-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638639/seccion/akn638639-po1-ds16-ds19
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1175
- rdf:type = bcnres:Participacion
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1175
- rdf:value = " El señor BECKER (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.-
Señor Presidente , la diputada Karla Rubilar ha sido bastante clara y precisa en cuanto a entregar los antecedentes más relevantes del proyecto, de tres artículos, pero que tienen un efecto trascendente para los beneficiarios.
El Estado chileno ha sido bastante lento en resolver acerca de los problemas de derechos humanos, situación que a esta fecha, 18 de enero de 2011, ya debería estar absolutamente aclarada y la gente que reúne los requisitos recibiendo los beneficios establecidos. Han pasado 21 años desde que volvimos a la institucionalidad normal y no ha sido posible dar una respuesta concreta y definitiva a estas personas.
Por tercera vez se plantea el tema. Primero se discutió sobre un plazo para establecer pensiones de reparación, y el 24 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 19.992. Posteriormente, con motivo de la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, después de mucho esfuerzo y de una gran lucha en la Comisión Mixta, logramos incluir, en el artículo 3° transitorio, un nuevo plazo para presentar solicitudes. Ahora estamos en la última etapa. Es decir, en el proceso de calificación, que ha sido bastante difícil y muy complejo, pero que no logra resolver las dieciocho mil y tantas solicitudes que se presentaron, y ya estamos en las postrimerías del plazo cuyo vencimiento es el 17 de febrero del 2011.
La iniciativa en discusión propone prorrogar en seis meses el plazo de calificación que se otorga a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por la ley N° 20.405, publicada el 10 de diciembre de 2009, que dispone una serie de beneficios.
En la Comisión de Derechos Humanos hemos resuelto aprobar este proyecto de ley y prorrogar el plazo indicado, debido a peticiones de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, -que es la misma Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo N° 1040, de 2003, del Ministerio del Interior, que sigue funcionando-, de organizaciones de derechos humanos y también de la Comisión de Derechos Humanos, para el solo fin de dar cumplimiento a su cometido.
Sin embargo, se plantearon muchas situaciones.
En primer lugar, en la segunda ley que modificamos resolvimos el problema de las viudas, que habían quedado fuera, y también lo relacionado con becas, educación y varios otros beneficios. No obstante, en la Comisión de Derechos Humanos se planteó el tema de los viudos, que no se mencionan y que también quedaron fuera. La ley sólo habla de viudas y donde el legislador no distingue, no es lícito distinguir al intérprete.
Asimismo, se planteó la necesidad de que la ley tuviera efecto retroactivo, como, por ejemplo, el beneficio a los exonerados que, como bien dijo el diputado Carlos Montes , rige desde la fecha de su presentación; pero no rige la misma legislación para este tipo de personas. También se habló de adelantar los beneficios.
Este proyecto de ley es oportuno; además, hemos hecho la salvedad -yo, por lo menos, la hice en la Comisión de Derechos Humanos- de que no tengamos que pedir nuevamente una prórroga, que se entreguen los recursos correspondientes -se adjunta un informe financiero, porque el proyecto irroga gastos- y que se destinen más funcionarios, para que no vayamos a caer en la misma situación y expire el plazo sin terminar el trabajo.
El Ejecutivo nos da respuesta respecto de los efectos retroactivos, de los beneficios anticipados y de los viudos. Y el debate respecto de los documentos secretos, que tienen una vigencia cincuenta años, también está presente.
Por supuesto, mi bancada votará favorablemente la prórroga de seis meses del plazo de calificación establecido en la ley y también para que los miembros de la Comisión Asesora, así como dos de sus profesionales, especialmente autorizados por la unanimidad de sus integrantes, tengan acceso a consultar los documentos, testimonios y antecedentes de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, porque se hará justicia para esas personas que han sufrido a lo largo del tiempo y han esperado tanto para poder recibir lo que por ley, justicia y lógica les corresponde.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638639/seccion/akn638639-po1-ds16
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/638639