alico y que inundará una enorme extensión de terreno.Al respecto, quiero saber quiénes son los propietarios que serán expropiados a raíz de la construcción de este megaproyecto. Los vecinos no tienen claridad acerca de los afectados.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado José Miguel Ortiz y René Saffirio.ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR ACCESO A BENEFICIO A FAVOR DE DEUDORES HIPOTECARIOS. Oficios.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz, en el tiempo adicional de cinco minutos que puede solicitar toda bancada cada tres semanas.El señor ORTIZ.- Señor Presidente, soy uno de los ocho diputados que, a mucho honor y orgullo, asumió el cargo el 11 de marzo de 1990. Desde esa fecha me ha tocado tratar muchas situaciones especiales que se han ido solucionando en el tiempo, con la voluntad y vocación de servicio público de los 120 parlamentarios que integramos este Hemiciclo.Entre 2008 y 2009, cuando llevaba muchos años como miembro de la Comisión de Hacienda, varias personas nos plantearon una inquietud muy grande a raíz de los créditos hipotecarios concedidos por la Asociación de Ahorro y Préstamo, ANAP, que ya no existe, por la Caja Central de Ahorro y Préstamos o por una institución previsional. Muchos de esos créditos hipotecarios fueron adquiridos por diversas instituciones bancarias.La Comisión de Hacienda realizó una investigación muy acuciosa al respecto. Esos deudores hipotecarios nos dijeron que de repente les dejaron de llegar los avisos de pago por la adquisición de las viviendas, quedaron como morosos y no podían operar en el sector comercial.Debido a eso, con el diputado Carlos Montes -espero que se recupere para tenerlo pronto en esta Sala- le planteamos a la entonces Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y a su ministra de Vivienda y Urbanismo, la señora Patricia Poblete, que la única salida para resolver esta situación era, mediante la dictación de un decreto supremo, otorgar algunos beneficios.Así fue como el 23 de noviembre de 2009, se dictó el decreto supremo N° 67, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que: “Dispone beneficios para deudores habitacionales que indica”.Su considerando dice lo siguiente: “Que se ha estimado conveniente dar una solución a aquellos deudores habitacionales que tengan obligaciones pecuniarias pendientes con instituciones financieras, provenientes de créditos hipotecarios concedidos por la Caja Central de Ahorros y Préstamos, por una Asociación de Ahorro y Préstamo o por una institución previsional, adquiridos por dichas instituciones financieras.”.¿Por qué recalco el considerando de este decreto supremo? Todos sabemos que hubo una reforma que prácticamente puso fin a casi todas las cajas de previsión y creó las administradoras de fondos de pensiones.En este decreto supremo, que consta de nueve artículos, se plantearon distintas situaciones crediticias de los deudores. Pero en el artículo 8° señala que la subvención correspondiente se hará efectiva sólo una vez enterado el pago previo exigido en los casos indicados en los artículos 4° y 5°, el cual podrá efectuarse hasta el último día hábil de diciembre de 2011.¿Qué ha pasado al respecto? Se han solicitado todos los informes al ministro de Vivienda y Urbanismo y hasta el día de hoy ha sido imposible que alguien haya podido acceder a los beneficios que disponía ese decreto supremo, situación que me planteó un numeroso grupo personas. Asimismo, el Banco del Estado tampoco ha entregado los documentos que se requieren para la ejecución de dicho decreto. Se trata de un beneficio respecto del cual en algún momento también conversamos, señor Presidente, a raíz de que en su distrito había muchos casos relacionados con el tema; lo mismo ocurrió con mi colega René Saffirio. Por las razones expuestas, pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo, con copia de mi intervención, a fin de que adopte las medidas pertinentes para que comience a operar este beneficio. Asimismo, al ministro de Hacienda, de quien depende directamente el Banco del Estado, con el objeto de que instruya a su gente para que sean más eficientes, ejecutivos y no sigan tramitando tanto a la gente, pues se trata de un tema que ha ocasionado muchas dificultades y problemas a miles de personas.He dicho.El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados señores René Saffirio y Jorge Sabag.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.03 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. ANEXO DE SESIÓNCOMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES.-Se abrió la sesión a las 12.48 horas.El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.IMPACTO DE CASO LA POLAR EN CONSUMIDORES DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA. Oficio.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.El señor CARMONA.- Señor Presidente, considero necesario informar sobre el impacto que ha tenido en Copiapó, capital de la Región de Atacama, un hecho que ha conmovido a la opinión pública y ha afectado a más de 400 mil clientes o consumidores de la empresa del retail La Polar.Por estos días, el Sernac regional reconoce la fuerte avalancha de denuncias y reclamos de los consumidores de esa región, en particular, relacionados con esa megatienda, hoy en conflicto con sus pequeños accionistas.Los reclamos de los consumidores afectados apuntan a que, en las oficinas de La Polar han encontrado más explicaciones que soluciones, lo que indujo al director del Sernac de Atacama, señor Miguel Vargas, a señalar por los medios que en este caso “es hora de soluciones más que de explicaciones”. En esta crisis, el Sernac regional se ha visto obligado a extender sus horas de atención, dado que, al día de hoy, 23 de junio, los reclamos ascienden a mil quinientas presentaciones de los consumidores afectados, lo que significa 500 por ciento más de reclamos, según las estadísticas normales de atención de casos.En Copiapó, la situación descrita se ha visto agravada porque han comenzado a ocurrir acciones delictivas. Se han denunciado llamadas telefónicas de desconocidos que, haciéndose pasar por funcionarios del Sernac, piden números de tarjetas de crédito y claves de La Polar, o de otras tiendas, sin duda, con el fin de cometer ilícitos. Dada la alta tasa de denuncias en el Sernac de Copiapó y los elementos expuestos, aun cuando valoramos su gestión, me parece que esta situación debe ser investigada y fiscalizada expresamente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros, a fin de que se analice lo que ocurre en Atacama, puesto que el volumen de reclamos, probablemente, en proporción a la población regional y comunal, sea uno de los mayores del país.Para tal efecto, solicito que se envíe oficio a las autoridades correspondientes. También pido que se envíe copia de estos oficios al Sernac de Atacama; a la Seremía de Economía de Atacama; a la señora intendenta de esa región; a la Asociación de Consumidores de Atacama; a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Copiapó y a la Central Unitaria de Trabajadores de las tres provincias de la Región de Atacama.El señor ARAYA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.INFORMACIÓN SOBRE EXIGENCIA DE CURSOS PARA INGRESAR A TRABAJAR EN FAENAS MINERAS. Oficios.El señor CARMONA.- Por otra parte, he sido informado que la compañía minera Kinross, para sus faenas mineras “La Coipa y Maricunga”, está exigiendo a sus potenciales trabajadores el curso de Inducción en Seguridad Minera, dictado por la Mutual de Seguridad, cuyo costo es de 32.000 pesos por persona. Si bien es bueno que se refuercen los conocimientos de seguridad básicos para trabajar en una faena minera, me resulta increíble e inaceptable que empresas contratistas de Kinross exijan este curso como requisito de ingreso, cuyo costo será de cargo de esos trabajadores, lo que afecta especialmente a quienes se desempeñan por faenas, en labores eventuales para dichas empresas y que se autodenominan “faeneros”. Ellos, antes de recibir algún ingreso por su aporte productivo, deben hacer ese desembolso, muy alto para quienes reciben ingresos esporádicos.Esta situación es muy similar a la ocurrida con el curso Baprever, que fue declarado como acto discriminatorio, ya que los cursos de prevención en seguridad minera son obligación del empleador. La legislación chilena considera como válidos dos elementos diferenciadores: la calificación para el trabajo y la capacidad o idoneidad personal; ambos no se aplican en el curso Baprever, como fue demostrado en el estudio que efectuó la Dirección del Trabajo.Por esta razón, solicito se oficie a la directora del Trabajo y a la ministra del Trabajo, a fin de conocer comentarios acerca de la legalidad y la moralidad de este procedimiento. También pido que copias de esta intervención se envíen a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, nacional y a las provinciales de la Región de Atacama; a la Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC, trabajadores de subcontratos, y a la Agrupación de Faeneros de Copiapó.He dicho.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.REVISIÓN DE CALIFICACIÓN DE URGENCIAS EN LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE LEY. Oficios.El señor ROBLES.- Hoy, en la sesión de Sala planteé que me parece bastante contraproducente con el trabajo de los parlamentarios -sobre todo después de la Constitución de Pinochet, que entregó muy pocas atribuciones al Congreso Nacional, las cuales debemos defender- que el Gobierno actual, particularmente la Secretaría General de la Presidencia, a mi entender, con su actuación, disminuya nuestras facultades.Cuando los proyectos de ley son calificados con urgencias “suma” o de “discusión inmediata”, los parlamentarios no podemos formularles indicaciones. Hay proyectos en que, tomando en cuenta su objetivo, muchos de nosotros estamos de acuerdo, pero su articulado queda determinado como imperativo desde el punto de vista legal. Por ello, cuando alguno de los ciento veinte diputados quiere mejorar un proyecto, o tenemos diferencias con alguno de sus artículos y el proyecto viene calificado con urgencia “suma”, lo único que podemos hacer es pedir votación separada de esa disposición y pronunciarnos en contra de ella en su conjunto. Muchas veces, uno no quiere rechazar el artículo, sino que perfeccionarlo, porque su redacción no dice relación con lo que el diputado plantea o, en otras ocasiones, quiere formular indicaciones al proyecto, de manera que su texto refleje el parecer que cada uno tiene, según la sociedad que quiere construir. Si el Ejecutivo hace presente y califica con urgencia “suma” proyectos que no la ameritan y no hay ninguna razón para ello, entonces, no nos deja con ninguna herramienta para actuar como legisladores, sobre todo, porque esto significa que sólo 13 diputados, los miembros de la Comisión que estudió el proyecto, pueden opinar; el resto, no tiene ninguna posibilidad de expresarse. Desde la asunción del Presidente Piñera hasta hoy hemos debatido 140 proyectos en esta Sala. Pero, miren cómo actúa el Gobierno en relación con los parlamentarios. Sólo 36 proyectos, el 25 por ciento, fue calificado con urgencia “simple”, la que nos permitió formular indicaciones o dar nuestra opinión para que quede reflejada en la ley, no tan solo las palabras que vertimos en el Hemiciclo.Por eso, pido que se envíe un oficio al ministro secretario general de la Presidencia para que revise la política sobre calificación de urgencias en la tramitación de los proyectos de ley.Asimismo, solicito que se haga llegar mi intervención a cada uno de los miembros de la Mesa, con el objeto de que el Presidente de la Cámara de Diputados le haga presente al ministro secretario general de la Presidencia nuestras facultades, porque me parece que está abusando de ellas con la calificación de las urgencias.Además, pido que se envíe copia de mi intervención a cada uno de los miembros de la Comisión de Régimen Interno, quienes deben velar para que los parlamentarios mantengamos nuestras prerrogativas y las pocas atribuciones que nos otorga la Constitución de 1980.Evidentemente, preferiría un sistema distinto al vigente, uno semipresidencial, donde las personas que representan a la gente tengan más fuerza; por supuesto, un sistema proporcional, no el binominal que tenemos en la actualidad; pero, dado que no hemos podido reformar la Carta Fundamental en ese sentido, a lo menos, debemos hacer valer nuestras prerrogativas y defender las pocas atribuciones que tenemos. SATISFACCIÓN POR DECLARACIÓN DE ZONA DE LATENCIA A LA COMUNA DE HUASCO. Oficios.El señor ROBLES.- Por último, solo quiero celebrar que la ministra del Medio Ambiente vaya a la comuna de Huasco a declararla zona de latencia por el material particulado y contaminante que la afecta. Eso nos facilita mucho el camino para actuar con las empresas que están contaminando e impedir que se incorporen otras que dañan el medio ambiente.Espero que esto no sea pretexto y que la intendenta, antes de que se formalice la declaración de zona de latencia para Huasco, apruebe proyectos contaminantes en la comuna. Espero que seamos consecuentes.Pido que copia de esta corta intervención se envíe al concejo de Huasco, a cada uno de los concejales y a los grupos de defensa de la provincia del Huasco. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.03 horas.TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones. X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio del H. Senado. “Valparaíso, 22 de junio de 2011. Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, correspondiente al Boletín N° 7.075-06, con la siguiente modificación:Artículo único.-Numeral 3 Lo ha sustituido por el siguiente: “3. Sustitúyense, en el párrafo segundo del número I del artículo 10, las frases “-Experiencia laboral de cinco años en cargos directivos, o especialización en temas de geriatría o gerontología social”, por “-Experiencia profesional de cinco años en funciones directivas en el sector público o privado, o especialización en el área de la salud, geriatría o gerontolo-gía social”. Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 9.056, de 14 de octubre de 2010. Acompaño la totalidad de los antecedentes. Dios guarde a Vuestra Excelencia.(Fdo.): JUAN PABLO LETELIER MOREL, Presidente (E) del Senado; MARIO LABBÉ ARANEDA, Secretario General del Senado.”2. Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Chahín, Araya, Ascencio, Cerda, Sabag, Saffirio, Torres, Walker, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda doña Alejandra. Modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor, restableciendo el ejercicio del derecho a retracto de los consumidores ante contratos u ofertas a distancia”. (boletín N° 7751-03) “Vistos: Lo dispuesto en los numerales 2, 3 y 20 del artículo 63 de la Constitución Política de la República, y Considerando: 1. Que, la actual Ley N° 19.496 Sobre Protección de los Derechos del Consumidor contempla entre sus normas el derecho a retracto, esto es, la facultad que tiene el consumidor de poner término de manera unilateral a un contrato de compraventa de bienes y/o servicios, sin expresión de causa y cumpliendo ciertos plazos y requisitos expresamente señalados en la ley. Efectivamente, tal derecho a retracto lo encontramos en el Título II, Disposiciones Generales, Párrafo 1° Los Derechos y Deberes del Consumidor, artículo 3° bis y artículo 3° ter, de mencionada ley. 2. Que, en el caso particular del derecho a retracto establecido en el artículo 3° bis, específicamente en la letra b), es posible identificar una limitación expresa al efectivo ejercicio de este derecho cuando se trata de contratos celebrados mediante medios electrónicos u ofertas hechas a distancia. Lo anterior, a juicio de los abajo firmantes, no solo constituye una inconsistencia al tenor del tratamiento que la ley otorga a este derecho en su texto en general, sino que también resulta del todo injusta y arbitraria tal limitación cuando se hace solo respecto de los consumidores que celebran dichos contratos o aceptan dichas ofertas y no se hace respecto de los demás consumidores señalados en el artículo 3° bis, letra a) y en el artículo 3° ter, Para ilustrar tal limitación, se cita el actual texto de la letra b), en lo pertinente, del artículo 3° bis de la ley N° 19.496.Artículo 3° bis. b) En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia, a menos pue el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario. Para ello podrá utilizar los mismos medios que empleó para celebrar el contrato (...). Por todo lo anteriormente señalado, los diputados y diputadas abajo firmantes, estimamos imprescindible restablecer íntegramente el derecho a retracto tal cual se concibe no solo en la ley en cuestión, sino que en todo nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo su efectivo ejercicio por parte de los consumidores que realizan contratos vía medio electrónicos o aceptan ofertas hechas a distancia, por lo que venimos en presentar el siguiente:PROYECTO DE LEY Modifíquese la Ley N° 19.496 Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en los siguientes términos: ARTÍCULO ÚNICO: En el Título II, Disposiciones Generales, Párrafo 1° Los Derechos y Deberes del Consumidor, artículo 3 bis, letra b), luego del vocablo “...distancia” elimínense la coma (,) y la frase “a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrarío.”, quedando referida letra del siguiente tenor: “Artículo 3° bis. b) En los contratos celebrados por medios electrónicos, y en aquéllos en que se aceptare una oferta realizada a través de catálogos, avisos o cualquier otra forma de comunicación a distancia.”.3. Moción de los señores diputados Chahín, Araya, Ascencio, Cerda, Sabag, Saffirio, Torres, Walter y las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda doña Alejandra. Declara el primer domingo de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología”. (boletín N° 7753-19)“Considerando que:1. Chile hoy se encuentra en un estado de desarrollo considerado como “medio” o “alto” tanto en ingresos como en desarrollo humano,2. Que la entrada del país a la OECD ha puesto en evidencia que Chile se encuentra entre los últimos lugares en la mayoría de los estudios comparativos realizados por esta organización entre las naciones más desarrolladas,3. Que existe amplia evidencia sobre la importancia del conocimiento científico como fuente innovaciones radicales en el desarrollo de las naciones más avanzadas.4. Que existe amplia evidencia de la importancia de la educación como sustrato de movilidad social, generación de riqueza, captación de oportunidades,5. Que hay encuestas que muestran que la población chilena no conoce y valora la ciencia como generador de conocimiento, ni la asocia a la generación de riqueza o mejoramiento de la calidad de vida, aunque la medición de resultados de la ciencia chilena (en su conjunto de publicaciones) la sitúan dentro de las más citadas del mundo.6. Que desde 2001 las Naciones Unidas celebran el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, y que un gran número de naciones (como India, la Unión Europea, la Unión Africana, Reino Unido, Corea del Sur, o en el continente Costa Rica, Argentina, Brasil, México, Ecuador, entre otros), realizan actividades anuales como el día o la semana de la ciencia.7. Que desde hace quince años se celebra en nuestro país la “Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología”, durante la primera semana de octubre. Esta actividad, ampliamente difundida y de gran éxito, es organizada por el Programa Explora de Conicyt, que recientemente ha recibido el reconocimiento internacional por su labor de divulgación científica al entregársele el “Premio Latinoamericano a la Popularización de la Ciencia y Tecnología 2010/2011”, de la Red de Popularización de la ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe. Sin embargo, esta actividad no tiene un reconocimiento legal. 8. Que las Naciones Unidas, al proclamar la “Semana Internacional de la Ciencia y de la Paz”, consideran que la celebración anual “es un medio importante de promover e incrementar el interés público en este tema, así como de estimular actividades e iniciativas que alienten el estudio y la difusión de información sobre los vínculos entre el progreso de la ciencia y la tecnología y el mantenimiento de la paz y la seguridad”.Que por lo anterior, parece conveniente que, dentro del contexto de la celebración de la Semana de la Ciencia, se establezca a uno de sus días como el “Día nacional de la Ciencia y la Tecnología” a fin de en ese día, en todas las instituciones públicas y privadas que se relacionan con esta materias se realicen actividades de divulgación científica y tecnológica.PROYECTO DE LEYArtículo Único.- Declárese el primer domingo de octubre de cada año como el “Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología”.En el marco de dicha conmemoración, toda institución científica nacional o internacional con sede en Chile, pública o privada, que haya recibido financiamiento público durante el año en curso o anterior, deberá organizar actividades que involucren a toda la sociedad en esta celebración, tales como visitas públicas y gratuitas a sus centros de investigación, ferias científicas y otras actividades, tendientes a promover la importancia de la ciencia en la sociedad chilena. El Estado promoverá y difundirá las actividades de este día y las directamente relacionadas”.4. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, 14 de junio de 2011. Oficio Nº 6.184 Remite resolución.Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 14 de junio de 2011 en el proceso Rol Nº 1.718-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en los autos Rol Nº 55-2010 sobre recurso de apelación interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Dios guarde a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A S.E. ELPRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOSDON PATRICIO MELERO ABAROVALPARAÍSO.”5. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, 14 de junio de 2011. Oficio Nº 6.196 Remite sentencia.Excelentísima señoraPresidenta de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia autorizada de la sentencia definitiva dictada por esta Magistratura con fecha 14 de junio de 2011, en los autos Rol Nº 1.733-10-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida ante este Tribunal en el recurso de protección interpuesto en contra de Isapre Cruz Blanca S.A. ante la corte de Apelaciones de Santiago Rol de Ingreso Nº 1169-2010. Dios guarde a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A S.E.EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOSDON PATRICIO MELERO ABAROAVALPARAÍSO.”6. Oficio del Tribunal Constitucional. “Santiago, 16 de junio de 2011. Oficio Nº 6.201 Remite resolución.Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados: Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 16 de junio de 2011 en los autos Rol Nº 1988-11-CPT, sobre acción de inconstitucionalidad de los artículos 7, 10 Nº 3, 14 Nº 2, 14, 15, 16, 17 y 40 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV-91), contenidos en el boletín Nº 6426-10. Dios guarde a V.E. (Fdo.): MARCELO VENEGAS PALACIOS, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A S.E. ELPRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOSDON PATRICIO MELERO ABAROAVALPARAÍSO.”