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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade.
El señor ANDRADE .- Señor Presidente , no quiero repetir los argumentos esgrimidos en las distintas sesiones en que hemos tratado el proyecto que reajusta el ingreso mínimo. En consecuencia, quiero emplear un enfoque distinto en esta oportunidad, sobre la base de qué nos interesa proteger o desarrollar en esta discusión.
Se nos ha dicho que el reajuste tiene mucho que ver con preservar las condiciones para el empleo, ya sea respecto de los 600 y tantos mil trabajadores que reciben el ingreso mínimo, o de los jóvenes cesantes que, si el salario mínimo fuese muy alto, no podrían acceder a un empleo.
Quiero reiterar algo que he dicho en otras ocasiones: ellos ya tienen resuelto su problema. En Chile existen instituciones que se hacen cargo de ello: los subsidios de contratación a la mano de obra, que permiten al empleador, en estricto rigor, pagar un monto inferior al salario mínimo desde su bolsillo.
En la Región de Magallanes se aplica el decreto N° 669 -el diputado Marinovic me puede corregir si me equivoco-, que permite que el empleador que contrata a un trabajador de Magallanes, no sólo tenga acceso al subsidio ordinario para la contratación de mano de obra, sino que, además, al subsidio especial consagrado en el decreto N° 669. Si me equivoco en el número, me excuso.
En consecuencia, en Magallanes, un empleador paga menos del 40 por ciento del salario mínimo de su peculio, porque el resto lo subsidia el Estado.
Entonces, excúsenme, cuando se habla de cosas como ésta, hagámonos cargo de instituciones que la propia administración ha establecido en reiteradas ocasiones. De hecho, el propio Gobierno ha incrementado los montos destinados al subsidio a la contratación de mano de obra de los jóvenes, porque en su opinión y en la de otras administraciones, un incremento, un subsidio por esta vía, facilita su contratación.
Entonces, si queremos evitar la situación de que con un eventual incremento se genere cesantía, digo que ya hay instrumentos al respecto.
Digámoslo francamente: ¿qué se pretende proteger con esto? Permítanme una afirmación: se pretende proteger a las empresas grandes, que tienen un base constituido por el salario mínimo y que pagan el resto con variables. Ése es el punto: son las empresas del retail, las de los supermercados, empresas como La Polar, las que tienen un salario mínimo y que el resto lo enteran con variables. ¿A ellos se pretende proteger? ¿Ése es el centro de la discusión?
Lo digo con toda franqueza: el Congreso Nacional aprobó durante la administración anterior un proyecto que estableció que el sueldo base no podía ser inferior al ingreso mínimo, porque se producía la atrocidad de que había sueldos base de cinco mil pesos. Se resolvió aquello. Y lo que sucede ahora
es que por primera vez habrá un reajuste real de los sueldos de los trabajadores del retail, porque sobre ese sueldo base, que es igual al salario mínimo, se calculan las variables.
Entonces, para ellos, claro que importa el reajuste, pero importa para el empleador, porque a él le va a doler esta vez.
Entonces, ¿a quién se pretende proteger con esta discusión?
Dicen que a las pymes. Pero, ¿de qué pymes estamos hablando? Muchas de ellas no son sino expresión de empresas principales que se han ido dividiendo artificialmente. Por ello existe un compromiso del Gobierno de resolver los problemas de los multirut, porque existe una cantidad de pymes que no son sino artilugios para dividir artificialmente las empresas. ¿De esas pymes estamos hablando? ¿De los trabajadores de esas pymes estamos hablando?
¿Saben a quién más se intenta proteger? A los subcontratistas, puesto que pagan el mínimo. ¿Por qué? Porque se trata de una cantidad de pymes fuleras, que emanan de las empresas principales, que se han constituido sólo para abaratar los costos salariales. ¿Y a quiénes contratan en ellas? No a trabajadores jóvenes, sino a trabajadores a los que se les complementa el sueldo mediante las variables.
Entonces, insisto: ¿a quiénes queremos proteger con esta discusión? Sincerémonos de una vez por todas; de eso se trata.
Perdónenme por haber hecho un enfoque distinto. He insistido en que esto se resolve-ría y no necesitaríamos estar discutiendo sobre la materia si en el país existiera una auténtica negociación colectiva. No hay salario mínimo en los países desarrollados en que ella existe, se conviene entre los trabajadores, con sus sindicatos, y los empleadores.
Espero que esta administración cumpla un compromiso en esa dirección, porque en alguno de los discursos del 21 de mayo el
Presidente de la República lo dijo. Espero que no lo reitere en el último 21 de mayo de su mandato.
Por de pronto, mientras tengamos esta discusión, habrá un punto político que aclarar: a quién se pretende proteger. Discúlpenme, pero tengo serias dudas de que la protección apunte a los trabajadores jóvenes y a los cesantes. Ellos no tienen este problema, lo tienen las grandes empresas que pagan el mínimo y utilizan el subterfugio de complementarlo con variables.
He dicho.
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