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- rdf:value = " REVISIÓN DE CALIFICACIÓN DE URGENCIAS EN LA TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE LEY. Oficios.
El señor ROBLES.- Hoy, en la sesión de Sala planteé que me parece bastante contraproducente con el trabajo de los parlamentarios -sobre todo después de la Constitución de Pinochet, que entregó muy pocas atribuciones al Congreso Nacional, las cuales debemos defender- que el Gobierno actual, particularmente la Secretaría General de la Presidencia , a mi entender, con su actuación, disminuya nuestras facultades.
Cuando los proyectos de ley son calificados con urgencias “suma” o de “discusión inmediata”, los parlamentarios no podemos formularles indicaciones. Hay proyectos en que, tomando en cuenta su objetivo, muchos de nosotros estamos de acuerdo, pero su articulado queda determinado como imperativo desde el punto de vista legal.
Por ello, cuando alguno de los ciento veinte diputados quiere mejorar un proyecto, o tenemos diferencias con alguno de sus artículos y el proyecto viene calificado con urgencia “suma”, lo único que podemos hacer es pedir votación separada de esa disposición y pronunciarnos en contra de ella en su conjunto. Muchas veces, uno no quiere rechazar el artículo, sino que perfeccionarlo, porque su redacción no dice relación con lo que el diputado plantea o, en otras ocasiones, quiere formular indicaciones al proyecto, de manera que su texto refleje el parecer que cada uno tiene, según la sociedad que quiere construir.
Si el Ejecutivo hace presente y califica con urgencia “suma” proyectos que no la ameritan y no hay ninguna razón para ello, entonces, no nos deja con ninguna herramienta para actuar como legisladores, sobre todo, porque esto significa que sólo 13 diputados, los miembros de la Comisión que estudió el proyecto, pueden opinar; el resto, no tiene ninguna posibilidad de expresarse.
Desde la asunción del Presidente Piñera hasta hoy hemos debatido 140 proyectos en esta Sala. Pero, miren cómo actúa el Gobierno en relación con los parlamentarios. Sólo 36 proyectos, el 25 por ciento, fue calificado con urgencia “simple”, la que nos permitió formular indicaciones o dar nuestra opinión para que quede reflejada en la ley, no tan solo las palabras que vertimos en el Hemiciclo.
Por eso, pido que se envíe un oficio al ministro secretario general de la Presidencia para que revise la política sobre calificación de urgencias en la tramitación de los proyectos de ley.
Asimismo, solicito que se haga llegar mi intervención a cada uno de los miembros de la Mesa, con el objeto de que el Presidente de la Cámara de Diputados le haga presente al ministro secretario general de la Presidencia nuestras facultades, porque me parece que está abusando de ellas con la calificación de las urgencias.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención a cada uno de los miembros de la Comisión de Régimen Interno, quienes deben velar para que los parlamentarios mantengamos nuestras prerrogativas y las pocas atribuciones que nos otorga la Constitución de 1980.
Evidentemente, preferiría un sistema distinto al vigente, uno semipresidencial, donde las personas que representan a la gente tengan más fuerza; por supuesto, un sistema proporcional, no el binominal que tenemos en la actualidad; pero, dado que no hemos podido reformar la Carta Fundamental en ese sentido, a lo menos, debemos hacer valer nuestras prerrogativas y defender las pocas atribuciones que tenemos.
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El señor ROBLES.- Hoy, en la sesión de Sala planteé que me parece bastante contraproducente con el trabajo de los parlamentarios -sobre todo después de la Constitución de Pinochet, que entregó muy pocas atribuciones al Congreso Nacional, las cuales debemos defender- que el Gobierno actual, particularmente la Secretaría General de la Presidencia , a mi entender, con su actuación, disminuya nuestras facultades.
Cuando los proyectos de ley son calificados con urgencias “suma” o de “discusión inmediata”, los parlamentarios no podemos formularles indicaciones. Hay proyectos en que, tomando en cuenta su objetivo, muchos de nosotros estamos de acuerdo, pero su articulado queda determinado como imperativo desde el punto de vista legal.
Por ello, cuando alguno de los ciento veinte diputados quiere mejorar un proyecto, o tenemos diferencias con alguno de sus artículos y el proyecto viene calificado con urgencia “suma”, lo único que podemos hacer es pedir votación separada de esa disposición y pronunciarnos en contra de ella en su conjunto. Muchas veces, uno no quiere rechazar el artículo, sino que perfeccionarlo, porque su redacción no dice relación con lo que el diputado plantea o, en otras ocasiones, quiere formular indicaciones al proyecto, de manera que su texto refleje el parecer que cada uno tiene, según la sociedad que quiere construir.
Si el Ejecutivo hace presente y califica con urgencia “suma” proyectos que no la ameritan y no hay ninguna razón para ello, entonces, no nos deja con ninguna herramienta para actuar como legisladores, sobre todo, porque esto significa que sólo 13 diputados, los miembros de la Comisión que estudió el proyecto, pueden opinar; el resto, no tiene ninguna posibilidad de expresarse.
Desde la asunción del Presidente Piñera hasta hoy hemos debatido 140 proyectos en esta Sala. Pero, miren cómo actúa el Gobierno en relación con los parlamentarios. Sólo 36 proyectos, el 25 por ciento, fue calificado con urgencia “simple”, la que nos permitió formular indicaciones o dar nuestra opinión para que quede reflejada en la ley, no tan solo las palabras que vertimos en el Hemiciclo.
Por eso, pido que se envíe un oficio al ministro secretario general de la Presidencia para que revise la política sobre calificación de urgencias en la tramitación de los proyectos de ley.
Asimismo, solicito que se haga llegar mi intervención a cada uno de los miembros de la Mesa, con el objeto de que el Presidente de la Cámara de Diputados le haga presente al ministro secretario general de la Presidencia nuestras facultades, porque me parece que está abusando de ellas con la calificación de las urgencias.
Además, pido que se envíe copia de mi intervención a cada uno de los miembros de la Comisión de Régimen Interno, quienes deben velar para que los parlamentarios mantengamos nuestras prerrogativas y las pocas atribuciones que nos otorga la Constitución de 1980.
Evidentemente, preferiría un sistema distinto al vigente, uno semipresidencial, donde las personas que representan a la gente tengan más fuerza; por supuesto, un sistema proporcional, no el binominal que tenemos en la actualidad; pero, dado que no hemos podido reformar la Carta Fundamental en ese sentido, a lo menos, debemos hacer valer nuestras prerrogativas y defender las pocas atribuciones que tenemos.
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